domingo, 31 de diciembre de 2017

Comunicado a la Resistencia SMEita.

A la digna Resistencia SMEita,
A sus Órganos Representativos y de Gobierno.
Salud.

Concluye el año, iniciamos otro en medio de una situación compleja, más no imposible de remontar con la férrea unidad combativa de nuestro SME. 

Aquellos que sugieren, como promoción propia al interior de su derechizado partido, atar una piedra al cuello del SME para luego arrojarla al fondo del rio, se equivocan. Nomas imagínense a Olga Sánchez Cordero, la ex Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , como nueva Secretaria de Gobernación; sí, la misma ex Ministra que votó por la revocación del amparo que nos daba el derecho al patrón sustituto el 30 de enero de 2013, queriendo revertir los avances de nuestro movimiento. Sería tanto como poner al país en las manos del mismo poder oligarca que violento nuestros derechos humanos y laborales.

Nuestro camino es otro. Mantener la férrea unidad de nuestro movimiento, esforzarnos por construir nuevas alianzas con el pueblo y sus resistencias al despojo neoliberal, concretar nuestros proyectos económico con lo logrado en 8 años de digna lucha de resistencia, avanzar en el despegue de las Unidades Productivas autogestivas de nuestra Cooperativa LF del Centro, avanzar en la recuperación de nuestra zona y materia de trabajo para la reinserción de todos los y las compañeras en resistencia.
En las elecciones todos seremos libres de votar por el partido o candidato de la preferencia de cada quien, sin dejar de mencionar que nuestra organización defiende principios emancipatorios y anticapitalistas.

Mañana tenemos que avanzar evitando la división que tan desesperadamente promueven los que, a cada paso que al frente damos, se ofrecen como aliados del enemigo para intentar acabar con el SME y echar abajo los resultados de su lucha histórica.

No podrán. En 2018 estamos forzados a consolidar a nuestra cooperativa. Esta es tarea de todos y habrá una reorganización de nuestras fuerzas para tomar nuevas iniciativas que incorporen al proceso a la mayoría de las y los compañeros que estén dispuestos a dar el siguiente paso. Cerramos 2017 con Juárez 90 y Xochinahuac en nuestro poder, con la colocación de la primera piedra de la Planta de Ciclo Combinado Jorge Luque y con las Unidades Productivas echando a andar importantes proyectos productivos. En 2018 vamos a despegar, vamos a demostrar, como ya lo hemos hecho, que podemos.

Feliz Año Nuevo camaradas.
Un abrazo combativo y fraterno.
¡¡SALUD Y REVOLUCIÓN SOCIAL!!
José Humberto Montes de Oca.
Secretario del Exterior.
CDMX a 31 de Diciembre de 2017.

miércoles, 27 de diciembre de 2017

Misa en la Basílica por los 43 normalistas de Ayotzinapa

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Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en el municipio de Iguala, en 2014, ayer, durante la misa oficiada por el obispo Raúl Vera, en la Basílica de GuadalupeFoto Yazmín Ortega Cortés
Fernando Camacho Servín Sergio Ocampo Arista
Reportero y corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de diciembre de 2017, p. 5
Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos pidieron a la Virgen de Guadalupe que toque el corazón de piedra de los gobernantes que no les han permitido dar con el paradero de sus hijos, y anunciaron que seguirán recorriendo el país para alzar la voz hasta encontrar verdad y justicia.
Al cumplirse 39 meses de la desaparición forzada de los estudiantes, ayer se realizó una marcha de los familiares y compañeros de los 43, que partió de la Glorieta de Peralvillo rumbo a la Basílica de Guadalupe, en medio de consignas y mantas con el nombre y rostro de las víctimas.
Al llegar al templo, padres y madres de los normalistas realizaron un mitin en las afueras, tuvieron un breve forcejeo con policías que querían impedirles acercar la camioneta donde transportaban sus bocinas a las rejas de la Basílica. Poco antes de las 16 horas, se les notificó que podrían pasar a la Basílica y escuchar la misa que oficiaría el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, en el altar principal del recinto.
Durante la homilía, Vera dio la bienvenida a los padres y madres, y subrayó que su única falta ha sido no rendirse en la lucha por encontrar con vida a sus hijos, y fustigó a los servidores públicos que les han puesto obstáculos para llegar a la verdad. ¿Por qué los tratan así? Porque (los malos servidores públicos) odian el bien y la justicia, porque con ellas no acumulan dinero, enfatizó el obispo desde el púlpito.
Además de pedir a la Virgen que dé fuerza a los familiares de los jóvenes desaparecidos en la búsqueda de sus hijos, Vera rezó por que los gobernantes del país hagan su trabajo de impartir justicia en el caso de víctimas de desaparición.
A invitación del obispo, Hilda Legideño e Hilda Hernández, madres de dos estudiantes agredidos la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, subieron al altar a leer un pronunciamiento. Venimos con la esperanza de que nuestro rezo sea escuchado y nuestro clamor de justicia sea atendido. Nuestra fe en el Dios de la vida nos da la certeza de que nuestra lucha no será en vano, señalaron.
Tras la ceremonia, Vera se encontró de nuevo con los familiares de los 43, en medio de aplausos y gritos de queremos obispos al lado de los pobres. Tras saludarlos, afirmó que sus exigencias son la punta de lanza para salvar al país de más sufrimientos.
Llaman a boicotear candidatura de Ángel Aguirre en Guerrero
En Chilpancingo, Guerrero, María de Jesús Tlatempa, madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa, uno de los 43 normalistas desaparecidos, llamó a boicotear la candidatura del ex gobernador perredista Ángel Aguirre Rivero, quien inicia este miércoles su campaña en el municipio de Ayutla de los Libres como candidato a diputado federal por el distrito 8, con sede en la región Costa Chica.
Tlatempa aseguró que Aguirre “estuvo con los cómplices de los hechos de septiembre de 2014, entre ellos, el ex procurador de Guerrero Iñaki Blanco, José Luis Abarca, ex edil de Iguala y su esposa María de los Ángeles Pineda, además del entonces procurador general Jesús Murillo Karam.

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Ley de Seguridad Interior “haiga sido como haiga sido”


 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La imposición de la Ley de Seguridad Interior equivale al “haiga sido como haiga sido” de Felipe Calderón cuando justificó que se haya quedado con la Presidencia de la República por encima de las prácticas democráticas.
Al promulgar la Ley de Seguridad Interior con el conocimiento de que es un dechado de violaciones constitucionales, el presidente Enrique Peña Nieto mostró también su desprecio al espíritu del régimen democrático.

Las formas no bastan para la democracia. El Legislativo, en efecto, aprobó la cuestionada ley, y el Ejecutivo la promulgó. En los siguientes meses le tocará revisarla a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la máxima representación del Poder Legislativo.
Cualquiera diría que hay una efectiva división de poderes. Pero un régimen democrático es mucho más que eso. Es también la prevalencia de la autoridad civil sobre los militares, el respeto permanente a los derechos humanos y la transparencia y rendición de cuentas respecto de las prácticas del poder.
Esas son las principales carencias de la ley. Por eso, aunque sea legítima, es rechazada por un amplio sector de la sociedad y por la comunidad internacional de los derechos humanos. El fondo, lo que defienden es un régimen en el que los militares estén plenamente subordinados al poder civil.
Un presidente que publica leyes a sabiendas de que son contrarias a la Constitución es un gobernante autoritario y faccioso que perturba en lugar de tranquilizar al país.
Como continuador de las prácticas violentas de Calderón, Peña Nieto acabó siendo tan autoritario como su antecesor, apoyados sólo en la formalidad democrática.
Irónico, ofrece no promulgar ninguna Declaratoria de Protección de Seguridad Interior mientras la Suprema Corte no resuelva las impugnaciones a la ley.
Sabe que la Corte difícilmente echará abajo la ley. Se necesitan ocho de los once ministros para echarla al basurero por sus violaciones a la norma máxima del país. Sabe también que mientras se resuelve, la ley se podrá poner en marcha por ser de aplicación obligatoria. Es decir, aunque no haya una Declaratoria de Protección de Seguridad Interior, las demás disposiciones podrán aplicarse.
Entre ellas, lo que los militares puedan hacer “por sí mismos” en razón de la seguridad interior. Al margen de la Declaración, las Fuerzas Armadas llevarán a cabo “acciones de seguridad interior que sean necesarias, pertinentes y eficaces” para “identificar, prevenir y atender riesgos” detectados en la Agenda Nacional de Riesgos (ANR).
Así de amplias e imprecisas son las atribuciones de la ley, pues la ANR es un documento que desconocemos porque es reservado por ser de seguridad nacional.
Como presidente, Peña Nieto promulgó una ley a favor de una facción, la de la casta militar mexicana que históricamente ha sido ajena a la transparencia y la rendición de cuentas, sobre todo en casos de crímenes de lesa humanidad.
La ley ya es una realidad. Los militares mexicanos han ganado más que un marco jurídico. Lograron hacer más grande su bolsón autoritario.
Comentarios: @jorgecarrascoa

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Minas legales e ilegales ponen en riesgo abasto de agua en Colima

