lunes, 28 de marzo de 2016

EN CONSTUCCION 28 03 2016

SME YA GANA CON LA GENERACIÓN DE LUZ

*Se Orientarán al Fondo de Previsión Social y al Fondo de Inversiones.
*La Perspectiva del SME es que se Preserva como un Sindicato Nacional de Industria.

Participación de Martín Esparza Flores,
y Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas
Transcripción de Andrea Luna, colaboradora voluntaria, programa del 26/03/2016

Todo el retraso en la impartición de la justicia laboral en el conflicto electricista, ha hecho que alcancemos un acuerdo político con el gobierno.
¿Cuál es? pues un memorándum de entendimiento avalado por nuestra asamblea. El primer punto es que todas las hidroeléctricas de Luz y Fuerza se entreguen a una empresa que hemos constituido: Generadora Fénix, con la que ya estamos suministrando energía eléctrica al sistema eléctrico nacional con un socio inversionista, una transnacional de nombre Mota Engil, donde el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) lleva el 49% de la parte accionaria.
Esas utilidades, lo hemos explicado perfectamente, las utilidades de las hidroeléctricas y los ciclos combinados, se irá para los mismos fondos de previsión social y fondos de inversiones de todos los trabajadores.
Por otro lado, la desincorporación de bienes, bienes que tenía Luz y Fuerza para la empresa en calidad de cooperativa que se llama LF del Centro, que ya está constituida, que ya tiene varias unidades de negocios lista,s para que se pueden invertir recursos y poder ofertar productos y servicios con la mano de obra calificada de los trabajadores.
La tercera parte de esta negociación tiene que ver con las liquidaciones. El monto que va a recibir el trabajador de este acuerdo que hemos alcanzado. Y entonces ya entregamos los listados a la Secretaria del Trabajo, a la Secretaria de Gobernación.
Vamos a programar los días y horas en que los trabajadores tendrán que acudir a la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje a firmar y recibir los montos a los cuales tienen derecho en términos del contrato colectivo de trabajo. Más de 14 mil 500 trabajadores han acudido, solamente, nos queda un número de 500 trabajadores que no hemos identificado en dónde se encuentran.
Algunos nos han llamado que están en el interior de la república, otros fuera del país trabajando, incluso, algunos que están privados de su libertad por algún otro asunto de carácter personal. Los estamos identificando porque el aval que obtuvimos de la comisión de trabajo es que presentemos todas hojas de cálculo, todos los trabajadores que no aceptamos la liquidación.
La perspectiva y el escenario del Sindicato Mexicano de Electricistas SME es que se preserva el sindicato como un sindicato nacional de industria, conserva su registro, tenemos ya un contrato colectivo de trabajo del cual es titular el sindicato y una perspectiva de nueva forma de organización de los trabajadores.
Es muy importante informarle al auditorio y a nuestros compañeros de la resistencia que hemos concluído con el cálculo de la liquidaciones de todos los trabajadores que no aceptamos la renuncia voluntaria con el decreto ilegal de Felipe Calderón en 2009.
Hicimos un ejercicio de que vinieran los trabajadores, que revisaran la forma como se hace el cálculo. El cálculo tiene que ver con una serie de factores y conceptos que establece el propio contrato colectivo de trabajo, para que los trabajadores pudieran revisar y que no tuviéramos errores. Esto los estamos haciendo a partir de lo que se ha mencionado no hay legalidad y estado de derecho en este país.
Los laudos que emitió la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje desde agosto de 2010 dan por terminadas las relaciones individuales de los trabajadores y Luz y Fuerza, y las relaciones colectivas entre el sindicato y Luz y Fuerza del Centro. Nos fuimos a los amparos pasó por la Suprema Corte para atraer el caso, porque así lo había solicitado el gobierno de Calderón.
La corte resolvió que no había elementos ya de constitucionalidad, que eran puros temas de legalidad, lo regresó al tribunal colegiado de circuito en materia laboral. El tribunal lo resolvió en favor de los trabajadores en septiembre del 2012.
Sin embargo, la corte en un recurso de revisión que presentó el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), lo vuelve a admitir y revoca el amparo de los tres magistrados; aduciendo que no había razón para que el presidente de la república fuera el patrón sustituto de los trabajadores, cuando nunca se demandó que el presidente fuera el patrón.
Establece la propia Ley Federal del Trabajo, que si la actividad económica se sigue desarrollando, si cambia el nombre la empresa por cualquier otra relación u otra actividad que se desarrolle y por otra empresa, pues son los que tienen que asumir las obligaciones con los trabajadores.
En este caso la resolución de los magistrados dijeron pues si ya no está Luz y Fuerza y Comisión Federal de Electricidad (CFE) es la única empresa que existe y está administrando los bienes de Luz y Fuerza, entonces, ellos tienen la obligación con los trabajadores: Y condenó para que la Junta Federal emitiera un nuevo laudo.
En ese sentido las demandas que existen en la Junta Federal pueden seguir postergándose los años que sean, porque la que nosotros metimos, nuestra demanda por despido injustificado, pago de salarios caídos y todas las prestaciones y nuestra reinstalación la mandaron en la junta especial número 5: asuntos individuales. Ahí está en etapa de pruebas y desahogos y puede seguir al infinito y no terminarla.
La misma que ellos presentaron, que le dieron trámite rápidamente, la que presentó el SAE solicitando la terminación de relaciones laborales, se fue a asuntos colectivos. 

