viernes, 15 de abril de 2016

Tejiendo Redes 2016 04 15

De Portafolios y Mochilas 2016 04 15

ANUEE 2016 04 15

Tianguis de Comercio Justo y Solidario en el SME



Explotan restaurantes de comida rápida a empleados


Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Viernes 15 de abril de 2016, p. 12
Explotación de jóvenes trabajadores, inexistencia de seguridad social y constantes violaciones laborales contra sus empleados, así como inestabilidad y contratos de protección que impiden la libertad sindical, son prácticas recurrentes de establecimientos de comida rápida, como McDonalds, denunciaron integrantes de organizaciones no gubernamentales que realizaron ayer un mitin frente a un establecimientos de este restaurante ubicado en Insurgentes y Reforma.
La movilización se dio en el contexto del Día de Acción Global de trabajadoras y trabajadores de comida rápida contra el empleo esclavizante y precario, que tiene lugar en 40 países y las principales ciudades de Estados Unidos.
El Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas), cuyo coordinador general es Héctor de la Cueva, dio a conocer que en México esta franquicia tiene un sindicato blanco operado por el prófugo Rubén Gámez, quien detenta con su gremio denominado Justo Sierra la contratación colectiva de los trabajadores de esta empresa, obteniendo millonarias ganancias.
Indicó que en el país miles de empleados jóvenes –en su mayoría estudiantes– son víctimas no sólo de bajos salarios, sino de condiciones laborales de explotación, donde cubren horarios extendidos sin paga adicional, no tienen los descansos de ley ni prestaciones y mucho menos son afiliados al Seguro Social ni se pagan sus cuotas al Infonavit.
La empresa busca sobre todo a este tipo de trabajadores que aceptan por necesidad ingresos ínfimos y provoca una elevada rotación de empleados, con el perverso propósito de impedir la generación de derechos que otorguen seguridad en el trabajo, planteó el Cilas.
Los manifestantes portaban pancartas en las que se leía: McExplotación, Respeto a la Ley Federal del Trabajo y Libre sindicalización.
A la protesta se sumaron jóvenes que señalaron haber laborado para esta cadena. Una de ellas, de nombre María Alejandra, señaló que los contratan como empleados multifunciones, que lo mismo en unas horas preparan comida o arman empaques, que en otras limpian tanto las mesas del establecimiento como los pisos o incluso los baños.
Dijo que ganan entre uno y dos salarios mínimos y que aunque le dijeron que si estaba afiliada al Seguro Social, nunca le dieron un papel que lo comprobara.
 
 
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Marchan miles por cambios de la SEP que involucran al Politécnico

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Miles de estudiantes participaron la víspera en el mitin convocado por Asamblea General Politécnica en la ESIME ZacatencoFoto Roberto García Ortiz
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Politécnicos atestaron ayer la calle de Argentina, en el Centro Histórico, durante la movilización a la Secretaría de Educación PúblicaFoto Marco Peláez
Arturo Sánchez Jiménez
 
