lunes, 25 de abril de 2016

Asamblea General Extraordinaria el día de hoy.


El calentamiento global colapsa a la Ciudad de México

CONTRALÍNEA 


Los efectos del calentamiento global han acelerado el encuentro de la Ciudad de México con su inexorable colapso: altos niveles de contaminación, vialidades aletargadas y un deficiente transporte público son los factores que aunados al incontenible desarrollo inmobiliario en manos de voraces desarrolladores, produjo en las últimas 2 décadas una desordenada expansión urbana, donde la calidad de vida se ha deteriorado al grado de representar un problema de salud pública.
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Hoy, millones de habitantes del Valle de México pagamos las consecuencias de nuestros gobernantes por no atender los problemas de contaminación derivados del creciente uso del automóvil y la falta de control y vigilancia permanente de las más de 40 mil industrias asentadas en la zona metropolitana, cinco mil de las cuales se consideran altamente contaminantes y 500 de ellas en situación crítica.
Sexenio tras sexenio, las políticas públicas se dedicaron a sembrar asfalto por doquier, mediante la construcción de nuevas vialidades y segundos pisos; ahora, en consecuencia lógica, cosechan un parque vehicular de 5,3 millones de automotores y una enorme contaminación por la quema de combustibles fósiles.
Pero además, la desmedida y galopante corrupción, permitió cambios arbitrarios de uso de suelo para autorizar desarrollos inmobiliarios en zonas densamente pobladas y sin posibilidades de expansión urbana de manera equilibrada y racional. Ahí están ejemplos palpables como el corredor Reforma donde se ha demostrado la insuficiencia de servicios como agua, luz, gas, pero se sigue permitiendo su anárquico crecimiento poblacional sin tomar en cuenta a los miles de empleados que laboran diariamente en su vasta zona de oficinas.
En delegaciones como Cuauhtémoc, se disparó sin planeación alguna la construcción de vivienda, no precisamente de interés social, sin que las autoridades hicieran los mínimos estudios de impacto social y ambiental. Colonias como San Rafael y Santa María La Rivera, son claros ejemplos de este caos urbano y vial donde los miles de nuevos vecinos enfrentan inseguridad, falta de servicios e, incluso, un espacio donde acomodar sus vehículos, recurriendo a la invasión de calles y a la lucha por apropiarse de todo lugar disponible en la vía pública.
Es hora de que las políticas públicas retomen el impulso al transporte público de cero emisiones contaminantes como lo son los trolebuses, el Metro, el Tren Ligero y el impulso a los tranvías que en el siglo pasado ayudaron a que la ciudad de México fuera calificada, más allá del comparativo literario, como la región más transparente.
Debemos reflexionar en qué momento se priorizó el transporte público movido por combustibles fósiles en abierto desplazamiento al que utiliza electricidad. Las cifras hablan de un absoluto abandono a estos sistemas de transporte que todavía en la década de 1980 representaban una forma de traslado seguro para millones de habitantes. De 850 trolebuses que recorrían la ciudad hace más de 2 décadas, ahora existen unos 280, 60 de los cuales se encuentran varados por falta de mantenimiento al grado de que las ocho rutas que aún existen, una se encuentran inhabilitada por falta de unidades. Lamentable que todavía hace 1 década, se movilizaban en trolebús medio millón de personas, ahora, por el abandono y la falta de inversión apenas y trasladan a la mitad.
De hecho, en la infraestructura urbana creada en los ahora desmantelados ejes viales, se construyeron en sus contraflujos los postes para el cableado eléctrico de los trolebuses. Ahora, estas estructuras son mudos testigos del extravío y descuido que se tuvo por cuidar el medio ambiente, a través del impulso y fortalecimiento a un transporte público no contaminante, para ceder paso a un transporte altamente contaminante como el que ahora recorre las avenidas.
El Metro es otra muestra de la falta planeación para garantizar el traslado rápido, seguro y confiable de millones de personas. Hace un par de años se elevó la tarifa de 3 a 5 pesos, anunciándose que los recursos extras serían para la adquisición de un número mayor de trenes y la reparación de decenas de estos que se encontraban inactivos por falta de recursos para comprar refacciones y ponerlos en funcionamiento.
Es hora de que estos recursos sean empleados en beneficio de sus habituales usuarios, en su mayoría gente de escasos recursos que no cuenta con los medios para adquirir un auto y que tiene en este medio de transporte su única opción para llegar a sus centros de trabajo o estudio. Esta inyección de recursos debe ser extensiva al Tren Ligero, medio al que también se le ha dejado a deriva pues de 24 unidades, únicamente 18 funcionan en condiciones aceptables.
Si realmente existe la preocupación de nuestras autoridades tanto de la zona metropolitana como del área federal, por el calentamiento global y la creciente concentración de ozono en la ciudad capital y en todo el Valle de México, deben avocarse sin dilaciones a replantear las actuales políticas públicas, para alentar un transporte de pasajeros eficiente, accesible y seguro, utilizando nuevas tecnologías para alentar un resurgimiento los tranvías eléctricos, los trolebuses y más unidades al Sistema Colectivo Metro.
Por supuesto que los automotores no son del todo responsables de los altos niveles de contaminación, pues como ya se demostró, ni con el endurecimiento del Doble Hoy No Circula se lograron abatir los índices superiores a los 100 Imecas; en este redimensionamiento tendrá que existir una estrategia multisectorial para que organismos como la Procuraduría Federal de protección al Medio Ambiente (Profepa) realicen un calendario permanente de inspecciones a las miles de industrias que también contribuyen a la emisión de miles de toneladas de contaminantes. Y no como ahora sucede, que se hacen presentes por la agudización de la contingencia ambiental.
Ante la gravedad de la situación donde debe privar, ante todo, la salud pública, los capitalinos debemos preguntarnos si no es el momento exacto de pedir que se haga realidad la añeja propuesta de iniciar un proceso de descentralización, no únicamente de los disparatados desarrollo inmobiliarios, sino de buena parte de la estructura burocrática que debe ir a atender problemas inherentes a su naturaleza administrativa a los diversos estados del país donde más se requiere su presencia. La ciudad no da para más y resulta inaceptable el recibir distinción como la metrópoli más congestionada del mundo, por su asfixiante tráfico vehicular.
Por eso, desde el seno mismo de los movimientos sociales debe impulsarse un Consejo Metropolitano que ponga en el centro del debate de los asuntos ambientales la salud de los mexicanos que habitamos el Valle de México. Las políticas públicas deben ser consensadas con la sociedad y no asumidas unilateralmente, porque asuntos como el calentamiento global no pueden tomarse a la ligera ni ser decisión de unos cuantos. La ciudad se colapsa y urge salvarla.
Martín Esparza*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas


