lunes, 3 de octubre de 2016

Foro Acceso a Jubilaciones y Pensiones Dignas - Invitación

SME Informe sobre la liberación de hipotecas 30sep16

Ordena INAI a la CFE dar a conocer cómo calcula tarifas

Trabajador de la CFE. Foto: Octavio Gómez
Trabajador de la CFE. Foto: Octavio Gómez
 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) deberá dar a conocer la fórmula y los tabuladores con los que se calculan las tarifas de cobro por suministro y venta de energía eléctrica para uso doméstico, comercial e industrial en la Ciudad de México, resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
“Resulta de interés a la sociedad, a comerciantes y a empresarios conocer la forma en que se calculan las tarifas eléctricas, en la modalidad de hogar, negocio e industria”, subrayó el comisionado Guerra Ford al presentar el caso ante el pleno.
Agregó que este tipo de información favorece la rendición de cuentas sobre las adecuaciones que, a partir de la reforma energética, la empresa productiva del Estado deberá llevar a cabo para estar en posibilidades de participar en el mercado eléctrico, de manera competitiva.
El particular que solicitó la información se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el INAI, porque la CFE señaló que, a partir de la reforma energética, la definición y el cálculo de las tarifas aplicadas al mercado eléctrico corresponden a la Comisión Reguladora de Energía.
El solicitante argumentó que la CFE debe conocer la fórmula y los tabuladores para calcular las tarifas, aunque no las determine.
En alegatos, la CFE explicó en qué consiste la tarifa por el suministro de energía eléctrica para uso doméstico y la manera en que se lleva a cabo la toma de lectura y la facturación.
En el análisis del caso, se advirtió que la Comisión es competente para conocer la información solicitada, ya que a la fecha se encarga de efectuar el cobro de dicho servicio, mediante recibos cuyo monto a pagar, es el resultado del cálculo de las tarifas por el suministro y la venta de energía eléctrica.
Se determinó que entre las unidades administrativas competentes para conocer la fórmula y los tabuladores requeridos, se encuentran la Coordinación Comercial, a la cual le corresponde, entre otras funciones, establecer las políticas, normas y lineamientos generales que regulan la venta y el cobro de energía eléctrica.
Asimismo, se concluyó que el interés del particular es conocer el cálculo de todos los tipos de tarifas de suministro y venta de energía eléctrica y la Comisión sólo se refirió a la de uso doméstico.
Por lo expuesto, el pleno del INAI revocó la respuesta de la CFE y le instruyó hacer una búsqueda de la información en todas sus unidades administrativas competentes, sin omitir a la Coordinación Comercial, a fin de que informe al particular la fórmula y los tabuladores para los tipos de tarifas de suministro y venta de energía eléctrica, para uso doméstico, negocio e industria. 