Periódico La Jornada
Viernes 15 de abril de 2016, p. 33
Con una marcha a la Secretaría de Educación Pública (SEP), miles de estudiantes politécnicos exigieron ayer una explicación por los cambios hechos en la dependencia federal que involucran al Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Sus dudas y su molestia surgieron tras un acuerdo publicado el 6 de abril en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mediante el cual el Politécnico quedaba adscrito orgánicamente a la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, de la cual depende el instituto, y que fue modificado el martes pasado con una aclaración que decía que el IPN quedaba adscrito a la oficina del secretario de Educación.
Dos mítines se celebraron antes de que los politécnicos decidieran ir a la SEP, uno en Zacatenco y otro en el Casco de Santo Tomás. Ambos fueron convocados por la Asamblea General Politécnica (AGP). Los patios de Zacatenco y las calles del Casco se llenaron de jóvenes que querían información sobre lo que estos acuerdos implican para su escuela. Porque en los últimos días ha habido rumores. Unos decían que quedar adscritos a la subsecretaría podría significar que al Politécnico le quiten su bachillerato, otros, que estar en la oficina del secretario puede traer cambios que lleven a los docentes y estudiantes de las vocacionales a ser evaluados con criterios externos a los del instituto, y unas voces más se preguntaban si esto modificaría las condiciones laborales de los politécnicos, si les quitarían Canal Once, Cinvestav u otros organismos.
En el centro del debate
Estos temas fueron el centro de las discusiones, días antes, en asambleas y reuniones de maestros, trabajadores y alumnos en distintas escuelas, y la AGP planteó preguntas al respecto al director general del IPN, Enrique Fernández Fassnacht, en las sesiones de trabajo que tienen con él para preparar el Congreso Nacional Politécnico.
Pero al parecer las respuestas no fueron suficientes. Ayer, a eso de las tres de la tarde, salieron miles en marcha y llegaron a las cinco a la SEP. Ahí exigieron que el titular de Educación, Aurelio Nuño, los atendiera en persona, en la calle. Algo semejante a lo que lograron que hiciera el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hace año y medio.
Pedimos que se cancele ese acuerdo y que Aurelio Nuño nos explique las implicaciones que tiene para el Politécnico, exigieron en las puertas de la SEP, donde había decenas de policías vigilando las instalaciones.
Nadie los atendió. Somos una comunidad organizada, que está por celebrar un Congreso inédito en la historia del Politécnico y no es posible que en este momento nos salgan con esto de movimientos que afectan al instituto, señalaron miembros de la AGP desde el techo de un camión que sirvió como templete.
Algunos consideran que estos acuerdos, que son de carácter administrativo, según las autoridades, podrían desbaratar el Congreso. Pese a que no se toca la Ley Orgánica del Politécnico –que sólo puede ser modificada por el Congreso de la Unión–, la AGP ve que puede significar el inicio de un desmembramiento del instituto. Por eso pidió aclaraciones.
Por la noche llegó la explicación. Fernández Fassnacht convocó a una conferencia de prensa. Ahí dijo que la publicación del acuerdo y su aclaración desafortunadamente crearon mucha confusión en el Politécnico, incluso en el sentido de que algunos no sabían que el instituto está adscrito a la SEP, aunque esto es así desde su creación.
Nada se modifica
Los acuerdos no implican ningún cambio ni la desaparición de las vocacionales ni la separación de los organismos del instituto ni modificaciones a la situación de sus trabajadores, aseveró. Para hacer este tipo de cosas habría que reformar la Ley Orgánica, y eso no está pasando, sostuvo.
El director, quien ha dicho que quizá la causa principal del paro de 2014 fue la falta de comunicación entre las autoridades y la comunidad politécnica, indicó que se han hecho campañas de información a funcionarios, profesores y alumnos del Consejo General Consultivo, con las secciones sindicales, y hemos logrado, con ellos, aclararles la situación, pero el Politécnico es muy grande y no hemos logrado transmitir esta confianza a todos sus integrantes.
Fassnacht indicó que detectó que había molestia entre los politécnicos por estar en la subsecretaría, así que él mismo habló con el titular de la SEP y con el presidente Enrique Peña Nieto para que el Politécnico fuera adscrito a la oficina del secretario de Educación.
Los estudiantes acordaron que hoy irán nuevamente a buscar al secretario Nuño a la reunión que sostendrá con miembros de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana.
 
 
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En México ¿Estamos al Borde del Estado de Sitio? LA SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS NO PODRÁ DEROGARSE

*Una Vez que Entre en Vigor Podrá Prorrogarse y Prorrogarse y Prorrogarse...Eso Sí.
*Aprobarán "Otro" como Motivo de Suspensión de Derechos y Garantías.
*Esta Ley ya se Aprobó en la Cámara de Senadores y Está por Ratificarse por Diputados.
*Calderón con la Campaña de Terror Sobre la "Influenza" Suspendió Garantías Ilegalmente.
*Los Juicios de Amparo no Podrán Cancelar el Decreto de Suspensión de Garantías.
*Esto no es un Error. Es parte del Proyecto " México  20-30" que Hizo Publico Calderón.
 