Cargan a pasivos, bancarrota de Pemex y CFE

CONTRALÍNEA 


La ruinosa situación a la que han llegado Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) busca ser justificada como consecuencia directa de factores como la devaluación del peso frente al dólar y la acumulación de sus pasivos laborales, evitando por todos los medios tocar asuntos medulares como la corrupción, opacidad y la inducida “quiebra técnica” puesta en marcha desde hace más de 1 década para dar cumplimiento a lo establecido en acuerdos internacionales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que buscaba la privatización de las empresas estratégicas del sector energético.
martin-esparza-481
El oculto fin tuvo como aliada a la corrupción que por décadas echó raíces en las estructuras administrativas de las ahora empresas productivas del Estado, hasta llevarlas a su actual bancarrota. Previo al golpe de Estado que extinguió la empresa pública Luz y Fuerza del Centro, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) denunció la perversa estrategia alentada por los gobiernos de Acción Nacional, en el sentido de obligarla a comprar electricidad cara a la CFE para revenderla a los usuarios a un precio menor. Este sinsentido fue colapsando sus finanzas pues era la única empresa de electricidad en el mundo condenada a tener fabricadas pérdidas.
A pesar de ello, el régimen de jubilaciones para sus altos funcionarios contemplaba jugosas pensiones que terminaban trasladándose a una entidad que no podía soportar una carga de tales dimensiones; en su momento, como se recordará, el gobierno de Felipe Calderón habló de los “privilegios” laborales de que supuestamente gozaban los electricistas del SME, pero no tocó el tema de los altos sueldos y millonarias compensaciones de los altos funcionarios. Y vaya que esas sí eran envidiables canonjías.
Algo similar ocurrió con Pemex, exparaestatal que por décadas solventó con sus ingresos la carga impositiva de altos impuestos y la responsabilidad de sacar a flote las finanzas públicas, subsidiando indirectamente a los evasores fiscales que no eran otros que empresarios consentidos de la clase política que, con o sin reforma fiscal, continúan gozando de inconcebibles facilidades para no pagar sus contribuciones. Pemex fue llevada a su “quiebra técnica” porque al igual que el sector eléctrico, el de los hidrocarburos estaba en la agenda de las “concesiones” pactada con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.
A Pemex como a Luz y Fuerza se les canceló la posibilidad de fortalecer sus finanzas, como quedó de manifiesto en la docena trágica de los gobiernos panistas (Vicente Fox y Felipe Calderón), en cuya vorágine desnacionalizadora se orilló a la CFE a firmar irregulares convenios con las empresas trasnacionales para la compra de energía a altos costos, debilitando tanto a sus finanzas como a las arcas públicas. Funcionarios como el exdirector, Alfredo Elías Ayub, no sólo consintieron ser comparsas de tan desventajosos tratos; además, alentaron una creciente corrupción que desfondó las finanzas de la antes “empresa de clase mundial”, bajo inexistentes estándares de productividad y eficiencia.
Casos como el de Néstor Moreno Díaz, quien entregó infinidad de contratos a empresas privadas a cambio de recibir ilegales compensaciones monetarias, lo mismo que yates y ferraris, descubrieron el verdadero rostro de la política energética en los gobiernos de Acción Nacional. Tras la extinción de Luz y Fuerza, en octubre de 2009, estos pillos hicieron millonarios negocios con las empresas contratistas que entraron a suplir la mano de obra de los trabajadores despedidos del SME. El servicio prestado a los usuarios fue caro y de ínfima calidad, representando un oneroso gasto al erario nacional.
Bajo este esquema de paulatina privatización, el adverso panorama económico es la excusa ideal para acelerar el proceso de privatización del sector y de sus antes empresas públicas, condenadas a ingresar al libre mercado en condiciones de desventaja que vaticinan su debacle absoluta para proceder a su entrega al capital privado. Como recientemente quedó establecido, por el serio problema de liquidez y la deuda de 86 mil millones de dólares que enfrenta Pemex, los proyectos de inversión para la exploración de pozos; y la reconfiguración de tres refinerías será cedido a la iniciativa privada.
El lastimoso estado que ahora presenta la antes “empresa de clase mundial” es la prueba tangible de que nunca se dieron los niveles de eficiencia y rentabilidad que se pregonaron en el gobierno de Felipe Calderón. Sus millonarias pérdidas que se repiten e incrementan año con año son resultado de su inoperancia operativa y administrativa. Amén de las pérdidas que ahora son endosadas a los pasivos laborales, la CFE registró números rojos en 2014 por 46 mil 832 millones de pesos, cifra que se disparó en 2015 a cerca de 70 mil millones de pesos.
Ahora, como lo advertimos en este espacio hace más de 1 año, serán los trabajadores los que deberán pagar las consecuencias de la incapacidad y corrupción mostrada por sus últimos exdirectores en complicidad con los líderes charros del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) que consintieron cambios al sistema de jubilaciones y pensiones, desde 2008, y retrocesos a su contrato colectivo para permitir el despido de miles de sindicalizados. Y ahora no dudarán en sumar a todos los trabajadores al sistema de cuentas individuales, como se pretende en la cercana revisión contractual.
En Pemex y en la CFE, los altos funcionarios y su obesa y deficiente estructura administrativa de empleados de confianza son los que salen menos raspados con la austeridad y los recortes, y ni qué decir con la rendición de cuentas ante el país. En Pemex son los sindicalizados los que han pagado las consecuencias: en 2015, pretextando las caídas del peso frente al dólar y de los precios internacionales del petróleo, las autoridades pactaron con el sindicato el despido de 15 mil trabajadores y este año otros 10 mil se irán a la calle; es decir, 25 mil trabajadores de base sacrificados en 2 años en aras de haber mantenido una nómina de privilegiados, en plena época de crisis y austeridad.
Ante este oscuro porvenir de las antes paraestatales y la cercanía de una crisis económica, política y social, los mexicanos debemos de preguntarnos si seremos o no capaces de revertir este desmantelamiento del sector energético que está dejando sin muchas perspectivas de libertad, democracia y justicia social a las nuevas generaciones.
Ahora queda bien claro que si de encubrir las verdaderas razones que llevaron a las instigadas “quiebras técnicas” de Pemex y la CFE se trata, basta con endilgar las culpas a factores no determinantes, como los pasivos laborales o la devaluación de nuestra moneda.
Martín Esparza
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

Firmas tu Renuncia y te Pagamos tu Liquidación o te Cesamos sin Nada... ¡¿DESPIDEN A ENCARGADOS DE LA JUSTICIA LABORAL?!

*140 trabajadores, Abogados, Actuarios, Secretarios de Acuerdos se Quedaron en la Calle.
*Es Parte del Despido de Más de 17 Mil Trabajadores que Anunció el Gobierno Federal.
*Desaparecieron 8 Juntas...Se Hará Más Lenta la Impartición de Justicia Laboral.

Transcripción de Andrea Luna, Colaboradora Voluntaria.
 