Padres de Ayotzinapa encabezan la marcha del 2 de octubre

Foto
Unas 10 mil personas, según los organizadores de la marcha, participaron en la movilización pacífica realizada en la Ciudad de México para recordar la matanza de estudiantes en 1968Foto Jesús Villaseca
José Antonio Román y Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Lunes 3 de octubre de 2016, p. 10
Justicia: Ocho letras que engloban un añejo reclamó que se acumula con el paso del tiempo. Han pasado 48 años de la matanza de decenas de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, aquel 2 de octubre de 1968, sin que hasta ahora esos hechos hayan sido esclarecidos y sancionados.
Miles de personas tomaron las calles de la zona centro de la Ciudad de México. Lo hicieron como cada 2 de octubre y una vez más alzaron la voz en demanda de justicia por aquellos hechos, castigo para los responsables y que el pueblo conozca la verdad tras la decisión de asesinar a los jóvenes de aquella época.
Pero los reclamos y la represión se han ido acumulando, dijeron. Así, ayer, en la marcha conmemorativa por el 48 aniversario del crimen en Tlatelolco convergieron en la principal plaza del país, el Zócalo, dos de los movimientos que comparten la exigencia de justicia: el 68 y los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde hace dos años.
Justo al mediodía, los integrantes del Comité 68 –conformado por muchos de quienes participaron en el movimiento estudiantil de 1968, que puso en jaque por un par de meses al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz– dieron la indicación de arrancar la marcha, la cual siguió la ruta histórica de Tlatelolco al Zócalo. En la plaza mayor, la bandera nacional se izó a media asta, en señal del luto no sólo oficial, sino de todo el país. Pero ese acto oficial fue criticado por los manifestantes, quienes lo calificaron de acción hipócrita del gobierno federal ante la impunidad casi alcanza la media centuria.
La movilización –en la que, de acuerdo con fuentes del gobierno de la ciudad, participaron 5 mil personas, pero según los organizadores fueron 10 mil– culminó con un mitin en el Zócalo capitalino, donde Félix Hernández Gamundi, ex integrante del Consejo Nacional de Huelga en aquel movimiento, habló a nombre del Comité 68. Recordó que se trató de un movimiento popular, estudiantil y nacional que buscaba la democracia, pero el gobierno no entendió que se trataba de una aspiración de libertad.
En lugar de atender con el diálogo público que exigían los estudiantes, la administración de Díaz Ordaz respondió planificando a sangre fría la represión (...) Usaron todas las fuerzas policiacas y al Ejército mismo, cometieron un genocidio, crímenes de lesa humanidad.
Cuarenta y ocho años después, Hernández Gamundi delineó tres demandas añejas, pero aún vigentes: que se reabran los procesos judiciales contra el ex presidente Luis Echeverría Álvarez (quien era el secretario de Gobernación durante el gobierno de Díaz Ordaz); juicio a todos los que planearon crímenes cometidos en la llamada guerra sucia y la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Y es que, enfatizó, la represión del Estado no se ha detenido. Por el contrario, hay una larga cadena de hechos violatorios a los derechos humanos y que no se han resuelto: las matanzas de estudiantes en 1968 y la de 1971 (el halconazo), Acteal, Aguas Blancas, El Charco, Tanhuato, Nochixtlán, Ayotzinapa, entre tantos otros, como lo ocurrido en Michoacán, hace dos días, otra vez contra jóvenes normalistas. La impunidad es un fantasma que galopa sobre nosotros.
La figura del líder histórico del Comité 68 Raúl Álvarez Garín, quien falleció hace poco más de dos años, acompañó en todo momento a sus camaradas de lucha en la búsqueda de justicia. En un gesto solidario e inédito, los miembros del comité decidieron que los padres de los normalistas de Ayotzinapa encabezaran la marcha. Por primera vez en la historia de estas movilizaciones anuales cedieron la vanguardia.
Hernández Gamundi aseveró que tanto la matanza del 68 como los hechos contra los normalistas de los días 26 y 27 de septiembre de 2014 son muy similares. Se trata, subrayó, de crímenes cometidos por el Estado y que están impunes.
La nutrida movilización transcurrió sin incidentes. Una vez más demostramos que una marcha sin custodia policiaca es una marcha pacífica.
En sus casi dos horas de duración no hubo un solo momento sin estruendosas consignas por la justicia.
Al inicio del mitin, ya en el Zócalo, se pidió un minuto de silencio en memoria de los caídos a manos del gobierno priísta en la Plaza de las Tres Culturas hace 48 años.
En una lista de varios oradores, el segundo en tomar la palabra fue Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas, quien aseveró: Hoy no hay nada que conmemorar, pero sí mucho que protestar y exigir. Señaló que el país necesita que el actual mandatario federal, Enrique Peña Nieto, renuncie: Es momento de decirle que se largue.
Posteriormente, en entrevista, De la Cruz afirmó que el sufrimiento que hoy viven los padres de los normalistas de Ayotzinapa es el mismo que vivieron las madres y padres de los estudiantes masacrados en 1968.

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El 68 desde el poder: Tres expedientes

La protesta de 1968 en Tlatelolco. Foto: Archivo Procesofoto
La protesta de 1968 en Tlatelolco. Foto: Archivo Procesofoto

