lunes, 18 de abril de 2016

En Construcción 2016-04-18

ANUEE 2016 04 18

COMUNICADO URGENTE DE LA NUEVA CENTRAL DE TRABAJADORES DE MÉXICO.



A los Pueblos de América.

Al Pueblo de México.

La Nueva Central de Trabajadores de filiación Magonista repudia la acción golpista de la oligarquía brasileña que por la vía del "golpe de estado blando" intenta imponer un régimen de gobierno corrupto y autoritario que se de a la tarea de restaurar el modelo neoliberal de precarización del trabajo, despojo de los bienes comunes y derechos sociales del pueblo.

Los partidos de derecha, lo medios de comunicación oligárquicos así como la complicidad de los viejos y nuevos partidos liberales y socialdemócratas hacen frente común en contra de la democracia para alinearse con el intervencionismo norteamericano en desbocado afán de hacer retroceder las conquistas de los pueblos de América.

En esta hora crítica de alerta continental antiimperialista, la Nueva Central de Trabajadores alza la voz en contra del Golpe de Estado en Brasil y se apresta a movilizar a sus fuerzas para acudir al llamado de nuestros hermanos brasileños, venezolanos, argentinos, bolivianos de América del Sur que enfrentan la ofensiva imperialista que a toda costa pretende interrumpir la integración de una comunidad Latinoaméricana independiente y soberana.

Así mismo, hacemos llegar nuestra solidaridad al Pueblo Ecuatoriano en esta hora de dolor, pesadilla y muerte convencidos que sabrá, como otras veces, sobreponerse a tan terrible tragedia.

Sepan que el Pueblo de Zapata y Villa no se rinde y peleará hasta el final con nuestros hermanos latinoamericanos.

¡¡ Abajo el neoliberalismo!!
¡¡ Abajo la derecha fascista!!
¡¡ En BRASIL NO HABRÁ GOLPE HABRÁ LUCHA!!

¡¡Viva la LUCHA ANTIIMPERIALISTA DE LOS PUEBLOS DE AMÉRICA!!

Mañana martes 19 de Abril Jornada de Solidaridad con Venezuela y Brasil. Monumento a la Revolución a las 6:00 pm. Convocamos a todas nuestras organizaciones a manifestarse solidariamente a la misma hora en sus respectivas poblaciones el día de mañana.

¡¡ HASTA LA VICTORIA FINAL SIEMPRE!!

José Humberto Montes de Oca.
Coordinador de la Estructura Nacional Ejecutiva.

Ciudad de México. 18 de Abril 2016.


Convocatorias para este 19 de Abril, Jornada de Lucha

A toda la resistencia.
A la Comisión de Trabajo.

Compañer@s se les convoca el día de mañana Martes 19 de Abril a hacer acto de presencia en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México para respaldar la entrega de 415 mil firmas de usuarios de la energia eléctrica que demandan el reconocimiento del derecho humano a la energía. Esta demanda es justa y debemos apoyarla.

La cita es en la calle de Zapata frente a la Tesoreria a las 9:00 am.

No faltes.

Así mismo, les recordamos que el día de mañana Martes 19 por la tarde se celebra en todo el continente la Jornada Internacional de Solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela y contra el Golpe de Estado en Brasil. La cita es a la 6:00 pm en el Monumento a la Revolución.

¡¡Fuera el intervencionismo norteamericano!!
¡¡Muera la derecha reaccionaria que amenaza a los Pueblos de América Latina!!

Fraternalmente

"Por el Derecho y la Justicia del Trabajador"
Martín Esparza Flores.
Secretario General.
José Humberto Montes de Oca Luna.
Secretario del Exterior.

3er Jornada de Solidaridad con Venezuela


El SME Avanza USUARIOS DE LUZ REIMPULSAN LA TARIFA SOCIAL

Participación de Martín Esparza Flores,
y Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas
Transcripción de Andrea Luna, colaboradora voluntaria, programa del 09/04/2016
 
“La Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía (ANNUE) está impulsando una jornada de recolección de firmas para emplazar nuevamente a diputados y senadores a que legislen en beneficio de los consumidores de electricidad en todo el país. Son más de 32 millones de usuarios domésticos que están viviendo esa persecución y que están salvando a la empresa de clase mundial porque son los que pagan la electricidad a precios altísimos.
Con bombos y platillos dice el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que en un año perdió 98 mil millones de pesos y lo dice en los medios de comunicación como si fuera un mérito, cuando él es el responsable de las políticas de la propia empresa y ahora resulta que la CFE está quebrada, que trae una deuda de750 mil millones de pesos y 1.2 billones de pasivos laborales.
Las autoridades federales violaron los derechos de los usuarios de la energía, no hay ninguna relación contractual que haya firmado el usuario con CFE, entonces no tienen facultades para quererles hacer pagar cobros excesivos. La transferencia de los usuarios con la extinción ilegal de Luz y Fuerza del Centro a Comisión Federal de Electricidad Se hizo de hecho pero no de derecho. Por lo que a los usuarios les llegan los recibos de luz pero en una relacion informal. En este caso de la luz no hay una firma de un contrato.
Con la medida de extinguir a Luz y Fuerza el ex presidente Felipe Calderon dijo que iban a bajar las tarifas eléctricas y hemos demostrado que se han incrementado en más del 250%; dijo que iba a mejorar el suministro de energía eléctrica y lo que observamos es que se robaron todo la red de distribución de cobre y pusieron aluminio, le quitaron la facultad a este organismo de dar servicio de voz, datos, imagen, servicio de internet, para beneficiar a las grandes cableras y de las empresas de telecomunicaciones.
Hoy lo que se explora desde la Asamblea Nacional de Usuarios es de impulsar en el Congreso de la Unión el borrón y cuenta nueva, el derecho humano a la electricidad y la tarifa social, para lo cual se va a presentar una iniciativa de ley ciudadana. Para lo cual se están recolectando firmas de apoyo, el plazo vence el 15 de abril del 2016. Una semana después se presentará en la Cámara de Diputados, para su análisis, discusión y aprobación.
En el tema de la reinserción laboral de los electricistas en resistencia. Estos días hemos estado platicando con el gobierno a través de la Secretaría de Gobernación, toda vez que ya concluyó por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas la revisión de los cálculos de las indemnizaciones, ya tiene por escrito el gobierno el monto total.
Esta semana se revisaron los convenios, son tres convenios que se va a firmar ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. El documento que nos entregaron sufrió modificaciones por parte del jurídico del sindicato donde, prácticamente, en ese convenio se dan por concluidos una serie de juicios.
Los tiene ya en su poder gobernación esperamos que esta semana iniciemos la calendarización de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, son 15 mil 300 compañeros que no nos liquidamos con el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro y que hemos alcanzado ya este acuerdo. Toda esta implementación nos va a llevar por lo menos los próximos días. Hay que hacer todo el proceso con la junta Federal de Conciliación y Arbitraje, hay que hacer el calendario de cuantos trabajadores va a recibir la junta federal, cómo va a ser el proceso para el pago.
Nosotros tendremos que llevar a nuestra asamblea general una serie de propuestas que nos permita discutir a lo interno sobre lo que sigue, los acuerdos que vamos a tomar para poder capitalizar recursos para la línea de negocios en las unidades de negocios que va a ser la cooperativa LF del Centro, cómo vamos a poder avanzar para todos los fondos de prevención social e inversiones que hemos estado planeando en nuestra organización. Son temas que en los próximos días habrá mucha actividad para informar a nuestras propias bases y convocar a las asambleas y tomar los acuerdos necesarios.
Vamos a establecer un calendario con la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en los próximos días y a partir de ahí vamos a ir a nuestra asamblea general y a publicarlo en lo que en nuestro portal y a difundirlo con los representantes de cada uno de los escalafones. Lo vamos a informar, siempre lo hemos informado. Por ejemplo, cuando los hemos llamado, por ejemplo, ahora que vinieron a checar las indemnizaciones, su forma de cálculo, estuvimos recibiendo un promedio de casi 3000 compañeros de extinción de Luz y Fuerza del Centro.” 

