jueves, 31 de marzo de 2016

La Revolución de las Canas 2016 03 31

Error con un algoritmo cambió resultado de la primera subasta para electricidad

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El titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, ayer durante la presentación de resultados de la primera subasta eléctrica, realizada en el Polyforum SiqueirosFoto Roberto García Ortiz
Julio Reyna Quiroz
 
Periódico La Jornada
Jueves 31 de marzo de 2016, p. 24
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) comprará energía a partir de fuentes solar y eólica a 11 empresas que ganaron la primera subasta de largo plazo de certificados de energías limpias y de energía eléctrica, y no a siete, como se anunció el martes pasado.
El director del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), Eduardo Meraz Ateca, informó ayer que 11 empresas nacionales y extranjeras ganaron la subasta con ofertas económicas para el desarrollo de 18 proyectos en siete estados de la República Mexicana.
Sin embargo, el martes pasado Meraz Ateca y el subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía (Sener), César Emiliano Hernández Ochoa, habían anunciado como ganadores de la subasta a siete compañías con 11 proyectos en cinco entidades solamente.
Al concluir este miércoles el acto protocolario por el cual se dio por concluida la subasta, Hernández Ochoa explicó que las ofertas de una empresa debieron ser desechadas porque no se apegaron a lo establecido en las bases de licitación.
Tras una evaluación del Cenace se hizo un ajuste mediante un algoritmo la noche del martes, en presencia de los testigos sociales de la subasta, del cual tres empresas fueron eliminadas y siete fueron seleccionadas.
Con base en los informes de la Sener y de la Cenace, las empresas que salieron de la primera lista ganadora son: Parque Eólico Reynosa III, Alten Energías Renovables y Gestam Wind México, cuya propuesta había sido considerada atípica.
Las compañías que ahora resultaron seleccionadas son: Energía Renovable de la Península, Aldesa Energías Renovables, Vega Solar 1, Jinkosolar Investment, Photoemeris Sustentable, Sol Insurgentes y Consorcio Energía Limpia 2010. Estas firmas se suman a las anunciadas por primera vez el martes: SunPower México, Enel Green Power, Recurrent Energy México Development y Energía Renovable del Istmo II.
Hernández Ochoa indicó que si no se hubieran hecho los ajustes tendríamos un tema de resultados que no serían validados por las empresas y consideró importante que las compañías sientan que fue un proceso justo. Existe la huella de los ajustes técnicos en la página del Cenace, donde está alojado el algoritmo que se utilizó para la modificación, dijo.
El titular de la Sener, Pedro Joaquín Coldwell, afirmó que en este mecanismo de subasta ganaron la transparencia y el principio de la libre competencia, y se demostró que las tecnologías limpias para la generación de energía son atractivas para la inversión y competitivas frente a los combustibles fósiles.
A su vez, el director general de la CFE, Enrique Ochoa Reza, dijo que el gobierno federal tiene el objetivo de brindar a México un servicio de energía de calidad, a bajo costo y amigable con el medio ambiente.
En penumbras
La ceremonia convocada ayer para concluir la primera subasta de largo plazo del mercado eléctrico mayorista, en el Polyforum Siqueiros, fue suspendida durante casi 50 minutos debido a una falla técnica en el sonido y en la iluminación del recinto.
El subsecretario Hernández Ochoa apenas tuvo tiempo de dar la bienvenida a empresarios del sector eléctrico y al titular de la Sener, antes de que las bocinas y las luces instaladas para la ceremonia comenzaran a apagarse. El recinto no quedó a oscuras gracias a las cuatro lámparas montadas en lo alto del mural de David Alfaro Siqueiros, La Marcha de la Humanidad.
 
