martes, 7 de febrero de 2017

Desincorporan al minisalario de las cuotas al Seguro Social

Susana González G.
 
Periódico La Jornada
Martes 7 de febrero de 2017, p. 8
Las cuotas obrero-patronales que se pagan al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya no deben tomar en cuenta el salario mínimo general vigente de 80.04 pesos diarios sino la unidad de medida y actualización (UMA), cuyo monto es de 75.49 pesos, es decir, una diferencia de 4.55 pesos o 5.68 por ciento por ciento debajo del minisalario.
La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) aseguró que no hay confusión por parte del sector patronal sobre el tema, y el IMSS ha implementado de manera adecuada la reforma constitucional luego de una importante gestión que hizo el organismo empresarial al respecto.
Las cuotas obrero-patronales deben pagarse tomando como base la UMA, salvo una excepción marcada en el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, que utiliza el minisalario para marcar el límite inferior del salario base de cotización.
Fernando Yllánez Martínez, presidente de la comisión de seguridad social de la Concamin, manifestó que todavía existen más de 800 disposiciones en el ámbito federal que hacen referencia al salario mínimo y deben modificarse para que donde diga salario mínimo se aplique UMA.
Aseguró que justamente eso está haciendo el IMSS luego de que el 27 de enero de 2016 se publicó la reforma constitucional con el fin de desincorporar el salario mínimo general como unidad de medida para el pago de obligaciones y ejercicio de derechos, como multas o subsidios.

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Las juntas de conciliación y arbitraje, a un paso de su desaparición: Navarrete

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La reforma laboral no quedará pendiente para la siguiente administración, dice Alfonso NavarreteFoto Cristina Rodríguez
Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Martes 7 de febrero de 2017, p. 8
La reforma en materia de justicia laboral, que propone la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, entre otras medidas, ya fue aprobada por 17 congresos locales, por lo que tiene la mayoría necesaria para que se promulgue y se ponga en marcha.
El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, señaló lo anterior y sostuvo que esta reforma se instrumentará rápido, no nos vamos a tardar años. Agregó que están garantizados los empleos de los trabajadores de las juntas y que ya se analiza la parte presupuestal para su puesta en marcha.
En conferencia de prensa explicó que este ordenamiento significará el fin del corporativismo y permitirá que los conflictos y demandas laborales se diriman a través de la conciliación y no en juicios largos, donde los únicos que ganan son los abogados. Añadió que actualmente las juntas tienen una sobrecarga de trabajo, en las que hay miles de expedientes en litigio en espera de solución.
El funcionario refirió que la reforma establece que en adelante los conflictos entre trabajadores y patrones estarán a cargo del Poder Judicial de la Federación o de los poderes judiciales de las entidades federativas, y plantea un nuevo modelo de impartición de justicia laboral, ya que hace obligatoria la conciliación prejudicial y la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje.
Según explicó, se van a crear centros de conciliación especializados, imparciales y autónomos, así como un organismo descentralizado a escala federal para el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales.
Tras reconocer que habrá resistencias a este cambio, comentó que con recursos propios la STPS ya adecuó una unidad de enlace para la implementación de la reforma, que estará en contacto directo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y con los tribunales superiores de justicia de cada entidad.
Además ya se está elaborando la ley secundaria en la materia, ya que se quiere instrumentar la reforma en este gobierno. No vamos a dejar esto como un pendiente a la administración federal venidera, afirmó el secretario.
Para Navarrete Prida, se trata de un cambio trascendente en la historia de la justicia laboral, por lo que la ley secundaria determinará el proceso de desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje y la transición de sus tareas a los poderes judiciales, y que esto se haga de forma responsable, salvaguardando plena y absolutamente los derechos laborales de los trabajadores de estas instancias.
Luego de apuntar que es la más ambiciosa reforma en materia laboral en los 100 años de vigencia del artículo 123 constitucional, dijo que las legislaturas que ya la aprobaron son Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

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Los riesgos de buscar una nueva Constitución