Laberinto de empresas fantasma para exprimir a Pemex

La torre de Pemex en la CDMX. Foto: Germán Canseco
La torre de Pemex en la CDMX. Foto: Germán Canseco

PROCESO 

José Ramiro Garza Cantú –un empresario cercanísimo al poder desde hace 40 años y dueño del diario La Razón– armó una estructura planetaria de compañías offshore para rentarle tres plataformas de exploración a Pemex. El tamaulipeco se valió de los servicios de Mossack Fonseca para urdir empresas fantasma en varios continentes, conseguir préstamos, librar auditorías, evitar el pago de impuestos y, finalmente, cobrarle un millón y medio de dólares diarios a Petróleos Mexicanos. Y, según la información disponible, hasta la fecha las plataformas no le han dejado un solo peso de ganancias al país.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Antiguo contratista de Petróleos Mexicanos, José Ramiro Garza Cantú es uno de los mexicanos más beneficiados de las empresas offshore de Mossack Fonseca. Con la ayuda del despacho panameño especializado en paraísos fiscales, integró una vasta red de compañías de papel para rentarle a Pemex plataformas para la exploración en aguas profundas por casi un millón y medio de dólares al día, sin que a la fecha se haya anunciado hallazgo alguno.
Con 84 años recién cumplidos y nacido en Reynosa, Tamaulipas, Garza Cantú es desde hace casi cuatro décadas contratista de la principal empresa del Estado mexicano. Sus relaciones económicas con Pemex las comenzó en los setenta al lado del entonces poderoso líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, su paisano ya fallecido Joaquín Hernández Galicia, La Quina.
Las distintas administraciones de Pemex durante los gobiernos priistas lo hicieron crecer como contratista. Pero fue en el gobierno del panista Felipe Calderón cuando consiguió multimillonarios contratos para encaminarse en la explotación de lo que el expresidente llamó “un tesoro escondido en el fondo del mar”.
El gobierno de Enrique Peña Nieto se los ha ampliado hasta diciembre del próximo año, a pesar de que la empresa estatal enfrenta la caída de los precios internacionales del crudo. Apenas la semana pasada, la Secretaría de Hacienda anunció una inyección de 123 mil 500 millones de pesos para pagar a proveedores y reducir su deuda.
Para lograr los millonarios contratos, Garza Cantú recurrió a complejas estructuras financieras que impulsó desde el inicio del gobierno de Calderón a través de dos grandes operadores: el propio Mossack Fonseca y la firma Igmasa, experta también en la creación de empresas en paraísos fiscales e involucrada en escándalos de evasión de impuestos en la compra-venta de jugadores en el futbol europeo.
Gracias a esas estructuras, Garza Cantú es ahora uno de los pocos mexicanos que ha capitalizado “el tesoro” anunciado por Calderón, según muestran los documentos que forman parte de la investigación periodística internacional #PanamaPapers, de la que Proceso formó parte.

Fuente

La agresión permanente a los derechos sociales de la clase obrera mexicana


Doctor en Economía, Miguel Ángel Lara Sánchez,
Profesor de la FES Aragón/UNAM,
sindicalista y miembro de la Confederación de Jubilados, Pensionados
y Adultos Mayores de la República Mexicana, A.C.
y de la Nueva Central de Trabajadores.
 