 
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Convoca el Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar a su campaña de afiliación este fin de semana

Foto: Cimac
Foto: Cimac
México, DF, 30 de marzo.- El Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH) iniciará el próximo fin de semana una campaña nacional de afiliación al recién creado Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, con el fin de  difundir los derechos laborales de este gremio.
El anunció se dio hoy, en la conmemoración del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, instaurado por la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (Conlatraho) en 1988.
Según se dio a conocer, las activistas del CACEH harán una jornada de recolección de firmas en la Ciudad de México y los estados de Chiapas, Estado de México, Colima y Puebla, para exigir que las autoridades ratifiquen el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), avalado por el Estado mexicano desde 2011.
Este domingo 3 de abril las trabajadoras organizadas instalarán en la Alameda Central de la capital mexicana una radio cabina para hablar sobre los derechos de las trabajadoras del hogar, y afiliar a las mujeres al sindicato.
Las firmas recolectadas este fin se semana se enviarán al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para recordarle que en 2014 se comprometió públicamente a ratificar el sindicato, sin que hasta ahora haya cumplido, subrayó Marcelina Bautista Bautista, presidenta de CACEH.
El gobierno federal, a través de la Segob, ha prometido que ratificará el Convenio 189, implementado ya en otros países, como Uruguay.
No obstante, aún no hay fecha para tal reconocimiento, y las trabajadoras desconocen el proceso de revisión del mismo, pues mientras la Secretaría de Relaciones Exteriores les informó en abril de 2015 que el trámite se encontraba en la etapa inicial de consulta tripartita, las Secretarías de Trabajo y de Gobernación les aseguran que apenas está por ratificarse el acuerdo internacional.
El Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar fue aprobado hace cinco años por la OIT para exigir que se brinden las condiciones de un trabajo digno para las y los empleados del hogar en el mundo, mediante la seguridad social, un salario justo, jornadas de trabajo reglamentadas y la no discriminación, así como el reconocimiento de todos los derechos laborales para este gremio.
En México se desempeñan 2.3 millones de personas, con el 90 por ciento de mujeres, en este ámbito laboral.
(Cimac)

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Aprueban diputados minuta senatorial con la nueva norma de transparencia


Roberto Garduño y Enrique Méndez
 
Periódico La Jornada
Jueves 31 de marzo de 2016, p. 4
Con el voto de todas las bancadas, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen a la minuta del Senado con la nueva ley de transparencia, que deja fuera de la revisión pública los contratos de empresas privadas con Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como sus filiales, pero también a los recursos extraordinarios que reciben los legisladores.
En la reunión de ayer, los diputados modificaron el orden del día para incluir el proyecto de dictamen, introducido por el PRI mediante la diputada Sharon Cuenca (PVEM), que no cambia el contenido de la minuta de los senadores a pesar de las observaciones que hizo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
El dictamen quedó avalado por los diputados de todos los partidos, incluidos Morena y Movimiento Ciudadano, a pesar de las críticas de estos últimos al procedimiento. Al alimón, priístas, panistas, perredistas y verdes presionaron al presidente de la comisión, Rogerio Castro (Morena), para modificar el orden del día, luego de que ayer el grupo de trabajo constituido con objeto de lograr un consenso sobre el documento no llegó a acuerdos.
Castro intentó conducir la sesión para que se discutiera tanto su proyecto como el de PRI-PVEM. Sin embargo, priístas y panistas advirtieron que echarían mano de su mayoría para que su dictamen se aprobara ayer mismo, con objeto de que el pleno lo discuta la próxima semana.
El vicecoordinador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, cuestionó que el presidente de la comisión sólo quería retrasar lo inminente. ‘‘Nadie va a dar albazos. Lo que no se vale es que agarren la pelota y la escondan. El tema lleva meses de discusión, se escuchó al que ha querido, no podemos distraer a la opinión pública y no eludir una votación porque se sabe el resultado’’, dijo.
En ese mismo tono, Cecilia Romero (PAN) dijo que si no se llegó a un consenso para ajustes al documento, pues ‘‘¡qué lástima! Pero la comisión debe decidir. No es que nos saltemos las trancas ni que sea un mayoriteo. ¡Es ejercer la democracia! Soy de oposición y las mayorías ganan, ¡ni modo!’’
Antes, el coordinador del PRD, Francisco Martínez Neri, justificó el voto de su partido por mantener sin cambios la minuta con el argumento de que incluso la propia presidenta del Inai, Ximena Puente, pidió expresamente a Jesús Zambrano, presidente de la mesa directiva de la cámara, no modificar la ley.
Ello, aun cuando el propio instituto envió a la Comisión de Transparencia un documento donde planteó considerar a Pemex, CFE y sus filiales sujetos obligados por su carácter estratégico.
En su propuesta, el Inai ejemplificó que Pemex Internacional comenzó a negar información a partir de 2014, una vez que se modificó la estructura de la empresa, incluso datos de los que aún operaba como paraestatal, y por ello el instituto se ha declarado incompetente ante las solicitudes de ciudadanos.
Al final, el PRI exigió a Rogerio Castro un desglose financiero de los gastos de la comisión. El diputado de Morena ofreció entregarlo ‘‘sin ningún problema’’.
 
