martes, 3 de mayo de 2016

ANUEE2016 05 03

Jorge Vargas: Escultor en resistencia.


Electricista que encontró en el arte una manera de reinventarse y vivir la resistencia.
Visita nuestra página remodelada: www.16599transmedia.org.mx y conoce más de la resistencia heroica de l@s trabajador@s electricistas del SME

JORGE VARGAS: ESCULTOR EN RESISTENCIA from 16599 Transmedia on Vimeo.

Bajarán tarifas de electricidad en mayo; para la industria, hasta 19%

Israel Rodríguez
 
Periódico La Jornada
Martes 3 de mayo de 2016, p. 22
 
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que en mayo de 2016 nuevamente se reducirán las tarifas eléctricas en comparación con igual mes del año pasado. Así, las tarifas para el sector industrial bajarán este mes, en comparación con mayo del 2015, entre 11 y 19 por ciento. Con esto se cumplen 17 meses consecutivos de reducción de tarifas eléctricas para este sector, al comparar los mismos meses con respecto al año anterior.
Para el sector comercial la disminución será de entre 2 y 9 por ciento, mientras para el doméstico de alto consumo (tarifa DAC), la reducción será de 2 por ciento.
En cuanto al sector doméstico de bajo consumo, cuya tarifa subía 4 por ciento cada año desde 2006 y hasta 2014, en 2016 no subirá, afirma la comisión.
De hecho, a partir del primero de enero de 2015 presentó una disminución de 1.9 por ciento con respecto a diciembre de 2014. Adicionalmente, a partir del primero de enero de 2016 bajó 2 por ciento respecto a diciembre de 2015.
El organismo también destaca una reducción en las tarifas eléctricas de mayo respecto a las de abril de 2016. Para el sector industrial esta disminución es de entre 10 y 14 por ciento, para el comercial es de entre 5 y 9 por ciento, y para el doméstico de alto consumo (tarifa DAC) la tarifa disminuye 5 por ciento en mayo respecto a abril. Las tarifas eléctricas de mayo se calcularon de acuerdo con la fórmula determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En este sentido, la reducción del costo de la electricidad en mayo de 2016 respecto al mes correspondiente de 2015 se debió, en parte, a una disminución en el precio del gas natural en la fórmula determinada por la Secretaría de Hacienda para calcular las tarifas eléctricas.
La reducción también se logró por los esfuerzos de la CFE para sustituir progresivamente combustibles caros y contaminantes, como el combustóleo y el diésel, por fuentes de energía de menor costo y más amigables con el medio ambiente, como el gas natural y la energía hidroeléctrica.
Esto ha permitido a la CFE reducir su consumo de combustóleo para los procesos de generación de energía eléctrica en 48 por ciento de 2012 al cierre de 2015. Lo anterior se pudo conseguir por la disponibilidad de gas natural, tanto para la industria nacional, como para los procesos de generación de la CFE. México lleva 34 meses sin alertas críticas por desabasto de gas natural.
Para fortalecer estas tendencias, además de construir nuevas plantas hidroeléctricas y de generación a partir de gas natural, la CFE lleva a cabo acciones para elevar su eficiencia y reducir los costos de generación, como son los programas de mantenimiento y modernización en sus centrales generadoras.
Así, la CFE ha licitado y licitará 26 gasoductos, con una inversión total de 13 mil 200 millones de dólares. La empresa participa además en temporadas abiertas de transporte de gas natural. Mediante estas dos estrategias, el sector privado tanto nacional como internacional construirá, operará y será propietario de estos gasoductos, que le permitirán a la CFE entregar gas natural para sus centrales y el sector industrial en regiones donde antes no había.
 
 
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Ienova, de Carlos Ruiz Sacristán, obtiene nuevo megaproyecto energético

La página web de Infraestructura Energética Nova.
La página web de Infraestructura Energética Nova.

PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Infraestructura Energética Nova (Ienova), una empresa de la trasnacional Sempra Energy, consiguió hoy un nuevo megaproyecto energético, al adjudicarse la construcción de un gasoducto para la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La empresa dirigida por Carlos Ruiz Sacristán, quien fue secretario de Comunicaciones y Transportes en el sexenio de Ernesto Zedillo, transportará durante 25 años el suministro de gas a las termoeléctrica Empalme I y II por un monto de 10 millones 845 mil 414 dólares.
En un comunicado, la CFE presumió que la oferta realizada por Ienova fue 72% inferior al monto presupuestado para el proyecto.
En la licitación participaron otras empresas del sector energético, como Arendal, GPA Energy, Gas Natural del Noroeste y Ienova, que concursó con la razón social Gasoducto de Agua Prieta.
El contrato asignado a Ienova es para la ingeniería, permisos y autorizaciones, construcción, operación y mantenimiento. La capacidad del gasoducto –que se prevé entre en operación en 2017, es para transportar 226 millones de pies cúbicos diarios.
De 2014 a la fecha, luego de que la Secretaría de Energía hiciera público el objetivo del gobierno peñanietista por construir nuevos gasoductos, se han licitado 13 proyectos similares al anunciado hoy.