Las llamadas prestaciones sociales en México son en realidad una parte del salario de la clase obrera. Es la fracción del salario que socialmente se distribuye por el gobierno federal y que ha sido conquistada a través de las luchas del proletariado urbano y el rural, principalmente, desde que concluyó la revolución mexicana hasta fines del siglo XX.
Comprende grandes áreas tales como el gasto gubernamental en salud, educación, vivienda, transporte, cultura, seguridad y recreación, por citar las más relevantes y cubren prácticamente desde el alumbramiento hasta la muerte del trabajador. Las fuentes de financiamiento del valor global de esta fracción social del salario, poniendo el ejemplo de las aportaciones al IMSS, provienen del salario mismo de la clase obrera y de las clases trabajadoras en general: el descuento directo del 1.125% del salario del trabajador, el 5.15% que aparentemente aporta el patrón, pero que en realidad lo toma del salario y el 0.225% que supuestamente proporciona el Estado, pero que proviene de la recaudación tributaria.
Esta última es la que suministra por lo general los medios económicos que en el presupuesto de cada año van destinados a la parte social del salario arriba referida.
La lucha de los pueblos en las dos guerras mundiales del siglo XX así como el hundimiento del colonialismo y la extensión de las revoluciones socialistas hasta 1976 abrieron una época en que esta fracción social del salario creció de manera significativa e incluso tipificó al Estado del bienestar para evitar más desprendimientos revolucionarios. Igualmente coincidió con el auge del fordismo como la principal forma de producción de extracción de plusvalía relativa hasta su agotamiento, en la década de los años 1970 y particularmente en la crisis general del capitalismo de esos años.
En adelante la política neoliberal se fue imponiendo en la mayoría de los países capitalistas y con ella se abrió un período histórico de continua reducción del valor de la fuerza de trabajo y sobre todo del salario, tanto en su asignación individual como a escala social.
Para el caso de nuestro país, fue a partir de 1997 (y más tarde, en 2007 en el caso del ISSSTE), que la oligarquía comenzó la drástica reducción de la parte social del salario con la creación del sistema de cuentas individuales para el retiro en los nuevos trabajadores que se incorporaban a las filas del IMSS y administradas directamente por el capital bancario y financiero a través de las SIEFORE.
Le siguieron en 2012 un conjunto de modificaciones con las reformas a la Ley Federal del Trabajo, entre las cuales destacan la flexibilización de las obligaciones patronales en materia de capacitación y adiestramiento, la afirmación de la subcontratación, los contratos de primer empleo, el rompimiento de la jornada de 8 horas y el establecimiento de la jornada por horas, por citar algunas, que lo mismo afectaban el salario nominal, que la fracción social del salario.
Inmediatamente después sobrevino la reforma hacendaria, que también arrancó otros fragmentos del salario del trabajador al gravar prestaciones que antes estaban exentas y al aumentar el impuesto al consumo final.
En materia de educación, la política que siguió la oligarquía consistió en la privatización gradual de la educación a todos los niveles mediante el estancamiento en la construcción de nuevos planteles de educación pública y el aliento de la educación privada.
Hoy, por ejemplo, de 136 mil aspirantes a la licenciatura en la UNAM registrados en la primera ronda, únicamente se quedó el 8.9%. Además, bajo el pretexto de la creación de la Secretaría de Cultura, la degradación en la calidad de la educación ha llegado a situar a centros de enseñanza fundamentales bajo entidades de gobierno de segundo orden. De ser coordinados directamente por la SEP, ahora instituciones como el IPN, la UPN o la UNADM pasarán a cargo de una subsecretaría, lo cual lleva como propósito la degradación de la educación y con ello el abaratamiento de la fuerza de trabajo calificada.
Asimismo, el Sistema de Evaluación, además de haber sido proyectado como un medio político para acabar con la fuerza de los maestros democráticos agrupados en la CNTE, va acompañado de un conjunto de reducciones en esa fracción del salario llamada prestaciones. Es una escalada de precarización que comprende todos los niveles de la docencia en nuestro país.
Por lo que se refiere a la parte social del salario dedicada a la cultura, el esparcimiento y la convivencia familiar de los obreros, desde las modificaciones a la Ley del Seguro Social de 1997 comenzó la privatización de numerosos segmentos tales como los centros vacacionales. Fuera de dicha ley también se privatizaron salas de arte cinematográfico, espectáculos en los parques públicos, se comenzó a mercantilizar el acceso a museos y hasta en monumentos históricos. Y todo lo que se privatiza disminuye el salario real del obrero.
Por su importancia, nos detendremos en el reciente proceso de desmantelamiento del sistema mexicano de salud y de pensiones.
Dos son los ejes de la destrucción: el primero, llamado oficialmente “Universalización de los servicios de salud” , recientemente aprobado el 8 de abril del año en curso. Bajo la apariencia de la extensión general de dichos servicios en la primera fase que comprende a los estados de México, Oaxaca y Baja California Sur, se persigue el abaratamiento de esta función social vital y la mayor privatización, pues el esquema únicamente incluye 14 servicios clínicos, entre los cuales se encuentran resonancias magnéticas y cuidados intensivos para todas las edades. Los restantes servicios de alto grado de calificación y por lo tanto, de alto costo, no están comprendidos.
A esto se agrega la subrogación progresiva de otra clase de servicios de importancia vital como la reciente contratación de empresas privadas para servicios de laboratorios de análisis clínicos, los llamados “procedimientos de mínima invasión” tales como ortopedia, cirugía general, bancos de sangre y oftamología, que al año suman la cantidad de 200 mil, que le costarán solamente al IMSS 16.5 miles de millones de pesos (mmdp) durante los próximos tres años.
El complemento de la llamada universalización es el del sistema de pensión universal . Para el año 2014, el IMSS tiene registrados 3.5 millones de trabajadores que están pensionados y junto con los del ISSSTE, suman poco más de 5 millones, que frente al total de adultos mayores que hay en el país, representan apenas el 26%, lo que indica que el 74% se encuentra abandonado a su suerte. La misma fuente nos indica que el gobierno federal desembolsó 2.5 billones de pesos para los fondos de pensiones durante 2015. Una parte de este dinero la mueven las dos instituciones más grandes de seguridad social existentes, pero aproximadamente la mitad la administran las SIEFORE. Para los trabajadores, los rendimientos de sus ahorros en estas instituciones de la gran burguesía financiera apenas reportan el 5% anual, mientras que para estos últimos han llegado a más del 60% en algunos años.
Sin embargo, quieren más. Actualmente la aportación al fondo equivale al 6.5% del salario de los trabajadores, pero con las modificaciones que pretende la oligarquía la quiere llevar al doble o incluso al 15%. ¿Cómo llega a este resultado? Entre otras, con la propuesta de transferir a los fondos de pensiones las aportaciones al INFONAVIT, que representan el 5% del salario del obrero, y presionando para que éstos realicen “ahorros voluntarios” de un 2.5% adicional.
Pero el saqueo no se limita a esto. Desde el año anterior la oligarquía a través de sus voceros en las Cámaras y en el poder ejecutivo abrió su propuesta de rasurar las pensiones de los trabajadores que entraron a laborar antes de las reformas de 1997 bajando el tope de 25 salarios mínimos de pensión a 10, y eliminando el pago con el promedio salarial de los últimos cinco años trabajados.
De imponerse estas propuestas por la oligarquía, la precariedad de la clase obrera mexicana será mucho mayor, pues el mismo Secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, reconoce que las pensiones en México están entre las más bajas del mundo, pues apenas equivalen al 30% del salario, aunque la Consar las sitúa más abajo, en el 26%, mientras que el promedio mundial de las pensiones representa el 62% del salario del trabajador. Todavía más: pretenden aumentar el tope máximo de colocación de los fondos de pensiones en la especulación bursátil internacional, que actualmente está limitada a no más del 20%.
Por lo tanto, la gran burguesía lleva adelante una ofensiva en la seguridad social en diferentes planos: saqueando más al trabajador en su vida laboral activa para que aporte un porcentaje mayor de su salario al fondo de pensiones, disminuyendo de manera sustancial la pensión de aquellos que empezaron a cotizar antes de 1997, apropiándose de los fondos de vivienda de todos los trabajadores, aumentando el porcentaje de los fondos de pensiones que pueda ser colocado en la especulación internacional y no menos importante, haciendo trabajar a la clase obrera más años y aumentando la edad para pensionarse. Y todo esto en un país donde los trabajadores son los que menos ingresos perciben de los países de la OCDE y donde los empresarios se colocan entre los que obtienen las tasas de excedente neto más altas de dicha agrupación de países.
Recientemente, el 12 de abril, se terminó de formular otra serie de propuestas de reformas a las leyes laborales por un grupo de funcionarios que, al amparo de problemas reales como la transparencia sindical o los contratos de protección, es muy probable que filtren una serie de modificaciones lesivas a la clase obrera. Por lo pronto, han anunciado normatividades en la estandarización de mecanismos para sistematizar y transparentar la justicia laboral y la transparencia sindical, modificaciones en los emplazamientos a huelga, el registro de los sindicatos, homologación de criterios entre las autoridades del trabajo, nuevas políticas sobre despido y contrataciones en la administración pública, etc., entre otras.
En materia de seguridad las propuestas de reforma que están debatiéndose en las cámaras son regresivas y acentúan el verticalismo y el perfil autoritario del Ejecutivo. Nos referimos a la modificación del Art. 29 de la Constitución, al darle facultades al presidente para decretar el estado de excepción, y la centralización de los cuerpos policiales y de seguridad, aunque se disfracen de mando mixto en vez de único, amén de los contenidos lesivos que plasmen en la creación de las tres leyes secundarias en materia de seguridad.
Mientras tanto, la inseguridad y la vida misma pende de un hilo frente a la escalada de violencia y descomposición social y política que se vive en nuestro país. Es tan evidente, que el propio Secretario de Gobernación ha reconocido públicamente que actualmente existen siete mil niños y jóvenes no localizados, es decir, desaparecidos o sin vida.
Resumiendo, existe una ofensiva de grandes dimensiones por parte de la oligarquía para reducir al mínimo la parte social del salario de las clases trabajadoras, particularmente la de la clase obrera y, ya logrado lo anterior, para apropiarse casi por entero de la administración de los fondos más importantes que conforman esa parte social del salario, conduciéndolos en una porción significativa hacia los canales nacionales e internacionales de la especulación y el fraude.
De la unificación de las luchas tanto de los trabajadores pensionados como de los activos, de los eventuales e informales como de los permanentes, del campo y la ciudad, dependen los grados de afectación al conjunto de las prestaciones sociales, componentes fundamentales del salario de obreros y campesinos.
 
