martes, 31 de enero de 2017

Convocatoria a la Marcha Unitaria

Plan de acción para el día de hoy.

2o Congreso NCT


Miles repudian en Chiapas el gasolinazo y exigen derogar las reformas estructurales

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Un momento durante la marcha de miles de personas –maestros, estudiantes, padres de familia e integrantes de organizaciones campesinas–, ayer en la capital chiapanecaFoto Elio Henríquez
De los corresponsales
 
Periódico La Jornada
Martes 31 de enero de 2017, p. 14
Miles de ciudadanos, entre maestros, estudiantes e integrantes de organizaciones campesinas, marcharon este lunes en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, contra el gasolinazo y para exigir la derogación de las reformas estructurales.
Esta lucha es contra las reformas neoliberales, el imperialismo estadunidense y por la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto y su pandilla de lacayos, expresó el líder de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Manuel de Jesús Mendoza Vázquez.
Indicó que la movilización de este lunes, según sus cálculos, concentró en la capital chiapaneca a por lo menos 100 mil personas, cuyo objetivo fue articular todas las inconformidades y resistencias para que nuestro país sea libre y soberano y transite de manera democrática.
También profesores de la sección 22 del magisterio oaxaqueño, que conforman los seis sectores educativos en el Istmo de Tehuantepec, marcharon para protestar contra las reformas que llamaron neoliberales y para exigir un alto al gasolinazo.
Los cerca de 800 integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se concentraron en la carretera que comunica a Juchitán con Espinal, de ahí caminaron a la plaza principal del municipio zapoteco, Juchitán, donde realizaron un mitin.
En Ciudad Juárez, Chihuahua, la policía estatal única desa­lojó la noche del domingo a los inconformes que ocupaban la caseta de cobro de la carretera Jiménez-Camargo, tomada desde hace 30 días en protesta contra el alza del precio de las gasolinas, y arrestaron a 10 mujeres y varios menores.
Horas después, por presión ciudadana los manifestantes retomaron la caseta por cuarta ocasión en el mes a pesar de los desalojos; los detenidos fueron liberados.
Retiran bloqueos
En la capital de Baja California, con la presencia de más de 400 policías, la Asamblea Popular de Mexicali levantó los bloqueos de los accesos a edificios públicos que mantenían grupos de manifestantes que exigen la renuncia del gobernador Francisco Vega y del presidente Enrique Peña Nieto.
Los uniformados recorrieron la zona del Centro Cívico donde se concentraban los campamentos, ubicados desde el 12 de enero. Los manifestantes se mantuvieron a la expectativa ante un eventual desalojo violento, pero finalmente retiraron los bloqueos.
Luego de tres reuniones fallidas, la primera mesa de diálogo entre inconformes y el gobernador Francisco Vega se agendó para este miércoles 1º de febrero en el edificio del Poder Ejecutivo.
En tanto, integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y de la Asociación Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica ocuparon la subestación de la colonia Santa Julia y las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicadas en Pachuca, Hidalgo, en protesta contra el gasolinazo. El grupo arribó a las 7 horas y se retiró nueve horas después.
Asimismo, organizaciones so­cia­les integraron la Coordinadora Estatal de Resistencia Morelense para protestar contra el aumento al precio de las gasolinas. Una de sus actividades fue entregar gacetillas informativas en el zócalo de Cuernavaca y pedir a la ciudadanía que apoye los amparos colectivos presentados contra el gasolinazo.
(Elio Henríquez, Antonio Heras, Rubén Villalpando, Diana Manzo, Ricardo Montoya y Rubicela Morelos Cruz, corresponsales)


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Minera canadiense desaloja con armas a vecinos de Chalchihuites

