jueves, 30 de noviembre de 2017

Nuevas actividades agregadas al Plan de Acción.


Jornada de Firmas por MariChuy


SME Entrega de acreditaciones con validez de la STPS 30nov17

miércoles, 29 de noviembre de 2017

INFORME DE LA REUNIÓN EN LA SEGOB DEL DÍA DE HOY.


Compañer@s.

El día de hoy, la Comisión Negociadora del SME acudió a la Secretaria de Gobernación para darle seguimiento al cumplimiento de los acuerdos pendientes con el Gobierno Federal.

En representación de éste estuvieron presentes:
Por la Secretaria de Gobernación el Subsecretario  de Gobierno, Rene Juárez Cisneros.
Por la Secretaria del Trabajo, el Subsecretario Rafael Avante Juárez.
Por el SAE, Jorge Márquez Serralde, Director Corporativo de Empresas y Activos Financieros.
Por la Secretaria de Energía el Lic. Pedro Guerra, Director del Sistema Eléctrico Nacional.

En relación a la reunión  les informamos:

1. Pago a los compañeros de Renta Vitalicia. La Comisión negociadora del SME, entregó el proyecto de convenio (consultado con la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje) que da sustento jurídico al pago del adeudo. Este proyecto se analizará por el jurídico del SAE y la STPS para, junto con la Secretaria de Gobernación, suscribirlo dentro del plazo de la etapa conciliatoria en la JFCA que va del 28 de noviembre al 5 de diciembre, para  asÍ dar vía libre al pago a nuestros compañeros.

2. Respecto a la entrega de predios faltantes: En el curso de la semana próxima se reactivará el proceso con  la entrega consecutiva de Vicente Guerrero, Estructuras Tacuba y Juárez 90; al mismo tiempo, continuará la regularización y transferencia en propiedad de los centros de trabajo que ya están en nuestra posesión.

Fraternalmente.

“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”

Por la Comisión Negociadora:

Martín Esparza Flores. Secretario General.
José Humberto Montés de Oca Luna. Secretario del Exterior.
Eduardo Bobadilla Zarza. Secretario del Trabajo.

SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS.

CDMX a 29 de Noviembre de 2017.


2017 11 28 Encuentro con MariChuy en Ciudad Universitaria

El SME anuncia que se suma a la campaña de Marichuy

 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) anunció su apoyo a la campaña de María de Jesús Patricio, Marichuy, quien busca su registro como candidata independiente a la Presidencia de la República.
En su intervención durante un mitin de la vocera del Congreso Nacional Indígena en Ciudad Universitaria, el secretario general del SME, Martín Esparza Flores, informó que acordaron darle a Marichuy la mayoría de las firmas de su gremio.

La iniciativa política que representa María de Jesús “es sumamente necesaria para poder articular todas las fuerzas del campo popular. Nuestro país atraviesa una de las situaciones más graves de su historia.
“Nosotros fuimos víctimas del despojo de nuestra fuente de trabajo (dijo al referirse a la extinción de Luz y Fuerza del Centro), por eso seguimos aquí, construyendo y articulando desde la Asamblea Nacional de la Energía Eléctrica, desde la Nueva Central de Trabajadores y de la organización política del pueblo y los trabajadores. Celebramos la presencia de nuestra compañera, hermana indígena Marichuy”, expuso el líder del SME.
Esparza Flores también criticó la crisis que padece el país en materia económica, “con los salarios más bajos del mundo”, y de seguridad: “Las estadísticas indican que hay más de 230 mil asesinados y más de 23 mil desaparecidos, entre ellos los 43 normalistas de Guerrero.
Denuncia trabas del INE
Desde la tribuna, el dirigente del SME señaló al Instituto Nacional Electoral (INE) de registrar a cuentagotas las firmas en favor de Marichuy.
Consideró como un “método discriminatorio” el medio electrónico utilizado para validar los apoyos de la aspirante presidencial, pues dicha tecnología no está al alcance de todos.

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Marichuy insta a universitarios a seguir la lucha por educación gratuita y crítica

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María de Jesús Patricio, vocera del Consejo Indígena de Gobierno, recibió apoyo a su candidatura independiente de miles de universitarios en acto celebrado en la UNAMFoto Carlos Ramos Mamahua
José Antonio Román
 
Periódico La Jornada
Miércoles 29 de noviembre de 2017, p. 5
En un ambiente festivo, precedido de más de dos horas en las que se presentaron diversos grupos musicales, miles de jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recibieron la tarde de ayer a María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, aspirante indígena a una candidatura presidencial independiente.
La representante y vocera del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) llegó al campus de la UNAM para continuar su tarea de recolectar firmas de apoyo que le permitan aparecer en la boleta electoral del próximo año.
En su mensaje a los estudiantes y a la comunidad universitaria, los alentó a seguir en su lucha por tener una educación gratuita y crítica acerca de las condiciones de pobreza y desigualdad que existen en el país, pero también a ser conscientes del desastre social, político y ambiental que prevalece.
A los jóvenes, que conforme avanzaba la tarde fueron llenando gran parte del campus universitario entre la Biblioteca Central y la Torre de Rectoría, Marichuy Patricio les recordó que México es una nación pluricultural, por lo que no es posible construir un México sin los pueblos originarios.
No más un México, sin nosotros, dijo al final de su discurso, entre aplausos, gritos y goyas lanzados de manera entusiasta.
Por el templete, colocado frente a la Biblioteca Central y en donde colgaba una enorme manta que decía Venimos a hablar de cosas imposibles, porque de lo posible se ha dicho demasiado, desde las 15:30 y hasta casi las 18 horas intervinieron varios grupos musicales, como Makila 69, además de Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, quienes expresaron su apoyo total a la aspirante indígena.
Cuando dio inicio el mensaje de Marichuy, la luz del día se había ido; el rostro de quienes estaban en el templete era iluminado sólo por la luz de dos potentes luminarias. Así, la médico tradicional y vocera del CIG leyó de manera pausada las palabras escritas en tres cuartillas. En esas líneas se refirió a luchas históricas de los universitarios. Citó los años 1968, con el movimiento estudiantil de aquel entonces, y también los de 1986 y 1999, cuando se creó el Consejo Estudiantil Universitario (CEU), y el año en que ocurrió la huelga en la UNAM.
Marichuy llegó temprano al campus universitario. Su primera actividad fue participar en un acto en memoria de Lesvy Berlín Ramírez Osorio, joven encontrada muerta en mayo pasado dentro de la Ciudad Universitaria.
A un costado de la cabina telefónica donde fue hallado el cuerpo de Lesvy, la aspirante a candidata presidencial, acompañada por la madre de la víctima y activistas de derechos humanos, destacó la importancia de la organización social para impedir que estos hechos de muerte, así como las desapariciones, ocurran en el país.
De ese lugar, ubicado en las inmediaciones del Instituto de Ingeniería, se dirigió en marcha, acompañada por decenas de estudiantes, profesores, empleados universitarios y activistas, a la Biblioteca Central, sitio emblemático de la UNAM.

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La PGR prorroga por un año más el Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa

 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Abogados de los padres y madres de familia de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en 2014 confirmaron la permanencia por un año más del Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa, creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar cumplimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Los abogados Santiago Aguirre Espinosa y Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, respectivamente, destacaron que el compromiso del Estado mexicano por continuar con el mecanismo fue ratificado ante la comisionada para el caso, Esmeralda Arosamena y el secretario ejecutivo, Pablo Abrao, presentes en la reunión, la última con autoridades que tendrá el instrumento de la CIDH este año.

En entrevistas por separado, al término del encuentro que duró tres horas en instalaciones alternas de la Procuraduría General de la República (PGR), los abogados lamentaron que no haya avances sustanciales en las cuatro exigencias de los padres y madres, que se refieren en la profundización de la investigación de la participación del Ejército en la desaparición de los estudiantes, la detención de policías federales y de Huitzuco plenamente identificados, ahondar en la línea de investigación sobre el tráfico de estupefacientes de Iguala a Chicago en transportes foráneos, así como concluir el análisis de la telefonía celular.
Aguirre Espinosa, subdirector del Centro Prodh, destacó que la de hoy es la primera reunión con el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, el cuarto responsable de esa institución con quien se reúnen los padres y madres de familia, “sin tener resultados de acceso a la justicia y a la verdad, por lo que exigieron compromisos claros para que no ocurra lo que los predecesores de que se vaya sin resolver el caso”.

