lunes, 26 de septiembre de 2016

En Construcción 2016-09-26

Convocan a Marcha del Comité de Usuarios de la Energía POR EL DERECHO HUMANO A LA ELECTRICIDAD

* El 27 de Septiembre Irán a la Cámara de Diputados para que se Discuta la Iniciativa Ciudadana por la Tarifa Social.
 
Participación de Martín Esparza Flores
Conductor de Frecuencia Laboral y Secretario General del SME
Transcripción de Andrea Luna Hernández, Programa 24 /SEPTIEMBRE /2016
“Comentarles que hay una marcha hacia la Cámara de Diputados para el próximo 27 de septiembre del 2016. Es un aniversario más de la nacionalización de la industria eléctrica. Está en los libros de historia, ya se quedó ahí. Con la reforma energética, estos neoliberales se han encargado de cambiar la constitución para favorecer a las empresas multinacionales. Sin embargo, en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), haremos esa actividad porque hemos enarbolado una bandera importante del derecho humano a la electricidad.
Vamos a hacer una movilización a las 10 de la mañana del zócalo de la Ciudad de México hacia el Congreso de la Unión. Ya checamos el acuerdo en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Van también los integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica.
En dos ocasiones hemos ingresado al congreso una iniciativa de ley ciudadana para elevar a rango constitucional, y adicionar al artículo 4to de la constitución, el derecho humano a la electricidad. Hoy estamos viendo todos los incrementos a los servicios que provoca inflación.
Encontramos casos de usuarios de la energía eléctrica que no tienen ni para comer, menos van a tener para pagar la luz. Hoy quieren que se pague hasta por adelantado la electricidad para rescatar a Comisión Federal de Electricidad (CFE) de toda esa crisis económica que la han dejado los neoliberales. Eso es el día 27 de septiembre, están todos invitados”. 

Constitución de la CDMX

Por Martín Esparza Flores /

La prioridad, los derechos ciudadanos

Por Martín Esparza Flores
Aunque el proyecto constitucional de la Ciudad de México establezca que se funda en el reconocimiento de que la soberanía de la capital reside “esencial y originalmente en el pueblo”, el método antidemocrático empleado por los partidos para dotarlos de una tramposa representación que no refleja el verdadero sentir de millones de habitantes expresado en las urnas urge a que la sociedad esté atenta para que el anteproyecto que será aprobado o modificado por los constituyentes no apunte a una regresión que conculque sus derechos, como ha acontecido en el escenario nacional con la aprobación de las reformas estructurales que devastaron al articulado de nuestra Carta Magna.
El 40 por ciento de los integrantes del Constituyente fueron designados por el Congreso, el presidente de la república y el jefe de Gobierno, por lo que al lado de sus partidos tratarán de sacar ventaja política a sus intereses corporativistas y clientelares, dejando en segundo término los verdaderos intereses y la defensa de los derechos de los capitalinos. Y urge impedirlo.
Dos de las características fundamentales del documento que será analizado por los constituyentes lo definen como “eminentemente garantista” al establecer que los derechos que contiene “son exigibles y justiciables”, amén de estipular que en materia de derechos y libertades la Constitución y las leyes que de ella emanen “sólo podrán reformarse en sentido progresivo”, colocando un candado para impedir un retroceso similar al ocasionado por las leyes secundarias de las reformas.
La ciudadanía deberá estar alerta de que no se disminuyan en la aprobación de la nueva Constitución derechos humanos fundamentales como el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la vivienda y a servicios básicos como el acceso al agua y a la electricidad, esta última, por cierto, no contemplada en su Carta de Derechos.
Si bien en materia de empleo, salarios y derechos laborales el documento señala que se respetará lo establecido en el artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarios, la nueva ley “buscará extenderlas en las medida que sea posible y razonable” en el ámbito local.
Las anteriores razones, como las que plantea en el ámbito educativo, una de ellas, darle a la educación el rango de un deber y un bien público, reconociendo como función primordial la actividad docente al garantizar a los maestros la capacitación y actualización así como su estabilidad laboral, en pro de una educación pública, gratuita, laica, inclusiva y de calidad. Por eso, la sociedad debe estar al alba para evitar un nuevo quebranto a sus derechos.

