lunes, 17 de octubre de 2016

Los Senadores Nunca Consultaron a los Trabajadores TRIBUNALES LABORALES NO GARANTIZAN HACER JUSTICIA

*Tampoco Garantizan Acabar con la Corrupción ni Agilizar los Juicios Laborales.
*Imponen un Sistema Autoritario que Privilegia a los Empresarios, que Privilegia a las Multinacionale.
*¿Cómo Confíar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus Jurisprudencias para Anular los Derechos?

Participación de Martín Esparza Flores,
Conductor de Frecuencia Laboral y Secretario General del SME,
Transcripción de Andrea Luna Hernández, Programa 15 /octubre /2016,
 
Tenemos muy claro que esta reforma a los artículos 107 y 123 constitucionales que aprobaron los senadores para desaparecer a las Juntas de Conciliación y Arbitraje y -en su lugar- crear tribunales laborales, no fue consultada con la clase trabajadora. Es parte de este proceso de desmantelamiento de cualquier espacio de defensa de los derechos de la clase obrera en este país.
¿ Que va a pasar con las juntas federales de conciliación y las juntas locales? el cierre, el despido de los trabajadores. (ya en abril hubo un recorte de 200 empleados.
Escuchaba yo al ex secretario del Trabajo y actual senador, Javier Lozano Alarcón, dice es que eliminan a las juntas locales y federales de conciliaciòn y arbitraje porque estan controladas por el gobierno. Y crearán un órgano conciliador que va a estar dentro de los propios tribunales pero ¿quién lo va a controlar?
Hay que preguntarnos si realmente con los tribunales laborales habrà justicia para los trabajadores en este país. Observamos que hay un sistema autoritario que privilegia a los empresarios, que privilegia a las multinacionales en estos tratados comerciales. ¿Qué hacen las multinacionales cuando invierten en un país? Le exigen al gobierno que les de certidumbre jurídica y por eso están modificando la constitución y las leyes.
Por eso es que debemos organizarnos los trabajadores para hacer un amplio espacio de organización y de lucha. Hoy hay una crisis también el movimiento obrero democrático independiente del país, la tasa de sindicalización es muy baja y se tiene poca fuerza para defender los derechos humanos laborales que están desapareciendo.
Las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje fueron creadas como una conquista de los trabajadores para poder sentar al patrón a negociar las demandas laborales y poder conciliar toda controversia derivada de la propia constitución y la ley. En esas instancias hay una representación tripartita de obreros, empresarios y gobierno. Hoy se pierde este espacio de los trabajadores y se crearan juzgados de lo laborales en donde no se garantiza ni honestidad, ni justicia pronta y expedita.
Hay voces encontradas, por ejemplo, escuchaba a algunos abogados Arturo Alcade dice: estamos a favor de que desaparezcan las juntas. Incluso cuando las reformas que hicieron a la ley federal del trabajo dijeron: bueno por lo menos que le pongan que se den a conocer los contratos de protección. Son voces que benefician al capital a los empresarios, aquí no hay ningún beneficio para los trabajadores. Es muy claro que la única forma de que haya justicia para los trabajadores es con la organización.
Con la reforma que aprobaron los senadores quedó todo muy confuso ¿qué es lo que va a pasar con los trabajadores de la Junta federal y local de Conciliación y Arbitraje ¿Qué va a pasar con la Procuraduría de Defensa del Trabajo? y todos los procedimientos que ahí se hacían. Dan un año de tiro de gracia para este proceso.
Lo que observamos es todo un proceso de desmantelamiento.
El argumento de los senadores y los diputados dicen: es que en la juntas eran muy corruptos. Pero el poder judicial no es mejor.
Un ejemplo es el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME): logramos un amparo a nuestro favor en el 2012, los tres magistrados del tribunal del circuito en materia laboral resolvieron en pro. Y los sinvergüenzas ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación lo revocaron con argumentos sin fundamento legal. Entonces ¿quién puede confiar en esta clase de poder judicial en donde los ministros mejor pagados de todo el mundo, quienes no sirven más que para avalar la anulación en la práctica de los derechos humanos establecidos en la constitución con sus jurisprudencias 

Senado aprueba desaparición de Juntas de Conciliación y Arbitraje y dejan solos a trabajadores

A propuesta del PRI gobierno de EPN, diputados y senadores del PAN. PRD Verde, aprobaron seguir afectando los intereses de los obreros de México
A propuesta del PRI gobierno de EPN, diputados y senadores del PAN. PRD Verde, aprobaron seguir afectando los intereses de los obreros de México
 
- en Foro libre
 
Ciudad de México.- El Pleno del Senado de la República aprobó con 98 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 107 y 123 de la Constitución Política, sobre justicia cotidiana en materia laboral.
La iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto transfiere la impartición de justicia laboral, es decir, que la resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estarán a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas en el ámbito local y federal, en sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, las cuales desaparecen.
Además, crea un organismo federal descentralizado de conciliación, con autonomía de gestión y presupuestal, con facultades en el orden nacional para el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados.
El organismo encargado de los procesos en materia laboral contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Para la designación del titular de este organismo descentralizado, el Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores.
La senadora panista Pilar Ortega Martínez afirmó que con las reformas aprobadas por el Senado en materia laboral se garantiza la expresión del voto personal, libre y secreto de los trabajadores en materia de elección de sus dirigentes y resolución de conflictos entre sindicatos.
Por ello, nos congratulamos de que en este Senado aprobemos una reforma histórica que contribuirá a consolidar una mejor justicia laboral, a generar equilibrios e incentivar nuestro crecimiento económico”, puntualizó.
El PRD dio su voto a favor del dictamen que reforma diversas disposiciones de la Constitución en materia de justicia laboral, al considerar que no prosperó el intento de condicionar el derecho a huelga de los trabajadores y que se mantiene el voto personal, libre y secreto como un nuevo derecho laboral.
En el marco de la discusión del proyecto de dictamen, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, el senador Miguel Barbosa Huerta, celebró que se haya alcanzado un consenso completo en este tema.
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Bajamar, entre puestas de sol y una bomba de tiempo