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Supera deuda financiera de Pemex el billón 622 mil millones de pesos

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Trabajos del proceso de fractura hidráulica al oeste de Colorado. Los precios del petróleo cayeron cerca de 3 por ciento, presionados por niveles de producción casi históricos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y por toma de ganancias, luego de compras récord de especuladores que impulsaron una fuerte escalada el mes pasado. El contrato del Brent para entrega en julio cayó 1.54 dólares, o 3.3 por ciento, a 45.83 dólares por barril, al tocar un mínimo de sesión de 45.72 dólares. El WTI perdió 1.14 centavos, o 2.5 por ciento, a 44.78 dólares por barril, luego de que tocó un mínimo intradía de 44.54 dólares. La mezcla mexicana de petróleo no cotizó por el Día del Trabajo en Asia y feriado bancario en Reino Unido, informó Petróleos MexicanosFoto Ap
Israel Rodríguez
 
Periódico La Jornada
Martes 3 de mayo de 2016, p. 23
Durante el primer trimestre del año, la deuda financiera total de Petróleos Mexicanos (Pemex) aumentó 8.7 por ciento, principalmente debido a mayores contrataciones de empréstitos, ubicándose en un billón 622 mil 900 millones de pesos, equivalentes a 93 mil 300 millones de dólares.
En ese periodo la petrolera eliminó 2 mil 961 puestos de trabajo de los 10 mil que tiene previstos para este año. La cancelación de casi 3 mil trabajadores de Pemex se suman a las 6 mil 851 plazas que se suprimieron en la administración federal entre enero y marzo de 2016. Así, el número de trabajadores de Pemex se redujo de 138 mil 391 que había al cierre de 2015 a 135 mil 430 al concluir el primer trimestre de 2016.
Entre enero y marzo Pemex pagó adeudos con proveedores por 43 mil 267 millones de pesos, con lo que logró reducir su deuda con los prestadores de bienes y servicios de 167 mil 314 millones de pesos que se tenían al 31 de diciembre de 2015 a 124 mil 46 millones al 31 de marzo de 2016.
Pese al Programa de Austeridad y Uso Racional de Recursos, Pemex reconoció que el nivel de endeudamiento podría incrementarse a corto o mediano plazos, lo que podría tener un efecto adverso en su situación financiera y resultados de operación.
En su informe financiero entregado a las autoridades bursátiles, advirtió que para cumplir con las obligaciones de pago de su deuda, Pemex podría seguir recurriendo a una combinación de flujos de efectivo provenientes de operaciones, disposiciones bajo las líneas de crédito disponibles y endeudamiento adicional.
Entre el 31 de diciembre de 2015 y el 31 de marzo de 2016, la deuda financiera consolidada total pasó de un billón 493 mil 382 millones a un billón 622 mil 873 millones de pesos.
Ante este acelerado incremento algunas agencias calificadoras han manifestado su preocupación por considerar alto el nivel de apalancamiento de Pemex, el incremento de la deuda durante los últimos años, así como la falta de fondeo suficiente a la reserva destinada a las pensiones de los jubilados y primas de antigüedad, la cual al 31 de diciembre de 2015 ascendía a un billón 279 mil 400 millones de pesos.
En el primer trimestre del año Petróleos Mexicanos y PMI Holdings, BV, PMI Norteamérica, Pemex Finance Ltd. y Pro-Agroindustria, contrataron deuda por un total de 211 mil millones de pesos o unos 12 mil 100 millones de dólares.
El mayor endeudamiento de la petrolera mexicana ha estado acompañado en los últimos años por una constante baja en la extracción de hidrocarburos.
 
