lunes, 9 de enero de 2017

En Construcción

LLAMA LA CONFEDERACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA A RESCATAR LOS FONDOS DE LOS TRABAJADORES AHORRO PARA EL RETIRO CON LOS QUE SE ENRIQUECE LA BANCA PRIVADA

Durante muchos años, nuestro país fue ejemplo internacional al haber aprobado leyes, que permitieran posibilitar a los trabajadores la defensa de sus derechos y la obtención de conquistas y mejoras a sus logros históricos.
Tal es el caso de la Ley del Seguro Social de 1973 que, entre otras cosas surgió producto de un gran consenso del Gobierno, los patrones y los trabajadores, que en aquel momento entendieron que, el ser humano era el factor central para lograr resultados positivos en la producción y con ello conducir a México por el rumbo del desarrollo y del progreso.
En tal virtud, había que encontrar, como ocurrió, el mecanismo legal que garantizase la estabilidad social y familiar del derechohabiente y sus beneficiarios que trajera consigo una mayor concientización y disposición en el desarrollo de sus labores.
Ese gran acuerdo tripartito está siendo vapuleado inmisericordemente por la doctrina neoliberal recalcitrante, impuesta en México hace más de treinta años.
Aniquilar todo vestigio de derechos de los trabajadores derivados de la ejemplar Ley de Seguridad Social Solidaria Distributiva de 1973 incluyendo las pensiones, es la prioridad de estos gobiernos antiobreros, que con suma docilidad y sumisión, acatan las instrucciones del FMI y la OCDE.
En esa perversa y malévola intención, los neoliberales no solo agreden nuestros derechos, sino también, con pleno cinismo y abuso, manejan a capricho y mal, nuestros recursos que hemos ahorrado en las AFORES. Ellos, han dilapidado nuestros dineros, en proyectos privados y en deuda del gobierno sin tomarnos parecer alguno y además están cobrando por administrar nuestros recursos, cuantiosísimas ganancias por comisiones.
Ante ese escenario de despojo, la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana decimos: es tiempo de frenar esta acometida salvaje a nuestros derechos, hay que plantarles la cara a nuestros enemigos de clase.
Para ello, convocamos a los jubilados, pensionados, adultos mayores, y jóvenes, a sumar esfuerzos para, por la vía legal y política, abrogar la Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro, (AFORES) que en México, ha sido un rotundo fracaso, a más de 20 años de su aplicación.
Presentaremos próximamente ante el Congreso de la Unión, una Iniciativa de Ley Ciudadana para quitarle al sistema bancario la administración y control de nuestros ahorros.
El Jubilado pasivo está anclado en el pasado, el Jubilado activo está en el presente conquistando el futuro.

C. CARLOS MAGARIÑO LUEVANO Y C. JORGE HERRERA IRETA
PRESIDENTE VICEPRESIDENTE 

Adquiere CFE deuda por $35 mil millones en 2 años


Roberto Garduño
 
Periódico La Jornada
Lunes 9 de enero de 2017, p. 8
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), por conducto de la Secretaría de Gobernación (SG), informó al Congreso de la Unión que en el segundo semestre de 2015 y el primero de 2016 se endeudó por casi 35 mil millones de pesos para financiar sus necesidades de capital de trabajo.
Esos empréstitos se trasladaron a la modalidad de Pidiregas (Proyecto de inversión de infraestructura productiva con registro diferido en el gasto público) y fueron contratados con los bancos BBVA, HSBC, Santander y Banorte.
El perfil de riesgo para la empresa es que la deuda depende del tipo de cambio y de la tasa de interés variable.
“La CFE tiene obligaciones de pago denominadas en moneda nacional y extranjera. Los principales riesgos financieros a los que se enfrenta la deuda de la comisión son el cambiario y la tasa de interés.
Para gestionar estos riesgos, la CFE negocia contratos de instrumentos financieros con fines de cobertura.
En la segunda mitad de 2015 la CFE firmó contratos de préstamos con BBVA, HSBC, Santander y Banorte por 3 mil 934 millones de pesos.
Adicionalmente, contrató deuda financiera para diversos pagos de proyectos de obra pública financiada mediante créditos directos en México y en el extranjero, por un total de 5 mil millones de pesos y 106.7 millones de dólares.
El primer préstamos, en pesos, lo acordó con el banco Santander y el segundo, en moneda extranjera, con Agence Française de Développement (AFD).
Durante el segundo semestre de 2015, refiere el informe proporcionado al Congreso, la CFE efectuó desembolsos para financiar los pagos a contratistas adjudicatarios de proyectos de Obra Pública Financiada a la entrega a satisfacción de los mismos por un total de 2 mil 807 millones de pesos.
Esos desembolsos se hicieron sobre dos líneas de crédito contratadas, una en 2014 con Banorte por 10 mil millones de pesos y otra en 2015 con Santander por 5 mil millones de pesos. Ambas líneas son a plazo de 10 años con amortizaciones semestrales.
Para el primer semestre de 2016, la CFE contrató un nuevo empréstito con BBVA Bancomer por mil 250 millones de dólares, pagaderos en cinco años.
También solicitó a la misma institución bancaria 10 mil millones de pesos para el financiamiento de proyectos de transmisión y transformación.
Estos últimos recursos también incluidos en el perfil de riesgos que implica las obligaciones de pago a capital e intereses en moneda nacional y extranjera.
Al cierre de junio de 2016, la composición de la deuda documentada y Pidiregas (inversión directa) en dólares, incluyendo coberturas, representó cerca de 30.6 por ciento al tipo de cambio. 