Para el abogado, la reunión tuvo el momento más tenso, “que generó debate y discusión” fue la ratificación del convenio de colaboración técnica para la continuidad del mecanismo.
“Los representantes del Estado no tenían una posición clara, argumentaban que cómo era posible que la pertinencia de la continuidad debía revisarse cada año; ellos proponían que se hiciera en febrero o marzo, pero los padres y madres (de los normalistas) fueron enfáticos en decir que como no se ha avanzado en la investigación ni en el cronograma, el mecanismo debería continuar”, contó el representante del Centro Prodh.
El abogado afirmó que el punto más destacable de la reunión de este martes 28, en la que también participaron los subsecretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Roberto Campa Cifrián y Miguel Ruiz Cabañas, respectivamente, es que “ante la comisionada y del secretario ejecutivo de la CIDH el Estado dijo que sí se comprometía a que seguiría el mecanismo por lo menos hasta 2018, lo que incluye garantías de financiamiento”.
En cuanto a la evolución del caso Ayotzinapa, Aguirre reconoció “avances en la atención médica a la que tienen derecho los lesionados sobrevivientes; hay acciones en las búsquedas con tecnología LIDAR; se han analizado 5 mil números, hay más certeza en la participación de corporaciones en los hechos, pero mientras todo ello no se traduzca en detenciones y acusaciones formales, todo queda en avances parciales”.
Rosales Sierra destacó que la molestia de los padres y madres de los 43 desaparecidos radica en que “ni siquiera el cronograma que la propia oficina especial del caso Iguala se fijó para cumplir entre los meses de junio a octubre tiene resultados concretos”.
El abogado de Tlachinollan abundó que la defensa de los padres y madres habla de “cuatro líneas grandes; la PGR las desglosa en 11 puntos, e incluso puso una fecha para subsanarlos”.
Según el cronograma semanal, “el tema de la investigación de la Policía de Huitzuco estaba programada para julio; el del Ejército, para septiembre; el esclarecimiento de la participación de autoridades estatales, en agosto; lo de la telefonía celular, entre septiembre y octubre, y o del trasiego de drogas, para agosto. Pero hasta ahora ninguna línea ha sido agotada”.
El abogado Rosales destaca que desde julio pasado, así como en las audiencias de la CIDH en Perú y en Uruguay, la oficina del caso Iguala ha presentado como avances “la consignación de un policía de Huitzuco. Sin embargo, la detención está atorada porque dos jueces se declararon competentes”.
También se habla de los análisis de telefonía, dice, “pero no se han hecho los cruces (informativos) ni se ha esclarecido cómo es que algunos teléfonos llegaron a manos de policías. En cuanto al trasiego de droga, el gobierno de Estados Unidos confirmó que Guerreros Unidos trafica droga, pero habla de otras líneas de autobuses no son las que tomaron los muchachos”.
Asimismo, señala que, aunque los padres y madres están “muy preocupados por la falta de resultados, se mantiene la esperanza de que el caso camine bajo la supervisión del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, que muy probablemente tendrá su siguiente reunión de monitoreó el próximo mes de febrero”.
En la reunión con los padres y madres, además de los subsecretarios, estuvieron la subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, y el responsable de la oficina para el caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal.

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Duplicar las aportaciones a las Afore, propone la Consar

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Carlos Ramírez Fuentes, titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Social del SenadoFoto Cuartoscuro.com
Víctor Ballinas y Andrea Becerril
 
Periódico La Jornada
Miércoles 29 de noviembre de 2017, p. 3
El presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Carlos Ramírez Fuentes, demandó en el Senado una reforma que permita a ese organismo reducir más las comisiones que perciben las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), ya que este año los trabajadores pagaron 30 mil millones de pesos a esas entidades por el manejo de sus cuentas.
Al comparecer ante la Comisión de Seguridad Social del Senado, que preside el perredista Fernando Mayans Canabal, Ramírez Fuentes advirtió que se requiere incrementar al doble la aportación de los trabajadores para su fondo de retiro, que hoy es de 6.5 por ciento de su salario, y elevarlo a 13 o 15 por ciento para que pueda recibir una pensión digna, porque en la actualidad, con lo que aporta la mayoría, en promedio recibirán apenas 2 mil pesos al mes.
Dijo que de 3 millones de cuentas inactivas, de ex trabajadores de 65 años y más que no saben que tienen un ahorro en esas cuentas que manejan las Afore, ya se localizó a casi 650 mil y se les pagó un total de 15 mil millones de pesos.
Sin embargo, subrayó, aún queda mucho por hacer en este renglón. Nos falta localizar a 2 millones 350 mil propietarios de cuentas, se trata de personas ya muy mayores, algunos incluso ya habrán perecido, pero que tienen ahorrados 39 mil millones de pesos, sus fondos son heredables y sus hijos o familiares los pueden reclamar.
Esas cuentas, explicó, no las manejan las Afore sino el Banco de México y se trata de cuentas totalmente inactivas, es decir, es dinero de ex trabajadores que no saben que tienen ese ahorro que se integró desde 1992 y 1997, por eso no lo han reclamado.
Ante senadores, expuso la necesidad de que se realice una nueva reforma o revisión al sistema de pensiones, porque se requiere incrementar la aportación del trabajador al doble de lo que hoy ahorra. La Consar necesita más facultades para poder continuar reduciendo la tasa del cobro que hacen las Afore, que en promedio es de 1.03 por ciento sobre el saldo total de la cuenta, pero se puede reducir aún más. Esperemos que a finales de esta administración quede por debajo de uno por ciento.
Los cambios que se requieren para las Afore, detalló, también tienen que ver con permitir que las administradoras puedan invertir un porcentaje mayor de los ahorros de los trabajadores en inversiones de riesgo. En la actualidad sólo se permite 20 por ciento, pero en otros países se autoriza hasta 50 por ciento en inversiones de riesgo.
Además, dijo, urge que los portafolios de inversión se diversifiquen en inversiones de más largo plazo, que se inviertan en la región y en otros países, sólo así se logrará obtener mayores ganancias para los ahorros.
El perredista Mayans Canabal cuestionó al presidente de la Consar: ¿Qué Afore y cuánto dinero de los trabajadores está invertido en las obras de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México?
Ramírez Fuentes, respondió: Sólo hay una Afore que ha invertido en las obras del nuevo aeropuerto y ha destinado 3 mil 678 millones de pesos. Es una buena noticia para los trabajadores saber que están participando en la construcción del aeropuerto, eso les va a ofrecer muy buenos dividendos.
El titular de la Consar informó a los legisladores que hoy sólo cuatro de cada 10 trabajadores cuentan con Afore, el reto es atraer a un mayor número de asalariados para ahorrar.
“Por ejemplo –señaló–, hay 3 millones de empleadas domésticas que no ahorran y podrían abrir una cuenta en las Afore; también hay 12 millones de trabajadores por su cuenta que pagan al fisco pero no ahorran, y hay que atraerlos; se trata de arquitectos, médicos, abogados, contadores e ingenieros, entre otros.”
Indicó que durante este sexenio las Afore han destinado más de 450 mil millones de pesos a actividades productivas, lo que ha reportado 216 mil millones de pesos en rendimientos este año, y suman 600 mil millones de pesos en lo que va de la presente administración.
Finalmente, refirió que las Afore cuentan con 59 millones de cuentas para el retiro, pero 39 millones están inactivas. Esto no quiere decir que están olvidadas, sino que se trata de cuentas intermitentes, es decir, son ahorros de trabajadores que laboran seis meses en un año o que lo hacen por temporadas o periodos cortos en el sector formal.

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La CNDH emite medidas cautelares para cuatro mil desplazados por la violencia en Chiapas

 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la crisis humanitaria en Chiapas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares a favor de cuatro mil personas víctimas de desplazamiento forzado por la violencia desatada por conflictos de límites territoriales.
En un comunicado, el organismo nacional notificó del envío de oficios al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián; al presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín del Rincón; al secretario de Gobierno de Chiapas, Juan Carlos Gómez Aranda, y los ediles de Chenalhó y Chalchihuitán, Rosa Pérez Pérez y Martín Gómez Pérez, respectivamente.

Les pidió que, “de acuerdo con sus competencias y de forma coordinada (…) se realice un censo de las personas víctimas del desplazamiento forzado interno, y que se garantice que a las víctimas les sean satisfechas “sus necesidades básicas de alimentación, salud y alojamiento”.
La respuesta de la CNDH para las víctimas, “con la finalidad de proteger su integridad física e incluso la vida”, surge después de que en la víspera organizaciones civiles y medios de comunicación informaron del desplazamiento forzado de miles de personas de los municipios mencionados.