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La sierra de Manantlán, que abarca territorio de Colima y Jalisco, es una de las zonas de recolección de agua pluvial más importantes de la región y también una de las más ricas en minerales, principalmente hierro, que desde 1961 explota la empresa Peña ColoradaFoto Juan Carlos Flores
Juan Carlos Flores
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de diciembre de 2017, p. 23
Colima, Col.
La minería legal y la que realizan grupos del crimen organizado representan un riesgo para el suministro de agua potable en la entidad, debido a la contaminación con arsénico, de acuerdo con estudios de las universidades de Colima y de Harvard.
De acuerdo con el ex director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (Ciapacov), Óscar Valencia Montes, las actividades de la minera Peña Colorada, del Grupo Ternium (que forma parte del grupo italo-argentino Techint) y de las siderúrgicas Hylsa y Grupo Imsa ha causado severos daños al entorno y a los acuíferos, al talar alrededor de 62 mil árboles, según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en perjuicio de más de 300 mil habitantes de ambos municipios.
Valencia Montes indicó que la extracción de hierro a cielo abierto es una de las actividades más contaminantes del aire y el agua, y se intensificará porque Peña Colorada descubrió recientemente un yacimiento valuado en 20 mil millones de dólares.
El ex funcionario llamó a tener cautela y a no poner en peligro el abasto de agua para Colima y Villa de Álvarez.
De acuerdo con la Secretaría de Economía, en la entidad hay 964 concesiones mineras, de las cuales 359 están vigentes y abarcan 356 mil hectáreas, es decir, más de 60 por ciento del territorio estatal. Treinta y un concesiones son para explotación de sal y el resto para materiales pétreos: en Colima hay 43; en Manzanillo, 115; en Villa de Álvarez, 12; en Tecomán 35; en Coquimatlán, 32; en Ixtlahuacán, 34; en Minatitlán, 44; en Armería, 15, y en Comala, seis.
Algunos yacimientos de hierro no registrados son explotados por la delincuencia organizada en Chanquehahuil, municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.
Según Jesús Michel Prudencia, habitante de esa región, los criminales arrasan con caminos, mantos freáticos y ríos, así como especies protegidas de flora y fauna.
Michel Prudencia aseveró que día y noche decenas de camiones bajan hasta con 40 toneladas del mineral por caminos sinuosos hacia Manzanillo, donde les pagan 40 dólares por tonelada.
Nadie sabe exactamente quiénes son los propietarios, pero no tienen permisos ni estudios de impacto ambiental, indicó.
Adalberto Torres, vocero de la minera Peña Colorada, aseguró que ninguno de esos camiones es propiedad de la empresa, ya que el material que ésta extrae se baja por gravedad en ferroducto hasta Manzanillo. Las concesiones de esos terrenos son nuestras, pero ahí no hay trabajos de nosotros. Ni siquiera hemos hecho exploraciones, sostuvo.
En 2013 la minera Peña Colorada interpuso una denuncia por robo ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, y aunque agentes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) han clausurado en dos ocasiones dos minas, la actividad continúa debido a la falta de supervisión y a la lejanía de los yacimientos.
Como las actividades mineras de Peña Colorada y las ilegales se realizan cerca de Cerro Grande, una reserva natural protegida donde nacen los manantiales de Zacualpan y principal zona de abastecimiento de agua para consumo humano, podrían contaminarse los pozos profundos de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez.
Riesgos para la salud
De acuerdo con un estudio elaborado por las universidades de Colima y de Harvard, dado a conocer en marzo pasado, las aguas de la entidad contienen altas concentraciones de arsénico, lo que aumenta el riesgo de padecer diversos tipos de cáncer.
La investigación, realizada en 2016, se concentró en identificar riesgos para la salud en caso de ingestión crónica de arsénico en el agua potable, para lo cual se tomaron muestras de 36 pozos en 10 acuíferos de la entidad, principalmente de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez.
En el estudio se indica que las altas concentraciones de arsénico en aguas subterráneas podría ocasionar 446 casos de cáncer y otras enfermedades.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos inició una queja de oficio contra la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), que descalificó los estudios académicos con el argumento de que las muestras no se analizaron en laboratorios certificados.
El Congreso del estado exhortó en marzo pasado al gobernador priísta José Ignacio Peralta Sánchez y al gobierno federal a que instruyan a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional del Agua a realizar a la brevedad posible un estudio sobre las concentraciones de arsénico en el agua de Colima.

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El agua de Magdalena Peñasco, contaminada


Néstor Jiménez
 
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de diciembre de 2017, p. 24
Expertos de la Universidad Autónoma Chapingo advirtieron que poco más de 3 mil 500 habitantes del municipio de Magdalena Peñasco, Oaxaca, corren riesgo debido a que el agua de la localidad está contaminada con metales pesados, lo cual también afecta la producción de alimentos.
En el agua de esta localidad ubicada en la Sierra Alta del estado también se detectaron altas concentraciones de hierro, alertaron el subdirector de extensión y servicios de esa casa de estudios, Pedro Ponce Javana, y Rafael Sánchez Bravo, investigador especializado en recursos hídricos.
Tanto niños como adultos de la zona han presentado problemas dentales y otras afectaciones a la salud. Los investigadores de Chapingo agregaron que se ha multiplicado el gasto en agua embotellada en ese municipio marginado y de alta dispersión poblacional.
La universidad instaló en la comunidad siete módulos de captación de agua de lluvia en planteles de educación preescolar, básica y media superior, así como lavaderos especiales para comedores escolares e infantiles. Con ello buscan beneficiar a unos 600 niños mixtecos. Asimismo, con el Programa de Extensión y Vinculación Universitaria se pretende ofrecer acceso a agua de mayor calidad para consumo humano.
El proyecto se realizó en las zonas rurales, consideradas prioritarias porque ahí no se asoman los servicios básicos, y se protegerá la salud pública, pues el suelo es arcilloso y contiene materiales pesados.
Con cada uno de estos módulos se espera captar 72 mil litros y en los planteles beneficiados se prevé un ahorro de 32 mil 850 pesos por año en garrafones de agua purificada.
El séptimo módulo de captación y purificación de agua se instaló en la casa de una de las familias damnificadas por los sismos del pasado septiembre.

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Pobladores de Ayutla escarban en el lecho de un río para conseguir agua

Aseguran que la Conagua entregó un proyecto hidráulico hace dos años y ya fue autorizado, pero no hay recursos para llevarlo a cabo
Los afectados huyeron de la violencia en Coyuca
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Niños de la comunidad La Libertad de la Unión, municipio de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica de Guerrero, llevan a sus casas cubetas con agua sucia del río de la localidadFoto Sergio Ocampo
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Niños desplazados por la violencia escarban para conseguir agua junto al río casi seco de la comunidad Libertad de la Unión, municipio de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica de GuerreroFoto Sergio Ocampo
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de diciembre de 2017, p. 22
Ayutla de los Libres, Gro.
Todos los días, al regresar de la escuela, Bernardo, de aproximadamente siete años, y vecinos de la misma edad, llevan al río cubetas para acarrear a sus hogares agua contaminada, pues el gobierno ha incumplido su promesa de introducir drenaje y agua potable en la comunidad La Libertad de la Unión, en este municipio de la Costa Chica.
Como en diciembre el río se empieza a secar, Bernardo y sus amigos tendrán que escarbar en el lecho del río.
La Libertad de la Unión es un caserío de reciente creación donde viven 11 familias (alrededor de 56 personas, 36 de ellas niños). En 2013 debieron refugiarse en esta zona a causa de la violencia en varias comunidades del municipio de Coyuca de Catalán, en la región de la Tierra Caliente.
Bernardo Díaz Pérez, policía comunitario, explicó que carecen de agua potable desde el 10 de marzo de 2013, cuando llegaron a La Libertad de la Unión. Desde entonces hemos pedido el servicio al gobierno estatal.
Indicó que les pidieron un proyecto “y un ingeniero de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) lo entregó hace dos años, pero todavía traemos agua del río. Pronto se secará y tendremos que escarbar para sobrevivir.
Nos dicen que el proyecto ya está autorizado y que sólo faltan recursos para hacerlo, pero mientras no tenemos agua. Ya vamos a cumplir cinco años así. Ellos (el gobierno) hicieron una ley (de los desplazados) para nosotros. Todo lo que dice es muy bonito, que tendremos todos los servicios, pero en la realidad no hay nada.
Junto con el proyecto para suministro de agua presentaron al gobierno del estado uno para fabricar tabicón. Podemos obtener arena y agua cuando llueve; esa sería una fuente de trabajo. Tampoco han tenido respuesta.
Refirió que resultaron afectados por el huracán Max y por los sismos recientes. Vimos mucho apoyo en otros sitios, pero aquí Protección Civil del estado ni siquiera vino a ver cómo estábamos. No saben si seguimos viviendo o nos chingó el desastre. Mandamos mensajes por diversos medios al gobierno para decirle cómo nos afectó la tragedia, pero nadie se ha presentado. Vimos cómo pasaban patrullas con ayuda, pero nada nos entregaron los del gobierno.
Escasez en aumento
A pesar de que varios ríos cruzan el estado, la escasez de agua se ha agravado en años recientes.
Uno de los compromisos de campaña del presidente Enrique Peña Nieto, firmado ante notario público, fue resolver la insuficiencia de agua en Chilpancingo. Falta un año para que termine su gestión y el desabasto sigue siendo uno de los principales problemas en la capital.
En 2013, tras el huracán Ingrid y la tormenta Manuel, Peña Nieto prometió una inversión de 37 mil millones de pesos en obras, entre ellas el suministro de agua potable en varios municipios, pero no llegaron los recursos.
En Chilpancingo, 35 por ciento de las 600 colonias, ubicadas en zonas altas, no tienen agua potable ni drenaje.
Más de 60 por ciento de la tubería de la capital está colapsada o es obsoleta, y existen al menos mil tomas clandestinas.
Tampoco hay alcantarillas marginales en las 34 barrancas de la capital, y en tiempo de lluvias las aguas negras bajan al río Huacapa, que atraviesa la capital.
El pasado 21 de octubre, pobladores del barrio de San Mateo y de toda la zona oriente denunciaron que cuatro manantiales que abastecen a una decena de colonias de Chilpancingo han sido contaminados con aguas residuales de las oficinas del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, entre otros edificios.
Las oficinas se construyeron en la gestión de Zeferino Torreblanca (2005-2011). Desde entonces han resultado afectados los manantiales de la barranca de Apatzingo, que surten a varias colonias de la ciudad.
Vecinos indicaron que se instalaron sanitarios y los desechos llegan a la barranca y atraviesan los manantiales”.
En julio de 2015 denunciaron a la Secretaría de Salud que esta contaminación se ha convertido en un problema sanitario, pues el agua es utilizada para beber y para limpieza. Ya hay cuatro manantiales contaminados. Además, aseguraron, hay un criadero de chivos y cuando algún animal muere lo arrojan a un lado de los manantiales.
El pasado 19 de octubre, después de la contingencia provocada por el huracán Max, la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero informó que se rehabilitaron los sistemas de agua potable de 60 por ciento de las localidades que resultaron afectadas.
La comisión local tiene un padrón de aproximadamente 42 mil usuarios, pero sólo 17 mil pagan. Este problema dificulta pagar nómina y prestaciones al personal y a la Comisión Federal de Electricidad.

