jueves, 28 de abril de 2016

La Revolucion de las Canas 2016 04 28

Convocatoria para el 1º de Mayo

Senadores consideran impostergable la reforma al sistema de pensiones

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Los senadores María Elena Barrera e Isaías González, integrantes de la Comisión de Seguridad Social, en el foro sobre el temaFoto Senado
Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Jueves 28 de abril de 2016, p. 15
La Comisión de Seguridad Social del Senado de la República manifestó estar abierta a trabajar con especialistas en una reforma integral en la materia; en tanto, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, señaló que se deberá analizar si se aumenta la edad para que los trabajadores puedan jubilarse.
El funcionario puntualizó: se tiene que analizar si vale la pena aumentar la edad de cesantía, que es de 60 años, y paralelamente buscar que haya mejores tasas de remplazo –el porcentaje del salario con el que las personas se pensionan.
Luego de atestiguar la firma del convenio para impulsar la formalización del empleo en el estado de México, Navarrete dijo que el análisis sobre la edad de cesantía tiene que ir de la mano de aliviar el tema de pensiones para los sistemas de seguridad social y las empresas, mientras los trabajadores podrían tener jubilaciones dignas.
Agregó que debido al denominado bono demográfico, de aquí a 20 años ingresará al mercado laboral del país el mayor número de jóvenes en la historia, que son 800 mil por año, lo que está generando estas presiones.
Por otra parte, en el foro que se realizó ayer en el Senado con motivo de la Semana de la Seguridad Social, los secretarios de la Comisión de Seguridad Social, María Elena Barrera Tapia e Isaías González Cuevas, indicaron: es impostergable una reforma estructural del sistema de pensiones en el país, ya que la situación amenaza con dejar en la pobreza extrema a las futuras generaciones de la tercera edad.
Coincidieron en que se buscará que este mismo año una comisión interdisciplinaria conjunte las propuestas que se han presentado para solucionar el grave problema que enfrentan IMSS, Issste, Pemex y otros sistemas de seguridad social.
A su vez, representantes de la Oficina para México y Cuba de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentaron un informe en el que se concluye que sólo en una minoría de países del mundo se diseñan reformas a los esquemas de pensiones, y que la mayor parte de ellos tienen esquemas públicos.
El análisis detalla que en el caso de América Latina, sólo en Chile, Bolivia, El Salvador, y México se han efectuado reformas radicales en materia de pensiones. En tanto países como Perú y Colombia han tenido cambios parciales en estos esquemas.
Para esta organización, los mayores desafíos de los esquemas pensionarios de la región son los altos niveles de desprotección social, la pobreza y desigualdad, así como una elevada informalidad.
Uno de los expertos en el tema en el sector privado, el presidente ejecutivo de la firma Valuaciones Actuariales del Norte, Francisco Miguel Aguirre Farías, comentó que no se puede hablar de seguridad social sin sustento económico, ya que esto sólo es demagogia.
Añadió: se debe evitar construir paraísos económicos sobre cementerios sociales y viceversa. Propuso que se realice una valuación actuarial estandarizada de todos los sistemas públicos, incluidos IMSS e Issste, los de pensiones de estados, municipios, universidades y paraestatales como Pemex.
A su vez, el vicepresidente de la sección de pensiones y seguridad social de la Asociación Actuarial Internacional, Abraham Hernández, comentó que más de la mitad de los trabajadores actualmente activos no cotizan en un sistema de pensiones, por lo que no tendrán siquiera una mínima jubilación.
Dijo que 93 por ciento de las empresas hoy día carecen de un sistema privado de pensiones, y menos de 6 por ciento de los adultos mayores sobreviven con una pensión de uno a tres salarios mínimos. Por ello, vamos a ser un país de viejos pobres.