Una vez que se emita el decreto de suspensión de derechos humanos y garantías en México, podrá prorrogarse pero no podrá "modificarse, suspenderse ni derogarse" durante su vigencia, así lo establece el artículo 6 de la Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que está por aprobarse en la Cámara de Diputados. Y no define cuántas veces será posible ratificar o ampliar dicho decreto.
Sólo el presidente de la República podrá modificar dicho decreto de suspensión de derechos y garantías, se establece en el artículo 18 de esta minuta. Por lo que si desaparecen las razones que lo motivaron continuará vigente si el titular del ejecutivo no cambia su disposición. Este decreto sólo podrá echarse abajo por una resolución de inconstitucionalidad de la Suprema Corte (artículo 24), pero en los juicios de amparo no será procedente la suspensión, salvo que se trate de derechos y garantías que no hayan sido materia del decreto de restricción o suspensión, o se trate de los comprendidos en el artículo 7 de esta Ley (artículo 25).
Un motivo de suspensión de garantías es "otro", como se establece en el artículo segundo de esta minuta señala, pero no define que significa ese concepto y lo deja al libre criterio del presidente de la República y de los diputados y senadores que avalen su decreto:
"Artículo 2.   La restricción o suspensión sólo procederá en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública u otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto".
Este es un proyecto de ley que ya fue aprobado en la Cámara de Senadores el 09 de diciembre de 2015 y, por esa razón, se denomina minuta. Durante las fiestas de fin de año los senadores y senadoras emitieron 41 votos a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 9 del Partido de la Revolución Democrática (PRD) -entre ellos Benjamín Robles y Raúl Morón-, 31 del PAN, 4 del Verde Ecologista, 1 del Partido del Trabajo (Martha Palafox) y sólo 8 votos en contra -4 del PRD y 4 del PT.
Dicha minuta se recibió en la Cámara de Diputados el 14 de diciembre de 2015, misma que ya se aprobó en la Comisión de Gobernación y está en vías de aprobarse en la Comisión de Derechos Humanos y en el pleno. Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
En su artículo tercero la minuta de ley reglamentaria para la suspensión de garantías en México, define que deberá entenderse como grave peligro o conflicto: "circunstancias excepcionales que generan afectaciones a la población por factores de orden sanitario, ambiental, climático, químico o físico. No especifica que el ejecutivo debe comprobar que se trata de afectaciones reales ni que sean situaciones que las autoridades no puedan controlar en condiciones ordinarias.
En México existe el antecedente del 25 de abril del 2009, fecha en que entró en vigor un decreto del entonces presidente Felipe Calderón, quien con el pretexto de "la influenza" suspendió los derechos constitucionales de reunión, de manifestación pública y de inviolabilidad de domicilio. Rodrigo Olvera Briseño, defensor de derechos humanos, interpuso un amparo contra ese decreto sanitario porque el ex mandatario tampoco cumplió con la obligación de someterlo a aprobación del Congreso de la Unión. (Leer Noticia Relacionada: PRESIDENCIA Y SSA RETRASAN SOLUCIÓN DE AMPAROS http://www.frecuencialaboral.com/decretosanitarioinconstitucional.html).
El gobierno nunca demostró que la influeza fuera una epidemia ni que se tratara de una situación sanitaria incontrolable. El recuento final fue que de cada 100 mexicanos que corrieron a los hospitales pidiendo atención de urgencia, sólo 5 tenían la enfermedad realmente, los demás estaban influenciados pero por la campaña de terror que se implementó en medios masivos de comunicación. En cambio dicho ordenamiento sí provocó daños económicos y cierre de negocios en el sector restaurantero y turístico, generó desempleo e impidió la manifestación pública del "día del trabajo". (Leer Noticia Relacionada: "LA INFLUENZA: CAMPAÑA DE TERROR QUE ENCUBRIÓ OTRO PROPÓSITO" http://www.frecuencialaboral.com/influenzamentiraparaviolarderechos2014.html)