Los obligan a irse a casas de lámina y a firmar un contrato de comodato que vence en dos semanas
La empresa asegura tener título de propiedad; según los pobladores, es apócrifo
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Habitantes de la comunidad La Colorada, municipio de Chalchihuites, Zacatecas, y ex trabajadores de la minera canadiense Panamerican Silver fueron desalojados de sus viviendas el pasado 13 de enero por guardias privados armados. Según los afectados, la compañía explorará yacimientos en la zonaFoto Alfredo Valadez
Alfredo Valadez Rodríguez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 31 de enero de 2017, p. 25
Zacatecas, Zac.
Habitantes de la comunidad La Colorada, municipio de Chalchihuites, y ex trabajadores de la minera canadiense Panamerican Silver denunciaron que esa compañía los desalojó ilegalmente de sus casas, después de acosarlos y amenazarlos durante dos años.
Con apoyo de guardias privados que portaban armas largas, Panamerican Silver obligó a 47 familias a dejar sus hogares –los cuales destruyó con maquinaria pesada– y los forzó a mudarse a una colonia construida por la empresa, también nombrada La Colorada, donde las viviendas son de lámina, y se les extendió un contrato de comodato que vence el 13 de febrero.
Los habitantes de la comunidad rural dijeron que la minera los expulsó para explotar yacimientos de oro, plata y cobre.
Panamerican Silver llegó en 1998 para explotar una mina en La Colorada, 235 kilómetros al poniente de la ciudad de Zacatecas, en los límites con Durango.
La compañía operó sin conflictos con los habitantes (unas 200 familias) y muchos lugareños trabajaron para la minera hasta mediados de 2014, cuando hubo cambios en la administración del complejo extractivo.
En su portal, Panamerican Silver (que explota minas en Estados Unidos, México, Perú, Bolivia y Argentina) presume de ser la segunda empresa productora primaria de plata en el mundo, creando valor a través de la excelencia en el descubrimiento de yacimientos, la ingeniería, la innovación y el desarrollo sostenible.
El 13 de enero, con guardias armados, el corporativo canadiense desalojó a las 47 familias que permanecían en La Colorada, amparándose en un título de propiedad que, según los lugareños, es ilegal.
El jueves anterior los habitantes recibieron a una comitiva compuesta por los diputados locales María Elena Ortega y Santiago Domínguez; el dirigente campesino Cuauhtémoc Espinosa y Ricardo Bermeo, integrante del consejo consultivo de la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas (CDHZ), para escuchar sus testimonios.
El próximo miércoles habrá audiencia en tribunal agrario
Según ex trabajadores del corporativo canadiense y vecinos, hace dos años los nuevos administradores de Panamerican Silver comenzaron a despedir selectivamente a empleados que viven en la región.
La Colorada comenzó a vaciarse y la minera empezó a demoler las viviendas desocupadas (construidas, como en el poblado de Salaverna, municipio de Mazapil, en terrenos nacionales) y se apropió de los predios.
Las 47 familias desalojadas promovieron en mayo de 2016 un juicio ante el juzgado de distrito del Tribunal Agrario de Zacatecas (TAZ) para exigir que se les reconociera como legítimos posesionarios de las tierras.
El litigio sigue y el primero de febrero se realizará una audiencia en el TAZ. Los habitantes de La Colorada han demostrado que han vivido durante casi 100 años en esa zona y que en 1982 promovieron un juicio para que se les reconociera como ejido, pero las autoridades federales nunca lo resolvieron.
Moisés Guerrero, Alfonso Guerrero, José Francisco Ceballos y Salvador Rentería, representantes legales de La Colorada, así como Asdrúbal Sandoval, miembro de una familia ganadera que denunció haber sido despojada por Panamerican Silver de un predio de 20 hectáreas, denunciaron los abusos ante los diputados locales y la CDHZ.
Recordaron que el pasado 16 de diciembre se reunieron con el alcalde de Chalchihuites, Manuel Rosales, y con el gobernador Alejandro Tello, a quienes “se les pidió una reunión de alto nivel para que no se violen los derechos humanos.
Nos dijeron que sería una prioridad gubernamental, pero no vimos respuesta. Lo que sí vimos fue el desalojo (el 23 de diciembre) en la comunidad de Salaverna. Entonces comprendimos que no se iba a atender el tema de La Colorada, comentó Guerrero.
Aquí vivían más de 200 familias. En nuestro poblado había un campo de futbol y uno de beisbol. Contábamos con una escuela primaria y ya se estaba pensando en abrir una secundaria, cuando empezó el conflicto con la mina, subrayó.
Advirtió que la minera canadiense no los expulsará. No somos sicarios ni guerrilleros; somos mexicanos que estamos defendiendo nuestro derecho. Hacemos responsable a la empresa de cualquier cosa que nos pase. Aquí nacimos, aquí hemos vivido y aquí vamos a morir.

