lunes, 30 de enero de 2017

COMUNICADO URGENTE DE LA NUEVA CENTRAL DE TRABAJADORES.



A las organizaciones  populares y sindicales de la Nueva Central de Trabajadores. 

Al movimiento popular democrático e independiente. 

Compañeros:

La Nueva Central de Trabajadores acaba de celebrar con éxito su II Congreso Ordinario. 
Destacan entre sus resolutivos, el acuerdo de impulsar la más amplia unidad de acción en contra del gasolinazo y el alza de precios, así cómo el de impulsar y acompañar el emplazamiento a huelga de los compañeros de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de Educación Superior, Investigación y Cultura (CNSUESIC) del 16 de febrero próximo. 

En el cumplimiento de estos acuerdos, se les convoca a marchar el día de mañana 31 de enero al lado de nuestros compañeros de la CNSUESIC. La cita es a las 3:30 pm. en el Teatro Jiménez Rueda, Plaza de la República 154, Monumento a la Revolución. 

¡¡Alto al gasolinazo!!
¡¡Abajo las reformas estructurales!!
¡¡Fuera Peña Nieto!!

Consejo Político Nacional de la NUEVA CENTRAL DE TRABAJADORES. 

CDMX  a 30 de enero de 2017.

Trump Representa Otra Faceta del Mismo Problema NUEVA EMBESTIDA DEL IMPERIALISMO CONTRA MÉXICO

*Slim Promueve la Mano de Obra Barata en México para que Sigan Invirtiendo.
*Lo que Busca Imponer Trump son Nuevos Mecanismos de Acumulación de Riqueza.

Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas
Participación en el Programa del Sábado 28 de Enero del 2017,
Transcripción de Andrea Luna Hernández, Colaboradora Voluntaria,
 
Estamos ante una nueva ofensiva del gobierno capitalista imperialista de Estados Unidos. No es otra cosa más que están buscando cómo seguir aumentando las ganancias de sus empresarios. Uno de ellos es Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien se ha hecho multimillonario con la explotación de la fuerza de trabajo de muchos migrantes y además por la evasión fiscal y la corrupción.
Esa ya es una constante de este modelo económico capitalista imperialista que se basa en la sobre explotación de la fuerza de trabajo, de los países en vías de desarrollo.
En ese sentido fu muy importante la participación de la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico de América Latina (SEPLA México) y de SEPA latinoamericana, con Julio Gambina, en el Segundo Congreso Ordinario de la Nueva Central de Trabajadores -NCT-, evento al que llegaron otros delegados internacionales e hicieron importantes aportaciones para comprender porqué uno de los problemas que pasa por nuestra sociedad y los trabajadores es que se no se ha despolitizado a los trabajadores.
La falta de formación política, provoca que difícilmente logramos comprender qué es lo que está pasando. Por qué se arremete contra los trabajadores con una serie de reformas estructurales, no es otra cosa más que los designios de los organismos financieros internacionales del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Y, en cambio, de manera muy dócil el gobierno mexicano lo asumió con sus legisladores y con la complicidad de los ministros de la Suprema Corte de Justicia.
Escuché la rueda de prensa que hizo Carlos Slim, el segundo empresario más rico de mundo, el viernes 27 de enero del 2017. Y dijo que los Estados Unidos deberían de ver que somos su principal socio comercial, por lo que tienen que venir a invertir aquí porque aquí se produce muy barato las cosas. O sea, es la explotación de la fuerza de trabajo mexicana. lo que promueven como atractivo para los inversionistas.
Además de que todas estas empresas vienen evadiendo los impuestos y se apropian de empresas públicas con la complicidad de los gobiernos.

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Gasolinazo, combustible del despertar ciudadano





El desmesurado incremento a los combustibles terminó de cuajar  el corolario de que no hay corrupción que dure cien años ni pueblo que la aguante. Desde que en el sexenio de Miguel de la Madrid el modelo neoliberal tomó los bártulos del país, iniciando la venta de empresas públicas bajo el argumento de “sanear las finanzas” del Estado, el saqueo al erario y la opacidad fueron de la mano hasta llegar al punto de quebrar la economía nacional, insistiendo en  cargar los costos de sus acumulados errores a una sociedad agraviada y empobrecida que está despertando, lanzándose a las calles a pedir cuentas a una clase política enriquecida a costa de las penurias de millones de mexicanos. Eternizadas víctimas de las recurrentes crisis.

