jueves, 14 de julio de 2016

ANUEE 2016 07 14

Asamblea General Ordinaria de Informes, el día de hoy, en el SME.


Asesinan en Morelos a dirigente del SME

Rubicela Morelos Cruz
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 14 de julio de 2016, p. 14
Cuernavaca, Mor.



Marco Antonio García Barrera, dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, fue asesinado en las inmediaciones de la colonia La Calera Chica, municipio de Jiutepec, informó la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM). El día 12 de julio nuestro compañero Marco Antonio García Barrera fue localizado víctima de un artero crimen en las inmediaciones de La Calera Chica, en el municipio de Zapata cerca de Jiutepec, Morelos, dio a conocer José Martínez Cruz, vocero de la CIDHM.
Este crimen nos llena de indignación, por lo que exigimos a las autoridades del gobierno de Morelos llevar a cabo una investigación a fondo para esclarecer los hechos que llevaron a la privación de la vida de nuestro compañero, para que este crimen no quede en la impunidad y se localice a los autores de este homicidio y haya justicia, se acotó en el boletín.
De acuerdo con la familia del dirigente sindical, el cuerpo fue encontrado con heridas de arma blanca la noche del pasado martes. Toda una vida de lucha dedicó nuestro compañero Toño a la causa por los derechos y la justicia de la clase trabajadora. Su ejemplo de compromiso y dedicación a la causa será recordada por quienes lo conocimos, indicó Martínez Cruz.

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Ienova logra acuerdo con Pemex para compra de gasoductos de Chihuahua

La página web de Infraestructura Energética Nova.
La página web de Infraestructura Energética Nova.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este día la compañía de Infraestructura Energética Nova (Ienova) anunció que llegó a un acuerdo con Pemex Transformación Industrial (Pemex TRI) para la adquisición de 50% del capital social de Gasoductos de Chihuahua.
Ienova precisa, en un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que el acuerdo llega después de haber reestructurado los términos de esa operación por órdenes de la extinta Comisión Federal de Competencia, hoy Comisión Federal de Competencia Económica, que resolvió en su momento imponer condiciones a la transacción.

De esta forma, Ienova pagará a Pemex TRI unos mil 108 millones de dólares en una operación que se espera concluya durante el tercer trimestre del año, una vez que se obtengan las autorizaciones corporativas y regulatorias correspondientes.
También se prevé que la operación concluya durante el tercer trimestre de 2016, una vez que Pemex TRI haya cumplido con las condicionantes y se obtengan las autorizaciones corporativas y regulatorias pertinentes.

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Por reforma energética peligran Objetivos de Desarrollo Sostenible, alerta Social Watch

Una de las protestas en contra de la reforma energética en el Senado. Foto: Germán Canseco
Una de las protestas en contra de la reforma energética en el Senado. Foto: Germán Canseco