Cartón de Rocha
Cartón de Rocha
 
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CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Este domingo 5, en el centenario de nuestra Carta Magna, fuimos testigos de un grotesco espectáculo en el que los mismos políticos y gobernantes responsables por la traición a los enaltecidos valores, principios y compromisos sociales contenidos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (véase: http://www.proceso.com.mx/430089/honrar-la-constitucion) se erigieron como los guardianes de la legalidad, el estado de derecho y la justicia.
Con enorme cinismo, los rateros se presentaron como defensores de la honestidad. Los vendepatrias se pronunciaron a favor de la soberanía nacional. Los sátrapas, término persa equivalente a “cacique” en México, pronunciaron discursos grandilocuentes a favor de la democracia. Los oligarcas afirmaron que favorecen la justicia social. Y los asesinos juraron su compromiso más estricto con la paz y la armonía social.
Desde la creación del PRI en 1946, el régimen mexicano se ha basado en la hipocresía más profunda. A partir del sexenio de Miguel Alemán, electo en 1946 como el primer presidente de la República emanado de las filas del nuevo partido, se inaugura una etapa de cinismo estructural en el que se colocan en un altar los grandes héroes de la patria y los principios de justicia social de la Constitución de 1917 con el único fin de distraer la atención pública y poder burlarse más libremente, en la práctica, de estos mismos héroes y principios.
La respuesta más fácil a esta evidente traición es arrojar por la ventana al proverbial bebé junto con el agua sucia. Desde las calles y las plazas del país, importantes organizaciones sociales y ciudadanos indignados proclaman que hoy en el centenario de la Constitución no hay “¡Nada que festejar!”. Afirman, no sin razón, que los derechos humanos y sociales contenidos en nuestra Constitución, al agua, a la alimentación, a la salud, a la tierra y al trabajo, no se cumplen y que las docenas de reformas impulsadas por los gobiernos neoliberales han trastocado la original esencia revolucionaria de nuestra Carta Magna. Estos grupos llaman a la población a participar en la redacción de una nueva Constitución que pudiera garantizar la verdadera tutela de nuestros derechos y la defensa de la Nación.
Este proyecto alternativo y renovador es muy loable. Es cierto que nuestra Constitución ha sido manoseada y traicionada un millón de veces por nuestros “gobernantes” y “autoridades”. Sin embargo, la experiencia vivida con la redacción de una nueva Constitución para la Ciudad de México, aprobada por la Asamblea Constituyente el pasado 31 de enero, demuestra claramente que antes de llamar a una nueva constituyente primero tendríamos que conquistar las instituciones públicas realmente existentes.
El control de Miguel Ángel Mancera y Enrique Peña Nieto, y en general del Pacto por México, sobre la redacción de la Carta Magna capitalina la convirtió en un documento que protege más a las élites que a los pobres y mermará de manera significativa el ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Tal y como ya lo ha denunciado la doctora Irma Eréndira Sandoval, diputada constituyente por Morena y académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el texto de la nueva Constitución implica graves retrocesos en materia de derecho a la protesta, al agua y a una vida digna (véase: http://ow.ly/rXQZ308zEad).
El texto constitucional tampoco garantiza el derecho al aborto, ni asegura la plena exigibilidad de los derechos sociales, ni establece límites claros a los excesos de las grandes constructoras e inmobiliarias.
Pero el problema central con la nueva Constitución de la Ciudad de México no es solamente que no haya establecido mecanismos claros para la exigibilidad de los derechos, sino que también haya incluido candados y cláusulas que aseguran de manera afirmativa que nuestros derechos jamás se cumplan.
Por ejemplo, el gobierno solamente tendrá la obligación constitucional de tutelar nuestros derechos sociales a la educación, a la salud o a la alimentación, “hasta el máximo de recursos públicos de que dispongan”. Y nuestro derecho a la protesta solamente será garantizado si no “afecta derechos de terceros”. El gobierno entonces se encontrará amparado por la misma Constitución para dejar a los ciudadanos en el abandono así como para mandar a los manifestantes a protestar a un “marchódromo”.
Otro retroceso importante es la transformación en la integración de la Asamblea Legislativa. En lugar de la distribución actual de 40 diputados de distrito y 26 de representación proporcional, ahora habrá 33 diputados por cada uno de los dos conceptos. El resultado será el debilitamiento de la representatividad territorial directa y un aumento en la cantidad de diputados plurinominales que sólo rinden cuentas a las cúpulas partidistas. La falta de un referéndum popular para aprobar el texto de la nueva Carta Magna también implica una inaceptable afrenta a la voluntad de los ciudadanos de la capital.
Las constituciones siempre son reflejos de los contextos y las circunstancias políticas correspondientes. En 1917, por ejemplo, los constituyentes lograron revertir muchas de las propuestas más retrógradas de Venustiano Carranza y elaborar nuevas redacciones para los artículos 3, 27 y 123 que revolucionarían el constitucionalismo moderno en México y el mundo. Ello fue posible gracias a las valientes luchas del ala agrarista y radical de la Revolución, encabezada por Emiliano Zapata y Francisco Villa.
En contraste, en 2017 la política institucional en México se encuentra en medio de una profunda crisis antirrevolucionaria en la cual los políticos solamente buscan satisfacer sus propios intereses. Esta situación de absoluta inmoralidad y falta de convicción está plenamente reflejada en el bodrio que ha resultado ser la primera Constitución de la Ciudad de México. Sería un grave error convocar hoy a un Congreso Constituyente para todo el país, ya que tendríamos el mismo resultado mediocre y peligroso al nivel nacional.
La buena noticia, sin embargo, es que la indignación ciudadana cada día se expresa más claramente y se articula con mayor efectividad a lo largo y ancho del país. Si la vasta movilización social logra generar una transformación política en las elecciones de 2017 y 2018, posteriormente nos encontraríamos en una coyuntura idónea para plantear una transformación de fondo y una actualización de nuestra Carta Magna.
www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman
Este análisis se publicó en la edición 2101 de la revista Proceso del 5 de febrero de 2017.