 
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Informar sobre la compra de gasolina a firmas foráneas, ordena el Ifai a Pemex

De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Martes 3 de mayo de 2016, p. 13
Petróleos Mexicanos (Pemex) deberá hacer pública la información relacionada con los procedimientos, criterios y políticas que sigue para la compra de gasolina en empresas extranjeras, según instruyó el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) al revocar su repuesta de incompetencia.
La empresa había remitido la solicitud de información a PMI Comercio Internacional, como sujeto obligado competente.
Sin embargo, para el Inai la declaración de incompetencia era improcedente en virtud de que 45 por ciento de las ventas que realiza Pemex en México son combustibles que adquirió en el extranjero, según lo refirió el comisionado Óscar Guerra, quien fue ponente en el caso.
Por ello, en función del volumen de compras que realiza Petróleos Mexicanos en el extranjero, se determinó que era competente para proporcionar la información.
Es muy relevante conocer los criterios que utiliza Petróleos Mexicanos para realizar estas compras, sobre todo si consideramos que, a raíz de estas reformas en materia energética, la empresa ya no tendrá el monopolio de las ventas en el país y enfrentará a competidores en este campo, apuntó Guerra.
Como parte del procedimiento que desarrolló el instituto, Pemex ratificó la incompetencia para entregar esa información, argumentando que desconocía que a partir de las reformas, PMI Comercio Internacional había dejado de ser sujeto obligado de transparencia.
En la revisión que efectuó, el Inai, detectó que en Pemex hay una dirección corporativa de procura y abastecimiento, cuyas funciones son las de coordinar la instrumentación de directrices y criterios para al abastecimiento de sus empresas productivas subsidiarias y filiales.
Asimismo, se conoció que por medio de un comunicado de septiembre de 2015, Pemex aludió a la creación de esta dirección como nuevo elemento fundamental en la transformación de la empresa al centralizar las compras y adquisiciones de bienes y servicios, destacando que con esto se han podido generar importantes ahorros y hacer más eficientes, ágiles y transparentes los procesos en materia de contrataciones.

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Jornaleros impiden acceso al personal de la Sagarpa; exigen pago de $800 millones

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Productores manifestaron su indignación durante el plantón efectuado en la SagarpaFoto José Núñez
Matilde Pérez U.
 
Periódico La Jornada
Martes 3 de mayo de 2016, p. 15
Indignados porque la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) no les ha pagado 800 millones de pesos que debe de apoyos para el maíz, correspondientes al ciclo agrícola 2014 2015, alrededor de millar de productores de Sinaloa –según los organizadores– impidieron el acceso al personal de la institución durante seis horas.
Serapio Vargas, dirigente de la Unión Agrícola de Sinaloa, explicó que los productores están “enojados e indignados por la falta de cumplimiento del compromiso que asumió en abril del año pasado el presidente Enrique Peña Nieto, para liquidar el adeudo.
Ya pasó un año y el dinero no llega a los bolsillos de los campesinos que lo necesitan para pagar a los acreedores, pues en pocos días iniciarán la trilla para levantar la cosecha del ciclo primavera-verano 2015 2016, explicó.
Estamos cansados de puras promesas, queremos que nos paguen; que salgan y nos escuchen, gritaban los agricultores sinaloenses mientras los dirigentes estatales de la Confederación Nacional Campesina, del Congreso Agrario Permanente y de la Unión Agrícola les aseguraban que ya no serían acuerdos de palabra sino saldrían con documentos firmados, pero a cambio deberían dejar entrar al personal de la dependencia.
Serapio Vargas comentó que en el encuentro con el oficial mayor de la Sagarpa, Marcelo López Sánchez, y el coordinador de Enlace Sectorial, Héctor René García Quiñones, se acordó el pago de los 800 millones de pesos que adeudan a 17 mil productores de maíz blanco, con más de 20 hectáreas, antes de que concluya el mes en curso. En lo inmediato, la secretaría aseguró que están disponibles 300 millones de pesos que empezará a entregar esta semana, pero se dará prioridad a quienes tengan menos hectáreas.
Para los que iniciaron la reconversión de maíz blanco a amarillo, los funcionarios de Sagarpa aseguraron que en un plazo de 10 días se pagará el incentivo de 350 pesos por hectárea y también otorgarán apoyos a los productores de sorgo, trigo y cártamo. Se dispone de 88 millones de pesos para beneficio de mil 400 productores, notificaron.
Vargas refirió que mientras el campesino recibe tres pesos por kilogramo de maíz blanco, los intermediarios e industriales elevan sus ganancias en 500 por ciento, eso es injusto. Por ello, dijo, también demanda un apoyo de mil pesos por tonelada para que el precio del grano alcance 4 mil 200 pesos por tonelada.
Los campesinos exigieron información en torno a los avances de la reforma para el campo y que bajen los costos de insumos para la siembra, por lo que continuaron con las negociaciones.
En enero, el titular de Sagarpa, José Calzada, afirmó que ya se habían entregado 3 mil 600 de los 7 mil 200 millones de pesos que se debían a 250 mil productores –entre ellos los de Sinaloa– por apoyos a esquemas de comercialización e inducción productiva de granos y oleaginosas a cargo de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca), y aseguró que en febrero concluiría el pago.