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El dólar se cotiza hasta en 20.22 pesos en bancos

 
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El dólar continúa en ascenso y este miércoles se vende hasta en 20.22 pesos en sucursales bancarias.
En en casas de cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) el billete verde promedia en 19.74 pesos por unidad.

Ayer, la Comisión de Cambios –integrada por el secretario y el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, el gobernador del Banco de México y dos miembros de su junta de gobierno– decidió subastar 500 millones de dólares en coberturas cambiarias divididas en dos bloques de 250 millones cada una, ante la alta volatilidad que ha registrado el mercado cambiario en los últimos días.
Sin embargo, la medida no atenuó la caída del peso mexicano, que suma hoy su sexto día consecutivo con pérdidas ante el dólar.
De hecho, el peso fue la divisa más depreciada ante el dólar, pues varias de ellas consiguieron avances considerables ante la moneda estadunidense, en particular las monedas de economías emergentes, a consecuencia de un fortalecimiento de los precios del petróleo en el mercado de materias primas, de acuerdo con el análisis del Banco Base.
Según dicha fuente, el desempeño del tipo de cambio está relacionado con un incremento de las apuestas a favor del dólar estadunidense y en contra del peso, pues se prevé que el inicio de 2018 sea de alta incertidumbre por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), las elecciones presidenciales en México y los posibles efectos de la reforma tributaria de Estados Unidos sobre los flujos de capitales del país.
En tanto, el euro se valora a la compra en 23.30 pesos y a la venta en 23.99 pesos.
La libra se cotiza en 24.00 pesos para su adquisición y 27.49 pesos para su expedición; el yen se compra en 0.15 pesos y se vende en 0.23 pesos.

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Uno de cada 5 jóvenes que busca trabajo en América Latina no lo encuentra: OIT

La tasa de desempleo en el sector supera 20% en Brasil y Argentina; en México no llega a 10
Laura Poy Solano
 
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de diciembre de 2017, p. 28
En América Latina y el Caribe al menos uno de cada cinco jóvenes que busca empleo no puede encontrarlo, lo cual afecta a 10.2 millones de personas, alerta la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
A ello se suma que el desempleo en el caso de las mujeres alcanzó, más de dos dígitos, por primera vez en lo que va de la década, al llegar a 10.4 por ciento de esta fuerza laboral.
En el Panorama Laboral de América Latina y el Caribe 2017, presentado recientemente por el organismo multinacional, se revela que en la región 26.4 millones de personas buscan trabajo sin lograr acceder a una fuente de empleo, lo cual representa un incremento de 2 millones de desempleados, en comparación con la estadística registrada en el año anterior.
En el documento se agrega que si bien se presenta un repunte económico en la región y se estima un crecimiento promedio de 2 por ciento para las economías latinoamericanas en el año 2018, esta cifra todavía se mantiene muy por debajo del nivel de 5 o 6 por ciento que requieren estos países para hacer una diferencia contundente en cuanto a la informalidad y la calidad del empleo que se ofrece.
Uno de los sectores más afectados por la falta de oportunidades laborales, se destaca en el informe, son los jóvenes, quienes enfrentan tasas de desempleo que triplican la desocupación de los adultos; por primera ocasión en lo que va de la década la tasa de jóvenes desocupados estuvo muy cerca de 20 por ciento, pues se situó en 19.5.
Se detalla que a escala regional, la tasa de desocupación juvenil varía por país, desde 6.6 a 29.8 por ciento en años recientes, aunque únicamente en seis de 16 naciones de la región la media del desempleo de los jóvenes superó en 2017 la tasa de 20 por ciento. Entre ellos se ubicaron Brasil, Jamaica, Uruguay, Argentina, Costa Rica y Paraguay, mientras que Guatemala, México y Ecuador presentan tasas inferiores a 10 por ciento.
El organismo multinacional señala que el hecho de que uno de cada cinco jóvenes en la región busque trabajo y no lo encuentre es preocupante, porque significa una amenaza al presente y a las expectativas de más de 10 millones de jóvenes que no ven materializarse oportunidades de empleo, educación ni movilidad social.
Agrega que en el caso de las mujeres jóvenes la situación es peor: están aún más en riesgo, porque sus tasas de ocupación son menores, frente a mayores niveles de desempleo, mientras que la prevalencia de empleos precarios las afecta de manera desproporcionada.
Por ello, se considera esencial mejorar las oportunidades para este sector de la población a través de políticas sociales y de empleo apropiadas, con el propósito de garantizar sociedades que sean más inclusivas y sostenibles.
En cuanto a la calidad del empleo que se ha creado en la región, la OIT destaca que si bien este año se incrementó en 0.3 por ciento el empleo asalariado, el trabajo por cuenta propia aumentó 0.7 por ciento, lo cual representa un indicador que preocupa, porque el deterioro de la calidad del empleo se ha mantenido en 2017, pues los nuevos puestos de trabajo en este año se han caracterizado por su baja calidad.

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Argentina: Ante el “despojo legal”, días de furia

 
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La capital argentina vivió dos días de intensa violencia desatada contra miles de ciudadanos que se manifestaban en las calles en protesta por la “reforma previsional” llevada adelante por el presidente Mauricio Macri. Tal reforma, ya aprobada, es un golpe letal contra los jubilados, a quienes se les recortan drásticamente los haberes; aún más, es un “despojo legal” incluso para quienes se pensionarán a partir de ahora. Y las imágenes de los uniformados gaseando y golpeando a civiles indefensos ya le dieron la vuelta al mundo.
BUENOS AIRES (Proceso).- Pese a la ola de protestas –manifestaciones multitudinarias, disturbios con cientos de heridos, actos de represión oficial– el gobierno de Mauricio Macri aprobó la “reforma previsional”.