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Consejero Jurídico defiende legalidad en la promulgación de la Constitución

Mancera, Elías Azar y Granados. Foto: Miguel Dimayuga
Mancera, Elías Azar y Granados. Foto: Miguel Dimayuga



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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El consejero jurídico del Gobierno de la Ciudad de México, Manuel Granados, defendió que el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera promulgara la Constitución Política de la capital, que entrará en vigor en septiembre de 2018.
Según Granados, las únicas leyes que no son promulgadas, es decir publicadas u ordenadas por el ejecutivo para este efecto, son las leyes orgánicas de los Congresos.
“Por la autonomía propia de estos Congresos, ellos expiden sus propias leyes y ordenan su inmediata publicación, no pasa por esta orden del Ejecutivo para poder ser publicadas; sin embargo, el resto de las leyes federales y locales, todas sin excepción , pasan por este trámite”, dijo en entrevista con Radio Fórmula.
Integrantes de Morena calificaron de ilegal que Miguel Ángel Mancera promulgara la Constitución porque, dijeron, ninguna ley delega al jefe de gobierno esta responsabilidad.
Al respecto, Granados dijo que el ordenamiento, que se hizo público ayer, es la primera Constitución y marca precedente en la historia de la Ciudad de México.
“Por muchas décadas se buscó tener este documento y finalmente ayer se logra tener esta histórica decisión de la Asamblea Constituyente”, subrayó.
Añadió que la propia reforma constitucional establece que la nueva Constitución entrará en vigor hasta 2018; sin embargo, indicó que en lo que entra en vigor habrá la necesidad de hacer adecuaciones a las leyes locales, por ejemplo, en materia electoral.
“Es un gran logro para las y los capitalinos, un compromiso que hizo el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, de tener esta Constitución. En primer término hoy hay un fortalecimiento en los derechos de las y los capitalinos”, dijo Granados.

