lunes, 24 de octubre de 2016

En Construcción 2016-10-24

Circular sobre firma de Solicitud de pago del 25% del Seguro Sindical por edad, para nuestros compañeros Jubilados


Se pacta en Brasil la recomposición mundial de la lucha obrera



 
En Brasil, donde en agosto pasado la derecha derrocó a la presidenta Dilma Rousseff mediante un golpe de Estado parlamentario, el movimiento sindical independiente más importante a nivel mundial, agrupado en la IndustriALL Global Union (IGU), anunció en Río de Janeiro acciones de lucha en contra de las agresiones cometidas por las multinacionales y los organismos financieros en perjuicio de los derechos de millones de trabajadores.
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Al II Congreso de la IGU, realizado del 3 al 7 de octubre, asistieron delegados de 144 sindicatos y 50 países, en representación de más de 50 millones de afiliados, siendo una alentadora muestra de la recomposición de estrategias que en todo el orbe está emprendiendo la clase obrera.
El evento cobró especial relevancia al ser el exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva el encargado de inaugurarlo, recibiendo el apoyo y reconocimiento de las organizaciones asistentes por la lucha de resistencia popular que encabeza en la nación sudamericana en contra de los embates de la oligarquía y las trasnacionales que con la complicidad de su títere impuesto en el poder, Michel Temer, tratan de socavar los derechos de los asalariados y la población carioca.
La delegación mexicana de la que formó parte el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), manifestó a Lula da Silva su repudio total al encubierto golpe de la derecha para destituir de manera ilegítima a Dilma Rousseff, y le expresó su absoluta solidaridad con el pueblo trabajador brasileño, en los momentos actuales donde en el marco de una desigual globalización se siguen cometiendo ataques en contra de los trabajadores y sus organizaciones en todo el mundo, que hacen imprescindible el contar con sindicatos industriales democráticos, independientes y fuertes, que hagan frente a los abusos y atropellos del capital mundial.
A 4 años de su fundación, el 20 de junio de 2012, en Copenhague, Dinamarca, la IndustriALL Global Unión se ha convertido en la organización mundial más importante en áreas como la industria metalúrgica, la industria minera, la de energía y la textil por citar algunas de las más importantes controladas por las multinacionales, tras lograr la fusión de federaciones internacionales que ahora comparten objetivos comunes, teniendo como ejes de su Plan de Acción 2016-2020: defender los derechos de los trabajadores; consolidar el poder sindical; plantar cara al capital mundial; luchar contra el trabajo precario y promover políticas industriales sostenibles.
Aunque ya se han colocado los cimientos, la tarea por venir será ardua si se considera que a nivel mundial sólo el 7 por ciento de la fuerza de trabajo está afiliado a sindicatos libres e independientes, de tal manera que son millones y millones los trabajadores, sobre todo jóvenes, que en todo el planeta se enfrentan a la precariedad e inestabilidad laborales, impuesta a los gobiernos por los organismos financieros internacionales en clara violación a los tratados internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Uno de los postulados de la IGU resume su inaplazable tarea: “Nuestra misión no es explicar lo que pasa en el mundo, sino procurar transformarlo”.
La presencia mundial que IndustriALL está logrando se refleja en los trabajos que realiza en sus seis regiones: Norteamérica; Latinoamérica y el Caribe; África Subsahariana; Oriente Medio y África del Norte; Asia-Pacífico, y Europa. En cada una de ellas prevalece la necesidad de crear redes de solidaridad nacional, regional e internacional que permitan el fortalecimiento de la capacidad de los sindicatos independientes y autónomos para responder a las violaciones de los derechos laborales donde los gobiernos de muchos países están siendo cómplices de las poderosas firmas multinacionales, negándose a aplicar leyes laborales que garanticen un salario digno, la negociación colectiva y una más justa participación en la riqueza que generan.
En esta búsqueda de mecanismos de justicia más eficaces, la IGU está luchando por la instauración de marcos regulatorios que impongan a las trasnacionales sanciones más severas por la violación sistemática de los derechos humanos y laborales de sus trabajadores. De igual forma, busca modificar las afectaciones que los desventajosos acuerdos de comercio tienen en las condiciones de laborales de muchos países, pues considera que “el actual sistema de comercio mundial no protege sus derechos”. Ante esto, plantea un nuevo debate global sobre un “marco justo de comercio” que garantice los principios democráticos y el interés público y de las personas.
Así también, IndustriALL está exigiendo que los gobiernos eliminen “las políticas y legislaciones que fomentan el empleo precario”. Sobre las outsourcings, legalizadas en México a través de la reforma laboral, la organización mundial, señala: “Consideramos que el trabajo por agencias y otras modalidades de trabajo con relaciones de empleo triangulares, constituyen una amenaza real de los derechos de los trabajadores para afiliarse a un sindicato y negociar colectivamente con su empleador”. Y por añadidura, plantea: “No aceptamos un futuro en el que los jóvenes estén expuestos a vivir toda una vida sin un empleo seguro, sin la protección y el apoyo que les confiere ser miembro de un sindicato”.
En los acuerdos pactados en su Resolución política de su Segundo Congreso, la IGU hace notar la brutal desigualdad global que actualmente prevalece y que conduce al mundo a una irremisible crisis social y económica, si se considera que el 1 por ciento de las personas más ricas del mundo posee más riqueza que el 99 por ciento restante, siendo en consecuencia inaceptable que la desigualdad laboral haya aumentado desde el año 2000, manteniendo una tendencia hacia la precariedad de los trabajadores, pese a que “está ampliamente reconocido que está agravación de la desigualdad” impide el crecimiento económico de las naciones.
IndustriALL plantea que resulta inaceptable la posición de muchos gobiernos de no adoptar medidas para combatir las crecientes desigualdades, planteadas por organismos como la OCDE y la OIT. Y al respecto, denuncia: “En la economía mundial existe actualmente un vacío de responsabilidad. Muchas empresas pretenden defender los derechos de los trabajadores en sus cadenas de suministro, pero no toman las medidas necesarias para asegurar el respeto de esos derechos. Los gobiernos tampoco asumen completamente la responsabilidad por los derechos de las personas que trabajan para los proveedores extranjeros de sus empresas”.
Es de destacarse que el Segundo Congreso de la IGU no sólo marcó un nuevo punto de arranque de las luchas de la clase trabajadora a nivel global; además, sirvió de punto de encuentro a valiosas coincidencias resultando alentador para el SME haber alcanzado importantes acuerdos con organizaciones sindicales brasileñas que han desarrollado cooperativas de energía al sur de su país, logrando entrelazar la actividad de los sindicatos y las comunidades propietarias de los recursos naturales. Este intercambio de información y experiencia será de gran valía para nuestra naciente cooperativa LF del Centro.
Martín Esparza Flores*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ARTÍCULO]