“El gobierno federal ha implementado reducir el presupuesto y siempre la parte más débil son los trabajadores. Resuelve así, despide a trabajadores. La semana pasada, el martes 15 de marzo, les tocó a los trabajadores de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en una situación dramática yo le renombre el día D (D de despidos).
Prácticamente, ocurrió así: el día que tuve una audiencia por allá, ese día martes me enteré de que varios compañeros de muchos, ya no van a trabajar más en la Junta Federal. ¿Qué disyuntiva les pusieron? o firmas tu renuncia y te vas con una liquidación o te cesamos en tu nombramiento.
Mucha gente se espantó porque además esto se veía venir pero no sabían, no dan nombres y no dan causas, incluso porque se reduce el personal de la junta. En el caso de la Ley Federal del Trabajo es muy claro que cuando hay una reestructuración se tiene que someter a un juicio de carácter económico. Y en caso de que se justifique la ley establece que deberán salir los más nuevos. (Leer Noticia Relacionada: DESEMPLEAN A MILES DE BURÓCRATAS http://www.frecuencialaboral.com/desempleoporeconomiaencrisis2016.html)
Aquí fue una arbitrariedad. Comentaba yo ese día que siendo abogados muchos de ellos, no daban una respuesta clara, les sorprendió. Unos compañeros me decían ¿y porque no viniste ayer o semana pasada? les digo ¡pero ustedes son abogados tendrían que responder en la misma tesitura!. Y les ponía yo el ejemplo de que la renuncia no es un acto de fe, la renuncia es un acto de reflexión ¿por qué firmaron la renuncia, nada más porque te lo pidieron? "pues sí o me amenazaron con el cese", respondían.
En el caso del cese, es muy particular porque es un juicio, la Secretaría del Trabajo, la Junta Federal tendrá que someter ante el tribunal, a través de un juicio con todo el procedimiento el cese del nombramiento. Esa solicitud tiene que presentar el acta administrativa que haya levantado, los elementos de conductas o hechos que haya incurrido el trabajador y con esa acta presentar la demanda con una serie de hechos. Después tiene que llevar todo el procedimiento donde notifica al trabajador para que él puede montar su defensa, contestando la demanda.
Dice la ley que a falta de ese aviso de recisión, que es previó a la separación del trabajador se entiende como que el cese o los efectos del nombramiento es injustificado.
Le digo: espérate a que te cesen y que sea el juicio en donde se decida. Y si no hay juicio, tu presentas una demanda y con mucha posibilidad tú di nunca fui citado al levantamiento de un acta.
Aquí una situación: me dicen, si ¿pero si me levantan un acta? al trabajador siempre le amenazan con levantarle una. Una acta, a diferencia como lo cree la mayoría de la gente, es una garantía del trabajador.
Yo les comentó, cuando les dicen o te amenazan, te vamos a levantar un acta “bienvenida el acta” porque ahí tengo la oportunidad de defenderme, de aportar pruebas y elementos y no tendría porque rescindirme, en el caso de la Junta Federal no me pueden cesar.
Hubo todo esto, incluso hubo camiones que llevaron a los trabajadores al tribunal, para que se completará esa presión tremenda que sufrieron los compañeros y muchos amigos míos de muchos años. Sí es lastimoso que la Junta tenga un comportamiento como patrón, peor que los que tiene que resolver en juicio que se les somete a su jurisdicción.
Algunos trabajadores optaron por demandar pero sólo los menos. También amenazan que para el mes de junio vuelve a haber otro recorte.
¿Cuál es el problema y el panorama que queda para los trabajadores?
De por si la situación de la justicia pronta y expedita no era una realidad. Ahora con la situación de menos personal estamos hablando de un promedio de casi 140 trabajadores abogados, actuarios, secretarios de acuerdos, auxiliares que fueron despedidos. Eso vale decirlo, es un despido masivo.
Va a repercutir, además, porque estábamos comentando con el licenciado Jesús Luna, que se reestructuraron las juntas. Antes había la junta 3, 3bis, 7, 7bis, 8, 8bis y la 12, 12bis ahora ya no, ya nada más queda una sola junta, reúnen a todos los trabajadores.
Pero ahora hay casi nada más como cuando mucho 3 actuarios por junta, que tienen que resolver, notificar es una situación grave y que, vale la pena señalarlo, va directamente a que los juicios duren más tiempo cuando. Y la limitación por la reforma laboral de que solamente van a pagar doce meses de salarios caídos. Eso va a tener una repercusión grave para ver los trabajadores en su juicio laboral”. 

Pemex y la reforma energética: México destruye parte de su propia identidad


 
PROCESO 
 
El petróleo mexicano se convirtió, después de la expropiación de 1938, en uno de los dos símbolos de la identidad nacional mexicana –el otro, la Virgen de Guadalupe–. El hidrocarburo, afirma el historiador Lorenzo Meyer, le dio a los mexicanos un sentido de nación, de nacionalismo, de Estado, de unidad. Ahora todo eso se ha perdido por la cortedad de miras de la clase gobernante, a la cual le falta la visión del estadista, suplida por los mezquinos intereses económicos del corto plazo.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Antes de Pemex no había más símbolo de identidad nacional que la Virgen de Guadalupe. Con la expropiación petrolera de marzo de 1938, y la creación de la empresa estatal, “el nacionalismo mexicano adquiere su momento cumbre”, dice el historiador Lorenzo Meyer. Y explica por qué: es la culminación de un esfuerzo en un país que a la vez estaba creando su sentido de independencia, de nación, de nacionalismo, y todo eso se conjuga en el petróleo.
Durante los gobiernos de Ruiz Cortines, López Mateos y Díaz Ordaz, “Pemex era tan fuerte que parecía el ‘Gibraltar’ del nacionalismo mexicano: una roca que ya no se va a mover”. La empresa, dice el también politólogo, llegó a ser “el símbolo de un país que tenía confianza en sí mismo”.
–¿Cuándo comienza a pervertirse esto? Todo indica que fue con López Portillo cuando se empieza a explotar, en 1979, el yacimiento de Cantarell y dice que “vamos a aprender a administrar la abundancia” –se le pregunta.
–Ése es el momento. Es el momento en que el sistema ya siente la lumbre en los aparejos. Porque se combina el movimiento estudiantil de1968, la guerra sucia de los setenta. Ahí pierde su inocencia el sistema, si es que le quedaba. El sistema es represivo, con desapariciones forzadas, con graves crisis económicas que empezaron al final del gobierno de Luis Echeverría.
A partir de ahí, dice Meyer –autor, entre muchos títulos, de México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero–, Pemex no es más símbolo de identidad nacional ni, mucho menos, la empresa que significó para el país confianza en sí mismo. Desde el gobierno de López Portillo (1976-1982) y los que le siguieron, hasta el de Enrique Peña Nieto, la idea fue explotar al máximo a la paraestatal “y sacarle todas las utilidades posibles para el beneficio sexenal.
“Es la visión del político, no del estadista. La visión de Cárdenas es la visión del estadista. Y se perdió. Se perdió un proyecto nacional. Ahora qué es lo que hace quien dirige el país (Enrique Peña Nieto, a quien evita nombrar): administrar el día a día, y estar listo a ver cuáles son los vaivenes que lo van a perjudicar o a beneficiar. Pero no hay un proyecto de país”.
De hecho, dice, lo que el gobierno está haciendo ahora con la empresa, con la reforma energética, es permitir que otra vez vengan los extranjeros y se lleven buena parte de la renta petrolera, que antes era toda para el país.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2056, ya en circulación