En su comunicado, el organismo reconoce que se enteró del “recrudecimiento de la violencia por distintos medios informativos, que dieron cuenta de las afectaciones padecidas por casi tres mil personas que habitan en las comunidades de Chiquinshulum, Joltealal, Canech, Tzununil, N’amtic, Lobolaltic, Mashilo, Tzacucum, Pacanam, Tulantic y Kotolchij, ubicadas en el municipio de Chalchihuitán, Chiapas, así como de aproximadamente mil más de las comunidades de Tzajalchen, Cha’cojton, Chimtic, Pajalto y Majonpepentik, ubicadas en el municipio de Chenalhó, Chiapas”.
Además, la CNDH tuvo información de integrantes del clero y de la Policía Estatal Preventiva de la entidad, de que también se registraron desplazamientos en las localidades de Pom, Ch’enmut, Canalumtic, Emiliano Zapata, Tzomoltón y Cruztón, ubicadas en Chalchihuitán, y de Yabteclum, Santo Ton y Las Limas, del municipio de Chenalhó.
De acuerdo con los clérigos, continuó la CNDH, algunas víctimas presentan problemas de salud y otras solicitaron la intervención de los tres órdenes de gobierno ante las condiciones de precariedad en que se encuentran, “ya que no cuentan con alimentos, medicamentos, atención médica, ni los elementos que son necesarios para su subsistencia”.
La urgencia es extrema ya que, de acuerdo con la información recabada, entre los desplazados hay “mujeres embarazadas, menores de edad y personas mayores, quienes se encuentran sin refugio y a merced de las bajas temperaturas que prevalecen en la región”.
Al considerar que los desplazados están “en una situación de riesgo extraordinario”, el organismo pidió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno que también “se les brinde protección y resguardo, ante el estado de vulnerabilidad en que se encuentran y se garantice su derecho a la integridad física e incluso la vida y que mientras subsista el desplazamiento forzado se prevean los lugares de alojamiento temporal en condiciones dignas y se les brinde el acceso a los servicios de salud, educativos y la orientación jurídica que requieran”.
La CNDH pidió a las autoridades federales, estatales y federales llevar a cabo acciones legales “que permitan solucionar los hechos de violencia referidos privilegiando el diálogo y mediación entre las partes para evitar hechos de violencia, con independencia de donde puedan provenir, para que en el menor tiempo puedan tener un retorno seguro y duradero a sus comunidades de origen”.
El organismo puntualizó que “sin prejuzgar las cuestiones de fondo y al considerar que se reúnen los requisitos de riesgo extraordinario, urgencia e irreparabilidad del daño”, se solicitó la implementación de medidas cautelares “con el objetivo de salvaguardar los derechos humanos de esas personas, las cuales deberán mantenerse durante el tiempo que se requiera, para evitar la consumación irreparable de hechos violatorios y de daños de difícil o imposible reparación”.

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Ley de seguridad autoriza a fuerzas armadas actuar sin previa declaratoria política


Roberto Garduño
 
Periódico La Jornada
Miércoles 29 de noviembre de 2017, p. 11
El proyecto de dictamen de ley de seguridad interior –que será avalado en el pleno de la Comisión de Gobernación el próximo jueves– permitiría al Ejecutivo federal declarar la protección a ésta, y se autoriza a las autoridades federales, incluyendo a las fuerzas armadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, “implementar sin necesidad de declaratoria política, programas y acciones para identificar y prevenir riesgos.
El documento elaborado en la Comisión de Gobernación contiene un apartado referente a las movilizaciones de protesta social o las que tengan algún motivo político electoral –mientras se realicen pacíficamente–, bajo ninguna circunstancia serán consideradas amenazas a la seguridad interior.
Tras meses de trabajo, el proyecto es producto de las iniciativas del coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho Quiroz, y su compañera Martha Sofía Tamayo; del panista Jorge Ramos y del senador de ese partido Roberto Gil; Manuel de Jesús Espino Barrientos (legislador independiente), Candelaria Ochoa, de Movimiento Ciudadano, y del senador Miguel Barbosa Huerta.
La aplicación de esta ley corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, con la participación de dependencias, entidades de la administración pública federal, fuerzas federales y, en su caso, fuerzas armadas.
Las autoridades federales, incluyendo a las fuerzas armadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementarán sin necesidad de declaratoria de protección a la seguridad interior, políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente, según su naturaleza, los riesgos contemplados en la agenda nacional de riesgos.
El jueves se prevé que la mayoría simple que integrarán los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza y Encuentro Social en la Comisión de Gobernación, consiga avalar el contenido del proyecto, a pesar de los reproches del PAN y del PRD que han puesto sobre la mesa del debate, como moneda de cambio, la aprobación de seguridad interior por el mando mixto policial. Así, también se subraya la obligación de respetar desde el gobierno, las garantías individuales.
Sin excepción, a la preservación irrestricta de los derechos humanos y sus garantías de conformidad con los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes. En los casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, y cuya atención requiera la suspensión de derechos, se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes respectivas.
También, la información que se genere con motivo de la aplicación de la presente ley, será considerada de seguridad nacional, en los términos de la ley de la materia, y clasificada de conformidad con ésta y las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información.

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Televisa: tragedia, descrédito y crisis

 
PROCESO 
 
El Grupo Televisa, que fuera el consorcio más poderoso de la televisión latinoamericana, sigue empantanado en la crisis financiera que en 2016 lo obligó a replantear sus opciones de negocio y recientemente obligó a Emilio Azcárraga Jean a dejar su dirección general. Pero las cosas empeoraron en cuestión de semanas: sobrevinieron tragedias, como la muerte de la actriz Maru Dueñas y la de su vicepresidente de Telecomunicaciones, Adolfo Lagos, además de que se le fincaron graves imputaciones a la televisora por sobornos en el Fifagate y sus acciones se depreciaron nuevamente.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En menos de un mes, desde el anuncio anticipado de la salida de Emilio Azcárraga Jean como director general, Grupo Televisa ha vivido una suma de tragedias, digna del guión de una serie policiaca.