Fuente

Ministros y alta burocracia inmunes a la austeridad

Septiembre 25, 2016 at 1:30 am

El nuevo recorte presupuestal por 239 mil 700 millones de pesos que  mantendrá intocables los privilegios de los altos funcionarios en los tres poderes públicos, pone de nuevo al descubierto la cada vez más acentuada e inequitativa distribución de la riqueza en el país. Mientras un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2017 ganará 6 millones 766 mil 428 pesos, incluidos aguinaldo y compensaciones, un trabajador con salario mínimo de 73 pesos diarios tendría que laborar 300 años para juntar tal cantidad.
martin-esparza-507-a
La selecta casta de toga y birrete gana mensualmente en promedio 563 mil 869 pesos, cuando millones de mexicanos apenas y subsisten con el magro ingreso de 2 mil 190 pesos al mes; esto es, los ministros ganan 257 veces más que el grueso de la población, como sucede también con el resto de los miles de funcionarios, gobernadores, senadores y diputados, quienes se resisten a ser solidarios con los que menos tienen y se niegan a bajarse el sueldo a la mitad ahora que el país debe apretarse nuevamente el cinturón, pues como dicen allá en el rancho: “que se haga la voluntad de Dios –y la austeridad— en los bueyes de mi compadre”.
Podrá entenderse el porqué a la clase política en el poder la unen millonarios intereses personales, que la han vuelto inmune a la situación de crisis que golpea desde hace años a las clases menos favorecidas. Si no, ¿cómo entender que muchas de las resoluciones emitidas por los miembros de la Corte han dejado en la indefensión a millones de mexicanos que ahora están a merced lo mismo de empresarios que de reformas emitidas por el Congreso? ¿Por qué entonces tiene que pagar una expoliada población con su hambre y miseria  los privilegios de quienes se han convertido en sus verdugos?
El México color de rosa  de  que  disfrutan  los ministros como muchos otros miembros de los poderes públicos que ocupan cargos de alto nivel, no corresponde a la terrible realidad que enfrentan en el día a día la inmensa mayoría de personas a las que se les intenta engañar con la aplicación de recortes que terminarán por afectarlos en su educación, en su salud y en su desarrollo social.
Desde hace tres años iniciaron los tijeretazos al presupuesto y la clase política nada ha dicho de aplicar la palabra austeridad en sus nóminas doradas; por el contrario, diputados y senadores en el Congreso han avalado la contratación de más deuda pública hasta llegar a la inmanejable cifra de más de 8 billones de pesos, en un perverso e irresponsable maridaje entre los tres poderes de la Unión.
De lo que se trata no es de optimizar recursos, sino que éstos sigan permitiendo el holgado nivel de vida de una selecta casta de funcionarios y  políticos enquistados en el poder, para quienes la suerte que corren millones de pobres con cada golpe de la crisis es lo que menos les importa.
Resulta absurdo e increíble que para el año entrante se contemple destinar recursos por 568 mil 197 millones de pesos para afrontar el costo financiero de la deuda, mientras que para atender áreas prioritarias como educación, salud, desarrollo social y universidades públicas se destinen sólo 556 mil 41 millones.
Nuestros genios neoliberales han diseñado una política económica que no ha detonado el desarrollo del país a través de sus reformas, pero sí ha terminado por doblegarlo ante los organismos financieros internacionales por la vía del endeudamiento.
En lo que va del sexenio se ha pagado ya por los intereses del servicio de la deuda un billón 334 mil 505 millones de pesos; cantidad que de haberse canalizado a la construcción de hospitales, mejores salarios a maestros y una política de verdaderos apoyos al desarrollo del campo –no con políticas asistencialistas que son paliativos a la marginación de las zonas rurales–, hubiera representado auténticos beneficios sociales a millones de personas. Tan sólo por día, la deuda pública le cuesta al país un desembolso de mil 161 millones de pesos diarios.
De los funcionarios que tampoco tendrán que preocuparse porque el país se siga endeudando mientras a ellos les va muy bien, se encuentran los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que al igual que los ministros de la Corte, se llevarán el próximo año un sueldo anual de 6 millones 766 mil pesos, como también los miembros del Consejo de la Judicatura Federal que ganarán de manera acumulada, con sueldo y prestaciones, 8 millones 938 mil 234 pesos.
A este grupo de privilegiados también hay que sumar a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), con Lorenzo Córdova a la cabeza;  al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Plascencia, cuyas escasas recomendaciones nadie toma en cuenta,  así como a otros titulares  de organismos como el Inegi, el INAI, el Ifetel, la Comisión Federal de Competencia y un sinfín de aparatos burocráticos que en los hechos no han demostrado tener un beneficio concreto a la población, pero que en su mayoría representan un altísimo costo a los recursos públicos. En promedio, sus titulares ganan anualmente más de 2 millones de pesos.
Y mientras de acuerdo con los criterios presupuestales áreas como educación y salud enfrentarán para 2017 reducciones de hasta un 10 por ciento en relación con los recursos asignados este año, el INE obtendrá un presupuesto de 15 mil 371 millones de pesos para atender elecciones en tres entidades: Coahuila, Nayarit y Estado de México. De un mismo trato de excepción gozan los diputados y senadores, quienes obtendrán un aumento en sus recursos por 986 millones de pesos.
Cada uno de los senadores se llevará el año entrante un sueldo de un millón 312 mil pesos, amén del pago de otros gastos y compensaciones, lo mismo que los diputados que en promedio se llevarán a su cartera un millón 942 mil pesos. Envidiables ingresos como pago por aprobar leyes que tienen al país y millones de sus habitantes en la ruina absoluta y en una galopante marginación.
Así, mientras al país se le deja sin recursos para educación y salud, se insiste en solapar la evasión fiscal de los poderosos consorcios convertidos en amenazantes grupos fácticos que anualmente evaden impuestos por 488 mil millones de pesos, como también en devolverles a otros consentidos del Estado  impuestos por 288 mil millones  de pesos. De tal manera que bastaría con aplicar puntualmente una auténtica política fiscal de recaudación para compensar los recortes anunciados para el 2017.
Claro que para que esto sucediera debería existir un Poder Judicial autónomo y honesto, alejado de insultantes prerrogativas como las que gozan los miembros de la Corte,  quienes  por cierto aprovecharon las fiestas patrias para irse de puente desde el pasado martes 13 y retornar a sus actividades hasta el lunes 19. Mientras tanto, será el pueblo quien pague los costos de esta política neoliberal que ha convertido en una brecha abismal la riqueza de unos cuantos contra la pobreza de millones.
Contralínea 507 / del 26 de Septiembre al 01 de Octubre 2016 


Pactan Pemex y su sindicato el desalojo de miles de trabajadores

Foto
Incierto, el destino del personal sindicalizado. En la imagen, trabajos en una fuga en la vía Puebla-TlaxcalaFoto Notimex
Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Lunes 26 de septiembre de 2016, p. 5
La dirección corporativa de administración y servicios de Petróleos Mexicanos (Pemex) solicitó en un oficio al dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (SNTPRM), Carlos Romero Deschamps, desalojar a miles de trabajadores que laboraban en 19 áreas de extracción de hidrocarburos que fueron licitadas en la ronda uno, a fin de entregar dichos campos a las trasnacionales y empresas privadas limpias de trabajadores, sin un solo sindicalizado petrolero.
‘‘El personal sindicalizado que labora en las instalaciones involucradas prestará sus servicios en dichas áreas hasta las 23 horas con 59 minutos del día 7 de agosto del 2016, tomándose el tiempo necesario para una entrega segura’’, señala el oficio 00828, que firmó el subdirector de relaciones laborales y servicios al personal de la dirección de Pemex ya referida, Marco A. Murillo Soberanis.
En el documento, fechado el 4 de agosto pasado, Murillo también le indica a Romero Deschamps: ‘‘Le agradeceré se continúen las pláticas que hasta el momento hemos realizado para concretar los acuerdos necesarios respecto del personal de planta sindicalizado que resulta involucrado’’. Es decir, empresa y sindicato ya iniciaron negociaciones para definir el destino laboral de estos trabajadores.
El oficio plantea el desalojo de petroleros que laboraban en las siguientes áreas de extracción: Moloacán, Pontón, La Laja, Paso de Oro, Tecolutla y Cuichapa Poniente, en Veracruz; Peña Blanca, Carretas, Calibrador, Mareógrafo, Benavides Primavera, Duna y San Bernardo, en Nuevo León; Barcodón y Ricos, en Tamaulipas; Catedral, Mundo Nuevo, Topén y Malva, en Chiapas; Paraíso, Tajón, Fortuna Nacional, Mayacaste y Calicanto, en Tabasco, entre otros.
De esta forma, miles de trabajadores que se quedaron sin lugar y materia de trabajo son enviados a diversos centros, buscan ellos mismos una reubicación sin lograrlo y están a la espera de lo que determinen la empresa y el sindicato, no obstante que la reforma energética, en su artículo transitorio segundo, aseguraba que se respetarán los derechos laborales de los petroleros, y tanto el presidente Enrique Peña como los sucesivos directores de Pemex y funcionarios de esa empresa señalaron insistentemente que no habría despidos.
En la misiva, el subdirector de relaciones laborales le indica al dirigente del sindicato petrolero que quienes laboraban en los 19 campos de extracción de hidrocarburos ‘‘serán concentrados en los lugares que a nivel local se acuerden con las secciones sindicales involucradas’’, hasta que se defina su situación laboral.
Disposiciones de la CNH
Puntualiza que, ‘‘conforme a las disposiciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), las áreas contractuales y diversas instalaciones involucradas a que se refiere la licitación de la Ronda Uno, estarán a cargo de las compañías ganadoras, a contar del día 8 de agosto del 2016’’.
Los consorcios que recibirán las referidas áreas de extracción y sus instalaciones sin petroleros sindicalizados son, entre otros: American Oil, la empresa holandesa-mexicana Canamex Ducht, Roma Energy y Tubular Technology, la empresa estadunidense Gx Geosciencie Corporation, Geo Estratos Mxoil Exploración y Producción, la compañía de capital canadiense Renaissance y Strata Campos Maduros, Perseus, Diarqco, Lifting, Sarreal y Perfolat de México.
Al respecto, la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTPP) advirtió que esta acción significa un robo de su materia de trabajo y hace prever que se acentuarán los despidos de trabajadores de Pemex y que se impondrán en las empresas contratos colectivos de protección. Pero además, significará el desmoronamiento del STPRM, que quedará reducido y minimizado.
La unión puntualizó que la Ley Federal del Trabajo establece que si un patrón vende o traspasa su fuente de trabajo a otra sociedad o particular, mientras exista la materia de trabajo, los obreros y empleados tienen derecho a seguir laborando. Por ello, si el gobierno vendió los campos de extracción, los nuevos patrones tienen que recontratar a los empleados y respetar su contrato colectivo.
Está claro que la empresa ordenó al sindicato petrolero desalojar a la gente de sus centros laborales; se los llevaron a plantas petroquímicas, a campos de Morelos, a las instalaciones sindicales. ‘‘Cientos deambulan a ver dónde se reubican y les siguen pagando sin trabajar para que no haya resistencia, pero la realidad es que les quitaron la fuente de trabajo con la total aceptación de dirigente del STPRM, el senador priísta Romero Deschamps’’, planteó Silvia Ramos, vocera de la UNTPP.
Indicó que el STPRM ‘‘no movió un dedo’’ para defender la materia de trabajo, pues ya hay una negociación entre este sindicato y la empresa para dejarles el campo libre a las trasnacionales y consorcios privados, a fin de que puedan llevar sus propios trabajadores, y tener sus contratos colectivos de protección patronal.