Fuente

EL GASOLINAZO SÓLO FAVORECE A ÉLITES PETROLERAS

Juan Vásquez Ramírez,
Analista Independiente,
Participación como invitado en el Programa del sábado 07 de enero del 2017
El 01 de enero del 2017 fue convocada la sociedad por diversas organizaciones sociales, para manifestarse en contra de la decisión del gobierno federal de incrementar en 20% los precios de la gasolina en México. Como respuesta del gobierno federal a las marchas, plantones y bloqueos de autopistas que se registraron el 02 de enero del 2017 en 18 estados de la República, se desató desde ese día y hasta el 04 de enero una ola de vandidaje y saqueos con personas que fueron covocadas por el Partido Revolucionario Instituticional a saquear tiendas de autoservicio, generando terror en diversos poblados del Estado de México, Puebla, Michoacán y colonias de la ciudad de México.
En los medios de comunicación masivos, en un intento por frenar las protestas, ante la respuesta del presidente Enrique Peña Nieto, de que no cambiará su decisión de elevar los precios del combustible. Pero las movilizaciones de rechazo siguen, pese a la política de terror.
El investigador y analista Luis Vázquez Ramírez nos presento en el programa del sábado 07 de enero del 2017 la repercusión negativa que tendrán en la economía popular los gasolinazos y también nos envió su colaboración por escrito, misma que a continuación publicamos textualmente.
La conmoción nacional que está provocando el aumento en el precio de la gasolina, nos indica que es una medida poco prudente. Al adoptarla, el presidente Enrique Peña Nieto no tomó en cuenta la estructura salarial del país, eludió también la incertidumbre económica por el alza de las tasas de interés internas y externas, la devaluación del peso y las negociaciones inmediatas que habrán de tener lugar con la administración del Presidente estadunidense Donald Trump; así como las escandalosas noticias de corrupción, que han evidenciado el impune despilfarro del presupuesto público.
Por ello, esa disposición gubernamental ha sido recibida como una verdadera afrenta.
La terquedad gubernamental por sostener esa medida revela las razones auténticas de la misma: favorecer e impulsar los intereses económicos de una fracción minoritaria de empresarios nacionales y extranjeros; echar un velo a la deplorable administración y uso de los recursos petroleros del país que han hecho los dos últimos gobiernos federales.
GASOLINAZO
Brevemente, el “gasolinazo” consiste en un elevado incremento del precio máximo por litro de las gasolinas y el diesel en todo el país, del orden de 14.4 por ciento (2 pesos más por litro), 20.1 por ciento (2.98 pesos más por litro) y 16.5 por ciento (2.42 pesos por litro), en el precio de la magna, premium y el diesel, respectivamente. Estos precios máximos estarán vigentes hasta el 3 de febrero del 2017, y se modificarán dos veces más, el cuatro y el once de febrero; a partir del dieciocho de ese mes podrán variar de manera diaria. Para instrumentar el incremento de esos precios, el territorio nacional fue dividido en 90 regiones, 7 en la frontera norte y 83 en el interior. Los precios en las regiones de la frontera norte tendrán cierto apoyo, por su cercanía al mercado estadunidense. El impacto mayor del incremento de precios se reciente más en las 83 regiones del interior, que incluye 1,450 localidades.
Los precios máximos de esos combustibles rebasaron el incremento promedio en 771 de estas localidades para el caso de la gasolina magna; en 785 localidades el precio de la Premium se elevó también por arriba del promedio; y en el caso del diesel en 745 localidades su precio por litro superó el aumento promedio. Dentro de un mismo estado el precio máximo de estos combustibles varía y puede estar por abajo o por encima del precio máximo promedio.
En ocho delegaciones de la Ciudad de México, el nuevo precio máximo de la gasolina magna representa un incremento de 16.80 por ciento, de la Premium 22.9 por ciento y el del diesel de 16.67 por ciento.
Con esos incrementos, recargar ahora en esta ciudad un tanque con 50 litros de gasolina magna representa un gasto adicional de 117.5 pesos; de gasolina Premium, 169.5 pesos más (de 741 a 910); y con 100 litros de diesel, 244 pesos más (1,463 a 1,707 pesos). Por la regionalización que se hizo, en 365 ciudades el impacto es mayor.
El Presidente Peña Nieto ha pedido que se acepte su decisión porque, dice, la tomó para preservar la estabilidad macroeconómica del país, al no seguir subsidiando el precio de la gasolina, que consumen principalmente las personas de mayor ingreso. Es difícil armonizar esa declaración con la realidad. Para este año, el salario mínimo nacional aumentó 9.6 por ciento (7 pesos al día), para ubicarse en 80.04 pesos diarios, 2,533 pesos al mes.
La mayoría de las personas que ganan de uno a tres salarios mínimos al mes (7,300 pesos), que constituyen la mayoría de la población económicamente activa (PEA), seguramente no tienen automóvil propio y por ello no gastan su ingreso en la compra de gasolina, pero lo hacen indirectamente porque son usuarios intensivos del servicio de transporte terrestre, cuyas tarifas necesariamente subirán; el costo del transporte de mercancías también se encarece y por ello sus precios subirán también. En suma, el elevado precio de la gasolina impacta directamente el bolsillo de esas familias, en proporción mayor respecto a sus ingresos en comparación con la población de ingresos mayores a 30 o más salarios mínimos (72,996 pesos al mes, en adelante), una verdadera minoría de la PEA (quizá alrededor del 5 por ciento de ésta).
El incremento de precios de varios productos por efecto de la devaluación del peso y de la dependencia de nuestra economía de importaciones principalmente de los Estados Unidos, así como el alza de las tasas de interés internas, hipotecarias y de consumo principalmente, se suman también a ensombrecer el panorama de millones de familias, y en general de la economía nacional.
Por otra parte, el gobierno federal no está abocado a aprovechar para beneficio nacional la riqueza petrolera del país. No pretende refinar más petróleo crudo, sino pavimentar el camino a la libre importación de gasolinas a partir de este año. Desde abril del año pasado la Secretaría de Energía otorgó permisos a 11 empresas privadas para la importación de gasolinas y a 21 para diesel, sin la participación de PEMEX. Esa importación no ocurrió, por carencia de infraestructura de transporte y de almacenamiento, así como por una recuperación de precios en la Costa del Golfo de los Estados Unidos (Texas, Lousiana, Mississippi y Alabama).
Por eso la necesidad de incrementar los precios de las gasolinas y diesel en México, para hacer atractivas esas importaciones a las empresas privadas autorizadas, como llegó a reconocer el propio Secretario de Hacienda, José Antonio Mead (Proceso, 1 de enero de 2017). Y la carencia de infraestructura propia la suplirán con el arrendamiento gradual, a partir de este año, de la infraestructura de ductos PEMEX, posibilidad impulsada por el propio gobierno federal; iniciarán en el norte del país, en Baja California y Sonora, con un tramo de 472.46 kilómetros de ductos.
Pese a la enorme cantidad de recursos generados por PEMEX en los últimos nueve años, el país sólo cuenta con seis refinerías desde hace 37 años, puestas en operación entre 1914 (Tamaulipas) y 1979 (Cadereyta y Salina Cruz). Tienen una capacidad nominal de refinación de un millón 615 mil barriles de crudo por día, pero el uso de esa capacidad instalada ha venido reduciéndose gradualmente, en 2015 fue del 66%, disminuyendo principalmente la producción de turbosina y gasolinas respecto a 2014.
Esta situación no se generó de repente, ha sido producto de la política gubernamental en la administración de PEMEX. Entre los años 2008 y 2016, sus ventas netas fueron por 12 billones 23 mil 294 millones de pesos, pero sus pérdidas netas sumaron un billón 770 mil 514 millones de pesos. Y ello principalmente porque los gobiernos de Felipe Calderón y el actual de EPN le succionaron en ese periodo 5 billones 912 mil 763 millones de pesos por concepto de derechos e impuestos, el 49 por ciento de sus ventas. Ninguna empresa de ningún país puede avanzar con tamaña loza sobre sus espaldas. Aún así, ello sería aceptable si esos derechos e impuestos se hubieran utilizado de manera inobjetable en la mejora o fortalecimiento de los servicios públicos de salud, educación y seguridad en todos los niveles y regiones del país, antes al contrario lo que se ha visto es una tendencia a su escasez o deterioro, por un lado; y por otro lado en ese periodo se han documentado innumerables casos de corrupción, de uso frenético e impune del presupuesto público por parte de toda la élite de la clase política gobernante, cuyo último y más preclaro exponente es el ex gobernador priísta Javier Duarte de Ochoa, quien se fugó cómodamente de la Justicia Federal.
El país necesita, sí, de muchos cambios, pero no deben ser a costa de exprimir las fuerzas y recursos de los sectores mayoritarios de la población. Uno de esos cambios debería ser erradicar la abismal diferencia salarial entre toda la élite gobernante y la inmensa mayoría de su población. En este sentido, el Presidente Peña Nieto anunció que en el primer trimestre del año disminuirá en 10 por ciento las dietas y salarios de los funcionarios públicos de mando superior. Es insuficiente. Para 2017, el sueldo mensual neto promedio aprobado para el Presidente es de 250 mil 248 pesos, y el de los secretarios de Estado de 233 mil 826 pesos, 103 y 96 veces más que el salario mínimo mensual, respectivamente
. Aun con una reducción de 10 por ciento, estos sueldos netos mensuales promedio serían 93 y 87 veces superiores al salario mínimo. Esa diferencia debería reducirse a 40 o máximo 50 veces, y, a propósito del tema que nos ocupa, a la vez se debería administrar con mayor rigor el uso de vehículos oficiales y el pago de la correspondiente gasolina con recursos presupuestales. Pues es sabido que la alta élite gubernamental tiene un sinnúmero de prestaciones, entre ellas el pago de la gasolina de los vehículos oficiales. Se explica entonces uno con cierta claridad el por qué el Presidente y secretarios de Estado están convocando a aceptar esta medida con serenidad, para ellos no representa ningún gasto personal, pues la gasolina de los vehículos que les son asignados se paga con recursos públicos. 

