viernes, 6 de mayo de 2016

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ANUEE2016 05 06

"Catástrofe", que estados cubran las pensiones con su presupuesto

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Roxana Muñoz, especialista de la agencia de calificación Moody’s, explicó que ampliar la edad de retiro, poner un tope a los pagos mensuales y aumentar las contribuciones da un poco más viabilidad a los esquemas de retiro. En la imagen de archivo, jubilados durante una protesta frente a la Cámara de Diputados en 2007Foto Francisco Olvera
Víctor Cardoso
 
Periódico La Jornada
Viernes 6 de mayo de 2016, p. 14
 
La insuficiencia de recursos para el pago de pensiones es un problema general de estados, municipios y universidades públicas de todo el país, que se convierte en una catástrofe. Tan es así que al menos siete entidades tienen que recurrir a dinero de su presupuesto para pagar a los jubilados, reveló Roxana Muñoz, especialista en la materia de la agencia de calificación Moody’s.
Es preocupante, afirmó, que Baja California, Tabasco, Veracruz, Chihuahua, Chiapas, Sinaloa y Tlaxcala utilicen recursos presupuestales para el pago de pensiones. Hay casos, añadió en entrevista con La Jornada, en que el déficit por este concepto equivale a 330 por ciento de los ingresos totales de, por ejemplo, el estado de México en un año.
Agregó que también se observa que el déficit de los fondos de pensiones es equivalente a 300 por ciento en Baja California, 270 por ciento en San Luis Potosí, 250 por ciento en Tabasco y 200 por ciento en Sinaloa.
–¿Hay riesgo de que eventualmente se presente una suspensión de pagos a pensionados?
–Es el riesgo que se corre cuando no se tiene un sistema de pensiones fondeado o no se tenga dinero para el pago de éstas.
La Jornada buscó una entrevista con el titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda, Óscar Vela, pero se negó a hablar sobre el problema que según Roxana Muñoz está a unos años de volverse crítico.
Otra presión que enfrentan las finanzas estatales, añadió la especialista de Moody’s, son las pensiones no fondeadas de las universidades públicas, cuyos pasivos representan entre 0.5 y 536 por ciento de los ingresos totales de las casas de estudio.
Casi 65 por ciento de las universidades públicas registran déficits actuariales que son sostenibles sólo durante los próximos cinco años, antes de que los activos de sus fondos de pensiones se terminen. Dado que sus ingresos propios son limitados, hay un riesgo de que cualquier esfuerzo para cubrir los faltantes de sus fondos de pensiones requiera transferencias estatales, advirtió la especialista.
Los casos más graves, según las investigaciones de Roxana Muñoz, son: la Universidad Autónoma de Zacatecas, cuyos pasivos de pensiones se elevan a alrededor de 530 por ciento de sus ingresos totales en un año; las autónomas del Estado de Morelos y de Campeche, las cuales enfrentan una escala de pasivos pensionarios en torno a 330 por ciento de sus ingresos totales.
Les sigue las universidades de Guanajuato y Autónoma de Nayarit, con alrededor de 300 por ciento cada una; la Autónoma de Yucatán presenta pasivos de casi 270 por ciento; la de Querétaro, con 250 por ciento aproximadamente y la Autónoma de Puebla, con 200 por ciento, entre otras.
Vemos que los estados enfrentan presiones por diversos lados. De entrada, los que tienen su propio sistema estatal la mayoría son deficitarios, es decir, que en algunos años van a tener que pagar de su presupuesto directo las pensiones porque no están fondeados. Además tienen la tensión de las universidades cuyos esquemas no están fondeados, comentó Roxana Muñoz.
–¿Es una catástrofe?
–Si, más o menos. Si bien está este déficit actuarial enorme, algunos todavía tienen fondos de los que pueden sacar el pago de pensiones. Sin embargo, ya tenemos identificados a siete estados donde los fondos ya no tienen dinero y están haciendo los pagos directos de su presupuesto. Esto es lo que más nos preocuparía, que son estados que ya están viendo la presión de pensiones, aumentan de manera exponencial, y que de no hacer alguna reforma se ponen en riesgo las finanzas públicas.
Hacer reformas, la opción
–¿Es alarmante, preocupante o manejable?
–Es preocupante para estos siete estados donde las pensiones ya salen del presupuesto, porque esto indica que la presión ya está. Para las otras entidades se podría decir que a lo mejor es menos alarmante porque todavía tienen la opción de hacer reformas porque la presión no la tienen inmediata. Por ejemplo, en el estado de México, ellos hicieron una reforma que empezó en 2015. Si en 2014 hubiéramos tenido esta entrevista te habría dicho que el pasivo no era de 330 por ciento de sus ingresos anuales, sino de 500 por ciento y lograron reducirlo.
–¿Son necesarios cambios como los sugeridos por la Consar? (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro).
–Hemos visto este tipo de reformas en algunos sistemas de pensiones estatales, por ejemplo Chihuahua, estado de México y Querétaro –es el más reciente–, donde se amplió la edad de retiro, se estableció un tope para los pensiones, aumentaron las contribuciones. Hemos visto que le da un poco más viabilidad a los esquemas, porque la gente no se retira tan rápido y sigue aportando, y el que aumenten las contribuciones sube el flujo a los fondos de retiro, lo cual es positivo desde el punto de vista crediticio.