RESPALDA JULIO SALDAÑA PROPUESTA DE CONSIDERAR ACCESO A LA ELECTRICIDAD COMO DERECHO HUMANO Y SOCIAL


La Asociación Nacional de Usuarios de la Energía (ANUE) y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) presentaron el 19 de abril del 2016, una iniciativa ciudadana con más de 450 mil firmas, para que el acceso a la energía eléctrica se incluya como un derecho humano y se imponga la tarifa social y solidarfia en los cobros del servicio de luz.
•  “La energía eléctrica sigue siendo un lujo; sigue siendo algo que cuesta caro, aunque es una necesidad familiar, sigue siendo una agresión a la economía precaria de millones de mexicanos”, subraya
•  Llama a encontrar una fórmula para que la energía eléctrica sea una garantía individual y una garantía de libertad bajo costo
 
El diputado federal Julio Saldaña Morán, se pronunció a favor de que se modifique el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que se considere el acceso a la electricidad como un derecho humano y social; además, subrayó que es viable la implementación de una tarifa social.
 
“En la Comisión de Energía, un servidor ha propuesto que en Veracruz y en otras zonas del país que se caracterizan por tener altas temperaturas, bajen las tarifas eléctricas”, dijo el legislador, en particular por la necesidad que persiste de utilizar aire acondicionado u otras herramientas para mitigar el calor.
 
En días pasados, representantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE) entregaron al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, una iniciativa ciudadana –con el respaldo de más de 420 mil firmas- para proponer la inclusión del acceso a la electricidad como un derecho humano.
 
Al respecto, el secretario de la Comisión de Energía, subrayó: “estamos de acuerdo en recibir esa iniciativa ciudadana que viene respaldada por miles de firmas de ciudadanos y en ese sentido social, debemos tomarla en cuenta. Mi opinión, en blanco y negro, es que debemos encontrar una fórmula para que la energía eléctrica sea una garantía individual, una garantía a la libertad de que se pueda hacer uso de ella a costos bajos”.
 
“La energía eléctrica sigue siendo un lujo; sigue siendo algo que cuesta caro, aunque es una necesidad familiar, sigue siendo una agresión a la economía precaria de millones de mexicanos”, criticó Saldaña Morán.
 
El diputado veracruzano recordó que el GPPRD no avaló la Reforma Energética impulsada por el Ejecutivo federal, pues afirmó que la sociedad mexicana no necesita reformas en ese sentido, sino que se acabe la demagogia, las mentiras y todas aquellas patrañas que solo son para beneficiar a la iniciativa privada y a las empresas extranjeras.
 
“Debemos aportarle a lograr beneficios a la comunidad, de manera colectiva. Que la dichosa reforma energética que tanto cacaraquearon nos dé una a ganar, que la energía eléctrica esté al alcance como un valor social para todos los mexicanos”, dijo Saldaña Morán, y propuso que la tarifa social se calcule tomando en cuenta las características de desarrollo de la comunidad, de las familias que la componen, el monto de los ingresos que perciben, así como el tamaño de la vivienda 
 

EN MEXICHEM OTRO CRIMEN INDUSTRIAL

*En 2013 se Vendió el Complejo Petroquímico Pajaritos sin Concurso de Licitación.
*El nuevo dueño de la planta que explotó, había despedido a los especialista en Mantenimiento.
*No son 13 ni 28... los trabajadores muertos suman más de 43.
*Los gases emitidos por la explosión, como el neftano, producen cáncer.
*Mexichem es responsable por la explosón y no Pemex, como se intenta hacer creer, para cargarle el costo a la nación.
Ing. Mario José Galicia Yépez,
Coordinador Colegiado del Centro Nacioanl de Estudios de la Energía
Publicación Original del Portal www.frecuencialaboral.com
En algunos medios de comunicación trataron de minimiza el crimen industrial que se cometió en la planta petroquímica de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, decían que había 13 trabajadores muertos...otros reconocían 28...hasta el sábado 23 los familiares de las víctimas hablaban de 43 y más de 100 desaparecidos. El Ejército Mexicano entró a controlar la situación y comenzaron a evacuar los escombros, hasta hoy se desconce el número de obreros que perdieron la vida con la explosión que ocurrió el 20 de abril del 2016, por falta de mantenimiento.
 