Fuente

Y es Apenas una Tormenta Económica, Falta el Crack Mundial HABRÁ 200 MIL MÁS SIN EMPLEO EN LO QUE RESTA DEL 2016

*Más Desempleo en 2016 y Cero Creación de Plazas de Trabajo en 2017 en las Dependencias Públicas.
*La pobreza se mide por el nivel de ingresos y el empleo y ambos factores en México registran retroceso.

En lo que resta del 2016 se espera que se pierdan por lo menos 200 mil empleos de las pequeñas, medianas y grandes empresas en México, debido al aumento del dólar que superó los 20 pesos el 23 de septiembre pasado, lo que se agrava por el efecto de los gasolinazos, los recortes presupuestales y la política económica restrictiva, informó en entrevista con Frecuencia Laboral, coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Autónoma de México (UNAM), David Lozano, investigador y catedrádico.
A eso se suma que para el 2017 no se crearán plazas de trabajo en las dependencias y entidades públicas, de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación, como informamos la semana pasada, debido al recorte presupuestal de más de 239 mil millones de pesos que se que anunció por parte del nuevo secretario de Hacienda, José Antonio Meade.
Y lo peor está por venir en 2018, señaló el doctor David Lozano, porque a nivel mundial, el Fondo Monetario Internacional pronostica para la economía mundial una "tormenta económica".
"De un sólo golpe 200 mil posiblemente se irán al desempleo, trabajadores. El gobierno aplazó la publicación de las cifras de pobreza, porque con todo lo que ha estado haciendo mal en los últimos tres años el incremento de la depauperización es evidente".
La pobreza se mide por el nivel de ingresos y el empleo y ambos factores económicos en México registran retroceso. Además de que también habrá cuentas negativas por mala nutrición, mala atención a la salud, en general hay un retroceso socioeconómico, en educación, vivienda, infraestructura.
"Si esto no cambia de raíz, va a empeorar el panorama económico y el deterioro social, porque se prevé que en 2018 haya un crisis o crack mundial. Los propios informes del Fondo Monetario Internacional señalan que estamos en una tomenta económica y estas tormentas tienen una serie de bajas, que se traducen en la mala calidad de vida de los trabajadores del campo y la ciudad y los niños en el país", subrayó el doctor Lozano, especialista en materia económica. 

Cobraron finiquitos mayores los últimos cuatro directores de CFE

Francisco Rojas Gutiérrez, extitular de la CFE. Foto: Germán Canseco
Francisco Rojas Gutiérrez, extitular de la CFE. Foto: Germán Canseco

PROCESO 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al igual que Enrique Ochoa Reza, los últimos cuatro directores generales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cobraron finiquitos mayores a los que les correspondían porque se separaron de manera voluntaria de sus cargos, de acuerdo con documentos obtenidos por la alianza Méxicoleaks.
La alianza, de la que Proceso forma parte, reveló ayer que el pasado 8 de julio –en su último día como director de la empresa– Ochoa Reza solicitó y obtuvo de la CFE una liquidación por un millón 206 mil 271 pesos, equivalente a 253 salarios diarios, o a dos días de salario por cada semana que pasó en la nómina de la empresa.
Ese mismo día renunció a la dirección general de la empresa para postularse a la presidencia del PRI nacional, que consiguió cuatro días después. La investigación mostró que según la normatividad de la empresa productiva del Estado, le correspondía un finiquito de 231 mil 118 pesos, un monto cinco veces menor al que recibió.
En su defensa, el exdirector de la CFE aseveró que fue un “sujeto pasivo” en su proceso de liquidación, y planteó que la empresa productiva del Estado calculó su finiquito con base en la misma normatividad que aplicó a sus antecesores en el cargo; esa es la fracción segunda del artículo 33 del Manual de Trabajo de los Servidores Públicos de Mando de la CFE.
La fracción mencionada establece que en un caso de liquidación –distinto a la separación voluntaria, cuyas reglas quedan estipuladas en la fracción primera del artículo 33–, la CFE otorgará al servidor de mando un finiquito base de 120 salarios diarios, más 55 días de salarios diario por cada año de servicios prestados.
Documentos obtenidos por la alianza Méxicoleaks confirman que la CFE aplicó el mismo cálculo en el caso del priista Francisco José Rojas Gutiérrez, el antecesor de Ochoa Reza en el cargo. Rojas Gutiérrez cobró un finiquito neto de 878 mil 973 pesos cuando abandonó la dirección general de la CFE “por motivos personales” en febrero de 2014, después de un año y 66 días en el cargo. De acuerdo con la normatividad, le tocaba un finiquito de 112 mil 520 pesos.
Jaime González Aguadé, quien fungió como director general de la CFE durante los últimos cinco meses del sexenio de Felipe Calderón –entre el 29 de junio de 2012 y el 1 de diciembre del mismo año–, salió de la CFE con un cheque de 687 mil 741 pesos. Preside ahora la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Por seis meses en el cargo, su finiquito debió ser de 39 mil 564 pesos.
Antonio Vivanco Casamadrid, su predecesor en el cargo –dirigió la CFE del 18 de febrero de 2011 al 29 de junio de 2012–, abandonó la empresa productiva del Estado con un finiquito de 957 mil 552 pesos, cuando debió recibir 129 mil 750 pesos.
De acuerdo con el abogado Manuel Fuentes Muñiz, quien analizó los documentos a petición de la alianza Méxicoleaks, la CFE realizó un pago indebido a Ochoa Reza dado que le otorgó un finiquito cinco veces mayor al que corresponde a un caso de separación voluntaria.
Con base en los documentos obtenidos, se puede extender este señalamiento a los demás directores generales de la CFE.