El 15 de noviembre el argentino Alejandro Burzaco, testigo clave en el escándalo del Fifagate, involucró a la televisora ante una Corte federal de Estados Unidos en la red de pago de sobornos por 15 millones de dólares para ganarse los derechos de transmisión del Mundial de Futbol en 2026 y 2030; el domingo 19, asesinaron en la carretera Tulancingo-Pirámides a su vicepresidente de Telecomunicaciones, Adolfo Lagos, director general de Izzi que dejaría la empresa el próximo año, y el viernes 24 la compañía acumuló una pérdida de 25% del valor de sus acciones en el mercado bursátil mexicano, su peor racha en los últimos 20 años.
Hasta la muerte de la actriz, directora y productora Maru Dueñas y de Claudio Reyes Rubio sacudió a la televisora, en especial a la comunidad de actores y productores de Televisa. Ambos fallecieron el 11 de noviembre al impactarse con un camión en la carretera de Cuernavaca. Rodaban la telenovela Me declaro culpable.
La suma de malas noticias para la empresa de contenidos mediáticos más grande del país comenzó en octubre de este año, al darse a conocer sus resultados financieros al tercer trimestre de 2017: sus ventas netas bajaron 3.8% (22 mil 832 millones de pesos) y las ventas de publicidad cayeron 8.4% (4 mil 943 millones de pesos), en comparación con el mismo periodo de 2016.
Este año será peor financieramente para Televisa que 2016, cuando sus utilidades netas disminuyeron 65.9%, más de 2 mil personas fueron despedidas de las distintas áreas del consorcio y el pago de su deuda se incrementó a 9 mil 532 millones de pesos.
Frente a la crisis de 2016, Televisa anunció para este 2017 una reducción de inversiones. Justamente una de las áreas más castigadas fue la de telecomunicaciones, a cargo de Adolfo Lagos Espinosa, quien llegó al consorcio en 2013 con el encargo de completar la renovación de sus cinco grandes compañías subsidiarias en esta área (Bestel, Cablevisión, Cablemás, TVI y Sky), que para entonces ya representaban la segunda fuente de ingresos más importante para la compañía.
En febrero de 2017 Alfonso de Angoitia anunció el repliegue de Televisa en el mercado de televisión de paga y especialmente en Izzi, la compañía creada en 2014 por Lagos para ofrecer servicios de triple play (televisión, telefonía e internet). Este año se redujeron en 37% las inversiones en capital al pasar de mil 600 millones de dólares en 2016 a mil millones de dólares.
En los dos últimos años Televisa peleó contra los amparos de sus competidores, especialmente Total Play y Dish, para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no le impusiera una regulación asimétrica como agente dominante en el sector, a pesar de tener 62% de los suscriptores de televisión de paga.
Estas áreas eran responsabilidad de Adolfo Lagos Espinosa, quien llegó a Grupo Televisa siendo ajeno al núcleo de los Cuatro Fantásticos que tomaron el control de la televisora en 1997, cuando Emilio Azcárraga Jean concentró los cargos de director general y presidente del consejo de administración de la empresa.
Lagos trabajó 23 años en Bancomer, el banco fundado por su tío Manuel Espinosa Yglesias, y después fue director de Grupo Financiero Serfín, con Adrián Sada, y jefe de la División de Banca de Mayoreo Global en Banco Santander.
En febrero de 2013 se integró a Televisa como vicepresidente de Telecomunicaciones, un alto cargo creado para él. “En esta nueva posición, el señor Lagos supervisará el continuo crecimiento y la expansión estratégica de la división de cable y telecomunicaciones, que comprende a las empresas de cable propiedad de Televisa y Bestel”, afirmó el comunicado oficial de la empresa.
Lagos también participó en los consejos de administración de otras empresas, incluyendo Mexichem, la compañía privada con la que el entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, firmó un polémico convenio de coinversión de 518 millones de dólares para la refinería de Pajaritos.
La crisis de 2016 y 2017 provocó un replanteamiento en la estructura de la empresa. La televisión por cable y vía satelital (Sky) comenzó a ser desplazada por la televisión on line (Netflix) y por otras plataformas de contenido vía internet, aunque los ingresos de Televisa dependen cada vez más de las telecomunicaciones y cada vez menos de la venta de contenidos de televisión abierta.
La sospechosa muerte de Lagos
En la tarde del domingo 19, en pleno puente vacacional, Televisa lamentó y confirmó que su vicepresidente Adolfo Lagos había fallecido en el Estado de México. La primera versión de la Fiscalía General de esa entidad señaló que se trató de un homicidio por intento de asalto en el kilómetro 44 de la carretera México-Tulancingo para despojarlo de su bicicleta Gama modelo 2018 Works Roubaix.
Lagos iba acompañado por un amigo y dos guardaespaldas armados en una camioneta gris. Los asaltantes huyeron y el ejecutivo de Televisa, herido, fue trasladado a un hospital de Coacalco, donde falleció.
El lunes 20 la propia fiscalía emitió un comunicado y el caso dio un giro espectacular, generando molestia al interior de Televisa: según las pruebas de balística, el proyectil que se alojó en el abdomen de Lagos y lo mató no provino de un asaltante, sino de uno de sus escoltas.
“Nosotros estamos claros en que el escolta trató de defender a su jefe. No hemos encontrado ni tenemos indicio alguno para establecer que hubiera alguna cosa de otra naturaleza”, afirmó el fiscal Alejandro Gómez Sánchez, dando virtual “carpetazo” tanto a la investigación por homicidio doloso como por una posible ejecución.
El relato del fiscal y la información proporcionada a los medios resultaron aún más confusos: dos personas salieron de las nopaleras del camino para asaltar a Lagos, caminaban en contraflujo y “parecía que al menos uno de ellos portaba arma de fuego”. El primer escolta disparó, pero el balazo impactó en el espejo retrovisor. Se bajó con la camioneta andando y disparó otra vez. Los asaltantes dispararon contra la camioneta y “ahí se baja el que iba de piloto y dispara”.
“Desafortunadamente, el señor Lagos queda en la línea de fuego y el impacto se incrusta en su lado derecho del abdomen”, afirmó Gómez Sánchez.
La versión oficial, filtrada a diversos medios y basada en el testimonio de tres testigos (los dos escoltas y un compañero de trabajo de Lagos que estaba con él), se volvió todavía más rocambolesca.
Uno de los escoltas hizo 12 disparos; y el que conducía, al bajar del vehículo, no puso el freno de mano y la camioneta atropelló a Lagos. En su traslado al hospital para atender a su jefe herido, se les ponchó una llanta. Pidieron la ayuda de un agente de la Policía Federal de Caminos, pero no pudo atenderlos porque estaba “levantando una infracción”. Esperaron a que llegara una ambulancia de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y cuando trasladaron a Lagos a un hospital de Coacalco, ya era demasiado tarde.
El jueves 23 la fiscalía mexiquense informó que habían identificado a los dos sujetos que intentaron asaltar al vicepresidente de Televisa. Se trata de Celso “N” y Daniel “N”, que pertenecen a una banda de asaltantes de turistas y ciclistas en la zona. Supuestamente son originarios de San Felipe Teotitlán, municipio de Nopaltepec, y uno de ellos tiene antecedentes penales por robo.
En medio de estas versiones, Grupo Televisa rompió su pacto de silencio con el gobierno federal y estatal. En todos sus noticiarios ha difundido las cifras y casos recientes sobre el incremento de la inseguridad y la violencia en el país, señalando que este año ha sido el más crítico de las últimas dos décadas, con más de 21 mil muertos.
Carlos Loret de Mola hizo una entrevista muy crítica al fiscal mexiquense Alejandro Gómez, un día después que se conoció el “homicidio imprudencial” de uno de los guaruras.
“–¿La cadena de custodia del proyectil está limpia, está transparente? –preguntó el conductor de noticias.
“–Nosotros entendemos que así es.
“–Pero no están seguros.
“–Hemos hecho todas las diligencias correspondientes para que la cadena de custodia cumpla los requisitos de ley.
“–¿No toman en cuenta otras pruebas? Se han centrado en la bala del escolta. ¿Se acabó el asunto?
“–-De ninguna manera. Como se ha señalado precisamente en el comunicado que se emitió anoche, se están practicando las diligencias necesarias para el total esclarecimiento de los hechos… Es de la mayor importancia dar a conocer la causa de la muerte del señor Lagos para evitar, por supuesto, todo tipo de especulaciones.”
Sin embargo, las especulaciones no han disminuido. En su cuenta de redes sociales el reportero Carlos Jiménez, del periódico La Razón, publicó una foto del “momento en que el exmilitar y escolta del vicepresidente de Televisa cambiaba la llanta de la camioneta, mientras su jefe agonizaba por el balazo que le propinó”.
¿Quién tomó la foto? ¿Fueron de las cámaras de seguridad? ¿Quién las filtró?, fueron las preguntas más comunes de los usuarios de las redes sociales.
El viernes 24, El Universal publicó en su columna El Caballito que en Televisa “están muy sentidos por la falta de tacto para tratar el tema, en el que incluso aseguran que no los han contactado para informarles de los avances, como mera cortesía, y se han tenido que enterar por los comunicados de prensa” de la Fiscalía General mexiquense.
El “Fifagate”
El homicidio de Lagos ocurrió cuatro días después que Alejandro Burzaco, exdirector general de la empresa comercializadora de deportes Torneos y Competencias, reveló ante una Corte de Nueva York que Grupo Televisa, O’Globo de Brasil y Fox Sports formaron parte de una red de pago de sobornos por 15 millones de dólares que se hicieron a ejecutivos de la FIFA para ganar los derechos de transmisión por televisión de las copas mundiales de futbol 2026 y 2030.
Burzaco, uno de los 42 testigos involucrados en el escándalo del Fifagate, está acusado de pagar más de 110 millones de dólares en sobornos para obtener derechos de transmisión televisiva. Llegó a un arreglo con la fiscalía tras recibir amenazas de muerte, a fin de delatar la red de corrupción y reducir su pena, así como devolver 21 millones de dólares
En medio de los testimonios de Burzaco, en Argentina apareció muerto Jorge Delhon, abogado que trabajó para el programa de televisión Futbol para todos. La información de este caso es confusa también: Delhon se suicidó arrojándose a las vías del tren poco antes que Burzaco testificara y revelara la red de sobornos que llega hasta el exhombre fuerte del futbol argentino, Humberto Grondona, quien fue vicepresidente de la FIFA.
El testimonio de Burzaco cimbró de nuevo en Televisa. Entre el 15 y 16 de noviembre la compañía emitió dos comunicados para negar “cualquier acción indebida” en esta trama y para afirmar que la compañía “nunca tuvo conocimiento o autorizó, de forma alguna, soborno o conducta inapropiada alguna”.
En segundo lugar, Televisa informó en otro comunicado que contrató a la firma especializada de abogados neoyorquina Bronstein, Gerwitz and Grossman LLC para investigar “si Grupo Televisa o ciertos de sus funcionarios o directivos han violado las leyes federales de valores” de Estados Unidos.
Televisa reaccionó de manera similar a la del verano de 2016, cuando un documento anónimo de 15 cuartillas llegó a la Securities and Exchange Commissions (SEC), la máxima autoridad regulatoria bursátil de Estados Unidos, señalando una trama de cuentas “ocultas”, pagos en efectivo de gobernadores por publicidad que no ingresaron oficialmente a las arcas de la empresa y que involucraban a su vicepresidente Alfonso de Angoitia.
En esa ocasión, Televisa informó que otro bufete de abogados de Nueva York –Wachtell, Lipton, Rosen & Kratz– realizó una “investigación interna” para conocer el origen del documento y los hechos que se delataban (Proceso 2062).
El antecedente más importante del escándalo que involucra a Televisa con el Fifagate fue otra nota, publicada el 26 de octubre por The New York Times. Firmada por Tariq Panja, revela que una empresa llamada Mountigri Management Group, formada por sólo tres personas, “amasó discretamente los derechos exclusivos de los partidos de la Copa del Mundo en buena parte del continente americano, de México a Argentina, hasta 2030”. Esta desconocida empresa off shore habría tenido los contratos de 16 naciones de América Latina.
“Las autoridades de Estados Unidos ayudaron a revelar que Mountigri es, en realidad, una filial de la gigantesca cadena de televisión Grupo Televisa”, afirmó la nota. Mountigri pagó cerca de 190 millones de dólares para afianzar las transmisiones de los mundiales de 2018 y 2022.
La clave de esta nota está en el siguiente párrafo, que remite a Alejandro Burzaco, pieza clave del Fifagate: “Para llegar a este acuerdo con la FIFA, Mountigri recibió el apoyo de Alejandro Burzaco, un empresario argentino, según varias personas que tienen conocimiento de las negociaciones y pidieron el anonimato al no estar autorizados a dar estas declaraciones”.
Televisa ha negado cualquier relación con Mountigri y ha desestimado las revelaciones de Burzaco ante la Corte de Nueva York, pero el escándalo del Fifagate apenas está comenzando su segundo capítulo.
El día que se conocieron las declaraciones de Burzaco, las acciones de Grupo Televisa disminuyeron 2.4% en la bolsa de valores de Nueva York.
Este reportaje se publicó el 28 de noviembre de 2017 en la edición 2142 de la revista Proceso.

