martes, 21 de febrero de 2017

Conflictos sociales amenazan proyectos de energía

El Economista 
 
Cerca de 110 proyectos de infraestructura en el país se encuentran en riesgo por conflictos sociales; de éstos, al menos 54 son del sector energético y 31 son producto de la reforma energética.
Luis Carriles
Feb 19, 2017 |
23:59

Cerca de 110 proyectos de infraestructura en el país se encuentran en riesgo por conflictos sociales; de éstos, al menos 54 son del sector energético y 31 son producto de la reforma energética, de acuerdo con una investigación de El Economista.
En los últimos cinco años, los estados en los que se han presentado más conflictos sociales por la realización de proyectos de energía son Oaxaca, con 14, seguido de Puebla, con ocho, y Veracruz y Quintana Roo, con cuatro cada uno. Las razones más importantes de los conflictos han sido la falta de consulta a las comunidades y los posibles impactos ambientales.
La falta de normatividad secundaria en la reforma energética para realizar las Evaluaciones de Impacto Social (Evis) y la falta de una Ley de Consulta Indígena han generado un vacío legal aprovechado por diversas organizaciones para frenar proyectos, poniendo en riesgo la efectividad de la reforma.
La investigación realizada tomó como base las consultas públicas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a cada proyecto, así como los informes presentados por las organizaciones civiles que se verían afectadas en caso de que se realice.
Conforme a la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrica, es requisito presentar una Evis para realizar cualquier proyecto de energía. Sin embargo, la falta de capacitación de algunas empresas consultoras para identificar los conflictos sociales potenciales en las comunidades ha llevado a que los proyectos se encuentren empantanados dentro de conflictos con éstas.
Un ejemplo es el Gasoducto 
El Encino-Topolobampo a cargo de la empresa TransCanada que fue cuestionado por las comunidades rarámuris en el estado de Chihuahua por no haberse realizado la consulta indígena antes de la asignación del proyecto por parte de la Comisión Federal de Electricidad.
A finales del año pasado hubo un enfrentamiento entre grupos yaquis por diferencias sobre la construcción del gasoducto Guaymas–El Oro, en Sonora, a cargo de la empresa IEnova, lo cual ocasionó un oficial muerto y ocho heridos, según la Procuraduría General de la República.
Al igual que los ductos, alrededor de 18 proyectos hidroeléctricos, parques eólicos y fotovoltaicos y líneas de alta tensión en todo el país se encuentran detenidos por problemas con las comunidades.

Faltan reglas

Para María de las Nieves García-Manzano, directora de GMI Consulting, los trámites de Evis no deben ser un mero trámite a presentar en la Secretaría de Energía, sino que deben proveer información certera a las empresas de los posibles conflictos sociales que se derivan de los proyectos, para que las empresas puedan tomar medidas a tiempo antes de que participen actores externos y los conflictos se vuelvan inmanejables.
“Si revisamos la reforma energética, existen sólo unos cuantos artículos en la Ley de Hidrocarburos y de la Energía Eléctrica que hablan de la Evis y de la consulta indígena”, dijo.
Por lo tanto, es urgente que se emitan las Disposiciones Secundarias de la Evis y una Ley de Consulta Indígena para que brinden certeza jurídica no solamente al inversionista de que los proyectos serán viables, sino a las comunidades de que sus opiniones serán tomadas en cuenta de acuerdo con un formato establecido, añadió.
“En el caso del sector energético, las empresas consultoras deben sensibilizar a sus clientes de que más allá del cumplimiento de una legislación incipiente en materia social, es necesario realizar una gestión social profunda que les permita tener una relación cordial con la comunidad desde la planeación del proyecto y durante toda su operación”.
“Actualmente, gran parte del éxito de un proyecto depende de que cuente con el apoyo de la comunidad local como aliada natural y principal interesada en la consolidación y operación del mismo”, agregó García-Manzano.
undefined
Es un compromiso internacional