Pemex destina mil 162 millones de pesos para salarios de 452 directivos

Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Lunes 9 de enero de 2017, p. 9
Petróleos Mexicanos (Pemex) destina más de mil 162 millones pesos para cubrir la nómina anual de sólo 452 altos directivos de la empresa.
El director general de Pemex, José Antonio González Anaya, percibe más de 3 millones 186 mil pesos anuales –un promedio de 265 mil mensuales–, según revelan documentos oficiales de la nómina de la empresa, denominados Analítico de plazas y remuneraciones, entregados a este medio por trabajadores vinculados al área de recursos humanos.
Los ingresos que percibe este funcionario están integrados de la siguiente forma: tiene un salario base de 2 millones 391 mil pesos; más 87 mil 750 pesos adicionales por concepto de medidas de protección al salario; otros 694 mil pesos por (condiciones de trabajo, contrato colectivo y otras remuneraciones) y 12 mil 600 pesos por fondos de seguros y ahorro para el retiro.
La información puntualiza, además, que el pago de la nómina anual de 12 directores de área suma 35 millones 818 mil pesos. Entre ellos están los encargados de las direcciones de planeación, coordinación y desempeño; de procesos de negocio; de alianzas y nuevos negocios; finanzas; administración y servicios; abastecimiento; Pemex exploración y producción; Pemex transformación industrial; fertilizantes; perforación y servicios, entre otros.
Según la documentación, cada director de área tiene ingresos anuales totales por 2 millones 997 mil pesos, por concepto de salarios, prestaciones, bonos y otros beneficios económicos adicionales que se les otorga a dichos funcionarios.
Jugosos ingresos para consejeros profesionales
En tanto, cuatro consejeros profesionales cuestan a la empresa anualmente 11 millones 791 mil pesos. Esto es porque cada uno de ellos recibe 2 millones 947 mil pesos, por sueldos y otros conceptos.
Para el pago de salarios y prestaciones a 86 subdirectores, Pemex eroga también anualmente otros 237 millones 900 mil pesos. En este apartado están las subdirecciones de planeación estratégica; regulación del sector energético; programación y coordinación; desarrollo de proyectos; confiabilidad; desarrollo sustentable y sistema de seguridad y salud en el trabajo; de desarrollo de negocios de exploración y producción; transformación industrial; análisis internacional; recursos humanos; operación e infraestructura; integración de procesos, entre muchas más.
La información de Pemex indica que los salarios de los subdirectores se distribuyen de la siguiente forma: 28 de ellos perciben 2 millones 744 mil pesos al año; 17 ganan 2 millones 771; otros 15 más, tienen ingresos de 2 millones 784 mil 500 pesos, y nueve alcanzan un máximo de 2 millones 811 mil pesos (en cifras cerradas).
En el caso de los gerentes, Pemex les paga a 349 directivos que tienen este nivel, un total de 873 millones 700 mil pesos, según las copias de la nómina del personal de alto nivel de la empresa.
También en este rubro, como en el de los subdirectores, los salarios que devengan los gerentes varían según el área. De esta forma, 136 de ellos ganan 2 millones 515 mil pesos anuales; otros 85 gerentes tienen un ingreso de 2 millones 316 mil pesos; 68 más tienen un nivel de 2 millones 555 mil; otros 52 perciben 2 millones 679 mil pesos. El máximo de esta categoría es de 2 millones 701 mil pesos, indican los documentos.
El analítico puntualiza que en total en 2016 en Pemex había 125 mil 500 plazas, de las cuales la gran mayoría están en las categorías de operativos definitivos o temporales sindicalizados, definitivos confianza, entre los cuales el mayor número de ellos se concentra en categorías que tienen salarios que van de los 16 mil a los 20 mil pesos mensuales.
Del total de trabajadores, sólo 0.36 por ciento son directivos de mayores ingresos, que además de los altos salarios tienen ingresos por otros rubros. Por ejemplo, los subdirectores además de sus salarios, tienen un sobresueldo por medidas de protección al salario de 63 mil 250 pesos, más 670 mil pesos por condiciones de trabajo, contrato colectivo y otras remuneraciones. También tienen fondos de seguros de ahorro para el retiro, entre otros ingresos, según indica la información oficial.