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Designa Peña a Alejandro Díaz de León nuevo gobernador del Banco de México

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De izquierda a derecha, Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México; el presidente Enrique Peña Nieto; José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda, y Agustín Carstens, titular saliente del banco central PresidenciaFoto Presidencia
Rosa Elvira Vargas y Roberto González Amador
 
Periódico La Jornada
Miércoles 29 de noviembre de 2017, p. 23
Por designación del presidente Enrique Peña Nieto, el nuevo gobernador del Banco de México (BdeM) es Alejandro Díaz de León Carrillo se informó ayer en un comunicado de Los Pinos.
La decisión del mandatario no pasará por el trámite de la aprobación del Senado en virtud de que Díaz de León es uno de los cuatro subgobernadores de la institución para cuyo cargo fue nombrado por ese órgano legislativo a partir del primero de enero de este año.
Sustituye a Agustín Carstens Carstens, quien aceptó la gerencia general del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés).
El economista por el ITAM y con estudios de maestría en administración pública y privada en Yale ocupará su nuevo encargo a partir del próximo viernes primero de diciembre y hasta el 31 de diciembre de 2021.
Para ejercer la facultad de la designación directa del nuevo gobernador del banco central de entre uno de los integrantes de su junta de gobierno, el jefe del Ejecutivo se apegó a lo estaipulado en los artículos 38, 40 y 41 de la Ley del Banco de México.
De este modo, un comunicado de la Presidencia confirmó ayer por la tarde la especie circulada desde el lunes por la mañana cuando se produjeron los movimientos en el gabinete del presidente Peña por la renuncia del secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, para convertirse en precandidato del PRI a la Presidencia. En las semanas previas a la decisión del tricolor, también se llegó a considerar a Meade probable gobernador del BdeM.
Sobre la trayectoria profesional de Díaz de León, en Los Pinos se consignó: desde 2015 y hasta finales del año pasado ocupó la dirección general del Banco de Comercio Exterior (Bancomext); entre 2011 y 2015 fue titular de la Unidad de Crédito Público en la Secretaría de Hacienda. Además, ha sido vocal ejecutivo del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores del Estado (Pensionissste) y entre 1991 y 2007 trabajó en el propio Banco de México.
De forma coincidente, el nuevo gobernador del BM ocupará el cargo el mismo día de su cumpleaños número 49.
En su hoja de vida también se incluye su desempeño como profesor de la cátedra de opciones y futuros en la maestría en administración y finanzas del ITAM y ha sido parte de diversos órganos colegiados en la banca de desarrollo y autoridades del sistema financiero. Además ha escrito para diversas publicaciones editadas por el BdeM y otras instituciones.
Dos de las funciones centrales de la institución consisten en preservar el valor de la moneda mexicana y atender las diversas variables macroeconómicas que inciden en la inflación.
Señal de certeza: ABM
Como una señal de certeza, calificó Marcos Martínez Gavica, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), la designación de Alejandro Díaz de León como nuevo gobernador del BdeM.
El nombramiento de Díaz de León es una señal de certeza que saludamos, por ello confiamos en que el banco central seguirá en la ruta correcta a favor de una economía ordenada, expresó Martínez Gavica en una declaración difundida esta noche por la ABM.
Alejandro Díaz de León fue nombrado por el presidente Enrique Peña Nieto para encabezar la junta de gobierno del banco central, posición que el próximo jueves dejará Agustín Carstens Carstens, quien se hará cargo del Banco de Pagos Internacionales, con sede en Basilea, Suiza.
Para la ABM, la junta de gobierno del Banco de México ha dado muestras de capacidad, experiencia y firmeza en sus decisiones, elementos fundamentales para la estabilidad económica; con la llegada del nuevo gobernador, estamos seguros que el instituto central mantendrá la autonomía y apego a su mandato, consideró Martínez Gavica.
Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, calificó a Alejandro Díaz de León, quien fue nombrado nuevo gobernador del BdeM, de hombre capaz para liderar una institución fundamental para la estabilidad de nuestra economía.
Hasta antes conocer el nombramiento, en entrevista el líder del organismo cúpula lo consideró una persona joven, pero con experiencia suficiente para encabezar el banco central. Más tarde, en su cuenta de Twitter, dijo confiar en la capacidad y preparación de Díaz de León.
(Con información de Alejandro Alegría)

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martes, 28 de noviembre de 2017

Recepción de MariChuy en CU, hoy a las 3 pm. No faltes.


Invitación a Torneo de Básquetbol


Morena, Marichuy y México

Periódico La Jornada
Opinión 
 
Guillermo Almeyra
 
 
Morena, con Romo y Moctezuma, acaba de dar a conocer su programa para las elecciones presidenciales de 2018. Como se preveía, el programa en cuestión consiste en una lista de propuestas que no encaran ningún cambio real en la dependencia de México del capital financiero internacional y de Estados Unidos y en la situación social en nuestro país. Para colmo, ese programa evita cuidadosamente decir quién pagará los proyectos que expone porque no piensa en hacer pagar la reconstrucción del país a quienes lo destrozaron y busca mantener intacto el sistema capitalista.
AMLO pide el voto popular pero no plantea la necesidad de un aumento general de salarios y de las jubilaciones por lo menos de 50 por ciento para elevar el nivel de vida y de consumo de los más pobres, que son la mayoría, reduciendo el posible impacto inflacionario de esta medida de choque mediante el cobro de los impuestos que los capitalistas evaden, impidiendo la fuga de capitales con un control de cambio e imponiendo un impuesto de reconstrucción a los grandes bancos extranjeros y a las mayores empresas y las grandes fortunas.
No habla tampoco de un plan masivo de creación de empleos elaborado comunidad por comunidad, con la participación popular en la definición de las necesidades, las prioridades y la búsqueda de recursos para el financiamiento de nuevos puestos de trabajo sobre todo en los sectores que más absorben mano de obra, como la vivienda, la vialidad, la artesanía. Deja de lado también la pérdida por México de una parte importante de la población joven que enfrenta peligros y hasta la muerte para emigrar donde será explotada como mano de obra barata y sumisa y discriminada porque es pobre y por su color. Además, subestima claramente los derechos indígenas, o sea, a 15 por ciento de los mexicanos.
El programa de AMLO tampoco afecta en nada la actual dependencia económica, política, diplomática, militar y cultural de Estados Unidos. No tiene planes reales para reincorporar a una actividad productiva a los mexicanos expulsados por los gobiernos racistas de Estados Unidos ni un plan eficaz para el campo para evitar los efectos del recalentamiento global que desertifica y aumenta los peligros de inundaciones y huracanes, ni hace frente a la necesidad de asegurar la autosuficiencia alimentaria para no depender de Washington.
Peor aún: adopta una política en el campo de la producción de energía eléctrica que aumenta la dependencia mexicana de Estados Unidos y pone en peligro los ecosistemas sobre todo en el sur del país, única región que posee una vasta red de ríos. Con el cambio del clima, el agua es cada vez más un recurso escaso y precioso, pero el programa retoma ideas del genial Vicente Fox y de su Plan Puebla Panamá y propone una serie de obras hidráulicas que forman parte de una cadena de represas destinadas a dar energía al sur de Estados Unidos y que, además de expulsar campesinos e inundar sus pueblos y tierras fértiles muy productivas, cambiarían irreversiblemente el clima y los aportes de las aguas a la agricultura y la fauna terrestre y marina creando un grave problema ecológico.
En el programa, elaborado entre otros por viejos y destacados priístas cuya presencia en el entorno de AMLO busca dar garantías al establishment oligárquico y al imperialismo estadunidense, no hay nada que ayude a la autonomía y la autorganización de los trabajadores y, en cambio, hay guiños y promesas a las empresas privadas, como la propuesta de conceder autonomía a las universidades privadas en vez de reforzar y depurar las alicaídas universidades públicas.
¿Por qué, sin embargo, centenares de miles de mexicanos honestos apoyan a AMLO y su programa escrito a sus espaldas y que no conocen? Porque en México jamás ha habido una experiencia democrática de masas y siempre las esperanzas se depositaron en la esperanza de un gobierno amigo y en Salvadores Providenciales y no en la organización de los oprimidos y explotados para hacer frente a los opresores y explotadores. Hay quienes temen un cambio social, creen aún en la posibilidad de reformas pacíficas y depositan sus esperanzas en un caudillo que es honesto –aunque la honestidad no es una virtud sino un deber ético– pero que ordena la ocupación del centro de la capital así como el cese de esa medida de fuerza sin consultar a nadie, según le convenga y cuando se le ocurre.
Frente a esta candidatura de Morena destinada a reforzar las instituciones capitalistas y a encauzar hacia vías institucionales la rabia popular se alza la candidatura de una mujer indígena –Marichuy Patricio– que se declara anticapitalista, incorpora a la izquierda revolucionaria y de clase y depende del apoyo de los trabajadores incluso para vencer el obstáculo de su registro. El anticapitalismo de su programa, es cierto, todavía no se concreta en medidas que se podrían adoptar inmediatamente o en llamados a crear todo tipo de organizaciones de base, desde las cooperativas de consumo o de producción hasta las policías comunitarias y las autodefensas frente al crimen y a la ofensiva reaccionaria del Estado. Pero la dinámica misma de la candidatura y la lógica de los hechos permiten esperar un progreso en la extensión del programa.
México está en una crisis muy grave y sin precedentes y los paños tibios no lo aliviarán. Necesita medidas de fondo, urgentes, y despertar con ellas a sus aliados potenciales en Estados Unidos (los antirracistas que combaten a Trump por la izquierda y los jóvenes socialistas) y en toda América Latina. Necesita una fuerza anticapitalista que proponga medidas radicales. Morena le ofrece seguir como hasta ahora sin cambiar el sistema mientras Marichuy llama a crear, a organizarse, a establecer relaciones humanas de fraternidad para luchar por un cambio social. Para mí la opción está clara.