Consulta indígena, insoslayable

A las evaluaciones de impacto social y manifestaciones de impacto ambiental que la ley prevé como requisitos para que los nuevos proyectos energéticos que sean sustentables, se impone un requisito de mayor rango: la aprobación de las comunidades indígenas ubicadas dentro de los potenciales terrenos que, de oponerse a los proyectos, no podrán ser expropiados, lo que constituirá un enorme reto para los inversionistas y autoridades en materia de justicia social para el desarrollo energético nacional en el nuevo marco legal.
Dado que los tratados internacionales tienen la misma jerarquía jurídica que la Constitución en nuestro país, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de protección de derechos de comunidades originarias al que está suscrito México determina que antes de que arranque cualquier proyecto energético debe realizarse una consulta “libre e informada” si existen comunidades indígenas en el terreno donde se pretende llevar a cabo las actividades.
Si bien, la Ley de Hidrocarburos determina que las actividades energéticas estarán por encima de cualquier otra y prevé la figura de servidumbre legal mediante decreto de expropiación para los terrenos, la falta de planeación en la implementación de los aspectos sociales, ambientales y con respecto a los pueblos originarios, junto con la invasión de facultades estatales, municipales y agrarias por parte de la federación para permisos y usos de suelo, pone también en riesgo la certidumbre jurídica de los proyectos, aseveró la experta. (Karol García)
luis.carriles@eleconomista.mx

Fuente

Este martes 21 inicia el ajuste diario del precio de las gasolinas


Una gasolinera en la CDMX. Foto: Miguel Dimayuga
Una gasolinera en la CDMX. Foto: Miguel Dimayuga


PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A partir de este martes 21 de febrero los precios de las gasolinas se ajustarán diariamente.
De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el precio promedio de la gasolina Magna cambiará este martes de 15.97 a 15.96 pesos por litro; el de la Premium de 17.77 a 17.76 pesos, y el diésel se mantiene en 17.03 pesos por litro, en promedio.
Según el organismo regulador, en todo el país el costo máximo de la gasolina tipo Magna será de 16.56 pesos por litro, el de la Premium de 18.38 pesos y del diésel de 17.66 pesos.
En el caso de la Magna, las regiones donde se venderá hasta en 16.56 pesos por litro son el Estado de México, Puebla, el Bajío, Michoacán de Ocampo, Guerrero, Hidalgo y Nayarit, y en donde se ofrecerá el más bajo precio, de 15.31 pesos por litro, será en la región del Progreso, Yucatán.
Para el caso de la Premium, el precio más bajo es de 17.08 pesos por litro para Progreso, del estado Yucatán, así como en la región Veracruz, y el precio más alto corresponde a la región El Castillo, en Jalisco, donde el litro del combustible Premium alcanza los 18.38 pesos.
Respecto al diésel, el precio máximo al público aplicable se localizará en la zona de distribución noroeste, el cual abarca los estados de Chihuahua, Sonora y Sinaloa, con un costo de 17.66 pesos por litro, mientras que se podrá comprar en un mínimo de 16.39 en Veracruz.
Durante el primer mes del año, el alza en los precios de las gasolinas provocó que la inflación se disparara a 4.7%, muy lejos de la meta propuesta por el Banco de México (Banxico) que es de 3% (+/- un punto porcentual).
A partir de este martes, el precio de los combustibles oscilará diariamente, según el precio internacional del petróleo. Sin embargo, empresarios gasolineros han insistido en que aún no existen condiciones para la apertura del mercado en el país ante la deficiente infraestructura y carencias de transporte y almacenaje.