Fuente

ES INJUSTA LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN MATERIA LABORAL

Lic. Noemí Marisol Galicia Tapia,
Litigante laboralista,
Participación como invitada en el Programa del sábado 07 de enero del 2017

Al momento de iniciar un litigio en materia laboral, nos encontramos con una serie de inconvenientes que en muchas ocasiones decepcionan, frustran y terminan por cansar a los trabajadores que decidieron emprender un juicio.
Esta situación es general, la encontramos en todos los ámbitos, ya sea a nivel federal o local, tratándose de las juntas o del tribunal, es común que las autoridades en materia del trabajo, adolezcan de tener procedimientos eficientes, que permitan un acceso a un derecho del trabajo público, gratuito e inmediato bajo los principios de mayor economía, concentración y sencillez del proceso, tal y como lo señala la Ley Federal del Trabajo (LFT), y en especial carentes de sentido de lo social que deberían caracterizar a dichas autoridades y que tanta falta hace.
Por lo que hace al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, donde básicamente se tramitan juicios de trabajadores de las dependencias públicas o mejor conocidas como de trabajadores al servicio del Estado, nos encontramos, que los tiempos de un juicio son prolongados; por ejemplo para dictar un acuerdo puede llevarse de 2 a 3 meses, para resolver un recurso de revisión otro tanto, o aún mas, para emitir un laudo, puede tardar hasta un año.
Aunado a lo anterior, en la mayoría de los casos, se atiende a criterios pro patronales; por lo que se debe recurrir en repetidas ocasiones al amparo, al momento de tener un laudo que es favorable al trabajador y que la demandada tiene que cumplr y a pesar de que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en su artículo 150 señala la obligación de dicho tribunal de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, dictando todas las medidas necesarias para tal efecto, en la práctica no ocurre de ese modo, ya que a falta de incumplimiento por parte de las dependencias únicamente se reduce en señalar multas de mil pesos, por lo que la ejecución se convierte en un calvario para los trabajadores ya que normalmente en más de las ocasiones el requerimiento de cumplimiento se tiene que promover en promedio 6 veces, lo cual implica en tiempo aproximadamente un año y medio, prolongando aún más el acceso de los trabajadores a la justicia laboral.
Las resoluciones de dicho tribunal no encuentran base en los principios proteccionistas para los trabajadores, si no por el contrario, buscan a toda costa absolver a las dependencias de gobierno demandadas, aún se exceden en dichas resoluciones, invocando excepciones que ni la propia demandada hizo valer durante el juicio.
Por ejemplo, existen trabajadores que, durante varios años y de manera ininterrumpida, son contratados para realizar funciones de trabajadores de base, cuyas labores son sistemáticas, permanentes y necesarias para el funcionamiento de la dependencia de que se trate, sin embargo lo hacen mediante contratos por tiempo determinado y los despiden injustificadamente, en el momento que ellos lo deciden alegando que son trabajadores eventuales, y cuando el trabajador se decide a demandar el tribunal absuelve a las dependencias señalando que su contrato llego a la fecha de su vencimiento, aunque la temporalidad de dichos contratos no se encuentre justificada, tal y como lo exige la ley, al tratarse de una contratación de manera excepcional.
Asímismo, existen aquellos que son contratados mediante la figura de prestador de servicios profesionales para realizar funciones de trabajadores de base, cuyas labores son sistemáticas, permanentes y necesarias para el funcionamiento de la dependencia, evadiendo de esta forma sus obligaciones patronales; de forma general, en estos casos el tribunal condena a la dependencia al reconocimiento de la antigüedad, sin embargo en ninguno de estos dos casos anteriores los condena a otorgarles la base, que en términos del artículo 6 de la LFTSE les corresponde, ya que la inamovilidad les corresponderá después de seis meses de servicio sin nota desfavorable en su expediente.
En cuanto a los trabajadores de confianza, sabemos que se encuentran fuera del régimen de esta ley, sin embargo tanto las dependencias como el tribunal utilizan esta categoría para restringir los derechos de muchos trabajadores que no se encuentran en ninguna de las hipótesis del artículo 5 de la ley burocrática, pero al ser encasillados en dicho precepto no son susceptibles a ejercer los derechos que por ley les corresponden.
El caso del presupuesto es otra situacion que el tribunal se ha valido para no condenar a las dependencias a las prestaciones que se les demandan, bajo el argumento de que las partidas presupuestales para tal efecto se agotaron, sin que las dependencias lo hubiesen probado o siquiera invocado.
Cuando cualquiera de estas hipótesis u otras mas se llegan a dar y los trabajadores estiman que se violaron sus derechos, se puede acudir al Juicio de amparo, en el cual los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo se encargaran de resolver lo conducente, cuyos criterios también constituyen un tema interesante. 