Comunidad de la UNAM recibirá a Marichuy el 28 de noviembre

La Red Universitaria de Apoyo al CNI recibirá a Marichuy en la Universidad Nacional Autónoma de México el próximo 28 de noviembre


Regeneración, 17 de noviembre de 2017.- Los simpatizantes de Marichuy, vocera del Congreso Nacional Indígena (CNI) en la Universidad Nacional Autónoma de México la recibirán en las instalaciones de la institución educativa el próximo 28 de noviembre.
En un comunicado de la Red Universitaria de Apoyo al CNI los universitarios indicaron:
“Nos vemos el próximo 28 de noviembre para encontrarnos, escucharnos y caminar juntas y juntos. Nos toca como mujeres y hombres -universitarixs, trabajadoxs, niñxs, vecinxs, ciudadanxs, etc- imaginar el envés del desastre y organizarnos para vivir con dignidad. ¡Recibamos a Marichuy y al Concejo Indígena de Gobierno en la Ciudad de México”

De acuerdo con el diario La Izquierda, el CNI agrupa los siguientes pueblos indígenas: Amuzgo, Binnizá, Chichimeca, Chinanteco, Chol, Chontal de Oaxaca, Chontal de Tabasco, Coca, Comcac, Cuicateco, Cucapá, Guarijío, Ikoots, Kumiai, Lacandón, Mam, Matlazinca, Maya, Mayo, Mazahua, Mazateco, Mixe, Mixteco, Nahua, Ñahñu/Ñajtho/Ñuhu, Náyeri, Popoluca, Purépecha, Rarámuri, ,Sayulteco, Tepehua, Tepehuano, Tlapaneco, Tohono Oódham, Tojolabal, Totonaco, Triqui, Tzeltal, Tzotzil, Wixárika, Yaqui, Zoque, Afromestizo y Mestizo.

Asociación acusa al INE de discriminar a Marichuy con su app

El pasado 8 de noviembre, la asociación civil “Llegó la Hora del Florecimiento de los Pueblos”, conformada por intelectuales, artistas y luchadores sociales, acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de discriminar a María de Jesús Patricio Martínez, aspirante presidencial independiente por los pueblos indígenas del país.De acuerdo con la asociación, este acto tiene lugar al lanzar un proceso de recolección de firmas “pensando en un país que no es México”, pues la aplicación para teléfonos celulares con la que se deben recolectar las firmas es un obstáculo para “Marichuy”, ya que hay zonas donde no se puede registrar la firma de los ciudadano porque ni siquiera hay energía eléctrica.
El escritor Juan Villoro, Alicia Castellanos, Bárbara Zamora y Gilberto López Rivas, encabezaron una conferencia de prensa donde leyeron un posicionamiento firmado por otros intelectuales como Pablo González Casanova, Eduardo Matos Moctezuma, Óscar Chávez, entre otros.
En dicho documento exigen al INE cambiar de estrategia y que en lugar de la aplicación para teléfonos celulares, sean cédulas en papel el mecanismo por el cual se recolectan firmas en todo el país.

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La reforma laboral es inhumana y regresiva


Revista Siempre! 

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La vertiente internacional es, sin duda, una variable estratégica que debe tenerse muy presente en el proceso de planeación de la defensa de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos. Su importancia fue visibilizada por vez primera en noviembre del 2009, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos atribuyó al Estado mexicano responsabilidad internacional con motivo de la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, simpatizante de la guerrilla campesina de Lucio Cabañas y uno de los numerosos desaparecidos de la guerra sucia. Asimismo le impuso el deber de llevar a cabo el control de convencionalidad ex officio emergido a raíz del criterio jurisprudencial establecido al resolver el famoso caso Almonacid Arellano vs. Chile.
Un cambio de esas mismas magnitudes históricas habrá de ocurrir cuando se ponga en juego la extraordinaria jurisprudencia emitida el 31 de agosto de este año por los jueces interamericanos en el caso Lagos del Campo vs. Perú, cuyos criterios interpretativos son de observancia obligatoria para el Estado mexicano.
El asunto versó sobre el despido injustificado del trabajador de una empresa privada. En el fallo que nos ocupa se determinó lo siguiente: I) la sanción establecida en el caso fue la máxima conminada por las normas del derecho del trabajo, que es el despido, en que a título sancionatorio se le priva de un derecho fundamental; II) la lesión arbitraria a la estabilidad laboral es susceptible de afectar incluso la propia identidad subjetiva de la persona y trascender a terceros vinculados.

El Estado peruano fue declarado responsable de la violación al derecho humano al debido proceso y al derecho humano a la estabilidad laboral reconocido en el artículo 26 de la Convención Americana. También fue condenado a cubrir los siguientes conceptos: daños materiales causados por el desamparo laboral, la pérdida del derecho a una pensión digna y el trastocamiento de sus condiciones de vida; daños inmateriales ocasionados por  las alteraciones clínicas derivadas de la experiencia traumática y/o catastrófica derivada del despido injustificado.
Las lecciones de la Corte hemisférica no tienen desperdicio alguno: I) la estabilidad laboral es un derecho humano protegido por el derecho internacional y goza de los atributos de indivisibilidad e interdependencia inherente a las prerrogativas fundamentales; II) dados esos atributos excepcionales, el despido arbitrario no sólo tiene consecuencias laborales, también afecta otros derechos humanos, como la vida, la dignidad, la integridad, la salud, la alimentación, la educación, la seguridad social; III) todas esas violaciones deben objeto de las correspondientes reparaciones integrales.
Este nuevo y grandioso hito interamericano indiscutiblemente honra la memoria del gran jurista mexicano Mario de la Cueva y pone en evidencia el carácter absolutamente inhumano, regresivo e inconvencional de la reforma laboral.

Escalan violencia y desplazados por conflicto agrario en Chiapas

 
PROCESO 
 
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El director del Centro Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Pedro Faro, alertó que otra masacre como la de Acteal podría ocurrir en la región Altos de Chiapas si el gobierno federal no desarma a los grupos civiles armados o paramilitares que han dejado ya cientos de desplazados de Chenalhó y Chalchihuitán.
En entrevista, Faro dijo hoy que este conflicto entre Chenalhó y Chalchihuitán, que data de hace más de 40 años, se ha agudizado por las omisiones del gobierno estatal y federal para solucionar de forma definitiva esta disputa agraria y territorial.