Fuente 

Olvidado por casi todos, el CT renta su sede para pensión de automóviles


Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Lunes 28 de marzo de 2016, p. 7
El otrora poderoso Congreso del Trabajo (CT) se ha visto en la necesidad de rentar parte de las instalaciones de su sede, en avenida Flores Magón, para pensión de vehículos de quienes habitan en la Unidad Tlatelolco.
Asimismo, la casi totalidad de las 54 agrupaciones que lo integran no le pagan cuotas, tiene adeudos millonarios de servicios como agua y, aunado a ello, parte de su edificio fue declarado ‘‘en riesgo’’ por la Secretaría de Protección Civil capitalina.
Con todo esto, el organismo llegó a su 50 aniversario. Atrás quedaron los tiempos en que dirigentes del Congreso del Trabajo, como Fidel Velázquez o Joaquín Gamboa Pascoe, gozaban de gran poder político y eran interlocutores privilegiados del sector obrero ante el gobierno en turno.
En el presupuesto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para 2016, se establece que la dependencia canalizará al Congreso del Trabajo 20 millones de pesos por conducto del Comité Nacional Mixto de Protección al Salario (Conampros), organismo incorporado al CT que supuestamente ‘‘da asesoría a las organizaciones y líderes sindicales en materia de productividad laboral’’.
Dicho comité ha recibido partidas presupuestales de montos similares durante los tres sexenios anteriores y lo que va del presente. Incluso, la STPS, luego del recorte presupuestal establecido para el presente año, revisó a la baja el gasto en diversos rubros, pero mantuvo el destinado al Conampros.
El CT ‘‘perdió totalmente su sentido de representación obrera y no podemos dejar que se siga pudriendo; esta parte de los organismos corporativos, que fue valiosa, que fue importante, incluso ya perdió el Zócalo el primero de mayo, Día del Trabajo’’, resumió el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo.
‘‘Cuándo yo entro al edificio de esa central tomo mis precauciones, porque siento que se va a caer penosamente’’, puntualizó el líder en entrevista, ante las condiciones deplorables del edificio del CT. Dirigentes que acudieron a la celebración de los 50 años del Congreso del Trabajo el pasado 23 de febrero, señalaron que a la mayoría de los asistentes no los conocían. El acto se llevó a cabo en el salón principal del edificio, entre polines y viguetas que apuntalan paredes, y sólo se ofreció un magro desayuno.
En esa ocasión, Aceves del Olmo dijo: ‘‘Me extraña ver a tantos nuevos, porque solamente he sabido de los nombres de algunos en las demandas de titularidad que le aplican a la CTM’’ en la disputa por los contratos colectivos que hay entre centrales obreras.
No obstante esta situación, de nueva cuenta el líder del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, Víctor Flores Morales –sobre quien pesan diversas demandas penales por malversación de fondos–, busca encabezar esta central y lleva a cabo cabildeo entre dirigentes para lograr la mayoría.
El actual secretario general del Congreso del Trabajo es Ramón Humberto Ojeda, quien sustituyó en el cargo a Joaquín Gamboa Pascoe y termina su periodo las próximas semanas sin posibilidades de relegirse. Sin embargo, tiene cargo seguro como secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la República Mexicana, organización que integra gremios de servicios y comercio tanto en la Ciudad de México como en el estado de México.
En tanto, Flores Morales ya ha encabezado el CT. Fue presidente y vicepresidente del mismo entre 1996 y el año 2000, así como en 2010 y 2012. En estos días aciagos para el organismo, el líder ferrocarrilero vuelve a buscar el cargo.
De aquel Congreso del Trabajo que antaño fue presidido por el propio Fidel Velázquez, Francisco Hernández Juárez, Leonardo Rodríguez Alcaine y Joaquín Gamboa Pascoe, queda muy poco.
Al respecto, el recién nombrado líder de la CTM, Aceves del Olmo, dijo: ‘‘Nos interesó en sus orígenes, cuando se manejó bien; ahora ya no. No le echo la culpa a nadie de cómo está ahora esta central... nuevos nombres tomaron sus riendas, ni los conozco.
‘‘Yo les dije que ojalá hubiera menos trabajadores pobres y menos líderes ricos. El único mensaje que se puede dar al Congreso del Trabajo es que hay que servir a los trabajadores, no servirse de ellos’’, remarcó.
Respecto de los señalamientos de quiebra de esta central, Víctor Flores Morales comentó que es ‘‘mentira’’ que este organismo reciba subsidios federales por medio del Conampros, ni que otras dependencias lo estén financiando, ni tampoco el Sindicato Ferrocarrilero, que él encabeza. Reconoció que la vieja sede de Flores Magón ‘‘requiere de mantenimiento mayor’’ y que las cuotas que aportan las organizaciones no son suficientes para atender sus actuales demandas.
 
 
Fuente 

Conmemoran su Día...Pero sin Pensiones ni Seguridad Social TRABAJADORES UNIVERSITARIOS EN PRECARIEDAD

*Gobernantes Desvían los Fondos de Pensiones para Actividades Políticas.
*Las Jubilaciones son tan Bajas que la Mayoría de Académicos Prefiere Seguir Trabajando.
*Aumenta el Número de Académicos e Investigadores que Fallecen Dando Clases.

Participación de Carlos Guillén S.*,
Secretario del Exterior del Sindicato Único
de Trabajadores de la Energía Nuclear (SUTIN),
Programa Frecuencia Laboral del sábado 26/03/2016