Rodrígo Olvera opinó que esta ley de suspensión de derechos y garantías, no es un error. es parte de un proyecto que hizo público el ex presidente panista Felipe Calderón con su proyecto México   20-30. "No son errores ni improvisaciones es un proyecto que beneficia a un grupo en concreto y que destruye las bases del bien común. Y la única forma de enfrentar este proyecto es de manera organizada. Y sólo podemos enfrentarlo de manera organizada y tenemos que atender las mejores prácticas y experiencias de resistencia civil."
El concepto de "perturbación grave de la paz pública" se define en la minuta que está por ratificarse en la Cámara de Diputados como "situaciones de violencia que alteren la estabilidad social y pongan en riesgo la integridad, seguridad o libertad de la población o de una parte de ella; y que representen una amenaza a la capacidad de las instituciones del Estado para hacer frente a dichas afectaciones".
Para Edgar Cortez, coordinador del área de Seguridad Ciudadana y Justicia del Instituto Mexicano de Derechos Humanos, no está claro a qué número si por "población o una parte de ellas" se refiere a una pequeña población o a dos o tres personas y se corre el riesgo de que por un hecho aisladose emita un decreto para todo el país.
También otorga al titular del poder ejecutivo la facultad exclusiva de emitir el decreto de suspensión de garantías o derechos humanos inscritos en la constitución mexicana, sin consultar a los miembros de su gabinete y al o la titular de la Procuraduría General de la República, aunque sí debe someterlo a aprobación al congreso de la unión o comisión permanente.
En su artículo 7 señala que respetará los acuerdos y pactos internacionales, deberán observarse las obligaciones que imponen los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como el Derecho Internacional en la materia y no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los siguientes derechos:
I.   A la no discriminación;
II.   Al reconocimiento de la personalidad jurídica;
III.   A la vida;
IV.   A la integridad personal;
V.   A la protección a la familia;
VI.   Al nombre;
VII.   A la nacionalidad;
VIII.   Los derechos de la niñez;
IX.   Los derechos políticos;
X.   Las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna;
XI.   El principio de legalidad y retroactividad;
XII.   La prohibición de la pena de muerte;
XIII.   La prohibición de la esclavitud y la servidumbre;
XIV.   La prohibición de la desaparición forzada, la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;
XV.   La prohibición de la privación de la libertad por no poder cubrir una obligación contractual;
XVI.   La prohibición de las detenciones arbitrarias;
XVII.   EI derecho de las personas privadas de la libertad a ser tratadas humanamente y con el respeto debido a su dignidad inherente;
XVIII.   La prohibición del desplazamiento o expulsión forzados;
XIX.   Aquellos otros que así se determinen por la Constitución y el Derecho Internacional, y
XX.   Las garantías administrativas y judiciales indispensables para la protección de los derechos no susceptibles de restricción ni de suspensión, conforme al debido proceso.
Y el Artículo 8 inscribe que durante la restricción o suspensión se deberán seguir observando, sin excepción, los siguientes principios:
I.   Pro persona;
II.   No discriminación por ninguna condición;
III.   Legalidad;
IV.   Irretroactividad de leyes, y
V.   Debido proceso.