 
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Apoyo gremial a trabajadores de Lexmark

Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Jueves 31 de marzo de 2016, p. 17
Centrales obreras internacionales demandaron a los directivos de la empresa Lexmark en Ciudad Juárez que frenen hostigamiento, despidos y violaciones laborales contra los trabajadores de esta planta. y los problemas de acoso sexual que se han presentado en la misma.
Los empleados iniciaron desde hace meses movilizaciones para reclamar a Lexmark que incumplió el prometido aumento salarial de 35 centavos diarios, no les pagó aguinaldo en diciembre del año pasado, además de que tienen inaceptables condiciones de trabajo, ya que están expuestos a químicos tóxicos sin la debida protección.
Lejos de resolver esta situación, la compañía despidió a cerca de 120 trabajadores y realizó una serie de actos de hostigamiento y amenazas contra ellos. Además, la gerencia local llevó a cabo acciones para intimidar y sobornar a los trabajadores para que abandonen sus esfuerzos por organizarse sindicalmente.
Ante ello, organizaciones como AFL-CIO, United Steelworkers, IndustriALL Global Union, Communications Workers of America y Maquila Solidarity Network, enviaron una carta al director en jefe de Lexmark International, Paul Rooke; al director de recursos humanos para América Latina y al vicepresidente general, Robert Patton, en la que consideran inconcebible que una empresa que declara respetar la libertad de asociación y no tolerar el acoso o la discriminación, permita una crisis laboral como la de Juárez.

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México, en regresión autoritaria: Álvarez Icaza

Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH. Foto: Germán Canseco
Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH. Foto: Germán Canseco

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza , denunció que México está entrando “en una regresión autoritaria”.
Lo anterior, luego de que se abrió una investigación por la denuncia penal “temeraria e infundada” presentada contra él por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C.

“Ni en el Perú de (Alberto) Fujimori, ni en la Venezuela de [Hugo] Chávez, no hay precedente de investigación previa sobre el secretario ejecutivo de la CIDH. México se está poniendo en una regresión autoritaria”, dijo Álvarez Icaza en una rueda de prensa.
Álvarez Icaza recordó que cuando firmó el convenio con México lo hizo por “delegación” del secretario general de la OEA, organización de la que la CIDH es órgano autónomo.
“De continuar (el Gobierno de Enrique Peña Nieto) con su campaña (de desprestigio), será una señal clara de un regreso al México autoritario”, subrayó Álvarez Icaza.
“Si (el Gobierno mexicano) ataca así a los organismos internacionales, cómo se puede esperar que actúe con los defensores de los derechos humanos en su país”, agregó el secretario ejecutivo de la CIDH.
El secretario ejecutivo expresó así el malestar de la Comisión luego de que se abriera una investigación previa a raíz de la denuncia penal presentada contra él hace dos semanas por el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, José Antonio Ortega Sánchez,
La averiguación previa de la PGR contra de Emilio Álvarez Icaza es por el presunto delito de fraude en perjuicio de la Federación, por un monto aproximado de 2 millones de dólares.
José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, interpuso la denuncia desde el pasado 16 de marzo, y explicó que el fraude consiste en que el acuerdo entre la CIDH y el gobierno mexicano implicaba que la primera enviaría a México como expertos a personas probas, pero los cinco integrantes del GIEI son todo lo contrario, y tres de ellos son deshonestos, y no han contribuido a la localización de los desaparecidos y al esclarecimiento de los hechos.
Álvarez Icaza considera “inaudito” que México haya abierto una investigación previa sobre esa denuncia y participe en una “campaña de desprestigio” contra el grupo después de haber solicitado la asistencia técnica de la CIDH, de reconocer el informe del grupo, y hasta de sugerir algunos de los nombres de expertos.
“Solo el hecho de procesar esa denuncia es un ataque”, consideró el secretario ejecutivo de la CIDH, que planea volver a su México natal para seguir trabajando en la defensa de los derechos humanos una vez concluya su mandato el próximo 16 de agosto.
“Los ataques se vienen dando desde octubre (de 2015) y ya hemos tenido que salir dos veces, y en ocasiones los silencios son más preocupantes”, agregó Álvarez Icaza.
El secretario Ejecutivo de la CIDH agregó además que el organismo internacional que representa no ha sido informado por parte del Gobierno mexicano de que el trabajo del grupo que investiga la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no vaya a continuar después del 30 de abril.
Ayer, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, descartó una nueva prórroga y reiteró que el mandato del GIEI concluye en un mes.
El grupo de expertos comenzó a trabajar en el caso en marzo de 2015 en virtud de un acuerdo alcanzado entre la CIDH, el Gobierno mexicano y los familiares de las víctimas.
Tras vencer el periodo de seis meses otorgado a los expertos, las partes acordaron ampliar el mandato hasta abril de este año y transferir la investigación de la Suprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO) a la de Derechos Humanos.
La comisión se reunirá el próximo lunes con el GIEI y el próximo miércoles con una delegación del gobierno mexicano en Washington “para saber qué pretende”, en el marco del 157 periodo de sesiones y audiencias públicas.
Durante la próxima semana, la Comisión se reunirá también con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para determinar “cómo proseguir” en este caso.