El 27 de marzo, aparece en el calendario como el día del trabajador universitario. Como en materia de salario, contratación, prestaciones y luchas, tampoco en el festejo hay unidad, pues en distintas instituciones se reconoce tal día, en distinta fecha.
En lo que si hay coincidencia es en la cantidad y tipo de problemas que enfrenta este tipo de trabajadores. En otra ocasión nos hemos referido a los salarios, contratación, permanencia y promoción, prestaciones y organización. Son éstos, aspectos en los que todos los trabajadores del conocimiento, no sólo los universitarios, padecen carencias y sufren agresiones constantes. En esta ocasión, nos referiremos al futuro de los trabajadores del conocimiento, de los cuales forman parte los “festejados” por estos días.
Trabajar durante dos o tres décadas, en otro tiempo, era garantía de un final de la vida laboral que llevaba a jubilaciones y pensiones más o menos decorosas, que permitían al trabajador en retiro, dedicar su tiempo a las actividades que él decidiera. Cada día que pasa, eso va quedando en un pasado más remoto.
Desde hace unas dos décadas, el tema de las jubilaciones es un tema recurrente y, para muchos políticos y comunicadores, la explicación a algunos de los problemas nacionales. Durante un tiempo, las luchas de los trabajadores, tanto los de empresas particulares como los de instituciones del Estado, lograron ir construyendo un sistema de seguridad social representado sobre todo, por las dos grandes instituciones públicas: el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE. Adicionalmente, algunos gremios lograron instituciones y condiciones especiales, tanto en los servicios de salud, como en las condiciones de retiro.
Algunos sindicatos lograron las llamadas jubilaciones dinámicas, con lo que sus jubilados se retiraban de la vida laboral disfrutando prácticamente de las mismas condiciones que los trabajadores en activo. Se lograron asimismo, hospitales y clínicas de gran calidad al servicio de un sector específico de trabajadores.
Con el neoliberalismo, esto cambió. Tanto empresas como instituciones, pasaron a ser blanco de las críticas de los privatizadores, quienes acusaron a unas y otras de ineficientes y caras. Sobre todo, de ser las causantes del deterioro de la economía. Esto llevó a una privatización a gran escala de muchas empresas y al paulatino desmantelamiento de las instituciones.
En el caso que nos ocupa, de los trabajadores universitarios, en varias instituciones se lograron regímenes jubilatorios especiales, distintos a los del IMSS y del ISSSTE, que también eran ventajosos con respecto a los de las instituciones mencionadas.
El problema es que, por un lado, lo creado fueron sistemas especiales, no para todos y sus formas de financiamiento no les dieron la solidez que les permitiera resistir los embates privatizadores y las campañas de desprestigio.
¿Cuál es la situación actual? Veamos algunos casos como ejemplos. En el caso de la Universidad de Colima, las autoridades universitarias no cumplieron con los tiempos y montos establecidos las aportaciones al Fondo Social de Apoyo al Pensionado, lo que llevó al extremo de una huelga de hambre del dirigente del sindicato de trabajadores de esa universidad, en demanda de que las autoridades universitarias cumplieran sus compromisos. El manejo de los recursos, entonces, no se hace con transparencia, lo que pone en riesgo su manejo y sobre todo su futuro.
En el caso de Zacatecas, se acusa que las jubilaciones se llevan la mayor parte del presupuesto y que impiden la realización adecuada de actividades universitarias. Ahí un problema, es que desde la Secretaría de Educación Pública hay un trato injusto a la Universidad ya que, por ejemplo, de 1 700 maestros de tiempo completo, la SEP sólo reconoce a 700. El gobierno estatal a su vez tiene ya una larga tradición de adeudos a la Universidad. Así, los recursos que hay, se deben manejar prácticamente haciendo milagros, para cubrir las necesidades. No es entonces tampoco, un caso de que las jubilaciones, por sí solas representen el problema, sino de la política de los gobiernos estatal y federal hacia la universidad.
Otro caso es Michoacán. Los universitarios de esa entidad cuentan con un sistema pensionario para el que la Universidad cubre hasta el momento las aportaciones correspondientes. Sin embargo, en fechas recientes, se ha hablado de una modificación unilateral a la legislación, para que la Universidad deje de hacer los pagos como hasta ahora. Sin la consulta y la participación de los trabajadores en las decisiones que pudieran mejorar la situación, solo se pueden esperar mayores problemas que las soluciones que se propongan.
Un caso que no podemos dejar de mencionar, no de universitarios, sino de trabajadores de la investigación científica, es el del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, que con 34 años de existencia y de aportaciones en un tema tan importante como la alimentación, en los centros de trabajo que tiene en Sonora, Nayarit, Chihuahua y Sinaloa, tiene a sus trabajadores fuera de los beneficios de la seguridad social. Se trata de un caso extremo, ya que mientras en otras instituciones educativas o de investigación, hay fuertes críticas a los sistemas de salud y seguridad social, en este caso, los trabajadores tuvieron que llegar a la huelga –primera en un centro público de investigación- para demandar su inscripción en alguna de las instituciones de seguridad social existentes. Después de dos semanas de huelga, lograron una promesa de incorporación a una de las instituciones de seguridad. Aún falta que la promesa se haga realidad.
En los casos de universitarios mencionados, los trabajadores lograron en su momento un sistema pensionario “propio”. Pero ¿qué pasa con los que están en las grandes instituciones de seguridad?
Tanto el IMSS como el ISSSTE se han visto sometidos a fuertes presiones, a causa del crecimiento de sus obligaciones derivado tan solo del crecimiento de la población, a la vez que cuentan cada vez con menores presupuestos, lo que resulta en servicios de salud con cada vez con mayores dificultades por falta de medicamentos, personal insuficiente, mayor demanda de servicios, amén del natural deterioro de su infraestructura por el uso intensivo de la misma.
Como en otros casos, la salida gubernamental pasa por la acusación de que las pensiones son las culpables y se han implementado reformas que han dado como resultado el paso de sistemas solidarios a sistemas de cuentas individuales, que a la vez que dejan de lado la obligación del estado de hacerse responsable de tan importantes actividades –salud y seguridad social- introducen entre los derechohabientes la ilusión de que las salidas individuales son la solución. Las reformas a las leyes del IMSS y del ISSSTE crearon las cuentas individuales que -ya se está viendo- ni solucionaron la problemática de las instituciones y sí sirven para que enormes masas monetarias pasen a manos privadas a través de las afores y la subrogación de servicios médicos.
En el caso de los trabajadores del conocimiento, también mencionaremos en este caso, sólo a manera de ejemplos, la situación de los trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, Instituto Politécnico Nacional, IPN e Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, ININ. En los primeros casos, las edades promedio están alrededor de sesenta años. En el caso del IPN no conocemos los datos, pero deben ser similares o aún mayores. En estas instituciones los casos de trabajadores, sobre todo académicos e investigadores, que llegan a las aulas o laboratorios en sillas de ruedas o con bastones, con problemas de audición o de vista o incluso que han fallecido materialmente dando clases, son crecientes.
Es cierto que el amor de estos trabajadores a su actividad es parte de la explicación a estos hechos. Pero también, que muchos no se jubilan por los montos de las pensiones que recibirían, por completo insuficientes, y por la ausencia de contratación de personal de nuevo ingreso que dé continuidad a las labores de investigación que desarrollan y a las que han dedicado dos, tres o más décadas de sus vidas. En el ININ, el SUTIN ha presentado propuestas para permitir a los trabajadores con problemas de salud, un retiro adecuado, sin perder las plazas para renovar la plantilla de investigadores. La respuesta: no hay recursos.
Estos ejemplos nos muestran que el problema de la seguridad social no es privativo de institución alguna, que no se puede desligar de la importancia de las actividades sustantivas de las instituciones de educación, investigación y cultura (en este sector las cosas no son muy diferentes) y que se requiere de soluciones que fortalezcan a las propias instituciones, pero que tomen en cuenta a sus trabajadores. Queda claro también que las salidas individuales y privatizadoras no han resuelto los problemas y que no es ese el camino.
Este es un tema que requiere de una discusión de alcances nacionales. El futuro de estos trabajadores está en juego.
*Carlos Guillén S., integrante de la Comisión Política de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de Educación Superior, Investigación y Cultura, CNSUESIC, 