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Estudiantes rechazan reunión privada con Nuño; diálogo sin paro, responde la SEP

Estudiantes del IPN marchan del Casco de Santo Tomás a la dirección general del Politécnico. Foto: Octavio Gómez
Estudiantes del IPN marchan del Casco de Santo Tomás a la dirección general del Politécnico. Foto: Octavio Gómez

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CIUDAD DE MÉXICO, (apro).- En la madrugada de este jueves, los estudiantes que mantienen en paro de labores 15 escuelas vocacionales del Instituto Politécnico Nacional (IPN), rechazaron la audiencia con el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, en el tiempo y forma que la dependencia federal había establecido para las diez de la mañana de este día en sus instalaciones.
La propuesta estudiantil, difundida mediante un comunicado de la Asamblea General Politécnica (AGP), que sesionó hasta la una de la mañana, sería aplazar la mesa de diálogo con el secretario Nuño para el jueves 12, en aras de establecer las condiciones para que se celebre en las instalaciones del IPN, públicamente y bajo los requerimientos de los politécnicos.
“Por este medio notificamos que la comunidad politécnica acepta el diálogo con el secretario de Educación Pública; sin embargo, no se asistirá el día 5 de mayo del año en curso, como él mismo ha propuesto.
“La comunidad politécnica solicita una mesa de diálogo pública en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, no una negociación privada en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública, por lo que proponemos que esta mesa de diálogo pública se realice el día jueves 12 de mayo en el Auditorio Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, a las 14 horas”, se lee en el comunicado dirigido a la comunidad politécnica, a la opinión pública y a Aurelio Nuño, en ese orden.
Finalmente, el documento afirma que los paristas del IPN han demostrado su capacidad de recibir funcionarios en sus instalaciones “para propiciar un diálogo abierto”, e instan al secretario de educación a dar una respuesta favorable a su propuesta.
Según diversas fuentes del movimiento, habría la posibilidad de que los planteles en paro fueran reabiertos el lunes 9, según lo que suceda en la reunión del próximo viernes entre la AGP y la Dirección General del IPN.
El pasado fin de semana, los propios estudiantes habían emplazado a Nuño a reunirse el segundo día de Mayo, a lo que, alegando cuestiones de agenda, el funcionario había citado a los representantes estudiantiles dos días más tarde.
La tarde del miércoles, declaró el propio Nuño:
“No habría ningún elemento para pensar de por qué no podríamos reunirnos el día de mañana (hoy), y estoy seguro que ahí estaremos y que la respuesta de los jóvenes será positiva, ya que es, reitero, a través del diálogo y de la buena voluntad como podremos entendernos mucho mejor, y esa buena voluntad existe por parte de la Secretaría de Educación Pública, y además tomamos esto con una gran seriedad.
“Se pidió una audiencia, la estamos concediendo, y estamos convencidos de que los jóvenes van a actuar con la misma seriedad y con el mismo compromiso, para poder resolver ya un problema, porque entre otras cosas, además, es ya apremiante poder resolver el paro en el que están algunas vocacionales, ya que cada vez queda menos tiempo para poder rescatar el semestre, y de no hacerlo así sería muy lamentable que los estudiantes de las vocacionales que han estado cerradas pierdan el semestre y el esfuerzo que han tenido ellos y sus familias estos momentos”, fueron las palabras del funcionario.
Y Nuño impone condiciones
Ya por la tarde del jueves, mediante un breve comunicado en nombre de Nuño, la SEP lamentó la decisión de “representantes estudiantiles del IPN de no acudir a la audiencia que ellos mismos solicitaron”.
Según el escrito, Nuño refrendó su “interés” por “establecer un diálogo responsable con representantes de toda la comunidad politécnica”, esta vez con la condición de que “se normalicen las actividades académicas y administrativas en los planteles que se encuentran en paro”.
Por último, la dependencia federal concluyó: “En ese sentido, (el secretario de educación) hace un llamado para que, en beneficio de la comunidad estudiantil, y al no haber motivos ni circunstancias para mantener suspendidas las actividades escolares, los estudiantes atiendan el llamado del director general del IPN y regresen a clases a más tardar el próximo 9 de mayo, para evitar perder irremediablemente el semestre”.