La nueva ley implica una quita en los haberes (pensiones) de 17 millones de beneficiarios de jubilaciones y de prestaciones sociales y una baja muy significativa para quienes se jubilen en el futuro. La quita se concreta con un cambio en la fórmula de aumento de los haberes. Para 65% de los jubilados, que cobra un haber mínimo mensual de 7 mil 300 pesos (400 dólares), este cambio implicará en 2018 una pérdida estimada en ese mismo monto. Quien se jubile a partir de ahora ya no cobrará un haber inicial equivalente a 60% de su sueldo, sino a 40%.
Inmune ante cualquier reparo, el gobierno no abrió el debate a la sociedad, aprobó la ley –el lunes 18– en un trámite exprés a puerta cerrada y amenazó con avanzar con la reforma por decreto, si hubiera sufrido un traspié en el Congreso.
De este modo consiguió, por primera vez en dos años, unir en su contra a toda la oposición parlamentaria y a 75% de la opinión pública. La ley provocó indignación incluso en muchos de sus votantes.
El gobierno se valió del apoyo de 23 de los 24 gobernadores, que tuvieron que elegir –según admitieron diputados– entre ver limitado el acceso a fondos federales o sumarse a los beneficios de la quita en los haberes de los jubilados.
La porción sustancial de esta quita se destinará a auxiliar a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, para la realización de obras en el Gran Buenos Aires, un bastión histórico del peronismo, mejorando al mismo tiempo las posibilidades de reelección tanto del presidente como de ella misma en 2019.
La sesión parlamentaria del jueves 14, primer intento para aprobar la reforma, tuvo que ser suspendida. En las inmediaciones del Congreso la Gendarmería llevó a cabo durante nueve horas una represión digna de un país en estado de sitio.
En la siguiente sesión, el lunes 18, el gobierno ofreció como señuelo un bono de entre 20 y 40 dólares para los afectados, a pagarse por única vez el próximo marzo. El ofrecimiento de esta compensación –que en conjunto representa unos 4 mil millones de pesos sobre los 100 mil que el gobierno obtiene de la caja de la seguridad social– puso todavía más en evidencia la naturaleza del despojo. El gobierno y los grandes medios fracasaron en sus intentos de minimizar los daños.
El gobierno justificó la “reforma previsional” en la necesidad de reducir el déficit fiscal. La oposición sostiene que el gobierno amplió el déficit fiscal que recibió hace dos años y que, al reducir las contribuciones patronales que se destinan al sistema previsional, lo desfinancia a propósito, con el objetivo de volver a introducir el sistema privado de jubilaciones.
De hecho algunos de los funcionarios del actual gobierno fueron ejecutivos de las empresas que administraron los fondos previsionales (los fondos de retiro) en los noventa, experiencia que terminó en un fracaso estrepitoso y forzó el regreso del sistema a manos del gobierno.
Lo que pocos dudan es que la reforma descarga el peso del ajuste sobre el sector más vulnerable de la sociedad: jubilados, beneficiarios de asignaciones familiares, discapacitados y excombatientes de las Malvinas. Como si se empeñara en corroborar el discurso opositor más panfletario, el gobierno impone una reforma previsional nacida de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, al tiempo que reduce las cargas fiscales a los grandes empresas agropecuarias y mineras y recorta el impuesto a los bienes personales, es decir, a la riqueza.
Represión
En las inmediaciones del Congreso se vivieron dos jornadas de furia.
El jueves 14 el Congreso estaba resguardado por unos mil gendarmes y lo rodeaban cientos de miles de manifestantes, un centenar de los cuales le arrojaba piedras a los uniformados.
La represión desatada fue de una magnitud sorprendente: uniformados dispararon balas de goma contra la población civil durante varias horas, hubo detenciones arbitrarias –capturadas en video– y el centro de la ciudad parecía flotar en una nube de gas lacrimógeno.
Los federales apalearon y rociaron con gas pimienta a varios diputados opositores y agredieron a 16 periodistas, incluso a sabiendas de que estaban haciendo su trabajo. El fotógrafo Pablo Piovano recibió 13 impactos de proyectil de goma a menos de un metro del arma de un uniformado.
Una vez levantada la sesión dentro del recinto, las fuerzas de seguridad continuaron persiguiendo en motocicleta a los manifestantes, convirtiendo las redadas en verdaderas “cacerías policiales, con el único objetivo de intimidar a los manifestantes y limitar el derecho a protesta”, refiere un documento del Centro de Estudios Legales y Sociales.
El lunes 18, durante el segundo intento de aprobar la ley, una multitud de manifestantes se congregó una vez más alrededor del Congreso. Un centenar de ellos lanzó durante dos horas una lluvia de piedras contra las fuerzas de seguridad. Cuando éstas consiguieron dispersarlos, se inició una nueva cacería de manifestantes.
En los dos días de furia, al igual que en otras grandes manifestaciones contra el gobierno, se denunció la presencia de infiltrados.
“Cualquiera sea el origen de los grupos que tiran piedras, su actitud es completamente funcional a las políticas de ajuste. La violencia, sea infiltrada o de un vanguardismo marginal, desplaza la confrontación social y política y genera el repudio de la mayoría de la sociedad”, sostuvo el sociólogo Alejandro Grimson en un artículo para la revista Anfibia.
Por lo pronto, las fuerzas de seguridad terminaron disolviendo por la fuerza las dos grandes manifestaciones y anularon, de facto, el derecho a la protesta.
A tono con el gobierno, los grandes medios calificaron a los manifestantes como “los violentos” y exculparon al Estado, que utilizó medios represivos a gran escala contra la población, los diputados y los representantes de la prensa.
Dentro del recinto, varios dipu­tados oficialistas citaron el artículo 22 de la Constitución argentina, que sostiene que “el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes”. La movilización popular expresa sin embargo un reclamo contra la alianza Cambiemos, que ganó hace dos meses las elecciones legislativas, que había negado que fuera a tomar las medidas que ahora impulsa y que no quiere llamar a un referéndum, tal como le exigió la oposición.
Reformismo
La reforma previsional está íntimamente ligada a las reformas laboral y tributaria que también impulsa el gobierno. La tributaria apunta a disminuir los costos de las empresas mediante una reducción del impuesto a las ganancias y de los aportes patronales al sistema de seguridad social.
La laboral se propone reducir costos empresariales mediante la flexibilización de las condiciones de trabajo. La jornada laboral se desdibuja, de manera que el trabajador esté constantemente disponible. Se plantean formas de contratación más laxas y una reducción de las indemnizaciones.­
El gobierno postula que mediante las reformas llegarán nuevas inversiones, que a su vez elevarán el nivel de empleo. De hecho, los gobiernos de Carlos Menem (1989-99) y Fernando de la Rúa (1999-2001), quienes también echaron mano de los fondos de las jubilaciones y la seguridad social, aplicaron medidas de índole similar.
Entre 1991 y 2001 el desempleo se incrementó de 6.5 a 17.4%.
“Si un pueblo no respeta a los ancianos, pierde su memoria y carece de futuro”, advirtió hace unos días el Papa Francisco, quien no recibió a los líderes de la Confederación General del Trabajo, que pactaron el ajuste con el gobierno.
Asociaciones de juristas y de beneficiarios de la seguridad social ya han presentado recursos de amparo ante la justicia, para que declare la inconstitucionalidad de la reforma previsional.
Este reportaje se publicó el 24 de diciembre de 2017 en la edición 2147 de la revista Proceso.

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martes, 26 de diciembre de 2017

Con SUBASE en 2018 SME ENTRE LOS SUMINISTRADORES DE LUZ



Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas
y Conductor de Frecuencia Laboral,
Participación en el Programa del 23 de diciembre del 2017,
Transcripción de Andrea Luna Hernández, colaboradora voluntaria.
“Una felicitación en la noche buena que se la pasen bien en sus casas, que haya mucha salud y prosperidad para todos los radioescuchas, para todos los trabajadores de este país en especial para las familias de los propios jubilados.
Queremos señalar que en el Sindicato Mexicano de Electricistas prácticamente estamos cerrando este año con conclusiones importantes para iniciar el 2018. Uno de los temas que logramos avanzar es la entrega de los bienes inmuebles recuperados con la resistencia.
La firma de las minutas con el INDAABIN, que es el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, nos dan la posición física, jurídica y administrativa para iniciar el proceso de reactivación de lo que va a hacer nuestras fábricas, nuestros talleres y centros de trabajo para la cooperativa LF del Centro.
Ya están varios predios recuperados en proceso de escrituración, se van a escriturar a título gratuito a favor del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), para la cooperativa. Eso es un paso importante porque estos centros de trabajo van a aglutinar un importante número de trabajadores para hacer las actividades que se desarrollan con una planeación estratégica de nuestra cooperativa.
Son 8 unidades productivas, ya se les han estado asignado los espacios. Se van a recomponer, incluso ya se está comprando maquinaria y equipos. Estamos participando ya en varias licitaciones. Es un tema que nos da certidumbre de cada inversión que vamos a hacer. Sabemos que esos bienes inmuebles son ya propiedad del sindicato para la cooperativa LF del Centro.
Generadora Fénix es una empresa que inició operaciones en el 2015. Como hemos explicado aquí ya estamos generando electricidad con las hidroeléctricas. El año que viene se inicia la construcción de lo que son los ciclos combinados en la termoeléctrica Jorge Luque. Iniciamos también la construcción de varias plantas fotovoltaicas, la repotenciación hidroeléctrica que eran también de Luz y Fuerza. Esto se incorpora, este parque de generación va a ser importante para poder comercializar esa energía.
Hoy con la reforma que impusieron en el Congreso de la Unión en el tema eléctrico prácticamente la generación es un área de libre concurrencia, pueden estar todos los privados que quieran y el estado. Luego también es la comercialización. Hoy hay dos tipos de usuarios.
A unos les llamaron usuarios calificados que son los que tienen consumos de un megawatt hacia arriba durante un año. Los otros son usuarios de consumo básico que son la casa habitación, son los usuarios que tienen un consumo de más de 250 kilowatts hora mensuales que le pusieron la tarifa doméstico de altos consumos y la tarifa comercial.
En el caso de la Generadora Fénix se crearon dos subsidiarias o filiales. Una es suministrador de usuarios calificados, una comercializadora.
También constituimos con la cooperativa una suministradora básica del centro: SUBASE. Aunque uno no lo quisiera es producto de esta reforma impuesta desde la clase política gobernante.
Entonces los usuarios van a poder escoger el año que viene que suministrador les ofrece un servicio de calidad y a un precio que puedan pagar lo que hemos estado aquí en alianza estratégica con la asamblea de usuarios de la energía eléctrica, con la ANUEE, es tener una tarifa justa.
Hoy han publicado los costos de las tarifas que son los costos máximos, los publica la Comisión Reguladora de Energía conjuntamente con la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda. A partir de ahí los trabajadores que somos los trabajadores expertos en el área comercial están haciendo el plan de negocio para llegar a las casas habitación de todo el país.
Vamos a explicarles cuéles son son los costos que no te los puedes quitar, pero con energía renovables y haciendo un programa de eficiencia de energía en casa habitación sí podemos disminuir su consumo, si podemos mejorarles una tarifa. Porque en el caso nuestro no tenemos pasivos laborales como lo tiene la Comisión Federal de Electricidad. Es una estrategia que vamos a desarrollar en todo el territorio nacional.
El tema del sistema de transporte colectivo metro es uno de los grandes consumidores de electricidad y ellos prácticamente ya se hicieron usuarios calificados y no pueden salirse de ahí. Hoy firmaron un contrato con Comisión Federal de Electricidad (CFE) suministros calificados pero vienen haciéndoles ajustes de manera mensual. El metro al año debe de andar pagando poco más de 1200 millones de pesos de pura energía eléctrica y ahora lo tienen que hacer no tienen ya escapatoria.
Tienen contratos firmados por dos años y ni siquiera negociaron por ejemplo que fueran tarifas planas. Tarifas planas quiere decir que no te hacen ajustes en las horas de mayor demanda de energía que es de las 7 de la tarde a las 10 de la noche y ahí lo que están haciendo con estas formas que contrataron con la CFE es que les hacen ajustes. Los ajustes le llegan por potencia de energía. Ese es un tema que es delicado para muchas empresas.
Hoy vemos que en la liberación de los precios de la electricidad las empresas el mayor costo de sus productos es la energía eléctrica. En algunos casos es hasta el 50% del pago de la energía eléctrica. En esas condiciones las empresas están quebrando, negocios están cerrando. El caso de los ayuntamientos es todavía más grave porque los ayuntamientos recibían las partidas presupuestales del tema del petróleo y ahora ya no reciben.
Hoy tienen que hacerse autosuficientes con sus recaudaciones, como el cobro de impuestos prediales, agua y administrar bien los pocos recursos que les van a llegar. Pero en el caso de la electricidad para los ayuntamientos el alumbrado público es una de las tarifas más altas. Es la tarifa 55A que en algunos casos llega a valer hasta $3.70 el kilowatt hora. Hay algunos casos que nos han mostrado contratos donde CFE usuarios calificados les firmó contratos por cinco años a los ayuntamientos iniciando con una tarifa de $2.50. AL año siguiente les modificó a $3.20.
Entonces ahora los costos de la electricidad ha hecho que inicien demandas los ayuntamientos en contra de CFE y de repente CFE les empieza a cortar la luz de los alumbrados públicos. Hoy vemos municipios o colonias a obscuras. Es un tema delicado el tema de las tarifas.
Nosotros lo que estamos ofreciéndoles es tarifas planas a los ayuntamientos o a los grandes consumidores que permita mejorar. Además buscarles qué beneficios puedan tener desde hacerles una revisión en sus propias instalaciones para mejorarles el factor de potencia y poder corregir. Porque si tienes un factor de potencia mal tienes penalizaciones y el año que viene los grandes consumidores de acuerdo a la reforma tienen que consumir 5% de energía renovables.
¿Las energías renovables cuáles son? La que se produce con las hidroeléctricas, las que se producen con el viento que son las eólicas, la que se produce con el sol que son las fotovoltaicas o las geotérmicas con los vapores. Y si no tienes un consumo del 5% en energías renovables te van a penalizar por ese 5%. Va a ir creciendo el consumo de energías renovables; la ley prevé que nos próximos 20 años tengas 35% de consumo en energías renovables.
No hay energías renovables en el país y la tecnología no ha sido barata. Se ha mantenido alta de tal suerte que las primeras rondas o las licitaciones que hizo la Secretaría de Energía y CFE a largo plazo anunciaron con bombos y platillos la celebración de contratos. Pero no se ha ejecutado ninguno porque los costos de las tarifas que pusieron ahí de la energía eléctrica los han ido disminuyendo”. 