Foto
Planta regasificadora de la empresa Energía Costa Azul, propiedad de IEnova, filial de la estadunidense Sempra Energy, ubicada en las inmediaciones del complejo habitacional turístico de Bajamar, en Ensenada, Baja California.Foto Édgar Lima / La Jornada Baja California
Mireya Cuéllar
La Jornada Baja California
Periódico La Jornada
Lunes 17 de octubre de 2016, p. 29
Ensenada, BC.
Desde las casas de Bajamar el paisaje marino es espectacular. El tono plateado durante las puestas de sol hizo de esta franja costera un corredor turístico. Así estaba considerado en la ley, desde Tijuana hasta Ensenada.
Hoy, algunos de los que compraron una casa cerca del polígono conocido como Costa Azul, no sólo miran el mar, sino dos enormes contenedores de gas.
Martha Castellanos, presidenta de la Asociación de Usuarios del Complejo Turístico Costa Bajamar AC, está indignada. Hace un par de meses la gasera Energía Costa Azul (ECA), propiedad de IEnova, filial de la estadunidense Sempra Energy, envió a Manuel Morales Mercado, representante de la empresa Environmental Resources Management (ERM), para escuchar sus opiniones sobre la planta porque necesita presentar un estudio de impacto social a fin de obtener un permiso de la Secretaría de Energía (Sener) y reconvertir sus procesos industriales.
IEnova intentó convertir esa planta en uno de los principales puntos de exportación: importaría gas licuado por mar y luego lo llevaría por un gasoducto a Estados Unidos. El esquema no funcionó porque a medio camino se aumentó la oferta de gas natural en ese país gracias a la explotación de gas de lutitas por medio de fractura hidráulica. Ahora planea invertir el proceso: recibirá gas del vecino país, lo licuará en las instalaciones de ECA y lo exportará por barco u otros medios.
Es casi un insulto que los manden después de que Sempra y el gobierno ya hicieron todo lo que han querido, soltó durante la reunión con Morales Mercado uno de los residentes de Bajamar, desarrollo habitacional de 700 viviendas que es el más cercano a la planta.
No hay quién nos compre
Los vecinos le recordaron que desde el principio se opusieron a la planta porque “es un peligro latente y no sabemos qué hacer si algo pasa en esos tanques.
¿Puedo esperar que sólo revienten los cristales de mi casa o que se queme? Nunca nos ha explicado cuáles son los riesgos de lo que procesa. Su discurso ha sido que con cumple todas las medidas de seguridad, pero ¿quién lo ha verificado? ¿Dónde está el dictamen de un tercero?
Castellanos reprochó: No conocemos un plan de evacuación en caso de siniestro, o qué pasaría con nosotros si queda bloqueada la carretera escénica, nuestra única salida.
Los colonos preguntaron al representante de ERM qué es el estudio de impacto social, y cuando les explicó que se trataba de recabar las opiniones y preocupaciones de los lugareños sobre la planta –en este caso por su reconversión–, uno de los vecinos dijo con ironía: Esta junta llega un poco tarde.
Relató que residía en California y compró una casa en esta zona de Ensenada para retirarse con tranquilidad. Ahora no sabemos cuál es nuestro futuro. Hemos visto los accidentes de Sempra en California, y aunque queremos vender para ir a un lugar seguro, no hay quién nos compre. Tu vida está en riesgo las 24 horas del día.
Después de la instalación de Sempra, en 2003, el gobierno autorizó otros proyectos que nada tienen que ver con turismo: Z Gas, un complejo que mueve y almacena gas licuado de petróleo, y actualmente se construye una planta de la Comisión Federal de Electricidad. Es como tener la gasolina, la mecha y el cerillo juntos: una planta licuadora de gas, una expendedora y una chispa. ¿Y qué nos separa? Un cerco de púas, subraya Martha Castellanos.
El complejo habitacional y turístico Bajamar fue aprobado en 1974, con la posibilidad de extenderse hasta en 650 hectáreas. Sin embargo, en 2003 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó a Sempra instalar su planta a un costado; hoy está modificando el proyecto original y los vecinos aseguran que, una vez más, está pasando sobre sus derechos con un estudio de impacto social a la medida.
Rodolfo Mellado, otro residente, preguntó al enviado de Sempra qué valor tiene su estudio, pues la empresa ha reducido cada vez que quiere la zona de amortiguamiento, y si alguien estuviera interesado en comprar en esa área, las casas estarían a 500 metros de la alambrada de Sempra.
También recordó que la compañía estadunidense nunca construyó la barda de retención que ofreció y tampoco las obras para paliar el impacto visual de sus tanques.
Los habitantes de Bajamar recriminaron al enviado que la planta se está haciendo en la zona de amortiguamiento, a costa de quienes viven o tienen terrenos a su alrededor.
Todas son tierras muertas. ¿Qué hacemos con ellas? No se puede construir. ¿Quién quiere vivir o pretender descansar junto a una bomba de tiempo? Esta planta no la pudieron construir en Estados Unidos porque Sempra no hace las cosas bien, expresó uno de los colonos.
Agregaron que tampoco saben qué ocurre con el agua que se usa en la planta y en qué condiciones se vierte al mar.
Recordaron que cada vez que han intentado plantear sus inquietudes a la empresa, ésta envía a sus abogados.
Es muy difícil tratar con una empresa que primero vino, construyó sus tanques y consiguió que el gobierno le hiciera un traje legal a la medida, se quejó uno de los lugareños.