Fuente

La liquidación de Ochoa Reza: millonaria… e “indebida”

El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza. Foto: Benjamin Flores
El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza. Foto: Benjamin Flores

A pesar de que Enrique Ochoa Reza renunció voluntariamente a la dirección de la Comisión Federal de Electricidad, cobró una liquidación de un millón 206 mil pesos, cinco veces mayor a la que le correspondía. El actual dirigente nacional del PRI, que se proclama “zar anticorrupción”, recurrió a un retorcido proceso administrativo –“legal”, asegura él; “indebido”, sostiene un especialista en derecho laboral— para obtener su millonaria liquidación. Los engranajes de dicho proceso son expuestos por una investigación de la alianza Méxicoleaks –de la que este semanario forma parte—, realizada con base en documentos filtrados a su plataforma digital.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La renuncia de Enrique Ochoa Reza a la dirección de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue costosa para el erario: el actual dirigente del PRI recibió una liquidación de un millón 206 mil 271 pesos por haber trabajado en esa empresa del Estado apenas 2 años con 155 días; es decir, de un jalón recibió el equivalente a nueve meses de su salario.
Sólo que no le tocaba ese monto, afirma el abogado Manuel Fuentes Muñiz, especialista en derecho laboral. La razón: se separó voluntariamente de su cargo.
La fracción primera del artículo 33 del Manual de Trabajo de Servidores Públicos de Mando de la CFE establece que, “en casos de separación voluntaria por cualquier causa”, esta empresa otorgará una “compensación” al funcionario sólo después de que éste haya cumplido tres años de servicio… y a Ochoa le faltaban siete meses.
La “separación voluntaria” de Ochoa Reza al frente de la CFE quedó documentada en la carta que le envió al presidente Enrique Peña Nieto el pasado 8 de julio:
“El día de hoy le solicito con todo respeto me permita concluir este ciclo (como director de la CFE), por lo cual le presento a usted mi renuncia a dicho cargo”, escribió.
“El motivo de mi renuncia obedece a la aspiración de participar en el proceso interno para la elección de presidente del Comité Ejecutivo Nacional de mi Partido, el Revolucionario Institucional”, agregó.
Sin embargo, ese mismo día, Ochoa –quien como dirigente del PRI encabeza una “cruzada contra la corrupción” y acusa al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de mentir en su declaración “3de3”— acordó con la CFE un “dictamen de terminación laboral” para obtener una liquidación cinco veces mayor a la que le correspondía. Fundamentó su petición en la fracción segunda del artículo 33 del mencionado Manual de Trabajo de Servidores Públicos de Mando, que establece el pago de liquidación en caso de separación no voluntaria del cargo.
“El pago a Ochoa Reza fue indebido. De acuerdo con el Manual le tocaba ser liquidado con base en el supuesto de la renuncia voluntaria, no de la liquidación”, afirma Manuel Fuentes Muñiz, catedrático de la UAM y especialista en derecho laboral.
Señala que el Órgano Interno de Control de la CFE debe tomar cartas en el asunto y, en su caso, “fincar responsabilidades” a los funcionarios que cometieron esta “falta administrativa”. Incluso, considera que la Secretaría de la Función Pública “tendría que intervenir y plantearse el ejercicio de acciones penales, dado que existe la presunción del uso indebido de recursos públicos”.
Ochoa Reza por su parte sostiene que su proceso de liquidación fue legal e idéntico al que se aplicó con sus predecesores en los últimos 15 años. Afirma que él fue sólo un “sujeto pasivo” de un trámite interno de la CFE ya establecido. Reconoce que su separación fue “voluntaria”, pero afirma que la normatividad “no distingue” cuando ésta debe o no ser voluntaria. Asegura que con base en dicha normatividad se calculó “cómo terminaría mi relación laboral con la empresa”.
La alianza Méxicoleaks –de la que Proceso forma parte—realizó una investigación periodística sobre el proceso administrativo que permitió al actual presidente nacional del PRI cobrar una liquidación millonaria. Para ello se basó en documentos filtrados a través de su plataforma digital.
Ochoa Reza, presidente del PRI. Video: MéxicoLeaks
“La más alta liquidación”
El pasado 8 de julio, en su último día al frente de la CFE, Ochoa Reza acudió a la Gerencia de Relaciones Laborales de la empresa. Solicitó el “más amplio y eficaz finiquito”: un millón 725 mil 209 pesos, al que tendría que restar impuestos, hasta quedar en un millón 206 mil 271 pesos.
Este monto equivale a 253.35 días del salario diario integrado que Ochoa Reza cobró durante su periodo en el cargo, del 2 de febrero de 2014 al 9 de julio de 2016. Dicho de otro modo: la CFE pagó a su exdirector general mil 363 pesos por día, equivalente a dos días extras de sueldo por cada semana que estuvo en su nómina.
Jaime Tadeo Castelán Olguín, subgerente de Relaciones Laborales, y Karime Slim Ruiz, jefe del Departamento de Dictámenes, dieron su visto bueno a la liquidación millonaria, la cual quedó plasmada en el “dictamen de terminación de la relación laboral” número T.L. 49/2016. Ochoa Reza firmó para expresar su “conformidad”.
dictamen-1
En ese dictamen, que fue filtrado a la plataforma Méxicoleaks, la CFE explica que la liquidación “se otorga a solicitud del C. Enrique Ochoa Reza”, y justifica “el otorgamiento de una gratificación especial por los servicios prestados, equivalentes a la más alta liquidación que establece el Manual de Trabajo de Servidores Públicos de Mando vigente (…) de tal manera que al Servidor Público de Mando se le otorga el más amplio y eficaz finiquito”.
La CFE estimó el salario diario de Ochoa Reza en 6 mil 809 pesos, lo que incluye, además del salario base, la ayuda para renta de casa, el fondo de ahorro, la prima vacacional, el aguinaldo, el fondo de previsión, el transporte, la despensa, la “compensación garantizada” y el bono.
Para justificar el pago de 253 salarios diarios, el dictamen se apoyó en la fracción segunda del artículo 33 del Manual de Trabajo para Servidores Públicos de Mando de la CFE.
Esta fracción establece que, al liquidar los servidores públicos de mando, la paraestatal les debe 120 días de salario, más 35 días por año de servicios prestados, más otros 20 días por cada año laborado, bajo el concepto de prima legal de antigüedad. La suma, en el caso de Ochoa Reza, se elevó a 253.35 días.
Sin embargo, el abogado Fuentes Muñiz asevera: dado que Ochoa Reza renunció a su cargo de manera voluntaria, la CFE debió aplicar la fracción primera del artículo 33, la cual se establece para los casos específicos de “separación voluntaria”.
Fracción I. Separación voluntaria.
Fracción I. Separación voluntaria.
Fracción II. La que se aplicó a Ochoa Reza.
Fracción II. La que se aplicó a Ochoa Reza.