16 de abril de 2016
Doctor en Economía, Miguel Ángel Lara Sánchez,
Correo: melasa17@gmail.com 

En Chiconautla, Estado de México y Chiapas SUSPENDEN GARANTÍAS ILEGALMENTE

*Aún no Aprueban la Ley Respectiva y ya Suspenden Derechos y Garantías en los Hechos.
*Esta Semana Cancelaron Ilegalmente los Derechos de Amparo y a la Protesta Pública.
*Con la Fuerza Policíaca Impone Megaproyectos Privados y la Reforma Educativa.

 
En México aún no se aprueba la ley de suspensión de garantías y ya se está aplicando fuera del marco del derecho. La discusión sobre la ley para aprobar la suspensión de garantías, fue aplazada en la Cámara de Diputados hasta nuevo aviso. Sin embargo la semana del 10 al 16 de abril del 2016 inició y terminó con dos casos graves de suspensión de facto de derechos humanos y garantías.
El primer acto de suspensión de derechos humanos y garantías de facto ocurrió en Chiconautla, Estado de México, en donde gobierna el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Aquí el grupo Higa pretende construir una carretera de Toluca a Naucalpan, atravesando el bosque de reserva natural del Agua. El pasado lunes 12 de abril del 2016, 200 policías estatales con personal de la empresa Higa, violaron la garantía constitucional de amparo de la comunidad para que no se ejecute el despojo, pero aún así entraron sin orden de hallanamiento, cercaron al pueblo y derribaron una casa.
En entrevista con Frecuencia Laboral Dominga Villada Nicolas, presidenta del consejo supremo de la comunidad de Xochicuautla, Estado de México explicó que han ganado todos los juicios de amparo, contra la intención de la empresa HIGA, del presidente Enrique Peña Nieto y del gobernador del Estado de México, Eruviel Avila, de apropiarse de la reserva del agua -como está catalogado el bosqeu de esa zona-, para hacer una autopista.
"No han respetado nada, este lunes -11 de abril del 2016- nos llegaron de sorpresa, nos llegaron cientos de granadoros y rodearon todo el pueblo. Aunque la comunidad cuenta con amparos en contra de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, llegaron al Bosque Otomí más de 7 camiones de granaderos. La comunidad se declaró en alerta máxima y piden estar pendientes de lo que pueda suceder. Responsabilizaron al gobernador, Eruviel Ávila, de cualquier todo lo que suceda.
El Bosque es un lugar sagrado para la comunidad otomí, ubicada en las montañas del  Estado de México . Además es fuente de agua para las ciudades de México y Toluca pues ahí se recarga de los mantos acuíferos".
Sin embargo, el lunes 11 de abril del 2016 los policías estatales, sitiaron la entrada del pueblo y la salida y sin ningún permiso, sin mostrar orden judicial, entraron con ingenieros de la empresa HIGA y destruyeron una casa que fue fincada hace más de 20 años. Pero antes han entrado, igualmente por la fuerza, con maquinaria, derribando árboles y amedrentando a la comunidad, ilegalmente, pero con el respaldo de la fuerza policial del Estado de México.
El segundo caso ocurrió en el Estado de Chiapas en donde gobierna el Partido Verde. El viernes 15 de abril del 2016 con más de 2 mil policías federales se violó el derecho humano y la garantía constitucional a la libre manifestación y el derecho a la protesta social de los maestros, al tratar de impedirles marchar en 7 puntos distintos de la entidad.
Con gases lacrimógenos, corretizas y aprehensión de manifestantes, el gobierno federal impidió que se realizara una marcha en contra de la reforma educativa y al examen de evaluación, porque con ese pretexto les están quitando sus derechos laborales. El saldo fue 22 profesores detenidos de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado.
Javier Vidal integrante del comité de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Chiapas -en donde también está la sección 40, ambas son parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)- informó en entrevista con Frecuencia Laboral, que hubo un número indeterminado de lesionados en San Cristobal de las Casas por gases lacrimógenos que lanzaron los policías federales para intentar replegar a los manifestantes.
También partieron manifestaciones de maestros de Comitán de Domínguez, Playas de Tazajaztán, de los dos puentes internacionales que comunican con Guatemala -la Rejilla y Talismán- y los puntos que comunican con el Estado de Oaxaca, en total se calcula que participaron más de 80 mil profesores. También participaron otros sindicatos de educación media superior.
Las demandas fueron la abrogación de la reforma educativa, la cancelación definitiva del examen de evaluación, la restitución en su empleo de más de 3 mil 360 maestros que han sido despedidos por rechazar esta política con la que pretenden quitarles sus derechos laborales. También reclaman la libertad de presos políticos y que se haga justicia para los trabajadores de la educación que han sido asesinados. 