Fuente

Es "imprevisible" el riesgo que corre la CFE por su grave endeudamiento: ASF

Alonso Urrutia
 
Periódico La Jornada
Martes 21 de febrero de 2017, p. 13
 
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) presenta un perfil de riesgo financiero, debido al alto nivel de endeudamiento y la carencia de un análisis de sostenibilidad, advierte la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su informe sobre la cuenta pública 2015. En el documento resume la situación de la empresa: en 2015 tenía una deuda (432 mil millones de pesos) que equivalía a tres veces el valor de su patrimonio y representaba cinco veces más, el monto total de las ganancias obtenidas ese año.
Derivado de las auditorías practicadas a la CFE, la auditoría señala que en el desglose de la deuda contratada por la comisión se desprende que 182.9 millones de pesos corresponden a deuda documentada; 96 mil millones de pesos correspondían a deuda de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo (Pidiregas) y 147.2 mil millones de pesos era deuda condicionada contratada con productores independientes de energía e instrumentos financieros derivados.
En su conclusión sobre la situación financiera de la CFE, la auditoría sostiene que derivado de la ausencia de un análisis de sustentabilidad sobre el alto nivel de deuda que ha contraído en su toma de decisiones la empresa no puede prever el riesgo a largo plazo que supone el aumento consistente de la deuda pública de la empresa.
La ASF refiere que entre 2011 y 2015, el saldo de la deuda total de la empresa aumentó 136 mil 686 millones de pesos, que equivalen a un incremento de 47.2 por ciento de su nivel de endeudamiento. Al pasar de 289.6 mil millones de pesos a 426.3 mil millones de pesos. La deuda documentada interna se incrementó 59.4 por ciento, en tanto que la deuda externa de CFE creció 26.3 por ciento.
En el análisis del endeudamiento de la empresa, la ASF refiere que por concepto de intereses de la deuda se pagaron 13 mil 503 millones de pesos en 2015. Al desglosar el tipo de deuda contratada, la ASF refiere que se encuentra en 97 créditos vigentes, 56 en moneda nacional y 41 en moneda extranjera, en tanto que 56.2 por ciento de la misma se pactó a tasa fija en tanto que el 43.8 por ciento restante se hizo a tasa variable.
El saldo de la deuda, sin incluir el pasivo de los instrumentos financieros derivados (según lo presentó la CFE), por 391 mil 314 millones 607.5 pesos, fue mayor tres veces que su patrimonio por 129 mil 946 millones de pesos.

Fuente

Peña: el país enfrentará incertidumbre

De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Martes 21 de febrero de 2017, p. 19
El país enfrentará un periodo de incertidumbre provocada por las variaciones en el precio del petróleo, los movimientos en el tipo de cambio y la relación bilateral con Estados Unidos, en la cual se incluye la renegociación del Tratado de libre Comercio de América del Norte, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto durante una reunión con periodistas en la residencia oficial de Los Pinos.
En el acto, el mandatario expresó que comparte la molestia de los ciudadanos por el alza a los precios de los combustibles.
En la víspera de que entrara en vigor la liberalización del precio de las gasolinas, el gobernante afirmó que construir más refinerías en el país no garantizaría una reducción en el costo de éstas.
Se ha argumentado que esos precios serían sustancialmente menores si hubiera más refinerías, pero ello es incorrecto, debido a que el componente principal del precio es la cotización del petróleo, mientras los márgenes obtenidos por la refinación y los costos de importación son reducidos, subrayó.
Alta volatilidad
Hacia adelante, continuó, los precios de los combustibles dependerán primordialmente de la referencia internacional y del tipo de cambio.
Ambas variables se mueven cada día, lo que se traduciría en una alta volatilidad. Para evitarla, dijo, los costos máximos se suavizarán de acuerdo con una fórmula con dos componentes: el primero depende del cambio en el precio diario de las referencias internacionales expresadas en pesos por litro, y el segundo es un factor de ajuste por desviaciones, que reduce las brechas generadas por no reflejar completamente el cambio de las referencias.
En la reunión, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), José Antonio González Anaya, anunció que la cadena de tiendas minoristas más grande del mundo, la estadunidense Walmart, abrirá 200 estaciones expendedoras de gasolina en México, pero no precisó fecha y lugares donde se instalará la marca.
El funcionario adelantó que la también estadunidense Exxon planea introducir su razón social en el mercado de la gasolina con un número similar al de Walmart.