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Publican Constitución Política de la CDMX; entra en vigor el 17 de septiembre de 2018

La promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de México. Foto: Octavio Gómez
La promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de México. Foto: Octavio Gómez


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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El decreto por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México, aprobada el último día de enero, se publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial capitalina, exactamente cien años después de la promulgación de la Constitución Política de 1917.
La primera carta magna de los capitalinos incluye 71 artículos generales, con más de 40 transitorios y cambios significativos en los derechos de los habitantes de la ciudad, así como en la organización política del poder y la participación ciudadana.
La Constitución de la Ciudad de México entrará en vigor el 17 de septiembre de 2018, excepto lo referente en materia electoral, que estará vigente a partir de este lunes.
De acuerdo con el documento, las leyes relativas al Poder Legislativo entrarán en vigor el 17 de septiembre de 2018; las del Poder Ejecutivo el 5 de diciembre de 2018, y las del Poder Judicial el 1 de junio de 2019.
Señala que las normas relativas a la elección de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y de las alcaldías serán aplicables a partir del proceso electoral 2017-2018, cuya jornada comicial será concurrente con la federal.
Respecto de la educación preescolar, primaria y secundaria, entrará en vigor en la capital del país en el momento en que se efectúe la descentralización de los servicios educativos, mientras que las disposiciones sobre el uso médico y terapéutico de la cannabis sativa, índica y americana o mariguana y sus derivados, entrarán en vigor cuando la ley general en la materia lo disponga.
La obligatoriedad de que cada alcaldía destine al menos 22% de su presupuesto a proyectos de inversión en infraestructura, equipamiento urbano y servicios públicos en su demarcación se realizará de manera gradual a partir de 2019, cuando será de 16%; en 2020, de 18%; en 2021, de 21%, y en 2022, de 22%.
El documento destaca que los derechos humanos reconocidos en la Ciudad de México antes de la entrada en vigor de esta Constitución mantendrán su vigencia.
La ley constitucional en materia de derechos humanos y sus garantías desarrollará los derechos humanos, principios y mecanismos de exigibilidad reconocidos por la Constitución, y deberá entrar en vigor el 1 de febrero de 2019.
A más tardar el 31 de diciembre de este año, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberá expedir las leyes constitucionales relativas a la organización y funcionamiento de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de México.
De igual manera, puntualiza que los diputados integrantes de la VII Asamblea Legislativa del Distrito Federal no podrán ser postulados para conformar la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, que iniciará funciones el 17 de septiembre de 2018.
A más tardar el 31 de diciembre de 2018, la I Legislatura del primer Congreso local emitirá la convocatoria para integrar el Consejo Judicial Ciudadano.
El Congreso tendrá un plazo de 180 días posteriores a la entrada en vigor de esta Constitución para expedir la ley de educación de la Ciudad de México y demás ordenamientos que se deriven de la promulgación de la misma.
El sistema educativo deberá implementarse a más tardar en los 180 días posteriores de la entrada en vigor de estas leyes.
Además, el Congreso deberá nombrar una comisión técnica –a más tardar el 31 de diciembre de 2018– que se encargará de planear y conducir la transición de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía General de Justicia.
La Fiscalía deberá comenzar operaciones a más tardar el 31 de mayo de 2019 y podrá hacerlo de forma gradual.
En un plazo no mayor al primer año de ejercicio legislativo, el Congreso de la Ciudad de México expedirá una ley para la seguridad ciudadana que establezca las bases para que las alcaldías convengan con el jefe de Gobierno la operación de cuerpos de policía de proximidad a cargo de la prevención del delito.
Los jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal se integrarán en el Poder Judicial de la Ciudad de México, una vez que éste inicie sus funciones.
En las materias de su competencia, el Congreso local deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución a más tardar el 31 de diciembre de 2020.