Trabajadores de Sandak rechazan ser liquidados y reciben amenazas de cárcel

Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Lunes 28 de marzo de 2016, p. 7
Los trabajadores de Calzado Sandak, de Calpulalpan, Tlaxcala, rechazaron ‘‘aceptar sus liquidaciones’’, según la propuesta que les hizo la empresa Bata Internacional a inicios de este mes, por lo que los directivos de la misma ‘‘amenazaron’’ a este gremio con continuar con las denuncias penales en contra de sus dirigentes e integrantes y demandar órdenes de aprehensión para ellos.
El secretario del trabajo del Sindicato Único de Trabajadores de Calzado Sandak, Epifanio García Carrillo, aseguró lo anterior luego de señalar que la empresa busca ‘‘intimidar y reprimir’’ a los agremiados que se encuentran en lucha por el reconocimiento de su libertad sindical. Informó que desde agosto pasado está preso el secretario general de esta organización, Gustavo Labastida Andriano, ‘‘en un acto totalmente ilegal y por un delito que no cometió’’.
Según puntualizó, el vicepresidente internacional de finanzas de Bata, Tim Jude, en una reunión con el sindicato y tras conocer la decisión unánime que tomaron los trabajadores de rechazar su oferta, ‘‘amenazó con continuar impulsando que se encarcele’’ a los agremiados.
García Carrillo explicó que Bata Internacional presentó la oferta a los trabajadores hace tres semanas, la cual fue rechazada por unanimidad en asamblea general, entre otras razones porque no resuelve el problema de fondo y se considera ‘‘insuficiente’’, pues no prevé ni una pequeña parte de los salarios caídos que se han generado en estos casi cinco años de conflicto, desde que cerró la fábrica.
Incluso, la semana pasada la trasnacional envió personal ‘‘técnico’’ a revisar la planta y sus alrededores, así como el campamento instalado por los trabajadores en paro, por lo que no descartan que ‘‘intenten nuevamente el saqueo de maquinaria aprovechando los días de vacaciones, como ya lo han hecho en dos ocasiones’’, sostuvo el representante sindical.
Añadió que el gobierno de Tlaxcala, en claro apoyo a la parte patronal envió en días pasados patrullas de la policía estatal ‘‘para intimidar’’ a los trabajadores. Ante esta situación, organizaciones solidarias, como la Nueva Central de Trabajadores, los sindicatos Mexicano de Electricistas, de Académicos de Chapingo, de los Trabajadores de la Caja de Ahorros de Telefonistas y del Independiente de la Universidad Autónoma Metropolitana, entre otros, enviarán brigadas de apoyo para reforzar su campamento, ya que prevén desalojo o detención de más sindicalizados.
Además, estarán presentes observadores de derechos humanos. También llevarán a cabo una campaña por la libertad de Gustavo Labastida, preso desde hace siete meses.