Explosión en la planta clorados III del complejo Pajaritos en Coatzacoalcos, Ver, recién vendido por el gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) , el 30 de julio del 2013, y publicado en el diario oficial el 1 de agosto de ese mismo año -antes de haberse aprobado la reforma energética-. Nuevamente, por falta de mantenimiento y negligencia de los operadores de Mexichem. en este negocio la empresa que cambio de dueño recibió una plantilla de trabajadores de 2,200 y despidió a 1,440 en su mayoría ingenieros de proceso, personal técnico y con experiencia, quedando solamente 760, aquí esta resultado lo que lamentablemente sucede por esta causa.
El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, subió una foto a las redes sociales que no corresponde al hecho, la imagen que subió es de un ataque ocurrido en Libia hace unos años, durante la época de la dictadura de Muamar Gadafi.
Por esta vez no creemos que sea una cortina de humo para imponer el consumo de la mariguana o cualquier otro atraco del gobierno peñista al pueblo, sin embargo va más allá de la imaginación, lo que si lamentamos son los 43 muertos, 136 heridos y los varios desparecidos por este crimen industrial.
EPN ahora gira instrucciones para que “las distintas dependencias del Gobierno apoyen a los trabajadores afectados y a los vecinos de la zona, cuando la operación de la planta es particular y la responsabilidad es absolutamente de Derivados Clorados es una planta privada llamada Mexichem y que la vendió a un salinista de nombre Antonio del Valle Ruiz y familia (Salinista), en 200 millones de dls, un regalo cuando su costo era de 500 millones dls. (Leer Noticia Relacionada: PAJARITOS: OTRO DESPOJO A LA NACIÓN, link: http://www.frecuencialaboral.com/pemexpajaritosatracoalanacion2013.html)
Recordemos que dijo a través de la televisión y medios radiofónicos y escritos que no se iba a privatizar Pemex, que no se vendería ni un solo tornillo. Peña vuelve a mentir nosotros si leemos y tenemos memoria, en el año 2013 (Resultado de la Reforma Energética) se privatizó la planta de CLORADOS III (con una superficie de más de Cuatrocientos mil metros cuadrados) y que el nombre que tiene actualmente dicha instalación. (Leer Noticia Relacionada: ARRANCÓ LA VENTA DIRECTA DE PEMEX link: http://www.frecuencialaboral.com/pemexventadirectadepajaritos2013.html)
Sus productos alcanzan un valor agregado de más de 60 veces el costo de la materia prima, lo que le permitirá colocarse como el único productor de este petroquímico, surtiendo el mercado nacional y parte del internacional además de generar empleos al interior y exterior.
La explosión no solamente afectará a los trabajadores que se encontraban en el área de trabajo sino a los pobladores aledaños, los gases emitidos por consecuencia de la explosión como el neftano que flotara en el aire y que puede ser respirado por lo habitantes produce cáncer.
Mexichen es dueña del 68%, de los fierros, inmuebles, edificios, instalaciones industriales, plantas, maquinaria equipo y todo lo que se encuentre en su interior. A Pemex solo le pertenece el 32%, por este motivo Mexichem es responsable total.
La aprobación de la reforma energética solo sirve para la entrega de Pemex incluyendo las reservas energéticas, CFE, Minería, el campo, eso es traición a la Patria, eso es lo que han hecho usted y sus pillos.
Entrego Pemex la Planta Derivados Clorados III, que genera 4 mil 745 MDP anuales, mediante un contrato de comodato, acordado al margen del Consejo de Administración de la paraestatal entre Rafael Beverido Lomelín ex director de Pemex Petroquimica y Ricardo Gutiérrez Muñoz, director general de Mexichem, la principal productora de cloruro de vinilo, remodelada el sexenio pasado con costo al erario de 150 millones de dólares y la vendió por decirlo de alguna forma como chatarra, ¿Esa ha sido su política desde que tomo el cargo, privatizadora, entreguista y desnacionalizadora? ¿Ese es el éxito de la reforma energética petrolera?
Con el PVC que se produce ahí se fabrican artículos de consumo como muchas partes de los automóviles y camiones, las tuberías que sirven para conducir agua potable y drenaje, la estructura de los teléfonos y computadoras, muebles y marcos de ventanas, por mencionar lo menos…
Al pueblo de México ¡¡¡ jamás se le olvidará !!! todo lo que está sucediendo en su gobierno al amparo de la corrupción e impunidad con que se han manejado y los partidos del PRI, PAN, PRD, y demás partidillos comparsas, TLCAN, PACTO POR MEXICO, Y LO PEOR POR VENIR EL TTP. mucho menos a nosotros los petroleros.
El Sindicato petrolero que encabeza Carlos Romero Deschamps sumiso ante estas acciones hechas a modo para favorecer a Estados Unidos permanece en completo silencio, no defiende a la industria petrolera ni a sus representados, gurda absoluto silencio en esta explosión como lo hizo al firmar el Contrato Colectivo de Trabajo en vigor 2015- 2017 en el que vendió a sus trabajadores, transitorios activos y jubilados.
Los representantes locales del Sindicato petrolero, cuando llegaban al lugar del siniestro fueron repudiados por familiares de los trabajadores que buscaban información, golpearon a las camionetas de lujo en que se transportaban.
En estos momentos hay suficientes elementos para retirar a Mexichem la operación y administración de este complejo petroquímico, por actuar de manera irresponsable y negligente.
No se cumplió con los protocolos de seguridad.para que este accidente ocurriera es porque no hay mantenimiento, se dieron varios incidentes fallas de válvulas, fugas de gas en una tubería, válvula o bomba, no se aplicó la revisión de rutina industrial, según información directa de los trabajadores no se atiendo el reporte que detona el accidente.
Información directa de trabajadores, se reportó una fuga de gas en una válvula de control y no fue atendida a tiempo hubo fuga de gas la que llego a un punto de ignición y vino la explosión en cadena.
Las válvulas de control son los dispositivos con lo que se controla el paso de los gases y los líquidos por todos los sistemas de tuberías y equipos de una instalación petrolera y de fuerza, esta válvula tiene una cantidad enorme de instrumentos de medición y control, que al final envían una señal para que abra o cierre automáticamente.
 
23 abril del 2016
contacto: arq. Mario Galicia
correo: gsilber24@yahoo.com.mx 

La reforma energética… en Pajaritos

Incendio en el complejo petroquímico Pajaritos. Foto: Yahir Ceballos
Incendio en el complejo petroquímico Pajaritos. Foto: Yahir Ceballos

