jueves, 2 de marzo de 2017

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Aumenta por quinto mes consecutivo la electricidad para industria y comercio

Juan Carlos Miranda
 
Periódico La Jornada
Jueves 2 de marzo de 2017, p. 21
Por quinto mes consecutivo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció ayer aumento a las tarifas eléctricas para el sector industrial, comercial y de uso doméstico de alto consumo, el cual entrará en vigor este mes.
A través de un comunicado, la empresa señaló que en comparación con febrero, las tarifas eléctricas para el sector industrial aumentan entre 13.3 y 17.2 por ciento en el tercer mes del año, para el sector comercial subirán entre 8 y 12.1 por ciento y la de uso doméstico de alto consumo (tarifa DAC) subirá 8 por ciento.
La CFE indicó que las tarifas eléctricas para los clientes domésticos de bajo consumo no se incrementarán, a pesar del aumento en los precios de los combustibles utilizados para la generación de energía eléctrica, y a la depreciación del tipo de cambio del peso frente al dólar observados recientemente.
Los aumentos en las tarifas de los sectores industrial, comercial y de alto consumo doméstico comenzaron a registrarse de manera mensual desde noviembre pasado.
Para ese entonces las tarifas del sector industrial, que afectan a la planta productiva nacional y en particular a las empresas que utilizan de manera intensiva la energía eléctrica –como es el caso del sector acerero– acumulaban un aumento de entre 25 y 30 por ciento respecto de noviembre de 2015.
En este mismo periodo de un año contado a partir de noviembre pasado, el incremento de las tarifas en el sector comercial ya acumulaba entre 17 y 23 por ciento respecto de noviembre de 2015 y la tarifa de uso doméstico de alto consumo acumulaba incremento de 17 por ciento en el lapso de referencia.
En noviembre del año pasado las tarifas industriales crecieron entre 5.6 y 7.2 por ciento, en diciembre volvieron a subir entre 2.6 y 3.6 por ciento, en enero se incrementaron entre 3.7 y 4.5, y el mes pasado crecieron entre 6.4 y 8.4 por ciento.
Las tarifas del sector comercial tuvieron alzas consecutivas desde noviembre, cuando se incrementaron entre 3.3 y 5 por ciento, en diciembre subieron entre 1.4 y 2.4 puntos porcentuales, y en enero y febrero tuvieron nuevas alzas de entre 2.6 y 3.5 y 3.8 y 5.8 por ciento respectivamente.
En el caso de las tarifas de alto consumo doméstico las alzas comenzaron desde octubre, con aumento de 0.1 por ciento, para volver a incrementarse en noviembre, 3.3; en diciembre, 1.4; en enero, 2.6, y en febrero, 3.8 por ciento.
Si bien el gobierno federal aseguró que con la aprobación de la reforma energética las tarifas eléctricas bajarían de precio, dicho comportamiento duro poco.
Por otra parte, los precios de la gasolina Premium y el diésel se incrementaron un centavo a partir de este jueves, mientras que la Magna permanecerá sin cambio, informó la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Al dar a conocer los precios máximos de gasolinas y diésel para las 83 regiones del país, las siete regiones de la frontera y los municipios que componen cada región, el organism o indicó que a partir para este jueves el precio máximo por litro de gasolina Premium sube de 18.37 a 18.38 pesos y el de diésel pasa de 17.63 a 17.64 pesos, mientras que la Magna permanece en 16.55 pesos. Los precios mínimos de los combustibles también subieron un centavo, de 17.07 a 17.08, en el caso de la Premium, y de 16.36 a 16.37 en diésel, mientras que el mínimo de la gasolina menor a 92 octanos (Magna) queda en 15.29 pesos.
El precio máximo de la gasolina Premium será en la región denominada El Castillo, en Jalisco, mientras que el precio más alto del diésel se encontrará en la zona de distribución noreste, que comprende algunas localidades de Chihuahua, Sonora y Sinaloa.

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Suman 21 días de huelga en la mayor mina de cobre del mundo