Luego expuso que este conflicto fue propiciado por el mismo gobierno estatal y el gobierno federal a través de sus instancias agrarias, al emitir resoluciones “desde el escritorio”.
También señaló que, desde el sexenio de Pablo Salazar (2000-2006), en el de Juan Sabines (2006-2012) y el actual de Manuel Velasco (2012-2018), supuestamente se ha dado solución al conflicto, pero hasta ahora son sólo acuerdos que se han quedado en el discurso.
“El problema que vimos ahorita, desde las elecciones municipales de julio de 2015, es que ya se volvieron a crear grupos civiles armados. Como nunca se investigó a los grupos paramilitares y como nunca se desarmó a los paramilitares de la región, ahora se ve claramente que fácilmente se pueden rearmar, o reagrupar para, como en este caso, agredir a los indígenas de Chalchihuitán”, advirtió Faro.
Y agregó que “en esta disputa también se han visto afectadas poblaciones del propio municipio de Chenalhó que nada tienen que ver con este conflicto”.
Lo que ha documentado el Frayba es que, el año pasado, hubo un grupo o comisión interinstitucional que propuso al gobierno estatal la solución de este conflicto, pero el gobierno ha incumplido con los acuerdos, como lo son la reparación del daño, indemnizar a las personas afectadas, el deslinde del límite territorial y otras acciones.
En este conflicto, aclaró, no hay nada nuevo u oscuro, “lo oscuro acá es que de nueva cuenta se han reactivado los grupos armados que están agrediendo, desplazando y matando personas”.
“No se sabe qué intereses puede haber ahí para que esa zona se vuelva una zona de guerra, nuestra explicación, hasta donde podemos lograr ver, es que desde la masacre de Acteal se ha dejado crear un clima de impunidad, donde los actores que están ligados al gobierno actúan de manera impune y hacen lo que quieren en la zona. No hay pues un Estado de Derecho en esta región”, denunció.
“La información que nos llega es que están comprando armas, que se están reorganizando, que están asediando y generando terror a las comunidades, y esa situación ha dejado ahora miles de desplazados, y no sólo de Chalchihuitán, sino también de Chenalhó, por este mismo conflicto.
El riesgo ahora, abundó, es que empiecen a recrudecerse los asesinatos y se perpetre otra masacre. “Porque el gobierno lo único que ha anunciado es la creación de una Base de Operaciones Mixtas conformada por cuerpos policiacos y militares del gobierno estatal y federal, similar a la que estaba cerca de la masacre de Acteal en 1997, y nunca previno para evitar el multihomicidio”.
Faro pidió que, para finiquitar el conflicto, se restablezcan los acuerdos comunitarios que ya tienen las autoridades tradicionales de ambos municipios, que se investiguen los asesinatos que han quedado impunes, que se investigue, desarme y desarticule a los grupos armados paramilitares que operan en la zona.
En un comunicado, el Frayba sostuvo que está en riesgo la vida, seguridad e integridad de comunidades enteras en la región.
Luego destacó que en octubre se registró la muerte de Samuel Pérez Luna, poblador de Chalchihuitán, originario de la comunidad de Kanalumtik, y se profundizó la violencia el lunes 13, ocasionada por grupos armados de la región.
Por esa razón, cientos de familias han dejado la región, refugiándose en el monte. Incluso, resaltó, grupos armados cortaron la carretera y bloquearon todos los accesos a las comunidades del municipio de Chalchihuitán, quedando incomunicada la población.
“Hasta el día de hoy siguen los disparos de bala, la población está viviendo en terror, hay rumores de que va a entrar gente armada para agredir a las personas que están en la cabecera de Chalchihuitán. No hay nada de comer, ni frijol ni tortilla. El gobierno del estado no escucha porque no se ha hecho nada, estamos solos y abandonados a nuestra suerte. Todos los negocios están cerrados, ya no maíz, no hay fruta, no hay gasolina. El municipio está sitiado, no hay manera de pasar despensa; hay mucho miedo, hay balacera en la comunidad de Pom, y por lo menos nueve casas quemadas. Y hay amenazas de que cortarán la energía eléctrica”, se destaca en el informe del Frayba.
Según información con la que cuenta el Frayba, las comunidades en mayor riesgo son Tzacucum, Codo de Río, Balumpi, Chacotom, Chimcruz, Zacatón, Tzeleltic, Tzantechen, Pajalton, Xaltom, Ceranichimtic, Zanajo, Shcumun, Naptic, Nuctsu, Maxilo, Nichkacanam, Tzomolton, Cruz Kakalnam, Bololchojon, Tulantik, Pom, Chenmut, Kanalumtik, Canech, Cotolchij, Lobolaltik, Pacanam, Pat Canteal, Tzununil, Chiquinshulum y Joltelal. Aproximadamente 7 mil personas afectadas por la violencia.
Por ello, el Frayba urgió al Estado mexicano a atender de manera pronta y expedita esta situación que se ha tornado en hechos de violencia generalizada y puede llevar a mayores violaciones a derechos humanos, “ya que tenemos información precisa de que las acciones implementadas por funcionarios del gobierno de Manuel Velasco han sido ineficaces y han generado mayor situación de riesgo a la población”.
Enseguida, la ONG pidió que se implementen de manera urgente las medidas cautelares necesarias y pertinentes a fin de respetar, garantizar y proteger la vida e integridad de las familias de Chalchihuitán y Chenalhó.
Igual que se apliquen los “Principios rectores de los desplazamientos internos” de la ONU, con el fin de proteger a los cientos de familias que han huido de la violencia generalizada y que están en total vulnerabilidad.
También que investigue el asesinato de Samuel Pérez Luna, se castigue a los responsables y se desarme a los grupos que actúan de manera impune bajo la permisividad del gobierno de Chiapas.
Pero, sobre todo, que se garantice el libre tránsito y la paz social en las comunidades de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, priorizando el diálogo entre las partes bajo el respeto esencial de los derechos humanos.

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Pilotos de aviación protestan contra posible aumento de horas de vuelo

Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Martes 28 de noviembre de 2017, p. 17
Pilotos de aviación protestaron ayer en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) contra una iniciativa de senadores del PRI para que se les aumente de 90 a 100 horas su jornada de vuelo mensual y de 180 a 200 las horas de servicio.
Vestidos con uniforme y portando pancartas que decían La fatiga de vuelo mata, como parte de la movilización, decenas de integrantes de la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación (Aspa) se acostaron en el piso de la terminal durante varios minutos, a fin de llamar la atención sobre los riesgos que conlleva para la salud física y mental de quienes operan los aviones el incrementar las jornadas laborales.
El secretario general de Aspa, Mario González Aguilera, señaló que las investigaciones de los accidentes de vuelos plantean que la fatiga es coadyuvante de los mismos, por lo que es inverosímil que legisladores del PRI hayan presentado una iniciativa para ampliar sus horas de vuelo, a sabiendas de los riesgos que esto implica para los pilotos y para la seguridad aérea del país.
Hizo ver que la iniciativa se contrapone a los lineamientos de la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci), ya que elevar la cifra de horas de vuelo y servicio al mes, puede llevar a la fatiga y muerte de los pilotos y, por tanto, pone tam-bién en riesgo la seguridad de los pasajeros.
Los usuarios de la terminal quedaron impactados al ver a aproximadamente 150 pilotos de todas las edades y categorías acostados en el piso, simulando haber desfallecido de fatiga, totalmente en silencio. Varias personas tomaron fotos y video con sus celulares del inusual hecho.
González Aguilera dijo que la Oaci actualmente está recomendando a todos los países instrumentar un Sistema de Gestión de la Fatiga (FMRS, por sus siglas en inglés), y la Dirección General de Aeronáutica Civil había iniciado trabajos para establecer una norma en este sentido.
Pancartas que llevaron los pilotos al mitin señalaban: Mayores riesgos, mismo precio en los boletos, y puntualizaron que la iniciativa de la senadora priísta Cristina Díaz, además de aumentar las jornadas de vuelo para los pilotos, plantea modificar el artículo 32 de la Constitución de nuestro país, a fin de permitir que pilotos extranjeros vuelen aeronaves mexicanas.
Ambos planteamientos son insostenibles y buscan afectar al gremio de pilotos, indicó el dirigente y dijo que Aspa pide la intervención del presidente Enrique Peña, para que frene esta propuesta, la cual no tiene suficiente sustento y es improvisada. Expuso que a los senadores ya les enviaron más de 3 mil hojas de información sobre los efectos de fatiga en los pilotos, realizadas por universidades de Europa, Estados Unidos y de Australia.