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Protestan contra el gasolinazo en Jalisco, Edomex y Tamaulipas

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Un grupo de personas se manifestaron contra el alza a las gasolinas este lunes, sobre avenida Juárez, en el centro de la Ciudad de México. La policía no reportó incidentesFoto Cristina Rodríguez
Juan Carlos G. Partida, David Castellanos e Israel Dávila
Corresponsales
Periódico La Jornada
Martes 7 de febrero de 2017, p. 10
Para sacar a los delincuentes de las calles, primero hay que sacarlos del gobierno, exigieron en una manta colocada sobre la valla metálica instalada para contener a los cientos de ciudadanos descontentos contra el alza al precio de los combustibles que este lunes continuaron con sus protestas en la capital de Jalisco.
Los inconformes, que se dieron cita afuera del teatro Degollado de Guadalajara, lanzaron tomates a funcionarios, legisladores y magistrados que acudieron a la celebración del centenario de la Constitución, encabezada por el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval.
El recorrido de 50 metros, del Congreso estatal hacia el teatro, sirvió para que los inconformes dejaran salir su malestar con los tomates y sus consignas como: ¡Fuera saqueadores, fuera saqueadores!
Los manifestantes anunciaron medidas para contrarrestar el incremento de las gasolinas, como acudir en caravana a las gasolineras para pagar el consumo, pero sin impuestos.
En ese tenor, ciudadanos molestos con el gasolinazo bloquearon la terminal de almacenamiento y despacho de Petróleos Mexicanos (Pemex), que abastece de combustible el noreste de México, en Tampico, Tamaulipas.
Integrados en el Congreso nacional ciudadano, coordinados por Jorge Gual, determinaron levantar el bloqueo hasta el martes. Es un boicot a Pemex y al reparto de gasolinas, pues cada día perciben mil 500 millones de pesos por la venta del combustible, y si ellos nos pegan donde nos duele, también nosotros, declaró Gual.
También en la ciudad de Toluca, estado de México, medio centenar de inconformes con el alza en el precio de los combustibles protestaron afuera del Centro de Distribución de Pemex, ubicado en la capital mexiquense.
Apoyados con mantas, cartulinas y un altavoz, los manifestantes exigieron al gobierno federal revierta el gasolinazo y que se derogue el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), pues consideran que ha encarecido el precio de las gasolinas y el diésel.

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Bloquean terminal de Pemex en Tamaulipas; sin combustible, 15 municipios y 6 aeropuertos

La protesta en Ciudad Madero. Foto: Twitter @pauta_mx
La protesta en Ciudad Madero. Foto: Twitter @pauta_mx


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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En protesta por el aumento al precio de las gasolinas y el diésel, integrantes del Congreso Nacional Ciudadano (Conaci) bloquearon la Terminal de Almacenamiento y Despacho de Combustibles (TAD) en Ciudad Madero, Tamaulipas.
El cierre de las instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos (Pemex) ha dejado sin combustible a unos 15 municipios de lo estados de Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí, dado que los manifestantes prohibieron el acceso y las salidas de las unidades distribuidoras.
La medida también impidió la salida de la turbosina para abastecimiento de aeronaves, por lo que hay afectaciones en seis aeropuertos de los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosi y Jalisco.
De acuerdo con el vocero de Pemex en la zona, Víctor Campero Jarque, en un día normal se distribuyen 70 mil barriles –equivalentes a 11 millones 123 mil litros de combustible– y en domingo se surten 25 mil, por lo que cerca de cuatro millones de combustible dejaron de entregarse en las últimas 24 horas.
“Estamos analizando la manera de actuar a la brevedad y con ello evitar una verdadera y severa afectación a diversos sectores productivos, entre estos los seis aeropuertos que abastecemos desde Madero”, apuntó.
Según los manifestantes, el acceso principal de la TAD Madero permanecerá bloqueado hasta que se eche para atrás el alza al precio de los combustibles y se deje sin efecto la aplicación del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS).