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Activan contingencia ambiental en la CDMX por segunda vez en menos de un mes

Tráfico vehicular en calles de la Ciudad de México. Foto: Octavio Gómez
Tráfico vehicular en calles de la Ciudad de México. Foto: Octavio Gómez

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A menos de un mes del endurecimiento del plan para disminuir la contaminación y a pesar de las restricciones de circulación un día a la semana, la Comisión Ambiental de la Megalópolis(CAMe) activó la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.
Por esta razón, mañana martes 3 de mayo se aplicará el Doble Hoy No Circula para todos los vehículos con engomado rosa y verde o terminación 7, 8, 1 y 2, sin importar el tipo de holograma que tengan.
La medida también se hará válida para las motocicletas y el transporte de carga con placa federal y local.
Se trata de la segunda vez en menos de 20 días que la CAMe declara Fase I de Contigencia por ozono, luego de que entró en vigor el endurecimiento del Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas el pasado 5 de abril. La primera emergencia se presentó el 6 de abril.
En un comunicado, la CAMe informó que “debido a la presencia de un sistema de alta presión en el centro del país existe una condición de estabilidad atmosférica, con viento débil y escasa dispersión de los contaminantes precursores del ozono”. Además, “la intensa radiación y alta temperatura contribuyen a un aumento en la actividad fotoquímica en la atmósfera que contribuye a la formación del ozono”.
A las 15:00 horas, agregó, las concentraciones máximas de este contaminante fueron al centro y sur de la Ciudad de México; 161 puntos en la estación Benito Juárez, ubicada en la delegación del mismo nombre.
La activación de la Fase I implica también que la industria de competencia federal y local ubicada en la ZMVM de los sectores cementero, farmacéutico, químico, hidrocarburos, generación de energía eléctrica yla que use solventes en sus procesos de manufactura deberán reducir entre 30% y 40% de sus emisiones a la atmósfera.
Además, las estaciones de servicio de gasolina que no tengan instalado y funcionando su sistema de recuperación de vapores deberán suspender actividades.
La CAMe recomendó que niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios y cardiovasculares permanezcan en interiores en las horas de máxima concentración, y en general, que se eviten actividades deportivas y de recreación al aire libre.
El organismo recordó que las autoridades de tránsito y vialidad establecerán operativos para agilizar el tránsito vehicular en la Zona Metropolitana del Valle de México y sancionar a quienes violen la medida.

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Derrama minera 400 mil litros de solución de cianuro en Sonora

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Vista panóramica de la mina El Chanate, ubicada en el municipio de Altar, SonoraFoto tomada del sitio www.alamosgold.com
Cristina Gómez Lima
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 3 de mayo de 2016, p. 26
Hermosillo, Son.
La fisura en un ducto de la mina El Chanate, de la empresa Santa Rita –subsidiaria del grupo canadiense Aurico Gold Inc–, provocó un derrame de 400 metros cúbicos de solución rica en cianuro que contaminó una zona aledaña en el municipio de Altar, en la zona desértica del norte de la entidad.
Trabajadores de la mina, quienes pidieron anonimato, afirmaron que el derrame se debió a deficientes medidas de seguridad y falta de mantenimiento.
Aseveraron que hace dos meses reportaron una alerta de falla por el desperfecto en el tubo; sin embargo, los responsables de la mina no ordenaron repararlo.
Relataron que la fuga se inició a las 21 horas del 26 de abril, pero el reporte formal a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se hizo a las 13 horas del 28 de abril.
Los obreros narraron que varias horas después de haberse iniciado el derrame, la empresa Santa Rita ordenó semienterrar la zona contaminada, sin aplicar los protocolos de seguridad ni de aislamiento, obligatorios para evitar una mayor contaminación.
Explicaron que la solución rica en cianuro fue absorbida por la tierra, lo que podría afectar a los mantos acuíferos.
El delegado de la Profepa en Sonora, Jorge Carlos Flores Monge, informó que el derrame se debió a una falla en la unión de una tubería con una válvula. Indicó que personal de la mina lo controló utilizando la canalera de emergencia para dirigir la sustancia tóxica a la pileta de contaminantes.
Agregó que varios inspectores de la dependencia evalúan los daños y en siete días determinarán si la empresa es sancionada.
Recuerdos de Cananea
La minera, registrada como Santa Rita S de RL de CV, opera en Sonora desde 1997; se dedica a la exploración, extracción, beneficio y comercialización de minerales de oro y plata.
Cerca de 50 por ciento de la producción nacional de minerales proviene de Sonora, donde la minería es la principal generadora de empleos y derrama económica. El estado produce 84 por ciento del cobre del país, 28.6 por ciento del oro, así como importantes porcentajes de plata y otros metales.
La producción minera del estado equivale a cerca de 50 por ciento del total nacional y supera 31 mil 500 millones de pesos. El volumen es superior a un millón 780 mil toneladas.
Nacozari, Cananea, La Colorada, Cumpas, Sahuaripa, Álamos, Caborca, Altar, Trincheras, Santa Ana y Magdalena se sostienen principalmente de la minería, actividad que da trabajo a más de 13 mil personas, más de 2 por ciento del empleo en el estado, y paga cerca de mil 500 millones de pesos en sueldos al año, 7.6 por ciento de la derrama salarial estatal.
El 6 de agosto del 2014 sucedió en Sonora el peor desastre ambiental en la industria minera de México: el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado de la empresa Buenavista del Cobre –filial de Grupo México, propiedad de Germán Larrea Mota Velasco– en los ríos Sonora y Bacanuchi, en el municipio de Cananea.
Ejecutivos de la compañía, la cual extrae cobre, oro y otros metales, emitieron el reporte de alerta 24 horas después del accidente, lo cual violó las normas, pese a la peligrosidad del líquido tóxico.
El sulfato de cobre acidulado fue vertido en el arroyo Tinajas, el río Bacanuchi y el río Sonora, lo que afectó a cerca de 24 mil habitantes de siete municipios que se quedaron sin a agua potable por el cierre de 322 pozos.
Por lo menos 464 habitantes (104 menores de edad, 161 mujeres y 199 son hombres) sufrieron diversas afectaciones de salud como dermatitis de contacto, alopecia y urticaria, gastritis y diarreas, cefaleas, conjuntivitis y enfermedades reumatológicas.
 