A la fecha la deuda pública acumulada suma 9 billones de pesos, que representan un pago de intereses anuales de alrededor de 600 mil millones de pesos que, por supuesto, no fueron producto de una generación espontánea sino resultado de seis gobiernos caracterizados por la persistencia de un modelo económico que tuvo desde sus orígenes la meta de desmantelar los bienes de la nación, aderezada con una perenne corrupción, ahora concluida con la quiebra de Petróleos Mexicanos y muy pronto de la Comisión Federal de Electricidad, como en su momento sucedió con la autoritaria extinción de Luz y Fuerza del Centro, en el sexenio de Felipe Calderón.
La parte oficial esgrime al país factores externos como el incremento a los precios internacionales del petróleo y las gasolinas para elevar en un 20 por ciento su precio, negando que el retiro de los subsidios, por 200 mil millones de pesos, sea consecuencia directa de la inoperante Reforma Energética e invoca la impostergable necesidad de situar en sus precios reales a los combustibles para no afectar programas sociales, pero se abstiene de hablar de la bancarrota a la que inducidamente se condujo a la exparaestatal que por décadas fue la punta de lanza del desarrollo nacional, para entregar ahora sus diversos procesos y áreas al capital privado, tanto nacional como extranjero.
Como antaño, la corrupta clase política, que no conoce de partidos ni ideologías, oculta a la sociedad los nulos resultados de su modelo de economía neoliberal, donde han sido únicamente los organismos financieros internacionales, voraces empresarios nacionales  y firmas  extranjeras las que han sacado provecho de este paulatino desmantelamiento de las empresas públicas, que a la vista del colosal atropello cometido con el gasolinazo a un pueblo mayoritariamente pobre, representa una inobjetable traición a la patria.
Ha llegado el momento de echar atrás la película de nuestra reciente historia para enumerar la infinidad de latrocinios cometidos contra el pueblo de México, empezando por la nunca aclarada venta de 219 empresas públicas en la administración de Miguel de la Madrid, de las 1 mil 155 que se enlistaban como propiedad del Estado al inicio de su mandato. Inversionistas privados, sobre todo del exterior, formaron parte de los agraciados compradores sin que se emitiera en su momento un detallado informe del valor real de tales empresas y su precio de venta.
Fue así que el combate a la corrupción anunciado por De la Madrid durante su campaña, bajo el lema de “La Renovación Moral de la Sociedad”, no pasó de ser mera frase cliché. En su gobierno comenzó la desaparición de los ahora invocados “huevos de oro”.
Es pertinente recordar la similitud que guarda el entonces bautizado como Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE), con el ahora anunciado Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar; en ambos casos, hay un tope salarial a las clases trabajadoras y se conmina al sector privado a no incrementar los precios de sus productos. Situación que no funcionó hace 30 años pero condujo a la pérdida de un 41 por ciento del poder adquisitivo de los menos favorecidos, porque los empresarios hicieron caso omiso a la petición del entonces presidente de sacrificar sus ganancias, como ahora acontece con las alzas en cascada de productos como la tortilla y el pan en muchos estado del país, a consecuencia del gasolinazo.
Con el ascenso de Carlos Salinas de Gortari al poder, el pueblo de México fue despojado de empresas públicas tan rentables como Teléfonos de México, entregada en bandeja de plata al empresario Carlos Slim, hoy uno de los hombres más ricos del mundo. Bajo el lema de “vender bienes para remediar males”, Salinas echó a andar su Programa Nacional de Solidaridad, para montar una cortina de humo que le permitió hacer pingües negocios con empresarios, a los que devolvió los bancos, a la vez de iniciar el desmantelamiento de Pemex, al desmembrar a la paraestatal en cuatro subsidiarias, lo que le permitió comenzar la privatización de la petroquímica, anulando desde entonces al desarrollo de nuevas refinerías en el país.
Lejos de contribuir al desarrollo de la economía nacional, miles de millones de dólares fueron a parar a los bolsillos de empresarios consentidos del entonces presidente que solapó en su elenco de corruptos a sus hermanos Enrique y Raúl, enriquecidos por el cobro de comisiones para el otorgamiento de contratos de Petróleos Mexicanos. Antes de su muerte, fue el propio Miguel de la Madrid quien acusó a Salinas de haberse robado la mitad de las partidas secretas en su sexenio, recursos que al decir del extinto mandatario, terminaron en cuentas de Suiza. Una significativa merma experimentaron los “huevos de oro” en el sexenio salinista.
En el gobierno de Ernesto Zedillo los saqueos a los recursos de la nación no disminuyeron, prueba de ello fue la cesión de los ferrocarriles nacionales a empresas de capital extranjero, cuyo monto y condiciones de venta no tuvieron la debida transparencia; fue en este periodo cuando se dio el llamado “robo del siglo”, bajo el amparo del rescate bancario a través del Fobaproa, que en su momento costó a las finanzas públicas, con cargo al pueblo de México, 700 mil millones de pesos, unos 2.5 billones de pesos a precios actuales. A la fecha, el salvar a los irresponsables banqueros le cuesta al país el pago anual de intereses de 11 mil 500 millones de pesos, sin dejar de mencionar un gasto adicional del alrededor 165 mil millones de pesos por el rescate carretero, también cortesía Zedillo a sus amigos empresarios. La merma a los “huevos de oro” durante tal sexenio, fue considerable.
Los gobiernos panistas que accedieron al poder con la llegada de Vicente Fox a Los Pinos, en el 2000, no representaron cambio alguno en la aplicación del modelo neoliberal ni en el viejo estilo de la corrupción priísta; de acuerdo con una investigación de la agencia Reuters, basada en informes de la Auditoría Superior de la Federación, del 2003 al 2012, en los periodos del sexenio de Fox y Calderón, Pemex suscribió más de 100 contratos irregulares por un monto de 11 mil 700 millones de dólares.
Casos como los de Oceanografía, empresa a la que favorecieron a través del tráfico de influencias los vástagos de Martha Sahagún, Manuel y Jorge Bibriesca, hijastros de Fox, o el de César Nava, secretario particular de Calderón en su cargo de presidente y más tarde asesor jurídico de Pemex, desde donde permitió quebrantos a la empresa pública por 500 millones de dólares, son parte de la desatada corrupción que se hizo presente bajo las siglas de Acción Nacional. Gobiernos ambos caracterizados por la opacidad  con que manejaron los excedentes petroleros que ascendieron del 2001 al 2008 a un billón 281 mil millones de pesos y cuyo destino aún se ignora. No sólo los “huevos de oro”, sino también la gallina, resultaron seriamente afectados en los sexenios panistas.
A la fecha en que la quiebra del país ha disparado la deuda pública al histórico nivel de 9 billones de pesos, asuntos de corrupción como los de los exgobernadores Guillermo Padrés de Sonora, actualmente preso, o del prófugo  Javier Duarte de Veracruz, son la evidencia del criminal despilfarro de los recursos públicos; el primero hacía gala de una cuadra de caballos pura sangre valuados en 100 millones de pesos y dejó una deuda de 30 mil millones; el segundo, llevó la deuda de su estado a los 80 mil millones de pesos y quedó a deber 2 mil millones a pensionados y una cantidad similar a la Universidad Veracruzana. Junto con César Duarte y Roberto Borge, exmandatarios de Chihuahua y Quintana Roo, respectivamente, son la muestra más palpable de que la malversación de fondos públicos es otra de las causas del generalizado descontento social, ahora avivado con el gasolinazo.
La actual coyuntura donde la sociedad ha despertado y se dice dispuesta a no soportar más atropellos, es propicia para convocar a un gran frente nacional que busque restablecer la legalidad y el estado de derecho en contra de tantos agravios acumulados y luche además por detener el propósito de aniquilar el sistema de pensiones y privatizar servicios como transporte y agua. En Baja California la movilización de miles de ciudadanos logró revertir la intención de los panistas de entregar el manejo del vital líquido a empresarios. El camino está trazado y hay que empezar a andar al lado del pueblo, al margen  de los degradados partidos políticos, rumbo al 2018.
Martín Esparza Flores