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Lista, la primera Constitución de la CDMX (Video)

Sesión de la Asamblea Constituyente. Foto: Miguel Dimayuga
Sesión de la Asamblea Constituyente. Foto: Miguel Dimayuga


PROCESO 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Asamblea Constituyente concluyó anoche la votación de los artículos de la primera Constitución Política de la Ciudad de México.
En su fecha límite, este martes 31 de enero la Asamblea Constituyente aprobó los artículos que conformarán la primera Constitución de la Ciudad de México.
Así, la redacción de la Carta Magna capitalina quedó lista, ahora sólo queda pendiente la revisión final del texto por parte de la conferencia de armonización y la aprobación por el pleno.
Los constituyentes citaron a las 11:00 horas para dicha conferencia y a las 12:00 horas los detalles técnicos.
Se tiene previsto que la nueva Constitución sea promulgada el próximo 5 de febrero, y que entre en vigor el 17 de septiembre de 2018. Todo el orden jurídico debe estar en marcha a más tardar el 31 de diciembre de 2020.
Entre lo aprobado en los artículos están los temas de revocación de mandato, la eliminación del fuero para los servidores públicos, el derecho a una muerte digna, el reconocimiento a la diversidad y el uso médico de la mariguana, protección animal, así como derechos de participación ciudadana como el referéndum, plebiscito, consulta ciudadana y popular.

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Concluye en tiempo la Constituyente la redacción de la carta magna local


Alejandro Cruz Flores
 
Periódico La Jornada
Martes 31 de enero de 2017, p. 28
Con la aprobación de establecer en la regulación sobre uso de suelo la obligación de los dueños de desarrollos inmobiliarios de pagar una compensación monetaria para mitigar el impacto urbano-ambiental y mejorar el equipamiento urbano, la infraestructura vial, hidráulica y el espacio público, concluyeron ayer los trabajos de la Asamblea Constituyente para la redacción de la constitución de la Ciudad de México, que se prevé será promulgada el próximo 5 de febrero, y entraría en vigor el 17 de septiembre de 2018.
Luego de que en la madrugada de ayer el pleno había desechado elevar a rango constitucional dicha obligación para las inmobiliarias, que estaba incluida en el numeral 8, apartado C, del artículo 21, finalmente la Constituyente aprobó e incluyó el pago de una compensación por mitigación en el apartado D, del numeral 7 del mismo artículo.
El enunciado establece que la ley determinará las fórmulas y criterios para la aplicación de los recursos obtenidos en condiciones de equidad, transparencia y rendición de cuentas.
La diputada de Morena Elvira Daniel señaló que ella fue quien impulsó que se rescatara el cobro por mitigación y quedara constitucionalizado en dinero, por metro cuadrado y que se aplique en el lugar que se afecta.
En entrevista, señaló que ella incluso votó en favor de que dicha figura quedara asentada en la constitución, luego de los ataques que recibió de diputados y el presidente local del Partido de la Revolución Democrática, Raúl Flores García, por lo que se había desechado durante la madrugada.
Por otro lado, quedó plasmado en el texto constitucional que las obras tanto privadas como del gobierno deberán privilegiar el interés público.
Aunque fue desechado el impuesto por propiedad inmobiliaria ociosa y la prohibición de las prácticas de segregación social en el desarrollo o gestión urbana, incluido en el apartado 9, lo cual fue fuertemente criticado por Morena.
En su última sesión, el pleno de la Asamblea Constituyente aprobó cinco apartados de los artículos 21 y 51, este último relacionado con la integración de los consejos ciudadanos y facultad para proponer a los titulares de los organismos autónomos de la administración pública local, así como el preámbulo de la carta magna local y el articulado transitorio.
Fue precisamente este último tema el que provocó el debate más ríspido de la sección, que inició cinco horas después de lo acordado, toda vez que se había excluido del documento original que la carta magna de la Ciudad de México era posible gracias, entre otros aspectos, a la resistencia permanente al poder autoritario, lo cual fue condenado por diputados como Jaime Cárdenas y Miguel Ángel Velázquez, quien criticó que se pretendiera guardar silencio, cuando cae sobre el país la amenaza del autoritarismo.
Al final, el preámbulo fue aprobado con 78 votos en favor, tres en contra y una abstención, cuando la frase polémica fue sustituida por la de es la culminación de una transición política de inspiración plural y democrática.
Al concluir los trabajos, el PRD garantizó a los habitantes de la Ciudad de México que impedirá en todo momento nuevos impuestos o su ampliación, y acusó de mentiroso al senador panista Roberto Gil Zuarth por difundir en redes sociales que el gobierno de la ciudad creará más gravámenes.