Cientos de personas vuelven a protestar en Ciudad de México contra el gasolinazo


De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Lunes 9 de enero de 2017, p. 4
Los ciudadanos volvieron a tomar las calles para oponerse al incremento en el precio de los combustibles. Desde varios puntos de Ciudad de México cientos de personas marcharon hasta converger en el Zócalo. Aunque en menos proporción que en las movilizaciones de la víspera, alrededor de 500 inconformes se congregaron en la Plaza de la Constitución para demandar al Ejecutivo federal y al Congreso dar marcha atrás al impuesto especial sobre productos y servicios (IEPS), el cual genera el alza a gasolinas y diésel.
Alumnos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM) y Autónoma Metropolitana (UAM) se manifestaron frente a Palacio Nacional, donde anunciaron que este jueves se reunirán en la UAM-Azcapotzalco para formar un frente amplio estudiantil contra el gasolinazo y las reformas estructurales. Asimismo, llamaron a la sociedad para que este lunes se sume a la manifestación que se realizará a las 16 horas del Ángel de la Independencia al Zócalo, la cual fue convocada a través de redes sociales.
La CNTE a escena
En tanto, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rechazó el incremento en el precio de los combustibles y acordó que su militancia se sumará a las movilizaciones populares en contra de esa medida ‘‘de la reforma energética’’. En un pronunciamiento repudió ‘‘el trato y la salida que el gobierno pretende dar a este conflicto social infiltrando a sus agentes y promoviendo el caos y saqueo de tiendas comerciales para justificar una represión masiva y selectiva’’.
A su vez, la dirigencia de El Barzón consideró que en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, programada para este lunes, los mandatarios estatales deben presentar un programa de austeridad del gasto suntuario, que incluya a sus gabinetes y a los partidos políticos, además de exigir un sistema de rendición de cuentas y castigo a la corrupción.
En una carta dirigida al presidente de la Conago –y gobernador de Morelos–, Graco Ramírez, los barzonistas consideraron que a dicho encuentro también se debe convocar a la Procuraduría General de la República y a la Auditoría Superior de la Federación para que evalúen los procesos en contra de varios ex gobernadores.
En el contexto de las protestas efectuadas ayer, Andrea Sánchez, académica de Trabajo Social de la UNAM, indicó que en la pasada década el aumento a la gasolina fue de 137 por ciento. ‘‘En 2006, al inicio del sexenio de Felipe Calderón, el precio era de seis pesos 74 centavos.
‘‘Al final de su administración, en diciembre de 2012, pagábamos por litro 10 pesos 81 centavos. Ahora, con Enrique Peña Nieto, nos vuelven a engañar, ya que en 2015 se dijo que no iba a subir el precio del combustible, pero fue mentira. En enero de este año ya se pagan 16 pesos por litro (de Magna), es decir, en lo que va del actual sexenio hay un incremento de 47.91 por ciento.’’
Previamente, varios motociclistas se trasladaron del Monumento a la Revolución al Zócalo para exigir la eliminación del IEPS. En caravana y a bordo de sus motocicletas llegaron hasta Diagonal 20 de Noviembre, donde estacionaron sus vehículos y posteriormente siguieron a pie hasta la Plaza de la Constitución.
Asimismo, unas 50 personas marcharon del Ángel al Zócalo. En ese contexto, Nieves Gallardo, vecina (desempleada) de la colonia Ticomán, de 50 años de edad, afirmó que el alza en los combustibles afectará los productos de la canasta básica. ‘‘Ya ahorita la tortilla subió a 14 pesos, y lo que viene. Se anunció también un incremento en el transporte público’’. Por su parte, la señora González, de Tacuba, criticó esta medida y llamó a la ciudadanía a movilizarse de una vez por todas.
Colectivos pertenecientes a la agrupación Somos Más se manifestaron en contra del gasolinazo a las afueras de la Torre de Pemex, ubicada en avenida Marina Nacional. Allí aseguraron que el alza a los combustibles, la electricidad y el gas generará un ‘‘efecto devastador en la economía de los que menos tienen’’, y advirtieron que al tener menos poder adquisitivo la población disminuirá su consumo, lo que afectará severamente a las industrias.
Dijeron además que ‘‘el gobierno está detrás de las manifestaciones violentas y de los saqueos’’ a centros comerciales y tiendas de autoservicio, mientras diversos automovilistas que pasaban por el lugar apoyaban la protesta haciendo sonar sus bocinas.
(César Arellano, Emir Olivares, Matilde Pérez y Carolina Gómez Mena, reporteros)

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Se intensifican las protestas por el “gasolinazo” en México

8 de enero de 2017

El alza de los precios de la gasolina generó protestas y saqueos. Hay más de 1.500 detenidos, y el Gobierno defiende la medida.
Miles de mexicanos marcharon este sábado desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino para manifestar su descontento contra el aumento del precio del combustible.
Una de las movilizaciones llegó frente al Palacio Nacional, donde gritaron consignas como “Fuera Peña”, “Renuncia”, “Únanse” y, sobre todo, “No tenemos miedo”. También entonaron el himno nacional y pidieron un minuto de silencio, reseña el diario La Jornada.
Más de 1.500 personas han sido detenidas por cometer actos vandálicos, como parte de las protestas por el “gasolinazo”, indicó ayer el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, René Juárez.
El 1 de enero el Gobierno mexicano aumentó el precio de la gasolina un 20 por ciento y 16,5 por ciento al diesel, como parte de una política que busca impulsar el libre mercado.
Llenar un tanque de gasolina en México representa más de un mes de salario mínimo (2.433,22 pesos al mes). Si se calcula el gasto de gasolina durante cuatro semanas, los consumidores de gasolina Magna necesitarán 2.609,6 pesos, los de Premium 2.908,8 pesos, y los de Diésel 3.409,6 pesos.
Peña Nieto aseguró en un mensaje de Año Nuevo que el incremento al precio del combustible no se debía a la reforma energética puesta en marcha durante su gobierno, sino al actual precio de la gasolina en los mercados internacionales.
Los camiones de pasajeros son los que sufren el mayor impacto del aumento, pues llenar el tanque de 200 litros con Diesel suponía un gasto de 2 mil 926 pesos en diciembre, pero ahora cuesta 3 mil 413 pesos.
La Jornada | LibreRed | Telesur 

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Policía estatal dispara contra inconformes con el gasolinazo en Nogales (Video)

Una de las patrullas de la Policía estatal de Sonora. Foto: Especial
Una de las patrullas de la Policía estatal de Sonora. Foto: Especial

Policía estatal dispara contra inconformes con el gasolinazo en Nogales (Video)

NOGALES, Son. (proceso.com.mx).- Agentes de las policías Estatal de Seguridad Pública e Investigadora (PESP y PEI) realizaron detonaciones contra un contingente de manifestantes que habían tomado desde esta mañana las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT), conocidas como la Puerta de México.
En el lugar, a escasos 50 metros de la garita internacional Deniss DeConcini, se recogieron casquillos percutidos de arma larga R15, escopeta, y revólver, así como de escuadras calibre .40 milímetros (mm) y .9 mm.
La manifestación y toma del recinto fiscal en repudio del gasolinazo inició alrededor de las 8 de la mañana cuando los inconformes bloquearon el acceso de los automóviles con dirección al país.