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Tecnocracia abandonó refinerías a propósito



Por Martín Esparza Flores /

Génesis del desmantelamiento energético/II

Martín Esparza Flores
Cuando el 18 de marzo de 1991, Carlos Salinas de Gortari anunció el cierre de la refinería de Azcapotzalco, se vanaglorió de la medida al expresar a la nación: “El nuestro es un gobierno comprometido con el medio ambiente”.
Y en efecto, la mayoría creyó en sus excusas ambientalistas que, en aquel entonces, sirvieron para ocultar el arranque del proceso de desmantelamiento y privatización de Pemex, que 26 años después derivó en el gasolinazo que tiene el país inmerso en una de las peores crisis sociales de los últimos años.
La tecnocracia que por tres décadas ha devastado la economía nacional por la terca imposición del modelo neoliberal, nada puede rebatir ante las evidencias de su antipatriótica conducta; desde la llegada de Miguel de la Madrid al poder, Pemex fue visto como ente generador de impuestos al que debía dejarse a la deriva en la inyección de recursos para entregarlo en el futuro a las empresas extranjeras.
No fue casual que, un año después del cierre de la refinería de Azcapotzalco, Salinas no hablara sobre su traslado a otra parte del país o la creación de una nueva planta que sustituyera su producción de 105 mil barriles de gasolinas al día, pero sí anunciara la separación de Pemex en cuatro subsidiarias: Pemex-Exploración y Producción; Pemex-Refinación; Pemex-Gas y Petroquímica Básica, y Pemex Petroquímica.
De hecho, desde que en 1979 entró en operaciones la refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca, los gobiernos sucesivos acataron dócilmente los lineamientos de organismos como el Fondo Monetario Internacional que les  impusieron el compromiso de abrir el mercado energético.
Cuando en 1982 los neoliberales arribaron a Los Pinos, México contaba con siete refinerías y producía 348 mil barriles de gasolina al día y 231 mil de diésel, con un parque vehicular mucho menor al que actualmente se tiene. Hoy, sus seis plantas de refinación apenas producen 254 mil barriles de gasolina y 160 mil de diésel. De hecho, se calcula que el país tiene un déficit de 400 mil barriles diarios y este continuará aumentando si se toma en cuenta que el número de vehículos crece a un ritmo anual de un 3 por ciento.
Los panistas que hoy se rasgan las vestiduras ante el gasolinazo, evitan hablar de la cancelación de la refinería Bicentenario, a construirse en Tula, Hidalgo, de la que tanto hizo alarde en su sexenio el demagogo Felipe Calderón y que debía reducir en un 25 por ciento la importación de combustibles.
Apenas en octubre pasado la refinería de Salamanca, Guanajuato, cerró operaciones en cinco de sus plantas donde se producían gasolinas Premiun y Magna, así como diésel de ultra bajo azufre y turbosinas. Una muestra más que explica por sí misma que el cierre de la refinería de Azcapotzalco nada tuvo que ver con asuntos ambientales sino con el desmantelamiento inducido por la tecnocracia, que derivó en el gasolinazo.
esparza