Con la intervención de la CNDH, la CFE rehabilita red eléctrica en Iztapalapa


 
PROCESO 
 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que en áreas densamente pobladas de la colonia Santa María Aztahuacán, Iztapalapa, se desmantelaron estructuras antiguas y se sustituyeron postes de la red de transmisión de energía eléctrica denominada Santa Cruz-Topilejo, que representaban un riesgo potencial para los habitantes de la zona.
Ello se logró con la conciliación de los intereses de los colonos y la Comisión Nacional de Electricidad (CFE), empresa que además realiza la reparación del pavimento y camellones.

En un comunicado, el organismo puntualizó que dicha red de transmisión de energía eléctrica (de doble circuito de 400 kilovolts) fue instalada hace más de 40 años y sus torres números 11, 12, 13, 14 y 15 –ubicadas sobre el arroyo vehicular de las Avenidas Santa Cruz Meyehualco y Samuel Gompers– estaban expuestas de manera permanente a impactos vehiculares y estaban en riesgo de que algún vehículo pesado las colapsara.
Además, por los asentamientos diferenciales del suelo presentaban inclinación, por lo que sus elementos estructurales estaban sometidos a esfuerzos constantes.
Destacó que como parte de su Programa de Construcción y Mantenimiento de la Red Eléctrica, la CFE elaboró un proyecto para la sustitución de torres autosoportadas en mal estado por postes troncocónicos.
A pesar de que la obra era necesaria, añadió, grupos antagónicos a las autoridades delegacionales impidieron en reiteradas ocasiones que la empresa productiva del estado ejecutara el citado proyecto.
La CNDH precisó que a raíz del escrito de queja recibido y la investigación correspondiente, realizó gestiones con las autoridades de la delegación Iztapalapa para lograr el convencimiento social para la realización de la obra.
Tras su investigación, el organismo corroboró el riesgo de afectaciones a los derechos a la integridad y seguridad personal de los habitantes de esa zona y de quienes transitan por ella, lo que motivó una propuesta de conciliación dirigida a la CFE, cuya aceptación permitió realizar todas las acciones tendentes a la ejecución del “Proyecto de Confiabilidad y Seguridad de las Líneas Santa Cruz-Topilejo”.
La propuesta conciliatoria fue aceptada y de inmediato se puso en marcha el proyecto para la sustitución de torres auto soportadas en mal estado por postes troncocónicos, y las correspondientes constancias que acreditan el cumplimiento de la conciliación serán remitidas a la CNDH.
En su comunicado, el organismo destacó que observó plena colaboración de las autoridades delegacionales de Iztapalapa para la ejecución del proyecto que garantizará la seguridad e integridad de quienes habitan y transitan en las colonias Santa Cruz Meyehualco y Santa María Aztahuacán.

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De Sindicatos Universitarios 2018 INICIA CON EMPLAZAMIENTOS A HUELGA

Secretario de Prensa del SUTIN y
Durante el primer trimestre de 2018 se vencen los plazos legales para las revisiones contractuales de numerosos sindicatos. En particular, organizaciones de trabajadores universitarios, de centros de investigación e instituciones de cultura, realizan en estas fechas ya sea sus revisiones integrales de contratos colectivos o condiciones generales de trabajo o las correspondientes a los salarios.
Entre las organizaciones que emplazarán a huelga, están los sindicatos de las universidades Autónoma Metropolitana, los dos sindicatos de la Universidad Autónoma Chapingo, el del Centro de Investigación y Estudios Superiores, de la Universidad Iberoamericana, los del Colegio de México.
También los dos del Colegio de Postgraduados, el del Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo, el de Trabajadores de la Industria Nuclear, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, del Tecnológico de Sonora, Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, de las universidades de Puebla, Oaxaca, Sonora, Campeche y muchos más.
El primer obstáculo que enfrentarán, sin embargo, no está en los administradores de sus instituciones, sino en la política económica que desde la Secretaría de Hacienda se fija, que no solo anuncia la inflación que se espera para el año siguiente, sino que ata el salario de los trabajadores a este pronóstico, aun cuando la realidad se encarga normalmente de desmentir las previsiones gubernamentales.
El resultado es la imposición de topes salariales con los que se busca anular la lucha de los trabajadores y las negociaciones con sus respectivos patrones. Los incrementos salariales así, no dependen del esfuerzo y la organización de los trabajadores ni de los resultados obtenidos; mucho menos de las necesidades reales de sus familias. Lo que determina son las previsiones económicas oficiales. Por supuesto, el aumento real de los precios, las crecientes necesidades de las familias de los trabajadores y las condiciones para el desarrollo y crecimiento de las instituciones educativas, de investigación y cultura –casos que nos ocupan- están por completo alejados de los parámetros considerados por los funcionarios gubernamentales que dictan el rumbo económico del país.
Incluso en la industria se han llegado a dar casos en los que hay condiciones para incrementos salariales superiores al tope y desde la Secretaría de Hacienda se han entorpecido los acuerdos en este sentido entre sindicatos y patrones.
Volviendo al caso de la educación, investigación y cultura, un elemento que está claro en esta política de contención salarial, es el poco interés gubernamental hacia estos sectores que son fundamentales para el desarrollo de cualquier país. El argumento que se esgrime para no dar aumentos salariales que realmente logren la recuperación del poder adquisitivo del salario es la insuficiencia presupuestal. Esto permite ver que con estas políticas, se violan incluso leyes aprobadas por el propio Congreso de la Unión. Ya desde hace más de una década se aprobó destinar el 8 por ciento del Producto Interno Bruto a la educación y de esto, el uno por ciento a ciencia y tecnología, meta que debía alcanzarse en 2006. Más de diez años después se sigue en los mismos niveles de gasto que cuando se votó el incremento, a principios de la década pasada.
Pero la parte salarial no es la única que se ve afectada por la política diseñada desde los escritorios de Hacienda. Este abandono del salario se expresa también en las actividades sustantivas de las instituciones. En éstas, se carece de laboratorios equipados adecuadamente, de insumos para el trabajo de investigación, de bibliotecas que atiendan las necesidades de profesores, investigadores y estudiantes. Incluso las instalaciones físicas son insuficientes o están en mal estado, en construcciones provisionales sin terminar o inapropiadas para las funciones de enseñanza e investigación.
En varios de los procesos de revisión contractual, los sindicatos incluyen en sus demandas también las necesidades para realizar el trabajo en condiciones adecuadas. Se requiere de instalaciones apropiadas, condiciones de trabajo con seguridad tanto para el trabajo como para quienes lo realizan, infraestructura y recursos adecuados para el trabajo educativo, de investigación científica o de preservación del patrimonio cultural.
En uno de los agrupamientos de trabajadores del conocimiento, la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de Educación Superior, Investigación y Cultura (CNSUESIC) se ha discutido la problemática y entre las conclusiones a que se ha llegado, está la urgencia de superar la dispersión que lleva a que cada una de las organizaciones luche por su lado, cuando se tienen problemas comunes, aspiraciones similares e incluso el patrón es el mismo.
Por ello se ha planteado, a partir de la firma de un pacto de unidad a principios de 2017, unificar las luchas a partir de hacer coincidir las fechas de emplazamiento a huelga y con otras acciones comunes.
Se propuso integrar a principios de enero un comité nacional de huelga y llevar las fechas de emplazamiento hacia fines de marzo. Esto se llevó a la discusión y toma de acuerdos en cada sindicato y al empezar el año se empezarán a ver los resultados.
Lo que está claro es que si no se unifican las luchas y se conjuga la defensa del salario y el contrato con el fortalecimiento de las instituciones y sus actividades sustantivas, si no se logra que el sindicalismo democrático y la sociedad hagan suyas las luchas por la educación, la investigación y la cultura, la dispersión actual permitirá que sigan las noticias como las que hace unas semanas anunciaron la quiebra práctica de universidades y la suspensión del pago de salarios a los trabajadores por falta de recursos. (Leer Noticia Relacionada: FIRMAN PACTO DE ACCIÓN UNIFICADA link: http://www.frecuencialaboral.com/cnsuesicfirmapactodeaccionunificada2017.html)