2 de marzo de 2017

Escondida, la mayor mina productora de cobre del mundo, sigue bajo fuertes tensiones con una huelga que subió el tono cuando los trabajadores bloquearon sus rutas de acceso.
Luego de 21 días de negociación entre el Gobierno y los sindicatos, un grupo de manifestantes bloqueó con neumáticos encendidos la Ruta 5.
Se trata de la vía que conecta al yacimiento con la ciudad de Antofagasta, en el norte de Chile. La dueña de la mina, la firma anglo australiana BHP Billiton logró ganancias de tres mil 200 millones de dólares en el segundo semestre de 2016.
Un comunicado del gremio denunció que hubo forcejeos con la policía y tres trabajadores quedaron lesionados.
Esta situación se ha originado en el profundo malestar de los trabajadores ante la rigidez de la empresa de mantener su postura de reducir remuneraciones y beneficios y afectar a los futuros trabajadores, declaró el sindicato en un comunicado.
La respuesta de BHP Billiton no se hizo esperar, al subrayar que la violencia no es el camino adecuado y dijo seguir con disposición de negociar, dentro de un marco de legalidad.
Los dos mil 500 asalariados de la compañía deberán recibir una bonificación del año 2016 de alrededor de dos mil 300 dólares, a partir de un dictamen conocido hoy por parte de un juzgado de de la ciudad de Antofagasta.
Aunque la patronal señaló semanas atrás que pagaría el bono tras el fin del paro, el juzgado le ordenó a cumplir con ello en el curso de dos días.
Escondida produce casi el 5% del cobre en el mundo. La mina alcanza un promedio mensual de 100 mil toneladas de cobre y ya impactó con la huelga al mercado mundial de este metal, rubro principal de exportación de Chile.
PL 

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Protestas en Jalisco y Chihuahua contra el aumento en gasolinas

Juan Carlos G. Partida y Rubén Villalpando
Corresponsales
Periódico La Jornada
Jueves 2 de marzo de 2017, p. 17
Decenas de comerciantes se manifestaron y buscaron sin lograrlo ingresar al palacio municipal de Guadalajara, Jalisco, para protestar por el gasolinazo y exigir que se quiten impuestos a los combustibles. Los comerciantes fueron encabezados por Salvador Cabrera Vera, quien exigió a los policías que resguardaban la alcaldía tapatía permitirles ingresar para protestar en el patio central, pero los uniformados no cedieron. En la zona sur de Jalisco, familias completas protestaron entre martes y miércoles contra el alza en las gasolinas, movilizaciones que incluyeron toma de casetas de peaje. Mientras, en Ciudad Juárez, Chihuahua, integrantes del Movimiento contra el Gasolinazo exigieron que el combustible se venda en México realmente a precios internacionales, como el gobierno federal asegura que lo hace. Indicaron que en El Paso, Texas, el litro de gasolina cuesta 28 por ciento menos que la urbe fronteriza. 

Niega Semar la participación de personal naval en la desaparición de jóvenes en Veracruz


Elementos de la Marina. Foto: Yahir Ceballos
Elementos de la Marina. Foto: Yahir Ceballos