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La PGR sí indaga a Romero Deschamps, afirman trabajadores petroleros disidentes


Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Martes 7 de febrero de 2017, p. 9
La Gran Alianza Nacional Petrolera informó que la Procuraduría General de la República (PGR) sí lleva a cabo investigaciones contra el secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, por las múltiples denuncias presentadas contra el senador priísta.
Indicó que la PGR incluso citó para esta misma semana a integrantes de esta organización –que aglutina a la disidencia del sindicato petrolero–, para entregarle información sobre las diligencias practicadas por la autoridad ministerial respecto de las demandas que han presentado contra el dirigente.
El documento enviado por la procuraduría a Jorge Fuentes, líder de esta alianza, señala que en atención al expediente número 2017116FUGJFA que se ha generado por parte de la Presidencia de la República, derivado de sus escritos, mediante los cuales manifestó hechos en los que se ve involucrado esencialmente Carlos Antonio Romero Deschamps, se ha dado seguimiento a los mismos y se han realizado diversas acciones.
Cabe referir que esta alianza nacional ha presentado múltiples denuncias por malversación de fondos sindicales; apropiación de recursos públicos; corrupción, venta y negociación de fichas, plazas, puestos de medio y alto nivel en el sindicato petrolero, y complicidad en el robo de gasolinas, entre muchas otras ­imputaciones.
Según Jorge Fuentes, quien encabeza la Gran Alianza Nacional Petrolera y quien fue citado por la PGR para conocer de los procesos, en fechas pasadas incluso se ha logrado que diversos tribunales giraran órdenes de aprehensión contra el secretario general del STPRM; sin embargo, casualmente éstas nunca se han ejecutado. Llevan detenidas en la PGR varios años y no se han tomado en cuenta las múltiples pruebas que se han presentado junto con las denuncias contra el líder sindical.
Expuso que han presentado también peticiones ante diversas dependencias para que se lleve a cabo una auditoría general a dicho sindicato y su comité ejecutivo, que ha desfalcado los fondos de los trabajadores y se ha apropiado de prácticamente de todos los recursos canalizados por Pemex para el pago de las cláusulas económicas del contrato colectivo.
También detalló que, además de la actuación gangsteril del líder sindical, están los caciques de las secciones 24, 15, 40 y otras del gremio, integrantes del comité, amigos y socios del mismo, que controlan gasoductos y oleoductos en todo el país, donde se lleva a cabo el mayor desfalco por robo a Pemex, donde se encuentran tomas clandestinas no sólo de gasolina y diésel, sino incluso de gas y otros derivados del petróleo, por lo que el robo es millonario y las autoridades no hacen nada por detenerlo.
Por último, indicó que a la par de esas denuncias, se lleva a cabo una campaña para pedir el juicio político de Carlos Romero Deschamps.

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Miles de rumanos exigen en las calles la renuncia del Gobierno

7 de febrero de 2017

Los rumanos han protestado por siete días consecutivos contra un decreto ley que despenalizaba algunos delitos de corrupción.
Más de 500.000 rumanos salieron a las calles este lunes, por séptimo día consecutivo, para exigir la renuncia del Gobierno, pese a que este domingo fue revocado el decreto ley que despenalizaba algunos delitos de corrupción, lo que motivó las protestas.
“Queremos que dejen de aprobar leyes que les beneficien, no nos conformamos con la retirada del decreto”, expresó Ciprian Todita, un informático de 34 años, a la agencia de EFE.
Las protestas iniciaron hace una semana con al menos 250 mil personas por noche para rechazar al decreto ley aprobado por vía de urgencia que despenalizaba la corrupción si los daños para el Estado eran menores a 44.000 euros.
“Toda la clase política de Rumanía tiene que entender que en el Parlamento no debe existir ninguna sospecha de corrupción”, dijo Constantin Maris también a la agencia EFE.
“No nos rendiremos, queremos la dimisión del Ejecutivo y elecciones anticipadas”, exigió Maris.
Por su parte, el primer ministro, Sorin Grindeanu, dijo a la televisión: “No dimitiré, hemos ganado las elecciones con millones de votos”. Recordó que en diciembre el Partido Socialdemócrata (PSD) venció con el 45 por ciento de las papeletas en los comicios legislativos, que lleva apenas un mes en el poder.
“El Gobierno no tiene por qué dimitir. Ha sido elegido legítimamente y tiene que continuar gobernando”, dijo el líder del Partido Socialdemócrata, Liviu Dragnea.
EFE | Telesur