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Exigen petroleros que Mexichem indemnice a víctimas de Pajaritos

Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Viernes 6 de mayo de 2016, p. 5
Al privatizarse la planta Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV), ubicada en el complejo de Pajaritos, en Veracruz, la empresa que la adquirió, Mexichem, despidió a 61 por ciento de los trabajadores que tenía y se quedó con 39 por ciento.
La planta tenía mil 600 trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), así como 300 técnicos y profesionistas. Al asumir PMV la dirección de la planta Clorados 3, lo primero que hizo para obtener mayores ganancias fue jubilar y liquidar al personal altamente calificado y reducir la plantilla laboral a 733 personas.
La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTPP) reveló lo anterior en un análisis elaborado acerca del convenio firmado entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Mexichem. Sostuvo que la planta que explotó el 20 de abril pasado, accidente que costó la vida de un número indeterminado de trabajadores, es la principal instalación petroquímica de Pajaritos y fue entregada al consorcio del empresario Antonio del Valle en condiciones absolutamente desfavorables para Pemex.
La UNTPP indicó que Mexichem determinó sustituir a los trabajadores con experiencia, que eran el principal capital humano del complejo petroquímico, por personal terciario de otras compañías. Sin embargo, no le dio capacitación adecuada y le pagaban menos de la mitad de lo que ganaban los sindicalizados, además de que carecía de prestaciones y ni equipo.
La unión, que dirige Moisés Flores Salmerón, señaló que Mexichem debe cubrir los gastos de indemnización de los fallecidos y de hospitalización de los heridos, pues Pemex está asumiendo el costo político y la búsqueda de trabajadores muertos, y sería el colmo que Pemex pague la reconstrucción para que de nueva cuenta Mexichem sea la que la usufructúe.
Sostuvo que la Secretaría del Trabajo debe informar cuántas inspecciones de seguridad realizó en la planta, a partir de la privatización; responder si había cursos en esa materia para trabajadores de nuevo ingreso o si recibieron capacitación para el manejo de sustancias peligrosas, y si los sistemas contra incendios funcionaban correctamente. En caso contrario, la dependencia debe sancionar al corporativo por no cumplir con la normativa, lo que provocó la muerte de decenas de trabajadores.
La secretaria de estudios y análisis petroleros la UNTPP, Silvia Ramos Luna, quien elaboró el informe, indicó que la explosión en la planta Clorados 3 evidenció que la reforma energética hizo que los derechos laborales de los petroleros retrocedieran a los de principios del siglo pasado, cuando las empresas privadas no respetaban los derechos obreros, los sometían a horarios extenuantes y no gozaban de las prestaciones de ley.
Cien años de esfuerzo en materia de producción y cultura de seguridad petrolera y avance de los derechos laborales se han borrado con la intervención de la iniciativa privada en áreas antes reservadas al Estado, y de nueva cuenta se regresa a condiciones por las que el presidente Lázaro Cárdenas del Río llevó a cabo la expropiación petrolera; se dio un giro para atrás, afirmó la especialista.

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El gobierno se enreda en sus mentiras