PROCESO 

Hace tres años Pemex entregó en comodato parte de 
la administración del Complejo Petroquímico de Pajaritos a la empresa Mexichem, con la promesa de que pronto llegaría el dinero a Coatzacoalcos. Pero no llegó. Lo que sí se presentó la semana pasada fue la tragedia, la más devastadora que se haya registrado en el sur de Veracruz. Familiares de los trabajadores subrogados de la paraestatal se lanzaron contra el presidente Peña Nieto –quien sólo estuvo tres horas en la planta siniestrada–, el gobernador Duarte y la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo. Y en un video que se hizo viral apareció la leyenda: “Ni tres, ni 13, ni 24. Son cientos (los muertos). Coatzacoalcos, no te calles”.
COATZACOALCOS/XALAPA, Ver. (Proceso).– “¿Qué esperan? ¿Qué se desbaraten los cuerpos para no reconocerlos?”, grita una mujer. A su lado una treintena de trabajadores de Pemex y familiares de desaparecidos durante la explosión del miércoles 20 en el complejo petroquímico Pajaritos la escuchan, impotentes. Tienen la mirada vidriosa.
Frente a las instalaciones, con el rostro cubierto, efectivos del Ejército y la Marina forman una valla humana para impedirles el paso y atestiguan los lamentos y pataleos de los inconformes que llegaron de Coatzacoalcos, Agua Dulce, Las Choapas, Minatitlán y el Uxpanapa.
Un sobrecalentamiento en el área de hornos y la falta de mantenimiento en un complejo cuyas válvulas e infraestructura no lo recibieron de manera adecuada provocaron dos explosiones en una de las tres áreas del complejo, la de Clorados III.
Al cierre de edición se reportaban 27 muertos y más de 160 heridos –una veintena de ellos de gravedad– y 18 desaparecidos, según las autoridades de la paraestatal y del gobierno estatal. La nube tóxica se expandía, mientras los rescatistas sacaban los cadáveres en camionetas de redilas.
Adentro, en el área siniestrada –que desde hace tres años fue cedida a la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV) y es administrada en comodato por la firma Mexichem, de Juan Pablo del Valle, y por Pemex–, el presidente Enrique Peña Nieto recorrió el lugar del desastre, el peor que se ha registrado en Coatzacoalcos.
Lo acompañaban el director de la paraestatal, José Antonio González Anaya, el gobernador Javier Duarte, el titular de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y la procuradora Areli Gómez.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2060, ya en circulación 

Fuente

Trabajadores, a declarar ante la PGR

Sayda Chiñas Córdova
La Jornada Veracruz
Periódico La Jornada
Lunes 25 de abril de 2016, p. 8
Trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) fueron citados a declarar ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el accidente en la planta Clorados 3. Temen ser culpados, aun cuando no había personal con experiencia suficiente para operar la planta, reveló Rocío Nahle, coordinadora de los diputados federales de Morena.
Señaló que Mexichem es la empresa que debe responder, ya que el mantenimiento estaba a cargo de compañías privadas contratadas por ésta, que opera la Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV).
Desde el viernes, indicó, algunos directivos transferidos por Pemex a PMV fueron llamados a declarar en las instalaciones de la PGR en Coatzacoalcos, para determinar su posible responsabilidad en el accidente.
Los directivos, quienes pidieron el anonimato ante la posibilidad de enfrentar problemas legales mayores, expresan que la responsabilidad de ellos se mantenía en el papel, porque en realidad los altos funcionarios de Mexichem eran quienes tomaban las decisiones.
La explosión, subrayaron, ocurrió durante el cambio de guardia del personal, aunque seguía laborando gente de las empresas contratistas, el cual realiza el mantenimiento, en sustitución de los empleados del área especial que tenía el complejo petroquímico, que fue desplazado con la fusión Pemex-Mexichem.
Los funcionarios de Pemex aseguraron que a su cargo quedaba poco personal con experiencia y se dio preferencia a trabajadores de ICA-FLOUR.

Fuente

Llevarán al Congreso punto de acuerdo para retirar a Mexichem concesión de Pajaritos

Rocío Nahle García, legisladora federal de Morena. Foto: Yahir Ceballos
Rocío Nahle García, legisladora federal de Morena. Foto: Yahir Ceballos

PROCESO

COATZACOALCOS, Ver. (proceso.com.mx).- Rocío Nahle García, legisladora federal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), llevará a la diputación permanente un punto de acuerdo para exigirle a Petróleos Mexicanos (Pemex) que cancele la concesión de Mexichem al empresario Juan Antonio del Valle, pues la reciente explosión en el área de Clorados III que ha dejado hasta el momento 28 muertos, demuestra que la falta de mantenimiento y la negligencia laboral de sus directivos llevó a esta atroz tragedia.
Nahle García señaló que en el próximo receso legislativo que dura tres meses, pugnará por retirarle la concesión a Mexichen para que el complejo petroquímico de Pajaritos sea administrado y “vuelto a levantar” por personal de Petróleos Mexicanos y por la iniciativa privada.

Entrevistada en su despacho, la legisladora de Morena dijo que el viernes pasado recorrió la planta de Pajaritos para constatar la zona siniestrada y en donde pudo intercambiar puntos de vista con el nuevo director de Pemex, José Antonio González Anaya, por sólo medio minuto.
“Me dijo que no estaba de acuerdo con mis declaraciones (de quitar la concesión a Mexichem), pero le dejé en claro que yo no estoy para darle gusto a la clase política ni a nadie, sino para hacer lo correcto”.

Nahle García, ingeniera de profesión, aseguró que el área de Clorados y sus sectores dañados se tendrán que volver a construir y ser cambiados por un complejo petroquímico nuevo, pues un remozamiento volvería a poner en riesgo a cientos de trabajadores.
“La planta quedó desecha, hay que hacerla de nuevo. Y cuando digo nueva, es Pemex el encargado de hacerla, que no nos salga con que la van a concesionar Mexichem y a los amigos de Salinas la construcción del nuevo complejo petroquímico”, fustiga Nahle.
La legisladora de Morena consideró que ni la explosión ocurrida en 1991 causó tantos estragos en pérdidas de vidas humanas y daños económicos como ahora. Dijo que esta tragedia y los antecedes y contextos en los que se da demuestran un fracaso total de la reforma energética.
Por separado, Pemex informó este domingo que los trabajadores lesionados del fatal accidente y que permanecen internados en diversos hospitales son 18, de los cuales seis fueron trasladados a un hospital de alta especialidad en el puerto de Veracruz para atender sus lesiones y quemaduras.
Mientras tanto, al interior de Pajaritos continúan las labores de búsqueda e inspección en las instalaciones de Petroquímica Mexicana de Vinilo en aras de encontrar más cuerpos de obreros que haya fallecido en el fatal accidente.
Ayer por la tarde arribaron al lugar los binomios humanos-caninos especialistas en rescate urbano para fortalecer las actividades de búsqueda en la zona de más difícil acceso, ayudados por maquinaria especializada.
La Fiscalía continúa con la toma de muestras de ADN a familiares de los trabajadores fallecidos que aún no han reconocido ninguno de los cuerpos, lo cual permitirá contar con elementos para una plena identificación de los mismos.
De las 28 personas que murieron -hasta el momento-, 26 han sido reconocidas por sus familiares, por lo que quedan dos en espera de ser identificadas.