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Acuerdo del Segundo Congreso de la Nueva Central de Trabajadores LUCHARAN VS LA EXPLOTACIÓN LABORAL EN MÉXICO

*Prioritario Negociar un Tratado de Libre Comercio que Beneficie a los Pueblos.
*Donald Trump, Cambiará la Política de Explotación, con un Estilo Más Racista.
*Los Gobiernos Mexicanos han sido Cómplices del Empobrecimiento y Despojo Nacional.
Los distintos gobierno mexicanos son cómplices de las políticas económicas y sociales, conocidas como neoliberales, impuestas por las autoridades de Estados Unidos durante los últimos 30 años en lo que ha reinado la sobre explotación de la mano de obra del país con jornadas laborales de 12 a 16 horas diarias con bajos salarios, impidiendo el desarrollo nacional y apropiándose de los bienes nacionales, afirmaron panelistas del segundo congreso ordinario de la Nueva Central de Trabajadores (NCT).
Por esa razón los delegados participantes en el encuentro que inició el viernes 27 de enero del 2017 y concluyó el domingo 29, acordaron la derogación de las reformas estructurales que impuso el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en México y el Tratado de Libre Comercio, que beneficia sólo a las grandes empresas transnacionales y funcionarios públicos y ex funcionarios públicos convertidos en empresarios, quienes aparecen como sus socios.
En la inauguración del Segundo Congreso Ordinario de la Nueva Central de Trabajadores también estuvieron presentes representantes internacionales, como Julio Gambina, Julio Gambina de Uruguay, sindicalista y economista miembro de la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico de América Latina (SEPLA), quien dijo que no sólo hay que criticar lo que hace la clase dominante, sino que es necesario un programa de acción para acabar con la sobre explotación laboral.
Julio Gambina explicó que todos los planes económicos que nos han impuesto los distintosgobiernos de Estados Unidos y sus socios como la Gran Bretaña, tienen el objetivo de sobreexplotar a los trabajadores de los países subdesarrollados, pagando menos salarios, eliminando prestaciones sociales, imponiendo más horas de trabajo y desmantelando sus economías para imponer sus productos. Y si no pueden por las buenas lo hacen por las malas con sus ejércitos, porque esa es la forma en que se enriquecen.
El analista se pronunció a favor de eliminar el Tratado de Libre Comercio que impulso la competencia comercial salvaje, de despojo y aniquilamiento de la economía de los países latinoamericanos, así como el empobrecimiento de la población con mecanismos de sobre explotación de su mano de obra y desempleo.
"Carlos Marx dice que la sociedad civil, sobre la que se monta el capitalismo, es la sociedad de la explotación, sin explotación no hay capitalismo...no es suficiente con organizarnos ni con movilizarnos fuertemente, sino es necesario construir hombres y mujeres conscientes que cambien la realidad y desde ahí pensar en el nuevo modelo sindical, en las nuevas formas clasistas de organizarse...Necesitamos ser millones que obliguen a negociar el Tratado de Libre Comercio en favor de los pueblos".
La Nueva Central deTrabajadores emitió un comunicado en el que convoca a todos los trabajadores y sus organizaciones a emprender una lucha decidida por la defensa y recuperación del poder adquisitivo del salario; a exigir mayores incrementos salariales en las próximas revisiones contractuales y a acabar con la sobre explotación laboral que ha empobrecido a los meicanos.
"30 años de neoliberalismo, de saqueo de nuestros recursos naturales, de privatización de los servicios públicos y bienes comunes, de despojo de nuestros derechos sociales y libertades políticas, de represión de la lucha social, de falsa democracia partidista y manipulación mediática, están llegando a su fin. Alcémonos con la unidad popular para alcanzar un México con justicia, paz y libertad", señala el documento.