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El gobierno reduce su gasto y sube la deuda en el primer bimestre

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Víctor Cardoso
 
Periódico La Jornada
Jueves 31 de marzo de 2016, p. 23
Durante el primer bimestre de este año el gobierno federal redujo su gasto a 750 mil 700 millones de pesos, con respecto a los 810 mil 522.4 millones ejercidos en el mismo periodo del año pasado, lo que representó una disminución anual de 9.8 por ciento, que representan 59 mil 822 millones de pesos. Eso se debió particularmente a un recorte de 5.9 por ciento en subsidios, transferencias y aportaciones corrientes con los que se apoya la ejecución de programas sociales; una baja de 5.6 por ciento en el gasto corriente, una contracción de 15.6 por ciento en algunos gastos de operación; menores recursos para servicios personales; una disminución de 2.1 en el gasto federalizado y un aumento de 9.4 por ciento en el costo financiero por los adeudos contraídos en los mercados locales e internacionales.
Al presentar su reporte a febrero de las Finanzas públicas y la deuda pública, la Secretaría de Hacienda menciona que en el primer bimestre el déficit público acumulado fue de 70 mil 100 millones de pesos, cifra que resultó menor en 78 mil 600 millones a la registrada en el mismo lapso de 2015. En el periodo enero-febrero de 2016 el balance público registró un déficit de 70 mil 100 millones de pesos, que se compara con un déficit de 148 mil 700 millones de pesos en el mismo periodo de 2015, puntualizó la dependencia.
El balance de las finanzas públicas presentó ingresos presupuestarios en el periodo del informe por 684 mil 500 millones de pesos, cifra 1.6 por ciento más alta que el mismo concepto del año pasado.
Este balance estuvo compuesto por ingresos petroleros por 121 mil 900 millones de pesos, que fueron 10.1 por ciento superiores a los del mismo bimestre de 2015 debido a factores temporales de cobranza y tipo de cambio, que se proyecta se revertirán en los próximos meses para reflejar las disminuciones de precio y producción de petróleo.
También figura en el balance el concepto de ingresos tributarios no petroleros, que sumaron 439 mil 900 millones de pesos, es decir, 3.3 por ciento, basado en el fortalecimiento de la cobranza del impuesto sobre la renta, que presentó un incremento de 9.7 por ciento, aunque otros impuestos como el IVA y el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) presentaron una disminución de 0.5 y 11.3 por ciento, respectivamente. Los ingresos no tributarios, que sumaron 27 mil 400 millones de pesos, fueron 20.3 por ciento menores a los del mismo periodo de 2015.
Por lo que se refiere al endeudamiento, la Secretaría de Hacienda informó que los Requerimientos financieros del sector público (Rfsp), es decir, el concepto más amplio de la deuda, se ubicó en 8 billones 882 mil 800 millones de pesos, cifra 249 mil 300 millones mayor a la del mismo bimestre del año pasado. Casi dos terceras partes de este incremento, equivalente a 156 mil 100 millones de pesos, según Hacienda, se explica por los movimientos en el tipo de cambio.
Los Rfsp son el concepto de deuda más amplio en el registro de las finanzas públicas. Involucra la deuda pública interna y externa, más los compromisos de financiamiento adquiridos por el Instituto Nacional de Protección al Ahorro Bancario, el Fondo Nacional de Infraestructura, bancos de desarrollo, fondos de fomento, empresas públicas gubernamentales, programas de apoyo a deudores y Pidiregas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Así, de los Rfsp, los contraídos en el país se ubican en 5 billones 933 mil 267 millones de pesos, equivalentes a 66.8 por ciento del total. El mayor monto se registra como deuda del gobierno federal, que a febrero pasado llegó a 4 billones 864 mil 392.7 millones de pesos.
Paralelamente, los Rfsp externos calculados en pesos se elevaron al segundo mes a 2 billones 949 mil 504.3 millones. De esa cifra, el gobierno federal era responsable de un billón 561 mil 354 millones de pesos, mientras los organismos y empresas públicas (particularmente Pemex y CFE) tenían en el registro un billón 321 mil 876.8 millones de pesos.
 