En Mexichem ocurren el doble de accidentes que en Pemex

Foto
Estado en el que quedaron parte de las instalaciones de Pajaritos, tras el estallido ocurrido la semana pasadaFoto Afp
Susana González
 
Periódico La Jornada
Lunes 25 de abril de 2016, p. 18
El índice de accidentes ocurridos en instalaciones de Mexichem durante esta década duplica el registrado en Petróleos Mexicanos (Pemex). Los informes de sustentabilidad más recientes de ambas empresas indican que en Mexichem hubo 1.2 accidentes por millón de horas-hombre trabajadas entre 2011 y 2014, en las 120 instalaciones que tiene en 30 países, entre ellos México. Esto contrasta con el índice de 0.52 de percances que Pemex registró en el mismo periodo.
Por los accidentes Mexichem perdió 24 mil 694 días de trabajo en dicho cuatrienio, es decir, 44.5 veces más respecto a los 554 días perdidos que Pemex reportó por el mismo motivo. Además, con el accidente de Pajaritos, en el que perdieron la vida 32 trabajadores, la empresa de Antonio del Valle quebrantó su récord de cero accidentes fatales que había mantenido durante tres años (2012, 2013 y 2014). Tuvo uno en 2011.
También quedó frustrada su meta de lograr cero accidentes fatales, reducir al menos 50 por ciento los incapacitantes para 2016, y bajar 11 por ciento los días perdidos, según había definido en su informe de sustentabilidad 2014. Se proponía conseguirlo con prevención, enfatizando que asegurar una operación sin accidentes es responsabilidad de todos y cada uno de los colaboradores de Mexichem, y manteniendo un sistema de seguridad para el control de riesgos.
A su vez, la subsidiaria Pemex Etileno (antes Pemex Petroquímica), a la que está adscrita Pajaritos, ha registrado el índice de frecuencia de accidentes más alto entre las diferentes divisiones que conforman la petrolera. En 2014 tuvo un índice de 0.80 accidentes por millón de horas-hombre trabajadas, año del que Pemex presumió una reducción de 33 por ciento en su índice general de accidentes anuales, al llegar a 0.38 por ciento.
Los indicadores de seguridad operacional de Mexichem detallan que ha logrado bajar su índice de accidentes, pues en 2011 registró 1.5 percances por millón de horas-hombre trabajadas; en 2012 fue de 1.3, y en 2013 y 2014 llegó a 1.0. Sobre el último registro la empresa aclaró que no incluyó su planta Vestolit, en Alemania, que compró ese año.
Los accidentes incapacitantes pasaron de 180 a 253, 188 y 205 en los cuatro años. Los días perdidos sumaron 4 mil 697 en 2011; se dispararon a 8 mil 777 durante 2012, bajaron a 5 mil 952 en 2013 y tuvieron otra reducción en 2014 al sumar 5 mil 268 (sin Vestolit).
En cuanto a Pemex, las estadísticas de seguridad presentadas hasta 2014 –según las cinco divisiones que tenía como paraestatal, y no las empresas subsidiarias que se establecieron con la reforma energética– indican que el área de petroquímica concentró 28 por ciento o 155 de los 554 días perdidos por millón de horas-hombre trabajadas en el cuatrienio, como mide el índice de gravedad de los accidentes. Luego se ubicó Pemex Exploración y Producción, con 132 casos, Refinación con 130, Pemex-Gas con 69, y con 68 el corporativo (una división más y no la suma de todas las áreas).
Por año, el índice de gravedad más elevado correspondió a 2013, con 168 días perdidos; luego 2012, con 137 días; 2011 con 129 y 2014 con 120. En cuanto al índice de frecuencia o número de accidentes incapacitantes por millón de horas-hombre laboradas, las cifras de Pemex pasaron de 0.54 en 2011, a 0.61 en 2012, 0.57 en 2013 y 0.38 en 2014.
Hace dos años Petroquímica tuvo el índice de frecuencia más alto al llegar a 0.80, más del doble respecto al promedio de 0.38 presumido por Pemex. Luego se ubicó el corporativo con un índice de accidentes de 0.48; detrás Pemex Exploración y Producción con 0.35; Pemex Refinación con 0.29, y hasta el último lugar Pemex Gas con 0.16.
El informe de sustentabilidad de Pemex no indica el número de accidentes, pero otro reporte del que este diario informó hace un año revelaba que de 2007 a 2013 se produjeron mil 77 sólo en el área de exploración y producción (153 por año), que provocaron la muerte de 69 trabajadores y dejaron 907 lesionados.

Fuente

Con nombres y detalles, la acción de la Policía Federal contra normalistas en Iguala

Normalistas protestan en el cuartel del 27 Batallón de Infantería en Iguala, el pasado 15 de julio. Foto: Sedena
Normalistas protestan en el cuartel del 27 Batallón de Infantería en Iguala, el pasado 15 de julio. Foto: Sedena