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Protestan en cinco estados contra el aumento a gasolinas

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La movilización en esta ciudad concluyó en la glorieta de CuauhtémocFoto La Jornada Baja California
De los corresponsales
 
Periódico La Jornada
Lunes 30 de enero de 2017, p. 10
En el tercer domingo de protestas contra el gasolinazo y las reformas efectuadas en Baja California por el gobierno panista, éstas ocasionaron que los accesos principales al palacio municipal de Tijuana fueron protegidos con madera para evitar que los casi 2 mil manifestantes tomaran las instalaciones.
Dicho aumento y modificaciones del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, para hacer financieramente viables las desaladoras y la infraestructura para privatizar el servicio de agua potable, tienen a varios sectores sociales en pie de guerra.
La movilización fue en la glorieta de Cuauhtémoc. La aduana de El Chaparral no fue opción para tomarla, pues autoridades estadunidenses se adelantaron y cerraron la garita.
Quienes quedaron en la glorieta se fueron poco a poco y un pequeño grupo siguió el carro de sonido hacia el edificio del ayuntamiento, adonde llegaron menos de 200 personas en apoyo del plantón que está allí desde el domingo 22 de enero.
En Mexicali sigue la tensión, luego de que el sábado algunos miembros que permanecen en el plantón, que bloquea el acceso al palacio de gobierno desde el 12 de enero, jalonearon al mandatario estatal, al secretario de Gobierno y a sus escoltas.
La noche del sábado el mandatario estatal advirtió a quienes bloquean los accesos a oficinas gubernamentales –básicamente palacio de gobierno y el Congreso– que hay sectores de la sociedad que le están pidiendo restablecer el orden.
Abril Rodríguez, una de las voceras del movimiento en Mexicali, informó que ellos están esperando que el gobierno restituya el diálogo, pero las conversaciones, apuntó, están prácticamente rotas, luego de que ellos no aceptaron la cancelación de la cita programada para hoy con el gobernador.
De hecho, aseguró que el incidente del sábado ocurrió porque el mandatario llegó intempestivamente al palacio y quería que en ese momento se formara una comisión de diálogo, porque él no iba a estar en Mexicali este lunes.
Cuando se retiraba, sin que los manifestantes aceptaran el diálogo en ese momento –los voceros no estaban y nadie les avisó que el mandatario iba a sus oficinas–, se produjo el jaloneo.
En ese contexto, abogados independientes de Acapulco, Guerrero, comenzaron a recolectar firmas en el zócalo del puerto, con la finalidad de presentar amparos para que los ciudadanos no paguen el impuesto especial sobre productos y servicios (IEPS) al comprar gasolina.
El abogado Rafael Cortázar Serna explicó que los consumidores deberán entregar una copia de la factura de su vehículo, la tarjeta de circulación y la factura de compra de gasolina.
El objetivo, explicó, es que el juzgado de distrito otorgue la suspensión provisional del acto reclamado, lo cual significaría que propietarios de gasolineras tendrían que devolver a los consumidores el monto equivalente al IEPS.
Cortázar expresó: Con la suspensión provisional que estamos solicitando se espera que devuelvan 3.50 pesos por cada litro de gasolina Magna y 4.15 por Premium.
También ayer continuaron las movilizaciones en Tulancingo, Hidalgo, donde la protesta reunió a cerca de mil 500 personas, las cuales marcharon por calles del centro histórico. Ésta culminó con una asamblea informativa.
En Ixmiquilpan, pobladores que mantienen bloqueada la carretera federal México-Laredo recibieron la visita del sacerdote Alejandro Solalinde, quien les expresó su apoyo y habló sobre la construcción del muro en la frontera con Estados Unidos.
Subrayó: De que (México) lo va a pagar, lo va a pagar. Desgraciadamente estos gobiernos priístas y panistas han cometido el error garrafal de hacer que nuestra economía dependa de Estados Unidos.
En la capital de Aguascalientes, cerca de 30 personas se manifestaron en la plaza de la Patria contra el alza al precio de los combustibles y en demanda de que renuncie el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
En Ciudad Juárez, Chihuahua, la delegación de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo informó que llegó a un acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para flexibilizar el esquema de estímulos fiscales, lo cual permitirá a los vendedores competir en igualdad de circunstancias, y se dio marcha atrás al paro de 188 expendios programado para hoy.
Se acordó, agregó, vender el litro de Magna en 12.44 pesos y el de Premium en 15.35, precios que actualmente tienen empresas grandes de Juárez, como Oxxo Gas y Petrol, mientras el resto tiene el litro a 15.71 y 17.93, respectivamente.
(Camelia García y Mireya Cuéllar/La Jornada Baja California; Antonio Heras, Héctor Briseño, Claudio Bañuelos, Ricardo Montoya y Rubén Villalpando, corresponsales)