Otra Navidad sin nuestros hijos y sin justicia ni verdad, dicen padres de los 43

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Padres de los 43 ofrecieron ayer una conferencia de prensa en un café de la colonia Álamos de la capitalFoto Pablo Ramos
Emir Olivares y Sergio Ocampo
Reportero y corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 26 de diciembre de 2017, p. 11
Han sido cuatro navidades de incertidumbre y angustia para los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014.
Ayer, en pleno festejo navideño, familiares de los estudiantes e integrantes de diversos grupos sociales participaron en un acto político-cultural como parte de la jornada de lucha 43 esperanzas de verdad y justicia, que dio inicio el jueves pasado y concluirá este martes con una marcha-procesión a la Basílica de Guadalupe.
La demanda fue la misma que desde hace 39 meses han venido lanzando: presentación con vida de los jóvenes, justicia y verdad por este caso, y castigo a los responsables de esos crímenes cometidos en Iguala, Guerrero.
La tarde de ayer no había nada que festejar en esta época de fin de año. Seis padres y madres de familia tomaron la palabra en una mesa de discusión para reiterar que equipos internacionales se han encargado de echar abajo los argumentos de las autoridades y con pruebas científicas nos han demostrado que nuestros hijos no fueron incinerados en el basurero de Cocula.
Censuraron que a tres años y tres meses de los hechos, el gobierno de Enrique Peña Nieto siga sin mostrar avances contundentes sobre la desaparición de los normalistas, y menos aún sobre su paradero.
Es desesperante levantarte todos los días y saber que no está tu hijo. Son cuatro navidades sin ellos. Literamente nos han destruido la vida, dijo Hilda Hernández, madre de César Manuel González Hernández.
Los padres señalaron que tras la desaparición de sus hijos la única certeza que tienen es que no han podido hallarlos. Por ello, demandaron una respuesta inmediata de las autoridades federales.
Detallaron que este martes, al cumplirse los 39 meses de la desaparición de los normalistas, acudirán a la Basílica. La cita es a las 12:30 horas en la glorieta de Peralvillo y se espera que a las tres de la tarde con 45 minutos el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, los reciba para encabezar una ceremonia religiosa por los jóvenes.
En Chilpancingo, Guerrero, el Comité de Padres y Madres de los 43 denunciaron que el pasado sábado personal del ayuntamiento de esta ciudad y del gobierno del estado incendiaron al árbol de Navidad en donde estaban las fotografías de los alumnos desaparecidos.
En un comunicado de prensa, informaron que cuando se realizaba un acto oficial de conmemoración junto a la estatua del general Morelos en la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac de Chilpancingo, personal de gobierno destruyó el árbol de Navidad con fotografías de los 43 estudiantes, que colocamos el día 16 de los corrientes.
Destacaron que esta saña es un fiel reflejo del desprecio por la memoria de los 43 estudiantes desaparecidos, del nulo compromiso de estos malos gobiernos con la verdad y justicia de este caso.

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El caso de la guardería ABC SCJN PROTEGIÓ A ALTOS FUNCIONARIOS

*Desechó el Proyecto del Ministro Saldívar que Fincaba Responsabilidad Ascendente.
*Sólo Responsabilizó a Trabajadores de Bajo Rango, como Chivos Espiatorios.
*Las Familias de los Niños Quemados Siguen Sufriendo las Consecuencias y la Injusticia.
Transcripción de la entrevista a Julio César Marquez Ortiz:
"Soy padre de Julio César Marquez Báez, a quien de cariño llamamos yeye quien lamentablemente fue víctima fatal del incendio de la guardería ABC que ocurrió el 5 de julio 2009, cuando 49 niñas y niños, todos menores de 5 años perdieron y, aproximadamente 100 niños más terminaron con lesiones de diferentes grados, algunos perdieron extremidades y sufrieron quemaduras graves en todo su cuerpo.
El informe oficial dice que el incendio se inició en una bodega contigua a la guardería que era operada por la Secretaría de Hacienda estatal de Sonora, señalan que ocurrió un corto circuito en un aparato de enfriamente que se le denomina cooler, lo que quemó la papelería que ahí se guardaba y el incendio se extendió muy rápido. La bodega compartía una pared con la guardería y el intenso calor y las llamas quemaron una lona que había en la guardería, lo cual fue la causa principal de los decesos y el humo tóxico acabó con la vida de los niños igual que el calor que provocó las quemaduras. Esa es la historia oficial.
Pero también existe una teoría que también se está investigando que dice que el incendio fue provocado, porque hubo un grupo de personas que entraron a la bodega y perpetraron el incendio intentando eliminar papeleía que comprometía al gobierno de Eduardo Bours Castelo, esta teoría no se ha investigadoaún y cuando hay un peritaje que determina que el incendio fue inducido.
Hay niños que han sido intervenidos en más de 25 ocasiones para ponerles injertos y hubo niños aproximadamente 75 niños que inhalaron humo y se les siguen haciendo estudios para determinar si hubo afectación pulmonar, si resultaran con daños aumentaría la cifra de lesionados.
Sigue el sufrimiento de las familias, sigue habiendo afectaciones en las familias. En mi caso mi esposa sufrió terapias electroconvulsivas para ayudarle a superar daño emocional, pero esa terapia le ocasionó más daños terribles. Hoy está en la Ciudad de México tratándose de los efectos nocivos de las terapias de electroshock, hubo familias que terminaron desintegrándose y dañando a sus demás hijos por la separación.
Cuando ocurrió el incendio de la guardería ABC tuvimos un golpe devastador en las familias, es el más grande dolor de padre o una madre perder a su hijo, fue como una bomba atómica que deja un cráter, pero eso ocurrió rapidísimo.
Pasaron 2 semanas y no sabíamos qué íbamos a hacer y fue cuando tuvimos posibilidad de tener acercamiento con personas muy solidarias que nos dieron asesoría e iniciaron el proceso jurídico.
Para esto la contraparte y aquellas personas señaladas como responsables se habían evadido, otros estaban protegidos por el el gobernador Eduardo Bours, algunos más se habían amparado.
Nos llevaban la delantera, pero consideramos, mediante la asesoría jurídica que recibimos, que acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ayudaría a encontrar las herramientas para lograr que se hiciera justicia.
Hasta 2010 la Suprema Corte tenía la facultad de atracción para determinar si había o no violación grave a las garantías individuales en casos emblemáticos como el de la guardería ABC. De acuerdo a lo que establecía el artículo 97 constitucional podía atraer el caso.
 
A finales de agosto de 2009 la Corte determinó que sí lo atraía y creó un grupo de trabajo con asistentes. Tomaron testimonios e hicieron trabajo de campo y documental,revisaron las más de mil 500 guarderías del IMSS y determinaron que había desorden.
En febrero de 2010 entregó sus conclusiones, determinaron que había desorden y algunos funcionarios habían cometido violaciones a los derechos humanos.
A Arturo Zaldivar Lelo de la Rea le tocó hacer dictamen, la teoría del ministro Zaldivar establecía que se debía fincar una responsabilidad manera ascendente, que no debía limitarse a los bajos rangos porque tanta tesponsabilidad había de quien no había apagado el cooler como el que había dado instrucciones en rangos altos.
El ministro Arturo Zaldivar consideró que se debían fincar responsabilidades a 14 funcionarios que estaban en actividades al momento del incendio de la guardería ABC, entre ellos el entonces director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Daniel Karam y el ex director Juan Molinar Horcasitas y Daniel, el entonces gobernador de Sonora Eduardo Bours y el presidente municipal, Ernesto Gándara, era un paquete de 360 hojas útiles y lo presentó al pleno de la Suprema Corte.
El pleno determino el 15 de julio de 2010 desechar el proyecto del ministro Saldívar, por 8 votos contra tres a favor del proyecto del ministro Saldivar.
La Corte con esa votación en contra se limitó a señalar que sí se cometieron violaciones graves a las garantías individuales, pero se negó a determinar quién cometió esas violaciones. Es decir hubo violaciones a lo que son ahora derechos humanos, pero se negó a decir quiénes fueron los responsable,. Sí señaló a algunas personas, pero tenían puestos muy bajos, para algunos se trató de chivos expiatorios.
Es verdad que la corte falló y cedió a las pretenciones del gobierno federal, Yo fui testigo que el entonces secretario de gobernación, Fernando Gómez Mont tuvo reuniones con los ministros de la Suprema Corte, buscando desechar el proyecto del ministro Saldívar, también vimos cabildeando al gobernador Bours.
Para nosotros fue muy doloroso…Pensamos que podía haber justicia,…las expectativas que teníamos nosotros eran diferentes, pensamos que podría habar justicia, es verdad que lo que señalara la Corte no era vinculante, pero se convertía en el gran Ombudsman, pero los elementos que diera servirían para que un juez sometiera a proceso a esos altos funcionarios que no fueron tocados.
La Corte perdió una oportunidad histórica de hacer justicia y de establecer un nuevo paradigma de la responsabilidad ascendente". 