Fuente

Emite CNDH recomendación por caso de jornaleros de San Quintín


Jornaleros pizcan fresas en San Quintín. Foto: Antonio Nava
Jornaleros pizcan fresas en San Quintín. Foto: Antonio Nava


PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A casi dos años de que jornaleros del Valle de San Quintín, en Baja California, protestaran por sus deplorables condiciones laborales y de que fueran reprimidos por policías estatales, la CNDH emitió una recomendación a los tres niveles de gobierno, tras constatar que el Estado contribuyó a “la violación de derechos humanos al trabajo, seguridad social, nivel de vida adecuado, educación, legalidad y seguridad jurídica, inviolabilidad de domicilio, integridad y seguridad personales, y a la libertad sexual”.
La recomendación fue dada a conocer en el contexto del Día Mundial de la Justicia Social, fecha en la que el organismo puntualizó en la falta de políticas públicas “adecuadas y suficientes para sacar de la pobreza a 55.3 millones de personas, de las cuales más de la quinta parte (alrededor de 11.4 millones) vive en pobreza extrema”.
Ejemplo de la falta de coordinación de los tres niveles de gobierno, resultan las omisiones en agravio de jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, cuya producción es de exportación pero viven en condiciones de pobreza, de manera que el Estado mexicano contribuyó a la vulneración de sus derechos “a través instituciones que debían garantizar de manera efectiva los derechos humanos de esa población”, a los jornaleros agrícolas en general, y “de personas indígenas, mujeres y la niñez en particular” en las perspectivas estructural y cultural
En un comunicado, la CNDH puntualiza que “acciones, omisiones y la insuficiencia de esfuerzos de diversas autoridades y dependencias, municipales, estatales y federales han contribuido a la persistencia de condiciones de marginación, vulnerabilidad y pobreza en agravio de personas jornaleras agrícolas del Valle de San Quintín, en Ensenada, Baja California, que dieron lugar a la violación de derechos humanos al trabajo, seguridad social, nivel de vida adecuado, educación, legalidad y seguridad jurídica, inviolabilidad de domicilio, integridad y seguridad personales, y a la libertad sexual”.
Después de casi dos años de recibir la queja CNDH/6/2015/2338/Q, el ombudsman, Luis Raúl González Pérez emitió una recomendación, la 2/2017, dirigida al gobernador Francisco Arturo Vega Lamadrid; a los secretarios del gobierno federal de Desarrollo Social, Trabajo y Previsión Social y Educación, Luis Miranda Nava, Alfonso Navarrete Prida y Aurelio Nuño Mayer, así como al director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Mikel Arriola, y al alcalde de Ensenada, Marco Antonio Novelo Osuna.
Entre los hallazgos de la CNDH al realizar la investigación destacan “la falta de coordinación institucional para la implementación de acciones puntuales y eficientes para atender la situación, la consecución de grupos de las actividades de los grupos de trabajo y la integración de sistemas de información que permitieran tener padrotes de personas jornaleras”.
La falta de atención de la problemática, apunta, se deriva en parte de la omisión de “hacer un diagnóstico e identificar las causas, problemáticas y áreas de oportunidad para canalizar estratégicamente los apoyos, individuales o colectivos, así como programas sociales y de infraestructura”.
El organismo recuerda que recibió escritos de queja de hechos ocurridos los días 18, 19 y 24 de marzo de 2015, relacionados con detenciones arbitrarias ocurridas el 17 de ese mes a manos de agentes de seguridad pública estatales y en agravio de más de 200 personas jornaleras, entre ellas 50 menores de 18 años, “quienes habían bloqueado la carretera Transpeninsular en protesta por sus inadecuadas condiciones laborales y de seguridad social, ya que sus contratantes no les pagan un salario digno, ni horas extras, turnos dobles o triples; no los afilian al IMSS ni le otorgan prestaciones de ley, ni respetan los beneficios por gravidez conforme a la norma aplicable”.
Por esos hechos, los visitadores de la CNDH confirmaron el “uso injustificado de balas de goma, bombas de humo, así como lesiones a personas y daños a viviendas por la carencia de una efectiva supervisión de los elementos de seguridad y la falta de aplicación de protocolos conforme a los estándares de uso de la fuerza, así como de dispositivos no letales”.
La CNDH coincidió con los expertos que elaboraron la Alerta de Violencia de Género decretada en Baja California en que “las condiciones laborales identificadas violentan los derechos humanos de aquellas personas jornaleras agrícolas que, ante un estado de necesidad apremiante y por desconocimiento de sus derechos laborales, aceptan trabajar sin que exista contrato escrito, cubren jornadas excesivas, no hay una homologación en salarios por igual trabajo, no cuentan con vacaciones, días de descanso u otras prestaciones de ley”.
El organismo recomendó al gobernador armonizar la normatividad estatal en atención a víctimas con la Ley General de Víctimas; elaborar un diagnóstico sobre la situación socioeconómica y laboral de los jornaleros agrícolas para iniciar un programa emergente de trabajo, así como instruir a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de la entidad a incrementar las supervisiones en el Valle de San Quintín y ejecutar las sanciones correspondientes a los patrones o empresas agrícolas que incumplan con sus obligaciones laborales.
Además, solicitó la colaboración del mandatario en la presentación de la denuncia que hará la CNDH contra los funcionarios que incurrieron en abusos durante las detenciones de marzo de 2015, y que el contenido de la recomendación sea divulgado en los medios locales.
Al alcalde y al gobernador se les instruye a indemnizar a las víctimas de las víctimas de las detenciones y brindarles atención médica y psicológica.
A los titulares de Sedesol, STPS, SEP y el IMSS se les instruyó a hacer convenios de colaboración en beneficio de la población jornalera agrícola; incrementar contribuciones para “albergues, para el arribo, alimentación y/o educación de personas jornaleras y sus familias, y ver nuevos casos susceptibles de incorporarse a esos beneficios”, así como la elaboración de censos y la realización de un diagnóstico sobre la situación de las jornaleros agrícolas, impulsar programas de movilidad laboral, prevenir y erradicar el trabajo infantil, así como hacer convenios para brindar educación a las familias no residentes del estado “atendiendo la diversidad étnica, lingüística y cultural de ese grupo poblacional”.