Nueva justicia laboral

Revista Siempre! 
 
Por Martín Esparza Flores /

Su eficiencia en entredicho

Por Martín Esparza Flores
Las modificaciones aprobadas por el Senado en el supuesto de mejorar la justicia laboral en México no contienen, como la reforma laboral, el punto de vista de la clase trabajadora. Como sucede de manera inalterable con las decisiones del Congreso, los partidos políticos de nueva cuenta se adjudican el “sagrado” derecho de decidir qué es lo mejor para los golpeados asalariados, ignorando su parecer.
De acuerdo con los cambios resueltos, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, esos nidos de corrupción y atropellos que por décadas fueron puestos al servicio de los empresarios, desaparecerán para dar paso a tribunales en materia de trabajo dependientes del Poder Judicial Federal y de las entidades federativas.
El problema de fondo es que en el plano de la realidad nacional no se les augura un futuro promisorio sobre todo por la marcada y constatada dependencia de muchos de los fallos de ministros, magistrados y jueces en contra de los legítimos derechos e intereses de los trabajadores, por consigna del Ejecutivo. Mientras en nuestro país la autonomía de los impartidores de justicia siga en entredicho, la justicia no sólo laboral sino en todos los órdenes jurídicos seguirá siendo una inalcanzable utopía para los desposeídos.
De acuerdo con lo fundamentado en la Cámara alta, el origen de la propuesta del Ejecutivo descansa sobre dos ejes políticos que nada tienen qué ver con la opinión de los directamente interesados: el foro de consulta sobre justicia cotidiana encargado por la Presidencia de la República al Centro de Investigación y Docencia Económicas; y el llamado que la Organización Internacional del Trabajo, hizo durante su conferencia internacional, de junio pasado, en Ginebra, Suiza, a nuestro país para promulgar, en este sentido, reformas en materia laboral.
Los legisladores propalaron como una “victoria” para los trabajadores lo alcanzado con el consenso de todos los partidos; unos por zalamería al Ejecutivo, otros por defender sus intereses, como ocurrió con líderes de organizaciones corporativas del PRI, y los más por ignorancia y desinterés en torno al tema, circunscribieron la justicia laboral al terreno de las controversias jurídicas, cuando el término, ubicado en el ámbito de la justicia cotidiana, debería ser más extenso, incluyendo el derecho de los trabajadores y sus familias, por ejemplo, a una atención médica oportuna y de calidad, muy diferente al pésimo servicio y la carencia de medicamentos con que el IMSS pone en peligro su salud y su vida.
En el catálogo de demagogias y buenos propósitos alcanzados en el Congreso no faltaron quienes pontificaron el fin de los contratos de simulación y el respeto a los legítimos contratos colectivos, pero nadie mencionó, ni por asomo, que con la legalización de las outsourcings, establecida en la reforma laboral, en nuestro país se ha dado un retroceso precisamente a la contratación colectiva y al acceso a la seguridad social de millones de mexicanos en edad productiva, sobre todo jóvenes.
Otro de los puntos a definir en este nuevo modelo de justicia laboral será saber de dónde saldrán los recursos para instrumentarlo.

Electricidad: Llegan 40 nuevas empresas: ¿Llegará la energía barata y limpia?

