lunes, 20 de marzo de 2017

Empobrecen las pensiones y a los Trabajadores CONVOCAN A REVERTIR SISTEMA AFORES


Carlos Magariño Luévano y Jorge Herrera,

Presidente y Vicepresidente de la Confederación de Jubilados, Pensionados y

Adultos Mayores de la República Mexicana

Participación en el programa del 18 de marzo de 2017,

Publicación original de www.frecuencialaboral.com

El 1º de julio de 1997, hace casi 20 años, se reformó la Ley del IMSS, modificándose el sistema solidario de aportaciones que constituía una reserva global la cual se destinaba para el pago de las pensiones de todos, y en su lugar se creó un sistema de ahorro a través de cuentas individuales las cuales desde entonces, son manejadas por las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).
Las Afores son instituciones financieras privadas que administran los recursos para el retiro a nombre de los trabajadores y tienen la facultad de comprar en nombre y representación del trabajador acciones de una Sociedad de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro (SIEFORE), supuestamente para generarles rendimientos. Finalmente, todo esto está “regulado” por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).
Es decir, con la privatización del ahorro de los trabajadores se hacen negocios millonarios sin consultar a los dueños del dinero que son los asalariados.
Además cuando se creó este sistema, se dijo en la propaganda oficial, que con este nuevo sistema, se recibiría una pensión más acorde con tu esfuerzo y en condiciones más justas; prometiéndose una tasa de remplazo de 70 por ciento del último salario devengado.
¿QUÉ HAY VERDADERAMENTE DESPUÉS DE 20 AÑOS?
La realidad demuestra que este sistema ha creado una enorme acumulación con más de 52 millones de cuentas individuales y activos netos que ascienden a casi 2.8 BILLONES DE PESOS, equivalentes a casi el 15 por ciento del Producto Interno Bruto. Sin embargo esa cantidad enorme de recursos solamente ha beneficiado a un puñado de dueños de las AFORE, en detrimento de la miseria de millones de trabajadores.
Para los primeros trabajadores del sistema AFORE que se jubilen en el 2021, a los 65 años de edad, la tasa de remplazo no será del 70 por ciento como se ofreció, sino solamente del 30 por ciento o menos, lo que colocará a esos futuros jubilados en condiciones de pobreza. Y para los llamados de la generación de transición (los que ya cotizaban y optaron por mantenerse en el viejo sistema), la OCDE propone prorratear sus pensiones, es decir disminuir los beneficios que se tenían con la antigua Ley de 1973, afectando a más de 20 millones de ahorradores.
Por todo esto y más, decimos ¡BASTA DEL SAQUEO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES!
Para tal fin, estamos planteando una INICIATIVA DE LEY CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO PARA ABROGAR (ANULAR) LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR-AFORES), RESTITUYÉNDOSE EL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO Y LA CREACIÓN DE LA LEY DE PENSIONES (LEPE), CON LA PARTICIPACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJADORES.
Participa con tu firma de apoyo a esta Iniciativa Ciudadana.

Con la reforma, el sector patronal definirá qué padecimientos son laborales, advierten

Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Lunes 20 de marzo de 2017, p. 8
Con el nuevo esquema para determinar las Tablas de Enfermedades de Trabajo y de Evaluación de Incapacidades será el sector patronal el que defina qué padecimientos van a ser considerados como laborales y los porcentajes en que serán valuados los daños permanentes por accidentes y enfermedades, lo que afectará el derecho a la indemnización de los empleados.
Incluso hay el riesgo de que los trabajadores, cuya enfermedad no se encuentre en las tablas, no reciban 100 por ciento de su salario durante su incapacidad, advirtieron gremios y organizaciones como la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de Educación Superior, Investigación y Cultura (Cnsuesic); el Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván, y la Red de Investigadores en Factores Psicosociales en el Trabajo, entre otros.
Anuncian plantón
Estas organizaciones y anunciaron que realizarán un plantón afuera del Senado el próximo martes con el fin de protestar por las modificaciones a los artículos 513 y 515 de la Ley Federal del Trabajo, referentes a dichas Tablas de Enfermedades.
La protesta la llevarán a cabo, junto con los sindicatos de Trabajadores de la Industria Nuclear, el Mexicano de Electricistas, el Comité Nacional de Estudios de la Energía y la maestría en Ciencias de la Salud de los Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, entre otros.
También emitieron un pronunciamiento conjunto en el que señalan que inexplicablemente la Cámara de Diputados dejó su facultad de modificar dichas tablas al Ejecutivo –por conducto de la Secretaría del Trabajo– y éste delegó esta tarea a la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Coconasst), la cual históricamente se rige por lo que el sector patronal define de acuerdo con sus intereses.
Es decir, será el sector patronal el que defina qué enfermedades serán consideradas como laborales y los montos de las incapacidades.
Para estos gremios, al sacar las Tablas de Enfermedades de Trabajo y Evaluación de Incapacidades de la Ley Federal del Trabajo se abre la posibilidad de la privatización del seguro de riesgos durante la jornada laboral, ya que las empresas podrán optar por aseguradoras privadas para cumplir con sus obligaciones en materia de peligros.
Se trata de otorgar al capital financiero otro nada despreciable negocio, ya que los ingresos del Instituto Mexicano del Seguro Social en 2015 por concepto de polizas de riesgos de trabajo ascendieron a más de 37 mil millones de pesos, advirtieron.
Por lo que demandaron al Senado no aprobar la minuta del proyecto de decreto, que las tablas referidas sean restituidas a la Ley Federal del Trabajo y la actualización de las mismas sea resultado de foros públicos.
Consideraron que con esta reforma las empresas serán juez y parte, porque el sector patronal responsable de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ahora también decidirá qué padecimientos serán considerados de origen laboral y por cuánto se indemnizará a los empleados. Lo que es una aberrante decisión.
En el posicionamiento plantearon que los diputados, como ya aprobaron dicha iniciativa, autorizaron algo que no conocen.
 