 
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Chile: Libertades cercenadas

Una de las protestas contra la "ley mordaza" en Chile. Foto: Serpajchile.cl
Una de las protestas contra la "ley mordaza" en Chile. Foto: Serpajchile.cl

PROCESO

La crisis de legitimidad causada por varios escándalos de corrupción ha obligado al gobierno chileno a aplicar una agenda ultraconservadora. El Ejecutivo envió al Legislativo un proyecto de ley antidelincuencial que incluye al menos dos ordenamientos que crisparon los ánimos una vez que fueron divulgados: el primero, una “ley mordaza” que pretende castigar con cárcel la filtración de algunas informaciones; el segundo, la “detención por sospecha”, que le permite a la policía detener y revisar a cualquier persona en cualquier momento, sólo porque sí… como en los peores días del pinochetismo.

VALPARAÍSO, Chile (Proceso).- En respuesta a los escándalos de corrupción y a la crisis de legitimidad del sistema político, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet está aplicando una agenda ultraconservadora que considera la promulgación de una “ley mordaza” y medidas que cercenan las libertades democráticas.
Una de las iniciativas más cuestionadas es la aprobación por parte del Senado (5 de abril) de una norma que castiga con penas de cárcel la filtración de información relativa a procesos judiciales. Se le conoce como “Ley Mordaza”.
Fue incluida solapadamente en el proyecto de ley que tiene como fin “facilitar la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación” y que ha sido conocido como “Ley Antidelincuencia” (Boletín 9885-07), presentado en enero de 2015 y que lleva la firma de Bachelet.
La inclusión de la “mordaza” ocurrió en la sesión del pasado 27 de enero de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, tras indicación del ministro de Interior, Jorge Burgos. Esta definición fue respaldada por el fiscal nacional (subrogante), Andrés Montes, y contó con el apoyo unánime de los miembros de esta comisión: el socialista Alfonso de Urresti (presidente); los también oficialistas Pedro Araya y Felipe Harboe; y los derechistas y opositores Alberto Espina (Renovación Nacional) y Hernán Larraín, presidente de la filopinochetista Unión Demócrata Independiente.
La norma sanciona las filtraciones judiciales con penas de 61 a 541 días de reclusión.
Esta mordaza al trabajo periodístico permaneció sin ser conocida hasta que el diario La Tercera publicó, el 25 de marzo, la nota Senado fija sanción penal a fiscales por filtración de casos judiciales.
Al conocerse, el rechazo fue generalizado. El 26 de marzo el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público, Claudio Uribe, emitió un comunicado en el que aseguró que el único sentido de este nuevo tipo penal “es tener una permanente arma de presión para usarla como una forma de impedir que se sepa siquiera que algún poderoso está siendo investigado”.
Cuatro premios nacionales de periodismo lanzaron el lunes 4 el manifiesto “¿Por qué nos oponemos a la ley Mordaza?”: “Resulta al menos curioso que senadores y dirigentes estén ahora tan preocupados de las ‘filtraciones a la prensa’ justo cuando la fiscalía, la prensa y la ciudadanía vienen a conocer la magnitud de la incestuosa relación que ha mantenido una parte de ellos con el poder económico”.
Los signatarios –Juan Pablo Cárdenas, María Olivia Monckeberg, Faride Zerán y Sergio Campos– afirman que “de haber existido y de haberse aplicado rigurosamente una potencial ley como ésta, el país no se hubiera enterado de los casos Penta, Soquimich y Caval; de la colusión de las papeleras, las productoras de pollos, de las farmacias; de los desfalcos en nuestro fútbol o en el Ejército, o tantos casos más”.
Esta interpretación de los hechos está cruzando fronteras. El 7 de abril The New York Times publicó un reportaje en el que expone: “Mientras los casos de corrupción se multiplican en Chile, una ley mordaza enfurece a los periodistas”. Destaca que esto ocurre justo cuando “los fiscales investigan a más de 190 empresarios, políticos y una vasta gama de intermediarios acusados de evasión de impuestos, fraude, emisión de facturas falsas, lavado de dinero y soborno”.
Tanto fue el alboroto ocasionado por el avance legislativo de este proyecto que el Senado –al votar el último paquete de indicaciones, el martes 5– excluyó a la prensa como parte de los posibles sancionados en caso de filtraciones de causas judiciales, pero mantuvo el castigo para todos las demás personas que entreguen información de los procesos fuera de los plazos estipulados por la ley.
Por lo mismo, periodistas y otros actores mantuvieron su ferviente rechazo a esta iniciativa, la que siguió siendo denominada Ley Mordaza.
“Detención por sospecha”
El proyecto de Ley Antidelincuencia contiene otras medidas que cercenan severamente las libertades, como la que reintroduce en la legislación chilena “el control preventivo de identidad” impuesto por el dictador Augusto Pinochet y que se conoce ampliamente como “detención por sospecha”. Por medio de éste, se autoriza a las policías a realizar detenciones, incluso a menores de entre 14 y 18 años, sin que exista ni la menor prueba de que se haya cometido un delito.