El 68 desde el poder: Tres expedientes

El día en que todo comenzó
El documento de la policía secreta que habla de los incidentes del 22 y 23 de julio en La Ciudadela, entre las Vocacionales 2 y 5 y la Preparatoria “I­sa­ac Ochoterena” es un informe de tipo administrativo que no parece el inicio de algo. Levantado por el agente anónimo de la lectura de un expendiente de la Delegación 7 de la policía del DF, el informe sólo consigna: “Estudiantes de la Vocacional 2 ubicada en Tres Guerras y Enrico Martínez agredieron a estudiantes de la escuela secundaria y preparatoria “Isaac Ochoterena” ubicada en Lucerna No. 35. Que en la agresión salieron varios vehículos que estaban estacionados en la vía pública con daños, habiéndose presentado a la Delegación únicamente el Ing. Lenin Castillo Tejera con domicilio en Puno No. 916, Col. Lindavista a presentar queja por daño en propiedad ajena por los daños a su automóvil Rambler Classic, modelo 1968, con placas 470EO del DF, y se inició con el acta 21169/68 contra quien resulte responsable y valuó sus daños en 1,500. Pesos”. El daño en propiedad ajena es lo que consigna el agente sin mayor preocupación por las consecuencias políticas. Y es que en este momento no existían. Había que construirlas con el discurso del delirio controlador que llegó a ver la reunión de tres estudiantes como un motín. El 22 de julio, día en que comenzó el 68 mexicano, la policía política consigna que la conspiración no existía; ni siquiera advierte que el nombre del quejoso es “Lenin”. Todavía no se revisan escrupulosamente los signos de intromisión, aún no se describe a los estudiantes como extranjeros, infiltrados, apátridas, armados, subversivos, sovietizados, manipulables. Al día siguiente, los granaderos allanarían las escuelas. Se creaba, así, al movimiento de 1968.
El día de la Marcha del Silencio
Desde el 11 de septiembre hasta la Marcha del Silencio, el día 13, los informes son detalladísimos, se reproducen íntegramente las intervenciones de Marcelino Perelló y Gilberto Guevara Niebla en una asamblea del Consejo Nacional de Huelga y se siguen, escuela por escuela, las discusiones en torno a las declaraciones del rector Barros Sierra que pide el regreso a clases. El rumor que se consigna es consistente en todas las asambleas: si no se regresa a las aulas, el rector se verá forzado a renunciar. Lo que interesa a quien redacta la pedacería de los informantes secretos es la posibilidad de que el movimiento se esté dividiendo. Así lo constata su obsesión por contrastar las opiniones de los líderes en sus escuelas. “Marcelino Perelló manifestó que la publicación del rector mostraba el peligro en el que se encontraba la universidad, ante la inminente renuncia del mismo, por que si eso llegara a ocurrir, los estudiantes se encontrarían solos y el Ejército intervendría irremediablemente, pero que eso no terminaría con la lucha”.”Gilberto Guevara Niebla indicó que es necesario efectuar una marcha en apoyo al rector por el interior de CU para demostrarle que la comunidad universitaria está con él y que no desea que renuncie”. “El Ing. Heberto Castillo solicitó a los presentes acatar el llamado del rector”.
“En la Facultad de Medicina, Raúl Moreno Wonche y Enrique Díaz criticaron al rector al que calificaron de “tibio” que ha querido provocar un aliciente para aquellos grupos que intentan romper la huelga”. “En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Javier Molina, Rey Trejo y Juan Felipe Leal manifestaron que el rector ha sido un cómplice de un táctica que ha sido trazada por el gobierno, pero que no es posible que el movimiento termine porque defraudaría a muchos grupos de estudiantes, obreros, campesinos y profesores que lo apoyan”. “En la Facultad de Derecho Roberta Avendaño y Jesús Rodríguez calificaron al rector de “tibio y mediatizado” y que se le exija que vaya al mitin de mañana a explicar su postura”. “En Filosofía y Letras se realizó una asamblea con 400 personas presidida por Roberto Escudero Castellanos y Carlos de Hoyos. Horacio Caballero dijo que el rector ha sido un oportunista desde el inicio cuando encabezó una manifestación estudiantil para tratar de ganarse a los estudiantes para llegar a la silla presidencial pero que lo único que ha ganado es la silla eléctrica”. “Roberto Escudero tildó de traidor al rector ya que enseñó el cobre adhiriéndose a la política del Sr. Presidente Gustavo Díaz Ordaz y su actitud puede ser un intento de dividir al movimiento”. “En esta asamblea se notó la presencia de José Revueltas”.
El relato de 10 hojas a un espacio que describe la Marcha del Silencio comienza con una sorpresa de quien lo reúne y escribe: “En todo momento la marcha en sus distintos aspectos se llevó acabo en un completo orden, mediante una atinada organización, amén de que se guardó entre los integrantes de la manifestación absoluto silencio; varios portaban telas adhesivas en los labios, así como festones negros en la manga izquierda, color que también apareció en la mayoría de las mantas y pancartas”. Uno no puede sino sentir pena por los estudiantes que, de luto y en silencio, son vistos como enemigos. El informe detalla sobre las “consignas más peligrosas” de la Marcha del Silencio: “Vamos callados porque no nos quieren oír”; “Hidalgo también fue preso político”; “Ante el silencio cómplice de los legisladores el silencio acusador del pueblo”; “Crear uno, diez, cien Topilejos”; “Los electricistas por la derogación del Art. 145”; “Los petroleros se solidarizan con el movimiento estudiantil”; “Díaz Ordaz no tiendas la mano, toma la Constitución y respétala”; “La Sociedad Protectora de Animales se opone a la destitución de Cueto”; “Fui la Paloma de la Paz, un Hermoso Pajarote, pero GDO me volvió un Zopilote”; “No luchamos por la victoria, luchamos por la razón”.
El informe de la Marcha del Silencio retrata, a su pesar, a una ciudadanía pacífica e indignada por los agravios del poder. El último párrafo no deja lugar a dudas: “Se hace notar que al regresar muchos manifestantes al lugar donde habían dejado sus vehículos frente al Museo de Antropología, se encontraron con que muchos tenían los vidrios rotos, llantas ponchadas y otras averías por lo que se reunieron en número de 300 para protestar señalando lo negativo de dicha acción por el Gobierno, diciendo que las llantas habían sido ponchadas con bayonetas”.
El día final
No existen informes de octubre ni de noviembre de 1968. Seguramente fueron destruidos. Se reanudan el primero de diciembre. Callan sobre el 2 de octubre y la persecución feroz que sobrevino. El primer párrafo de la reanudación de los expedientes disponibles es el retrato de la derrota del movimiento: “Unos 50 delegados del IPN acordaron levantar la huelga por unanimidad. El próximo martes se retirarán las banderas rojinegras”.
Reducidos a pocos delegados en libertad y en activo, se los describe ya sin calificativos. Quedaban ahí los muertos y los detenidos, el júbilo y el horror. Y el poder pensó que archivándolo se moriría para nosotros.