Atenquenses intensificarán sus protestas

Javier Salinas Cesáreo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 18 de abril de 2016, p. 29
San Salvador Atenco, Méx.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de este municipio reforzó su campamento en los cerros de Huatepec y Tepezingo para evitar que entren a sus tierras maquinaria y personal que laboran en la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Otros grupos quitarán las miles de estacas que topógrafos clavaron para el trazo de la autopista Pirámides-Texcoco.
Los comuneros anunciaron que esta semana realizarán movilizaciones para exigir a los gobiernos federal y estatal que suspendan los trabajos de topografía en sus ejidos y que respeten los amparos que han obtenido para conservar sus tierras de cultivo.
Este domingo, la Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en Defensa de la Tierras, el Agua y su Cultura se manifestó a favor del movimiento atenquense. Consideró que la nueva terminal afectará la vida, la identidad, la cultura y el patrimonio de los pueblos originarios de la región, y demandaron parar las agresiones y el hostigamiento del gobierno al FPDT.
Hacemos un llamado a las comunidades, ejidos y pueblos para que se unan, y exigimos detener los trabajos, retirar la maquinaria y respetar nuestro territorio, señaló en un comunicado.
El Frente Amplio No Partidista en Contra del Nuevo Aeropuerto y Otros Megaproyectos en la Cuenca del Valle de México, integrado por más de 40 organizaciones, consideró que la terminal será la muerte del lago de Texcoco. Terminará con una importante zona de recarga de acuíferos, que regula el agua de lluvia y la temperatura de la cuenca, además de ser santuario de aves migratorias, y de especies endémicas de plantas como el alga espirulina, así como de tesoros gastronómicos como el ahuautle y el tequesquite.

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Búsqueda ciudadana de desaparecidos ante la inacción gubernamental

Brigada de Búsqueda en el predio La Pochota, municipio de Amatlán, Veracruz. Foto: Germán Canseco
Brigada de Búsqueda en el predio La Pochota, municipio de Amatlán, Veracruz. Foto: Germán 
 
PROCESO 
 
CansecoPor , Reportaje Especial 
La llegada de la Primera Brigada Nacional de Búsqueda de Personas causó conmoción en el municipio de Amatlán de los Reyes, en Veracruz. Sus integrantes son rastreadores de pistas con años de experiencia en la búsqueda de personas y fosas clandestinas, que acudieron a compartir sus experiencias y conocimientos con los veracruzanos que sufren del mismo dolor. Los une una certeza: que la autoridad no va a hacer nada por ellos.
AMATLÁN, Ver. (Proceso).– No hay obstáculos que Simón Carranza no pueda superar en la búsqueda de desaparecidos. Camina entre huizaches y cañaverales observando con detenimiento el terreno; trepa cerros pedregosos, desciende a pozos tapados con basura; “vuela” sobre el caudaloso río Blanco, amarrado por la cintura con una cuerda de nylon para otear entre una presa de troncos; e incluso se mete a escarbar una fosa de al menos cinco metros de profundidad.
Nada parece detener a este cincuentón bajito, delgado y correoso, quien no tiene familiares desaparecidos pero se convirtió en una pieza fundamental en el arduo trabajo de localizar fosas clandestinas.
En Guerrero descubrió 60 cuerpos enterrados. Es tan eficiente en la ubicación de fosas que él y Mario Vergara, integrante de la organización Los Otros Desaparecidos de Iguala, han sido contratados por la Procuraduría General de la República (PGR).
“En Delicias encontramos una fosa con 80 cuerpos. Para hacer eso usaron máquinas. Esa gente no tiene madre: si ya los mataron para qué los entierran”, dice Simón, albañil cuando no busca entierros.
Amenazado por Guerreros Unidos, Carranza tuvo que huir de su pueblo en Cocula para continuar con la tarea. Y ésta lo trajo a Veracruz. “Se siente bien el agradecimiento que muestra la gente cuando encontramos un cuerpo, es mejor que ganarte cien pesos”, dice el rastreador, quien decidió compartir sus conocimientos con las familias veracruzanas interesadas en aprender su técnica.
“Yo no confío en la varilla (que se introduce en la tierra para oler la punta); hay cuerpos que ya no huelen porque han pasado mucho tiempo enterrados. Lo mejor es observar: cuando se abre una fosa, tierra de abajo queda encima, en los borditos, y es de otro color. Así he sacado cuerpos con cuatro años de muertos”.
El sábado 9 de abril Carranza llegó a Veracruz como parte de la Primera Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, encabezada por la Red de Enlaces Nacionales, en la que participan integrantes de colectivos de Guerrero, Sinaloa y Coahuila afiliados a esa red y que ante la indolencia gubernamental decidieron buscar a sus seres queridos.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2059, ya en circulación

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Control al Estilo Feudal del Grupo Acerero del Norte