PROCESO 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al favorecer los megaproyectos por encima de los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y ambientales de la población mexicana, la reforma energética pone en peligro el cumplimiento de siete de los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), según la organización Social Watch.
Con estos objetivos, los países miembros de las Naciones Unidas aspiran a erradicar la pobreza, reducir las desigualdades, proteger la naturaleza y promover los derechos humanos en el mundo hacia el horizonte 2030.
De acuerdo con un informe que publicó la organización internacional, la reforma energética promovida por el presidente Enrique peña Nieto da prioridad a la inversión en megaproyectos, incluyendo a los que emplean “las técnicas más nocivas” para el ambiente, como la extracción de hidrocarburos por fracturación hidráulica.
Según Social Watch, la reforma energética aprobada en 2013, amenaza los ODS número 2, 6, 11, 12, 13, 14 y 15, los cuales abarcan el acceso equitativo a las tierras para la agricultura, la protección del agua y de los ecosistemas, la gestión ecológicamente racional de los productos químicos, el cambio climático y la biodiversidad.
Pero la reforma energética no es la única política del gobierno federal que vulnera los ODS. De acuerdo con el reporte citado, de seguir con la militarización de la seguridad pública y de la guerra contra las drogas, México incumplirá con el objetivo 16 de las Naciones Unidas, que aspira a alcanzar sociedades pacificas e inclusivas para el desarrollo sostenible.
La organización recordó los datos de la crisis de derechos humanos que atraviesa México, entre ellos, los 102 mil homicidios registrados entre 2006 y 2012, las dos mil 20 quejas por tortura y malos tratos interpuestas en 2011 y la “corrupción e impunidad en las estrategias de combate al crimen organizado”.
Con este antecedente, sostuvo que en su lucha contra la delincuencia organizada, México debe apegarse al primer punto del objetivo, que consiste en “reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad”.
En su reporte, advierte que el país tampoco alcanzará el segundo objetivo, que ambiciona poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible.
Tal aseveración se debe a que la Cruzada contra el Hambre –la estrategia principal del gobierno de Peña Nieto para abatir el problema en el país–, “ha sido ineficaz para avanzar en su erradicación por deficiencias tanto en su diseño como en su implementación”.
Y argumentó que la estrategia sólo atiende 7.1 millones de personas, de los 27.4 millones de mexicanos que viven en inseguridad alimentaria. Más: apenas nueve de los 90 programas sociales que abraca la Cruzada tienen el enfoque de luchar contra el hambre y aún así, “tienen poca consistencia, coherencia y coordinación”.
Incentivos, a manos equivocadas
Respecto a la agricultura sostenible, Social Watch sostuvo que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) destina la mayor parte de sus incentivos a los grandes productores y a la agroindustria, pese a que en México ocho de cada diez explotaciones agrícolas son de pequeña escala.
Asimismo, denunció que el gobierno “promueve el uso de agroquímicos y organismos genéticamente modificados” y fomenta alianzas con “empresas multinacionales que continúan beneficiando intereses privados a costa de los pequeños productores, de la alimentación y del medio ambiente”.
El problema nutricional también destaca en el alto consumo de refrescos, que vulnera el objetivo 3 referente a la salud e incluye, entre otros, la aspiración a reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles como la diabetes.
El objetivo número 6 de las Naciones Unidas plantea el acceso universal y la protección del agua. En esa materia, México también corre el riesgo de incumplir con las metas que se impuso, ya que la iniciativa de Ley General de Aguas del ejecutivo federal “promueve la megainfraestructura y los trasvases, sin asegurar la calidad del agua”, mientras que el consumo del líquido se hace, en su mayoría, en botellas de plástico.
Social Watch señaló que la política de vivienda implementada en México dificultará al país cumplir con los objetivos 1 y 11, los cuales contemplan la erradicación de la pobreza y la conversión de ciudades y asentamientos humanos en espacios inclusivos y sostenibles.
Entre otras razones, la organización subrayó la “mercantilización extrema” y la “especulación” del suelo en las ciudades, mientras que la política de vivienda “sigue apostando a la cantidad y no a la calidad”.
Y no sólo eso: entre los demás “retos” señalados por la organización destacaron la escasa reducción de las carencias sociales de las poblaciones más marginadas, el embarazo adolescente, la igualdad de género y la protección a los derechos reproductivos.

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Otorgan suspensión a pueblos tutunakus contra proyecto hidroeléctrico en Puebla

Integrantes de la comunidad Tutunaku en conferencia de prensa. Foto: Cencos
Integrantes de la comunidad Tutunaku en conferencia de prensa. Foto: Cencos