 
Fuente 

INCONSTITUCIONAL DEJAR EN MANOS DE EMPRESARIOS DECIDIR QUÉ ES Y QUE NO ES ENFERMEDAD Y ACCIDENTE DEL TRABAJO

Jueves 27 de marzo del 2017 a las 12 pm

Discurso del Maestro Luis Manuel H. Pérez Pantoja,
Investigador de Salud para los Trabajadores de la UAM, Xochimilco,
En la Mesa de Análisis sobre el Proyecto de Reforma Laboral
que se realizó en el Senado de la República el 14 de marzo del 2017
"Estamos presentes en este recinto del Congreso de la Unión, para hablar de la salud de las trabajadoras y trabajadores de México. Tema habitualmente ignorado en muchos ámbitos y que sólo trascendió a la opinión pública porque el 21 de febrero del presente año, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen por el que se reforman los artículos 513 y 515, adicionándose el 515 bis de la Ley Federal del Trabajo, (LFT) referentes a las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de incapacidades permanentes, en su argumentación en contra la Diputada Aracely Damián, dijo que el salario va a disminuir al 50% cuando los trabajadores enfermen por motivo del trabajo.
La reforma en cuestión afecta a la población trabajadora de diversas maneras, por lo que haremos algunas consideraciones del por qué esta Cámara de Senadores no debe aprobar la Minuta que con fecha 21 de febrero le envió su colegisladora:
1. La C. de Diputados obsequia sin razón, su facultad de modificar las tablas al poder Ejecutivo, se dijo que para agilizar la actualización de éstas, lo cual no tiene sentido, ya que el poder Ejecutivo, por más de 42 años tuvo esa facultad de manera absoluta, véase el artículo 515 de la Ley Federal del Trabajo antes de la reforma de noviembre de 2012, que decía: “La Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizará las investigaciones y estudios necesarios, a fin de que el Presidente de la República pueda iniciar ante el Poder Legislativo la adecuación periódica de las tablas a que se refieren los artículos 513 y 514 al progreso de la Medicina del Trabajo.” y nunca hizo uso de esa prerrogativa por más de 42 años.
Abundando sobre la displicencia y omisión del Poder Ejecutivo, el Decreto de la reforma del 30 de noviembre de 2012 establecía en sus transitorios: “Cuarto. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá expedir las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo, en un término de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto se seguirán aplicando las tablas a que se refieren los artículos 513 y 514 que se reforman.”, mandato que tampoco acató.
Esta acción es por demás inconstitucional, ya que la CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS en el artículo 73 en su fracción X determina que es que El Congreso tiene facultad: “Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123”.
2. Sin embargo, otra afectación grave es que ahora la C. de Diputados le condiciona al Poder Ejecutivo la actualización de las citadas tablas, ya que el artículo 513 reformado por el decreto del 21 de febrero, dice: “La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, previa aprobación del proyecto respectivo por parte de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, actualizará las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de las incapacidades permanentes…..”.
La Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, (COCONASST) es una instancia tripartita, que históricamente se rige por lo que el sector patronal define de acuerdo a sus intereses, contando con la anuencia de los sindicatos convocados por el Secretario de Trabajo y de la propia STPS.
Esto ha significado una desregulación y atrasos en lo relativo a mejoras en las condiciones de seguridad, higiene y salud de la población trabajadora. Para muestra mencionaremos un caso el 22 de junio de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, (DOF), por parte de la Secretaría de Salud el PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-255-SSA1-2009, Para la vigilancia de la salud de los trabajadores.
La necesidad de realizar las acciones propuestas en está, son de gran trascendencia para la salud, ya que establecía como objetivo el diagnóstico precoz de las enfermedades de trabajo, el proyecto fue abortado a instancias de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), pues el 13 de diciembre en el DOF, se publicó el “AVISO de cancelación del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-255-SSA1-2009, Para la vigilancia de la salud de los trabajadores”, argumentándose que sería inscrito en el Programa Nacional de Normalización 2013.
Hasta la fecha no ha sido publicada. Recientemente la STPS difundió la realización de foros públicos para revisión de Normas Oficiales Mexicanas en la materia, donde no se encuentra la norma referida.