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Condenan a Pemex a disculparse con tres familias por explosión de 2013 en la CDMX

Alfredo Méndez
 
Periódico La Jornada
Jueves 28 de abril de 2016, p. 14
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (Tfjfa) condenó este miercoles a Petróleos Mexicanos (Pemex) a ofrecer disculpas públicas a tres familias que perdieron a algún pariente en la explosión del edificio B2 de la Torre de Pemex en la Ciudad de México, el 31 de enero de 2013, a quienes la empresa productiva del Estado deberá indemnizar económicamente para reparar el daño moral y patrimonial que sufrieron por el percance.
Los montos de la indemnización por concepto de reparación de daño moral, perjuicio, lucro cesante y otros que incluye la condena no se hicieron públicos.
La sentencia aún no es definitiva y puede ser impugnada por Pemex mediante un recurso de revisión que corresponde conocer a los tribunales colegiados de circuito, aunque, en caso de que eso ocurriera, el Poder Judicial de la Federación sólo revisaría cuestiones de legalidad, es decir, que la sentencia hubiera respetado los principios del debido proceso.
Una vez que sea definitiva esta resolución, Pemex deberá buscar el mecanismo para hacer públicas sus disculpas a los familiares de Luis Ojeda Olguín, Gregorio Vite Valderrama y Enrique Bartolomé Hernández Martínez, quienes fallecieron durante la explosión en el edificio B-2.
El estallido fue originado por acumulación de gas metano, solventes y sedimentos de hidrocarburos (según un peritaje solicitado por la Procuraduría General de la República al instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México) y que dejó 128 heridos y 33 muertos.
Para la defensa de los deudos, encabezada por el abogado Jesús Alberto Guerrero Rojas, director general de la asociación civil Organización Nacional de Responsabilidad del Estado, la sentencia del Tfjfa es un gran avance en temas de reparación patrimonial del Estado, pues fija criterios para que en futuros casos similares Pemex o cualquier autoridad gubernamental indemnicen adecuadamente a quienes sean víctimas de algún percance como el de la torre B-2.
Tras la explosión ocurrida hace más de tres años, Petróleos sólo dio apoyo para gastos funerarios a los deudos, mientras la empresa Copicosa (contratista de la otrora paraestatal) entregó 144 mil pesos a cada familia y una de las viudas recibe una pensión del Instituto Mexicanos del Seguro Social de 2 mil pesos al mes.
Guerrero Rojas destacó que la sentencia del tribunal servirá de precedente fundamental para que los deudos de los trabajadores fallecidos por la explosión en el complejo petroquímico Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, ocurrida la semana pasada, puedan exigir indemnizaciones superiores a 10 millones de pesos.
Luis Ojeda Olguín, Gregorio Vite Valderrama y Enrique Bartolomé Hernández Martínez trabajaban para la empresa de pilotes Copicosa, contratista de Pemex, para dar mantenimiento en el edificio donde se produjo la explosión en enero de 2013.

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Atenco: expulsan a trabajadores y queman material

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Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra del municipio de San Salvador Atenco y de Tocuila, Texcoco, en el estado de México, incendiaron ayer materiales de cimentación de la autopista Pirámides-Texcoco, en protesta por la invasión de sus terrenos ejidales para obras del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de MéxicoFoto Javier Salinas
Javier Salinas Cesáreo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 28 de abril de 2016, p. 28
Texcoco, Méx.
Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco y Tocuila incendiaron ayer membrana de tela y red de plástico destinados a la construcción de la autopista Pirámides-Texcoco, parte del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en protesta porque los trabajos invaden sus terrenos ejidales.
Temprano, los comuneros detectaron que personal de la empresa Cypsa Vise entró en tierras ejidales de Tocuila con dos trascabos y camiones de volteo cargados de tezontle para reanudar las obras de la autopista, que los campesinos detuvieron el sábado pasado porque invadían sus parcelas.
Ejidatarios del FPDT de Atenco y Tocuila expulsaron a los trabajadores y los obligaron a sacar la maquinaria. Los empleados ya habían tendido varios metros de membrana de tela y malla plástica para la cimentación de la vía; además, depositaron decenas de toneladas de tezontle.
Los labriegos cortaron unos 12 rollos del material y prendieron fuego a varios. Advirtieron que no permitirán invasiones a sus tierras, que defenderán aun con la vida.
La reanudación de los trabajos es un acto de provocación. No queremos enfrentarnos con nadie porque sabemos que tienen todos los recursos para reprimirnos y desde luego torcer la ley, pero eso, más que darnos miedo, nos da mucho coraje. Esto es sólo una muestra de lo que encontrarán si insisten en su proyecto de muerte, dijo Ignacio del Valle Medina, dirigente del FPDT.
Afortunadamente, la mayoría de ejidatarios en Tocuila no se han vendido. Aquí no ha habido cambio de uso de suelo; los ejidatarios jamás pusimos en venta nuestro territorio. No vamos a permitir que sigan avanzando, agregó.
Según Del Valle Medina, el impacto de este proyecto de muerte que es el nuevo aeropuerto es expansivo, con vialidades, zonas de mantenimiento y hotelería. Para nosotros es la muerte, porque es el desplazamiento de nuestras comunidades y acabaría con nuestras tierras de cultivo.
La autopista Pirámides-Texcoco conectará la terminal con las autopistas México-Pirámides y Peñón-Texcoco, así como con el corredor México-Tuxpan.