PROCESO 

PUEBLA, Pue. (apro).- Las comunidades de San Felipe Tepatlán, Altica y San Mateo Tlacotepec, originarias del pueblo Tutunaku, obtuvieron una suspensión provisional en el juicio de amparo que iniciaron contra el proyecto hidroeléctrico Puebla 1, el cual pretenden llevar a cabo las empresas Deselec 1 y Comexhidro en la sierra Norte de la entidad.
En un comunicado, distintas organizaciones sociales, que respaldan a estas comunidades, informaron que el Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa en Puebla confirmó la orden que ya antes había emitido el juzgado de distrito de Puebla sobre la suspensión inmediata de dicho proyecto en tanto se dicta sentencia definitiva del juicio de amparo.
“El referido ‘Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1’ de la empresa Deselec 1-Comexhidro pretende imponerse en los municipios de Ahuacatlán, Tepatlán y Tlapacoya en la Sierra Norte y tiene por finalidad exclusiva generar electricidad para Walmart y otras socias de la empresa, según consta en el permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía”, explica el comunicado.
Por ello, las comunidades interpusieron el 4 de abril una demanda de amparo, la cual fue admitida por el Juzgado Primero de Distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo y de juicios federales en Puebla, el cual otorgó la suspensión de plano de los actos reclamados.

El 2 de mayo la empresa presentó un recurso de impugnación ante esta resolución judicial, sin embargo, el Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa en Puebla confirmó la suspensión concedida por el juez, con lo que quedó firme la obligación de cumplirla.
Las comunidades y las organizaciones sociales además hacen referencia a las declaraciones hechas el 27 de junio por el presidente Enrique Peña Nieto durante una reunión con la Cámara de Comercio e Industria de Quebec, Canadá, en la que anunció que la empresa canadiense Innergex construirá una planta hidroeléctrica en el estado de Puebla.
“Ante esta declaración, y presumiendo que pueda tratarse de la Hidroeléctrica Puebla 1 (pues tenemos conocimiento de la sociedad entre Innergex y Comexhidro), comunidades indígenas nahuas y totonacas de la Sierra Norte levantamos la voz para exigir un alto a la violación a nuestros derechos colectivos reconocidos en la Constitución Política y en los tratados internacionales”, reclamaron.
Al reafirmar su negativa a ese proyecto, las comunidades se quejaron de que la construcción de hidroeléctricas se quiera presentar como generadoras de “energía limpia”, cuando “en realidad están vinculadas a proyectos mineros, de extracción de hidrocarburos y de privatización del agua de nuestros territorios para beneficio de empresas transnacionales”.
Además advirtieron estar preocupados por la campaña mediática para acusar a las comunidades de obstaculizar, a través de los amparos, las inversiones en proyectos hidroeléctricos, eólicos y solares, como lo declaró Jacobo Mekler, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Hidroeléctrica (Amexhidro) y director comercial de Comexhidro.
“Este tipo de declaraciones nos inquietan porque con ellas hay una negación a nuestra garantía de acceso a la justicia para la defensa y protección de nuestros derechos colectivos, así como una amenaza contra la independencia judicial que debe preservarse en todo estado de derecho”, expusieron.
“Las comunidades reprochamos al Estado mexicano que haya otorgado permisos diversos para la realización del referido proyecto hidroeléctrico, permitiendo así la afectación de nuestro territorio y sus recursos naturales”, señalaron.
Y como ejemplo, mencionaron la concesión que la Comisión Nacional del Agua otorgó a Deselec-Comexhidro para el uso y aprovechamiento del río Ajajalpan, en el que pretende construirse la planta, y que incluye el aprovechamiento de manantiales y ríos que escurren hacia el mismo.
“¿Dónde queda entonces nuestro derecho al agua reconocido en el artículo cuarto constitucional? O la autorización otorgada por el INAH para la realización de las obras, a pesar de haber descubierto sitios arqueológicos en el lugar donde pretenden construir la hidroeléctrica, ¿dónde queda nuestro derecho al territorio y a nuestra cultura?”, cuestionaron los afectados.
Las comunidades señalaron que por oponerse a este proyecto han sufrido amenazas, fabricación de delitos y división comunitaria generada por la empresa al prometer dinero a las comunidades si el proyecto se realiza; engaños para lograr la adquisición de propiedades en la zona, así como una simulación de consulta avalada por la Secretaría de Energía (SE).
“Cerca de medio millón de habitantes de la Sierra Norte de Puebla estamos dispuestos a defender nuestro territorio, nuestras vidas, buscando evitar así una devastación ambiental y el desplazamiento forzado que se causaría si se concretaran los 14 proyectos hidroeléctricos autorizados en el estado y la extracción de minerales en más de 300 mil hectáreas y de hidrocarburos con fracturación hidráulica”, subrayaron.
Los afectados responsabilizaron a los tres niveles de gobierno de situaciones de violencia que se puedan generar por insistir en imponer estos proyectos de empresas privadas, que se han generado a partir de la reforma energética.
Entre las organizaciones que apoyan a las comunidades y que respaldaron el pronunciamiento destacan el Consejo Tiyat Tlali; el Centro de Estudios Ecuménicos, Unión de Cooperativas Tosepan, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, Universidad de la Tierra y Fundar Centro de Análisis e Investigación, entre otras.