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Hoy, movilización de la CNTE contra la reforma educativa en 28 estados

Laura Poy Solano
Periódico La Jornada
Viernes 15 de abril de 2016, p. 11
El magisterio disidente se movilizará hoy en todo el país como parte del inicio de una nueva jornada de lucha contra la reforma educativa, por la defensa de la enseñanza pública y la estabilidad laboral, por lo que desde las primeras horas de este viernes se convocó al bloqueo de carreteras, puertos y pasos fronterizos.
Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) señalaron que el acuerdo es realizar acciones simultáneas y coordinadas en por lo menos 28 entidades. En la capital del país realizarán un mitin a las 18 horas en la explanada del Palacio de Bellas Artes. Además, una comisión acudirá a la una de la tarde a la embajada de Brasil en México para entregar una carta de apoyo a la presidenta Dilma Rousseff.
Enrique Enríquez Ibarra afirmó que cada contingente acordó movilizarse de acuerdo con sus condiciones, pero todos nos sumarenos a esta jornada de protesta, pese a las amenazas que insistentemente lanza el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer.
De acuerdo con el plan de acción aprobado durante su asamblea nacional representativa del pasado día 10, también se desplegará una jornada informativa para impulsar el paro indefinido que prevén empiece el próximo 15 de mayo.
Al respecto, Rubén Núñez Ginés, secretario general de la sección 22 de Oaxaca, señaló que la dirigencia nacional de la CNTE se mantendrá muy atenta de todos los casos de abritrariedad y represión contra el magisterio, tras señalar que pese a la detención del secretario de finanzas del magisterio oaxaqueño, Aciel Sibaja Mendoza, seguiremos exigiendo su liberación inmediata, pero también reiteraremos nuestro rechazo total a la reforma educativa.