Desabasto de agua en el Edomex, cada vez más frecuente y extendido

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Habitantes del municipio mexiquense de Chimalhuacán afectados por la falta de agua, sobre todo después del sismo del 19 de septiembre pasado, recurren a pipas particulares, pues el gobierno local no ofrece el servicioFoto Mario Antonio Nuñez López
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En varios municipios del estado de México se construyen fraccionamientos donde, pese a las promesas de las inmobiliarias, no está garantizado el acceso a servicios básicos como agua potable. En la imagen, inmuebles inconclusos y abandonados en Cuautitlán IzacalliFoto Silvia Chávez
Silvia Chávez González
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 26 de diciembre de 2017, p. 23
Naucalpan, Méx.
El suministro de agua potable dejó de ser cotidiano e ininterrumpido en numerosas comunidades y fraccionamientos de municipios urbanizados del estado de México, donde el crecimiento poblacional de 1999 a 2015 propició la construcción de 700 mil viviendas, principalmente de interés social.
Antes no sucedía. Ahora hay cada vez más cortes. Sólo tenemos agua dos veces a la semana y nadie nos avisa. El desabasto se inició con la edificación masiva de viviendas, señaló Patricia Ramos Pérez, representante de la zona residencial de Prados San Mateo, en Naucalpan.
Informó que, junto con 24 representantes de consejos de participación ciudadana, se opone a que el ayuntamiento autorice tres obras: el Centro Tecnológico de Investigación y Desarrollo Industrial Automotriz, el proyecto Las Margaritas y el Centro de Servicios para la Atención Geriátrica.
Se sugirió destinar al tecnológico, propiedad de la empresa Ford Motor Company, 20 hectáreas despobladas a un lado de la autopista Lechería-Chamapa.
Los representantes vecinales rechazan este proyecto porque incluiría la construcción de más de 7 mil viviendas, lo cual, advierten, agudizará el desabasto de agua y la congestión vial en Lomas Verdes y Las Margaritas.
La carencia de agua potable afecta a toda la zona y deteriora nuestra calidad de vida. En el proyecto no se incluye una solución para garantizar el abasto regular, plantearon los colonos en escrito dirigido al ayuntamiento.
Municipios del poniente del estado se abastecen de dos fuentes: pozos propios y el Sistema Cutzamala, el cual consiste en una red de tuberías de 200 kilómetros que conducen agua de presas del sur del estado hacia 13 municipios conurbados a la capital del país.
Del Sistema Cutzamala dependen al menos un millón de habitantes de Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Ecatepec, Huixquilucan, Cuautitlán Izcalli, Lerma, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Toluca.
Ciudades Bicentenario, rodeadas de cinturones de miseria
La insuficiencia de agua potable preocupa a algunos ediles, entre ellos la de Atizapán de Zaragoza, Ana Balderas Trejo, quien rehúsa autorizar más desarrollos habitacionales en su municipio, el cual depende en 80 por ciento del Sistema Cutzamala.
Cuando esta fuente falla, el suministro se suspende o se reduce en zonas residenciales y colonias populares de Atizapán, aunque las primeras tienen cisternas y sistemas de bombeo.
La Comisión de Agua del Estado de México (Caem) informó en agosto pasado, sin precisar cifras, que a muchos fraccionamientos de interés social se les raciona el suministro hasta por varios días.
El tandeo se aplica en amplios sectores de las ciudades Bicentenario de Huehuetoca y Zumpango, creadas en la gubernatura del hoy presidente Enrique Peña Nieto, donde inmobiliarias ofrecieron cientos de de miles de viviendas fuera de la zona conurbada.
En esas áreas han surgido cinturones de miseria que padecen falta de servicios e inseguridad.
Pobladores de las ciudades Bicentenario han bloqueado en varias ocasiones avenidas y calles para protestar por la falta de agua y las promesas incumplidas de las inmobiliarias.
Entre 1999 y 2015, la Secretaría de Desarrollo Urbano otorgó permisos para la construcción de 396 fraccionamientos con un total de 720 mil 422 viviendas de interés social, cifra única en el país, según la propia dependencia. Sólo en Tecámac, Huehuetoca y Zumpango se construyeron 309 mil 698 viviendas, casi 43 por ciento del total referido.
La escasez también la padecen Nicolás Romero, Cuautitlán México, Zumpango y Huehuetoca; no obstante, se siguen construyendo fraccionamientos con la promesa de servicios garantizados.
Ante el incumplimiento de las inmobiliarias, la edil de Cuautitlán México, Guadalupe Fernández Sánchez, solicitó al gobierno estatal auditar los proyectos de al menos 12 fraccionamientos, donde, según vecinos, las viviendas no cumplen con lo ofrecido.
Fernández Sánchez advirtió que no recibirá desarrollos inconclusos y con problemas, como los fraccionamientos Joyas Cuautitlán, cuyos vecinos carecen de agua potable desde 2004.
En menos de una década, en Joyas de Cuautitlán se comenzó a restringir el suministro de agua debido al abatimiento del pozo de la comunidad.
En Cuautitlán, el cabildo no permitirá más desarrollos habitacionales porque hay proyectos que no cumplen con lo prometido. Sin embargo, el gobierno estatal sigue autorizando vivienda donde no se garantiza el abasto diario de agua.

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jueves, 21 de diciembre de 2017

SME Asamblea jubilados 15 de diciembre 2017

¿Nueva reforma laboral? BUSCAN IMPONER LA CONTRATACIÓN POR OUTSOURCING

*Senadores que son Líderes Sindicales Proponen Cambios que Atentan contra los Derechos Humanos Laborales.
*Presentan una iniciativa de reglamentación de los juzgados laborales, que incluye cambios en la Ley Federal del Trabajo que favorece la semi esclavitud laboral.
Secretario de Prensa del SUTIN y
Unos días antes del final del periodo ordinario de sesiones dos senadores priistas que se ostentan como líderes sindicales, presentaron una iniciativa de reforma laboral que pretende eliminar cualquier rastro de estabilidad en el empleo, quitando los pocos candados que limitan al tercerismo en la contratación, adiciona obstáculos al ejercicio del derecho de huelga y busca perpetuar el charrismo dejando en sus manos el destino de sindicatos, contratos y conflictos laborales .
Hace un año, se aprobó una reforma constitucional en materia laboral con el objetivo de poner fin al contratismo de protección patronal e implementar nuevos mecanismos para registrar sindicatos y contratos colectivos, así como un nuevo sistema de justicia laboral. Esta reforma, para ser puesta en práctica, requería la parte complementaria, es decir, la reforma a las leyes secundarias que reglamentara lo aprobado hace un año.
Esta parte se estuvo trabajando con total opacidad por las autoridades del trabajo y cuando se acercaba el plazo para aprobar la reforma a las leyes secundarias, los senadores Tereso Medina Ramírez e Isaías González Cuevas, dirigentes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), respectivamente, presentaron una iniciativa que nada tiene que ver con el objetivo de la reforma constitucional.
En realidad, se trata de una contrarreforma que mete reversa a lo aprobado hace un año.
Es claro que la reforma constitucional laboral aprobada a finales de 2016, no expresa una vocación democrática del gobierno, sino su interés por participar sin trabas en el Tratado Transpacífico (TPP). Al no lograrlo dieron marcha atrás.
La iniciativa que presentaron los senadores priistas el 7 de diciembre de 2017, diseñada por los patrones, pretende acabar con el carácter tutelar del artículo 123 constitucional y volver al semi esclavismo laboral que había en los siglos XIX y XX.
No obstante, el sindicalismo democrático no fue sorprendido. Tanto la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), como otros referentes analizaron la situación y expresaron su rechazo. La UNT acordó hacer mítines en el Senado de la República y en todos los estados, enviar cartas a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al sindicalismo internacional y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunciando lo regresivo de la iniciativa presentada.
El jueves 14 de diciembre del 2017 se realizó una muy amplia jornada nacional de protesta con los principales referentes del sindicalismo democrático, se publicó un desplegado respaldado por un gran número de organizaciones y personalidades y se realizó una conferencia de prensa.
El mismo día, la UNT por conducto del senador Luis Sánchez, presentó su iniciativa de reforma laboral, elaborada por un equipo de trabajo encabezado por el Lic. Héctor Barba. Así, hay dos iniciativas que deberán discutirse en el congreso. No es suficiente, se requiere una lucha intensa en todos los terrenos. En la misma jornada se expresó el rechazo a la ley de seguridad interna.
Las condiciones son adversas pues al mismo tiempo que ocurría todo esto en el Senado de la República y la Cámara de Diputados la mayoría de sus integrantes votó a favor de la Ley de Seguridad Interior que, pese a las recomendaciones para rechazarla de organismos internacionales y a las protestas nacionales fue aprobada, haciendo caso omiso a todas las voces discrepantes.
El escenario nacional no es halagador para el país y mucho menos para los trabajadores. La aprobación de la Ley de Seguridad Interior, en los estertores del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, mostró un poder legislativo enfermo que legalizó lo que ocurre hace tiempo en nuestro país: una creciente militarización y la criminalización de las protestas. No fueron escuchados los llamados internacionales ni las protestas nacionales para impedir que se aprobara esta ley que, en vísperas de un proceso electoral que se espera muy competido, aparece más como el anuncio de represión a eventuales protestas por el cauce que pudieran tener las elecciones, que un instrumento para la seguridad del país.

Rechazan a Gas Natural en Edomex

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Habitantes de la colonia Prensa Nacional, en el municipio mexiquense de Tlalnepantla, impidieron ayer la instalación de ductos de Gas Natural Fenosa, cuyos trabajadores llegaron acompañados de policías armadosFoto Silvia Chávez
Silvia Chávez González y Rubicela Morelos Cruz
Corresponsales
Periódico La Jornada
Jueves 21 de diciembre de 2017, p. 27
Habitantes de la colonia Prensa Nacional, en el municipio de Tlalnepantla, estado de México, impidieron ayer por la mañana que trabajadores de la empresa Gas Natural Fenosa hicieran excavaciones para instalar ductos. Los empleados iban protegidos por policías de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).
Armados con rifles de alto poder, los agentes llegaron a las ocho de la mañana a la avenida Universidad para escoltar a trabajadores y maquinaria de Fenosa, pero los vecinos frenaron los trabajos.
Los uniformados grabaron con teléfonos celulares a los manifestantes y los trabajadores de Fenosa los encararon y trataron de iniciar las excavaciones en la lateral de la avenida, pero los colonos lo impidieron.
Uno de los opositores señaló que Fenosa no tiene autorización estatal y la comunidad no pidió el servicio.
Los policías avanzaron con trabajadores y maquinaria hacia la calle Américas, pero ahí se plantó otro grupo de colonos.
Amas de casa exigieron a Maribel Cervantes Guerrero, secretaria de Seguridad estatal, no distraer recursos humanos y materiales para amedrentar a civiles. Asimismo, acusaron a Rosa María Maya, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, de aprobar la introducción de gas natural a espaldas de los vecinos.
En Cuernavaca, Morelos, unos 50 vecinos de la colonia Ampliación Maravillas bloquearon durante una hora la Autopista del Sol, en la colonia Antonio Barona, para exigir que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca les dé servicio, que no han recibido en dos meses.
El bloqueo se inició alrededor de las 10 y concluyó a las 11 horas, después de que acudieron funcionarios del Sapac y prometieron que la tarde de ayer enviarían pipas y el viernes 22 de diciembre se reanudaría el suministro por la red hidráulica.