 
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Alertan sobre posibilidad de que el caso Tlatlaya quede impune

La bodega en Tlatlaya donde militares ejecutaron a civiles. Foto: Miguel Dimayuga
PROCESO 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A unos meses de que se cumplan dos años de la ejecución de 22 personas por miembros del Ejército Mexicano en Tlatlaya, Estado de México, organizaciones sociales alertaron sobre la posibilidad de que el caso quede impune, al revelarse que los militares inculpados fueron exonerados por un tribunal castrense.
En un comunicado firmado por organizaciones encabezadas por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que representa a una de las tres sobrevivientes de los hechos, se destaca que el 15 de octubre del año pasado el Juzgado Sexto Militar, que depende de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), absolvió a seis de los siete militares involucrados en la masacre por el delito de infracciones de deberes militares, en tanto que al séptimo de los acusados lo condenó a un año de prisión por desobediencia, pena que ya fue purgada.

La anterior información pudo ser conocida recientemente por Clara Gómez González, sobreviviente de la masacre y madre de una de las víctimas mortales, Ericka de 16 años, y quien con el respaldo del Centro Prodh tuvo acceso al expediente gracias a un amparo.
Al resaltar que la exoneración evidencia la “parcialidad de los tribunales militares y las limitaciones de la reciente reforma a la justicia castrense”, que permite juicios paralelos, las organizaciones puntualizan que la impunidad en este caso está siendo fomentada también por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Entre las omisiones de la PGR identificadas por las organizaciones denunciantes, destaca la fragmentación de la indagatoria, “integrando varias averiguaciones previas y ha sido reticente para investigar cabalmente a todos los elementos del Ejército que pudieron estar involucrados en los hechos”.
Recordaron que en julio del año pasado, en su labor de coadyuvancia, el Centro Prodh solicitó a la PGR el desahogo de diversas pruebas derivadas de la instrucción que recibió la unidad castrense que llevó a cabo la masacre de “abatir delincuentes en horas de la oscuridad”.
El Centro Prodh “solicitó que los mandos miliares a cargo de emitir y supervisar dicha orden fueran citados a declarar a fin de deslindar responsabilidades por cadena de mando. Sin embargo, tras nueve meses la PGR no ha citado a ningún mando, eludiendo así sus deberes y negando un ejercicio elemental de rendición de cuentas”, reprocharon.
En cuanto a la CNDH, los firmantes del comunicado denunciaron que “perpetúa la opacidad del caso”, toda vez que el organismo presidido por Luis Raúl González Pérez “negó a la víctima Clara Gómez González la versión íntegra del expediente de seguimiento a la Recomendación 51/2014, argumentando que la Sedena había calificado información del expediente como reservada, en contra de la calificación del expediente hecha por el ombudsman anteriormente”.
Agregaron que el organismo público “tampoco ha informado de los resultados de la revisión de las órdenes militares vigentes en el país , y si éstas contienen instrucciones de ‘abatir delincuentes’, siendo un hecho público que en el contexto de sus operaciones en terreno las Fuerzas Armadas siguen refiriéndose en estos términos a la privación de la vida humana”.
Al reiterar que el tratamiento que autoridades están dando a este caso “apunta a que la impunidad podría prevalecer”, los firmantes recordaron que existen procesos judiciales pendientes de resolver, como el juicio en el ámbito civil que se sigue contra tres militares imputados por homicidio; la conclusión de la averiguación previa abierta por la PGR para investigar la cadena de mando “respecto a la orden de abatir”, en tanto que “permanece pendiente el cumplimiento del amparo ganado por Clara Gómez González para que la justicia militar no siga conociendo los hechos, expediente que recientemente ha sido remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”.
Urgen a investigar quién dio la orden
Frente al riesgo de negación de justicia, las organizaciones firmantes reiteraron la urgencia de que “se investigue la responsabilidad por la emisión de una orden que instruyó a abatir delincuentes, pues de acuerdo con el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, Christoph Heynes, esta deber ser indagada cabalmente dado que “las órdenes de oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales, deben consistir en arrestar, y sólo si se prueba necesario, el uso de la fuerza debe ser el mínimo necesario”.
El comunicado fue firmado por Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos; el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Freedom House, Servicio y Asesoramiento para la Paz, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; Centro Nacional de Comunicación Social; Instituto para la Seguridad y Democracia; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos, Todos los derechos para todas y todos, Red TDT.