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Los Funcionarios y Empresarios Corruptos Actuarán con Toda Libertad EL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN SIN PRESUPUESTO 2017

*De por sí Tenía Omisiones y Deficiencias...Pero sin Dinero Queda Anulado.


Al Sistema Nacional Anticorrupción que entró en vigor apenas el 19 de julio del 2016, no le asignaron recursos para operar en el proyecto de presupuesto 2017 que presentó el secretario de Hacienda, José Antonio Meade y, por tanto, quedará anulado en los hechos si no se corrige esa omisión, señala un exhorto que hizo el Senado de la República a la Cámara de Diputados para crear una partida presupuestal acorde con sus nuevas atribuciones y estructura orgánica.
También hizo un exhorto para que se cree una partida presupuestal para la adaptación e instalación del nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de sus salas especializadas, que deberán procesar y castigar los daños al patrimonio nacional por parte de servidores públicos y particulares, pues de otro modo no tendrán dinero para actuar.
Desde que comenzó a discutirse la iniciativa de ley para crear al Sistema Nacional Anticorrupción en 2015, en Frecuencia Laboral: El Espacio donde los Trabajadores son la Noticia advertimos que tenía mecanismos de operación y omisiones que impedirán castigar a funcionarios corruptos. Por ejemplo: los ministros del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que procesarán a los servidores públicos y particulares que dañen el patrimonio público, le deberán el favor de su nombramiento al presidente de la República (SISTEMA ANTICORRUPCION DEJA IMPUNES A FUNCIONARIOS link: http://www.frecuencialaboral.com/sistemaanticorrupcionderisa2015.html).
El presidente también designa a todos los demás titulares de los organismos que conforman el Sistema Anticorrupción y los son ratificados por los Senadores, quienes tienen cuentas pendientes, porque no entregaron comprobantes del gasto de más de mil 209 millones de pesos en su presupuesto del 2013. La Auditoría Superior de la Federación reportó que el 21 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría del presupuesto que se asignó a las fracciones parlamentarias en el Senado de la República en el 2013, se encontró que no entregaron ni un sólo comprobante de ese gasto público.(Leer Noticia Relacionada: INVESTIGAN AL SENADO POR MANEJOS OSCUROS link: http://www.frecuencialaboral.com/corrupcionsenadoresinvestigadopormanejososcuros2015.html) .
El Presidente, senadores y diputados mantienen su fuero constitucional y no serán procesados en caso de que cometan actos de corrupción..
Tampoco incluyeron la figura de conflicto de interés, para el caso de asignación de contratos a amigos, familiares y empresas propias o por recibir regalos millonarios en efectivo o en bienes muebles e inmuebles.
En el Sistema Nacional Anticorrupción que se creó con la reforma al artículo 113 constitucional podrán participar ciudadanos y Organismos no Gubernamentales y podrá emitir recomendaciones a los funcionarios públicos para prevenir y evitar la corrupción, pero las autoridades no estarán obligatodas a hacerles caso, es decir sus recomendaciones, porque no son vinculatorias.
El exhorto del Senado de la República que fue recibido en la Cámara de Diputados el 29 de septiembre del 2016 -instancia a la que le corresponde aprobar o modificar el presupuesto público y la Ley de Ingresos- adviertetampoco podrá echarse a andar la parte del Sistema Nacional Anticorrupción que le corresponde a la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública.
El documento destaca que el Sistema Nacional Anticorrupción cuenta con una gran aprobación ciudadana, y que existen grandes expectativas acerca de su impacto real contra la corrupción en México. "Por ello, en el ejercicio de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, debe tomarse en cuenta que diversos órganos que integran el Sistema Nacional Anticorrupción entrarán en funciones desde el próximo año, en cuanto se confirmen los nombramientos de sus titulares".
Señala que un estudio elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), "el   94%   de la población considera que en nuestro país existe corrupción y el 89% dice que también existe impunidad, mientras que la justicia sólo existe para el 37%; una gran mayoría opina que existe mucha corrupción (85%), mucha impunidad (74%) y poca o nada de justicia (70%). El 57% de las personas creen que la corrupción ha aumentado en los últimos 12 meses, y que el gobierno ha tenido poco o nada de éxito en materia de combate a la corrupción (61%). Ante este problema, el 89% cree que es urgente que el gobierno y la sociedad se dediquen a combatir la corrupción". 