 
 
 
A casi tres años de que se aprobara la Reforma Energética, la industria eléctrica mexicana tiene otro rostro: 40 empresas privadas han entrado en el sector y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se ha reconfigurado en siete filiales de generación, transmisión y distribución, y comercialización.
Actualmente se tienen comprometidas inversiones por 6 mil 600 millones de dólares –uno 125 mil millones de pesos– para los próximos cuatro años, con lo que la capacidad de generación aumentará 5 mil MW; todos estos son proyectos con energías limpias.
Pero el objetivo es más ambicioso aún: el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) prevé una inversión de 131 mil millones de dólares en los próximos 15 años: 75% para generación, 13% para distribución y 12% para transmisión.
Las piezas se acomodan una a una, y los ciclos de negocio se van cerrando: la segunda subasta de largo plazo se realizó con éxito, la subasta de transmisión está planeada para octubre y, para 2017, vienen losdesbalances de potencia, los derechos financieros de transmisión, la tercer subasta de largo plazo, y la segunda y tercera de transmisión.
El viejo paradigma se rompe poco a poco, los nuevos precios que se consiguen en las subastas eléctricas de largo plazo – que son en promedio de 33.7 dólares por MWh– alcanzan niveles que no era común con tecnología renovable: eólica y solar. El modelo de subasta a la mexicana alienta un mercado competitivo pero, como todo nuevo modelo, aún tiene camino y ajustes por recorrer.
Hasta el momento todo ha sido miel sobre hojuelas, pero hacia adelante viene la hora de la verdad: la implementación de los proyectos. El objetivo final es que, poco a poco, se reflejen en la economía de las empresas y de la gente.
Falta, entonces, camino por recorrer: urgen las subastas de transmisión, que arrancan este octubre arrancan. Y con ellas también se prenden los focos rojo de la saturación en Oaxaca, en la Península de Yucatán y en el Noroeste del país, por citar los más evidentes.
Otro asunto que preocupa es el mallado de las líneas en toda la República, mientras que las empresas empezarán a lidiar con un viejo problema –uno que no está al alcance de las autoridades del sector– y que tiene que ver con los derechos de vía y los permisos y licencias a niveles estatal y municipal.
La nueva era del sector eléctrico mexicano comienza a ser escrita por los nuevos actores de la industria.

SUBASTAS ELÉCTRICAS A LA MEXICANA
El objetivo y el centro de la Reforma Energética es tener energía más barata y energía más limpia, y para ello se tuvo que construir un modelo que diera esos resultados, comenta César Emiliano Hernández Ochoa, subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía (Sener).
“Trabajamos con la industria por varios meses para construir un diseño de subastas en donde todas las tecnologías limpias pudieran competir y en donde también pudieran participar las tecnologías para el grupo de potencia, que no eran limpias pero que también pudieran introducir sus paquetes”, explica el funcionario federal.
“Buscamos generar un diseño que fuera bancable, que pudiera atraer inversionistas, con elementos sui generis como la posibilidad de tener ofertas en paquete de tres productos diferentes, así como ajustes por ubicación y hora, etcétera”.
Los resultados están a vista, dice Hernández Ochoa: hoy se tienen 34 nuevas empresas de generación de electricidad con una inversión de 6.6 millones de dólares, que equivalen a 125 mil millones de pesos para los próximos cuatro años, que se comprometen a desarrollar una capacidad de 5 mil MW.
Un estudio de la Agencia Internacional de Energía (AIE) reconoce que este diseño puede crear mucho valor para los sistemas eléctricos y eso es una validación importante para algo que no existía en el mercado antes de tenerlo aquí en México.
Una de las características de estas subastas, explica el Subsecretario de Electricidad de la Sener, es que se podían ofrecer paquetes de tres productos; eso es importante para algunas tecnologías. En esta segunda subasta vimos a la energía geotérmica ganar, y es que a pesar de que se pudiera ofrecer energía o certificados por separado de la potencia quizás no hubiera sido tan competitiva.
Pero a la hora de mezclar en paquete los tres productos, dice, probó ser –conforme a las reglas de la subasta– un producto que le genera valor al sistema y que pudo ser adjudicable. Algunas de las características técnicas, que apenas se están viendo, ya muestran mejores resultados con la primera subasta, considera el funcionario.
–¿Por qué se hizo este sistema?
–Lo hicimos en parte porque la generación renovable en el país se había estancado por el sistema anterior. Por ejemplo, con las adjudicaciones de la primera y segunda subastas se duplica la capacidad renovable que se instaló en los últimos 20 años.
La Reforma Energética nos está dando la capacidad de atraer empresas de primer nivel mundial y en muchos casos en alianza con empresarios mexicanos, así como la capacidad de tener proyectos pequeños, medianos y grandes. En la segunda subasta entraron empresas de clase mundial de 11 países, como son EDF, Energy, Ennel y Sempra, así como los fondos de inversión KKR y Actis. Pero incluso la propia Comisión Federal de Electricidad (CFE) –que se beneficia como comprador ya que adquiere a muy buenos precios–también es muy competitiva y en esta segunda subasta pudo colocar dos proyectos ganadores de generación.
Asimismo, en esta segunda subasta se observó que las energías renovables cada vez son más competitivas, especialmente la eólica y la solar. Además en ésta entró la hidroeléctrica en la compra de certificados y se espera que las otras tecnologías entren próximamente y en la medida que encuentren fórmulas para ser competitivas.
Los costos de producción de las generaciones eléctricas y eólica en México tienen lo precios más competitivos a nivel internacional de todas las subastas; quizás en solar hay algunas de menor precio, pero en eólica estamos mejor que los demás países y se dice fácil pero estos países llevan años con estos procesos.
En la última subasta se tuvieron precios promedio de 33.7 por MWh. En el caso de la generación solar se ubicó en 31.9 dólares, lo que compite con los que precios se obtuvieron en Francia (130.6), India (115.4), Reino Unido (98.8), Jordania (7.2), Perú (47.9)… solamente superado por el precio de Emiratos Árabes (29.7). Mientras que en energía eólica reportamos el precio 35.5 dólares, más bajo y mejor que en Reino Unido (145.5), Australia (67.7), Brasil (57.1) y Perú 37.3).
Y algo que resalta en las subastas mexicanas es que son proyectos grandes. Las subastas que se compran en los Emiratos Árabes, Perú, India y otros países quedan pequeñas comparadas con los proyectos mexicanos. No sólo son precios competitivos sino cantidades importantes.
En esta subasta se integró un nuevo elemento: la potencia, y se espera que para la tercera se pueda cumplir con el último Artículo Transitorio de la Ley de Transición Energética, el de implementar una Cámara de Compensación que pudiera permitir a otros participantes privados sumar su demanda a este proceso de subastas, en la evaluación y diseño de subastas.
No hay que olvidar que en 2018 al menos 5% de la energía que compren los usuarios y empresas del nuevo mercado mayorista mexicano deberá provenir de fuentes limpias.