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La insurgencia zapatista podría presentarse a las elecciones de 2018

16 de octubre de 2016

La guerrilla zapatista alzada en armas en México en enero de 1994 anunció que postulará a una de sus militantes para la presidencia de la República en los comicios de mediados de 2018.
La decisión fue adoptada por unos 500 representantes durante un cónclave organizado por el Congreso Nacional Indígena (CNI) y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, estado sureño de Chiapas.
Hasta ahora, la insurgencia zapatista, que mantiene una tregua indefinida desde casi unas semanas después de su levantamiento armado, se había rehusado a participar en elecciones.
Ahora lo podría realizar con base en reformas legales adoptadas hace poco que permitieron la creación de candidaturas independientes.
En el encuentro participó la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y de delegados de todo el país.
El EZLN señaló que aunque ha rechazado el cambio por la vía electoral, la vía armada también ha quedado descartada para “lograr la transformación del país”.
Los asistentes señalaron que se prevé que los zapatistas realicen un “nuevo intento por buscar por la vía pacífica el cambio en el país”.
La cita coincidió con la celebración del 20 aniversario del Congreso Nacional Indígena, con presencia de reprentantes de algunas de las más de 50 etnias que existen en México.
Indígenas amuzgos, chinantecos, choles, chontales, lacandones, matlazincas, mayas, mazahusa, mazatecos, mixes, mixtecos y zapotecas, entre otros, enumeraron algunos de los “agravios y despojos” que enfrentan los pueblos indígenas de este país.
“Nuevamente nos damos cuenta de la agudización del despojo y la represión que no han parado en 524 años en que los poderosos iniciaron una guerra que tiene como fin exterminar a los que de la tierra somos”, señalaron en su documento de conclusiones, entre otras cosas.
“Como sus hijos, no hemos permitido su destrucción y muerte para beneficiar a la ambición capitalista que no conoce fin, más que la destrucción misma”, agregaron.
El comunicado conjunto del CNI y el EZLN emitido tras el encuentro señaló que “la resistencia por seguir construyendo la vida hoy se hace palabra, aprendizaje y acuerdos”.
El Quinto Congreso Nacional Indígena determinó iniciar una consulta en cada uno de los pueblos originarios “para desmontar desde abajo el poder que arriba nos imponen y que nos ofrece un panorama de muerte, violencia, despojo y destrucción”.
“Nos declaramos en asamblea permanente y consultaremos en cada una de nuestras geografías, territorios y rumbos el acuerdo” para “nombrar un consejo indígena de gobierno” que elija una mujer indígena para competir en las elecciones presidenciales, acordaron los participantes.
El EZLN señaló que su lucha “no es por el poder”, sino para llamar “a los pueblos originarios y a la sociedad civil a organizarse para detener la destrucción capitalista, fortalecerse en sus resistencias y rebeldías.
Se trata, expuso, de emprender “la defensa de la vida de cada persona, cada familia, colectivo, comunidad o barrio. De construir la paz y la justicia desde abajo, desde donde somos lo que somos”, indicaron.
Los indígenas de todo el país consideraron que es el tiempo “de la dignidad rebelde” y de “construir una nueva nación por y para todas y todos”.
Es la hora, indicó la proclama, “de fortalecer el poder de abajo y a la izquierda anticapitalista, de que paguen los culpables por el dolor de los pueblos de este México multicolor”.
En México se contabilizan unos 15,7 millones de indígenas (de una población total de más de 122 millones de habitantes) pertenecientes a 68 etnias, pero sólo 6,6 millones habla una lengua distinta al español, según cifras oficiales.
Ansa

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La desolación cultural mexicana (I)

Guerrero. Indígenas me'phaas toman clases en salones improvisados. Foto: Bernandino Hernández
Guerrero. Indígenas me'phaas toman clases en salones improvisados. Foto: Bernandino Hernández

PROCESO 

Al pueblo de Ayotzinapa.
En solidaridad
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En julio pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación general 27/2016 sobre el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas de la República Mexicana y, sin duda, una de las más importantes en su género; aun cuando no es vinculante ni requiere de respuesta alguna, su efecto consiste en exhortar al Estado mexicano a que legisle en la materia. Sí lo es, empero, para la propia CNDH, que deberá ajustar sus recomendaciones al tenor de la misma.
A esta recomendación la precede la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DADPI), aprobada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en junio de 2016 y que por sí sola merece un análisis detallado.
Las disposiciones de la DADPI son relevantes, toda vez que obligan a los Estados a proporcionar diversos tipos de reparación por medio de mecanismos eficaces, establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas, que podrán incluir la restitución de bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de los que hayan sido privados sin su consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres (art. XIII. 2.).
Más aún, estos pueblos tienen derecho a participar de manera plena y efectiva en la adopción de decisiones en las iniciativas que afecten sus derechos y se relacionen con la elaboración y ejecución de leyes, políticas públicas, programas, planes y acciones inherentes a los asuntos indígenas. La DADPI es un repositorio de derechos colectivos que gravitan en torno a la especificidad cultural de los pueblos y comunidades indígenas. Estos son colectividades cuyo basamento cultural es su Weltanschaung y la búsqueda incesante de sus propios valores.
En los términos de la DADPI el Estado mexicano tiene la obligación de realizar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas interesados antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado (art. XXIII 1 y 2).
Estas disposiciones son de gran relevancia por los principios básicos que desarrollan: por una parte los pueblos y comunidades indígenas tienen la prerrogativa de ser partícipes de una consulta previa, culturalmente adecuada, informada y de buena fe que, vale puntualizar, en nuestro sistema ya ha sido confirmada de manera por demás comprensiva por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyas tesis son vinculantes para toda la jurisdicción (amparo en revisión 241/2015 et al.). El otro derecho correlativo consiste en la expresión de su consentimiento libre, previo e informado, y el cual es una constante en la DADPI (arts. XXVIII y XXIX); su efecto sustantivo es el veto cultural.
El único país que formuló observaciones y declaraciones a este texto fue Colombia, pues consideró que resulta contrario a su orden jurídico interno y podría frenar el “progreso”, lo que resultaba inaceptable; no así para el Estado mexicano, que lo aceptó en todos sus términos y cuya aquiescencia lo obliga a asumirlo plenamente.