Fuente

Salud pública: Un estudio insuficiente

Pacientes en los pasillos de un hospital saturado en Oaxaca. Foto: Jesús Cruz
Pacientes en los pasillos de un hospital saturado en Oaxaca. Foto: Jesús Cruz
PROCESO 
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El 7 de enero de 2016 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó su Segundo Estudio sobre el Sistema Mexicano de Salud. En el prefacio hay una impresionante lista de autores: expertos internacionales y funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Salud y de diversas instituciones de seguridad social. También se cita, como colaboradores o asesores, a legisladores, secretarios estatales de salud y profesionales de organizaciones no gubernamentales.
De ahí se deriva la sensación de que se llevó a cabo una amplia investigación para formular las recomendaciones incluidas en el estudio. Sin embargo, esta apreciación no se confirma con la lectura detallada del documento.
A diferencia de un trabajo anterior de la misma naturaleza, realizado por la OCDE en 2005 y el cual tuvo sustento en una amplia recopilación de datos, el presente trabajo abunda en juicios generales basados en unos cuantos fenómenos arbitrariamente seleccionados.
Por ejemplo, en la página 7 dice: “Casi tres de cada 10 mexicanos mueren dentro de un mes después de un infarto cardiaco y casi dos de cada 10 mexicanos mueren dentro de un mes posterior a un accidente cerebrovascular”. Comenta que esta letalidad es mucho mayor en México que en los países de la OCDE, pero no aclara si los datos mencionados provienen de una institución en particular o de todo el sistema, y si este fenómeno se registra en el ámbito hospitalario, pues estos datos corresponden a una valoración de calidad dentro de los internamientos hospitalarios.
Donde se hace más equívoco este tipo de comparación es cuando el estudio comenta que la esperanza de vida en México ha crecido muy poco. Así lo expresa: “Entre 2000 y 2013 la esperanza de vida aumentó de 77.1 años a 80.4 años; en México sólo se incrementó 1.3 años (de 73.8 a 74.6 años). Por lo tanto, la brecha de longevidad entre México y otros países de la OCDE se ha ampliado”.
En este contexto se da a entender que la esperanza de vida es el resultado del desempeño del sector salud, criterio que es sorprendente en una institución internacional, pues es ampliamente conocido por los sanitaristas, desde la segunda mitad del siglo pasado, que la esperanza de vida depende de muchos factores, como la nutrición, el saneamiento, el trabajo y el ingreso, la vivienda y la educación; es decir, de todo aquello que contribuye al nivel de vida. Cualquiera advierte que estos elementos son mucho más asequibles en las naciones de la OCDE que en nuestro país, donde viven 50 millones de personas en la pobreza y 10 de ellas en la más extrema.
Es inevitable que la OCDE en un momento se topara con el problema de la segmentación del sistema, formado por servicios públicos financiados con los impuestos generales y por las instituciones de seguridad social (IMSS e ISSSTE), que reciben recursos de conformidad con las leyes respectivas. Para los expertos de este organismo no tienen importancia otras organizaciones (existen 21 con sus propios reglamentos, poblaciones y servicios).
Para la OCDE, el Seguro Popular es equiparable a las instituciones de seguridad social, y gran parte de sus recomendaciones se enfocan a la homogeneización de instrumentos, procedimientos y costos, con la finalidad de facilitar convenios de intercambio de servicios.
Incurre en algunas suposiciones. Por ejemplo, afirma que anualmente se traslada de un subsistema institucional a otro todo un tercio de sus asegurados, “lo cual dificulta la continuidad de la atención”; de ser cierto esto, significaría, por ejemplo, que la tercera parte de los trabajadores informales cubiertos por el Seguro Popular pasara cada año a ser atendida por el ISSSTE o por el IMSS, lo cual sería verdaderamente catastrófico desde el punto de vista administrativo y financiero.
Otra fantasía que se encuentra en las aseveraciones del estudio es la de que los empleadores tienen la facultad de inscribir a los trabajadores en el seguro que ellos mismos decidan, sin tener en cuenta las disposiciones de las respectivas leyes.
Se añade a esto la aseveración de que no se ha promovido la disposición de que los asegurados se inscriban en un servicio de atención primaria, falla a la cual se atribuyen grandes consecuencias para la adecuada atención; pero para quienes se acerquen a las instituciones se hace evidente que tanto en el IMSS como en el ISSSTE la inscripción es un requisito que se hace automáticamente, seguido del registro en clínica familiar, y en los centros de salud, para el caso de los afiliados al Seguro Popular.
La atención hacia fenómenos muy particulares impide ver los grandes problemas tradicionales del sector, como la falta de un modelo sustentado en la demografía y la epidemiología que dé continuidad práctica a una atención integral de la salud mediante el acceso a los servicios de primer nivel y a los hospitalarios (segundo y tercer niveles) en una forma ordenada y efectiva. Esto, junto a la inadecuada disposición y distribución de los consultorios, camas hospitalarias y personal profesional, son las grandes fallas estructurales y estratégicas que la OCDE pasa por alto.
El sector privado aparece en el gasto comparado con el público. La OCDE le atribuye a aquel sector 26.8 hospitales por cada millón de habitantes y sólo 11.6 al público. Pero son cifras altamente engañosas; con un poco de análisis adicional surge el hecho de que la mayoría de los establecimientos privados no constituyen verdaderos hospitales, pues de los 3 mil 131 reportados, sólo 80 tienen más de 50 camas; la mayoría, más de 2 mil, tienen menos de 10. En total el sector público maneja más de 85 mil camas censables, en tanto que el privado cuenta con 35 mil.
Las recomendaciones
No es fácil aprovechar las aportaciones de la OCDE, pues en la mayoría de los casos parecen estar dirigidas a otros sistemas; en otras ocasiones su redacción requiere algunas explicaciones adicionales, como en este caso: “Un cambio gradual hacia un incremento del financiamiento de impuestos generales, en especial para nuevos ingresos, podría mejorar la previsibilidad del financiamiento”.
Pese a que repetidamente se menciona el alto porcentaje del gasto en el rubro administrativo, estimado en 9%, un buen número de recomendaciones llevaría, de adoptarse, a un crecimiento en este tipo de erogaciones, principalmente por nuevas entidades administrativas.
Una de ellas, que implicaría amplios compromisos, sería la creación de un nuevo organismo sectorial. La OCDE lo expresa así: “Se deben acelerar los planes para crear una nueva agencia nacional que promueva las actividades de mejora de la calidad en todos los niveles del sistema de salud. Este organismo, totalmente independiente de la Secretaría de Salud y de los institutos de seguridad social, debe desarrollar actividades clave, como el establecimiento de estándares mínimos de calidad”. ¡Nada menos!
Otro organismo que se propone también tendría amplias funciones. Su naturaleza se describe así: “Otras medidas incluyen establecer un foro permanente, o una comisión, para representar a todos los fondos de aseguramiento médico de la seguridad social y del Seguro Popular… y trabajar hacia la implementación de una agenda compartida de seguimiento y de mejora de la calidad, entre otras prioridades”. Atemoriza el costo que esto tendría, así como sus duplicaciones con otras unidades.
La OCDE enfocó su atención en el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica (Cenetec), unidad de la Secretaría de Salud encargada actualmente de evaluar tecnologías. Aprovechando nuestra lejanía de otros sistemas, nos dicen que el Centro de Excelencia mexicano fue creado para acompañar el Seguro Popular y se diseñó a imagen del National Institute for Clinical Excellence, del Reino Unido (conocido en Gran Bretaña por las sugerentes siglas de NICE). Esta unidad se dedica a la selección de intervenciones médicas y a su comparación en eficiencia y costo para asesorar al Servicio Nacional de Salud, nada más alejado del Cenetec.
Un rubro que parece ser de especial interés para la OCDE es el registro de todos los pacientes de los tres sistemas de seguridad social –del IMSS, del ISSSTE y del Seguro Popular– para tener “un registro consolidado de pacientes”, cuyos datos sean al menos intercambiables. Recomienda muy encarecidamente que las instituciones se involucren en un esfuerzo de esta naturaleza, sin tener en cuenta que ya lo han hecho gracias a sus propios registros, que son automáticos al momento de la afiliación.
Siempre quedará el dilema de qué hacer con un registro nacional de pacientes, pues para la planeación de salud siempre se ha recurrido con eficacia a los censos de población y a los registros de vigilancia epidemiológica. Por otra parte, es evidente que un registro consolidado de pacientes es de gran utilidad para las empresas productoras y distribuidoras de equipo, medicamentos y otros insumos, lo cual les permite estimar el volumen, ubicación y naturaleza de sus mercados.
Con insistencia la OCDE recomienda un sistema “centrado en la persona” (como si la atención pudiera centrarse en las cosas). Literalmente esto contradice las experiencias en salud pública, las cuales han puesto de manifiesto la importancia de la atención integral dirigida a la persona y a su familia, a la comunidad y al medio ambiente; es decir, el cuidado de los factores que condicionan la salud.
Conclusiones
Hay un momento en el cual el estudio aborda las principales medidas que contribuirían a una verdadera reforma con sentido de equidad, ciudadanía, eficacia, cobertura y calidad, como la separación del sistema de atención a la salud del de la seguridad social, para formar dos sistema distintos e independientes; así como el financiamiento universal a base de los fondos públicos generales, como se hace en los países europeos y Canadá, que iniciaron sus reformas de alto contenido social desde finales de la Segunda Guerra Mundial y en mucho contribuyeron a conformar sus Estados de bienestar y su desarrollo socioeconómico. Sin embargo, al tratar estos temas los funcionarios de la OCDE afirman que en nuestro país no hay condiciones favorables para considerarlos.
Llama la atención que ahora en el mundo intervengan en el campo de la salud, cada vez más, los organismos internacionales de carácter financiero o económico; primero el Banco Mundial en 1993, con su informe anual Invertir en Salud, y ahora la OCDE.
Con ello se ha relegado a papeles secundarios a los organismos internacionales sustantivos, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud. Este desplazamiento ha alejado una asesoría de carácter sustantivo que era muy valiosa en el campo de los sistemas de salud.
Se ha relegado a estas organizaciones a funciones insustanciales. La OMS, por ejemplo, se dedica, a difundir advertencias alarmantes, como lo hizo en 2009 con el caso de la gripe porcina y lo hace ahora con el zika, una enfermedad benigna que está restringida a los nichos ecológicos donde puede vegetar el mosco aedes aegypti, su transmisor.
* Gregorio Martínez Narváez es autor del libro Un sistema en busca de salud (FCE, 2013), que contiene un análisis integral del sistema de salud mexicano, efectúa comparaciones con otros sistemas y aporta soluciones estructurales para su mejoramiento y modernización. El prólogo es del doctor José Narro Robles e incluye un comentario final del doctor Guillermo Soberón Acevedo.