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Rusia exige una disculpa a Fox News por llamar "asesino" a Putin

Sputnik
 
Periódico La Jornada
Martes 7 de febrero de 2017, p. 21
Moscú.
El Kremlin exigió este lunes disculpas al canal de televisión estadunidense Fox News, cuyo periodista Bill O’Reilly calificó de asesino al presidente ruso, Vladimir Putin.
Las palabras del periodista de Fox News son inadmisibles; es un insulto: nos gustaría que esta respetable cadena de televisión presentara disculpas al presidente, declaró Dmitri Peskov, vocero del Kremlin.
Fox News divulgó el domingo una entrevista con el mandatario estadunidense, Donald Trump, quien declaró que respeta a Putin, a lo que O’Reilly indicó: pero él es un asesino. El republicano respondió: hay muchos asesinos, ¿piensa que nuestro país es tan inocente?
No obstante, Trump dejó claro que su respeto hacia Putin no significa que ambos vayan a entenderse bien.
Respecto de esas declaraciones de Trump, el portavoz del Kremlin dijo que prefiere dejarlas sin comentario.
Peskov aseguró que Moscú no comparte las declaraciones de presidente estadunidense de que Irán es el Estado terrorista número uno. Subrayó: no estamos de acuerdo con este enfoque, y resaltó también que Rusia tiene buenas relaciones con la república islámica y está dispuesta a hacerlas crecer.

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Habitantes de Okinawa se rebelan contra base militar estadounidense

7 de febrero de 2017

Cientos de habitantes de Okinawa han acudido este lunes a una protesta contra la creación de una nueva base militar de Estados Unidos en la isla.
“No podemos perdonar al Gobierno que trata de echar durante cien años más sobre los hombros de los pobladores de la prefectura de Okinawa la carga (de las bases militares)”, ha dicho al canal de televisión NHK Susumu Inamine, alcalde de la ciudad de Nago.
El alcalde, en cuyo distrito está prevista la construcción de la nueva base, ha precisado que los pobladores ya han soportado durante 70 años esta carga.
La multitud reunida frente a la base Camp Schwab ha creado una cadena humana para impedir el ingreso de los trabajadores al lugar donde se han reiniciado las actividades de la construcción de un nuevo aeródromo de EEUU en las cercanías del poblado de Henoko.
La construcción se detuvo en 2015 debido a la resistencia de los habitantes locales, pero el Gobierno central de Tokio consiguió reiniciar las obras por medio de los tribunales. El plan incluye la reubicación de la Estación Aérea del Cuerpo de Marines (MCAS, por sus siglas en inglés) Futenma de la ciudad de Ginowan a la zona costera y menos poblada de Henoko, ambas en Okinawa.
Los pobladores han coreado consignas como: “No a la nueva base de Henoko”, y bloqueando los vehículos involucrados en el trabajo, han tratado de interrumpir las actividades de construcción, pero la intervención de la policía antidisturbios y su posterior enfrentamiento con los manifestantes lo ha impedido.
Inamine, que acababa de regresar de EEUU, a donde viajó con el gobernador de Okinawa, Takeshi Onaga, para impedir la reubicación de la base a Henoko, ha acusado al Gobierno central de Tokio de ignorar las demandas de la población de Okinawa.
El anterior primer ministro japonés, Yukio Hatoyama, llegó al poder en 2009 con la promesa de cerrar la base de EEUU en la isla de Okinawa, profundamente odiada por la población local, pero un año después dimitió porque EEUU no le permitió cumplir su propósito.
Los residentes de la isla protestan continuamente contra la permanencia de tropas estadounidenses en su suelo. Dicen que provocan inseguridad, tanto por ingentes delitos que ha cometido el personal militar estadounidense, como por los accidentes de los aviones norteamericanos en las proximidades de sus bases aéreas.
LibreRed | HispanTV 

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