Fuente

México debe salir del TLCAN e impulsar el campo: MST

Carolina Gómez Mena
 
Periódico La Jornada
Martes 21 de febrero de 2017, p. 10
A un mes de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos se mantiene la incertidumbre de renegociar o salirse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por lo que el gobierno mexicano debe cambiar la política económica, cancelar ese acuerdo comercial y crear una estrategia nacional de producción de alimentos, expuso Francisco Chew Plascencia, dirigente del Movimiento Social por la Tierra (MST).
Apuntó que esto debe concretarse antes de julio, cuando se cumplen 200 días de la presidencia de Trump, pues en esa fecha el mandatario decidirá la permanencia de Estados Unidos en el TLCAN.
En entrevista, el dirigente de MST expuso que luego de 23 años de tratado el campo mexicano se encuentra tan deteriorado como en 1933, es decir, más de 70 años de atraso en tecnología y bienestar social, y 27 millones de campesinos carecen de ingresos para adquirir una canasta básica de alimentos.
 
 
Fuente 

Carstens permanecerá al frente de Banxico hasta noviembre, a petición de Peña

Agustín Carstens, gobernador de Banxico. Foto: Raúl Pérez
Agustín Carstens, gobernador de Banxico. Foto: Raúl Pérez

PROCESO
   
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Agustín Carstens permanecerá al frente del Banco de México (Banxico) hasta noviembre próximo y no hasta el 1 de junio como él mimo informó en diciembre pasado.
Según fuentes oficiales de la presidencia citadas por la agencia Reuters, el presidente Enrique Peña Nieto pidió a Carstens que permanezca al frente del Banxico hasta noviembre.
El pasado 1 de diciembre Carstens anunció su salida del banco central, con vigencia a partir de 1 de junio, tras ser designado gerente general del Banco de Pagos Internacionales (BIS), cargo que ocuparía a partir del 1 de octubre de 2017.
Hasta el momento la noticia no ha sido confirmada el Banxico o el BIS y se espera que en el transcurso de las siguientes horas emitan un comunicado.
Carstens fue nombrado como gobernador del Banxico el 28 de diciembre de 2009 y ratificado en septiembre de 2015 por un mandato que se prolongaba hasta diciembre de 2021. Sin embargo, debido a su designación en el BIS concluirá su gestión anticipadamente.