Por otra parte, esta Ley Antidelincuencia también castiga con pena de cárcel las agresiones a carabineros, aunque no exista evidencia de que se haya producido algún daño físico.
En el inciso a) del numeral 1) del artículo­ 2º de este proyecto, se dan amplios poderes a los policías, puesto que se les habilita a realizar allanamientos y primeras diligencias ante la presencia de una denuncia, sin que se requiera para ello la orden de un fiscal.
La moción legislativa ha levantado un arsenal de críticas. El pleno de la Corte Suprema envió un oficio al presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de los diputados, el socialista Leonardo Soto, en el que rechaza en duros términos el proyecto.
Con base en cifras oficiales, el máximo tribunal desmiente la principal justificación que da origen a este proyecto: el supuesto aumento en la criminalidad, demostrando que “en el escenario global hay un descenso general en los delitos contra la propiedad”.
La Corte Suprema subrayó que la creación del artículo 449 en el Código Penal supone “sanciones desproporcionadas a delitos contra la propiedad”, estableciendo “una restricción a los jueces respecto a la determinación de las penas, donde ya no habrá atenuantes, sino sólo agravantes”.
Los magistrados exponen en este sentido que “quien haya hurtado un celular puede tener mayor pena que alguien que acceda a servicios sexuales de una persona menor de 18 años y mayor de 14. Esto quiere decir que los delitos contra la propiedad privada serían más graves que los delitos contra las personas”.
En el punto cuarto del señalado oficio, el máximo tribunal advierte que en la reforma al artículo 127 del Código Procesal Penal, relativa a la detención judicial, “el proyecto, luego de establecer como facultad policial el registro de vestimentas en toda detención judicial, autoriza al juez como razón suficiente para decretar una detención, el hecho de que el Ministerio Público considere que una determinada persona cometió un delito al que la ley le tiene asignada una pena de crimen. Es decir, autoriza una medida cautelar sin ninguna consideración a algún peligro real y clasificado de alguna clase, sino sobre la base de la gravedad de una determinada imputación”.
Los jueces del más alto tribunal expresaron a este respecto: “Esta cuestión contraría toda la lógica de la concesión de las medidas cautelares y constituye un retroceso mayúsculo desde la perspectiva del principio de inocencia: nadie debería ser detenido sin antecedentes especiales y exclusivamente sobre la base de una denuncia o imputación”.
En un acápite especial del oficio, que fue firmado sólo por cinco de los 21 ministros que componen la Corte Suprema incluyendo a su presidente, Milton Juica, se expresa que varias de las modificaciones propuestas “dan cuenta de criterios marcadamente policiales que limitan enormemente las facultades de control de juricidad que los tribunales de justicia están llamados a garantizar”.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia también ha criticado duramente este proyecto. El lunes 11 emitió un comunicado en el cual señala “que la delincuencia juvenil debe abordarse con medidas de largo plazo que se hagan cargo del problema de fondo y no con iniciativas cortoplacistas que no contribuirán a reducir el número de adolescentes involucrados en hechos delictuales”, explicitando “que no hay evidencia que demuestre que el control preventivo de identidad tenga éxito en esta materia”.
Tan desproporcionado es el nuevo sistema de control de identidad impulsado por el gobierno, que el ministro de Interior del derechista gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), Rodrigo Hinzpeter, lo definió –en entrevista con La Tercera, el domingo 17– “como demasiado amplio”.
Cabe consignar que, durante su gestión, Hinzpeter impulsó una ley de seguridad ciudadana muy similar, la cual fue rechazada en septiembre de 2013 en el Congreso Nacional por la entonces opositora Concertación por la Democracia. Los partidarios de esta coalición, que hoy está en el gobierno bajo la denominación de Nueva Mayoría, fundaron su decisión en que dicha iniciativa –la “Ley Hinzpeter”– era “antidemocrática”.
Sin embargo, luego del masivo rechazo ciudadano a este proyecto impulsado por Bachelet y Burgos, presidentes de partidos de la Nueva Mayoría comunicaron a éste –reunidos el lunes 18 en La Moneda– que los diputados de sus partidos votarían contra los aspectos más controvertidos de la propuesta antidelincuencia en el último trámite legislativo.
No obstante, Burgos insistió en su propuesta. Como resultado de esto, la Cámara de Diputados aprobó el pasado martes 19 este proyecto, pero rechazó las modificaciones realizadas por el Senado a dos artículos: la Ley Mordaza y la detención por sospecha, los que pasaron a comisión mixta de diputados y senadores.
Todo lo demás quedó listo para ser promulgado.