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“Coyotaje” de Josefina, pura corrupción

Josefina Vázquez Mota durante su participación en un foro de migración en el PAN. Foto: Germán Canseco
Josefina Vázquez Mota durante su participación en un foro de migración en el PAN. Foto: Germán Canseco


PROCESO 

–Videgaray-Meade-Gerónimo Gutiérrez, embarrados
–En tierra de Trump, desvíos y conflictos de interés…
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La corrupción en el ejercicio de los mil millones de pesos que el gobierno de Enrique Peña Nieto adjudicó a la panista Josefina Vázquez Mota para su fundación Juntos Podemos comienza a emerger y están implicados personeros de ella y de su amigo Gerónimo Gutiérrez, virtual embajador de México en Estados Unidos.
Afiliado al Partido Acción Nacional (PAN) desde 2001, subsecretario de Estado con Vidente Fox y Felipe Calderón, Gutiérrez Fernández es identificado como uno de los respaldos de Vázquez Mota para recibir de Peña los mil millones de pesos que para Ricardo Anaya, presidente panista, no es sinónimo de corrupción política, sino un “esfuerzo de gestión” de la opaca aspirante a gobernadora del Estado de México.
En la lógica de Anaya, Vázquez Mota puede ser tildada de “coyote”, como el habla popular y la Academia Mexicana de la Lengua definen al “gestor ilegítimo de trámites burocráticos”, como fue la obtención de los mil millones de pesos para que la fundación Juntos Podemos, que ella preside, canalizara ese apoyo a los migrantes mexicanos en Estados Unidos.
El asunto ha sido turbio desde el origen: Vázquez Mota, derrotada por Peña en 2012, obtuvo repentinamente mil millones de pesos después de una gestión en la que intervino Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda y actual canciller; Gerónimo Gutiérrez –amigos éstos desde estudiantes del ITAM–, y Eduardo Bravo Calderón, presidente de la Fundación AEM, una de las instancias, junto con Parents Alliance, que “dispersó” los recursos en Estados Unidos.
Apenas la semana pasada, el miércoles 25, Eduardo Bravo Calderón fue expulsado de la Asociación de Empresarios Mexicanos (AEM), una organización jurídica y financieramente independiente a la Fundación AEM –que sin autorización usa sus siglas–, acusado de incurrir en conflictos de interés y desvío de más de un millón de dólares, equivalentes a 22 millones de pesos, según los primeros resultados del comité de investigación.
Los recursos presuntamente desviados son parte de los mil millones de pesos de recursos federales gestionados por Vázquez Mota, quien tiene una estrecha relación profesional y de amigos con Bravo Calderón, Emilio España, tesorero de la AEM, y Alejandro Quiroz, de Parents Alliance, también implicados en este escándalo de corrupción y expulsados de esa institución fundada en 1996.
Estos tres individuos son, justamente, los dueños de la marca Juntos Podemos de Vázquez Mota y son sus operadores políticos y financieros en su proselitismo por ciudades estadunidenses, con maquillista incluida, todo con cargo al erario federal que puso Peña a su disposición.
El reporte del comité de investigación de la AEM lo conoció Gerónimo Gutiérrez por haber formado parte de él en su calidad de consejero de este organismo privado –cargo al que renunció el 18 de enero, justo cuando internamente se supo de los malos manejos–, y expone que Bravo Calderón estableció un esquema de desvío de recursos públicos en su beneficio, en complicidad con España.
Como si fuera un benefactor, supuestamente Bravo Calderón pagaba de su bolsa la renta de las oficinas, la nómina del personal, las redes sociales, los sistemas de pago, los eventos, viajes y hasta la Revista Empresarios AEM, institución de la que había sido presidente.