Los agravios

La recomendación de la CNDH da cuenta de la desolación cultural en el país, que evidencia el grave contraste entre la realidad y la retórica gubernamental; el hostigamiento cultural en contra de los pueblos y comunidades indígenas ha sido persistente. Este organismo da cuenta de los precedentes que mayor impacto han tenido en la sociedad y en los que ha mostrado una participación relevante.
El proyecto Acueducto Independencia, cuyo objetivo era trasvasar el agua de la cuenca del río Yaqui a las del Sonora, transgredió, entre otras, la prerrogativa a la consulta previa, informada y de buena fe (Recomendación 37/2012). Esta controversia fue resuelta por la SCJN y fortalece el derecho de consulta (Amparo en Revisión 631/2012). La inobservancia al derecho a la consulta ha sido recurrente; como se constató en perjuicio del Pueblo Rarámuri Huetosachi en la ejecución del proyecto turístico de Barranca del Cobre (amparo en revisión 781/2011).
En el caso del pueblo wixárika, ubicado en San Luis Potosí, fue evidente la afectación irreversible de su territorio sagrado, Wirikuta, en beneficio de proyectos mineros que no repararon en emplear materiales altamente contaminantes (Recomendación 56/2012).
Un caso más lo constituyeron los permisos para la siembra de soya transgénica (Recomendación 23/2015) en los estados de Yucatán y Campeche, que conculcan el derecho de las comunidades mayas a una consulta previa, culturalmente adecuada, informada y de buena fe. Las comunidades mayas quedaron ahora bajo el amparo y protección de la justicia federal, conforme a la tesis trascendente de la SCJN (amparo en revisión 410/2015 et al.).
Otros precedentes de importancia fueron resueltos exclusivamente por la jurisdicción federal. En el de Cherán, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió restituirles a las comunidades purépechas sus derechos políticos conforme a sus tradiciones y costumbres en lo que respecta a la elección de sus representantes. El tribunal pleno de la SCJN (controversia constitucional 32/2012) reafirmó a su vez la prerrogativa a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas e invalidó la legislación que la transgredía.
El recuento de los agravios realizado por la CNDH es contundente: En lo que atañe al proyecto eólico en Juchitán, Oaxaca, el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Salina Cruz (amparo indirecto 454/2015) rectificó en un principio el hostigamiento cultural perpetrado contra el pueblo binni’zaa en el Istmo de Tehuantepec, el cual se opone a las autorizaciones gubernamentales concedidas a la empresa Eólica del Sur (antes Mareña Renovables) para el establecimiento de una planta, y cuyo derecho de consulta fue transgredido.
La suspensión definitiva se concedió en favor de ese pueblo en diciembre de 2015, pero la sentencia definitiva, de junio de 2016, fue contraria a los intereses de la comunidad zapoteca y está sujeta ahora a revisión en el tribunal colegiado en materia civil y administrativa del circuito decimotercero. Sin embargo, este tribunal revocó en agosto último la suspensión definitiva, en grave perjuicio de la comunidad juchiteca (exp. 93/2016).

La Comisión Interamericana

Al relato de la CNDH debe agregarse el informe sobre México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2015, que es igualmente rotundo. En el recuento de violaciones sin fin a los derechos humanos, testimonio inequívoco de la grave crisis en la materia que vive México, la CIDH pormenoriza la vulneración de los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas, que han sido quebrantados de manera violenta en dos áreas principales: en el contexto de los megaproyectos que buscan imponerse en tierras y territorios ancestrales, autorizados sin la debida consulta y consentimiento previo, libre e informado, y en el marco de la reivindicación de tierras y de faltas al debido proceso penal.
El informe advierte que el otorgamiento de concesiones del Estado a empresas privadas, especialmente mineras, hidroeléctricas y eólicas, se realiza con absoluta displicencia respecto del derecho de consulta.
La inobservancia por parte de México del Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas de conformidad con estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, que contiene los estándares internacionales sobre la materia y detalla los elementos metodológicos para desarrollar un proceso de consulta, vinculante para el gobierno, ha sido la constante.
La CIDH estima que aproximadamente 35% del territorio nacional, zona en la que se concentran muchos pueblos y comunidades indígenas, ha sido ya concesionado, de tal suerte que la sociedad mexicana no se puede llamar a sorpresa por el hecho de que, ante tanto atropello, detonen conflictos sociales en diversas regiones, con una dosis importante de violencia.
Los ultrajes culturales no paran ahí; la persecución y criminalización de defensoras y defensores de los derechos de los pueblos indígenas es la consecuencia natural del estado de cosas expuesto. El informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias constató la recurrencia en nuestro país de artilugios legales dirigidos a incriminar a indígenas, aun a sabiendas de que son inocentes.
A ello habría que agregar, relata la CIDH, la falta de asistencia legal y la ausencia de defensores públicos bilingües, no obstante el mandato claro de la jurisprudencia firme de la SCJN. El Estado mexicano ha dado evidencias de que no cumple con obligaciones primarias en lo que respecta a la investigación de delitos tratándose de indígenas, ya que no incorpora una perspectiva cultural apropiada.
Por lo anterior, la CIDH recomienda adoptar medidas para que se utilice una perspectiva culturalmente adecuada y se tome en cuenta el carácter colectivo de las comunidades y pueblos indígenas, cuando éstos o sus integrantes sean víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Pero el informe hace especial énfasis en que deben adoptarse las medidas necesarias para realizar consultas libres, previas e informadas acerca de proyectos que afecten sus territorios a fin de obtener su consentimiento.

Las pretericiones

La Recomendación de la CNDH hace una distinción clara entre el derecho de consulta y la expresión del consentimiento, cuya consecuencia es el veto cultural. En cuanto a la DADPI, es manifiesta su reafirmación en lo que corresponde a dicho consentimiento, pues lo considera indispensable para darle operatividad a los derechos culturales de las comunidades y pueblos indígenas.
A diferencia de Colombia, México no formuló ninguna declaración interpretativa de la DADPI, por lo que asumió plenamente los deberes correspondientes, que debe implementar en el ámbito interno.
Por lo demás, hay que puntualizar que Colombia se encuentra muy lejos de ser un referente para México, puesto que se abstuvo en la votación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), adoptada el 13 de septiembre de 2007 por la Asamblea General en su 61 Periodo de Sesiones, mientras que México la respaldó firmemente desde el inicio de su confección, en 1985. Pese a ello, la DNUDPI tiene ahora ya efectos de derecho consuetudinario internacional (Resolución 5/2012 de la International Law Association).­
De esta manera, los argumentos vertidos por Colombia en torno a la aprobación de la DADPI en junio de este año, relativos al interés general a favor del “progreso” por sobre los derechos culturales de los pueblos y comunidades indígenas, son insustanciales en nuestro país.
Si el gobierno mexicano no asume la observancia del consentimiento libre, previo y culturalmente informado como noción correlativa del derecho de consulta, favorecerá por una parte la dominancia de una cultura sobre las minoritarias y, por la otra, desvanecerá el derecho de veto cultural de los pueblos y comunidades indígenas.
El aserto es categórico: al no haber formulado objeción alguna a la DAPDI, el gobierno carece ahora de legitimidad para desplazar los deberes contraídos.