PROCESO

La participación activa de la Policía Federal en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ya no se puede disimular. Dos polícías federales fueron señalados por un testigo de la CNDH como activos participantes en el secuestro de más de 15 normalistas que viajaban en un autobús el 26 de septiembre de 2014. De acuerdo con documentos oficiales, ambos pertenecen al grupo de siete integrantes de la PF que tuvieron alguna intervención en la trágica Noche de Iguala. Este reportaje se realizó con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley.
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Por documentos internos de la base igualteca de la Policía Federal (PF) se conocen los nombres de los siete agentes de esta corporación que entraron en acción la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, desaparecieron.
Son Luis Antonio Dorantes Macías, suboficial jefe de la base de la PF en Iguala; el subinspector José Carlos Hernández Romero; los oficiales Víctor Manuel Colmenares Campos y Arturo Gómez Gómez; y los suboficiales Emmanuel de la Cruz Pérez Arizpe, Marco Antonio Pérez Guzmán y Alfonso Ugalde Cámara.
Colmenares y Pérez Arizpe son dos de los policías reconocidos por un testigo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cómplices de la desaparición de los 15 o 20 normalistas que viajaban en el autobús Estrella de Oro 1531 el 26 de septiembre, revelaron fuentes vinculadas a la investigación de la CNDH.
Según ese testigo, entre las 22:00 y las 22:30 horas –cuando los policías municipales agredieron a los estudiantes en la autopista federal 95 y los obligaron a bajar del autobús para subirlos a vehículos de la Policía Municipal de Huitzuco–, Colmenares y Pérez Arizpe atestiguaron y permitieron que ocurriera la agresión en un tramo carretero que, según información de la propia PF y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), está bajo jurisdicción federal.
Según testimonios publicados desde septiembre de 2015 por esta reportera (Proceso 2029), a la altura del Palacio de Justicia los policías federales también apuntaron sus armas contra los normalistas, a la vista de decenas de automovilistas que habían quedado varados por el bloqueo instalado para atacar a los estudiantes.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2060, ya en circulación 

No hubo cremación en Cocula, ratifica el GIEI

Foto
Familiares de los normalistas agradecen el trabajo de investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos IndependientesFoto Cristina Rodríguez
Emir Olivares Alonso y José Antonio Román
 
Periódico La Jornada
Lunes 25 de abril de 2016, p. 2
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa no halló una sola evidencia para asegurar que en el basurero de Cocula, Guerrero, fueron ejecutados e incinerados los 43 estudiantes de esa normal rural, desaparecidos desde septiembre de 2014. Por el contrario, tras un año y un mes de trabajo confirmó su conclusión –a la que llegó hace siete meses– de que en ese tiradero no existió incineración de estos cuerpos.
Al presentar ayer su informe final sobre el caso –de 608 páginas–, los expertos aseguraron que las autoridades no han seguido líneas de investigación claves, se ha manipulado evidencia, obstruido y rechazado diligencias, protegido a oficiales que habrían participado en la desaparición, y torturado a presuntos sospechosos para obtener confesiones que respalden la versión gubernamental. Subrayaron que el sistema de justicia mexicano sólo investiga y castiga a los autores materiales del delito, pero es omiso con los intelectuales. La investigación a la cadena de mando no existe.
Con este reporte, los expertos cierran sus trabajos en México (el 30 de abril concluyen su labor), después que el gobierno federal negó prorrogar su mandato. Lamentaron que el principal objetivo del GIEI –la ubicación de los normalistas– no se haya concretado.
Un elemento clave para las investigaciones, dijeron, era obtener de manera directa el testimonio de los militares que estuvieron presentes en varias de la escenas de los hechos violentos en Iguala, lo cual fue reiteradamente rechazado por la administración de Enrique Peña Nieto.
Los soldados –señalaron– incluso tuvieron conocimiento de las golpizas y detenciones de los normalistas, pero no tomaron ninguna medida para protegerlos. Otro hecho a destacar es que familiares de los jugadores del equipo Los Avispones solicitaron directamente ayuda al 27 batallón de infantería, donde les contestaron que no podían brindar auxilio porque no es nuestra jurisdicción.
Los expertos concluyeron que existe certeza de que en el ataque contra los normalistas hubo perfecta coordinación durante más de 10 horas entre diferentes corporaciones policiacas y presuntos integrantes del crimen organizado, con la finalidad de crear un círculo de control que abarcaba hasta 80 kilómetros, para evitar la salida de los autobuses (tomados por los estudiantes) de Iguala.
En contraparte, diversas policías, entre ellas la federal, habrían dejado pasar el llamado quinto autobús (que de acuerdo con la hipótesis del GIEI es clave para la investigación, ya que podría estar relacionado con el trasiego de estupefacientes de Iguala a Chicago, Estados Unidos). Esta unidad, agregaron, ni siquiera se había incorporado al expediente inicial del caso.
Ángela Buitrago enfatizó: Se trató de un ataque masivo e indiscriminado contra población civil, sin que hasta el momento exista alguna explicación de la PGR. El quinto autobús es una hipótesis investigativa que podría justificar un ataque de esa intensidad. Esa línea no está ni puede estar cerrada.
En medio de gran expectativa por conocer el contenido del reporte titulado Informe Ayotzinapa II: avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas, decenas de personas, entre ellas familiares de las víctimas, defensores de derechos humanos, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, James Cavallaro, políticos e intelectuales, se dieron cita en el patio principal de la Universidad Claustro de Sor Juana.
Ausencias oficiales
Quedaron vacíos los lugares destinados a los subsecretarios de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa; de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz, y el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Eber Betanzos, pese a estar invitados. El argumento para esa ausencia fue que deseaban conocer el informe antes de su presentación, pero éste fue concluido a las 22 horas del sábado, por lo que fue imposible hacérselos llegar.
La verdad histórica, abajo
En una larga presentación y posterior conferencia de prensa, que se prolongaron casi cuatro horas, los expertos delinearon algunos elementos para echar abajo, una vez más, la llamada verdad histórica.
El GIEI halló registro de la actividad de los teléfonos móviles de cuando menos siete de los estudiantes hoy desaparecidos, varias horas e incluso días después del 26 y 27 de septiembre. Por ejemplo, uno de ellos hizo una llamada a la 1:26 de la madrugada del 27, con registro en la carretera Huitzuco-Tenango. En la versión oficial, para esa hora los estudiantes ya habrían sido asesinados y sus celulares destruidos.
Un elemento más que no fue investigado pese a la solicitud de familiares y del GIEI, es que desde el celular de Jorge Aníbal Cruz Mendoza se envió un mensaje de texto a su madre pidiéndole que le pusiera saldo. Ese teléfono siguió activo incluso meses después de los hechos de Iguala.
El informe del GIEI muestra que un presunto integrante de la organización criminal Guerreros unidos, identificado como El Caminante, y que hasta ahora las autoridades desconocen de quién se trata, habló en las horas críticas con al menos siete policías municipales ubicados en lugares claves, como Cocula e Iguala. Una circunstancia que sí se incluyó en el expediente de la PGR es que Jonhatan Osorio, uno de los detenidos inculpados por la presunta incineración de los cuerpos, hizo una llamada de su teléfono desde el basurero de Cocula, donde–de acuerdo con los expertos– no hay señal.
Diversos testimonios obtenidos por el GIEI arrojan la hipótesis de que los 43 estudiantes habrían sido separados y conducidos a lugares distintos. Varios testigos afirmaron que entre 10 y 14 de ellos fueron vistos en el patio de la comandancia de la policía municipal de Iguala, donde habrían pasado la noche del 26 al 27 de septiembre. Otros más indican que otro grupo fue llevado a Huitzuco. Se chingaron a un compañero y se los van a llevar a Huitzuco, que allá el patrón decidirá qué hacer con ellos, le habría dicho un policía a otro.
Los expertos enviados por la CIDH acreditaron actos de tortura contra al menos 17 de los detenidos por el caso, entre ellos los cinco presuntos integrantes de Guerreros unidos que aportaron declaraciones en torno a la incineración de los cuerpos de los 43 en el basurero de Cocula. De las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por esos tratos, 15 son de los 17 señalados por el GIEI.
Condenaron la descalificación mediática –con la que el gobierno federal fue complaciente– de su labor y agregaron que desde enero la PGR retrasó innecesariamente o rechazó las deligencias propuestas por el grupo. El informe hace una serie de recomendaciones que confiaron sean acatadas por el Estado mexicano.
Por estos hechos, agregaron, hubo 180 víctimas directas y 700 indirectas. Si bien se van tranquilos con el trabajo realizado, Francisco Cox reconoció: Nos vamos con el peor sabor por no haber cumplido con el principal objetivo: la ubicación de los normalistas desaparecidos.
 