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Frente a los Ataques Racistas de Donal Trump URGE POLÍTICA ANTI IMPERIALISTA EN MÉXICO

*El entreguismo del gobierno mexicano actual, no podrá enfrentar las agresiones de Trump
Participación de la Doctora Josefina Morales,
y secretaria de la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico de América Latina,
Programa del sábado 28 de enero del 2017

La Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico (SEPLA-MÉXICO), saluda el II Congreso de la Nueva Central de Trabajadores y reitera su compromiso para colaborar en la formación del pensamiento crítico, en la formación de una conciencia popular anticapitalista de Nuestra América.
SEPLA MÉXICO repudia la racista política migratoria imperialista de Donald Trump y exige el respeto y defensa de los derechos civiles y humanos de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos.
México se encuentra ante desafíos históricos frente a una nueva ofensiva imperialista en medio de una crisis orgá ica, económica, social, política y de derechos humanos.
El Tratado de Libre Comercio con América del Norte, con un impacto desigual, llevó a la pé rdida de nuestrasoberan í a alimentaria, energ ética, monetaria, financiera y de seguridad interna, con una desarticulación de la estructura productiva para el mercado interno; en síntesis a la reproducción estructural de la dependencia con un capitalismo neocolonial.
El TLC no fue de gran beneficio para los trabajadores de ninguno de los tres países: se perdieron empleos industriales nacionales y se precarizaron las condiciones de trabajo con el incremento de la sobreexplotación de los trabajadores mexicanos, aquí y allá.
Hoy, frente a la ofensiva neofascista de Donald Trump y el entreguismo del gobierno mexicano actual, nuestro país requiere de una alternativa nacional de desarrollo con fundamento en el interés de los explotados y excluidos que empiece por cancelar la contrarreforma energética anulando los gasolinazos, la contrarreforma educativa y de seguridad social .
Exigimos que se suspendan las negociaciones y se hagan públicas las propuestas de renegociacióndel TLC; y se busque una integración alternativa con Nuestra América.
Por la unidad de los trabajadores, repetimos como hace 150 años:
¡PROLETARIOS DEL MUNDO, UNIOS!
Alejandro Álvarez, Luis Arizmendi, Arturo Guillén, Josefina Morales, Patricia Pozos y Germán Sánchez Daza . 


Malo y caro, el servicio privado de agua potable en varias entidades


Angélica Enciso L.
 
Periódico La Jornada
Lunes 30 de enero de 2017, p. 32
 
El servicio privado de agua potable se caracteriza por ser malo, caro y recortar el suministro a la población, pese a que es un derecho humano. Actualmente, la dotación del líquido se ha privatizado en cinco entidades, pero hay al menos dos casos donde el proceso se revirtió: la ciudad de Ramos Arizpe, en Coahuila, y el estado de Baja California.
De acuerdo con ciudadanos que se han organizado contra la privatización del servicio de agua potable, este proceso se ha realizado con dificultades en las ciudades de Aguascalientes, Puebla y municipios aledaños de Cancún, Isla Mujeres y Solidaridad, Quintana Roo, así como en Saltillo y Ramos Arizpe, en Coahuila, y en el puerto de Veracruz y Medellín, en Veracruz.
En el mundo hay 235 ciudades donde el servicio se privatizó y se revirtió, indicó Elena Burns, de la organización Agua para Todos.
El primer caso de privatización en el país ocurrió en la ciudad de Aguascalientes, con el esquema de concesión en 1993; sin embargo, a pesar de los compromisos de modernización y mejor calidad del servicio que la empresa prometió, lo que hubo fueron aumentos en el precio de las tarifas, se elevó a 95 por ciento la población que debe adquirir agua embotellada y 84 por ciento almacena el líquido, debido a la falta de dotación, explicó el investigador Raúl Pacheco.
En 2001 se formó Aguas de Saltillo, con la participación de la empresa Aguas de Barcelona, para dar el servicio en esta ciudad, donde lo primero que se hizo eficiente fueron los cobros y los recortes, que implican altos costos para la población, ya que el precio de la reconexión es elevada.
Esa empresa después buscó implantar el mismo esquema en Ramos Arizpe, donde, de entrada, elevó las cuotas y se homologaron con las de Saltillo (subieron 30 por ciento), pero la protesta de la población hizo que el proceso se revirtiera, lo que dio paso a una empresa paramunicipal, en la que 99 por ciento de las acciones pertenecen al municipio, explicó en entrevista, Argentina Orta, habitante de esa ciudad.
En cuanto a los casos de Cancún e Isla Mujeres, desde 2003 el servicio está bajo control de la empresa Aguakan, con acciones de Peñoles y la trasnacional Suez, así como del Grupo Mexicano de Desarrollo; sin embargo, sin consulta previa, en 2014 se agregó al municipio de Solidaridad, donde no está permitida la privatización, explicó Orta. Además, se amplió por nueve años la concesión, cuando aún no vencía. El servicio da mucho que desear y hay maltrato a la población, además de que presuntamente el ex gobernador Roberto Borge recibió mil 80 millones de pesos, cuyo destino se desconoce.
En tanto, en Puebla, el proceso se dio en 2013 sin consulta a la población ni estudios previos. Las tarifas se elevaron hasta 500 por ciento en algunas zonas; hay mala distribución del líquido, ausencia de inversiones y aumento del tandeo, indica en un análisis María Eugenia Ochoa, habitante de la ciudad.
En Veracruz y Medellín, parte de la zona metropolitana del puerto, se repiten los mismos problemas. Se estableció la empresa mixta Grupo Metropolitano de Agua y saneamiento, con participación de Suez y Obedrecht.