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“La verdad hasta sus últimas consecuencias”, exigen padres de los 43

Familiares de los 43 marchan en Tixtla. Foto: José Luis de la Cruz
Familiares de los 43 marchan en Tixtla. Foto: José Luis de la Cruz

PROCESO

AYOTZINAPA, Gro. (apro).- “Vamos a salir a las calles para exigir la verdad hasta sus últimas consecuencias”, advirtió Melitón Ortega a nombre de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014.
Ortega declaró lo anterior en las instalaciones de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, ubicada en el municipio de Tixtla de Guerrero, durante la presentación del segundo y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición forzada de los estudiantes.
Carlos Beristáin, integrante del grupo enviado a México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló que el gobierno federal tiene la obligación de escuchar a las víctimas en los casos de desaparición forzada, y la tarea de cumplir con las recomendaciones que plasmaron en el documento.
Integrantes del GIEI entregan último informe en la normal de Ayotzinapa. Foto: Eduardo Miranda
Integrantes del GIEI entregan último informe en la normal de Ayotzinapa. Foto: Eduardo Miranda
Alrededor de las 11:00 horas, un contingente de normalistas y activistas encabezados por algunos padres de los 43 normalistas desaparecidos partieron en marcha del barrio de La Villa, y luego de recorrer el pueblo –considerado la cuna del consumador de la Independencia, Vicente Guerrero, y del ilustre Ignacio Manuel Altamirano– llegaron al casco de la normal de Ayotzinapa.
En el lugar, los integrantes del GIEI recibieron a los padres al mediodía, luego de lo cual dio inicio un acto en el que se intercambiaron experiencias y se anunciaron movilizaciones para exigir que se esclarezca el caso de la desaparición de los normalistas.
Al respecto, los padres exigieron al gobierno federal el cumplimiento de las recomendaciones del GIEI. Posteriormente ambas partes sostuvieron un encuentro privado.

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Ley de disciplina financiera busca frenar alto endeudamiento estatal

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El presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, conversan con algunos gobernadores, tras encabezar la promulgación de la Ley de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios, en Palacio NacionalFoto Francisco Olvera
Rosa Elvira Vargas y Roberto González Amador
 