Unos minutos después, un grupo aproximado 60 agentes preventivos e investigadores con vestidura táctica antimotín se colocó en formación frente a los quejosos que no cesaban de lanzar consignas contra el presidente Enrique Peña Nieto y el resto de la clase gobernante.
En punto de las 10 horas, la Aduana y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) cerró los accesos de entrada y salida a Estados Unidos.
Al mediodía, según la versión de los manifestantes y la autoridad estatal, unos menores de edad ajenos al movimiento -infiltrados- lanzaron piedras contra los oficiales, que de inmediato se replegaron.
Después, montaron de nuevo la barrera humana que tenían desde la mañana, mientras los desconocidos agresores seguían lanzando piedras.
Los minutos posteriores fueron de absoluta tensión debido a que los agentes preventivos e investigadores realizaron un sinnúmero de disparos de goma a los manifestantes.
Además lanzaron gases lacrimógenos, balas y granadas de goma. Este ataque de las fuerzas públicas sólo provocó más resistencia.
Los manifestantes lanzaron una lluvia de piedras contra los agentes, y justo en este momento, alrededor de las 4 de la tarde, se escucharon las primeras detonaciones de armas de fuego desde autos oficiales de la policía estatal.
En los videos y fotografías se observa a la unidad estatal con placas WCR 5046 en el momento que acciona su arma de cargo contra civiles que se encontraban escondidos detrás de unos árboles.
La reyerta se prolongó por más de una hora y registrada en decenas de transmisiones periodísticas en vivo a través de la aplicación de Facebook Live, que muestran los casquillos de armas de fuego percutidos.
Ante la contingencia, en plan conciliador, ingresó al área de conflicto la policía municipal de Nogales que logró el acuerdo para que los manifestantes abandonaran el área federal.
No obstante, el contingente volvió al cruce ferroviario que fue tomado desde la mañana del lunes, desalojado la madrugada de este domingo por agentes estatales y retomado por los inconformes esta mañana que se postraron enfrente de una locomotora, misma que no ha podido ingresar a territorio estadunidense.
Versión oficial
Dos oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública resultaron lesionados esta tarde por jóvenes infiltrados, quienes los agredieron durante la manifestación de este domingo.
Según el comunicado oficial, los agentes lesionados son Ariel Favela Escobedo y Martín Alonso Márquez Montoya, uno de ellos fue trasladado a Estados Unidos para recibir atención médica debido a la lesión que sufrió.
En esta manifestación se infiltraron algunas personas con armas y piedras, dañando vehículos de las corporaciones y a los dos compañeros antes mencionados.
Según la autoridad estatal, las corporaciones que participaron tenían el propósito de que se permitiera el libre tránsito de vehículos por la garita y el acceso por las vías del tren para que no se afectara la economía estatal.
“La instrucción siempre fue la de no hacer daño a los ciudadanos, por eso no se lanzaron gases lacrimógenos al haber en el lugar mujeres y niños”, cita el informe de prensa.
Fue alrededor de la 1 de la tarde cuando se reunió un mayor grupo de ciudadanos y entre ellos se infiltró este grupo, quienes comenzaron a agredir a los elementos de las distintas corporaciones.
Durante aproximadamente tres horas estuvieron aguantando las agresiones, pero ante lo desmedido de ellas lanzaron balas de goma al aire para tratar de disuadir a los agresores. Se aclara que no hubo civiles lesionados.
Los cuerpos policiales siempre han sido respetuosos de la manifestación de la libre expresión siempre y cuando no afecte a terceros, como en todo momento así fue.
Y finaliza: “Se hace un llamado a la ciudadanía a mantener la calma, no permitir ni fomentar cualquier acto que incite a la violencia, mantener el estado de derecho es prioridad para todos”.

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A golpes retiran bloqueo a las vías del tren Sonora-Arizona

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Policías federales desmantelaron en Nogales, Sonora, el campamento que inconformes habían instalado para bloquear el paso de los trenes como protesta por el gasolinazoFoto Cristina Gómez
De los corresponsales
 
Periódico La Jornada
Lunes 9 de enero de 2017, p. 7
Granaderos de la Policía Federal desalojaron la madrugada de ayer a decenas de inconformes con el alza en los precios de combustibles que por seis días bloquearon el paso del tren en la línea internacional entre Sonora y Arizona, en el municipio de Nogales, impidiendo el cruce de exportaciones e importaciones entre México y Estados Unidos.
A las 3:30 de la madrugada agentes antimotines y de la Policía Estatal de Sonora ingresaron al campamento, ubicado en pleno cruce fronterizo al oriente de la Garita Dennis De Concini.
Los uniformados intentaron convencer mediante el diálogo a los inconformes de retirarse, la mayoría lo hizo, pero un grupo permaneció en la ruta cantando el Himno Nacional y gritando consignas contra el gobierno federal.
Sin lograr acuerdos, los granaderos desmontaron el campamento y a golpes y empujones sacaron a los inconformes que estaban en la puerta de malla ciclónica del cruce fronterizo; dos personas resultaron heridas por golpes.
Los antimotines formaron una valla en las vías férreas e inmediatamente se permitió el paso del primer tren de la empresa Union Pacific, que cruzó de Estados Unidos a Sonora. Este paso lo utiliza principalmente Ferromex y la minera de Grupo México.
En Tijuana, Baja California, un grupo volvió a tomar la garita de El Chaparral, y permitió el libre paso de cientos de personas que transitan entre esta ciudad y el estado de California. La mayoría de cuerpos policiacos resguardan el Centro de Distribución de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Rosarito, donde el sábado hubo enfrentamientos.
Ahí, medio centenar de manifestantes se reunieron gritando consignas, ahora sin bloquear las instalaciones de Pemex, las cuales estuvieron ocupadas desde el 2 de enero por los manifestantes, lo que generó desabasto en la mayoría de las 240 gasolineras de Rosarito. Después de la refriega, las pipas salieron a distribuir combustible.
El gobernador panista Francisco Vega de la Madrid rechazó que se hayan cometido actos violentos durante el desalojo en Rosarito y afirmó que la prioridad era reintegrar el suministro de combustibles.
Este domingo continuaron las protestas en al menos 22 municipios de nueve entidades en rechazo al gasolinazo. En esta ocasión líderes y militantes de partidos de oposición encabezaron las manifestaciones.
Por segundo día consecutivo cientos de ciudadanos marcharon en cinco municipios de Chihuahua, en algunos casos entonaron el Himno Nacional; las protestas se efectuaron en la capital del estado, Parral, Camargo, Delicias y Ciudad Juárez.
En algunos casos, en esas localidades, persisten los bloqueos carreteros, los cuales iniciaron desde el 2 de enero pasado.
En Guerrero, militantes de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano se manifestaron en 10 municipios, en donde bloquearon algunas gasolineras.
Así como en las ciudades de Guanajuato, Mérida y Cuernavaca militantes principalmente del PRD salieron a las calles para rechazar el gasolinazo, donde además pidieron a sus representantes en el Congreso rectifiquen sobre los aumentos a los combustibles.
En Tepic, Nayarit, los perredistas tomaron la caseta de peaje Tepic-Mazatlán y permitieron el libre tránsito por cinco horas; también hubo protestas en Puerto Vallarta, Jalisco, en el municipio mexiquense de San Martín de las Pirámides y en Guasave, Sinaloa, donde cumplieron cuatro días de manifestaciones.
De igual forma, integrantes del Movimiento Nacional por la Esperanza ocuparon los accesos de la refinería Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz, Oaxaca, y en Juchitán, organizaciones civiles, profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, campesinos y pescadores marcharon y clausuraron simbólicamente estaciones de servicio.
En Ixmiquilpan, Hidalgo, gerentes de empresas como Cinemagic y Dormimundo, ubicadas a un costado del bloqueo de la carretera federal México-Laredo desmintieron que sus instalaciones hayan sido saqueadas por integrantes del Movimiento Cívico Contra el Gasolinazo, quienes mantienen su protesta en esa vía.
En Xalapa, Veracruz, tras cuatro días de saqueos y actos vandálicos en más de 100 comercios que dejaron pérdidas por más de mil millones de pesos, ayer pequeños negocios abrieron para limpiar y abrir nuevamente.