La autoridad cultural

La institucionalización de una autoridad cultural, como lo es la Secretaría de Cultura, crea nuevos paradigmas en estos procesos culturales. Para ello, debe tenerse presente que todos los derechos de los pueblos y comunidades indígenas son esencialmente derechos culturales, y cualquier interpretación de éstos en los marcos de la DADPI y la DNUDPI debe ajustarse en México a este telos.
La Secretaría de Cultura, en términos de la jurisprudencia firme de la SCJN, está obligada a interpretar estos derechos culturales pro homine o pro persona en favor de los pueblos o comunidades indígenas.
Para mencionar lo obvio, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas tiene facultades muy precisas en torno a estas prerrogativas culturales, como son la consulta a los pueblos y comunidades indígenas cada vez que el Ejecutivo federal promueva proyectos que impacten en sus condiciones de vida y entorno, a lo cual debe agregarse ahora la obtención del consentimiento libre, previo y culturalmente informado.
Lo anterior, sin embargo, no excluye que la novísima autoridad cultural quede excluida de estos procesos, máxime que ahora está sujeta, como toda autoridad, a las recomendaciones de la CNDH por acción u omisión.
El postulado de transversalidad ordenado por la Constitución y ratificado por la SCJN es claro: las prerrogativas de consulta –y, ahora, de consentimiento previo de las comunidades y pueblos indígenas– deben permear en todos los ámbitos del sistema jurídico para “crear un enfoque que, al analizar el sistema de normas en su totalidad, cumpla con su objetivo, que es el ejercicio real de sus derechos y la expresión de su identidad individual y colectiva para superar la desigualdad de oportunidades que tradicionalmente les han afectado”.
*Doctor en derecho por la Universidad Panthéon-Assas.

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Alertan sobre el incremento de crímenes en contra de petroleros

Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Lunes 17 de octubre de 2016, p. 9
Robos en ductos, de equipos y vehículos; delitos contra los trabajadores, desde hurtos hasta secuestros, y ahora actos de extorsión están cometiendo grupos de la delincuencia organizada en zonas petroleras y dentro de algunas instalaciones de Pemex, aseguró la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (Untypp).
Denunció que dentro de esta última modalidad, el pasado 30 de septiembre en el pozo Paredón 34, de Cárdenas-Agua Dulce, Tabasco, un grupo de delincuentes se presentó cerca de las 8 de la noche exigiendo dinero a los trabajadores y los amenazaron con que de no entregarlo, regresarían armados.
El personal del pozo se retiró, para luego volver con personal de seguridad, sólo para encontrar incendiados varios equipos, entre ellos un camión de la unidad de registros geofísicos, con un alto valor.
Según esta organización, no es la primera vez que la delincuencia organizada comete actos contra Pemex, lo grave es que éstos ya lleguen hasta la extorsión.
La Untypp indicó que a raíz de la privatización de Pemex en diversos ámbitos y del traspaso de pozos, plantas y unidades de producción a empresas nacionales o extranjeras, se ha agudizado esta problemática, por lo exigieron que se garantice la seguridad en todas las instalaciones, a fin de que no se ponga en riesgo la vida de los trabajadores.
Hay temor, dijo, incluso de que los mismos delincuentes regresen al pozo Paredón 34 a exigir dinero a los trabajadores. Además pidió una amplia investigación respecto de delitos que se cometen contra petroleros afuera de sus centros de trabajo.
Al respecto, cabe referir que la Gran Alianza Nacional Petrolero envió un escrito a diversas dependencias del gobierno federal, entre ellas la Secretaría de Gobernación, para señalar que se han interpuesto innumerables denuncias contra la dirigencia del sindicato a cargo de Carlos Romero Deschamps, por supuesta participación de integrantes de su comité en el saqueo de hidrocarburos.
Indicó haber presentado pruebas fehacientes ante la Procuraduría General de la República (PGR) de que dicho saqueo se viene perpetrando desde hace décadas por personas ligadas a dirigentes del actual comité ejecutivo del sindicato. A estas pistas no se les ha dado seguimiento y están durmiendo en la PGR.
Según puntualizó esta organización, se trata de bandas criminales especializadas en cometer estos robos; tienen que tener preparación para llevar a cabo estos actos, así como equipo técnico y medios para transportar los hidrocarburos, por lo que se presentaron denuncias contra el sindicato, por los saqueos en los oleoductos de Tula, Hidalgo; Teapa y Conduacán, en Tabasco, y Poza Rica, Nuevo Teapa y Agua Dulce, en Veracruz, así como por los derrames en Coatzacoalcos, Veracruz; San Martín Texmelucan, Puebla, entre muchos otros.
La delincuencia está infiltrada en el sindicato petrolero, señaló esta alianza, y demandó que se lleve a cabo una investigación sobre los actos cometidos contra trabajadores por bandas de delincuentes, los cuales van desde robos a mano armada, hasta secuestros, y que han quedado en la total impunidad.