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Venezuela: ¿La cuenta regresiva?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en mitin ante sus seguidores. Foto: AP/ Fernando Llano
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en mitin ante sus seguidores. Foto: AP/ Fernando Llano

PROCESO

BOGOTÁ (apro).- Aunque varias encuestas coinciden en que siete de cada 10 venezolanos quieren que el presidente Nicolás Maduro deje el poder y se convoque a nuevas elecciones, el camino institucional para que eso ocurra será muy difícil de transitar mientras el mandatario tenga el apoyo incondicional de las Fuerzas Armadas, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El TJS, dominado por magistrados abiertamente chavistas, ya le cerró el paso a una enmienda constitucional que preparaba la opositora Asamblea Nacional para recortar el mandato del presidente.
La semana pasada, la Sala Constitucional de ese tribunal declaró que sería violatorio de la Constitución reducir el mandato de Maduro porque se estaría “desconociendo la voluntad del pueblo”.
El camino que ahora le queda a la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para impulsar un cambio de régimen es convocar a un referendo para revocar el mandato a Maduro.
Pero para ello la MUD deberá superar los escollos erigidos por el propio gobierno y el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuyos rectores han actuado alineados con el régimen y amparados en un marco legal hecho a la medida del chavismo.
Luego de semanas de dilaciones inexplicables, el pasado martes el CNE entregó a la MUD las planillas oficiales para recolectar las firmas necesarias para activar el proceso revocatorio.
En cinco días la MUD recopiló más de 2.5 millones de firmas, 13 veces más de las que necesitaba para cumplir ese primer trámite.
Para la oposición, ese acto marca la cuenta regresiva del gobierno de Maduro. Ya sea porque el proceso desemboque en
la remoción del mandatario, o porque el chavismo y sus aliados del CNE busquen poner trabas a la consulta, que la presión popular acabe por desbordarse.
En opinión del abogado constitucionalista José Amando Mejía, frente a un escenario de esa naturaleza el único camino que le quedará al régimen es la represión militar.
“Y en ese caso extremo, creo que los militares reconocerán y respetarán el orden constitucional y se doblegarán ante la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano”, considera.
Esto, a pesar de que las Fuerzas Armadas tienen una gran cuota de poder en el gobierno, donde ocupan la cuarta parte de los ministerios, están a cargo de todos los organismos de seguridad e inteligencia y dirigen gigantescas empresas estatales. Además, la mitad de los gobernadores son militares.
Pero el proceso revocatorio será una medición de fuerzas entre la oposición, que según todas las encuestas tiene el respaldo mayoritario de la ciudadanía, y el Ejecutivo, que a pesar de haber perdido la Asamblea Nacional (el Poder Legislativo) aún tiene el control del aparato estatal y de los otros dos poderes del Estado: el judicial, representado por el TSJ, y el electoral, que encabeza el CNE.
Y esa medición tiene lugar mientras la crisis económica, política y social venezolana se deteriora aún más. Según una encuesta de Venebarómetro, sólo el 53.5% de los venezolanos comió tres veces al día el mes pasado.
Esto, por la escasez de alimentos y la pulverización del salario. Y la inflación rondará este año el 720%, según proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Todo eso ha resquebrajado el respaldo popular al presidente. Incluso, un sector cada vez mayor de ciudadanos identificados como chavistas piensa que debe dejar el poder.