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Moreno Valle hizo de Puebla el estado más endeudado del país

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Escena de la obra Mi Luchita, inspirada en el gobernador saliente de Puebla, Rafael Moreno Valle, escrita por Jesusa Rodríguez (al centro), junto con Pedro Miguel, articulista de La Jornada; los moneros Rafael Barajas El Fisgón y Patricio Ortiz, así como Rafael Pineda, Julio Glockner y Aurelio Fernández Foto José Castañares / La Jornada de Oriente
Mónica Camacho y Martín Hernández
La Jornada de Oriente
Periódico La Jornada
Lunes 30 de enero de 2017, p. 26
Puebla, Pue.
Este martes concluirá la gestión del gobernador panista Rafael Moreno Valle Rosas, quien dejará a la entidad una deuda que trascenderá al menos cuatro periodos gubernamentales, advirtieron expertos en finanzas públicas y diputados de oposición.
Los proyectos para prestación de servicios (PPS) que contrató Moreno Valle para detonar la infraestructura en su sexenio hicieron de Puebla el estado más endeudado del país, aunque los pasivos todavía no se contabilizan en forma oficial y por ello no se ven reflejados en las cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El estudio Obligaciones financieras de las entidades federativas de México al tercer trimestre de 2016, del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) del Congreso de la Unión, ubica hasta ahora a la Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz y el estado de México como las cinco entidades más endeudadas del país; sólo la Ciudad de México adeuda 67 mil 200 millones de pesos.
Reforma disfraza pasivos; las cifras reales se revelarán en abril
De acuerdo con especialistas y legisladores de oposición, los pasivos de Puebla suman 76 mil millones de pesos, pero el primer mandatario panista del estado sólo reconoce ante Hacienda los 8 mil 400 millones que le heredó en 2011 su antecesor, el priísta Mario Marín Torres, destacaron los analistas.
La mayor parte de los pasivos está oculta debido a una reforma legislativa que promovió el Ejecutivo estatal para que los pagos destinados a los PPS no se contabilizaran como deuda pública, explicó el coordinador de los legisladores federales del partido Morena en el estado, Rodrigo Abdala Dartigues.
La deuda real de la entidad no figurará en las estadísticas oficiales hasta abril próximo, cuando la SHCP emita el reglamento del sistema de alerta sobre indicadores de endeudamiento de los entes públicos, el cual obligará a Puebla a transparentar el costo de los PPS contratados por su gobierno, advirtió el presidente de la comisión de hacienda y patrimonio municipal del Congreso local, José Chedraui Budib.
En entrevista, el legislador destacó que Puebla destina actualmente mil millones de pesos al mes para el pago de los tres PPS que permitieron la construcción de las plataformas donde se instaló la armadora alemana de vehículos de lujo Audi, el Centro Integral de Servicios de la zona de Angelópolis y el Museo Internacional Barroco.
El especialista en finanzas públicas Eudoxio Morales Flores dio a conocer en la Cámara de Diputados, el 29 de noviembre pasado, que los PPS contratados en el sexenio tuvieron un costo de 24 mil 373 millones de pesos, pero los intereses que se cubrirán durante unas tres décadas elevarán el pasivo a casi 70 mil millones de pesos.
El análisis de Eudoxio Morales Flores fue avalado por diputados federales de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Morena, quienes exigieron a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una investigación sobre el manejo de los recursos públicos en la gestión de Moreno Valle.
La Ciudad de México tiene pasivos por 67 mil 211 millones de pesos; Nuevo León, por 63 mil 155 millones; Chihuahua, por 47 mil 808 millones; Veracruz, 44 mil 941 millones, y el Estado de México, 41 mil 778 millones. En esta lista Puebla se ubica en la posición 15 entre las 32 entidades federativas, debido a que sólo se contabilizan 8 mil 400 millones de pesos de compromisos finanacieros que Mario Marín heredó a Rafael Moreno Valle en 2011.
Humor y denuncia en el centro de Cholula
Paula Carrizosa La Jornada de Oriente
Puebla, Pue.