Periódico La Jornada
Jueves 28 de abril de 2016, p. 20
El acelerado aumento de la deuda de estados y municipios, con un ritmo promedio real de 14.5 por ciento cada año entre 2008 y 2013, llevó a legislar en la materia ante el riesgo de afectar la estabilidad financiera del país, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto.
Gobernadores del país, legisladores y funcionarios públicos fueron convocados ayer a Palacio Nacional para la promulgación de la Ley de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios. De los ejecutivos locales no acudieron algunos cuyas entidades figuran entre las más endeudadas del país, como Veracruz, Coahuila y Quintana Roo, Morelos, Michoacán, Ciudad de México y Tabasco.
El ritmo de endeudamiento llevó, dijo, a impulsar una propuesta preventiva para atender el ritmo de endeudamiento de las entidades locales.
Al entrar en vigor, permitirá lograr finanzas públicas locales sostenibles a mediano y largo plazos, mayor planeación y destinar los ingresos excedentes a proyectos de inversión o al pago de pasivos.
Por esta ley los ciudadanos podrán conocer el nivel de endeudamiento a través del sistema de alertas, a partir de cuyos resultados se fijarán los techos de financiamiento neto a los cuales podrán acceder las autoridades en forma anual.
En pocas palabras, significará que cada entidad, en razón de su deuda, tenga con toda claridad hasta dónde más puede llegar a endeudarse o contratar deuda de forma responsable y sin poner en riesgo las finanzas, puntualizó Peña Nieto.
Además, se reducirán los costos de los empréstitos al obligar a su contratación mediante procesos competitivos y, al cumplir los requisitos y condiciones establecidos, el gobierno federal podrá ser aval de la deuda contratada.
Las legislaturas locales también serán elemento central en la contratación de pasivos, pues deberán tener para ello la aprobación de al menos las dos terceras partes de sus integrantes.
Además, expuso Peña Nieto, con el nuevo Registro Público Único se inscribirán y harán transparentes todas las obligaciones que contraten los entes públicos locales, independientemente de su modalidad, ya sea deuda, asociación público-privada, deudas de corto plazo, etcétera.
De esta forma, los mexicanos podrán vigilar mejor el uso de los recursos públicos y conocer de manera clara la forma en que se invierte la deuda de su estado o municipio.
Es además un paso importante en favor de las finanzas públicas y de la solidez económica, del manejo responsable de las haciendas públicas locales. Fortalece el federalismo fiscal y, en suma, se acata la disposición constitucional de obligar al Estado a velar por la estabilidad de los recursos financieros federales y locales.
El presidente Peña ponderó las aportaciones del Legislativo para enriquecer la iniciativa enviada por su administración en agosto del año pasado y un tema con el cual se comprometió desde su toma de posesión, recordó. Explicó que la ley surge de acuerdos y de la decisión y determinación de distintos actores políticos.

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Desafía Maduro a opositores y advierte que seguirá en el poder


CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, consideró que los intentos de la oposición por sacarlo del poder no tienen “viabilidad política”, y aseguró que continuará varios años más al frente del país.
“Nada de lo que están haciendo tiene viabilidad política, y la revolución aquí se va a continuar y va a tener a este presidente por lo menos hasta el 2018”, señaló el mandatario venezolano en respuesta a las firmas que recolecta la oposición para activar un referendo revocatorio en su contra.
Un día después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) autorizó la medida, la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) empezó a recaudar este mismo miércoles 200 mil firmas para activar la revocación del sucesor de Hugo Chávez.
Posteriormente, en caso de que el CNE valide esta primera etapa, la MUD deberá reunir durante tres días alrededor de cuatro millones de firmas para convocar el referendo, junto con huellas digitales.
“Hagan lo suyo y déjennos tranquilos trabajar, porque nosotros estamos trabajando por nuestro pueblo”, añadió Maduro en una reunión con seguidores.
Y denunció que a la par con los intentos para sacarlo de la presidencia por vías legales, la “extrema derecha” está generando violencia en varias zonas del país con ánimo desestabilizador.
“Yo sé cuáles son los planes de ellos, están intentando crear dificultades de violencia inauditas”, afirmó el mandatario venezolano, por lo que llamó a sus partidarios a la unidad “para defender la paz y enfrentar los problemas” derivados de la grave crisis económica.
En particular, Maduro rechazó los actos vandálicos del lunes y martes por la noche en Maracaibo –segunda ciudad venezolana–, que incluyeron saqueos en comercios.
“Yo llamo a todo el pueblo a que repudie a los violentos, aislemos a los violentos, les caigamos y vayan presos todos los violentos. Llamo al pueblo, a la fuerza armada, a las fuerzas policiales, a los gobernadores”, apuntó.
Asimismo, negó que el gobierno pretenda elaborar una lista con los nombres de las personas que firmen por el referendo, para adoptar represalias.
Para revocar a Maduro en una consulta popular, el “sí” debería sacar un voto más de los siete millones 587 mil 532 que obtuvo en las elecciones de 2013 para un periodo de seis años.