HÉRCULES: UN LUGAR EN DONDE LOS PROPIETARIOS DE LA MINA DICEN QUE SON LOS DUEÑOS DEL PUEBLO

Hace 5 años y 8 meses en la mina de Hércules, Coahuila, concesionada al Grupo Acerero del Norte, fueron desplazados con golpeadores y elementos del ejército los dirigentes del sindicato Nacional de Trabajadores Mineros. Desde entonces fueron despedidos 500 de los trabajadores agremiados para imponer otro sindicato que encabeza Sergio Medina Ibarra y que se caracteriza por convenir la reducción del salario de los trabajadores de 250 a 100 pesos diarios y por eliminar sus prestaciones sociales.
Pero el jueves 14 de abril del 2016 hubo un recuento para que los trabajadores mineros de Hércules decidieran a qué sindicato quieren pertenecer y ganó el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros de Napoleón Gómez Urrutia, con los despedidos esperan recuperar sus empleos, pues por órdenes del Grupo Acerero de México en el poblado de Hércules nadie más los contrata, comentó Manuel Arturo Pillado Soto, quien tenía laborando 23 años en la empresa y fue uno de los dirigentes gremiales despedidos injustificadamente.
Alrededor de la mina Hércules se asentó hace 200 años la comunidad que lleva el mismo nombre, en donde habitan alrededor de 9 mil personas cuya vida gira en torno a la mina que controla el Grupo Acerero del Norte, de Alonso Ancira Elizondo, uno de los mineros más ricos de México.
Los propietarios de la mina aseguran ser también dueños del pueblo, por eso es que nadie en el lugar se atreve a contratar a los trabajadores que han sido despedido el Grupo Acerero del Norte por pertenecer al Sindicato Minero o por meter demandas por el despojo de las instalaciones sindicales que ocurrió el 24 de agosto del 2010, fecha en que la empresa realizó una acción violenta con un grupo de trabajadores a los que convencieron con "oasis" -despensas-.
"Pero además había un grupo de militares alrededor de la empresa que nos fueron replegando para atrás" y sacaron a los dirigentes gremiales de las instalaciones sindicales, desconocieron al Sindicato Minero, señaló Manuel Arturo Pillado. El Grupo Acerero del Norte impuso al sindicato que se autodenomina "democrático" minero, que encabeza Sergio Medina Ibarra, ex dirigente de la sección 309 del propio Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros de Napoleón Gómez Urrutia, a quien en menos de un año las autoridades laborales le dieron su registro sindical.
El 04 de agosto del 2010 ocurrió el despojo de las instalaciones sindicales y el despido de los dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, desde entonces interpusieron demandas penales en distintas instanacia, pero hasta la fecha no les han concedido ni una audiencia, mucho menos se ha hecho justicia.
Además han ocurrido derrames de azúfre, sin que las autoridades del trabajo cierren la planta. Por el contrario, cuando los trabajadores mineros han solicitado una inspección les responden que ya la hicieron y que no han encontrado anomalías en materia de salud e higiene en el trabajo, agregó Manuel Arturo Pillado Soto.
Ahora hay habitantes de Hércules enfermos de cáncer, entre ellos la esposa de Manuel Arturo Pillado Soto, por lo que está encabezando una organización humanitaria contra el cáncer, pero no ha podido conseguir un terreno en donde instalar su local, porque el Grupo Acerero del Norte se ostenta como dueño del pueblo y dio la orden de que no le donen un terreno.
Además en la mina ha habido derrumbes. El 05 de enero del 2015 ahí quedaron enterrados y perdieron la vida un ingeniero de mantenimiento y un operador, sólo los buscaron por cinco días y los declararon muertos sin haber encontrado los cuerpos. "Levantaron su acta de defunción y hasta ahí quedó, porque amenazan a los trabajadores que no digan nada o los despiden".
El dirigente afirmó que poco después de su despido injustificado, también sufrió la agresión del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque negaron violentamente la atención médica a su hija con problemas de leucemia, por órdenes del Grupo Acerero del Norte, aseguró. "Para ti no hay servivio", le dijeron.
Con el triunfo del recuento por 585 a favor del Sindicato Nacional de Mineros; 375 en contra y 11 anulados, hoy Arturo Pillado tiene la esperanza de recuperar su empleo y sus derechos conquistados. 

Vienen los “#SingapurPapers”

Francisco Gil Diaz. Foto: Miguel Dimayuga
Francisco Gil Diaz. Foto: Miguel Dimayuga

PROCESO

Gracias a un acuerdo tributario, el movimiento de capitales entre México y Singapur se incrementó… y se abrieron nuevas posibilidades para la defraudación, el ocultamiento y el lavado de capitales. En un tinglado que incluye a altos funcionarios mexicanos de varios gobiernos, por ejemplo, Pemex fue desangrada mediante contratos onerosos y opacos que enriquecieron a empresarios a ambos lados del Pacífico, y que desvalijaron las arcas públicas. Así, llegó el momento de sacar a la luz los #SingapurPapers, de acuerdo con el exprocurador fiscal federal Gabriel Reyes Orona.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A partir de 2006 los cuantiosos recursos de mexicanos en el extranjero dejaron de preferir los tradicionales paraísos fiscales –como Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Aruba o Bahamas– para empezar a moverse a los nuevos “paraísos operativos”, con Singapur a la cabeza. Esto gracias a los “nulos mecanismos de fiscalización” impulsados entre ambas naciones.
“El mejor escondite que se diseñó desde México es Singapur, y no es casual, basta con revisar el último convenio modificatorio de doble tributación (CM2T) entre ambas naciones, con el cual los mecanismos de fiscalización no son laxos, sino nulos”, dice a Proceso quien fuera procurador fiscal del país en 2001, Gabriel Reyes Orona, al explicar cómo operan esos refugios financieros.
Con el CM2T, las inversiones del país asiático en México aumentaron, igual que los viajes de algunos mexicanos hacia aquella nación. Incluso la empresa estatal más importante, Pemex, al arranque del sexenio peñista anunció la compra de 10 plataformas petroleras en aquel país. Un encargo nunca antes visto en esta materia.
Entre los viajeros frecuentes al país asiático destaca el entonces director de Pemex, Emilio Lozoya Austin; el director en México del principal fondo de inversiones de Singapur, Temasek, Lorenzo González Bosco, y Gonzalo Gil White, director de la empresa de servicios petroleros Oro Negro e hijo del exsecretario de Hacienda en el sexenio foxista, Francisco Gil Díaz.
En los tres primeros años del gobierno peñista, estos hombres hicieron de Singapur su lugar para las inversiones.
El principal operador de la firma del convenio modificatorio de doble tributación original (C2T), ocurrido el 9 de noviembre de 1994 en Singapur, fue el entonces subsecretario de Ingresos del gobierno salinista, Francisco Gil Díaz, y quien dio el impulso final para hacer nula la información fiscal o indagar el origen de los recursos de una empresa (es decir, quien finalmente hizo una redacción que se “presta al ocultamiento de identidad”) fue José Antonio Meade, al firmar como canciller el CM2T el 8 de diciembre de 2011.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2059, ya en circulación