LEA LA ENTREVISTA COMPLETA EN NUESTRA EDICIÓN 151, OCTUBRE, 2016.

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Plantas para generar energía se construirán con apoyo de la IP

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El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, participó en la rodada ciclista CDMX por la acción climática realizada en las primeras horas del domingoFoto Víctor Camacho
Laura Gómez Flores
 
Periódico La Jornada
Lunes 24 de octubre de 2016, p. 32
Con una inversión pública-privada de 3 mil 500 millones de dólares, el gobierno capitalina construirá la planta de biodigestión más grande del mundo, que reciclará 2 mil toneladas de desechos orgánicos al día, y una de termovalorización, donde se aprovecharán los residuos sólidos con valor energético para generar electricidad, cuya licitación se emitirá en menos de un mes.
En la rodada ciclista por la acción climática, con la que se inician las actividades del grupo de ciudades C40, cuya reunión se realizará del 30 de noviembre al 2 de diciembre en esta ciudad, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, afirmó que, pese a la restricción presupuestal federal, hay posibilidades de contar con esos recursos.
La participación de la iniciativa privada está planteada en su construcción, así como la emisión de un bono verde a escala internacional, pues será lo mejor para la ciudad, por lo que se revisa con todas las autoridades el sitio donde se ubicarán, lo cual estamos próximos a hacer el anuncio, señaló, aunque extraoficialmente se informó que ambas plantas se instalarán en el Relleno Sanitario Bordo Poniente.
Acompañado por representantes de las embajadas de Alemania, Francia y Estados Unidos, explicó que los recursos para la construcción de las plantas provendrán del día a día que tiene la ciudad, en el día a día de su energía, pues su puesta en marcha generará un ahorro en la electricidad que consumen las diversas instancias del gobierno capitalino.
Hoy, dijo, estamos muy concentrados con los diputados, con los senadores en el tema presupuestal, donde creo puede haber una acción importante; vamos a esperar y vamos a trabajar. De cualquier manera, la ciudad va a seguir funcionando.
Comentó que, por primera vez, se realizará en la capital del país la sexta cumbre de ciudades globales del mundo, de alcaldes interesados en mitigar el cambio climático, los cuales asumieron el compromiso de reducir 30 gigatones de CO2 para 2030 y la Ciudad de México de hacerlo en 10 millones de toneladas, para lo cual se prevé un avance de 45 por ciento el próximo año.
Por ello, es importante contar con la participación del sector privado en la construcción de esas dos plantas, pues no se podrá de otra manera ante la restricción presupuestal federal. No necesariamente es una privatización, sino una inversión público-privada, afirmó a su vez Eduardo Vega.
El titular del Consejo Económico Social, órgano no gubernamental formado por funcionarios, académicos, empresarios y miembros de la sociedad civil, señaló que la participación de “la iniciativa privada es bienvenida para potenciar y acelerar el paso en esta transición energética.
No veo ningún problema en concretar ese acuerdo, cuando es un camino viable si nos restringen los recursos federales y se requiere mitigar el volumen de basura que se envía a sitios de disposición final y reducir la facturación por energía, que es muy alta, puntualizó.