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“No hemos renunciado a la confrontación con el poder”: Rodríguez Castañeda en la FIL del Zócalo

Julio Scherer Ibarra, Rafael Rodríguez Castañeda, Lorenzo Meyer y Jorge Carrasco. Foto: Benjamín Flores
Julio Scherer Ibarra, Rafael Rodríguez Castañeda, Lorenzo Meyer y Jorge Carrasco. Foto: Benjamín Flores
 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- “La revista Proceso nació como producto de una confrontación con el poder y esa es una historia a la que no hemos renunciado”, aseguró el director del semanario, Rafael Rodríguez Castañeda.
Durante la presentación de la edición especial de aniversario titulada “40 años. Haciendo historia”, en la XVI Feria Internacional del Libro del Zócalo capitalino, el periodista recordó que tras el rompimiento con el diario Excélsior y el gobierno de Luis Echeverría, el 6 de noviembre de 1976, Julio Scherer García, Vicente Leñero y Enrique Maza encabezaron el nacimiento de este medio de información política y análisis.
Desde entonces, dijo, “hemos vivido en la confrontación con los poderes, ya sea de gobierno, económicos, fácticos y sociales”.
Julio Scherer Ibarra y Rafael Rodríguez Castañeda. Foto: Benjamín Flores
Julio Scherer Ibarra y Rafael Rodríguez Castañeda. Foto: Benjamín Flores

Rodríguez Castañeda destacó que durante estas cuatro décadas Proceso “ha sido protagonista de la historia. Hemos sido agredidos, boicoteados, asaltados, pero no hemos dado un paso atrás. Así somos y aquí seguimos estando”.
Director del semanario, la agencia Apro, la página de internet y la recién creada ProcesoTV, destacó la labor de toda la gente que trabaja en este medio, “los que firman y los que no salen a la luz”, y festejó su existencia durante estas cuatro décadas gracias al apoyo de sus lectores.
Proceso, “una anomalía”
En el Foro Gonzalo Rojas, lleno a su máxima capacidad, el historiador Lorenzo Meyer consideró que una revista como Proceso “no debería existir porque nació bajo un sistema autoritario” y en este tipo de gobiernos no se permiten medios de información críticos.
Irónico hacia el actual sistema de gobierno de Enrique Peña Nieto, el historiador preguntó ¿cómo pudo nacer y sobrevivir esta revista hasta ahora? Y se respondió: “Porque es una anomalía. No es natural que haya nacido, es algo extraordinario y lo marca el haberse iniciado dentro del gobierno de Luis Echeverría, en contra de él y para confrontarlo”.
Proceso “no nace de la tolerancia, sino de la amenaza del poder…”, dijo, en relación a las advertencias que en su momento hizo el presidente priista contra Scherer García y su familia.
El analista político aseguró que “cuando llegue la democracia en México, la revista tendrá que cambiar, pero eso quién sabe cuándo pase… Un sistema no democrático necesita de una revista como ésta”.
Colaborador también de las páginas de este semanario, Lorenzo Meyer se refirió a las críticas que ha recibido la publicación al paso del tiempo. “Dicen que nada más ve lo malo. Sí, porque esa es su función. Su papel es vital para nosotros”. Y en todo caso, dijo, “es preferible que exagere a que se modere”.
El triángulo perfecto
Julio Scherer Ibarra, hijo del fundador de Proceso, describió como el “triángulo perfecto” al grupo que en 1976 hicieron su padre Julio Scherer García, Vicente Leñero y Enrique Maza, quienes “con su arrebatada vocación por la verdad”, dieron vida a la revista.
A modo de homenaje a los fundadores, comentó que a su padre siempre lo caracterizó “la pasión y la firmeza”, mientras que a Leñero, “la bondad” y a Maza, “el amor al prójimo y al perdón”. Así los recordó: “Auténticos, nobles, transparentes, indescifrables en su momento”, mientras los asistentes interrumpían el discurso con aplausos.
El periodista y escritor destacó que para este semanario no ha sido gratis ejercer la libertad de expresión pero que, aún así, ha corrido el riesgo.
“Los gobernantes no han querido ver a proceso como oportunidad para ejercer la autocrítica y hacer caso a la voz de la ciudadanía, sino que la ven como una gran piedra en el zapato, como el enemigo a aniquilar, como la voz a acallar”, añadió.
Asistentes al evento. Foto: Benjamín Flores
Asistentes al evento. Foto: Benjamín Flores
También criticó al actual gobierno de Peña Nieto, al que lo define “el crimen y la impunidad, la amenaza, la tortura, el calabozo, la simulación… el show del dolor”. Aún así, Scherer Ibarra consideró que, como le enseñó su padre, “es preferible luchar que resignarse. México desea que se hable con la verdad”.
“Proceso a los hechos y de los hechos”
En su oportunidad, Jorge Carrasco, integrante del equipo de periodistas de Proceso, se dijo convencido de que sus fundadores “dejaron una casa muy sólida” para hacer periodismo en México.
Resaltó que es una revista que no se ha plegado, a pesar de las presiones que los gobiernos han ejercido sobre ella, en especial, ante el asesinato de Regina Martínez, corresponsal en Veracruz, en abril de 2012; así como los secuestros de otros corresponsables y las amenazas e intimidaciones que sus reporteros han recibido en las redes sociales.
Pese al acoso físico y económico, enfatizó en que el semanario no debe variar en su posición de crítica al poder. “Proceso sigue siendo lo que es desde el principio: un medio decidido. Proceso a los hechos y Proceso de los hechos. Esa es una decisión editorial y filosófica”, concluyó.

Fuente

DETECTAN VICIOS EN LA INVESTIGACIÓN DE LA PGR EN EL CASO DE LA MASACRE EN NOCHIXTLÀN

Frecuencia Laboral 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, OAXACA; A 7 DE OCTUBRE DE 2016.
AL PUEBLO DE NOCHIXTLAN,  OAXACA,  AL PAÍS Y AL MUNDO.
P R E S E N T E:

La PGR quiso sorprender a Nochixtlán en la investigación de la masacre perpetuada por el gobierno ese domingo negro 19 de junio,  por lo que  los caídos y heridos de este crimen de lesa humanidad les informamos a la ciudadanía en general que el día jueves 6 de octubre la PGR hIzo presencia en esta ciudad con la intención de empezar con las investigaciones, situación que nosotros somos los más interesados en esclarecimiento de los hechos, pero bajo lo que establece El Código Nacional de Procedimientos Penales en concordancia con la Constitución Federal y sujetándose a los procedimientos periciales para una buena investigación sustentada en todo los ámbitos de justicia de lo contrario como ellos pretendían hacerlo sólo traería una investigación viciada y queriendo construir una verdad fuera de la realidad como lo han hecho con Ayotzinapa, Acteal, Aguas Blancas, Tlatlaya etc.
Por lo que enumeramos los siguientes vicios  que traían los de la PGR para el caso 19 de junio (NOCHIXTLAN):
1.- No entregaron en tiempo y forma los expedientes a la parte jurídica y peritos de las víctimas, hicieron entrega de las mismas el día lunes 26 de septiembre conteniendo únicamente las copias fotostáticas ocultando los videos y audios, dichos expedientes constan de 9 tomos y 9995 hojas, dejando en desventaja a los asesores jurídicos de las víctimas para el análisis de fondo sobre la diligencia que se tenía programada con la PGR para el día jueves 29 de los corrientes, trayendo con esto una desventaja para dicha diligencia.  
2.-  La PGR traían como única finalidad la investigación de una sola escena del crimen que es el del puente de la federal donde hicieron disparos la Policía Federal y Estatal hacia los civiles, lugar en donde lamentablemente fueron asesinados tres compañeros entre ellos Yalid Jiménez,  diligencia que se pretendía realizar en base a las declaraciones de los policías haciendo evidente que no les interesa ni en lo mínimo realizar una investigación correcta desde el punto de vista jurídico, científica y  técnico para el esclarecimiento de los hechos.
3.- La PGR acude a Nochixtlan para llevar a cabo la diligencia el día jueves sin el expediente, argumentando que el caso lo traían en la cabeza, no traían el personal profesional para dicha diligencia, no conocían la zona del crimen, no traían un plano o mínimo un croquis del lugar de la escena criminal,  situación que no lo decimos nosotros, ellos lo hicieron públicamente ante la prensa que se encontraban presentes, situación que lo argumentamos con los videos existentes de esas declaraciones de viva voz del representante de la PGR.
4.- Querían en ese momento que las víctimas y testigos de los sucesos del 19 de junio les fueran indicando los lugares donde la policía cometieron las agresiones, situación que tomando como  punto medio del panteón son 3km aproximadamente a la redonda y además que sobre el recorrido hicieran sus declaraciones situación que nosotros lo aceptábamos siempre y cuando  estuviera en ese recorrido un médico forense, un perito en criminalística, un perito en balística, así como diversos profesionistas en la materia para el buen desarrollo de la diligencia, argumentando la PGR que no traían ni los instrumentos  para tales casos ni el personal necesario y profesional para el desarrollo de la misma, en este sentido manifestamos no traían lo básico para una diligencia de esta altura, dejando en evidencia lo que siempre han hecho, querer realizar una investigación a modo y la reconstrucción de su propia verdad para que en determinado momento las víctimas sean victimarios.  
A la ciudadanía en general les decimos que como victimas somos los más interesados en que se realice  la investigación y se esclarezcan los hechos, siempre y cuando se cumpla con las normatividades que rigen una investigación de este nivel, además que nuestros asesores jurídicos, el cuerpo de peritos y los diferentes organismos de Derechos Humanos estén presentes cuando se lleven a cabo las diligencias correspondientes, porque el gobierno federal tiene que tener bien en claro que nosotros estamos  y estaremos en la mejor disposición de coadyuvar con las autoridades para el esclarecimiento de este crimen de lesa humanidad, siempre y cuando se cumplan con las formas correctas y bajo el debido proceso que una investigación requiere porque la sangre de nuestros  hermanos caídos, las violaciones a los Derechos Humanos cometidos contra el pueblo de Nochixtlán no se tiene que quedar solo en una verdad histórica para el país y el mundo, queremos JUSTICIA para los caídos, los heridos y para el pueblo de Nochixtlán, VERDAD para el caso 19 de junio, CASTIGO para los actores intelectuales y materiales de esta masacre.
Estamos conscientes de que no es una lucha fácil, se necesita valor, dignidad e integridad  para enfrentar al estado, pero como victimas estaremos haciendo un movimiento no como caso 19 de junio si no como una lucha social hermanándola con los camaradas de Chiapas, Guerrero, Ciudad de México, Michoacán, Veracruz,  y todo aquel Estado que se quiera sumar; y al Gobierno le decimos que estamos más unidos que nunca y a la ciudadanía de Nochixtlán los invitamos a que no se crean de los comentarios absurdos de los medios gobiernistas, antes de realizar una crítica investiguen ya que  nosotros como victimas estamos en la mejor disposición de darles la información de primera mano a quien así lo requiera porque todos los ciudadanos de Nochixtlan tenemos una responsabilidad histórica para que se aclaren estos hechos y decirles que Nochixtán no miente y que con el tiempo la historia no se equivoca; hasta la victoria siempre pueblo de México.            
                        “NI UNA LUCHA AISLADA MAS”
“19 DE JUNIO, NI PERDÓN NI OLVIDO”
“LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS DEL ESTADO Y DEL PAÍS”
“APARICIÓN CON VIDA A LOS 43 NORMALISTAS DE AYOTZINAPA”
F R A T E R N A L M E N T E  
“COMITÉ DE VICTIMAS 19 DE JUNIO POR JUSTICIA Y VERDAD, NOCHIXTLAN” 

Washington sigue empeñado en fomentar un cambio de régimen en Cuba

La zona aledaña a la Plaza de la Revolucion estuvo completamente bloqueada para realizar la ofrenda floral de Barack Obama en el monumento a Jose Martí el pasado 21 de marzo. Foto: nrique Castro Sanchez / Procesofoto
La zona aledaña a la Plaza de la Revolucion estuvo completamente bloqueada para realizar la ofrenda floral de Barack Obama en el monumento a Jose Martí el pasado 21 de marzo. Foto: nrique Castro Sanchez / Procesofoto