El proyecto constitucional para la CDMX, “aspiracional” y sin viabilidad

Miguel Ángel Mancera en la Asamblea Constituyente de la CDMX. Foto: J. Raúl Pérez
Miguel Ángel Mancera en la Asamblea Constituyente de la CDMX. Foto: J. Raúl Pérez
 
PROCESO 
 
Los integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México se aprestan a discutir el proyecto que les entregó el 15 de septiembre el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Mientras unas fracciones se enfrascan en  el jaloneo por las posiciones en el órgano legislativo, algunos diputados se preocupan por preservar los contenidos que les competen. A decir del especialista Ignacio Marván Laborde, la propuesta de Mancera muestra serias fallas de lenguaje y de conceptualización jurídica, tiene tintes de plataforma electoral y, si bien contiene novedades, su actual vocación “aspiracional” la hace inviable.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Arquitecto de uno de los primeros proyectos de Constitución de la Ciudad de México y estudioso de las leyes supremas de la historia del país, Ignacio Marván Laborde califica la propuesta presentada por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, a la Asamblea Constituyente como un texto “aspiracional”, más parecido a una plataforma electoral, pues carece de bases técnicas y jurídicas, además de contener propuestas inviables.
En entrevista con Proceso, Marván, quien es profesor e investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), afirma: “Ese texto, más que una constitución… se convirtió en una plataforma  de las que se presentan ante el Instituto Nacional Electoral para llamar a gente a favor de un partido o de unos candidatos”.
El proyecto entregado el pasado 15 de septiembre a la Asamblea Constituyente en la vieja Casona de Xicoténcatl, elaborada por un Grupo Redactor de 28 personalidades, conjunta “una serie de propuestas, muchas incluso de muy buena intención, pero muy lejos de lo que es una Constitución para regir, establecer derechos, hacerlos garantizables, regular la relación entre gobernantes y gobernados y sobre todo organizar y vigilar el poder. Es demasiada palabrería. Ese es el primer problema”.
Añade que la propuesta también tiene “problemas severos de lenguaje jurídico”. Con el prurito de respetar el lenguaje de género, abusa del término “toda persona”. Marván observa que “la Constitución de la Ciudad no tiene que regular a la persona como tal, sino a ciudadanos, habitantes, residentes. El derecho de la persona es propio del Código Civil y, en última instancia, así tan genérico sería parte de la Constitución general”.
De igual modo señala el abuso del concepto “Ciudad”, pues se le considera “un sujeto y no el objeto que se va a regular… Se oye retórico y eso es ajeno a toda Constitución”. Además, dice que no queda claro quién es el responsable de ésta: el gobierno central, el jefe de gobierno o las delegaciones.
En cuanto a que la autoridad puede tomar “las medidas que sean necesarias”, como dice el texto enviado por Mancera, “significa darle poder dictatorial, pues la autoridad sólo puede tomar las medidas para las que tiene facultades y tienen que estar expresas”.
Marván Laborde asegura que este proyecto de Constitución ofrece una “concepción muy utópica de la ciudadanía”, pues si bien incorpora derechos que están en tratados internacionales, “siempre la multiplicación de derechos es el mejor camino para que la Constitución se vuelva de palabra y no efectiva”. Agrega que no deja claro cómo se van a garantizar esos derechos ni quién será el responsable de hacerlo.
Asimismo celebra que se incluya el derecho a una sexualidad plena, pero se pregunta: “Y si no la tengo, ¿me voy a amparar ante quién o cómo la voy a reclamar? ¿Cómo se va a hacer efectivo jurídicamente? De eso se trata una Constitución”.
Respecto de las obligaciones del ciudadano, como la de “participación” y la de “ser solidario”, el investigador advierte que “el ciudadano total es muy cercano a los regímenes totalitarios, no a los democráticos”. La primera, dice, es un derecho, y no una obligación. Y sobre la segunda cuestiona: “¿Quién es la autoridad que me va a obligar a ser solidario? Yo tengo todo el derecho a enconcharme en mi vida. Se oye muy bonito, pero también tiene un dejo de autoritarismo”.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2083 de la revista Proceso, ya en circulación. 