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La Principal Causa es la Pobreza JOVENES EN EDAD DE TRABAJAR ABANDONAN LA ESCUELA

*A Partir de los 13 Años Empieza la Deserción Escolar se Agudiza a los 18 el 62% de los Jóvenes ya no Estudia.
*1 de cada 5 escuelas (20.8% del total ) tiene techo de lámina de asbesto, metal, cartón, palma o carrizo o ni tiene.
*El presupuesto se distribuye inequitativamente, se privilegia a las zonas urbanas y se margina a las indígenas.
*Las escuelas indígenas y comunitarias son las que se encuentran en peores condiciones, 49% no tienen agua.

México es un país en donde sólamente en el nivel primaria el 100 por ciento de los niños está inscrito en la escuela. A partir de la secundaria empieza la deserción escolar. A los 15 años el 26.8 por ciento no se matricula. A los 18 años el 62% abandonó los estudios y, conforme avanza la edad de trabajar, se dispara ese índice hasta llegar a los 24 años de edad en que el 91.8 por ciento de los jóvenes ya no estudia.
Estos datos se dieron a conocer en el informe sobre "La Educación Obligatoria en México", que publicó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, mismo que fue entregado al senado de la República el 21 abril del 2016, en donde se destaca que la pobreza y la necesidad de trabajar, son los argumentos de la mayoría de jóvenes que dejan de inscribirse en la escuela.
Eso sin contar el asentismo que en algunos estados es de hasta 46 % como en Michoacán o 31% en Chiapas, para niveles medios y superiores. La inasistencia de estudiantes en el nivel primaria es bajo, de 9%, pero en el caso de los hijos de familias jornaleras agrícolas migrantes, su porcentaje de asistencia a la escuela es de apenas entre 14 y 17%. "Téngase en cuenta que se estima que existen entre 279 mil y 326 mil niños y niñas de familias de jornaleros agrícolas migrantes en edad de cursar la educación básica", señala el informe.
El informe reconoce que el bajo crecimiento económico del país -que durante el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, cayó a 1.7% del Producto Interno Bruto (PIB)- inhibe la capacidad del Estado y de la sociedad para realizar inversiones sociales, particularmente en educación, dado que el gasto público federal es de apenas 4.33, cifra de 2015, pese a que las recomendaciones internacionales son que se invierta el doble en el sector.
Por esa razón 1 de cada 5 escuelas (20.8% del total ) tiene techo de lámina de asbesto, metal, cartón, palma o carrizo, o éste es inexistente, situación que empeora en las zonas indígenas em 33.5% de los casos. Y es peor aún en las escuelas comunitarias, ya que se encuentran en esa situación 54.7%.
"En el caso de los muros, de nuevo las mayores carencias se encuentran en las escuelas indígenas (7.1 y 17.4%) y comunitarias (19.1%), que reportan que la mayoría de sus paredes son de tablarroca, lámina, madera, o incluso no las tienen. En relación con los pisos, destaca que 7% de las escuelas indígenas (multigrado y no multigrado) y 19.3% de las comunitarias los tiene de tierra o materiales movibles".
Las escuelas indígenas y comunitarias son las que se encuentran en peores condiciones, pues la mayoría (56%) no cuentan con agua potable para beber y 49% ni siquiera tiene agua para lavarse las manos. El resto de las escuelas primarias 38% carecen de suministro diario de agua y de energía eléctrica 7.7%
Por otra parte el informe llamó la atención sobre la discriminación que hay para los estudiantes que hablan lenguas originales, porque " 5% de los niños reporta haber sido castigado por hablar una lengua indígena en la escuela; sorprende que este porcentaje se eleve a 13% en las primarias indígenas de organización completa y a 15% en las indígenas multigrado, donde la educación debe ser bilingüe". 