Pero las oficinas de la AEM están a nombre de MMG Communications Inc, empresa de su propiedad, y la revista la editaba también otra compañía suya, Ediciones Supcorp SA de CV –con sede en la Ciudad de México–, por lo que cobraba lo que quería y él mismo se pagaba con recursos de la Fundación AEM, receptora de parte de los mil millones de pesos gestionados por Vázquez Mota.
En la reunión de la AEM, que duró cinco horas y en la que renunció Javier Martínez a la presidencia que asumió Rafael Herrera, se tomó el acuerdo de recomendar a los dirigentes e integrantes de la AEM no tener ninguna relación con los tres directamente implicados y Emmanuel Loo, director del Integra Institute, que es la imagen pública de Fundación AEM y quien opera empresas creadas por ésta, como Mexpliqa LLC y Tianguist.
La investigación contra los operadores de Vázquez Mota y de Gerónimo Gutiérrez –Bravo Calderón dice que es su compadre– apenas inicia, no sólo porque habrá más información sin uno de los cómplices como tesorero de la AEM, sino sobre todo porque, si la SRE no exige cuentas de los mil millones a Vázquez Mota, existen otras instancias del Estado mexicano para esclarecer el caso, como la Auditoría Superior de la Federación (ASF). No se olvide que se especula que un tercio de los mil millones fueron para gastos de operación.
Ante la versión de que Peña y Anaya ya establecieron un pacto mafioso para el 2018, como en 2006 y 2012 lo hizo el actual presidente de la República con Felipe Calderón, urge que Vázquez Mota –junto con Peña, Videgaray, José Antonio Meade y Gerónimo Gutiérrez– rinda cuentas sobre un claro episodio de corrupción política.
Apuntes
La patria es primero. Peña no es la patria.
Comentarios en Twitter: @alvaro_delgado

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Correa: “Nuestros pueblos jamás permitirán que el pasado regrese”

31 de enero de 2017

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, destacó este lunes que los pueblos de América Latina no dejarán que se pierda el legado obtenido durante la época progresista, en detrimento del retorno de políticas neoliberales que asolaron la región a finales del siglo XX.
“Podrá haber retrocesos, pero estoy convencido de que nuestros pueblos jamás permitirán que el pasado regrese”, resaltó Correa entrevistado por la agencia de noticias EFE durante su visita oficial a España.
Cuestionado por el retroceso de las fuerzas progresistas en América Latina, el jefe de Estado ecuatoriano declaró que “son tiempos difíciles, pero no terribles”.
“Lo que pasa es que nos acostumbramos a ganarlo todo: entre 2007 y 2008, de diez países sudamericanos ocho tenían gobiernos progresistas, con líderes históricos como Lula da Silva, Hugo Chávez, Néstor Kirchner”, sostuvo.
Correa señaló que el giro acontecido a nivel regional, tiene mucho que ver con la situación económica, que a su vez influye en la parte política.
Aún así, agregó: “Quién sabe si, más temprano que tarde, no vuelva a arrasar la izquierda en todo el continente”.
Ecuador como fuerte
En la entrevista, el primer mandatario de Ecuador señaló que el gobernante movimiento Alianza País está aventajado de cara a los próximos comicios generales a celebrarse el 19 de febrero.
“Si las elecciones fueran mañana, ganaríamos en una sola vuelta”, subrayó.
Desde el 3 de enero y hasta el próximo 16 de febrero se desarrolla en Ecuador la campaña electoral con miras a las elecciones generales del 19 de febrero y para ello 70 organizaciones políticas están habilitadas en el país con 3.691 candidaturas de las 24 provincias para las diferentes dignidades sujetas a elección.
Entre los ocho binomios que optan por los cargos de Presidente y vicepresidente de la República durante los próximos cuatro años se encuentra el gubernamental Movimiento Alianza País, con la fórmula Lenín Moreno-Jorge Glas, que lidera todas las encuestas.
AVN | Telesur