Esta fracción prevé una liquidación de 20 días de salario por año de servicios para los trabajadores que renunciaron por voluntad propia. Contempla también un monto extra según la antigüedad del servidor público de mando, pero solo para quienes cumplieron por lo menos tres años de labores en la CFE, lo que no fue el caso del actual presidente del PRI.
En este escenario, la CFE hubiera pagado a Ochoa Reza un finiquito equivalente a 48.49 salarios diarios; es decir, 330 mil 168 pesos brutos y 231 mil 118 pesos netos si se restan los impuestos.
Tras analizar los documentos a petición de la alianza Méxicoleaks, el abogado Fuentes Muñiz explica que el referido Manual plantea dos supuestos excluyentes: “separación voluntaria” o “liquidación”. El primero otorga una compensación mucho menor que el segundo.
“Si solamente estuviera el segundo supuesto, no el primero, habría posibilidades de que los funcionarios lo pudieran interpretar, dada la vaguedad en la que está redactado. Pero existiendo el primer supuesto de la renuncia voluntaria tal como está expresado, obviamente, no procedería porque es evidente que hubo una renuncia voluntaria y además de manera expresa”, sostiene en entrevista Fuentes Muñiz.
No sólo eso. Afirma que “los funcionarios que designaron el pago de liquidación están cometiendo una falta grave que puede ser incluso sujeta a un proceso legal porque ellos solamente pueden hacer lo que está permitido en las normas”.
“Sujeto pasivo”
En entrevista, Ochoa Reza niega que su liquidación fue irregular o que obtuvo un trato preferencial. Asegura que el cálculo del monto de su finiquito estuvo a cargo de la CFE y que él fue un “sujeto pasivo” en todo el proceso. Además, estima que “de ninguna manera” esta liquidación le resta calidad moral o credibilidad a su postura de combate a la corrupción.
“Es una normatividad que se aplicó a los dirigentes, subdirectores, a los funcionarios de mando desde tiempos que me preceden y que sigue vigente para los funcionarios que continúen teniendo esa honrosa responsabilidad”, dice. Añade: “En ese sentido, yo no tuve ningún trato preferencial”.
A la pregunta sobre si considera que una liquidación tan elevada es correcta, asevera: “Así es como lo establece la normatividad interna de la CFE y de la que yo soy un sujeto pasivo. Básicamente el cálculo se hizo por parte de la institución y ella determinó que ese era el monto que me correspondía”.
El cheque de liquidación de Ochoa Reza.
El cheque de liquidación de Ochoa Reza.
–¿La carta que usted envió al presidente es de renuncia?, se le pregunta.
–Sí, como no. Es una carta donde presento la renuncia, la hice pública en los medios de comunicación y en las redes sociales y en ese momento inicié el camino de acuerdo a los procedimientos del PRI para ser su presidente nacional.
–¿Eso significa una separación voluntaria?
Ochoa Reza frunce el ceño. Después de un momento de reflexión, responde: “Sí, pero…”. Con la mano, alienta a precisar la pregunta. Se le recuerda que, de acuerdo con el Manual, la CFE le tenía que otorgar un finiquito por separación voluntaria.
“Es que la normatividad, según he escuchado y analizado el caso, la normatividad no distingue…, la normatividad se refiere a la separación y en cuanto a esa normatividad, que tiene 15 años de vigencia y se ha aplicado a todos los directores, se calcula cómo terminará mi relación laboral con la empresa”, afirma.
Y añade: “a través de las preguntas que tú me has hecho me he enterado que hay dudas sobre lo mismo, pero creo que quedan puntualmente aclaradas y que el procedimiento que se llevó a cabo fue legal y además preciso y oportuno”.
La carta de renuncia dirigida a Peña.
La carta de renuncia dirigida a Peña.
Previo a la entrevista, Ochoa Reza dejó hablar a Héctor de la Cruz Ostos y Roberto Martínez Espinosa, respectivos director de Administración y encargado de la Oficina del Abogado General de la CFE, para que explicaran la parte legal de su liquidación. Durante la reunión estuvo presente el senador priista Arturo Zamora, quién de vez en cuando compartía sus opiniones.
Tanto De La Cruz como Martínez han colaborado con Ochoa Reza desde que dirigía la subsecretaría de Hidrocarburos –entre diciembre de 2012 y febrero de 2014–. El actual dirigente del PRI los reclutó en la CFE siete días después de asumir la dirección de la empresa productiva del Estado. Durante más de media hora, insistieron en que no hubo ilegalidad alguna en el otorgamiento de la liquidación a Ochoa Reza.
Sus argumentos: todos los directores de la CFE recibieron el mismo trato en los últimos 15 años; la normatividad está muy firme “porque no ha sido cuestionada por ningún otro instrumento legal”; y Ochoa Reza tuvo derecho a recibir los beneficios de la fracción segunda pese que su caso aplicaba para la fracción primera, pues estas dos no se anulan.
Todavía el pasado 18 de agosto, la situación laboral de Ochoa Reza en el Sistema de Información de Estadística de Personal (SIEP) lo catalogaba en la categoría de “Separación voluntaria”. Cinco días más tarde, el 23, esta mención había desaparecido, sustituida por la mención “reajuste”, según documentos filtrados a través de Méxicoleaks.
De "separación voluntaria" a "reajuste". Los cambios de Ochoa en la base de datos de la CFE.
De “separación voluntaria” a “reajuste”. Los cambios de Ochoa en la base de datos de la CFE.
Según los abogados de la CFE, este cambio no resultó de una maniobra engañosa, sino de una banal limitación del software. Explicaron: “no existe un campo que diga liquidación, entonces (reajuste) es el campo que se aplica internamente (…) Y si consultas con los demás directores es igual. Son categorías informáticas, no legales”.
Simple trámite
Con su liquidación ya pactada con la CFE, a Ochoa Reza sólo le faltaba cobrar su cheque. El pasado 24 de agosto, acudió a la Junta Especial número 5 de Conciliación y Arbitraje junto con Castelán Olguín, el subgerente de Relaciones Laborales de la empresa.
Presentaron un convenio fuera de juicio –una figura que permite resolver casos laborales sin pasar por tribunales– elaborado el mismo día. Este convenio señaló que Ochoa Reza deseaba terminar su relación laboral con la CFE tal y como lo estipulaba el dictamen T.L. 49/2016.
La junta fue breve: el fedatario público aprobó el convenio, constató la entrega del cheque número 0000272 por un millón 206 mil 271 pesos con 81 centavos –fechado el 18 de agosto– a Ochoa Reza y ordenó el archivo del asunto como “total y definitivamente concluido”.
En el transcurso de esta investigación, se consultó el acta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la sede de la institución, el cual contiene copias del cheque, del convenio fuera de juicio y del dictamen.
“En realidad la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no es la que autoriza el contenido del convenio, solamente revisa la forma en que se otorga la indemnización, pero no le corresponde validar el documento en cuanto a la norma. Si la empresa decide dar ese pago es responsabilidad de ella”, añade el abogado. 