El director de la encuestadora Datanálisis, Luis Vicente León, dice que si se realizara hoy un referendo para revocar el mandato a Maduro “no hay duda de que lo perdería”.
Pero el camino hacia esa consulta aún está en su etapa preliminar. Este martes la MUD entregará al CNE las 2.5 millones de firmas recopiladas en los últimos cinco días para activar el mecanismo de consulta, pero el organismo electoral se tomará 30 días para “validar” las rúbricas.
Para ello podrá llamar a los firmantes de las planillas a presentarse en sitios donde el organismo lo disponga, a fin de que los ciudadanos estampen de nuevo su rúbrica y coloquen su huella dactilar en un dispositivo electrónico.
Si la oposición logra pasar este trámite, deberá recopilar cuatro millones de firmas más –equivalentes al 20% del padrón electoral– en sólo tres días. Y el CNE tendría que volver a “validar” esas rúbricas para poder convocar, entonces sí, a un referendo revocatorio en un plazo no mayor a 90 días.
La MUD cree que el malestar de los venezolanos por la situación del país es tan generalizado que el gobierno y el CNE se verán rebasados por la decisión ciudadana de convocar a un referendo revocatorio.
Durante las jornadas de recolección de firmas de los últimos días llamó la atención no sólo la cantidad de gente que se volcó a los centros habilitados para tal fin, sino ver en ellos a militares y policías con uniforme estampando su rúbrica.
Pero Maduro está haciendo todo para permanecer en el poder. El viernes anunció en forma sorpresiva que creará una “comisión” a cargo del chavista alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, para revisar, “una por una”, las firmas que recaude la oposición para el referendo revocatorio, algo que no contempla ninguna ley.
Entre traba y traba, espera que el referendo revocatorio no alcance a realizarse este año, y tal vez nunca, por falta de “requisitos”.
El peor escenario para Maduro es que la consulta se lleve a cabo este año, ya que, en caso de ganar el “Sí” para revocar su mandato –para lo cual se requiere un voto más de los siete millones 587 mil 532 sufragios que obtuvo al ser elegido en 2013–, el CNE deberá convocar a nuevas elecciones presidenciales.
Pero si el CNE logra llevar el referendo revocatorio a 2017 y gana el “Sí”, quien asumiría el cargo hasta 2019 sería el vicepresidente en funciones. Hoy ocupa ese cargo el exdirigente sindical Aristóbulo Istúriz.
Sin embargo, en círculos políticos ya se comenta que si el proceso revocatorio avanza y el CNE logra postergarlo hasta el próximo año, Maduro nombraría como vicepresidenta a su esposa, la diputada Cilia Flores, para que ella asuma la presidencia en caso de perder la consulta.
El abogado José Amando Mejía cree que el chavismo “hará todo lo que esté a su alcance para conservar el poder, sin importar lo ilegítimo, antidemocrático e inconstitucional que sea”.
Y considera que el único camino para hacer valer la voluntad popular es que la Asamblea Nacional desconozca la Sala Constitucional del TSJ invocando las facultades de protección del estado de derecho que le confiere la Constitución, para después designar rectores imparciales en el CNE e iniciar, así, un proceso de normalización democrática.
“Indudablemente que con el desconocimiento de la Sala Constitucional por parte de la Asamblea Nacional la temperatura política va subir, pero, en mi opinión, esto va a funcionar como un disuasivo frente a la cúpula militar chavista, que tendrá que decidir si se embarca en una dictadura o se reconduce al camino constitucional”, plantea Mejía.

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