En otras palabras, será el sector patronal quien defina qué enfermedades van a ser consideradas de trabajo y en qué porcentaje van a ser valuados los daños permanentes ocasionados por los accidentes y enfermedades de trabajo. Esto afectará el derecho a la indemnización, ya que una trabajadora o trabajador cuya enfermedad no se encuentre en la tabla, ésta va a ser calificada como enfermedad general, por lo que no recibirá el 100% de su salario ni durante la incapacidad temporal o la proporción correspondiente durante la incapacidad permanente.
3. Además, la mencionada Comisión no es una instancia técnica calificada para reformar las tablas, como el propio Secretario Navarrete Prida reconoció en su boletín de prensa 813, del 23 de febrero: “El encargado de la política laboral del País destacó que estas tablas no fueron producto de meses de trabajo sino de años de negociación tripartita, con empresarios y trabajadores.”, a lo que decimos: la salud no se negocia.
4. La fracción XIV del artículo 123 Constitucional determina: “Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar……” y con la reforma realizada ahora serán juez y parte, las empresas causan los daños y también decidirán cuál va ser considerado como de origen laboral y con cuánto se indemnizaran estos, aberrante decisión de la Cámara de Diputados.
5. Los Diputados aprobaron tablas que no conocen, a pesar de que éstas ya existen, firmaron “cheque en blanco”. Las tablas ya las tiene la STPS, desde el año pasado, ya que en su boletín de prensa 658 del 30 de agosto de 2016 comunicaron: “Luego de 46 años sin cambios, la COCONASST aprobó la actualización de la Tabla de Enfermedades de Trabajo y la de Valuación de Incapacidades Permanentes.” Y el 10 de octubre de 2016, en su boletín de prensa 688, la STPS informo:
“La Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (COCONASST) dio a conocer la Tabla de Valuación de Incapacidades Permanentes, en la cual se establecen los porcentajes aplicables por cada tipo de padecimiento, a causa de accidentes y enfermedades laborales.”.
El cuestionamiento es por qué no se presentaron a la aprobación de la Cámara de Diputados.
6. Otro elemento más para no aprobar la minuta enviada por su colegisladora es que el decreto contraviene el artículo 512-A de la Ley Federal del Trabajo, al otorgarle a la COCONASST, facultades que no le otorga la propia Ley, que a la letra dice: “Con el objeto de coadyuvar en el diseño de la política nacional en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, proponer reformas y adiciones al reglamento y a las normas oficiales mexicanas en la materia, así como estudiar y recomendar medidas preventivas para abatir los riesgos en los centros de trabajo, se organizará la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.”, más claro no puede estar, no es competente para aprobar las reformas las tablas en cuestión.
7. Al sacar a las tablas de enfermedades de trabajo y valuación de incapacidades permanentes, de la LFT, como lo determina el artículo Tercero Transitorio del decreto en cuestión: “Las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de las incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo, que se aplican conforme a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo quedarán sin efectos, una vez que el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emita las tablas…” estás pierden jerarquía jurídica, serán solamente un acto administrativo, por lo que será factible su no cumplimiento. Propiciando la creación de otras tablas por entidades ya sea públicas o privadas, generando incertidumbre legal y dejando en la indefensión a la población trabajadora.
Esta situación abre la posibilidad de la privatización del seguro de riesgos de trabajo, ya que las empresas podrán optar por aseguradoras privadas para cumplir con sus obligaciones en materia de riesgos de trabajo, las que establecerán sus propias tablas de enfermedades de trabajo y valuación de incapacidades permanentes, las cuales tendrán el propósito de obtener ganancias a costa de lo que es un derecho de la población trabajadora de recibir una indemnización por el daño causado.
Consideramos se trata de otorgar al capital financiero otro nada despreciable negocio, ya que los ingresos del Instituto Mexicano del Seguro Social en el año 2015, por concepto del seguro de riesgos de trabajo ascendieron a más de 37 mil millones de pesos.
Por las razones anteriormente expuestas, demandamos de esta Cámara de Senadores:
1. La no aprobación de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, con número CD-LXIII-II-2P-169.
Lo anterior con el fin de que:
o La tabla de valuación de incapacidades permanentes sea restituida a la Ley Federal del Trabajo; y
o La actualización de las tablas sea resultado de foros públicos, conducidos por el Congreso de la Unión, que es el único facultado para legislar en materia de trabajo en concordancia con lo establecido por el artículo 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
A T E N T A M E N T E
MSO. Luis Manuel Pérez H. Pantoja
Zacatecas # 94, Col. Roma, Ciudad de México