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Abrogar la reforma y liberar a los presos, insiste la CNTE en el diálogo con la SG

Alonso Urrutia y Emir Olivares
 
Periódico La Jornada
Jueves 14 de julio de 2016, p. 2
Durante la instalación de la mesa política para encauzar las negociaciones entre la Secretaría de Gobernación (SG) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), los representantes magisteriales ratificaron que el eje de la discusión se mantiene en la abrogación de la reforma educativa. Sin embargo, en el primer encuentro la atención se centró en las consecuencias de la implementación de la reforma: liberación de los presos políticos y revisión de los casos de docentes cesados.
Al término de la reunión, cuando ya se conocían los acuerdos a los que llegó el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para replantear la evaluación docente y rediseñar el modelo educativo, el vocero de la Comisión Nacional Única Negociadora de la CNTE, Adelfo Alejandro Gómez, señaló tajante: Nuño y el SNTE, para nosotros, no son interlocutores válidos y de ahí no nos vamos a mover.
–Ustedes se reúnen con Gobernación y el SNTE con el titular de la SEP, donde ya han llegado a acuerdos sobre la evaluación docente…
–Para la CNTE lo que suceda en (las calles) Argentina y Venezuela (donde se ubican la SEP y el SNTE, respectivamente) sólo es resultado de dos cadáveres que se resisten a ser enterrados. Ni con Nuño ni con el SNTE –reiteró Gómez.
En este contexto, el vocero de la comisión negociadora subrayó la necesidad de que el Congreso de la Unión asuma la responsabilidad de emprender el proceso legislativo que encauce a la abrogación de la reforma educativa. Tenemos que construir los acuerdos que ya necesitamos.
Insistió en que los ejes centrales de la negociación en Bucareli son la abrogación de la reforma; construir la transformación de la educación y del modelo de instrucción que requiere el país, y los daños ocasionados por la implementación de la reforma (despidos, sancionados y presos).
En el salón Carlos Abascal de Gobernación, el subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda, escuchó los planteamientos de la CNTE sobre la revisión de los 30 expedientes de los presos políticos del magisterio que han sido detenidos en el contexto de las movilizaciones contra la reforma educativa.
Se prevé que en la reanudación de las pláticas de la mesa política, que se tendrá lugar este mediodía, se formalice una respuesta de la Secretaría de Gobernación, sólo en aquellos casos que no estén vinculados con delitos graves.
Esto excluye a los cinco mentores presuntamente involucrados en el secuestro de dos menores de edad ocurrido en Oaxaca, que se encuentran recluidos en un penal federal.
Durante la reunión privada que se prolongó más de tres horas, los dirigentes magisteriales pusieron sobre la mesa la revisión de los casos de todos los maestros que han sido sancionados por su vinculación en la lucha contra la reforma, esencialmente los despedidos por acumular faltas.
Integrantes de la comisión magisterial consultados tras el encuentro indicaron que insistieron en que el gobierno federal, por conducto de Gobernación, gestione el acercamiento de la CNTE con el Poder Legislativo.
Apuntaron que si bien se trató de la primera sesión de la mesa política, no se ve una vía clara que conduzca a la solución pronta del conflicto. Por momentos vemos una estrategia dilatoria, mucha plática y pocos avances. Es un tema muy complejo.
Tras el proceso de negociación con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, las partes acordaron el lunes pasado dividir las mesas de discusión en tres temáticas: política (que inició ayer y seguirá este jueves), educativa (a partir del próximo martes) y social (el jueves).
Se acordó que Osorio Chong sólo participará cuando se deasarrolle una sesión general para hacer un balance de los tres temas, por lo que corresponde a Miranda Nava encabezar a los funcionarios federales en las otras mesas.
 