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PF y policía de Huitzuco participaron en desaparición de los 43, revela la CNDH

El ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez. Foto: Benjamin Flores
El ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez. Foto: Benjamin Flores

PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) alertó sobre la participación de dos agentes de la Policía Federal (PF), así como de las policías municipales de Iguala y Huitzuco, en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 y 27 de septiembre de 2014.
El ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez informó en conferencia de prensa que, de acuerdo con investigaciones del organismo, estudiantes que se trasladaban en el autobús 1531 de la línea Estrella de Oro fueron detenidos por policías de Huitzuco de los Figueroa, en el puente El Chipote, frente al Palacio de Justicia, lugar al que llegó un elemento del 27 Batallón de Infantería a tomar fotografías de los acontecimientos.
Los elementos municipales habrían entregado a los jóvenes a un capo apodado El Patrón, acción que habrían informado a los policías federales sin que éstos lo impidieran.
Acompañado del responsable de la Oficina Especial para el Caso Iguala, José Trinidad Larrieta Carrasco, González Pérez recordó que desde el 23 de julio de 2015 la CNDH pidió a la PGR “profundizar en las líneas de investigación para indagar sobre la posible participación en los hechos de otras corporaciones de seguridad pública municipal, entre ellas la de Huitzuco, en colusión con organizaciones criminales”, y de dos elemento de la PF, así como para abordar lo que llamó la “segunda ruta de desaparición”.
Al señalar que el caso Iguala sigue abierto y que la información que dio a conocer este jueves la hizo ya del conocimiento de los padres de las víctimas, el ombudsman consideró que la desaparición de los normalistas “constituye la más cruda expresión del horror y del enorme poder corruptor que pueden lograr las organizaciones delictivas en nuestro país”, aplicable a las policías municipales de Iguala y Cocula, y ahora con indicios de que lo sea en el caso de la corporación en Huitzuco, así como en el caso de dos agentes de la Policía Federal.
Durante la presentación de este reporte, acompañado de un video, se reconoció que la detención de los jóvenes que viajaban en el autobús 1531 de la empresa Estrella de Oro fue atestiguada por un miembro del Ejército Mexicano, quien para la CNDH debería ampliar su declaración.
El documento leído por Larrieta Carrasco cuestiona que los policías federales, uno de los cuales estaría identificado, hayan permitido el actuar de sus pares municipales de Iguala y Huitzuco en una carretera federal, cuestionamiento que no hace en el caso del militar, cuya función fue la de informar a la comandancia del 27 Batallón de lo que estaba ocurriendo.
De acuerdo con la narrativa del funcionario de la CNDH, un testigo presencial –quien pidió no ser identificado– describió que la noche del 26 de septiembre de 2014 agentes a bordo de dos patrullas de la Policía Municipal de Iguala persiguieron a los estudiantes que viajaban en el autobús 1531, les dispararon y poncharon las llantas del vehículo; golpearon los vidrios con palos y piedras y les echaron gases lacrimógenos para obligarlos a bajar, para enseguida esposarlos y someterlos en el suelo.
El testigo aseguró a la CNDH que los municipales subieron a unos jóvenes en una patrulla y que un policía gritó que “ya no cabían”, a lo que otro respondió que estaban por llegar “los de Huitzuco”. Minutos después llegaron tres patrullas, presumiblemente de aquella localidad, a donde habrían sido llevados los jóvenes.
La CNDH reconoció que el dato de lo de Huitzuco habría sido del conocimiento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que definió que en ese camión habrían viajado entre 15 y 20 estudiantes, entre ellos Alexander Mora Venancio, cuyos restos fueron identificados por el laboratorio forense de la Universidad de Innsbruck, en Austria, y que según la PGR fueron rescatados del río San Juan, en Cocula.
Según el testigo, a la escena del puente El Chipote arribaría una patrulla de la Policía Federal, de la que descendieron dos elementos, quienes hablaron con los policías sobre los muchachos, a lo que los de Iguala respondieron que “allá atrás chingaron a un compañero. Se los van a llevar a Huitzuco”, y el agente federal consideró que eso “está bien”.
Los agentes habrían atestiguado que los municipales de Iguala y Huitzuco se llevaron en cuatro camionetas a los jóvenes normalistas, para después regresar a sus patrullas.
Al señalar que el testigo habría identificado al policía federal que dialogó con el uniformado de Iguala, para la CNDH los agentes federales “habrían consentido que de manera indiscriminada dos corporaciones policiales municipales operen en dicha zona de jurisdicción federal; además asienten que los normalistas detenidos por la policía de Iguala sean llevados al territorio de un municipio diferente, contando con el auxilio de una policía que actúa fuera de su demarcación, como es el caso de la de Huitzuco”.
Aún más: también aprueban “que los normalistas sean llevados ante la presencia de quien pudiera ser un líder criminal, al que ellos mismos identifican como El Patrón. Y no sólo eso, también convalidan que sea ese individuo quien decida sobre el destino de los normalistas detenidos”.
El organismo advirtió que lo ocurrido con los agentes federales “trasciende a la omisión de haber actuado conforme a su condición de agentes de una corporación federal, garantes del orden y a lo que las circunstancias les imponían”, por tratarse de una carretera federal.
Además, sostuvo que los agentes no era ajenos a la colusión de los policías municipales con los delincuentes, y es de “suponer que también conocen a la persona que es referida como El Patrón”, lo que hablaría de la “permisibilidad de los agentes federales”.
La participación de policías federales, agregó Larrieta, coincide con declaraciones del chofer del camión y con las de dos policías municipales ante la Procuraduría de Guerrero y ahora procesados en el penal federal de Nayarit.
En su reporte, la CNDH hizo 17 recomendaciones a la PGR, entre ellas garantizar la integridad del testigo de estos hechos; realizar acciones de búsqueda en la zona de Huitzuco; indagar sobre la “interacción de las tres corporaciones con miembros de la delincuencia organizada”; investigar las cuentas bancarias de los policías federales, y solicitar la ampliación del soldado que estuvo presente durante la agresión.
También se sugirió a la PGR explicar cómo llegaron los restos de Alexander Mora a Cocula si es que se lo llevaron policías de Huitzuco; determinar por qué fueron desaparecidos los estudiantes que viajaban en los camiones que salieron de Chilpancingo, el 1531 y el 1568 de Estrella de Oro; ampliar la declaración del chofer y los policías detenidos, e identificar quién es El Patrón.
Asimismo, investigar a quienes aparecen señalados en narcomantas con los hechos, y recuperar el video del Palacio de Justicia, entre otras acciones.