Hoy, marcha en demanda de justicia


De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Lunes 26 de septiembre de 2016, p. 2
A dos años de los hechos de Iguala, hoy por la tarde padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, junto con integrantes de diversas organizaciones sociales, marcharán en demanda de la presentación con vida de los jóvenes.
La movilización, convocada a las 16 horas, partirá del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.
A este llamdo se sumó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que convocó a los adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona a integrar un contingente por los 43 desaparecidos.

Fuente

Padres de normalistas, sin abandonar la causa

A dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sus padres desconocen su paradero. Se dicen cansados de las reuniones sin respuestas en la PGR y advierten que no abandonarán su causa.
Jorge Monroy
Sep 25, 2016 |
20:43
Los familiares demandan una respuesta del gobierno federal, ya que aún se desconoce el paradero de los jóvenes.
A dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sus padres desconocen su paradero. Se dicen cansados de las reuniones sin respuestas en la PGR y advierten que no abandonarán su causa. “Que nos digan si ya los mataron, dónde los fueron a dejar”, demandan.
“En dos años he ido dos veces a mi casa. Siento que si me voy a mi casa, mi hijo va a decir: ¿ésa es la búsqueda que está haciendo mi padre? Por eso no me voy de la Normal (de Ayotzinapa) hasta que yo sepa la verdad”, afirma el señor Juan Colón Juárez, papá del estudiante desaparecido Christian Tomás Colón Garnica.
El señor Colón, originario de Oaxaca, considera que el gobierno pretende el desgaste del movimiento de los padres para evitar hacer una investigación exhaustiva que determine el paradero de los 43 estudiantes.
“En estos dos años, nosotros no tenemos una respuesta del gobierno. No nos quiere decir la verdad; piensa que vamos a cansarnos de seguir este movimiento, pero como padres tenemos esa necesidad en el corazón de saber a dónde se llevaron a nuestros hijos. Que nos digan si ya los mataron, dónde los fueron a dejar. Eso le exigimos a (Enrique) Peña Nieto y a la procuradora (Arely Gómez), que nos atienda esta petición para que ya cada quien vaya a su casa a descansar, porque yo dejé mi familia, mi casa, mis animales”, asegura.
Por su parte, la señora Hilda Legideño, madre del joven desaparecido Jorge Antonio Tizapa Legideño, opina que el gobierno federal los trae de reunión en reunión en estos 730 días y sin ninguna respuesta.
“No tienen nada que decirnos. Únicamente que están haciendo su trabajo. La tecnología (...) apenas la están utilizando ¿por qué hasta ahorita? Nada más lo están haciendo, pero sin resultados”, afirma la señora Legideño, quien viajó recientemente a Brasil como parte de la lucha internacional de los padres para obligar al gobierno de México a dar con el paradero de los estudiantes.
“El gobierno nos ha mentido: primero que estaban en las fosas; fue descartado por peritos argentinos; luego lo del basurero, ha sido descartado también por peritos argentinos y (por) los expertos. Así nos quieren llevar ¿hasta cuándo?”, se preguntó.
Luego, la señora Legideño reflexionó: “tenemos la esperanza de encontrarlos con vida, pero también puede ocurrir lo contrario, esperamos que ése no sea el caso”.
Por su parte, el señor Máximo Hernández Cruz, padre del normalista desaparecido Carlos Hernández Muñoz, a quien conocen como el Frijolito, dijo: “ya pasaron dos años y no tenemos ninguna respuesta, puras mentiras nos vienen diciendo desde el 27 de septiembre del 2014”.
“En la casa nos las estamos viendo muy negras, porque no estamos trabajando. Mi familia, ellos ven cómo la pasan, al día. Yo no trabajo; gracias a la organización que han apoyado, ahí les mando poquito. Mis hijos estudian la prepa, van medio día al trabajo, porque yo no pienso dejar esto hasta que se castiguen a los culpables”, afirmó el señor Hernández Cruz.


jmonroy@eleconomista.com.mx

Fuente

Policía mexicana reprime protesta de estudiantes en Iguala


Para exigir justicia tras dos años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se realizó una manifestación en la localidad que fue reprimida.
La protesta prevista para este domingo para exigir justicia por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa terminó en un enfrentamiento con las fuerzas policiales, que reprimieron y detuvieron a los normalistas que se manifestaban en Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, junto a a los padres de los 43 desaparecidos.
La información fue difundida por medios alternativos locales que reportaron un bloqueo en la vía en Tixla para exigir la liberación inmediata de siete estudiantes, de los cuales cuatro fueron trasladados a un hospital para ser hospitalizados.
Las lesiones de los jóvenes fueron constatadas por la Comisión de Derechos Humanos de México. Denuncian haber sido golpeados por los policías en la cara y en la caja torácica.
El 26 de septiembre de 2014, un grupo de alumnos de Ayotzinapa tomaron varios autobuses comerciales para viajar a una manifestación en la ciudad de México. Según la declaración de los miembros del cártel Guerreros Unidos, integrantes de esta célula delictiva, incitados por la policía local, emboscaron a los estudiantes y posiblemente los confundieron con miembros de un cártel rival. Algunos estudiantes fueron asesinados con armas de fuego, otros escaparon y 43 fueron secuestrados y, según se afirma, ejecutados.
Los miembros del cártel indicaron que incineraron los cuerpos en un basurero municipal, en las afueras del pueblo de Cocula. Seis semanas más tarde, los investigadores federales anunciaron que encontraron bolsas con restos humanos, convertidos en cenizas, tanto en el basurero como en un río cercano.
Casi dos años después del secuestro y asesinato de los estudiantes no hay condena judicial ni tampoco consenso. La herida abierta aquella noche del 26 al 27 de septiembre aún está lejos de cerrarse.
Los padres de las víctimas rechazan la versión oficial y el GIE arrojó serias dudas sobre el proceder de los investigadores mexicanos.
Telesur

Fuente 

STPS prevé pérdida de empleos por dólar caro y recorte

El secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, hizo un llamado a la IP para no pretender canjear la reforma laboral por cuestiones fiscales.
Los riesgos de un mayor desempleo para el 2017 están latentes, así como el incremento de la canasta básica, pues situaciones como la depreciación del peso frente al dólar y un menor gasto público impactan la economía del país, alertó el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida.
Al participar en el Reconocimiento al Empresario que Invierte y Promueve Empleos en México, dijo que si bien el problema inflacionario no es tan impactante en los trabajos de menores ingresos, lo que sí implica un riesgo para ellos es que se disparen los costos de los alimentos de primera necesidad.
Navarrete admitió que los sectores donde podrían generarse recortes de empleo son en el área de manufacturas, donde la actividad bajó, así como en la industria del acero, en donde se han tenido problemas en la importación y producción, aunque rechazó hacer algún cálculo respecto del número de despidos que pudieran generarse en los próximos meses, ya que la problemática económica no es general, sino específica en ciertos sectores.
El secretario del Trabajo lamentó la probabilidad de que se registren algunos despidos para el próximo año, pero dijo que éstos deberán ser cubiertos por la Inversión Privada (IP). “Siempre que hay una baja en los recursos, el riesgo de despidos se presenta pero es entonces cuando debe actuar la inversión privada”.
De acuerdo con la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup, 6% de los empleadores prevé disminuir sus plantillas laborales para el cuarto trimestre del año, cifra superior a la que se reportó en el 2015, cuando el porcentaje de disminución de puestos de trabajo fue de 4 por ciento.
Por otra parte, hizo un llamado al sector patronal para no confundir y “querer jugar a las vencidas”, al pretender canjear medidas de la reforma laboral por cuestiones fiscales.
Cabe mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no son deducibles a 100% las prestaciones laborales que otorgan los patrones a los trabajadores y sólo pueden deducir hasta 43 por ciento.
Asimismo, al referirse al recorte presupuestal, en donde la dependencia se vio afectada con 26.8% menos recursos, dijo que se tendrán que revisar los programas, manteniendo aquellos que son útiles a la gente.
Ante esta situación, detalló, lo que le corresponde a la Secretaría del Trabajo es proteger a los empleados de menores ingresos.
En cuanto al alza del dólar, opinó que “genera claroscuros, pues mientras aumenta nuestra capacidad exportadora, por otro lado, la importación de ciertos productos eleva los costos. En este momento no se ha reflejado en un impacto inflacionario, porque la volatilidad ha sido tan grande que los inventarios estaban cubiertos desde antes”, expuso.