 
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Rediseñará la SEP el proceso de evaluación

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Juan Díaz de la Torre, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, recibe la respuesta de Aurelio Nuño Mayer, titular de la Secretaría de Educación Pública, a los 12 resolutivos que presentó el gremio a las autoridades federalesFoto José Antonio López
Laura Poy Solano
 
Periódico La Jornada
Jueves 14 de julio de 2016, p. 2
El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, anunció que en un plazo de 45 días se hará un rediseño global del proceso de evaluación que prevé la reforma educativa, con la finalidad de garantizar que sea pertinente y más útil, el cual deberá concluir a más tardar el 30 de agosto.
En su respuesta al sindicato magisterial, la SEP se compromete a construir un mecanismo de análisis y revisión de todos los componentes de la evaluación, tras reconocer que existe la percepción de que la reforma educativa tiene una orientación punitiva.
Dicha medida, agrega, se propondrá, en el marco de su autonomía, al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que encabeza Sylvia Schmelkes, mediante un mecanismo de coordinación interinstitucional.
El documento con la respuesta de la SEP al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), suscrito por Nuño Mayer, incluye el acuerdo de buscar la diversificación de los instrumentos de evaluación docente, que tomen en cuenta los contextos sociales, culturales, urbanos y étnicos.
Además se prevé crear un nuevo mecanismo de revisión para los docentes que por causas de fuerza mayor no pudieron concretar todas las etapas de los procesos de evaluación, en el que participarán las autoridades estatales y el Servicio Profesional Docente. Lo anterior, luego de que se anunció que más de 4 mil docentes serían cesados por no presentarse a la evaluación de desempeño.
En el acto oficial de entrega de la respuesta a los 12 resolutivos presentados por el SNTE el pasado 6 de julio, Nuño Mayer aseguró que dentro del marco constitucional y de las leyes secundarias de la reforma educativa, se determinó hacer una revisión de la evaluación para mejorarla.
En entrevista, reconoció que dichas modificaciones representan un cambio de la evaluación como política pública, pero destacó que no hay ningún acuerdo para cambiar la reforma educativa en su faceta legislativa.
Reunidos en el salón Nishizawa, donde acudieron los subsecretarios y funcionarios de la dependencia y la cúpula del SNTE, Nuño Mayer reconoció que la reforma educativa ha generado expectativas, pero también preocupaciones, incertidumbres y, sin duda, también enojo.
Dio a conocer que se acordó someter a revisión 11 puntos, cuyo eje central será garantizar una mejor contextualización de la evaluación.
Señaló que se revisará la aplicación de la evaluación, los procesos de calificación, uso de plataformas para subir evidencias, bases de datos, acreditación de evaluadores, del simulador de exámenes, procesos de comunicación y divulgación de resultados e, incluso, de las guías académicas para docentes.
Ante el presidente del SNTE, Juan Díaz de la Torre, Nuño Mayer anunció que la próxima semana dará a conocer el nuevo modelo educativo y la nueva propuesta curricular, los cuales, dijo, serán sometidos a consulta en todas las escuelas del país, por conducto de los Consejos Técnicos Escolares a partir del regreso a clases en el ciclo escolar 2016-2017, medida que consideró inédita.
Agregó que también se fortalecerán los programas de formación continua y capacitación del magisterio para que sean pertinentes, de calidad, gratuitos y equitativos, así como la formación inicial de docentes. Indicó que también se presentará un plan integral de transformación de las escuelas normales, que será consultado con el sindicato.
La propuesta, apuntó, incluirá el fortalecimiento de la planta docente, la actualización de los planes de estudio y la mejora de infraestructura. Se indica que para garantizar su fortalecimiento es indispensable que impulse cambios para su actualización, por lo que considera que deben organizarse como instituciones de educación superior, que permitan la innovación, la comunidad académica entre docentes y el diálogo entre distintos campos del conocimiento.
Pago total de Carrera Magisterial
Reunidos con la cúpula del SNTE en el salón Nishizawa, Nuño Mayer señaló que otro de los acuerdos en la mesa SEP-SNTE fue que del 15 al 30 de julio se pagará un incremento de 3.5 por ciento al estímulo de Carrera Magisterial, equivalente al otorgado al salario base. Afirmó que tendrá impacto en prima vacacional, aguinaldo y pensión.
La medida será retroactiva al primero de enero de este año, y dijo que la SEP cubrirá el incremento con parte de los ahorros al gasto corriente de la dependencia.
En cuanto al pago del estímulo salarial a maestros destacados, la entrega de nombramientos y ascensos, afirmó que deberán concretarse a más tardar el próximo 16 de agosto.
En cuanto a aspectos como la duración (ocho horas) de la evaluación, la SEP sólo se compromete a revisar el punto, y asume el compromiso de mejorar los aspectos logísticos y de organización, con infraestructura tecnológica adecuada y ambientes que garanticen una adecuada seguridad.
También se compromete a promover ante autoridades estatales mecanismos para la revisión de los procesos de evaluación solicitados por los docentes, y que los cambios de adscripción e interestatales se harán de forma ordenada y transparente.