PROCESO 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) negó de manera categórica que personal naval esté involucrado en la desaparición de los hermanos Levi y Jaciel Ramírez Ramírez, y el primo de éstos, Rafael Armando Ramírez Bravo, ocurrida el pasado 5 de enero en el puerto de Veracruz.
“No existen registros de que las citadas personas fueron detenidas por personal comisionado en la Unidad de Tarea de la Policía Naval”, precisó la dependencia en un comunicado.
Aseguró que los elementos de la Semar no realizaron ninguna detención y tampoco ingresaron a ninguna persona en el módulo preventivo controlado por la Unidad señalada.
“En la fecha referida en diversas notas informativas se informa que el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Computo (C4) de Veracruz recibió el reporte de dos personas muertas, por lo que fue activado el protocolo de apoyo correspondiente, arribando primero la Policía Estatal y la Fiscalía del estado de Veracruz. Posteriormente una patrulla de la Policía Naval, que solamente apoyó acordonando el área, siendo esta la única acción y motivo de la presencia del personal de Policía Naval”, puntualizó.
La Semar destacó que el personal comisionado en la Policía Naval ha colaborado en todas las actuaciones ministeriales solicitadas por las autoridades correspondientes, así como en las investigaciones requeridas con el fin de esclarecer los hechos.
Y aseguró que el personal naval comisionado “desarrolla sus operaciones en estricto respeto a los derechos humanos, con la finalidad de brindar seguridad a las familias veracruzanas y visitantes del puerto”.
Los hermanos Carolina y Miguel Ramírez Bravo, padres de los jóvenes desaparecidos, han pedido que les entreguen a sus hijos “como sea”, e incluso se comprometieron a no continuar los procesos judiciales iniciados para esclarecer la triple desaparición, así como la presunta ejecución arbitraria de Hugo (otro hijo de Carolina) y Uriel Ortega Jaca.
Ayer, en entrevista con Apro, , los hermanos Ramírez Bravo –acompañados de su abogado Homero Pérez Aquino– señalaron que ya interpusieron recursos judiciales en el estado y en la Federación para tratar de localizar a sus hijos, además de una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Luego de que el caso fue atraído por la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas de la Procuraduría General de la República (PGR), contactaron a las organizaciones civiles I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), que solicitaron la intervención del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés).
El 24 de febrero el organismo solicitó una acción urgente para que el Estado mexicano tome “de inmediato” las medidas necesarias para buscar y localizar a los desaparecidos y “permitir la plena participación de los familiares y allegados (…) en la investigación, dándoles acceso directo a la información disponible sobre la evolución y los resultados”.
El CED también emitió “medidas cautelares de protección” para los familiares de Levi y Jaciel Ramírez Ramírez y su primo Rafael Armando, así como sus representantes, y urgió al Estado mexicano a informar sobre el caso antes del próximo viernes 10.
Carolina y Miguel están desesperados. Pese a sus esfuerzos y los indicios de que en la muerte de Hugo y su amigo Uriel, así como en la desaparición de sus hijos participaron elementos de la Marina, se han topado con el ocultamiento de información por parte de autoridades civiles y castrenses, la separación de sus cargos de personal de oficinas municipales de Tránsito que podrían tener información del caso, así como la negación de la Semar para que los marinos acudan a rendir declaraciones.
También se han topado con el miedo de personas que habrían sido testigos de los hechos, por lo que hasta ahora no tienen certeza de qué es lo que ocurrió la tarde del 5 de enero, luego de que sus hijos salieron del hotel en el que se hospedaba la familia en Veracruz, para abastecer de gasolina a una camioneta Escalade 2008 y buscar una ruta de regreso a Huajuapan de León, a fin de no toparse con las protestas contra el “gasolinazo”.
Carolina recordó que la última llamada que tuvieron de su hijo Levi fue a las 16:20, y el joven les dijo que estaban por llegar al hotel. Una hora y media después los familiares se enteraron por una página de internet de noticias locales –Meganoticias de Veracruz–, que a unos diez minutos del hotel estaba el cuerpo de Hugo Alberto, y en una calle aledaña el de Uriel.
Por las imágenes en la red, vieron que cerca de los cadáveres había marinos que sometían a algunas personas junto a una camioneta de seguridad pública local. A uno de ellos, Carolina lo identificó como su hijo Jaciel.
Cuando la mujer llegó al lugar, los cuerpos ya habían sido levantados y llevados a una funeraria, donde se apersonó y recuperó el cuerpo de Hugo Alberto.
“La gente en Veracruz tiene miedo, no nos quieren decir qué pasó, lo único que he podido saber es que los tiraron al suelo y les dispararon en la cabeza, pero de mis otros hijos y mi sobrino no sabemos para dónde se los llevaron”, señaló.
“Hugo tenía un tiro en la cabeza, calibre 43, y Jaciel también un tiro de gracia calibre .223, de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas”, acotó el abogado Pérez Aquino.
Hasta ahora la familia ha tenido indicios de que los marinos están detrás de las ejecuciones y las desapariciones, entre otras cosas porque pudieron recuperar el vehículo Escalade en un corralón donde la Marina tiene los vehículos que asegura. La camioneta “estaba limpia, sin huellas digitales, hasta dejaron dentro el trapo con que la limpiaron”, y un oficial de la Marina que resguardaba el “Penalito” “reconoció a los muchachos, pero dijo que no podía hablar por las cámaras de vigilancia”, relató Carolina.
La mamá de los desaparecidos agregó que el 9 de febrero recibió una llamada anónima en la que se le informaba que sus hijos habían sido detenidos por una persona de nombre Gardiel Andrade Arana, apodado “el marino”, quien resultó ser marino en activo.
Hasta ahora, los padres de los desaparecidos y sus abogados no han podido librar los obstáculos para que Andrade Arana sea llamado a declarar, porque es constantemente negado por la Semar, en tanto que los superiores del oficial de guardia del “Penalito” han dado tres nombres distintos de quien habría reconocido que personal de la dependencia detuvo a los jóvenes.
A ello se suma que un funcionario de la oficina de Tránsito Municipal, que tendría información de lo que ocurrió el 5 de enero, fue dado de baja de la dependencia, se esfumó de Veracruz y se amparó contra cualquier proceso penal en su contra.
Miguel, padre de Rafael Armando, quien vive en el Estado de México, fue informado de la tragedia por su hermana el mismo 5 de enero, y desde entonces se acompañan en la búsqueda.