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Recortaría Boeing hasta 8 mil empleos

Reuters
 
Periódico La Jornada
Jueves 31 de marzo de 2016, p. 26
Boeing planea eliminar hasta 8 mil empleos en su división de aviones comerciales este año, según dos personas conocedoras del tema, decisión que podría reducir los costos en mil millones de dólares y ayudarle en la batalla por las ventas que tiene con su rival europeo Airbus.
Boeing reconoció que tiene previsto recortar cerca de 4 mil empleos en su división de aviones comerciales hacia mediados de año, y otros 550 en una división que realiza pruebas de vuelo y de laboratorio.
Fuentes aseguraron que el objetivo amplio de la compañía es reducir 10 por ciento el empleo en su unidad de aviones comerciales, que tiene cerca de 80 mil trabajadores. Boeing dijo que la cifra de 8 mil es hipotética, y que no tiene un objetivo específico de reducción de puestos laborales. No hay una meta de reducción de empleos, afirmó el portavoz, Doug Alder. Mientras mejor podamos controlar los costos, menor será el impacto en el empleo, destacó.
Boeing está disfrutando de su mayor auge en tiempos de paz en sus 100 años de historia, incrementando la producción de aviones a niveles históricos, pero empleando a menos trabajadores que en el pasado y bajando otros costos en su intento por competir en ventas con Airbus.
Miles de plazas en riesgo por salida de Tata Steel de GB
La siderúrgica india Tata Steel quiere vender la mayor acería de Gran Bretaña, con lo que se ponen en riesgo miles de empleos y se obliga al gobierno a buscar una solución antes de un referendo de la Unión Europea, región dominada por preocupaciones sobre la economía.
Después de una reunión maratónica de su directorio en Mumbai, Tata Steel dijo que pondría fin a su emprendimiento de casi una década en Gran Bretaña y que dejaría el país por completo.
La empresa se ha visto afectada por la caída de precios, los altos costos y la competencia más barata de China. Tata dijo que su desempeño financiero en Gran Bretaña se ha deteriorado fuertemente en los últimos meses y que dejaría el país apenas pueda.
La decisión podría impactar en el referendo del 23 de junio sobre la permanencia de Gran Bretaña en la Unión Europea (UE). Medios que abogan por un Brexit (salida de Gran Bretaña del grupo) culpan a Bruselas de impedir que Londres tome mayores medidas para proteger la industria, aunque quienes defienden su pertenencia al bloque afirman que la política de la UE no es la responsable de los problemas de la industria.

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