Sin seguridad social, 70 mil de los 80 mil jornaleros de San Quintín

Carolina Gómez Mena
 
Periódico La Jornada
Lunes 20 de marzo de 2017, p. 11
De los 80 mil trabajadores del campo que trabajan en el valle de San Quintín, unos 70 mil no tienen seguridad social, aseguró Lorenzo Rodríguez Jiménez, secretario general del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas.
Entrevistado durante el Encuentro Nacional de Jornaleros Agrícolas, que se efectuó en el Sindicato de Telefonistas, el dirigente gremial precisó que esta situación no sólo los afecta en la atención médica, sino también en sus posibilidades de jubilarse.
Tenemos personas de 60, 70 y hasta 75 años que laboran y no han podido pensionarse porque nunca estuvieron afiliadas al seguro. No tienen las semanas cotizadas, y eso implica que tienen que trabajar hasta el último día de su vida.
Resaltó que en este aspecto existe simulación de los patrones, los cuales les dicen que los dieron de alta en el Seguro Social, y acotó que existen casos en que los registran sólo algunas semanas. Esto lo hacen los empresarios en complicidad con el gobierno; se supone que hay inspecciones.
Precisó que otro aspecto relevante que plantearán mañana martes a mediodía al subsecretario de Gobernación, René Juarez, con quien sostendrán una reunión, es el aumento del pago diario a los jornaleros.
Detalló que los trabajadores agrícolas ganan entre 120 y 192 pesos al día, pero que demandarán el pago de 300 pesos diarios por ocho horas de trabajo.
En el movimiento que comenzaron en 2015 se exigió originalmente ese monto, pero en la negociación finalmente bajamos a 200.
Indicó que ahora, tras el gasolinazo, todo ha subido; recordó que en Baja California la vida es más cara que en el centro y el sur del país y añadió que para adquirir los productos de la canasta básica por lo menos necesitaríamos ganar 500 diarios.
Remarcó que todo lo que exigimos es un salario justo, que se respeten las prestaciones de ley y Seguro Social.