Marinos de la dictadura argentina, dueños de sociedades offshore activas

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Ricardo Miguel Cavallo, integrante del Grupo de Tareas de la Esma (centro clandestino de detención de la dictadura en Argentina), es dueño de una compañía offshore ubicada en Orlando, Florida. La imagen es del 29 de junio de 2003, cuando el represor fue extraditado de México a EspañaFoto Carlos Ramos Mamahua
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Manifestación frente a la Esma en la inauguración del Museo de la Memoria el 24 de marzo de 2004, en Buenos Aires. Varios represores argentinos han salido a la luz como dueños de empresas en paraísos fiscalesFoto Afp
Stella Calloni
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 25 de abril de 2016, p. 23
Buenos Aires.
Sociedades offshore en actividad están a nombre de integrantes de los grupos de tarea de la marina en la pasada dictadura en Argentina (1976-1983) que son juzgados aquí por crímenes de lesa humanidad, informó el periódico local Página 12 sobre Los papeles de Panamá y otros registros.
La periodista Alejandra Dandan, quien trabaja en el seguimiento de crímenes de la pasada dictadura y de decenas de juicios realizados en los últimos años en todo el país contra responsables y cómplices de esas acciones, señala que existen registros en Panamá, Miami y Sudáfrica a nombre de los marinos de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) Ricardo Miguel Cavallo (cuyo verdadero nombre es Miguel Ángel Cavallo), Jorge Rádice, su hermana Norma y otros.
Rádice era el contador de la Esma, donde funcionó uno de los mayores centros clandestinos de detención, y en estos días se investiga el robo y la apropiación de bienes durante los secuestros de miles de desaparecidos en ese lugar.
Cavallo es conocido en México. En sociedad con Jorge Rádice –con quien integraba junto a otros el criminal Grupo de Tareas 33/2 (GT 33/2) de la Esma–, crearon varias empresas después de 1983, cuando terminó la dictadura.
Junto a su socio Rádice, el marino Cavallo fundó la empresa Talsud, con la cual ganó una licitación en México, nada menos que para el Registro Nacional de Vehículos (Renave). En 2000 Cavallo fue detenido en México en el contexto de un juicio iniciado en España por el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón contra los criminales de la dictadura argentina. Cavallo finalmente fue extraditado a Argentina, donde fue condenado a cadena perpetua junto a sus compañeros del GT 33/2 por su responsabilidad en secuestros y desapariciones en la Esma. Este grupo se apropió de inmuebles, fábricas y tierras por valores millonarios, como se comprobó en varios casos.
El marino Cavallo figura en otras compañías offshore, como una registrada en la ciudad estadunidense de Orlando, Florida.
Según el sitio opencorporates.com, la compañía se llama Mari USA LLC y actualmente está activa, sostiene Dandan.
A nombre de Jorge E. Acosta, El Tigre Acosta, ex jefe máximo del GT de la Esma, condenado por crímenes de lesa humanidad y por el robo de niños nacidos en cautiverio, figuran ocho sociedades en distintos lugares de Estados Unidos: Florida, California, Michigan y Connecticut.
También figura el nombre de Jorge Ernesto Vildoza, hijo de Jorge Vildoza, segundo hombre del GT de la Esma, una sociedad de nombre Maitreya SA, con domicilio en República Dominicana y registrada el 30 de septiembre de 2010, dedicada al negocio de las máquinas tragamonedas de los casinos.
De acuerdo con la investigación de Página 12, Acosta y Rádice pasaron en distintas épocas por empresas como Seal Lock SA, Martiel SA y Talsud SA, conocidas en las investigaciones vinculadas a la trama del robo a los desaparecidos. Seal Look manejó nada menos que la entrega de registros de la ciudad de Buenos Aires. Esto indica el peligro en que transcurría la vida de miles y millones de ciudadanos, cuyos datos estaban en manos de semejantes criminales de lesa humanidad.
Vildoza creó compañías ligadas al mundo del juego cuyos bienes fueron congelados por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) cuando quedó probado que el flujo de dinero sostenía la condición de prófugos de él y de su esposa, Ana María Grimaldos, a quienes la justicia buscaba por la apropiación de Javier Penino Viñas.
En 1998 se conoció la identidad de Javier, hijo de los desaparecidos Hugo Penino y Cecilia Viñas. Pero en este caso Javier defiende a su apropiadora Grimaldos, detenida en la causa por robo de niños. Vildoza, el marino que lo secuestró, huyó primero a Asunción con el entonces niño apropiado y luego estuvo en Londres y Sudáfrica.
A principios de este mes fue divulgada una investigación encabezada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, que reveló que unas 150 personalidades de 50 países, entre ellas el presidente de Argentina, Mauricio Macri, aparecen como titulares o vinculados con empresas o cuentas bancarias en paraísos fiscales, según un enorme caudal de documentos pertenecientes al despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, importante generador de sociedades offshore a escala mundial.
Ahora surgen estos datos por la aparición de Los papeles de Panamá, que además se completan con la apertura de otros registros y archivos que ayudarán también en la reconstrucción de las aberrantes historias del terrorismo de Estado y sus consecuencias.
En la Esma fue donde se fraguaron documentos como el de Cavallo y aún no se sabe bajo qué nombre estarán viviendo hoy varios de los prófugos de las dictaduras. No sólo de Argentina.
El Grupo de Tareas de la Esma “montó distintas empresas, entre ellas algunas inmobiliarias. Hubo casas y propiedades robadas a los desaparecidos que pasaron a nombre de Juan Ríos, alias de Rádice, y al de su hermana Norma Beatriz”, indicó Página 12.
El reportaje de Dandan hace referencia al trabajo realizado por la UIF en 2014 a cargo de Jorge Sbatella, quien logró probar que una serie de empresas radicadas en paraísos fiscales del exterior inyectan dinero a empresas argentinas vinculadas a los marinos: entre 2001 y 2013 fueron 20 millones de pesos. Esto hizo sospechar que podía ser lavado de dinero del robo de bienes a los desaparecidos por lo cual Sbatella pidió información a organismos financieros.
Estos nuevos papeles vienen a complementar esa investigación: confirman lo que hasta ese momento era una hipótesis: que las sociedades existen, que hay más de las conocidas hasta ahora y que están constituidas por ellos mismos (los marinos), y añade: sin embargo, el nuevo contexto político generado por el gobierno de Mauricio Macri, con la desactivación de las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad dentro de la UIF, amenaza con dar jaque mate a los avances que se habían logrado.

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