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Deudas y alta carga tributaria hunden a Pemex en la insolvencia

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Vista de la Torre de Pemex en la Ciudad de MéxicoFoto Francisco Olvera
Miriam Posada García
 
Periódico La Jornada
Lunes 24 de octubre de 2016, p. 22
Petróleos Mexicanos (Pemex) da muestras de insolvencia ante el endeudamiento y la alta carga tributaria que le exige el gobierno, advirtió la calificadora Fitch Ratings en un análisis de sensibilidad elaborado sobre la petrolera.
El analista Lucas Aristizábal destacó que el ciento por ciento de la deuda de Pemex se usa para pagar impuestos, por lo que se ve obligada a endeudarse cada vez más y no tener solvencia.
Afirmó que para el cierre de 2016 la deuda de la petrolera será de 100 mil millones de dólares, y aunque como parte de la reforma energética se pretende darle un respiro en materia financiera, resulta insuficiente.
La calificadora señaló que las reservas de crudo de la empresa tienen una vida de unos ocho años, sin embargo, acotó, presenta una reducción en sus niveles de producción e inversión que deben revertirse.
Fitch Ratings remitió este análisis de sensibilidad a la petrolera el pasado 21 de octubre, a nueve días de que la empresa divulgue sus resultados financieros y operativos correspondientes al tercer trimestre de 2016.
Pemex ha hecho un extraordinario nivel de transferencias al gobierno central, lo que ha forzado a la compañía a incrementar significativamente su nivel de endeudamiento, por lo que la calificadora consideró ineficiente el mecanismo autorizado por el gobierno para que la empresa reduzca costos y logre financiamientos.
Detalló que la petrolera debe pagar impuestos por producción de crudo y extracción, además de pagar dividendos.
Fitch Ratings señaló que Pemex ha sido un empresa muy competitiva en la producción de crudo y gas, sin embargo, advirtió que de mantener por un tiempo prolongado la baja en su plataforma de producción, y al no invertir lo suficiente para restablecerla podrá ponerla en riesgo y colocarla en una situación de inviabilidad, de peligro.
Señaló que a partir de 2015, que se introdujo el impuesto a la extracción de hidrocarburos, Pemex ha reportado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público alrededor de 52 mil millones de pesos, más todo lo que sume el resto de las contribuciones que debe entregar al Estado mexicano.
La calificadora señaló que Petróleos Mexicanos se mantiene como una compañía estratégica para México, pero destacó la estrecha relación que su situación financiera tiene con el riesgo soberano, sobre todo si la empresa sigue sacrificando inversiones y se mantiene el elevado nivel de transferencias a la hacienda pública.
Fitch Ratings consideró que Pemex podrá remontar el mal momento por el que atraviesa si se modifica su régimen fiscal y logra reponer reservas, sobre todo en un mercado donde los precios del crudo no volverán a ser altos y podrían estimarse entre 30 y 43 dólares por barril.
Resaltó que Pemex tiene que recurrir a la reducción de costos, como lo han hecho empresas petroleras de su tamaño para ser competitivas, y entre las medidas que recomendó está reducir el número de trabajadores.
Puntualizó que para Pemex el costo laboral es operativa y administrativamente muy alto, ya que representa alrededor de 50 mil millones de pesos al año.
Detalló además que durante 2015 la empresa redujo su fuerza laboral en 9 por ciento, lo que significó el retiro de 138 mil trabajadores y recordó que alrededor de 79 por ciento del personal es sindicalizado.

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TRABAJADORES DE LA JUNTA FEDERAL SE OPONEN A SU DESPIDO

*Demandan Garantías de que Mantendrán su Empleo una Vez que Desaparezcan las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Por el Licenciado Jesús Luna Hernández,
Especialista en Derecho Laboral,
Colaborador Voluntario de Frecuencia Laboral
Participación en el Programa del Sábado 22 de Octubre del 2016

Trabajadores de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, realizaron un paro de labores durante dos días, para reclamar certidumbre en su estabilidad laboral, luego de que la Cámara de Senadores realizó cambios constitucionales en los artículos 107 y 123, para la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como mecanismos para dirimir los conflictos obrero-patronales, para crear en su lugar tribunales laborales, bajo el control del poder judicial.
Las reformas fueron turnadas a la Cámara de Diputados el martes 18 de octubre del 2016, para su aprobación, ya que no podemos decir discusión, pues -como comúnmente se dice- "ya esta planchada".
Esta situación provoco inquietud entre los trabajadores de la Junta Federal quienes los días jueves 21 y viernes 22 de octubre del 2016 efectuaron un paro de labores y manifestaron que será indefinido. Colocaron banderas rojinegras y pancartas donde señalan que con la desaparición de las juntas se dejara a miles de trabajadores sin empleo y en estado de indefensión.
Sólo en la Junta Federal ubicada en la Ciudad de México, laboran cerca de 5 mil trabajadores, cuyos representantes anunciaron que se organizaran en guardias con el propósito de mantener el paro hasta que se les garantice el respeto a su empleo y derechos que tienen como trabajadores.
Este paro es organizado sin la representación sindical, quienes no se han aparecido para fijar su postura como sindicato de los trabajadores de la Junta Federal. Hay trabajadores que tienen antigüedades mayor a 20 años,
Ante estos acontecimientos el secretario de trabajo Alfonso Navarrete, en una entrevista que concedió a medios noticiosos, aseguró que no habrá ningún trabajador despedido y que se respetara sus derechos, también mencionó que está en disposición al diálogo y conminó a los trabajadores a estar tranquilos ya que se les reconocerá su antigüedad.
Señaló que quienes lo deseen podrán ser liquidados y se les otorgara un bono adicional. También el secretario de Trabajo se comprometió a impulsar ante el congreso de la unión, las modificaciones a la ley secundaria para que los trabajadores preserven sus empleos.
Una vez más se escuchan las promesas de los funcionarios que dicen que se respetaran los derechos de los trabajadores, ¿USTEDES LES CREEN? espero que los trabajadores de las juntas de conciliación y arbitraje, con base en su experiencia no admitan que les violenten sus derechos, sólo falta la reacción de los demás trabajadores. Posiblemente no estén informados o no consideran que les afecte esta reforma laboral.
Como antecedente tenemos que en el año 2012 se reformo la Ley Federal y se dijo que se hacía para que los trabajadores tuviesen una impartición de justicia plena, rápida y expedita, además de contar con mejores garantías en la impartición de justicia, cuestión que no a sucedió.
Expresamos nuestra solidaridad con los trabajadores de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 