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Temen despojo de tierras para proyecto del Cirque du Soleil en Nuevo Vallarta

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Habitantes del poblado de Jarretaderas, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, indicaron que Grupo Vidanta, propietario de la cadena hotelera Mayan Palace, modificó el nivel de un terreno ubicado a 70 metros de sus viviendas (en la imagen) para iniciar la construcción de un parque temático de la compañía canadiense Cirque du Soleil en la localidad de Nuevo VallartaFoto Javier Santos
Javier Santos
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 9 de enero de 2017, p. 27
Bahía de Banderas, Nay.
La construcción de un parque temático de la compañía canadiense de espectáculos Cirque du Soleil en Nuevo Vallarta –proyecto en sociedad con grupo Vidanta o Mayan Palace, con una inversión de 16 mil millones de pesos– ha puesto en alerta a los más de 5 mil habitantes del pueblo de Jarretaderas, quienes temen verse forzados a vender sus viviendas o terrenos o a ser desalojados.
Jarretaderas (poblado por numerosas familias chiapanecas que se han asentado en Nayarit a raíz del auge inmobiliario de las dos décadas recientes) colinda con Nuevo Vallarta, donde nace la floreciente Riviera Nayarit.
Pero los habitantes de la primera comunidad ya no confían en nadie. Campesinos y pescadores recuerdan cómo el grupo hotelero Vidanta se apoderó de calles enteras en Nuevo Vallarta, ubicadas en zona federal, y de terrenos limítrofes con el río Ameca, que divide Jalisco y Nayarit.
No olvidan que la compañía ha incurrido en un sinnúmero de violaciones a leyes locales y federales de los tres niveles de gobierno para expandirse.
Aseguran que del río Ameca ha extraído millones de metros cúbicos de materiales pétreos para construir inmensas y lujosas torres junto al mar, donde hospedarse cuesta miles de pesos al día.
En Jarretarderas, donde cientos de familias salen en autobuses en época decembrina rumbo a Chiapas, ya está empezando el circo, dice el ambientalista Librado Consuegra Pascasio.
Es preocupante. Los vecinos han venido a preguntarme si ya vi cómo el grupo Vidanta alteró el nivel del terreno, ubicado a unos 70 metros de su vivienda.
Están rellenando. Levantaron entre un metro y metro y medio de calle. Con la construcción del circo el grupo hotelero va a terminar de amurallarnos, y cuando el río se desborde, ya lo hemos vivido en varias ocasiones, el agua no va a tener hacia dónde salir y se va a venir de golpe al pueblo.
Dinero o garrotazos
Para Consuegra Pascasio, la estrategia de Vidanta es cercar el poblado e inundarlo para forzar a sus habitantes a que vendan sus casas y tierras, y así apoderarse de la zona ubicada frente al mar y al río Ameca, donde se encuentra La Isla de los Pájaros, que ya tiene bajo su control.
Otra posibilidad, señala el ambientalista, sería lo que hicieron en el poblado Corral del Risco, en Punta de Mita, donde los pescadores fueron desalojados a garrotazos y amenazas por agentes estatales hace poco mas de 20 años.
Sostiene que grupo Vidanta está ofreciendo dinero a los dueños de las fincas y ya ha adquirido algunas de ubicación estratégica.
En algunas calles empedradas de Jarretaderas se escucha música en lenguas indígenas chiapanea y hay varios modestos restaurantes con gastronomía de esa entidad.
Los pobladores que van a pescar al río Ameca son vigilados por guardias del hotel Mayan Palace.
Desde la carretera federal Nayarit-Puerto Valarta se observan inmensas construcciones, amplios y cuidados jardines junto a lagos artificiales en predios comprados por Vidanta, colindantes con el río Ameca.
En opinión del ambientalista y abogado Indalecio Sánchez, el parque temático de la empresa canadiense es un magnífico proyecto, pero para otros escenarios económicos. Cuando se planteó sonaba bien, pero si lo instalan en un lugar donde la gente es de bajo poder adquisitivo, irá directo el fracaso, pues los boletos costarían entre 125 y 200 dólares. Además, gran parte de los turistas vienen de Estados Unidos y Canadá, donde están hasta la madre del Cirque du Soliel, ya que allá lo ven regalado. Con este proyecto, advirtió, se busca tapar el ecocidio que Vidanta ha cometido en la zona.
En noviembre pasado, el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, anunció la inversión de 16 mil millones de pesos en el parque temático y pronosticó que generará entre 5 mil y 10 mil empleos.
El mandatario priísta agradeció entonces al empresario Daniel Chávez, de Grupo Vidanta, que eligiera a Nayarit para el parque temático del Cirque du Soleil más grande de América Latina, comparable con Disneylandia. Para mí es increíble traer tanto desarrollo y beneficio, dijo el político.
Según información del gobierno del estado, Cirque du Soleil y Grupo Vidanta, experto en el desarrollo de conjuntos turísticos de clase mundial, la obra concluirá en 2018. Se prevé que incluya un parque acuático y uno ecoturístico, donde además se presentarán espectáculos al aire libre y tendrá capacidad para entre 3 mil y 5 mil espectadores.