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La Dama de hierro corre el riesgo de salir por la puerta de atrás

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Simpatizantes de Dilma Rousseff en Sao Paulo, después de que los diputados avalaron el procedimiento contra la gobernanteFoto Afp
Afp
 
Periódico La Jornada
Lunes 18 de abril de 2016, p. 3
Río de Janeiro.
Dilma Rousseff sabe dar batallas y la del impeachment ha dicho que la peleará hasta el último minuto. Después del revés de este domingo en la Cámara de Diputados, falta ver si se pone las botas para pelear ahora en el Senado.
En todo caso, la mirada desafiante con que se le ve en una foto ante un tribunal militar durante la dictadura (1964-85) se mantiene intacta 45 años después, cuando los tentáculos de la crisis parecen asfixiarla.
Sus simpatizantes afirman que esa actitud es de determinación; sus críticos, de arrogancia. La Dama de hierro brasileña, de 68 años, se convirtió en la primera presidenta de Brasil en 2011, cuatro décadas después de aquellos días oscuros de 1970, en los que fue apresada y torturada.
Cinco años, incluida una reñida relección, han pasado desde aquel día en que recibió la banda presidencial de su mentor, Luiz Inacio Lula da Silva. Pero ahora corre el riesgo de salir de la presidencia por la puerta de atrás, si el Senado le abre un juicio político y la destituye por acusaciones de haber manipulado las cuentas públicas.
Con la cabeza erguida, aseguró en varias ocasiones que jamás renunciará y que luchará para derrotar lo que considera un golpe de Estado, orquestado por su traidor y conspirador vicepresidente, Michel Temer, y el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha.
Pero también dijo que si sale derrotada se convertirá en una carta fuera del mazo, dando a entender que será el fin de su carrera política.
Poco flexible
Rousseff fue electa en 2010, catapultada por el Partido de los Trabajadores (PT) y escogida por Lula, de quien heredó una abrumadora popularidad, hoy en mínimos históricos.
Un año después de asumir la jefatura de Estado de la mayor economía de América Latina, era la tercera mujer más poderosa del mundo, según la revista Forbes, detrás de la canciller alemana Angela Merkel y de la entonces secretaria de Estado estadunidense, Hillary Clinton.
En 2015 cayó a la séptima posición, con una aprobación de 10 por ciento, arrastrada por la recesión económica y el megaescándalo de corrupción en la estatal Petrobras, por el que fueron arrestados varios políticos de su partido y por el que el propio Lula está siendo investigado.
Los críticos la consideran un clásico accidente presidencial, ya que nunca había sido electa para ningún cargo. Rousseff manda, no negocia. Trató de suplir esa falta de flexibilidad llamando de urgencia a Lula en su auxilio, en momentos en que sólo una hábil mano izquierda parlamentaria podía salvarla de la destitución.
Pero con toda su astucia política, Lula no pudo reconstruir los puentes que en cinco años quemó Rousseff, mujer que desde sus tiempos de ministra se ganó una reputación de tecnócrata sin carisma, firme y severa, al reconvenir a sus ministros en público.
Papisa de la subversión
Nació el 14 de diciembre de 1947 en Belo Horizonte (sureste), en una familia de clase media formada por un migrante búlgaro y una maestra.
Marxista, entró en la resistencia contra la dictadura militar (1964-85) y en 1970, a los 22 años, fue condenada a prisión por pertenecer a un grupo armado clandestino, responsable de asesinatos en robos bancarios.
Su participación en la lucha armada está envuelta en una nebulosa, pero la mayoría de los informes coinciden en que tuvo una labor de apoyo y no estuvo involucrada directamente en operaciones de comando.
Con todo, el juez que la condenó la llamó papisa de la subversión. En esos casi tres años que pasó en prisión fue torturada, reveló el periodista Ricardo Amaral en una biografía de la mandataria, en la cual apareció la fotografía inédita de Rousseff ante los jueces militares.
Dos veces separada, la mandataria tiene una hija, Paula, de su matrimonio de 30 años con su segundo esposo, el también ex guerrillero de izquierda Carlos de Araujo, y dos nietos con los que exhibe su lado más tierno. Dilma es una persona con un gran sentido del humor, divertida, extremadamente solidaria y generosa, dijo el año pasado a la Afp su ex compañera de cárcel Ieda Akselrud de Seixas.
La mandataria tampoco escapó a la obsesión nacional por las cirugías plásticas: se blanqueó los dientes, se trató las arrugas y más recientemente hizo una dieta con la que bajó más de 15 kilos. Todos los días pedalea 50 minutos, aunque este domingo salió en la bicicleta por sólo 15.
Esta imagen dista de la de 2009, cuando un tratamiento contra el cáncer la obligó incluso a usar peluca.
La pesadilla de su segundo mandato, sin embargo, se transparenta ahora en un rostro ojeroso y una delgadez cansada.
Duermo bien, no tomo somníferos, expresó la mandataria en esos días.
 