El gobierno no previó recursos para reformar la justicia laboral

Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Lunes 24 de octubre de 2016, p. 17
No hay presupuesto adicional para aplicar la reforma en materia de justicia laboral, sostuvo la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), Darlene Rojas, y añadió que en el proceso de desaparición de esas instancias, el gobierno federal no previó recursos adicionales para los tribunales del Poder Judicial que las sustituirán, por lo que no alcanzarán los recursos para recambiar el modelo de justicia laboral en el país.
En entrevista, la funcionaria planteó que no hubo un estudio serio sobre las implicaciones de esta reforma y sólo se ha dicho que no tendrá un impacto presupuestal; si realmente se quiere mejorar la justicia para los trabajadores, se tendría que incrementar los recursos destinados a esta tarea, apuntó.
La reforma marca un cambio de modelo, pero sin recursos lo único que terminará pasando es que se pasará el presupuesto a las juntas al Poder Judicial, lo cual resultará a todas luces insuficiente para el esquema nuevo que se quiere establecer en todo el país, dijo.
El análisis que hizo el Poder Legislativo tuvo que haber pasado por las comisiones de presupuesto, donde se debió evaluar que los cambios que plantea son en varias vertientes: la creación de juzgados en el Poder Judicial, y de un organismo descentralizado a escala federal que tendrá el control de los registros de sindicatos y el depósito de los contratos colectivos de trabajo.
Además, en los estados la creación de organismos descentralizados para el tema de conciliación.
“Entonces, si seguimos pensando que por una modificación en la legislación se verá reflejado un cambio en la impartición de justicia, pasará lo mismo que en la reforma de 2012, que fracasó porque no hubo un presupuesto que pudiera darle efectividad y veremos en uno o dos años que ésta tampoco tuvo éxito por la misma razón, indicó Darlene Rojas.
En su opinión, este hecho pondrá en una situación crítica el cambio que se quiere llevar a cabo y puso como ejemplo que un estudio que se realizó al respecto revela que en la Ciudad de México los trabajadores de las juntas ganan menos que de los del Tribunal Superior de Justicia. Cabe preguntar cómo se recontratará al personal, asentó.
Está en entredicho, aseguró, el éxito de la reforma, ya que en su conformación no se retomaron las opiniones de todos los sectores involucrados y, además, si no hay un presupuesto designado para darle cumplimiento, fracasará.

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Marchan por los 43 en el cierre del Cervantino

La marcha de los normalistas. Foto: Verónica Espinosa
La marcha de los normalistas. Foto: Verónica Espinosa

Marchan por los 43 en el cierre del Cervantino

GUANAJUATO, Gto. (proceso.com.mx).- Por segundo año consecutivo, alumnos de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa marcharon por las calles del centro de la ciudad en el cierre del Festival Internacional Cervantino, esta vez demandando que tras su crucial captura, el exjefe de policía de Iguala, Felipe Flores, dé información que esclarezca el paradero de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014.
“Este movimiento puede terminar mañana si nos dicen dónde están nuestros compañeros”, dijo Ernesto Guerrero, normalista sobreviviente.
Exigió a la SEIDO actuar sin trampas para obtener de Flores la información “como ha ocurrido con otros detenidos” y señaló que los abogados de los padres darán seguimiento a la presentación del exmando policiaco lo más cercano posible.
También demandó al gobierno federal eliminar los obstáculos que se ponen a la instrumentación del mecanismo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para acompañar a los padres de los 43, al acusarlo de actuar igual que con el grupo internacional de expertos, el GIEI.
“La exigencia es que ‘descoculicen’ el caso, ‘descoculicen’ la investigación, quieren seguir haciendo peritaje más peritajes cuando eso ya está agotado”, dijo Guerrero, quien anunció que  este lunes iniciarán un plantón en las cámaras de Diputados y Senadores.
Detenido el viernes según el anuncio del comisionado Renato Sales, Felipe Flores era jefe de la Policía Municipal y colaborador del entonces alcalde José Luis Abarca cuando se desataron los ataques contra los normalistas y la desaparición de 43 de ellos, quienes fueron detenidos y transportados en patrullas de esa corporación.
“Las patrullas 019, 020, 022 -aún recuerdo sus números- fueron las que trasladaron a mis compañeros con rumbo desconocido.
“Siempre lo hemos dicho y él como jefe de la Policía Municipal debe dar la información de a dónde llevaron a nuestros compañeros, con quién y para qué. Él puede dar información muy fuerte quizás, pero muy importante para dar con su paradero”, dijo aquí el estudiante.
El normalista sobreviviente dijo que en virtud de que fueron los policías municipales los que detuvieron a sus compañeros y éstos nunca pisaron los separos en Iguala, el exjefe policiaco debe saber a dónde ordenó llevar a los alumnos de la “Isidro Burgos” que siguen desaparecidos.
“La exigencia es que no sea un detenido más como los cientos que hay. Él como jefe de policía dio las órdenes directas a los policías de a dónde trasladar a mis compañeros… estuvimos en los ataques, vimos las patrullas, entonces como jefe cuáles fueron sus indicaciones”, reiteró Ernesto.
“Los policías municipales sólo pudieron recibir y obedecer órdenes del presidente municipal y del jefe de policía, de nadie más”, insistió.
Acompañados de colectivos civiles guanajuatenses como el Constituyente Guanajuatense e integrantes de Amnistía Internacional, estudiantes del primer año de la Isidro Burgos marcharon hasta la Plazuela de San Roque, escenario de los Entremeses Cervantinos, donde se efectuó un festival artístico y musical.
Los alumnos dijeron estar comprometidos con la lucha que llevan sus compañeros en la búsqueda de los 43 desaparecidos, así como los otros dos alumnos que fueron asesinados el pasado 4 de octubre en un presunto asalto.
“Aquí no hay que culpar tanto al narcotráfico o esas situaciones, porque sabemos quiénes son los que mandan a estas personas. El gobierno es el que maneja a ese tipo de gente, los compañeros fueron asesinados; venían de sus prácticas docentes de Chilpancingo, compañeros de cuarto grado, que ya iban a egresar”.
Ellos continúan con sus estudios en la Normal “con diferentes mecanismos, horarios, porque las dos cosas son importantes, la lucha y la cuestión académica, esa no la dejamos de lado. Ninguna de las dos”, concluyeron.