PROCESO 

Para el embajador de Cuba en México, Dagoberto Rodríguez, las medidas que el gobierno de Estados Unidos emprendió desde 2014 –entre ellas la supresión de límites en el envío de remesas y la autorización para que ciertas empresas puedan operar en la isla– tienen un objetivo explícito: provocar un cambio de régimen en la nación caribeña. En entrevista con Proceso, el diplomático puntualiza: “No somos tontos (…) la política de Estados Unidos sigue manteniendo el mismo objetivo” de subvertir la revolución.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A Barack Obama “le ha faltado determinación para desmantelar aspectos esenciales del bloqueo económico” que Estados Unidos impone a Cuba, afirma Dagoberto Rodríguez Barrera, embajador de la isla en México.
Más aún, dice que las medidas que Washington ha establecido desde el 17 de diciembre de 2014 –eliminación de límites en el envío de remesas, ampliación a 12 categorías de viajeros estadunidenses que pueden visitar la isla, autorización para que empresas norteamericanas de telecomunicaciones, servicios financieros y turísticos puedan operar en la nación caribeña, entre otras acciones– tienen un objetivo explícito: provocar un cambio de régimen en Cuba.
“No somos tontos. Nos damos cuenta que la política de Estados Unidos sigue manteniendo el mismo objetivo” de subvertir la revolución, sostiene el embajador. “A ello se debe que las medidas que los estadunidenses han aplicado están más dirigidas a incentivar al sector privado; es decir, a potenciar a determinados sectores dentro de la sociedad cubana que, a su juicio, pudieran rendir frutos en su política hacia la isla”.
–¿El gobierno cubano ve un doble juego por parte de la administración estadunidense?
–Normalmente en la política norteamericana ha habido un doble y hasta un triple juego. No siempre lo que se declara públicamente es necesariamente el objetivo real. Pero creo que en relación con Cuba los estadunidenses han hablado con claridad. Cuando Obama anunció las medidas en diciembre de 2014 dijo que los objetivos de la política de Estados Unidos hacia Cuba se mantenían. Y sus asesores y voceros lo han repetido a lo largo del tiempo.
–¿O sea el cambio de régimen?
–Sí. Lo que están haciendo realmente va dirigido en esa dirección. Y eso explica por qué han favorecido algunos sectores como el de las telecomunicaciones–, dice el embajador Rodríguez en referencia a la autorización del Departamento del Tesoro para que operen en la isla empresas estadunidenses de telefonía e internet. “Los voceros de la Casa Blanca han declarado que esas medidas van dirigidas a empoderar a determinado sector de la sociedad o a separar sectores sociales del gobierno de Cuba”.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2085 de la revista Proceso, ya en circulación.

Chile: Nueva marcha este domingo por un sistema de pensiones justo

 Libre Red

16 de octubre de 2016

Los organizadores de la marcha reclaman profundas transformaciones en el actual sistema de pensiones en Chile.
Más de un millón de chilenos se estima que asistan a la marcha familiar convocada para este domingo 16 de octubre en rechazo al sistema de pensiones.
La movilización será la tercera gran marcha contra el modelo de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Los organizadores del movimiento “No + AFP” confían que con esta nueva manifestación, el Gobierno entregue una pronta respuesta a una demanda que, según ellos señalan, ha movilizado a millones de personas en todo Chile.
Se espera que la participación en esta marcha supere la convocatoria de la movilización nacional del pasado 24 de julio.
“Estamos llamando a que la gente participe activamente el día 16 de octubre, en especial porque la demanda que levantamos el día 24 de julio permanece totalmente vigente”, dijo el vocero del movimiento “No + AFP”, Luis Mesina.
Mesina resaltó además que “el compromiso de la autoridad, en este caso de la Presidenta de la República, de respondernos la petición que le formuláramos el 31 de agosto en dos o tres semanas, no se realizó. De hecho, hasta la fecha no tenemos respuesta, ni siquiera una negativa, no hay respuesta”.
Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam), Esteban Maturana, anunció que se sumarán a la marcha del 16 y sostuvo que es “fundamental golpear con fuerza ese día”.
“Sabemos que por muchas marchas que hagamos, por muy impresionante y masivas que estas sean, si no tenemos capacidad de golpear donde les duele a los dueños del dinero en Chile, a los grandes empresarios, que es precisamente en sus bolsillos, no vamos a tener capacidad de avanzar hacia las reformas profundas que requiere el sistema de pensiones”, agregó Maturana.
El dirigente destacó que esta movilización es la antesala al paro nacional que está programado para el 4 de noviembre.
Alejandro Aravena, dirigente de Unión Patriótica, una de las organizaciones involucradas en el movimiento, fue enfático en declarar “no más AFP, en tanto que nos están robando todos los meses a todos los trabajadores con pensiones miserables, de hambre, indignas, por lo tanto, es necesario que apoyemos la marcha”.
En Santiago, el recorrido solicitado, que ya cuenta con la autorización de la Intendencia Metropolitana, comenzará a las 11:00 de la mañana desde Plaza Italia, continuará por la Alameda y finalizará en el sector de Los Héroes.
Los puntos de vista de la AAFP
Rodrigo Pérez, presidente de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones en Chile (AAFP), admitió en conferencia de prensa que existe poca información sobre las alternativas del sector y que considera razonable la exigencia de los trabajadores a buscar mejoras en sus pensiones.
Sin embargo, explicó que el panorama de las AFP en Chile no es único, ya que existe una tendencia mundial sobre la edad del retiro, las tasas de cotizaciones y la disminución de beneficios debido al envejecimiento de la población.
Pérez detalló que la sociedad chilena contaba con el 10,5 por ciento de su población con más de 65 años hasta 2015, pero se incrementará al 23,6 por ciento hacia 2050.
Las AFP de Chile manejan fondos de 173 mil millones de dólares, con un margen de ganancias pequeño, según el directivo que consideró importante la iniciativa del Gobierno de Michelle Bachelet de 12 propuestas para transformar el sistema.
Telesur | PL 

Fuente

Marchan miles de xenófobos en Alemania

Dpa
 
Periódico La Jornada
Lunes 17 de octubre de 2016, p. 23
Dresde. Miles de partidarios del movimiento xenófobo alemán Pegida salieron este domingo a la calle en el centro de Dresde, en el este del país, al cumplirse el segundo aniversario del movimiento que surgió contra la islamización de Occidente. En medio de fuertes medidas de seguridad, Pegida (siglas en alemán de Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente) reunió entre 6 mil 500 y 8 mil 500 personas, según el grupo de investigación Durchgezählt. Mientras, un centenar de contramanifestantes protestaron por esta movilización. Pegida empezó sus protestas el 20 de octubre de 2014 en Dresde, capital de Sajonia, con sólo algunos centenares de participantes y desde ese momento sus marchas todos los lunes fueron creciendo en asistencia hasta llegar a aproximadamente 25 mil personas en algunos momentos.