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Empleados que construyen planta de Audi no cobran desde hace 14 meses

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Empleados subcontratados por las constructoras Rubau, Copisa y Aldesa bloquearon ayer el acceso a las obras de la planta de la armadora alemana de autos Audi, en Puebla, para exigir el pago de salarios Foto José Castañares / La Jornada de Oriente
Yadira Llaven
La Jornada de Oriente
Periódico La Jornada
Jueves 14 de julio de 2016, p. 30
Puebla Pue.
A dos meses de que sea inaugurada la planta de Audi en San José Chiapa, cientos de trabajadores subcontratados por las empresas proveedoras Aldesa, Rubau y Copisa bloquearon ayer los accesos e impidieron el paso a por lo menos mil trabajadores de la armadora alemana, debido a que les adeudan salarios desde mayo del año pasado.
Los manifestantes levantaron el bloqueo ocho horas después, luego de negociar con representantes de Audi el pago de 50 por ciento de la deuda, que deberá cubrirse antes del 25 de julio previo acuerdo notarial y peritaje del Colegio de Ingenieros; de lo contrario, advirtieron, habrá más protestas.
La mañana de ayer decenas de empleados subcontratados estacionaron vehículos a la entrada del área de construcción, así como en la zona de aduana de la armadora.
Con pancartas que decían: Audi: paga, rata; exigimos que nos paguen; nos afectaron nuestra economía y atentan contra nuestro patrimonio, los inconformes expusieron que trabajaron desde 2014 en la construcción de diversas áreas de la fábrica y el año pasado dejaron de pagarles.
Por la mañana, los empleados explicaron que las empresas mexicanas IC Infraestructura, JC Construcción y Sigsa los subcontrataron para la edificación de la planta, que estuvo a cargo de las compañías españolas Rubau, Aldesa y Topisa.
El representante de IC Infraestructura, José García Rolón, dijo que Aldesa, Rubau y Topisa arguyeron que no les han pagado porque Audi de México tampoco lo ha hecho; Rubau le debe a IC Infraestructura 18 millones de pesos, lo que afecta a una plantilla de 450 personas.
Esta situación ya tiene más de un año y no vamos a permitir que sigan abusando de los trabajadores. No sabemos si el gobierno de Puebla pagó a los consorcios españoles. Ellos dieron las garantías; por lo tanto, no tenemos por qué pagar, indicó.
A la protesta se sumaron trabajadores de JC Construcción (subcontratada por Aldesa), quienes demandaron 5 millones de pesos que les deben desde el año pasado; y empleados de Sigsa, quienes reclamaron 325 mil pesos pendientes desde diciembre pasado.
Según un contrato firmado el 5 de septiembre de 2012, Audi anunció una inversión de mil 300 millones de dólares en San José Chiapa. El gobierno de Puebla costea las obras de infraestructura y de servicios que requiere la armadora; además, entregó el terreno, pagó los estudios de impacto ambiental, exentó a la compañía de impuestos y gastó 6 millones de dólares en la ceremonia de inauguración y en relaciones públicas.
El pasado martes la administración encabezada por el gobernador panista Rafael Moreno Valle dio a conocer que ha invertido más de 10 mil millones de pesos en la construcción de la planta.