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Miles llegan a la recolecta de firmas para el referendo en Venezuela

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Concentraciones masivas se llevaron a cabo en más de siete estados de Venezuela para recabar las firmas a favor de un referendo revocatorio de mandato contra el presidente Nicolás Maduro. La coalición de derecha Mesa de la Unidad Democrática espera tener unas 200 mil firmas en 48 horas. En el primer paso del proceso, la autoridad electoral fija un plazo 30 días para reunir 197 mil rúbricas. La imagen, en San CristóbalFoto Ap
Ap, Afp y Reuters
 
Periódico La Jornada
Jueves 28 de abril de 2016, p. 25
Caracas.
Al grito de y va a caer y va caer, este gobierno va caer y entre banderas venezolanas, miles de personas formaron largas filas este miércoles en una plaza del este de Caracas y otras ciudades del país para firmar las planillas que deberá entregar en los próximos días la coalición opositora para solicitar la activación del proceso de referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro.
Pero Maduro consideró sin viabilidad política los intentos de la oposición por sacarlo del poder, en su primera reacción a las firmas que recolectan sus adversarios. Nada de lo que están haciendo tiene viabilidad política, y la revolución aquí va a continuar y va a tener a este presidente por lo menos hasta 2018, aseguró en un encuentro con sus seguidores.
Concentraciones masivas tuvieron lugar en el inicio de esta campaña en más de siete estados del país, en el inicio de la recolección de firmas y huellas digitales a favor del proceso revocatorio. La alianza de derecha Mesa de la Unidad Democrática (MUD) espera tener en 48 horas las primeras casi 200 mil rúbricas requeridas para que el proceso continúe.
El inicio de la recolección se da un día después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó a la coalición opositora las planillas requeridas para registrar las rúbricas, que de ser validadas por las autoridades electorales se podría activar el proceso para el referendo. Se deberán recabar en un plazo de 30 días 197 mil firmas en una primera fase (uno por ciento del padrón) y después cerca de 4 millones (20 por ciento).
Venezuela va a salir de este mal gobierno y lo vamos a hacer todos juntos, indicó el líder opositor Henrique Capriles tras firmar en la concentración del este de Caracas. El gobernador de Miranda llamó a prepararse para posibles movilizaciones y evitar que el oficialismo obstaculice el proceso; agregó que el referendo podría efectuarse a finales de noviembre o principios de diciembre.
La Constitución establece que se puede activar el referendo revocatorio a un funcionario electo popularmente luego de que alcance la mitad de su periodo, como es el caso de Maduro. Pero si el revocatorio ocurre después del 10 de enero y lo perdiera Maduro, la Constitución prevé que el vicepresidente –nombrado por el propio presidente– sea el remplazante.
El desafío opositor se inscribe en una dura crisis de escasez, alza de precios y recesión, a lo que se suma un sector público semiparalizado que labora sólo lunes y martes, aunado a una serie de cortes de agua y electricidad debido a la sequía que afecta un importante complejo hidroeléctrico.
A raíz de los apagones, que forman parte de las medidas del gobierno para hacer frente a la crisis energética, el lunes y martes hubo protestas en Maracaibo, segunda ciudad más importante del país y capital del estado petrolero de Zulia. Las protestas acabaron en saqueos a comercios e instalaciones públicas, así como daños a semáforos e inmuebles que dejaron al menos 25 detenidos.
Más de mil efectivos militares, policiales y de protección civil fueron enviados a Maracaibo para garantizar el orden y levantar las barricadas colocadas durante las protestas en rechazo al racionamiento eléctrico. Maduro ordenó reprimir los actos violentos.

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