Los PREP, jugoso negocio para dos empresas; ganaron $86 millones

Claudia Herrera Beltrán
 
Periódico La Jornada
Lunes 3 de octubre de 2016, p. 5
Polémicos por sus retrasos, los Programas de Resultados Electorales Preliminares (PREP) son jugoso negocio para dos empresas: Grupo Proisi y Podernet, que ganaron 86 de los 158 millones de pesos gastados este año en 12 entidades, y cobraron hasta tres veces más caro que un árbitro electoral que hizo un desarrollo propio.
En las elecciones pasadas el caso extremo fue el de Grupo Proisi, que cobró en Veracruz unos 30 millones de pesos por casi 21 mil actas esperadas, mientras el organismo público local (Ople) de Chihuahua gastó en su sistema 8.2 millones por la misma cantidad de documentos, muestra un informe del Instituto Nacional Electoral (INE).
En Aguascalientes, Podernet recibió casi cinco millones de pesos por cuantificar 4 mil 500 actas, mientras el Ople de Quintana Roo gastó apenas 2.7 millones con un programa propio y mil actas más.
Siete estados, contratantes
De 14 estados donde hubo elecciones en junio, siete contrataron a dichas compañías. Grupo Proisi recibió 47.1 millones de pesos en cuatro entidades y Podernet, 38.9 millones, según el Informe final de implementación de los PREP locales.
Además de Veracruz, Grupo Proisi dio servicio a Puebla por 13.9 millones de pesos, el cual pagó más por acta (2 mil 268 pesos); a Durango, por 9.8 millones, y a Tamaulipas, por 7.3 millones de pesos.
A Podernet le pagaron 22.3 millones de pesos en Oaxaca, 11.6 millones en Baja California y 4.9 millones de pesos en Aguascalientes.
Creada en 1996 en Saltillo, Coahuila, por Carlos Treviño Martínez, Proisi ha tenido errores e inconsistencias en los cómputos de votos, como ocurrió en 2013 en Baja California; también ha sido beneficiado con contratos sin pasar por procesos de licitación.
Mientras, los Oples de Quintana Roo y Tlaxcala desarrollaron sus propios sistemas a costos más bajos: el primero en 2.3 millones y 483 pesos por acta y el segundo en 3.4 millones y 630 pesos por acta.
Aunque baratos, tuvieron resultados distintos: Quintana Roo fue muy eficiente, mientras Tlaxcala fue el peor, con niveles de captura de 60 a 82 por ciento de las actas frente al promedio de 90 por ciento en los otros estados.
Tres Oples implementaron los sistemas y la logística del PREP, pero contrataron a terceros para el almacenamiento de información en nube. Zacatecas e Hidalgo erogaron un promedio de mil 600 pesos por acta, comparables con lo que cobraron las empresas mencionadas, y Chihuahua apenas 389 pesos.
El documento no da los dos PREP implementados por el INE: el de Sinaloa, que costó 10.3 millones de pesos, y el de la Constituyente de la Ciudad de México, cuyo precio no fue desglosado.
Veracruz fue el que pagó más no sólo a su proveedor, sino también a los cinco integrantes de su comité asesor: 301 mil pesos a cada uno, mientras en Oaxaca o Hidalgo cada especialista recibió 25 mil pesos.
También fueron distintos los montos para quienes auditaron los PREP. Oaxaca dio el más alto: 4.4 millones de pesos a la empresa Marketing Group, cuestionada en 2012 por la caída del sistema en Campeche; le siguió la UNAM, con un contrato de 2.6 millones en Veracruz, y el más bajo fue de 80 mil pesos, pagado a tres expertos en Chihuahua.
Las contrataciones de estas compañías también generaron otro problema, según el informe: no eran flexibles para incorporar cumplir los lineamientos del INE, por no estar contemplados en sus contratos.
Para acabar con esta disparidad de costos y desiguales niveles de eficiencia, Silvia Reza, representante del PRD en la comisión de procesos electorales, propuso al INE diseñar e implementar los PREP y dejar la operación a los árbitros electorales locales.