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EX BRACEROS RECLAMAN EL PAGO DE SUS AHORROS PARA EL RETIRO

*Piden a la Suprema Corte que Ratifique el Amparo que Ganaron en donde se Ordena Pagarles 1 Millón 96 Mil Pesos.
*Llevan 45 Años Luchando por la Devolución del Dinero que el Gobierno Mexicano les Robó.
*Se Trata de una Parte de su Salario que Ahorraron para su Retiro...Es su Dinero.

Mi nombre es Efraín Arteaga, Coordinador General

de la Coordinadora Binacional de Ex Braceros.

Entrevista para Frecuencia Laboral: El Espacio donde los Trabajadores son la Noticia
Publicación Original del Portal www.frecuencialaboral.com
El miércoles 19 de octubre del 2016 los ex braceros marcha del Hemiciclo a Juárez hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ciudad de México.
En la Corte no nos atendieron los ministros porque estaban en sesión, pero el director general de la ponencia nos aclaró que el miércoles 26 de octubre del 2016, la segunda sala de la Suprema Corte, va a decidir si atrae el caso de los ex braceros o si lo regresan al décimo primer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito.
Nosotros creemos que la Corte va a atraer el caso, por lo tanto ahí vamos a estar el miércoles 26 de octubre del 2016, coordinadores de todos los estados y una vez que la corte lo atraiga van a nombrar un ministro ponente y pondrán una fecha, en dos o tres meses, para dictar su resolución definitiva sobre el fondo del asunto,
Es decir, si se ratifica la sentencia de amparo que ganamos en primera instancia, que dictó la jueza Ana María Sánchez Cordero, el 29 de febrero del 2015, en donde le ordena a al presidente Enrique Peña Nieto pagar la deuda histórica, ya no un apoyo social (de 38 mil pesos que diputados y gobierno acordaron pagarles). La jueza ordena que a cada ex bracero le deben pagar u n millón 96 mil pesos.
En esta demanda de amparo que ya ganamos entraron más de 9 mil compañeros de 12 o 13 estados de la República, pero en el juzgado de distrito donde interpusimos la demanda eliminaron a muchos porque no firmaron parecido a la credencial de elector o porque les faltaba algún documento. Por lo cual el amparo protegió a poco más de 5 mil 600 compañeros.
Si esta sentencia es ratificada por la Suprema Corte el ejecutivo tendría que pagarles ese millón 96 mil pesos a los que fueron acreditados , pero abrirán un camino para que los sigan los demás.
Hoy sobreviven 3 millones 233 mil 725 ex braceros o sus beneficiaron, que pueden reclamar legalmente. Nos parece que eso es lo que teme el poder ejecutivo, porque dejaría un precedente para todos estas personas que ahorraron una parte de su salario para su retiro y nunca les regresaron sus depósitos. 