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El FMI pide a España endurecer la reforma laboral y aplicar nuevos recortes

31 de enero de 2017

Subir el IVA e implantar el contrato único. Es la receta para España del Fondo Monetario Internacional (FMI) para avanzar en el ajuste fiscal “gradual” y reducir la “abultada” deuda pública. La institución habla de “impresionante recuperación económica”, pero insiste en realizar más ajustes y en la subida de otras tasas, como las medioambientales.
El FMI ha ratificado sus últimas previsiones de crecimiento para la economía española, que después de crecer un 3,2% en 2016, se expandirá a un ritmo del 2,3% este año y del 2,1% en 2018, aunque ha advertido de que los riesgos para estas perspectivas “se inclinan a la baja”, principalmente por el impacto potencial de factores externos, incluyendo el débil crecimiento de las economías desarrolladas, una significativa desaceleración de los emergentes o la incertidumbre que rodea las negociaciones sobre el Brexit y el auge del proteccionismo.
El Fondo plantea la necesidad de simplificar “el menú” de contratos a disposición del empresario, al mismo tiempo que se reduce de forma efectiva la brecha de protección a los distintos tipos de empleo. De este modo, propone la introducción de un contrato único de duración indefinida, cuya indemnización por despido se incremente gradualmente a lo largo del tiempo y que podría coexistir con otros contratos que darían respuesta a las necesidades específicas y costes de formación de sectores con elevada temporalidad, como el turismo o la agricultura.
Como alternativa a este contrato único, el FMI plantea la introducción gradual en el mercado laboral del modelo de mochila austriaca, que permitiría a los trabajadores trasladar de un empleo a otro los derechos de indemnización por despido independientemente de los tipos de contrato bajo los que se preste servicio. También aboga por reducir las incertidumbres administrativas y reclama simplificar las causas de anulación de los despidos, algo que considera que actúa como desincentivo de la contratación indefinida.
El FMI apuesta por priorizar las medidas de aumento de la recaudación con menos efecto distorsionador, señalando en primer lugar el déficit de tres puntos porcentuales de España en la recaudación por IVA respecto a la media de la UE, lo que se explica en gran parte por las excepciones y los efectos acogidos a un tratamiento preferencial. Reducir esta brecha en la recaudación del IVA permitiría a España elevar sus ingresos más de un 2% del PIB, unos 20.000 millones de euros, algo que podría lograrse subiendo de forma gradual los tipos inferiores del IVA en línea con las necesidades de consolidación a medio plazo.
En cuanto a la racionalización del gasto, la institución considera que analizar las necesidades en áreas como educación y sanidad debe ser una prioridad, apuntando que la introducción de copagos para los servicios públicos salud, con excepciones o salvaguardas para los más vulnerables, podría contribuir a la reducción de los costes fiscales.
Asimismo, la institución apunta que una mejor orientación de los subsidios a la contratación, así como la racionalización de varios incentivos a la contratación, que rebajaran la cuña fiscal para los trabajadores más jóvenes y de menores ingresos, proporcionaría un respaldo más eficaz a la generación de empleo para aquellos con mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral.
Según el Fondo, España ha cumplido con suficiencia el objetivo de déficit del 4,6% del PIB pactado con Bruselas para 2016 y es factible que logre cumplir también la meta del 3,1% prevista para este año sin necesidad de ajustes adicionales en caso de materializarse el aumento de recaudación previsto por el Gobierno gracias a las medidas planteadas para 2017, aunque la institución echa en falta una estrategia “creíble” de consolidación fiscal a medio plazo, para lo que recomienda subir el IVA, así como los impuestos indirectos y medioambientales, además de acometer una reforma de la financiación autonómica.