Tomás Zerón de Lucio, titular de la AIC. Foto: Octavio Gómez
Tomás Zerón de Lucio, titular de la AIC. Foto: Octavio Gómez
 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa deteriora cada día más la imagen de México en el mundo y provoca nuevos diferendos del gobierno mexicano con los organismos internacionales de derechos humanos; primero fue con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ahora, con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Y el gobierno se empeña en defender la llamada “verdad histórica”, a pesar de las múltiples evidencias que periodistas y consultores presentan para destruirla.
En el primer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en septiembre del año pasado, se reveló la presencia de efectivos de la Policía Federal y del Ejército en los distintos escenarios donde ocurrieron enfrentamientos o estuvieron presentes los estudiantes, así como presencia de un quinto autobús que había sido ignorado por las autoridades y la ausencia de señales de que hubiese tenido lugar la incineración de los normalistas en el basurero de Cocula, entre los hechos más relevantes.
En este segundo informe evidenciaron la existencia de una diligencia de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República, no incluida en el expediente del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que podría tener la intención de sembrar pruebas que se recogieron en los días posteriores para respaldar la llamada “verdad histórica”, así como la tortura de al menos 17 de los presuntos involucrados en los hechos delictivos, incluyendo a los cinco integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos que reconocieron haber participado en el asesinato e incineración de los estudiantes.
El director de la AIC, Tomás Zerón de Lucio, defendió su actuación, pero complicó más su situación al señalar que su recorrido fue atestiguado por dos representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, lo cual fue inmediatamente desmentido por dicha instancia.
Además de esta respuesta puntual, el pasado 27 de abril la embajadora permanente de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, urgió a México “a tomar seriamente todas las recomendaciones que contiene el reporte (del GIEI)… y a realizar la investigación exhaustiva e imparcial que merecen las víctimas y sus familias”.
Enfatizó que “más allá del caso de los 43 estudiantes, el informe refuerza la crucial importancia de los esfuerzos de México por fortalecer la rendición de cuentas y la vigencia del estado de derecho que los Estados Unidos respaldan”. Esta exigencia se suma a las que hace un par de semanas hicieran los gobiernos de Alemania y Dinamarca al presidente Enrique Peña Nieto durante su reciente visita a dichos países.
Carlos Beristáin, uno de los integrantes del GIEI, dijo: “Está claro en la investigación del gobierno y versión oficial que había la intención de mantener el caso en el nivel municipal, en términos de responsabilidad. Pero revelamos la presencia de los agentes estatales y federales en las escenas del crimen y, todavía más, que su participación implicaba responsabilidad”.
Como señaló en The New York Times la excorresponsal de ese diario en México, Ginger Thompson, el GIEI demostró “…que el gobierno mexicano, en el mejor de los casos, condujo muy mal la investigación y que posiblemente intentó encubrir a los verdaderos responsables”.
Una de las hipótesis del grupo de expertos, señala Thompson, es que “los estudiantes sin darse cuenta tomaron un autobús (el llamado quinto autobús, que no aparece en el expediente) cargado con heroína del cártel. Para ayudar a los narcotraficantes a recuperar su droga, las autoridades establecieron retenes para interceptar los autobuses…”.
Esta versión es verosímil para los más prestigiados medios internacionales, como el NYT que en un editorial publicado el pasado 26 de abril señala: “La conducta del gobierno reforzó la extendida especulación de que las fuerzas federales participaron en el crimen y, posteriormente, buscaron encubrir sus huellas”. Y The Economist, que en su más reciente edición señala: “¿A quién, se preguntan los mexicanos, está protegiendo el gobierno? Al Ejército y a la Policía Federal, sospechan muchos…”.
Como señala Thompson: “Él (Peña Nieto) respondió al clamor generalizado de justicia en torno a la masacre de los estudiantes y estuvo de acuerdo en invitar a un panel de expertos independientes para revisar el caso, un movimiento sin precedentes en México. Pero una vez que resultó claro que el panel no serviría de tapadera, inició una campaña de desprestigio muy bien calculada y rechazó la solicitud del panel de extender su estancia en México para concluir su trabajo”.
Lo que el gobierno mexicano no ­calculó tan cuidadosamente fueron los hallazgos y denuncias que los integrantes del GIEI tenían para su segundo informe, que resultó ser el final, y menos todavía el impacto que el rechazo a su permanencia tendría en los gobiernos de diversas naciones, los organismos internacionales de derechos humanos y la opinión pública internacional.
El gobierno mexicano planeó muy bien la estrategia para desacreditarlos, incluyendo la conferencia de prensa con el experto internacional sobre el fuego (Proceso 2059) y calculó el mejor momento para anunciar su negativa a una nueva extensión de su estancia; pero nuevamente (como ya lo hizo en el caso de la “Casa Blanca” y los diversos escándalos de corrupción) menospreció el posible impacto internacional.
La gran diferencia en este caso es que tanto los gobiernos de países desarrollados como los organismos internacionales no pueden quedarse callados ante las flagrantes violaciones de los derechos humanos. En los casos de corrupción y conflictos de interés, era incluso políticamente incorrecto que otros gobiernos o las instancias internacionales se pronunciaran al respecto, por ello todo quedo en las coberturas mediáticas; pero en las violaciones a los derechos humanos, su única alternativa es pronunciarse y exigirle a México que actúe.
El costo puede ser muy alto para el gobierno y para México y, por ello, lleva a pensar que el encubrimiento puede inclusive llegar hasta las más altas esferas gubernamentales, no únicamente a la Policía Federal y el Ejército.