 
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Aprueba la Cámara de Diputados el impeachment contra Rousseff

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Brasileños que apoyan el juicio político se reunieron ayer en Sao Paulo para seguir el proceso legislativo en pantallas gigantesFoto Afp
Eric Nepomuceno
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Lunes 18 de abril de 2016, p. 2
Río de Janeiro.
Han sido 367 votos favorables y 137 en contra de la destitución de Dilma Rousseff, quien llegó al poder al amparo de 54 millones de sufragios. Nueve ausencias y abstenciones podrían haber ayudado a la mandataria a permanecer en su puesto, pero no fue así. Ayer, la Cámara de Diputados, presidida por Eduardo Cunha, reo en el Supremo Tribunal Federal por crímenes diversos, que van de la lisa y llana corrupción a mantener cuentas ocultas en Suiza, decidió poner fin al gobierno de quien ni siquiera es investigada.
En las justificaciones de los votos de quienes defenestraron a la mandataria, apenas se mencionaron los delitos de que es acusada. Fueron sufragios en nombre de Dios, de la patria, de la familia; es decir, puras diversificaciones en un momento tan decisivo para el futuro del país.
El camino abierto prevé pocas alternativas para Rousseff. En pocas semanas –la fecha inicialmente prevista es el miércoles 11 de mayo– el Senado decidirá si acepta lo que indica la Cámara de Diputados, es decir, si abre el juicio contra ella. En caso positivo, Rousseff será apartada de la presidencia por un plazo que podría llegar a 180 días, tiempo en el que puede presentar su defensa.
Nadie cree que el Senado cambie la decisión de la Cámara de Diputados. O sea, el juicio a Rousseff será instaurado. Nadie piensa que en el Senado logre cambiar el veredicto de los diputados.
En pocas palabras, está liquidada. Los números de ayer han sido suficientemente elocuentes para fulminar de una vez su defensa. A ella le quedan alternativas, como recurrir al Supremo Tribunal Federal, pero las posibilidades son muy cercanas a cero. El resultado de este domingo superó las peores expectativas de sus defensores, inclusive en la opinión pública. Es una derrota que rebasó la anunciado.
La presidenta seguirá en su puesto, hasta que el Senado defina si acepta la decisión de la colegisladora. Eso significa entre dos y tres semanas. Será una presidenta fantasma. Nada de lo que haga en ese corto periodo será considerado sólido o válido. Si el Senado acepta –seguramente lo hará– la apertura del proceso de destitución, Michel Temer, el vicepresidente, asumirá el poder.
A la una de la madrugada de hoy, asesores de Rousseff afirmaron que la presidenta pretende dar la batalla hasta el último instante; o sea, no renunciará. Con ello el país seguirá a la deriva, esperando a un vicepresidente sin legitimidad, pero con el respaldo de una oposición dispersa, cuyo proyecto de gobierno es difuso.
Si se recuerda que Brasil vive una de las peores recesiones económicas de los pasados 100 años, que viene de un periodo de año y medio en el que el gobierno de Rousseff apenas logró gobernar, lo que se espera de Temer y sus aliados es un escenario nebuloso, de dudas y crisis. Más: tendrá que enfrentarse con la anunciada oposición durísima de los movimientos sociales, de las principales agrupaciones sindicales y con todos los que no se resignan al golpe institucional que victimó a una presidenta inhábil pero que no cometió ningún crimen que justificara su destitución.
En términos prácticos, hoy empieza el gobierno –todavía no anunciado– de Michel Temer, el vicepresidente que se bandeó a la oposición. El país vivirá un fenómeno insólito: una mandataria en plenas y constitucionales funciones, hasta que el Senado emita su veredicto, pero sin credibilidad alguna. Una presidenta sin poder.
Y un vicepresidente sin legitimidad, en espera de poder poner las manos sobre el bastón presidencial y empezar a gobernar.
Los llamados agentes económicos –empresarios, inversionistas y especuladores del mercado financiero– viven una expectativa que está en plena ebullición. Al mismo tiempo, las fuerzas que por tradición apoyan al PT –movimientos sociales y centrales sindicales– se preparan para responder a lo que califican de golpe blanco.
Mucho más que defenestrar a una mandataria impopular, lo que se abrió ayer en Brasil, con la decisión de la Cámara de Diputados, ha sido un periodo de profundas y graves incertidumbres.
Brasil entra en una zona de tinieblas, y las tensiones no harán más que reforzarse en los días que vendrán.
Michel Temer armó, en semanas recientes, un gobierno que todavía no ha sido presentado al país. Lo hará pronto. Pero será siempre un gobierno nacido de un golpe institucional, que contará con el respaldo del gran capital, pero sin ningún reconocimiento del electorado.
Rousseff dice que no se doblará y resistirá hasta el último momento. Lo más probable es que hoy la bolsa de valores y el sacrosanto mercado financiero reaccionen a la noticia con alzas significativas en los papeles y bajas contundentes en el cambio. La vida real, en todo caso, pasa por un terreno bastante más amplio. El país vive una recesión sin precedente. En los últimos 15 meses, sin que la culpa quepa solamente en sus incapacidades, Rousseff no logró gobernar. Un Congreso francamente hostil impidió que avanzaran sus iniciativas, por cierto muy criticadas por la izquierda, el PT y los movimientos sociales que respaldaron su candidatura.
Michel Temer, cuando asuma la presidencia, tratará de llevar a cabo medidas aún más drásticas e impopulares. Parte de su compromiso es con los dueños del capital. Si una gobernante de izquierdas no logró más resistencia, aún enfrentará a un mandatario que asume con la mancha de golpista y traidor estampada en la frente.
El futuro
Teóricamente, el futuro inmediato de la presidenta está en manos del Senado, que el 11 de mayo emitirá –a menos que se decida anticipar o postergar la fecha anunciada– su veredicto. Los diputados autorizaron el juicio contra Rousseff y toca al Senado llevar o no adelante la medida.
Nadie apuesta un centavo porque el Senado cambie la decisión de los diputados. El juego está definido. Una presidenta que ni siquiera está investigada ha sido condenada por un bando de legisladores acusados o denunciados por corrupción, comandados por un colega, Eduardo Cunha, presidente de la cámara.
Así de surrealistas son las cosas en este país. El vicepresidente Temer actúa con la sutileza de un elefante en una tienda de cristales: se reúne, discute, promete, planea. Más temprano que tarde verá cómo cae en sus rodillas un cargo para el cual jamás tendría votos suficientes para alcanzar. Y verá, al mismo tiempo, cómo será la resistencia de los que no se resignan al golpe institucional que él, además de patrocinar, aceptó encabezar, consciente de que los verdaderos artífices se ocultaron, o casi, en las sombras, y serán los que asumirán el poder.
El país de la economía más poderosa de América Latina entra en una etapa de turbulencia total. Ninguna otra nación de la región será inmune a lo que ocurre en Brasil.
Vendrán tiempos de alegría en Wall Street y vecindades, y de profunda turbulencia en las periferias de América Latina.

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