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Crece rechazo en Argentina a drástico aumento de luz, gas y agua

Más intendentes y jueces sumaron este jueves nuevos amparos legales para suspender el drástico incremento a la electricidad, el gas y el agua, mientras acontecen protestas como preámbulo al “Cacerolazo Nacional” convocado para este viernes por la noche.
A los recursos presentados en municipios bonaerenses de San Martín, La Matanza y Berazategui, entre otros distritos, se sumó esta tarde el del intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, reporta Diario Registrado.
Las idas y vueltas en los aumentos en el esquema tarifario del gobierno de Mauricio Macri, no calma los ánimos de los vecinos del conurbano bonaerense.
Este miércoles en un esporádico brote de protesta popular cientos de pobladores de Loma de Zamora se concentraron frente a la sucursal de MetroGas, la empresa privada encargada de distribuir el gas, para reclamar por las facturas que recibieron aumentos de hasta siete veces mayor de lo que pagaban.
También un grupo de organizaciones de defensa de los consumidores, líderes de la Central de Trabajadores de Argentina, Autónoma, y legisladores efectuaron este miércoles un “banderazo” frente al Palacio de Tribunales, sede de la Corte Suprema.
Los promotores de esta movilización presentaron un reclamo por escrito al máximo tribunal en el que piden una audiencia con los jueces de la Corte para explicar los puntos de vista del colectivo que rechaza el incremento tarifario en luz, gas y agua.
Igualmente, solicitaron un encuentro con el titular de ese organismo, Ricardo Lorenzetti, como respuesta al encuentro que sostuvo la víspera con el presidente Macri.
El pedido lleva las firmas del secretario general de la CTA Autónoma, Pablo Micheli; el titular de Consumidores Libres, Héctor Polino; la diputada Victoria Donda, y los dirigentes del Movimiento Socialista de los Trabajadores, la Asociación de Personal Jerárquico de Gas, la Federación Universitaria y la organización social “La Alameda”.
Mientras, fluye a ritmo creciente por las redes sociales la convocatoria para efectuar un cacerolazo a escala nacional el jueves por la noche.
Organizaciones barriales, populares, sindicales y políticas están convocando a la población a congregarse en diversas zonas de la capital y el resto de las ciudades del país.
Por ejemplo, la agrupación Juana Azurduy llamó a hacer un “ruidazo” contra los aumentos de las tarifas y convocó a sus miembros a concentrarse en tres céntricos puntos de la capital. Otras organizaciones llaman a concentrarse en la zona del Obelisco, y también hay llamados a marchar hacia Plaza de Mayo.
PL

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“La Revolución Bolivariana no se negocia”