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PF y policía de Huitzuco participaron en desaparición de los 43, revela la CNDH

El ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez. Foto: Benjamin Flores
El ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez. Foto: Benjamin Flores
 
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) alertó sobre la participación de dos agentes de la Policía Federal (PF), así como de las policías municipales de Iguala y Huitzuco, en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 y 27 de septiembre de 2014.
El ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez informó en conferencia de prensa que, de acuerdo con investigaciones del organismo, estudiantes que se trasladaban en el autobús 1531 de la línea Estrella de Oro fueron detenidos por policías de Huitzuco de los Figueroa, en el puente El Chipote, frente al Palacio de Justicia, lugar al que llegó un elemento del 27 Batallón de Infantería a tomar fotografías de los acontecimientos.
Los elementos municipales habrían entregado a los jóvenes a un capo apodado El Patrón, acción que habrían informado a los policías federales sin que éstos lo impidieran.
Acompañado del responsable de la Oficina Especial para el Caso Iguala, José Trinidad Larrieta Carrasco, González Pérez recordó que desde el 23 de julio de 2015 la CNDH pidió a la PGR “profundizar en las líneas de investigación para indagar sobre la posible participación en los hechos de otras corporaciones de seguridad pública municipal, entre ellas la de Huitzuco, en colusión con organizaciones criminales”, y de dos elemento de la PF, así como para abordar lo que llamó la “segunda ruta de desaparición”.
Al señalar que el caso Iguala sigue abierto y que la información que dio a conocer este jueves la hizo ya del conocimiento de los padres de las víctimas, el ombudsman consideró que la desaparición de los normalistas “constituye la más cruda expresión del horror y del enorme poder corruptor que pueden lograr las organizaciones delictivas en nuestro país”, aplicable a las policías municipales de Iguala y Cocula, y ahora con indicios de que lo sea en el caso de la corporación en Huitzuco, así como en el caso de dos agentes de la Policía Federal.
Durante la presentación de este reporte, acompañado de un video, se reconoció que la detención de los jóvenes que viajaban en el autobús 1531 de la empresa Estrella de Oro fue atestiguada por un miembro del Ejército Mexicano, quien para la CNDH debería ampliar su declaración.
El documento leído por Larrieta Carrasco cuestiona que los policías federales, uno de los cuales estaría identificado, hayan permitido el actuar de sus pares municipales de Iguala y Huitzuco en una carretera federal, cuestionamiento que no hace en el caso del militar, cuya función fue la de informar a la comandancia del 27 Batallón de lo que estaba ocurriendo.
De acuerdo con la narrativa del funcionario de la CNDH, un testigo presencial –quien pidió no ser identificado– describió que la noche del 26 de septiembre de 2014 agentes a bordo de dos patrullas de la Policía Municipal de Iguala persiguieron a los estudiantes que viajaban en el autobús 1531, les dispararon y poncharon las llantas del vehículo; golpearon los vidrios con palos y piedras y les echaron gases lacrimógenos para obligarlos a bajar, para enseguida esposarlos y someterlos en el suelo.
El testigo aseguró a la CNDH que los municipales subieron a unos jóvenes en una patrulla y que un policía gritó que “ya no cabían”, a lo que otro respondió que estaban por llegar “los de Huitzuco”. Minutos después llegaron tres patrullas, presumiblemente de aquella localidad, a donde habrían sido llevados los jóvenes.
La CNDH reconoció que el dato de lo de Huitzuco habría sido del conocimiento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que definió que en ese camión habrían viajado entre 15 y 20 estudiantes, entre ellos Alexander Mora Venancio, cuyos restos fueron identificados por el laboratorio forense de la Universidad de Innsbruck, en Austria, y que según la PGR fueron rescatados del río San Juan, en Cocula.
Según el testigo, a la escena del puente El Chipote arribaría una patrulla de la Policía Federal, de la que descendieron dos elementos, quienes hablaron con los policías sobre los muchachos, a lo que los de Iguala respondieron que “allá atrás chingaron a un compañero. Se los van a llevar a Huitzuco”, y el agente federal consideró que eso “está bien”.
Los agentes habrían atestiguado que los municipales de Iguala y Huitzuco se llevaron en cuatro camionetas a los jóvenes normalistas, para después regresar a sus patrullas.
Al señalar que el testigo habría identificado al policía federal que dialogó con el uniformado de Iguala, para la CNDH los agentes federales “habrían consentido que de manera indiscriminada dos corporaciones policiales municipales operen en dicha zona de jurisdicción federal; además asienten que los normalistas detenidos por la policía de Iguala sean llevados al territorio de un municipio diferente, contando con el auxilio de una policía que actúa fuera de su demarcación, como es el caso de la de Huitzuco”.
Aún más: también aprueban “que los normalistas sean llevados ante la presencia de quien pudiera ser un líder criminal, al que ellos mismos identifican como El Patrón. Y no sólo eso, también convalidan que sea ese individuo quien decida sobre el destino de los normalistas detenidos”.
El organismo advirtió que lo ocurrido con los agentes federales “trasciende a la omisión de haber actuado conforme a su condición de agentes de una corporación federal, garantes del orden y a lo que las circunstancias les imponían”, por tratarse de una carretera federal.
Además, sostuvo que los agentes no era ajenos a la colusión de los policías municipales con los delincuentes, y es de “suponer que también conocen a la persona que es referida como El Patrón”, lo que hablaría de la “permisibilidad de los agentes federales”.
La participación de policías federales, agregó Larrieta, coincide con declaraciones del chofer del camión y con las de dos policías municipales ante la Procuraduría de Guerrero y ahora procesados en el penal federal de Nayarit.
En su reporte, la CNDH hizo 17 recomendaciones a la PGR, entre ellas garantizar la integridad del testigo de estos hechos; realizar acciones de búsqueda en la zona de Huitzuco; indagar sobre la “interacción de las tres corporaciones con miembros de la delincuencia organizada”; investigar las cuentas bancarias de los policías federales, y solicitar la ampliación del soldado que estuvo presente durante la agresión.
También se sugirió a la PGR explicar cómo llegaron los restos de Alexander Mora a Cocula si es que se lo llevaron policías de Huitzuco; determinar por qué fueron desaparecidos los estudiantes que viajaban en los camiones que salieron de Chilpancingo, el 1531 y el 1568 de Estrella de Oro; ampliar la declaración del chofer y los policías detenidos, e identificar quién es El Patrón.
Asimismo, investigar a quienes aparecen señalados en narcomantas con los hechos, y recuperar el video del Palacio de Justicia, entre otras acciones.