Fuente

SAT e IMSS endurecerán el combate a la informalidad en la contratación de personal

Miriam Posada García
 
Periódico La Jornada
Martes 21 de febrero de 2017, p. 11
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) firmaron un convenio para endurecer la fiscalización sobre la contratación formal de trabajadores, reducir la informalidad, asegurar el pago de cuotas y aumentar la recaudación.
El convenio consiste en intercambio de información, aprovechamiento de los sistemas tecnológicos para compartir y explotar la información, diseño de estrategias para el combate a la evasión y defraudación fiscal, así como el ejercicio conjunto, simultáneo o sucesivo de actos de comprobación de las obligaciones en materia fiscal o de seguridad.
Los organismos expusieron que a partir de las reformas laboral y fiscal, la aplicación de programas de formalización del empleo, la mejora en la eficiencia recaudatoria y el fortalecimiento de las labores de fiscalización, se ha logrado la generación de 2 millones 404 mil 980 puestos de trabajo formales.
Detallaron que según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), esto representa una reducción en la tasa de desocupación nacional de 5.05 por ciento a 3.37; y en la tasa de informalidad de 60.13 por ciento a 56.75 de noviembre de 2012 a diciembre de 2016.

Fuente

Bolivia extiende red de supermercados estatales con precios justos

21 de febrero de 2017

La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) pretende abrir una red de supermercados denominados Súper EMAPA en Bolivia, confirmó este lunes el gerente de comercialización de la institución estatal, Hugo Prado.
‘La red de comercialización de Emapa en la que tradicionalmente vendíamos arroz y harina vamos a transformarla en una red de Súper Emapas con más de 1.700 productos en cada supermercado en todo el país’, explicó el funcionario a la prensa.
Prado aclaró que después del éxito del establecimiento de El Alto, con más de 719.000 dólares en ganancias, se habilitarán más supermercados de estas características para apoyar a los pequeños y medianos empresarios del país.
El objetivo es apoyar a la industria nacional en la red de comercialización. Como todos saben todo emprendimiento es muy interesante hasta el momento que quieren vender su producto en el mercado quiere acomodar y no siempre hay cabida en los espacios, apuntó.
Según el gerente, el supermercado de El Alto atendió en un año a más de 35.000 clientes y apoyó a 61 empresarios, quienes comercializan a través de Emapa 1.700 artículos.
De acuerdo con Prado, Emapa aún busca espacios para habilitar los supermercados en las ciudades capitales de los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando, Oruro, Potosí y Chuquisaca; después de la habilitación de dos tiendas en El Alto y Cochabamba.
PL

Fuente 

El precio del pan en Argentina se encarece un 87 por ciento en tres meses

21 de febrero de 2017

El costo de un kilo de pan aumentó hasta los 2,8 dólares, un 87 por ciento más caro que hace tres meses, debido a las subidas de la harina y el gas, señaló un informe del Centro de Estudios de Política Argentina (CEPA).
“Desde noviembre de 2016 y hasta febrero de 2017, en virtud del incremento en el precio de la harina y del gas (incluyendo los últimos aumentos), el precio que pagarán los consumidores habrá registrado un aumento acumulado del 83 por ciento, muy por encima del nivel general de precios (que sufrió un incremento del 41 por ciento)”, advirtió el organismo.
El centro advirtió que el aumento que percibe el pan a partir de este lunes “tendrá un fuerte impacto sobre la inflación de febrero” porque representa el 2,87 por ciento del gasto promedio de los hogares según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina (Indec).
Aunque el precio internacional del trigo mantiene su estabilidad en los último años, el Gobierno de Mauricio Macri tomó una serie de medidas que repercutieron en el precio interno del cereal, indicó el CEPA.
A su vez, el servicio de gas que registró un alza del 500 por ciento promedio durante el 2016, es otro de los factores que incidió en el precio del pan.
“Una panadería que pagaba mil pesos mensuales de gas (64 dólares) en enero de 2016, pasará a pagar nueve mil doscientos cuarenta pesos (592 dólares) luego del nuevo tarifazo de gas”, explicó el informe.
La inflación anualizada llegó en enero a 37,7 por ciento en todo el país, según el Índice Congreso, una estimación que cada mes difunde un grupo de diputados opositores con base en los cálculos que realizan consultoras privadas.
Sputnik | Telesur

 Fuente