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Reglas sobre telecomunicaciones frenaron un capítulo del TLCAN

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Carlos Slim, dueño de América Móvil, durante un acto en el museo Soumaya en junio de 2016Foto Guillermo Sologuren
Reuters y Notimex
 
Periódico La Jornada
Martes 28 de noviembre de 2017, p. 20
La propuesta de Estados Unidos de agregar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) reglas que afectan a América Móvil, firma del millonario mexicano Carlos Slim, impidió a los negociadores del convenio lograr su meta de cerrar el capítulo de telecomunicaciones en su ronda más reciente, según tres fuentes que conocen la situación.
El planteamiento buscaba integrar la reforma mexicana de telecomunicaciones al TLCAN, incluyendo una medida que impedía a América Móvil cobrar a sus rivales, como la estadunidense AT&T, por terminar llamadas en su red, señalaron las fuentes.
La medida fue una parte medular en la reforma de 2014, que se enfocó en reducir el poder de Slim en las telecomunicaciones de México, sector en el que posee casi dos tercios de las suscripciones de líneas para celulares.
Pero México abandonó la medida luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió en agosto pasado que las tarifas de interconexión de América Móvil deben ser fijadas por el regulador y no por el Congreso.
Estados Unidos hizo la propuesta durante la cuarta ronda de negociaciones y siguió en la mesa más reciente, en Ciudad de México. Pero fue el mayor escollo para dejar atrás el capítulo de las telecomunicaciones. Es visto como una de las pocas áreas de coincidencias en las charlas, subrayaron las fuentes.
Las portavoces de AT&T y América Móvil se negaron a hacer comentarios. Una vocera de la oficina del representante de comercio de Estados Unidos tampoco quiso hablar.
Los negociadores mexicanos no están dispuestos a revisar un tema que ya ha sido resuelto por la Corte, expresó el senador Gerardo Flores, quien fue informado sobre la propuesta.
Lo que México estaría dispuesto a plasmar (en el TLCAN) es todo lo que está vigente de la reforma, declaró Flores.
La decisión de la Corte de respaldar a Slim cambió el escenario para AT&T, que llegó a México tras la reforma.
Funcionarios mexicanos consideraron la propuesta de Washington como un intento por restituir condiciones más favorables para AT&T.
Fue un regalo de Santa Claus para AT&T, manifestó un funcionario mexicano cercano a las negociaciones.
A México también le preocupaba que la propuesta pudiera atar de manos al regulador local, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), aseveraron las fuentes.
En respuesta a la decisión de la Corte, el IFT fijó nuevas tarifas de interconexión, lo cual permitirá a América Móvil facturar alrededor de una cuarta parte de lo que sus competidores cobran. Las tarifas entrarán en vigor en 2018.
Además, los negociadores mexicanos objetaron la forma de la propuesta, estructurada como anexo al capítulo de telecomunicaciones, que sólo se aplicaría a México.
El gobierno mexicano quiere que los principios clave de la reforma queden plasmados en el capítulo de telecomunicaciones, que aplicaría en los tres países, declaró Flores.
Próximas pláticas, en Washington
El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, informó ayer que la próxima reunión de funcionarios estadunidenses, mexicanos y canadienses para revisar el TLCAN tendrá lugar a partir del 11 de diciembre en Washington, y en ella podrían cerrarse algunos capítulos importantes.
Guajardo aseguró que en esa ronda, en la que los ministros no participarán, debe haber más avances en temas como telecomunicaciones, comercio electrónico, barreras técnicas al comercio y prácticas regulatorias.
Hay cosas que pueden avanzar, afirmó.
Guajardo dijo que las conversaciones podrían extenderse una semana. Otros dos funcionarios del TLCAN, quienes hablaron con la condición del anonimato, aseguraron que las negociaciones estaban programadas para realizarse entre el 11 y el 15 de diciembre; sin embargo, uno comentó que incluso podría haber reuniones previas y posteriores a esas fechas.
Las conversaciones siguen a la ronda en México, que se hizo este mes, en la cual las tres partes no lograron grandes avances en los temas más polémicos en discusión, lo que provocó que el gobierno de Donald Trump se quejara de la falta de progreso.
Trump ha amenazado con retirarse del TLCAN, a menos que pueda reformarlo en favor de Estados Unidos.
México tiene reservas importantes sobre varias propuestas estadunidenses, aunque ninguna como un plan para elevar el contenido estadunidense en autos a 85 por ciento desde 62.5 por ciento y garantizar que la mitad del contenido total provenga de Estados Unidos.
Guajardo dijo tras las conversaciones que México haría una contrapropuesta sobre el planteamiento de autos, una vez que Estados Unidos explicara la viabilidad de sus planes.
México hizo una contrapropuesta ojo por ojo a un esquema de Estados Unidos para limitar el acceso mexicano y canadiense a las licitaciones públicas. Sin embargo, Guajardo afirmó que la estrategia no funcionaría en todos los asuntos difíciles.
Analizan afectaciones en Estados Unidos
En Washington, el vicepresidente estadunidense, Mike Pence, y el principal funcionario comercial del gobierno se reunieron ayer con los presidente ejecutivos de General Motors y Fiat Chrysler, así como con un ejecutivo de alto rango de Ford, para discutir la renegociación del TLCAN.
La reunión se efectuó para cubrir industria, comercio y política de manufactura, y cómo esto afecta sus negocios. Estaba previsto que incluyera al director del Consejo Económico Nacional, Gary Cohn, y al representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, informó la oficina de Pence.
Las automotrices están en el centro de una disputa por la renegociación del TLCAN, ya que el gobierno de Trump busca normas adicionales a las importaciones de vehículos, a las que los fabricantes de su país se oponen.
Vemos la modernización del TLCAN como una oportunidad importante para actualizar el acuerdo de 23 años y preparar el escenario para una expansión de las exportaciones de automóviles de Estados Unidos, dijo Matt Blunt, presidente del American Automotive Policy Council, tras la reunión.
Duro golpe
En Toronto, el Banco de Montreal planteó que el eventual fin del TLCAN daría un duro golpe a la integrada cadena productiva del sector automotriz de la región y los estados más afectados serían Alabama, Tennessee, Kentucky y la provincia de Ontario.
El reporte del banco The day after NAFTA, dado a conocer ayer, advierte que ello provocaría un 0.2 por ciento de reducción neta en el producto interno bruto (PIB) estadunidense en los próximos cinco años y una disminución de uno por ciento en el crecimiento económico canadiense.
Tras cinco rondas de negociación con mínimos avances y la permanente amenaza de Trump de sacar a Estados Unidos del tratado, los economistas canadienses siguen publicando estudios respecto del grave, aunque no fatal, efecto que tendría en la economía de los tres países.
El informe indica que el sector automotriz sería el más afectado, debido a la naturaleza integrada de esta industria.

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A la vieja usanza, los sectores obrero y campesino del PRI arropan a Meade

 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En apenas unas cuantas horas, José Antonio Meade fue acogido como su candidato a la Presidencia de la República por los tres sectores más importantes del PRI: el obrero, el campesino y el popular.
Luego de recibir una constancia de apoyo de esas organizaciones, la propuesta será llevada más noche ante la Comisión Política Permanente, encargada de aprobar al ungido para la contienda del 2018.

Meade Kuribreña recorrió las sedes de los sectores obrero, campesino y popular. En cada uno de ellos pidió a todos los priistas unidad para enfrentar la contienda presidencial el año entrante.
A diferencia de los procesos de elección del candidato presidencial, esta vez la famosa “cargada” priista fue improvisada y los militantes de los tres sectores fueron llamados esta misma mañana para arropar al elegido.
Sin la costumbre de acudir a eventos populares, el exsecretario de Hacienda y Crédito Público improvisó sus discursos destacando la necesidad de la unidad en cada uno de ellos.
En la sede la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), a donde llegó con más de dos horas de retraso pues antes estuvo en la Confederación Nacional Campesina (CNC), su improvisación llegó al punto de que se equivocó del nombre del PRI al decir que era el “Partido de la Revolución Institucional” (sic).
“Les pido que me acompañen en este proyecto de seguir transformando México”, dijo Meade Kuribreña en los tres actos a los que acudió desde el mediodía hasta la tarde, antes de llegar a la sede nacional del PRI para asistir a la sesión del Consejo Político Permanente.
“¡Pepe popular, candidato de la esperanza, Pepe Pepe Pepe!”, fueron los coros de priistas que le lanzaron apenas unas horas después de renunciar a la Secretaría de Hacienda y manifestar su deseo de competir por la candidatura presidencial.
Los actos eran improvisados, pues a los militantes les avisaron apenas este lunes por la mañana que tenían que acudir a dar su apoyo al aspirante a suceder a Enrique Peña Nieto.
José Antonio Meade no había pisado las sedes de los tres sectores del PRI encabezando un acto político. De hecho, las instalaciones de algunos de estos sectores como el de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) no fueron usadas para recibir a Meade, sino que el acto de recepción se hizo en las oficinas del líder del sector obrero, Carlos Aceves del Olmo.
Tras su primera visita a la CTM, el aspirante presidencial se dirigió al CNC, donde realizó el evento más largo, de casi dos horas. Tardó unos 30 minutos en salir para dirigirse a la CNOP, donde en apenas 20 minutos recibió el apoyo de los 32 representantes de todo el país de esta agrupación.
“Le expresamos nuestro apoyo, seguros de que conoce, escucha y abandera las causas populares de trabajadores, profesionistas, movimientos, mujeres y jóvenes a los que representa nuestro sector”, manifestó el representante de las Organizaciones Populares, Arturo Zamora.
De la CNOP, José Antonio Meade se dirigió a la sede nacional del PRI, donde tuvo una reunión con los diputados federales priistas, así como con las organizaciones de jóvenes y mujeres.
Más noche, el exfuncionario en los gobiernos de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, y del priista Peña Nieto, entregará su solicitud a la Comisión Política Permanente del PRI, integrada por 114 miembros del Consejo Político Nacional y tiene la atribución de aceptar la solicitud y turnarla a su Comisión Nacional de Procesos Internos, la cual deberá recibirla a más tardar el domingo 3 de diciembre.

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