Aún hay margen en algunos rubros, consideró

Pide CEESP al Congreso realizar un mayor ajuste al gasto

Un aumento de gasto en algunos rubros, como se propone en el Poder Judicial, no garantiza el crecimiento en la economía mexicana ni mucho menos el bienestar de los hogares, por lo que el sector privado demandó al Congreso de la Unión apretar más el cinturón de los recursos públicos e impulsar la asignación eficiente de los recursos.
“Esperamos no ver modificaciones optimistas en el precio del petróleo con el objetivo de mejorar la expectativa de ingresos petroleros o un tipo de cambio que minimice los efectos del aumento de la deuda externa”, se pronunció el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
En su mensaje semanal, estableció que el Congreso tiene la responsabilidad de lograr el mejor Paquete Económico para el próximo año. El organismo privado que dirige Luis Foncerrada detalló que después de haber sido copartícipe importante en el rápido incremento de la deuda del país, el Congreso debe concretar una propuesta viable para evitar que la deuda siga incrementándose como proporción del PIB, obligando al Ejecutivo a realizar un análisis exhaustivo sobre los rubros en los que se pueden hacer mayores ajustes.
“Algunos consideran que la reducción del gasto inhibirá un mayor ritmo de crecimiento; sin embargo, es evidente que el notorio aumento del gasto en los años recientes no significó un impulso para la economía ni para el bienestar de los hogares”, advirtió.
La reducción al gasto público se concentra en el gasto programable, especialmente en los ramos administrativos, para los que se tiene previsto una disminución de 16.9% en sus recursos para el 2017; sin embargo, para los ramos autónomos se propone un incremento de 9.6%, principalmente por un aumento de 14.8% en el gasto del Poder Judicial. (Lilia González)
pmartinez@eleconomista.com.mx

Fuente

Fuente

Peso mexicano tiene su peor trimestre de los últimos años

En lo que va del presente año, la divisa mexicana ha perdido 15% de su valor frente a la estadounidense.
 
Ricardo Jiménez
Sep 25, 2016 |
18:51
La divisa mexicana seguirá operando con altos niveles de volatilidad, aseguraron especialistas cambiarios. Foto: Shutterstock
A una semana de finalizar el tercer trimestre del 2016, el peso mexicano ha tendido su peor trimestre de los últimos años, tras presentar una depreciación acumulada de 8.4% frente al dólar estadounidense, pasando de 18.2575 a 19.7910 pesos por dólar.
En el primer trimestre del año, el peso mexicano mostró una pérdida de valor de 0.45 por ciento.
En el segundo trimestre registró una devaluación de alrededor de 5.6%, observándose en este periodo una cotización máxima de 19.19 pesos por billete verde.
La paridad peso-dólar finalizó el viernes pasado en niveles de 19.7910 pesos en operaciones al mayoreo; frente al cierre anterior de 19.6295 pesos implicó una depreciación de 0.82%, aunque durante la semana experimentó una pérdida de valor de 2.8 por ciento.

Seguirá el nerviosismo

En la última semana de septiembre, los principales riesgos en contra del peso vendrán de la especulación relacionada con el proceso electoral de Estados Unidos, a partir del primer debate en los candidatos presidenciales este lunes por la noche; de ganar Donald Trump, las cotizaciones se podrían ir hasta los 20 pesos por dólar.
Otro factor que podrían presionar más el tipo de cambio peso-dólar sería la percepción de mayores bajas en el precio del petróleo, ya que es poco probable que los países miembros de la OPEP lleguen a un acuerdo para limitar su producción petrolera en la reunión de Argelia (miércoles 28 de septiembre).
Un ajuste a la baja de los precios del crudo tendería a afectar a las divisas de países productores de materias primas y economías emergentes, donde la moneda mexicana se encuentra.
El subdirector de Mercados Financieros de Banco Santander, Salvador Orozco Peña, comentó que el tipo de cambio peso-dólar mantendrá cotizaciones volátiles en lo que resta de este mes, debido a la inquietud que existe sobre la evolución de las elecciones de Estados Unidos.
El experto explicó que, en la parte interna, los criterios generales de política económica dados a conocer recientemente, mostraron una expectativa de baja en la producción de petróleo cercana a 10 por ciento.
En ese sentido, dijo que esta expectativa sin duda afecta el crecimiento económico y generará presión sobre las cuentas externas del país, lo cual es un factor de preocupación para la evolución del tipo de cambio para los siguientes meses.
Por su parte, el analista de Mercado de Cambios de Metanálisis, Mario Copca, advirtió que el peso mexicano seguirá desarrollándose dentro de un ambiente de fuertes movimientos especulativos, con amplias posibilidades de que el Banco de México (Banxico) aumente su tasa de interés.
El especialista adelantó que de subir el Banxico su tasa de referencia, el aumento sería de por lo menos 50 puntos base, con la finalidad de reducir las presiones en el tipo de cambio.


ricardo.zamudio@eleconomista.mx

Fuente

Apagan incendio en embarcación rentada a Pemex

Iraís Aguirre y Eirinet Gómez
La Jornada Veracruz y corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 26 de septiembre de 2016, p. 30
Este domingo, casi 30 horas después de la explosión y el incendio del buque Burgos, arrendado por Petróleos Mexicanos (Pemex), el percance fue controlado con miles de litros de espuma.
El director general de Pemex, José Antonio González Anaya, informó ayer en el puerto de Veracruz que esta estrategia agresiva de control duró aproximadamente tres horas.
Ocho remolcadores participaron en el control de la conflagración, que empezó a las 11:40 horas del sábado y fue controlada ayer a eso de las 16 horas.
Seguimos enfriando el barco. No ha habido derrames extensos del contenido; la embarcación tiene un doble casco que ha impedido que los combustibles que transporta se esparzan, aseguró González Anaya en conferencia de prensa.
Cuando sea seguro se podrá regresar al barco y ponerlo bajo control. Habrá que sacarle combustible y llevarlo a otro lado, dijo José Antonio González, quien explicó que una explosión provocó que el buque se escorara hacia un costado.
El contenido de un tanque pasó de un lado a otro y desbalanceó el lastre, afirmó. Agregó que el buque es arrendado al área de logística de Pemex, pero no dio a conocer el nombre de la empresa propietaria.
El director ejecutivo de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Carlos de Regules, dijo que la tarde del sábado hubo un derrame de combustible, pero no hay indicios de que haya afectado al ambiente.
Sostuvo que, según modelos matemáticos, el riesgo de que la contaminación llegue a costas veracruzanas es mínimo, pues la gasolina y el diésel que el Burgos transportaba son más ligeros que el agua, lo cual les da alta volatilidad, y se consumieron. Indicó que Pemex se adjudicará la responsabilidad por los hechos y ya investiga lo sucedido.
En tanto, activistas de la agrupación ambientalista Sea Shepherd aseguraron que prevalece el riesgo de daño ambiental grave porque no se colocaron barreras antiderrame en torno al navío. El director de Pemex argumentó que las barreras no se colocaron para permitir la entrada y salida de barcos que combatieron el incendio.