"La política neoliberal ha llevado al país a una situación de desastre", advierten en foro

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El general retirado Samuel Lara Villa participó en el Encuentro nacional por la paz, la justicia, la democracia y la soberanía, que se llevó a cabo en la Universidad ObreraFoto María Luisa Severiano
José Antonio Román
 
Periódico La Jornada
Lunes 24 de octubre de 2016, p. 11
El desastre nacional que vive México, producto de una grave crisis política y económica; la inseguridad; una permanente y sistemática violación de los derechos humanos; la corrupción, y la impunidad, exige con urgencia la conformación de un frente amplio de fuerzas progresistas que rescate el país y elabore un programa nacional de salvamento.
Estas son las conclusiones preliminares del Encuentro nacional por la paz, la justicia, la democracia y la soberanía, realizado durante dos días en la Universidad Obrera, convocado por diversos actores y organizaciones de izquierda, así como defensores de derechos humanos.
En el documento, resultado de cuatro mesas de trabajo y presentado ayer en la plenaria, se advierte que México vive uno de los peores momentos de su historia, donde está amenazada peligrosamente su soberanía e integridad territorial por el despojo de su territorio y bienes naturales a manos de las grandes empresas y el capital.
La política neoliberal, en tanto representación del capital, ha llevado al país a una situación de desastre nacional, por lo que se impone la necesidad urgente de un programa de salvamento, donde se sientan representados los diversos sectores sociales agraviados por la política dominante, señalan las conclusiones de la segunda mesa de trabajo.
Además, en la resolución inicial del encuentro, se advierte la necesidad de que las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda trabajen en unidad, por lo que propusieron trabajar en la conformación de una comisión promotora de la unidad, que reúne al mayor número de organizaciones, movimientos, frentes, redes y luchas, así como a intelectuales y académicos.
Ubicaron aquí a movimientos que vayan desde el zapatismo y la resistencia y defensa de los pueblos originarios, pasando por las luchas de los trabajadores de la ciudad y del campo, a las comunidades eclesiales de base, hasta los pequeños y medianos empresarios que buscan también un cambio en la política económica y social del país.
En la presentación de los conclusiones de las mesas de trabajo, el religioso dominico y director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha Malo, señaló que la primera condición para esgrimir los derechos humanos es el derecho inalienable para decidir autónomamente nuestro régimen político y nuestra forma de organizar la economía, garantías individuales que hasta ahora han sido vulneradas.
No hay vigencia de ninguno de los derechos humanos si no partimos de esa plataforma básica, indicó Concha Malo, quien añadió que uno vive con vergüenza, al ver cómo el gobierno, con estas políticas neoliberales, está entregando a los intereses del extranjero nuestros recursos y bienes naturales, mediante el robo, el saqueo y la dominación.
Al término del encuentro se aprobó que estas primeras relatorías serán la base del pronunciamiento final del encuentro, que será dado a conocer el 20 de noviembre.

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Empleados del IMSS, Issste y Ssa marchan contra la privatización del sector salud

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La marcha contra el sistema universal de salud y la privatizacion del IMSS, Issste y Ssa, partió ayer del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalinoFoto María Meléndrez Parad
Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Lunes 24 de octubre de 2016, p. 16
Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Issste y de instituciones de la Secretaría de Salud, tanto activos como jubilados, marcharon ayer contra la privatización de las instituciones. Denunciaron que es un engaño la supuesta universalización de los servicios de salud , pues en aras de incorporar a más personas al Seguro Popular, no serán atendidas diversas enfermedades.
Durante el mitin en el Zócalo capitalino, luego de su recorrido desde el Ángel de la Independencia, denunciaron además la falta de presupuesto para el sector, la precarización de situación laboral, y la inseguridad que padecen.
En esta movilización que realizaron precisamente en el conrexto del Día del Médico, la avanzada de la marcha portaba una enorme manta roja y negra, en la que sintetizaban sus demandas: Por una mejor atención a la salud del pueblo de México; rechazamos la universalidad de los servicios que propone el gobierno; y el desmantelamiento de las instituciones públicas de salud. No a la criminalización de los trabajadores.
Todos vestidos de blanco, en pancartas y consignas denunciaron que las condiciones del servicio que actualmente se otorga a los ciudadanos se debe al deterioro de las instituciones, la falta de insumos, equipo y personal. Esta lucha no es contra los pacientes, es también por ellos, nosotros somos también derechohabientes, indicaron en una manta.
En el mitin anunciaron que la movilización también busca constituir un gran frente nacional de trabajadores operativos del sector salud, e impulsar un pliego petitorio sobre sus derechos laborales y de seguridad.
Representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Salud, denunciaron que el gobierno federal quiere ensanchar el Seguro Popular, y paradójicamente está recortando el presupuesto del sector salud para el próximo año, lo que provocará que se reduzca más el nivel de atención.
Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de Militares en Retiro, Hernando Martínez Aguilar, expuso que el personal de salud sufre además por malas condiciones laborales y despidos, del desmantelamiento de los esquemas de atención, y de las instituciones; así como reclamos y criminalización por los ciudadanos.
Indicó que los trabajadores están en la indefensión total y enfrentan la situación de que cada día crece la demanda de servicios, además de que mientras hacen falta médicos, especialistas, enfermeras y personal técnico, hay despidos de los mismos.
Equipo obsoleto y fármacos escasos
Trabajadores a título personal también tomaron la palabra, para señalar que hay enorme desabasto de medicamentos, que gran parte del equipo que utilizan es obsoleto o no sirve, y las sobrecargas de trabajo son brutales, pero quienes reciben las denuncias, quejas no son las instituciones, sino el personal.
Otro más planteó que también viven una fuerte situación de inseguridad, sobre todo cuando son enviados a provincia a realizar prácticas, o en la ciudad, debido a que por las características de su trabajo, realizan guardias nocturnas, salen de madrugada o se tienen que desplazar de noche, por lo que muchos médicos y enfermeras han sufrido asaltos y ataques.

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