“La Revolución Bolivariana no se negocia porque es resultado de la elección del pueblo, y seguirá trabajando hoy y siempre por el bienestar de todos los venezolanos sin importar su credo, raza o filiación política”.
Así lo manifestó el diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela Diosdado Cabello en Guanare, estado Portuguesa, desde donde se trasmitió la edición 116 de su programa Con el mazo dando.
“El pueblo eligió sin fraudes de ningún tipo al presidente Nicolás Maduro, y de ese modo optó por continuar el camino iniciado por el fallecido mandatario Hugo Chávez; no lo vamos a traicionar, seguiremos con las botas puestas rodilla en tierra”, afirmó.
“La derecha quiere que Maduro se vaya porque él no es del combo de la oposición, es del combo del pueblo, del combo de Hugo Chávez, del combo de la Revolución”, agregó.
Cabello se refirió también al referendo que intenta activar la Mesa de la Unidad Democrática (MUD, coalición de partidos opositores), para revocar el mandato de Maduro.
“Será imposible efectuar un referendo revocatorio durante 2016, porque no se cumplieron los términos legales y, durante las recogidas de firmas, cometieron innumerables fraudes para intentar demostrar una reacción popular contra el presidente legítimo de la nación”, aseguró.
El también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) expuso que en cada uno de los estados hay demandas contra la MUD, por falsificar identidades y firmas en la recolección de voluntades para solicitar al Consejo Nacional Electoral la aplicación del revocatorio.
No lo van a activar este año y puede que ninguna vez, sentenció, antes de explicar que la Constitución establece la posibilidad de aplicar el referendo solo una vez contra cada presidente.
PL

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“No se puede destrozar un país y luego pedir disculpas como si nada”

La publicación del Informe Chilcot confirma que el ex primer ministro británico, Tony Blair, “mintió sobre los motivos de la invasión de Irak”, por lo que “no es suficiente con que pida perdón”, advierte la responsable de Internacional de Izquierda Unida, Marina Albiol, en declaraciones a Sputnik Nóvosti.
“Se confirma que Blair, junto al expresidente de Estados Unidos, George Bush y al exdirigente español, José María Aznar, encabezaron el ataque y mintieron en los motivos por los que comenzó la invasión, por lo que el perdón no es suficiente”, asegura la también portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo.
La eurodiputada española denuncia que “no se puede destrozar un país y luego pedir disculpas como si nada”.
El 6 de julio fue publicado el conocido como informe Chilcot, una extensa investigación sobre la intervención de Reino Unido en la guerra de Irak de 2003.
Este estudio, de 12 tomos, fue elaborado por John Chilcot, antiguo funcionario del ministerio británico para Irlanda del Norte, y su equipo, que revisaron cerca de 150.000 documentos, muchos de ellos confidenciales, para elaborar una conclusión clara de la decisión de Tony Blair de apoyar a EEUU en la guerra de Irak. Según las conclusiones del estudio, la acción militar pudo haber sido necesaria en algún momento, pero “no lo era en 2003”.
Esta es una de las etapas “negras” de la legislatura de Blair, que el pasado mes de octubre pidió disculpas por su papel en la guerra de Irak, a la que llevó al país hace 13 años, y este miércoles volvió a disculparse tras la publicación del informe.
“Fue la decisión más difícil que he tomado. La tomé de buena fe. Expreso mi dolor, mi pesar y disculpas”, aseguró el exjefe del Gobierno británico.
Albiol denuncia que estas disculpas “no son suficientes”.
“Esperamos que las conclusiones del informe sirvan para que se juzgue a Blair por crímenes de guerra y de lesa humanidad, junto al resto de responsables directos de la invasión de Irak”, asegura la eurodiputada.
Por otra parte, la mandataria de Izquierda Unida denuncia que en el Estado Español “no se ha depurado ningún tipo de responsabilidad ni establecido comisiones de investigación similares a la británica, prueba de la impunidad que rodea las catastróficas intervenciones militares del conservador Partido Popular y del PSOE en Irak y Afganistán”.
Sputnik

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