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Prometieron Más y Mejores Empleos Igual que Ahora... HAY MÁS PROBREZA LABORAL A 20 AÑOS DE TLC

*Ahora Hay 7 Millones de Mexicanos que Ganan Menos de 1 Salario Mínimo...Antes Eran 2 Millones.
*El Campo Desmantelado, La Industria Paralizada, Los Trabajadores sin Empleo

 

Por María de Lourdes Martínez González

Periodista y Conductora de Frecuencia Laboral 


A 20 años del Tratado de Libre Comercio, quedan en evidencia las falsas promesas de más y mejores empleos, de crecimiento económico y desarrollo social, Por el contrario, con esa apertura indiscriminada de fronteras, que se firmó durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se desmanteló al campo y a la industria nacional y se desplomó la tasa de empleo. Lo único que creció en el país fue la pobreza, sostuvo Pedro Villegas, presidente del Centro Nacional de Promoción Social (Cenpros).
Durante la era del Tratado de Libre Comercio el gobierno federal impulsó el desmembramiento de los sindicatos y fomentó la contratación por honorarios, con lo cual debilitó a la organización de los trabajadores, para despojarlos en la práctica de los derechos que se habían conquistado desde la revolución de 1910, como el Seguro Social, el derecho a la vivienda, a la educación pública, gratuita y laica, el derecho a las vacaciones, al día semanal de descanso, entre otros. destacó en entrevista durante la transmisión del programa Frecuencia Laboral: El Espacio donde los Trabajadores son la Noticia.
“Actualmente 7 millones de la población mexicana percibe menos de uno y hasta un salario mínimo. 12 millones percibe de uno a dos salarios mínimos y 10 millones de trabajadores gana de dos a tres salarios mínimos…y proliferan los empleados contratados bajo el esquema de honararios, sin empleo fijo”.
Durante los 20 años de Tratado de Libre Comercio se violaron sistemáticamente los derechos laborales conquistados, para finalmente impulsar la reforma a la Ley Federal del Trabajo en el 2012, con lo cual el gobierno federal legalizó la eliminación del derecho al empleo digno y instauró la precariedad laboral. En eso se resume el Tratado de Libre Comercio.
“La escalada de trabajadores por honorarios y servicios profesionales ha ascendido a 10 millones de mexicanos. Lo paradójico es que entre los argumentos para reformar la Ley Federal del Trabajo, el gobierno federal prometió que se generarían más y mejores empleos, pero resulta que la ocupación ha proliferado es la de honorarios”, con lo cual pagan un salario, pero no otorgan prestaciones.
Pedro Villegas, director del Cenpros, agregó que el Tratado de Libre Comercio y su subproducto, que es la reforma laboral, nunca coadyuvó para mejorar el salario y sí se flexibilizaron las condiciones de trabajo, lo cual está provocando conflictos en todo el país, debido a que para eliminar las prestaciones de los trabajadores las empresas y el gobierno crean dos o más tipos de contratación de la mano de obra, cuando no pueden despedir a todo el personal.
Para los empleados con más antigüedad opera el contrato colectivo con mejores condiciones laborales, pero a los nuevos que van contratando les aplican el esquema sin derechos sindicales y sin seguridad social, con la complicidad abierta o por omisión de la mayoría de los dirigentes sindicatos que quedan.
“El sindicalismo está callado, son pocas las organizaciones gremiales que han hecho pronunciamientos al respecto. Lo que más se percibe es la desunión. Hay 5 expresiones del movimiento sindical que sólo aglutinan al 10% de la trabajadores, Está por un lado el Congreso del Trabajo, la Unión Nacional de Trabajadores, el Frente Sindical Mexicano, la Coordinadora Sindical de Trabajadores y en quinto lugar la Alianza Sindical Mexicana que aglutina al sindicalismo blanco y que es la que más ha crecido en México”.
Opinó que el desafío del sindicalismo es recuperar la identidad gremial de los trabajadores, su reorganización y su disposición a defender el derecho al trabajo digno, fijo, con salario suficiente, prestaciones sociales y seguridad laboral. 

Nueva huelga de metro en Londres paraliza el transporte urbano

9 de enero de 2017

Una nueva huelga de 24 horas convocada por los trabajadores paralizó el servicio de transporte urbano en Londres este domingo.
La medida, que durará hasta este lunes por la tarde, fue adoptada por los trabajadores del metro de la capital británica en demanda de mejoras laborales.
La protesta fue organizada por las dos mayores organizaciones sindicales del sector, la RMT y la Transport Salaried Staffs Association (Tssa).
Los trabajadores del metro de Londres inician así la huelga como forma de protesta por la constante pérdida de empleos y el cierre de oficinas de venta de billetes por la apertura de máquinas expendedoras. Los recortes en el servicio de transporte fueron iniciados en la pasada legislatura, liderada por el ex alcalde de Londres y actual Secretario de Exteriores, Boris Johnson.
LibreRed | Ansa 

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Venezuela combate guerra económica con aumento de salario y productos subsidiados

9 de enero de 2017

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este domingo un aumento de 50% en el salario mínimo de los trabajadores, que sube a 40.638 bolívares, unos 60 dólares a la tasa oficial más alta y unos 12 a la cotización del mercado negro.
“Para arrancar el año he decidido hacer un aumento de salario (…). Sería, si tomamos en cuenta el aumento que dí en enero de 2016, el quinto en un año”, dijo Maduro en la primera transmisión de 2017 de su programa semanal en la televisora estatal VTV.
El salario es complementado con un bono de alimentación de 63.720 bolívares (93 dólares a la tasa oficial), que se mantiene anclado, aunque el mandatario anunció que será reajustado durante los próximos días.
El incremento salarial decretado abarca a los pensionados, puntualizó Maduro. Para combatir el desabastecimiento, Maduro informó un plan para crear “un sistema de tiendas” que venderán productos básicos a precios subsidiados, el cual estará controlado por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), organizaciones comunales que distribuyen comida en zonas populares.
Según el presidente, las tiendas se localizarán en las 45 ciudades más pobladas del país petrolero. En medio de la crisis, agravada por la caída de los precios del crudo desde 2014, la oposición ha anunciado que retomará este año su ofensiva para buscar la salida de Maduro del poder. El gobierno denuncia que la crisis es producto de una “guerra económica” de empresarios para provocar descontento popular y deponer a Maduro.
El Telégrafo 

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