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Ganó el ‘No’ en el plebiscito por la Paz en Colombia


En los departamentos fronterizos de Colombia, donde hay mayor impacto de la guerra, ganó el Sí al acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las FARC-EP.
49,78 por ciento de los colombianos votó Sí y 50,22 por ciento votó No en el plebiscito de refrendación del acuerdo de paz firmado por el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC–EP), tras más de cuatro años de negociaciones.
Se registró una participación de 37 por ciento y 63 por ciento de abstención. En los estados fronterizos, donde hay mayor impacto del conflicto armado de más de 52 años, ganó la opción del Sí.
El Gobierno no tenía la obligación de someter a votación el acuerdo, pues legalmente podía firmarlos e implementarlos, pero decidió realizar la consulta para darles legitimidad política ante un sociedad dividida entre diferentes conceptos de paz y la guerra.
Tras conocerse los resultados, el presidente Juan Manuel Santos aceptó la negativa al acuerdo de paz y convocó a una reunión entre las partes, en función a determinar cuál será el curso del tratado. Informó que se mantiene el cese al fuego bilateral y definitivo entre el Gobierno y las FARC-EP.
El líder de las FARC-EP, Timoleón Jiménez “Timochenko”, expresó la voluntad del grupo insurgente para continuar los esfuerzos por la paz y le aseguró al pueblo que “cuente con que la paz triunfará”.
Se espera la decisión de las partes sobre el futuro del proceso de paz, sin embargo, previamente surgieron varias hipótesis según declaraciones del Gobierno:
¿Nueva negociación?
Para Santos renegociar el acuerdo no es viable políticamente y es una opción que ha descartado. “No, no se equivoquen. No es que vamos a volver a la mesa de negociación, volvemos a la guerra. Esa es la verdad”, declaró Santos.
Santos ha dejado saber que al día siguiente de ese resultado activaría los protocolos para el desmonte del proceso y para el retorno de la guerrilla al monte, lo cual implica el regreso a la guerra.
No obstante, se espera el anuncio definitivo de los próximos pasos en búsqueda de la paz, que obtuvo 49.76 por ciento de los votos en el plebiscito. Analistas han coincidido en que la opción más viable es la renegociación.
El jefe negociador por el Gobierno, Humberto de la Calle, precisó que “si la elección del 2 de octubre no es favorable, no hay espacios para renegociar nada, lo que tenemos es lo que se obtuvo”.
Mientras que la Corte Constitucional dice que un voto negativo “inhibirá la implementación del Acuerdo Final”. No obstante, a renglón seguido aclara que esa inhibición no cubre sino el acuerdo derrotado en las urnas, pero el presidente mantiene las facultades que otorga la Constitución como responsable directo del manejo del orden público.
El “No” al acuerdo frenaría la concentración de efectivos de las FARC-EP, que no accederían a concentrarse ni a dejar las armas, lo cual podría reactivar el conflicto después del cese al fuego bilateral y definitivo.
Telesur 

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Centroamérica: el fracaso de neoliberalismo en el siglo XXI