Fuente

Gobierno griego recortará de nuevo las pensiones


El Gobierno griego ha decidido proceder a un nuevo recorte de las pensiones, en sintonía con una de las exigencias de la Unión Europea (UE).
Los nuevos recortes de pensiones, que entrarán en vigor dentro de unos días, han provocado la reacción de los pensionistas en Grecia, quienes piden al Gobierno que ponga fin a las medidas neoliberales que golpean a la clase trabajadora.
Los nuevos recortes afectarán a 250.000 pensionistas. Las reducciones de las pensiones están previstas en el proyecto de ley de reforma de las pensiones aprobado por el Gobierno heleno en mayo. En los últimos años, debido a las medidas antiobreras de los sucesivos gobiernos, las pensiones en Grecia han disminuido drásticamente y, como resultado, muchos pensionistas viven por debajo del umbral de la pobreza.
La UE insta al Gobierno a acelerar las reformas acordadas a cambio de la ayuda financiera internacional. Entre las medidas que deben aplicarse se encuentran privatizaciones y recortes de pensiones y otras asignaciones.
LibreRed | HispanTV 

Fuente

Poder popular para derrocar la austeridad, salir del euro y la UE


Libre Red 

Un año después del victorioso referéndum del pueblo griego contra las políticas de austeridad (el 5 de Julio del 2015) y la humillante traición del partido izquierdista SYRIZA (en Agosto del 2015) una pregunta crucial surge por toda Europa: ¿Cuál es la precondición para la derrota del neoliberalismo?
En otras palabras, ¿Por qué SYRIZA y los otros partidos políticos de la periferia europea no lograron crear una alternativa real? ¿Cuál es la meta que facilitará e contraataque del pueblo trabajador y la juventud, acabando con la larga crisis económica y política?
Antes de que SYRIZA ganara las primeras elecciones en Enero del 2015, había un intenso debate dentro de la Izquierda griega. Intelectuales, organizaciones políticas de movimientos de ex-parlamentarios izquierdistas y radicales probaban el rol catalizador de la UE en la implementación de esta política. Esta opinión nunca fue mayoritaria. SYRIZA marginalizó este concepto. Por el contrario, insistió que una mayoría parlamentaria clara era suficiente para persuadir a los europeos de que la austeridad era una muy mala idea, lo cual no funcionó. Todos saben la continuación…
La austeridad está trabajando perfectamente incluso bajo un supuesto gobierno de izquierda (como parece la continua merma en los salarios y pensiones a favor de los pagos de la deuda). Las manifestaciones durante el año pasado, dada la decepción política, han sido borradas de las calles y ya nadie desafía públicamente a las políticas de la Troika (FMI, BCE y la Comisión Europea). No es accidental que las escenas de batalla entre la policía griega y los manifestantes que gritaban contra la Troika en el nuevo filme de aventura de Jason Brown no hayan sido filmadas en Atenas sino en Tenerife, España…
En el mundo real, las ilusiones de SYRIZA fueron demolidas por la UE. El Banco Central Europeo detuvo la provisión de liquidez para los bancos griegos, impuso controles de capital y unas cuantas semanas después SYRIZA repetía que si queríamos evitar una bancarrota debemos aceptar un nuevo memorándum. Una vez más el pueblo griego tuvo que responder a la extorsión de “bancarrota o Memorándum”.
Bajo esta experiencia podemos argumentar que la derrota del movimiento popular contra la austeridad ha ocurrido cuando habíamos derrotado el objetivo de la lucha contra la UE y el Euro. La traición de Agosto del 2015 había sido presagiada dos años antes.
Los de SYRIZA fácilmente predijeron que la capitulación demostraría también que la dirección de la UE no es tema de resultados electorales. La Unión Europea no es una institución que cambie sus contenidos según las urnas electorales. A cada vez en las elecciones del Parlamento Europeo el porcentaje de participación es más bajo. Los números son chocantes [1]:

1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014
61,99% 58,98% 58,41% 56,67% 49,51% 45,47 42,97 42,61

El pueblo europeo da la espalda porque entienden que Bruselas tiene su propia agenda y no da importancia a las opiniones e intereses de la gente. Por ejemplo los temas más importantes son decididos en la Comisión, la cual no es elegida y no tiene obligación de rendir cuentas. El Parlamento Europeo tiene un rol decorativo. De hecho no son tan raros los casos donde el Parlamento decide a favor de relaciones laborales más flexibles o medidas de austeridad más estrictas (i.e. “pack de seis” y “pack de dos”), mostrando cuán falsa es la noción de que el PE puede hacerle contrapeso a la Comisión Europea.
Sin embargo, sabemos que hay una larga distancia al final de la historia. Las políticas de austeridad draconiana genera nuevas contradicciones y es un tema de cuándo, y no “si”, renacerá un nuevo movimiento masivo contra la pobreza de los memorándums, privatizaciones y recortes en gastos públicos.
Dos son las precondiciones sine qua non si queremos que este movimiento no reproduzca las enfermedades infantiles del pasado: La demanda de una doble salida del euro y la UE y la Asambea Constituyente como un medio de ruptura con el pasado del actual sistema político.
Es debido a los siguientes motivos que la salida doble de la actual moneda y de la Unión Europea es necesaria para derrotar al neoliberalismo:
La recuperación de una soberanía monetaria es necesaria para recobrar la soberanía económica. Hasta ahora, el BCE decide las cantidades de dinero en circulación y las tasas de interés. Dada la asimetría de las economías europeas, estas decisiones son tomadas según los intereses de Alemania. Como resultado, estos últimos años Alemania, junto con otros países del centro de la Eurozona, como los Países Bajos, disfruta de unos excedentes crecientes en su capital y actual cuenta, que se encuentran opuestos a los déficits de la periferia de la Eurozona.
La salida de la Unión Europea es condición previa a implementar una economía política expansiva, dando aumentos en salarios y pensiones (lo cual es la prueba más segura de la progresividad de una economía política) y expandiendo el espacio público. La salida, por supuesto, no es un golpe al neoliberalismo per se, como lo demuestra el Reino Unido, donde el Brexit fue incitado por la clase dominante como un medio de enfrentar el peligro de un cuarto Reich alemán. La lección del Reino Unido no es seguir a Berlín, como hace la Izquierda Europea, sino construir una verdadera alternativa, un lexit (left exit) por todo el continente Europeo.
La demanda de una Asamblea Constituyente, la cual es la segunda condición previa, significa el final del viejo orden político y el reinicio del sistema político. Tal vez, por este motivo, SYRIZA y el partido de ultraderecha Griegos Independientes, que participa en el gobierno, como confirmación de la naturaleza oportunista de este gobierno, nunca apoyaron y nunca adoptaron esta demanda antes de su victoria electoral. Su distancia puede ser fácilmente explicada viendo el año pasado. La pseudo-izquierda nunca quiso contabilidad, porque el pueblo griego ahora chequearía la consistencia de su actuar político contra las promesas pre-electorales y el gobierno debería respetar o renunciar a tales promesas.
En consecuencia, la Asamblea Constituyente, como se discute en el 8vo Congreso Internacional Poder Constituyente en Chile, donde fue probado por primera vez el más venenoso experimento económico del neoliberalismo, debería y puede desenredar este nudo gordiano entre la actual retirada democrática y la institucionalización-constitucionalización de las estrictas políticas de austeridad.
Poder al pueblo para derrocar los cortes en gastos públicos, reducción de salarios, elasticidad laboral, y el nuevo totalitarismo que está emergiendo para escudar estas odiadas políticas económicas. Ésta es la lección del país donde el ya mencionado venenoso experimento económico lleva siendo probado por los últimos seis años.
Felicidades a todos quienes trabajaron para este congreso y gracias por su atención.
VIII Congreso internacional poder constituyente, Una vía para enfrentar la crisis mundial, Chile.
Leonidas Vatikiotis | Rebelión
Notas
[1] Fuente: http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/el/turnout.html 

Fuente