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Mejora el ambiente; levanta la Came doble veda para circular

Gabriela Romero Sánchez y Laura Gómez Flores
 
Periódico La Jornada
Viernes 6 de mayo de 2016, p. 25
Luego de más de 72 horas de registrar índices por arriba de 150 puntos Imeca de ozono, durante las cuales dejaron de transitar alrededor de 6 millones de vehículos –2 millones al día– en la Ciudad de México y en 18 de los 122 municipios mexiquenses, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) levantó ayer, a las 17 horas, la fase 1 de contingencia ambiental.
De esta manera se suspende el Hoy no circula doble, por lo que este viernes sólo dejarán de circular los vehículos con engomado color azul y terminación de placas 9 y 0, permisos y matrícula sin números.
En las primeras horas de ayer los niveles de contaminación registraron una disminución; por lo que las PM10 (párticulas menores a 10 micras) fueron la principal fuente de polución, ubicándose en 103 puntos en la estación Chalco, mientras el ozono rebasó los 100 dígitos en la delegación Tlalpan, por lo que la calidad del aire al mediodía fue reportada como regular en 10 demarcaciones.
Cinco horas después, las condiciones cambiaron y el ozono se ubicó en 122 puntos en Tlalpan, 115 en Coyoacán, 114 en Milpa Alta y 113 en Álvaro Obregón. Se reportó mala calidad del aire en 11 delegaciones y regular en cinco. Sin embargo, no se rebasó el tope de 150 fijado para activar la fase 1 de contingencia. El miércoles pasado se alcanzaron 192 puntos.
Por otra parte, la subsecretaria de planeación de la Secretaría de Movilidad local, Laura Ballesteros, llamó a la Came a impulsar el reordenamiento presupuestal federal para invertir en transporte público, y adelantó que prepara un paquete de medidas que incluye horarios escalonados, así como movilidad activa y sustentable, para enfrentar la crisis de medio ambiente y de congestión vial.
Tras participar en el tercer Congreso Peatonal, convocó a dejar de lado el debate del Hoy no circula y centrar las acciones en satisfacer las necesidades de transportación de 70 por ciento de la población que no tiene coche.
La Came está aportando medidas muy importantes, pero ninguna servirá si no se destina dinero a mejorar el transporte público. Así que no hay pretextos para que la Secretaría de Hacienda no lo haga, cuando estamos ante una crisis metropolitana, puntualizó.
La propuesta es que destine 72 por ciento de los recursos de los ramos 23 y 33 a transporte público y apostar por modelos que funcionan, como el Metro y el Metrobús, y el cambio de flota.

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Doble Hoy No Circula aumenta niveles de ozono: Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM

Contaminación en la Ciudad de México. Foto: Germán Canseco
Contaminación en la Ciudad de México. Foto: Germán Canseco

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La doble aplicación del programa Hoy No Circula “induce a que la reactividad atmosférica de formación de ozono se incremente”, aseguró el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM.
En un comunicado, explicó que luego analizar los datos de la Red Automática de Monitoreo Atmosférico, los especialistas observaron que el 3 de mayo –el día siguiente de la aplicación del doble Hoy no Circula por la declaración de la Fase 1 de Contingencia– los niveles máximos de los óxidos de nitrógeno (NOx, uno de los precursores de ozono) disminuyeron aproximadamente 50%. Sin embargo, el ozono alcanzó un valor máximo de alrededor de 160 partes por billón (ppb).
Para el 4 de mayo, segundo día de la medida restrictiva en la que dejaron de circular dos millones de autos aproximadamente, los niveles máximos de NOx disminuyeron aproximadamente 40%; no obstante, a las 15:00 horas el nivel máximo de ozono alcanzó aproximadamente 180 ppb; es decir, subió 20 unidades.
Con estos datos, el CCA aseguró que “aplicar el doble Hoy No Circula (al disminuir de forma desigual las emisiones de NOx y compuestos orgánicos volátiles) induce a que la reactividad atmosférica de formación de ozono se incremente. Además, si se tienen altas temperaturas las velocidades de propagación de la cadena fotoquímica son más intensas”.
Bajo este contexto, el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM alertó que “de no tomarse medidas concretas para disminuir los niveles de ozono, las contingencias “se repetirán año con año durante los meses de calor, debido a que las condiciones meteorológicas no varían mucho, pues son procesos naturales”.
No obstante, los especialistas reiteraron que “las decisiones sobre el desordenado crecimiento de la ciudad, la mala planeación del transporte y la falta de inversión, entre otras, además de permitir la corrupción, sí son responsabilidad de las autoridades”.
Por tal razón, advirtieron que se debe “empezar a mejorar la planeación de la megalópolis y las otras ciudades de los diferentes estados del país que están siguiendo el mismo patrón de crecimiento”.