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Confirma Peña desde Copenhague el fin de la estancia del GIEI en México

Foto
Alumnos de una escuela danesa muestran al presidente Enrique Peña Nieto algunos LegorobotsFoto Ap
Agencias
 
Periódico La Jornada
Viernes 15 de abril de 2016, p. 5
Copenhague.
Desde la capital danesa, donde cumplió una visita de Estado de dos días, el presidente Enrique Peña Nieto ratificó la determinación de su gobierno de no extender la estancia en el país del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso Ayotzinapa.
Por otra parte, desestimó críticas vertidas ante su inasistencia a la próxima Cumbre de las Naciones Unidas sobre Drogas, y precisó que no se trata de una actitud omisa. Anticipó que la próxima semana fijará la posición del gobierno federal y anunciará líneas de acción en materia de consumo de drogas, luego de los foros de consulta convocados por el gobierno federal. ‘‘Y lo habré de hacer en México’’, puntualizó.
En el foro de Naciones Unidas sobre el tema, indicó, la voz y la posición de México será responsabilidad de la canciller Claudia Ruiz Massieu. Y añadió: ‘‘Esto de ninguna manera nos exceptúa, nos hace omisos o impide que tengamos presencia en este foro de Naciones Unidas... México estará presente’’.
Peña Nieto habló en una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, quien fue interrogado por la prensa de su país sobre por qué firmar acuerdos comerciales ‘‘con un país (México) que ha sido criticado por violar derechos humanos’’. Y se le pidió al propio jefe del Ejecutivo mexicano responder a tales señalamientos.
Rasmussen convino: ‘‘Ciertamente esto causa preocupación; lo hemos debatido (con Peña) de manera abierta y constructiva’’, y mostró su disposición a ‘‘cooperar, a ayudar’’ con instrumentos como el acuerdo entre el Instituto Danés de Derechos Humanos y las autoridades mexicanas, signado en esta visita.
A su vez, el presidente Peña recalcó el compromiso ‘‘amplio y decidido’’ de México con los derechos humanos. Habló de avances en esta materia, aunque ‘‘sin desconocer que todavía hay retos y desafíos’’, dijo.
Mencionó la existencia de un órgano autónomo de protección a los derechos humanos, la apertura del país en la última década al escrutinio de organismos internacionales en esa materia y la atención a 75 por ciento de las más de 2 mil recomendaciones formuladas por aquéllos.
En relación con la permanencia de los integrantes del GIEI para el caso Iguala, el presidente Peña Nieto precisó: Ese plazo (30 de abril) ‘‘no irá más allá’’, porque así fue convenido, con un tiempo determinado, ‘‘que incluso fue ampliado a lo que originalmente el grupo de expertos había solicitado’’ de cuatro meses y se extendió a seis.
La postura del gobierno, añadió, se da ‘‘a partir de un acuerdo tomado con las partes en lo que hace al alcance de la participación de este grupo, que es la coadyuvancia en el proceso de investigación’’ a la autoridad competente en la materia, la Procuraduría General de la República (PGR). Y se espera, agregó, ‘‘que el informe que rinda este grupo de expertos coadyuve a la investigación exhaustiva y profunda que ha realizado la procuraduría’’.
En esta gira, el presidente Peña realizó una visita de cortesía a la presidenta del Parlamento de Dinamarca, Pia Kjaersgaard, y como último acto ofreció una cena a la reina Margarita II y al príncipe consorte Henrik. Entre los acuerdos firmados por los gobiernos de México y Dinamarca están dos en materia de cooperación en atención integral a la salud y en diabetes, sobre derechos humanos y uno más sobre energía. El mandatario vuelve a México la madrugada de este viernes.

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