La genealogía perversa de un político ambicioso, el parentesco ficticio que explica las acciones que en seis años han llevado a Puebla a una crisis social, económica, cultural, ambiental y política, así como el ansia de perpetuación en el poder se reflejan en una farsa donde el gobernador Rafael Marrano Bello resulta ser hijo de uno de los personajes más repudiados de la historia: Adolfo Hitler.
En esta historia, colmada de referencias humorísticas a la realidad, crítica política y doble sentido, participan los actores Jesusa Rodríguez y Julia Arnaut, los periodistas Pedro Miguel y Aurelio Fernández y los moneros Rafael Barajas, El Fisgón, Patricio Ortiz y Rafael Pineda, Rapé, acompañados por el antropólogo Julio Glockner.
Bajo el título de Mi luchita, el elenco revela el deseo del gobernador Rafael Marrano Bello de saltar de la gubernatura a la silla presidencial, apoyado en los malos consejos de Hitler, quien por azares de la ficción resulta ser su progenitor.
Durante una hora, en el zócalo de San Pedro Cholula, Rafael Marrano Bello –interpretado por Patricio– deja en claro sus deseos: A mí me salen los círculos de poder en mi mente cuadrada, dice el protagonista, acompañado de su fiel subordinado, Tony Gallo.
Es a Tony Gallo –un político que no se cansó de cantar en voz de Rapé– a quien Marrano Bello da consejos que puede aplicar en su año y ocho meses de gubernatura: por cada peso que pida debe quedarse con dos, para que él también se ocupe de su futuro político.
Yo tengo que llegar a la Presidencia, pero todavía no entiendo cómo, expone Marrano Bello y no duda en llamar a un personaje de su infancia: su nana Hitler, que en realidad es su padre, enfundado en su histórico traje militar color caqui y la cruz gamada.
No soy tu nana. En realidad soy tu padre, confiesa Hitler, personificado por Jesusa Rodríguez, en medio de carcajadas y rechiflas del público que desborda el sillerío instalado bajo una lona en la plaza pública.
La noticia resulta espléndida para Marrano Bello. Sabía que venía de una estirpe llamada a conquistar el mundo, dice enfático mientras Tony Gallo le acerca una y otra vez un espejo para mirar su rostro soberbio.
Una vez aclarado el parentesco, Hitler hace una serie de preguntas al político y lo regaña por sus constantes berrinches y su mala costumbre de arrojar teléfonos celulares a quienes lo colman.
¿Cuántos libros has leído? ¿A cuántos enemigos metiste a la cárcel? ¿Cómo controlaste el crimen?, son algunas de las preguntas que hace Hitler a Marrano Bello.
Sobre los libros, Marrano Bello reconoce que leyó apenas un par de instructivos y tuvo intenciones de leer La sucesión presidencial, de Francisco y Madero (sic), otra obra de una autora llamada Sara Mago, y su libro de cabecera es Quihúbole con la presidencia, de un tal Jordi Rosado.
A sus enemigos, dice ufano, no pudo matarlos con sus propias manos, pero sí hizo encarcelar a 355, entre ellos Simitrio (Rubén Sarabia, líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre) y el ex secretario de Medio Ambiente Francisco Castillo Montemayor.
Al crimen lo controló como estadista, pensando en los nichos de oportunidad, por lo que echó mano de los huachicoleros (saqueadores de combustible), quienes se “han mochado bien”.

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Argentina, país con mayor pérdida de poder adquisitivo en 2016

29 de enero de 2017

Un reciente informe apunta que la estrategia económica del Gobierno de Macri provocó “una fuerte pérdida de poder adquisitivo para los sectores vulnerables”.
El salario mínimo en Argentina figuró como el país de América Latina con la mayor pérdida de capacidad de compra en 2016, debido a la caída del salario mínimo, según un informe del observatorio de políticas públicas de la Universidad de Avellaneda (Undav).
Los resultados del estudio difundidos este viernes apuntan a la política económica de Mauricio Macri como el detonante de la pérdida del poder adquisitivo en la nación.
Con su llegada al poder, Macri implemento medidas que impactaron en la economía de los más pobres, entre ellas, el aumento de los combustibles y servicios públicos.
Hubo un cambio en el paradigma económico el año pasado que provocó una fuerte pérdida de poder adquisitivo para los sectores vulnerables de la población”, indica el documento.
Considerando el precio de unos 16 productos de consumo masivo, el estudio demostró que con el salario mínimo actual en Argentina 11 por ciento menos en 2016 en relación con 2015.
Página12

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