Fuente 

Hay tendencia a privatizar la educación superior: estudio sobre ciencias sociales

Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Lunes 28 de marzo de 2016, p. 15
Los estudios de posgrado en ciencias sociales han comenzado a privatizarse en el noroeste del país. Las instituciones de educación superior privadas ligadas a estos cursos han venido creciendo y hoy concentran las dos terceras partes de la matrícula de la región.
Un estudio publicado recientemente en un libro del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (Comecso), editado de manera conjunta con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCT), muestra que cada vez son más las universidades privadas que imparten posgrados en ciencias sociales en Chihuahua, Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, lo que refleja una tendencia a la privatización de la educación superior, pero no es una peculiaridad de la región, sino un fenómeno de alcance nacional.
En el noroeste del país hay 89 instituciones vinculadas a las ciencias sociales: 63 privadas y 26 públicas. En el caso de las denominadas Entidades Académicas de Ciencias Sociales –que incluyen divisiones, facultades, escuelas, institutos o centros– 121 son particulares y 87 del ámbito público.
En el libro titulado Informe sobre las ciencias sociales en México, coordinado por Óscar Fernando Contreras Montellano, del Colegio de la Frontera Norte, y Cristina Puga Espinosa, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se concluye que estas cifras son relevantes porque reflejan la tendencia a la privatización de la educación superior.
Si bien las instituciones privadas concentran actualmente alrededor de la tercera parte de la matrícula de nivel superior a escala nacional, su oferta de licenciaturas y posgrados crece de manera acelerada y sin muchos controles en cuanto a contenidos y calidad.
En la región noroeste sólo 16 de las 63 instituciones privadas están acreditadas por la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, principal organismo acreditador de las universidades privadas.
La información del libro referente a esa zona del país, titulada Región Noroeste y escrita por Óscar Fernando Contreras, Jaime Olea Miranda e Iris Valenzuela Gastélum, indica que hay amplia oferta de licenciaturas y posgrados que asciende a 426 programas (256 de licenciatura y 170 de posgrado).
La mayor parte de la oferta de las instituciones privadas se concentra en maestrías y doctorados en educación, cuyas normas académicas suelen ser menos exigentes y menos reguladas que las de programas basados en las disciplinas clásicas. En parte, la proliferación de este tipo de oferta se explica por la tendencia a satisfacer un mercado de títulos de posgrado con bajos requisitos de acceso, poco tiempo de dedicación y poco esfuerzo, tanto por las instituciones que los ofrecen como por los estudiantes que los cursan.
Se advierte que existe un marcado contraste entre los programas impartidos por instituciones públicas y las privadas. Mientras en las primeras hay cierto equilibrio entre aquellos orientados a la investigación y a la práctica profesional, en las privadas prácticamente no hay planes orientados a la investigación, que necesitan de infraestructura y laboratorios.
En las instituciones públicas, 34 de los 92 posgrados registrados están acreditados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, mientras en las privadas sólo dos de los 76 planes registrados tienen ese reconocimiento.
En información del FCCT se aseveró que los vacíos e inconsistencias de la información disponible sobre este tema llevaron al Comecso a promover este estudio, cuyo objetivo general fue identificar el estado actual de las ciencias sociales en México y evaluar su contribución al desarrollo en las diversas regiones del país.

Fuente

“El futuro me pertenece: Nikola Tesla” en el Cenart

Nikola Tesla. Foto: Especial
Nikola Tesla. Foto: Especial

PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Una de las exposiciones abiertas y gratuitas en estos días de Semana Santa es El futuro me pertenece: Nikola Tesla en el Centro Nacional de las Artes (Cenart), muestra que además de ser interactiva recuerda al llamado padre de la civilización eléctrica a 160 años de su natalicio.
Presentada por vez primera en 2014 en Madrid, España y el año pasado en una temporada en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León, la exposición se inauguró en esta ciudad el pasado 9 de marzo.
Entre las novedades que tiene se encuentran una instalación de realidad aumentada  -creada ex profeso por el Centro Multimedia del Cenart en la cual se conoce el avión de despegue vertical, que sirvió de inspiración para los aviones caza Harrier y Mirage-, así como un programa de actividades complementarias para conocer a la figura de Tesla.
La muestra presenta un recorrido cronológico por la biografía de Tesla pasando por sus descubrimientos, inventos, aportaciones y vaticinios, por lo que el montaje está dividido en siete apartados creados con la ayuda de un grupo de especialistas para adaptar las piezas tecnológicas e integrar una propuesta dinámica.
De acuerdo con el rigor científico que Nikola Tesla defendió en cada uno de sus proyectos, para esta ocasión se desarrolló bajo criterios de diseño y producción sostenibles con el objetivo de causar el menor impacto posible en el ambiente.
Tesla fue pionero en robótica, los aviones de despegue vertical, las armas teledirigidas, las lámparas de bajo consumo, las energías alternativas o la transmisión inalámbrica de electricidad. Sin embargo, tras morir fue olvidado hasta inicios del siglo XX
El futuro me pertenece: Nikola Tesla estará hasta el 12 de junio en las Galerías Central, Alternativo y Arte Binario del Cenart en horarios de martes a domingo de 10 a 18 horas.

Fuente