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Argentina, en una espiral de crisis; "vamos hacia 2001"

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Miembros de organizaciones políticas, sociales y sindicales protestan en Buenos Aires en contra de los despidos laborales que afectan ya a más de 200 mil trabajadores de los sectores estatal y privado desde la llegada a la presidencia de Mauricio Macri, en diciembre pasado. La imagen es de hace unos díasFoto Xinhua
Stella Calloni
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 6 de mayo de 2016, p. 19
Buenos Aires.
Este comercio está cerrado por la crisis, se lee en uno de los carteles que comienzan a verse en varios barrios de esta capital, impedidos de continuar abiertos por los desmedidos aumentos a las tarifas de luz y gas, mientras 53 universidades nacionales en todo el país van al paro porque no podrán hacer frente a los tarifazos, que en algunos casos suman más de 700 por ciento. En la provincia de Buenos Aires 80 hospitales estaban este jueves en el segundo día de huelga.
Vamos hacia 2001, está inscrito en varias paredes, en referencia al año en se derrumbó el país en la más grave crisis de su historia, y crece el descontento social, incentivado por la posición cerrada del presidente Maricio Macri, quien asegura que vetará la ley antidespidos, de emergencia laboral.
“No hay posibilidad de subsistir al tarifazo más alto en la historia nacional”, dicen los dirigentes de pequeñas y medianas empresas, mientras continúa a la baja el apoyo al gobierno y aumenta masivamente el respaldo a la ley antidespidos y a detener la inflación, que se disparó nuevamente por el aumento de 30 por ciento a la nafta (gasolina).
Movimientos políticos y sociales exigen la renuncia del ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien, aunado al tarifazo, dispuso comprar gas a Chile a un precio muy superior al que vendía Bolivia y por haber favorecido en esto a la Shell, compañía de la cual fue gerente y continúa siendo socio.
Las organizaciones sociales advierten que aumentó el número de familias en las calles y en los barrios más humildes y las villas miserias; la pobreza se dispara cada día y hay hambre.
El paro universitario afecta a un millón 480 mil estudiantes en todo el país. Los gremios docentes exigen un aumento salarial urgente de 40 a 45 por ciento para enfrentar la inflación.
Los trabajadores petroleros pararán este viernes en cuatro provincias del sur, acompañados de gremios afines.
El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires aseguró que el presupuesto garantiza su funcionamiento hasta agosto. Se habla de unos 400 millones de pesos de refuerzo presupuestario, pero eso alcanzaría sólo para pagar la luz y el gas, alertó.
Desde que asumió Macri, el 10 de diciembre pasado, van más de 200 mil trabajadores cesados en el ámbito estatal y privado, así como en el sector informal.
En este contexto, la noche del miércoles ocurrió otra acción de violencia política que dejó dos jóvenes heridos, uno de ellos Matías Scinica, con un corte en el cuello por arma blanca, y Fernando Abal Medina, golpeado salvajemente durante una reunión de vecinos organizados que fueron atacados por un grupo de supuestos barras bravas.
Abal Medina es hermano de Juan Manuel Abal Medina, senador por el opositor Frente para la Victoria e hijo del político del mismo nombre, ex dirigente de la juventud peronista, quien se asiló en México durante la pasada dictadura (1976-1983), donde es una figura muy conocida. En la reunión se debatía qué iban a hacer los vecinos de La Boca y otros barrios contra la decisión del gobierno de entregar terrenos públicos al Club Boca Juniors o venderlos para instalación de grandes negocios, cuando precisamente en esa zona faltan miles de viviendas. Además es el único gran espacio verde que los vecinos que integran la comuna piden convertir en un parque en esa zona gris del sur.
Las víctimas del ataque acusaron a las barras bravas del Boca, utilizadas en varios casos como fuerzas de choque y que obedecen al presidente del club, Daniel Angelici, figura estrechamente ligada al presidente Macri. La brutal agresión fue condenada por diversos movimientos políticos y sociales.

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