Fuente

A 35 Años de que Comenzaron a Impulsar Políticas de Ajuste Estructural HAY 6 MILLONES DE JORNALEROS EN POBREZA

Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma Chapingo,

EL CONTEXTO NACIONAL
México tiene una superficie total de 196.7 millones de hectáreas comprendidas en sus 32 entidades federativas (31 estados y un Distrito Federal). De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda (INEGI), en 2010 la población total ascendió a 112 336 538 habitantes, de los cuales el 51% eran mujeres. La mayor parte de la población en México es urbana (77%) y la población rural está integrada 26 millones de personas ( SRA/RAN/IICA, 2012).
 
LOS TRABAJADORES DEL CAMPO EN MÉXICO
Partimos de considerar trabajadores del campo a todas aquellas personas que realizan alguna actividad económica en las comunidades rurales y que están relacionadas con la producción, comercialización y transformación de los recursos naturales. Los trabajadores del campo comprenden una gama muy amplia de segmentos tales como los campesinos, jornaleros, artesanos, trabajadores de los servicios. Muchos de estos trabajadores son indígenas.
La población económicamente activa, esto es, los trabajadores con un empleo permanente y relativamente estable están constituidos de la manera siguiente:
Unidades agrícolas (campesinas y empresariales) 2 000 000
Jornaleros agrícolas 6 000 000
Las unidades agrícolas antes mencionadas están constituidas por unidades campesinas, indígenas y empresariales. Esto es, son las personas que poseen o son propietarios de una parcela de tierra agropecuaria o forestal.
Los jornaleros agrícolas en realidad son una masa de trabajadores que no disponen de un trabajo fijo en sus lugares de origen. Entonces estos trabajadores son mano de obra barata, migrante o golondrina que se ubica geográficamente en el centro, sur y sureste del país, así como en las áreas serranas tales como la Huasteca, la Mixteca, la Sierra Negra de Puebla, la Sierra Madre del Sur, la Sierra Madre Occidental, etc.
Estos datos nos indican una primera forma de expulsión de trabajadores de los sectores marginados de la agricultura y la sociedad rural mexicana que no hayan ubicación laboral en sus comunidades. Podría decirse que constituyen una forma de desempleo disfrazado y que lógicamente no aparecen como tales en las cifras oficiales.
LOS TRABAJADORES CAMPESINOS EN MÉXICO
En México existen actualmente 31 785 núcleos agrarios (29 441 ejidos, 2 344 comunidades) y 2058 unidades de producción colectiva. México tiene una superficie de 196.7 millones de hectáreas, de las cuales el 53% son de los núcleos agrarios, es decir, 104.251 millones de hectáreas. En estos terrenos de propiedad social se albergan grandes riquezas: 80% de los bosques y selvas, 74% de la biodiversidad y 66% de los litorales del país.
La población rural del país está constituida por cerca de 26 millones de personas de las cuales 3.1 millones son ejidatarios. La población indígena es de alrededor de 4.5 millones de personas que pertenecen a 59 etnias agrupados en 2 344 comunidades y 8 328 núcleos agrarios que poseen el 15.3% de la superficie de México, es decir, cerca de 30 millones de hectáreas. Ambos sectores, ejidatarios e indígenas, se ubican en los diferentes grupos de trabajadores del campo: campesinos, artesanos, jornaleros e incluso algunos son empresarios.
LOS TRABAJADORES ASALARIADOS EN MÉXICO:
¿JORNALEROS AGRÍCOLAS O PROLETARIADO AGRÍCOLA?
La sociedad rural y agrícola mexicana se caracteriza en gran medida por conservar formas de vida comunitarias que permiten sobrevivir e integrar a una gran cantidad de personas que carecen de empleo pero que cumplen funciones específicas dentro de esas comunidades pueblerinas. Aquellos que hemos vivido y convivido con dichas sociedades somos testigos de la existencia de una gran variedad de formas de empleo disfrazado en el ámbito rural. Esta masa de personas no aparece en las cifras oficiales como desempleados, pero en realidad realizan una gran diversidad de formas de trabajo precario.
Adicionalmente hay que mencionar los millones de migrantes que han nutrido la fuerza laboral de las regiones con agricultura empresarial, industria, las zonas marginadas de las ciudades y los migrantes hacia Estados Unidos y Canadá principalmente. Las cifras de migrantes trasnacionales son estratosféricas y no coinciden unas con otras. Sin embargo son ilustrativas y se habla de alrededor de dos millones de compatriotas que anualmente migran hacia los países del norte.
Esta migración permanente durante décadas ha propiciado el fenómeno de la feminización, el envejecimiento y el trabajo infantil, en las áreas rurales de México. Esta situación es particularmente aguda en algunas regiones y estados del país tales como Zacatecas, Guanajuato, Durango, etc.
Las causas del desempleo en el sector rural pueden ubicarse en forma histórico-temporal en dos ciclos que son los siguientes:
Primer ciclo. Está constituido por el proceso de modernización de la agricultura mexicana entre 1940 -1970 que propició la mecanización del trabajo agrícola, el incremento de la productividad en el campo y el crecimiento de la población rural. La conjunción de estos procesos tuvo entre otras consecuencias la constitución de una gran masa de desempleados que emigraron a las ciudades de México principalmente y en segundo lugar hacia Estados Unidos.
Segundo ciclo. Está constituido por la crisis de este modelo de desarrollo agrícola y económico a nivel nacional que fue reemplazado por el modelo denominado neoliberal o globalizador por utilizar los términos actualmente de moda. La conjunción de estos dos procesos propició la crisis de rentabilidad del sector agrícola agudizando la situación de pobreza y marginación que ya se padecía en las sociedades rurales mexicanas.
Estos procesos propiciaron el desarrollo del proletariado agrícola en México constituido por cerca de 6 millones de mexicanos que migran a las regiones de agricultura empresarial (Bajío, Noroeste, Norte, Noreste) para emplearse en los cultivos rentables de hortalizas, oleaginosas, frutales (caducifolios, tropicales, subtropicales), caña de azúcar, café y agroindustria. Estos jornaleros constituyen el sector más explotado, oprimido y marginado, que sobrevive en las peores condiciones del ámbito rural. Viven en barracas, con escolaridad escasa o nula, bajísimos salarios, sin servicios de salud, padecen desnutrición crónica. Marginados y excluidos de todo progreso y desarrollo.
Hoy vivimos las consecuencias dramáticas y graves de todo este rezago y abandono secular del sector rural y agrícola de México que han conducido a muchos compatriotas a incorporarse a las huestes del narcotráfico y la delincuencia con las experiencias amargas que hoy están a la vista de los mexicanos y del mundo. El narcotráfico ha constituido otra forma de empleo disfrazado que permite sobrevivir a millones de mexicanos en situaciones de riesgo extremo.
La violencia se ha enseñoriado en las sociedades rurales de México, no bajo la forma de la protesta social sino de la violencia delincuencial. Esta situación es consecuencia directa entre otras causas del grave desempleo permanente en que han vivido millones de mexicanos en las sociedades rurales durante décadas.
Adicionalmente el problema de la destrucción de los recursos naturales y la naturaleza han sido denunciados desde hace aproximadamente media centuria como un proceso que amenaza la existencia misma de la humanidad. Sin embargo, esta cuestión es bastante más añeja ya que acompaña el surgimiento y desarrollo mismo del ser humano pues en general todas las actividades humanas conllevan una dosis variable de destrucción de la naturaleza. La Revolución Industrial y su compañera la Revolución Agrícola aceleraron dicho proceso destructivo.
IMPACTO DE LAS POLITICAS DE AJUSTE ESTRUCTURAL Y NAFTA EN LA ECONOMÍA EN MÉXICO
El NAFTA ha conducido a México a colocarse como un país relevante en las cadenas productivas globales de valor, como el primer exportador de manufactura de América Latina con casi 60% y venderá al exterior diariamente mil millones de dólares, es decir, un millón de dólares por minuto.
Sin embargo, el valor agregado de las exportaciones mexicanas no es totalmente de origen mexicano. Se estima que por cada dólar que México exporta al mundo, 37% tiene valor agregado que proviene de Estados Unidos y 23% de Canadá.
La entrada en vigor del NAFTA hace 24 años constituyo la plataforma para convertir a la economía de México en la decimosexta potencia exportadora del mundo, pero no ayudo a abatir la pobreza que se vive actualmente en el país.
Gran parte de la actividad comercial es intra-firma e intra-industria , con un monto realmente reducido de comercio real en bienes y servicios producidos por medianas y pequeñas empresas, las cuales generan la mayor parte del empleo.
Las grandes empresas y corporaciones han sabido utilizar el marco comercial del NAFTA para integrar sus cadenas productivas, pero las pequeñas y medianas empresas continúan en desventaja porque no cuentan con la flexibilidad de desplazamiento, la capacidad financiera, las redes productivas integradas, o los incentivos comerciales rentables con una envergadura continental.
IMPACTO DE LAS POLITICAS DE AJUSTE ESTRUCTURAL Y NAFTA EN LA AGRICULTURA EN MÉXICO
El sector hortofrutícola, especialmente el jitomate y el aguacate han provechado las ventanas agrícolas. En 1995 no podíamos exportar aguacate al mercado de Estados Unidos, al cierre de noviembre 2016 México alcanzo la cifra de 319 millones de dólares en la exportación de este fruto de acuerdo a las cifras de Banco de México en Balanza de Pagos. Otros productos ganadores a 24 años de dicho acuerdo son la cerveza, tequila, café sin descafeinar, frambuesas, pepinos, pimientos, productos de panadería, galletas dulces, cebollas, sandías, alimentos para bebés, espárragos y cigarrillos. El sector automotriz con la entrada en vigor del acuerdo comercial entre los tres países, fue de los ganadores más representativos.
Maestro en Ciencias, Sócrates Silverio Galicia Fuentes, Profesor-Investigador del Área de Metodología de Investigación y Socioeconomía del Departamento de Fitotecnia de la Universidad Autónoma Chapingo (UACH) email: economiadelostrabajadores2014@yahoo.com.mx
BIBLIOGRAFÍA
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