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Familiares de desaparecidos rechazan que se apruebe la ley de seguridad interior

Víctor Ballinas y Andrea Becerril
 
Periódico La Jornada
Jueves 2 de marzo de 2017, p. 5
Familiares de desaparecidos, torturados, mujeres ultrajadas y ejecutados ‘‘por militares’’ exigieron ayer en el Senado que no se apruebe la ley de seguridad interior, la cual busca regular la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, porque ello significará ‘‘legalizar la impunidad’’.
Las voces de las víctimas coincidieron en un reclamo: ‘‘No pongan en riesgo a la población aprobando esa ley. Hoy sin ley hacen lo que quieren, imagínense si les dan permiso ¿qué no van a hacer?’’
Familiares y víctimas de Veracruz, Guerrero, Puebla, Morelos, Chihuahua, Jalisco y Tamaulipas dieron cuenta de un sinfín de violaciones a derechos humanos.
Tita Radilla, cuyo padre Rosendo Radilla ‘‘cumplió ayer 103 años, y tiene 43 años, seis meses y cuatro días desaparecido de un retén militar de Atoyac, Guerrero, pidió: ‘‘No pongan en riesgo a la población aprobando esa ley’’.
Radilla aseveró que su padre fue vinculado a Lucio Cabañas y desaparecido ‘‘en una militarización de facto que dejó más de mil 200 desaparecidos, 400 de ellos sólo de Atoyac. Estos casos se encuentran en completa impunidad’’.
Tita, quien llevó el caso de su padre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por el que la Corte Interamericana emitió la primera sentencia por desaparición forzada de personas en contra el Estado mexicano, sostuvo: ‘‘Una ley no resolverá los problemas de derechos humanos. La participación de militares en tareas que no les son propias pone en riesgo a la ciudadanía, como ya lo demostramos. Hoy los militares pretenden tener una ley que les faculte para seguir violando los derechos humanos, ahora de manera legal, perpetuando de esta manera la impunidad de que han gozado’’.
Claudia Medina, originaria de Veracruz, refirió: ‘‘Soy sobreviviente de tortura. En 2012 elementos de Marina se metieron a mi domicilio, me sacaron con violencia de mi casa junto con mi marido. Fuimos incomunicados 36 horas, nos torturaron y a mí me atacaron además sexualmente. Estuve 23 días presa y pasaron cuatro años para que pudiera demostrar mi inocencia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió recomendación en contra de los marinos.
‘‘Yo estoy aquí realmente para pedirles a los senadores que valoren la nueva ley que se está por emitir. Es un riesgo lo que ellos quieren hacer para nosotros los ciudadanos.’’
Cinthia Salazar Castillo, madre de Martín y Brian, asesinados por militares en un retén de Matamoros, Tamaulipas, contó cómo el Ejército les disparó sin ninguna razón. ‘‘En un retén militar nos dispararon y los soldados mataron a dos de mis hijos, uno de cinco y otro de seis años; resultaron heridos mi esposo y dos de mis hijas. Felipe Calderón, entonces presidente, prometió que haría justicia. No la he visto. En la Procuraduría General de la República no investigan y no me dan información de la averiguación’’.
A su vez, Alicia Parral narró: ‘‘Hace siete años mi hijo fue ejecutado y desaparecido por elementos del Ejército. Los soldados le dispararon a quemarropa, alteraron la escena del crimen, ocultaron su identidad y lo enterraron en una fosa común. Las notas periodísticas al día siguiente dieron cuenta de que 100 militares mataron a decenas de personas. La CNDH emitió una recomendación, pero a la fecha no hay sancionados’’.
Por su parte, Margarita habló sobre la desaparición de su hija. ‘‘Estuvo dos años y cuatro meses desaparecida. Durante diez días, mientras estuvo detenida, fue violada por militares. Me di a la tarea de investigar y pude conocer que estaban implicados policías municipales y militares. Supe después, por un militar, que mi hija fue violada, que la torturaron y que la mataron. El soldado me dijo que ella suplicó que no la mataran, que rogó, pero le dijeron ‘aquí te vamos a enterrar’ y le cortaron la cabeza. Mi hija fue hallada en una fosa común a tres kilómetros de Etla, en Oaxaca. Pero en esa fosas había más cuerpos de hombres, mujeres y niños’’.

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Trabajadores griegos queman banderas de la UE y denuncian nuevos recortes

2 de marzo de 2017

Pensionistas, trabajadores y estudiantes se movilizaron este miércoles en convocados por el sindicato comunista Frente Militante de Todos Los Trabajadores (PAME, por sus siglas en griego) en protesta por las medidas antiobreras que impone el Gobierno de Alexis Tsipras y la Unión Europea (UE).
Los manifestantes quemaron la bandera de la UE fuera del Hotel Hilton, en Atenas, donde los funcionarios griegos se reunían con los representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea (CE).
El PAME acusa al Gobierno griego y a la Unión Europea (UE) de preparar un nuevo ataque con nuevos recortes de salarios y pensiones, y planear eliminar cualquier derecho laboral que queda.
La UE está dispuesta a conceder nuevos créditos a Grecia a cambio de la imposición de otro paquetazo neoliberal que amenaza a las condiciones de vida de la clase trabajadora del país heleno.
LibreRed | RHC 

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