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Tras 17 años de análisis científico de los problemas económicos, políticos, sociales, educativos y ambientales, el informe Estado de la región, que se publica periódicamente en Costa Rica, se ha convertido en la mejor antología del fracaso del neoliberalismo en Centroamérica y en prueba fehaciente de la inviabilidad de sus dogmas, que en estas comarcas se aplican –todavía– como artículos de fe por una clase política cuya crisis de legitimidad es ya inocultable.
Andrés Mora Ramírez*/Prensa Latinaandres-mora-507-a
Un repaso a las metáforas con que los investigadores del programa académico, encargado de elaborar el informe, retratan el panorama y los desafíos centroamericanos permite identificar rápidamente imágenes que denuncian, una y otra vez, la desigualdad creciente, el desgarramiento y desarticulación de la región y el impacto de esos fenómenos en la vida de nuestros pueblos, especialmente en los sectores más pobres y vulnerables de la población.
Por ejemplo, en 2016, la pobreza crónica y estructural en Centroamérica se expresa en un dato demoledor: “cinco de cada seis hogares pobres tienen necesidades básicas insatisfechas, relacionadas con la vivienda y tres cuentan, además, con un nivel de ingresos inferior a la línea de pobreza”).
En el primer informe Estado de la región, que data de 1999 –publicado en el contexto de las negociaciones de paz y el fin del conflicto armado–, se aseguraba que “Centroamérica esta? desgarrada por fracturas regionales en su desarrollo humano”, producto de las persistentes brechas territoriales; brechas entre grupos sociales; brechas en materia de desempeño político, económico y jurídico; y la desarticulación física y cultural de la zona atlántica centroamericana, así como por la vulnerabilidad social y ambiental –sin distinción– de las sociedades regionales.
En su edición de 2003, el segundo informe  presentó la imagen de una Centroamérica “expuesta a múltiples tensiones internas y externas que la vuelven más compleja y difícil de interpretar”, donde “los progresos en el desarrollo humano, aunque esperanzadores, no son suficientes para vencer el rezago histórico de la región, pues no siempre están articulados en una dinámica orientada a la generación de oportunidades para amplios sectores de la población”.
Cinco años más tarde, en 2008, el tercer informe advertía sobre los desafíos de una Centroamérica desdibujada, que experimentaba acelerados cambios en distintos órdenes; y, sin embargo, seguía atascada por su “falta de progreso”, de tal suerte que  “la suma de los cambios sociales, demográficos, económicos y políticos no produce mejoras sensibles en el desarrollo humano, ni convierte al Istmo en un polo dinámico de crecimiento económico y progreso social. Además, estos cambios han ampliado las profundas brechas entre países y las aún mayores dentro de los países”.
En 2011, el cuarto informe daba cuenta de la persistente ampliación de esas brechas sociales y económicas, pese a un esbozo de optimismo en medio de la tormenta: en Centroamérica, señalaba el documento, “pese a los malos tiempos, se continuaron registrando avances, pero también preocupantes retrocesos que, en general, vinieron a aumentar las brechas en la región y en los países. Estas involuciones no fueron episodios aislados, sino que se inscriben en un contexto peligroso, que conjuga múltiples amenazas y vulnerabilidades. La dimensión del riesgo es tal que podría provocar fracturas regionales”.
Finalmente, en 2016, la valoración general del quinto informe Estado de la región insiste en sus diagnósticos sobre los graves problemas en materia de desarrollo humano y los limitados alcances de un crecimiento económico desigual, que favorece sólo a los sectores más ricos, no responde a “desafíos  medulares,  históricamente  no  atendidos” y  amplía “las brechas entre un sur del Istmo más dinámico y desarrollado y un centro-norte con persistentes rezagos económicos, sociales y políticos. Estas diferencias  se  agudizan  a  lo  interno  de  los  países  y  para ciertos grupos de población”.
Tan trágicas continuidades ensombrecen los horizontes de futuro de una Centroamérica en la que el debilitamiento de los contrapesos entre actores sociales y políticos  respecto a los grupos de poder económico, así como el predominio de élites políticas de  inobjetable orientación neoliberal y pro empresarial –desde la década de 1990–, han creado las condiciones necesarias para la imposición y reproducción del modelo de desarrollo neoliberal, en el que convergen los intereses del capital regional y las empresas transnacionales.
Y donde, paradójicamente, ese Estado tan cuestionado por el fundamentalismo neoliberal, mantiene un papel central, ahora como gestor de la inversión extranjera y facilitador de los negocios privados. Así nos va –y se nos va– la vida en esta Centroamérica doliente del siglo XXI.
Andrés Mora Ramírez*/Prensa Latina
*Investigador, analista y docente de la Universidad de Costa Rica