El FMI ratifica sus previsiones de crecimiento de la economía española, pero advierte del efecto negativo que podrían producir el menor empuje de las economías desarrolladas, la desaceleración de los emergentes, el Brexit y el auge del proteccionismo
Según el FMI, el marco de financiación de las CCAA continuará representando un riesgo para que se cumplan los objetivos de déficit en ausencia de “reformas audaces”. Por ello, plantea la necesidad de acometer reformas que aumenten la transparencia y eficacia, así como para mejorar la capacidad de recaudación y elevar la rendición de cuentas, además de mejorar el sistema intergubernamental de liquidación de transferencias reduciendo las discrepancias de volumen y los plazos entre pagos anticipados y derechos legales. Asimismo, propone eliminar gradualmente el uso de mecanismos de liquidez para fines no relacionados con emergencias.
Los últimos pronósticos para España de la institución dirigida por Christine Lagarde, recogidos en el informe anual del FMI sobre la economía española, prevén que el déficit del país cierre 2016 en el 4,5%, una décima menos que el objetivo pactado con Bruselas, mientras que en 2017 alcanzará el 3,2%, frente a la meta del 3,1%, algo que la jefa de la misión del FMI para España, Andrea Schaechter, atribuye en gran medida al pronóstico de crecimiento ligeramente menos optimista de la institución (2,3%) que el del Gobierno (2,5%).
“El ajuste es incompleto”
“El directorio ejecutivo saludó la impresionante recuperación económica, fuerte creación de empleo y rápida corrección de los desequilibrios de España”, señala la institución en su informe anual sobre España, que ratifica las conclusiones preliminares de la misión que visitó el país a finales de octubre y advierte de que “el ajuste es incompleto”, mientras persisten debilidades estructurales como un elevado desempleo y deuda pública, así como un débil incremento de la productividad.
De este modo, a pesar de que España seguirá creciendo a mayor ritmo que la zona euro durante los próximos años, el FMI augura que la expansión del PIB en 2017 y 2018 se moderará en parte por la menor contribución de elementos como la política monetaria y el precio del crudo, además de un previsible, aunque moderado, endurecimiento de la posición fiscal.
Las bondades de la moderación salarial
La moderación salarial alentada por la reforma del mercado laboral en 2012 evitó la pérdida de casi otro millón de empleos, una cifra prácticamente equivalente a la de los puestos de trabajo generados por la economía española entre 2014 y 2015, según la institución, que insiste en la necesidad de no dar marcha atrás en las medidas ya aplicadas y perseverar en la corrección de desequilibrios como la dualidad del mercado de trabajo y las altas tasas de desempleo, principalmente entre jóvenes y parados de larga duración.
Si una flexibilidad salarial similar a la apreciada tras la reforma hubiese prevalecido entre 2008 y 2012, explica el FMI, “podría haberse evitado” la pérdida de dos millones de empleos y el aumento de ocho puntos porcentuales de la tasa de paro.
El FMI defiende que la evidencia empírica sugiere que la reforma del mercado laboral “ha apoyado la moderación salarial y contribuido al repunte de la creación de empleo”. Asimismo, considera que dicha reforma ha estimulado la contratación al elevar la probabilidad de pasar del paro a un empleo indefinido y reduciendo la probabilidad de despido de los trabajadores con contrato temporal, aunque admite que su efecto sobre la dualidad del mercado de trabajo ha sido marginal en el corto plazo.
Y reconoce que gran parte de los nuevos empleos corresponde a contratos temporales, cuya incidencia en el total de empleo se ha mantenido sin cambios en torno al 25% desde 2008, una de las mayores tasas de temporalidad de Europa.
EFE | Reuters

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