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A 79 años de la expropiación sólo quedan escombros, corrupción, entreguismo, ineptitud…


La torre de Pemex en la CDMX. Foto: Eduardo Miranda
La torre de Pemex en la CDMX. Foto: Eduardo Miranda


PROCESO 

En 1938, Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo. Y hoy, 79 años después, Pemex no es ni sombra de lo que llegó a ser. El derrumbe de la producción es sólo un síntoma: las raíces de la enfermedad que asfixian a la industria petrolera nacional son la corrupción más burda, el entreguismo más voraz, el capricho más majadero y la ineptitud más escandalosa.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Saqueos, sobornos, desmantelamiento de petroquímicas, renta de infraestructura, uso a 40% de las seis refinerías existentes, importación de gasolinas, opacidad en la venta del crudo y la entrega de las reservas “descubiertas y aún por descubrir” a empresas extranjeras… Esta es la situación por la que atraviesa la industria petrolera mexicana, que el viernes 18 cumplió 79 años de haber sido nacionalizada por Lázaro Cárdenas.
Por si fuera poco, Petróleos Mexicanos, una de las empresas más grandes de Latinoamérica, mantiene deudas por más de 1 billón de pesos, cuyo destino se ignora. Tan sólo el año pasado se reportó la emisión de 10 mil millones de pesos en bonos de deuda, por ejemplo. Además, tiene pagos pendientes con contratistas y proveedores por 147 mil millones de pesos, según el reporte que el director de la otrora paraestatal, Antonio González Anaya, acaba de entregar a la Cámara de Diputados.
En medio de todo esto se encuentran los recientes anuncios de venta de infraestructura hechos el 21 de diciembre pasado por el director de Pemex Transformación Industrial, Carlos Murrieta Cummings.
Cada presidente, desde Carlos Salinas de Gortari, ha determinado qué área de la política petrolera modifica. Por ejemplo, Felipe Calderón decidió que el país dejaría de producir energía eléctrica mediante la quema de combustóleo –compuesto contaminante que se obtiene durante la refinación de las gasolinas– y en contraparte privilegiaría el gas.
Ahora, como el país ya no tiene combustóleo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que rentará sus tanques de almacenamiento. El pasado lunes 13, el director de la eléctrica, Jaime Hernández, dijo: “La CFE busca participar en la cadena de valor de petrolíferos (gasolinas) de forma rentable, a través de sociedades en las que la empresa aportará el uso de su infraestructura de almacenamiento, y los socios aportarán financiamiento para adecuar las instalaciones”.
La química y diputada Rocío Nahle (Morena) explica qué significa esto: se ha dejado de invertir en la infraestructura de refinerías, lo que genera que trabajen a 40% de su capacidad, y para cubrir la demanda nacional de gasolina ésta se importa.
De este modo se abre el mercado de las gasolinas a las empresas que hace 79 años expulsó el general Lázaro Cárdenas: las extranjeras. Y como esos consorcios no tienen dónde almacenar, “ahora deciden rentar los tanques de CFE”.
En resumen: Calderón modificó el sistema de producción y Enrique Peña Nieto, con su reforma energética aprobada en diciembre de 2013, le dio continuidad a esta política, al decidir que rentará el equipo que ya no se usa, expresa Nahle.
De la entrega parcial a la total
“Calderón dijo que el combustóleo contamina, pero aquí teníamos de sobra y no nos costaba. Si no tenías gas, ¿para qué cambias tu sistema de producción a gas? Pues porque Calderón quería el negocio del gas”, delinea Nahle.
“La empresa española Repsol tenía en su poder la comercialización en exclusiva del gas procedente de su planta ubicada en Camisea, al sur de Perú. En 2007, Calderón y la CFE eligen a Repsol como proveedor de gas natural. Y México gastó 21 mil millones de dólares en surtir gas a la CFE.”
Según el contrato Repsol-CFE de 2008, Repsol sólo pagaría a Perú 6 mil 26 millones de dólares, y el resto fue su ganancia por ser intermediario.
Y desde que fue secretario de Energía, en el sexenio de Vicente Fox, Calderón también promovió los Contratos de Servicios Múltiples (CSM), en su mayoría a favor de Repsol.
Ahora, tras la reforma energética, los CSM se utilizan para entregar no sólo las reservas probadas de petróleo a empresas extranjeras, sino también las probables.
Cuando Cárdenas nacionalizó la industria petrolera en 1938, una decena de empresas extranjeras, entre ellas estadunidenses y alemanas, explotaban los yacimientos del país. Pero con la reforma energética, hoy se permite que el gobierno licite la exploración y extracción de petróleo. Y el pasado 4 de diciembre se entregó la joya de la corona a empresas estadunidenses, italianas, rusas, chinas, noruegas, francesas y británicas, denuncia Nahle:
Se licitaron cuatro campos del área llamada “Cinturón Plegado Perdido” –antes conocido como “hoyo de dona” y ubicado en aguas profundas del Golfo de México, cerca de Estados Unidos. Exxon Mobil, la empresa que de 2006 a 2017 dirigió el actual secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, se quedó con 2 mil 977 kilómetros cuadrados de aguas profundas, y en la práctica podrá apropiarse de los hidrocarburos que ahí encuentre.
Nahle zanja: “Son los mismos consorcios. En 1938 los corrimos de nuestro territorio y ahora regresan por sus fueros. En las zonas licitadas del Cinturón Perdido tenemos reservas probadas y probables de petróleo. Es un absurdo porque a ellos se les entregó parte de lo que todavía no se descubre y lo ya detectado”.
Por ello, sostiene, estamos peor que 1938. Hoy se vive un entreguismo ilimitado del gobierno a los estadunidenses y a todos los extranjeros.
Venta de negocio,
recompra de chatarra
Hoy no hay nada que festejar, coincide Julio Saldaña, diputado federal por el PRD. Denuncia que el gobierno haya dejado de invertir en refinerías para justificar así la importación de gasolinas.
Existe otro punto grave, abunda: empresas productivas de Pemex como Agronitrogenados fueron vendidas en buen estado y posteriormente recompradas a precios exorbitantes… pero para entonces ya se habían convertido en chatarra.
Agronitrogenados fue vendida por Pemex en 1992 a Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, y a Xavier Autrey. Cuando Peña Nieto llegó a la Presidencia de México, el gobierno la recompró por cerca de 4 mil millones de pesos, a pesar de que tenía 14 años sin funcionar y se estaba derrumbando.
La Auditoría Superior de la Federación, en la revisión de la cuenta pública de 2015, difundida en febrero pasado, consignó que en 2013 el Consejo de Administración de Pemex presentó un informe para invertir en una planta de fertilizantes. “Se señaló que se tenía la oportunidad de adquirir una planta en Coatzacoalcos, Veracruz (…) que sería de gran rentabilidad”.
Según la ASF, Pemex compró a Ancira y Autrey la mencionada empresa por 3 mil 862 millones de pesos. Pero lo que adquirió el gobierno fue sólo fierro viejo, según un avalúo hecho por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales: “El nivel tecnológico se encuentra fuera de los parámetros aceptables, (…) el grado de conservación general de los bienes se encuentra en un rango de regular a malo, e inclusive la maquinaria presenta faltas de algunas partes importantes”. En noviembre de 2015 se determinó que 60% de los activos debía reemplazarse.
Para la rehabilitación de Agronitrogenados, Pemex invirtió otros mil 200 millones de pesos.
Viajero frecuente
El diputado federal Gilberto Marrón Agustín (PAN) acusó en varias ocasiones de malos manejos a Emilio Lozoya Austin durante su paso por la Dirección de Pemex. Y la ASF también le dio la razón.
El 9 de marzo de 2016, cuando apenas había asumido la Dirección de Pemex, José Antonio González Anaya aceptó la existencia de un contrato de transporte –bajo reserva– por 2 mil 500 millones de pesos.
Según el también diputado del PAN Armando Rivera Castillejos, Lozoya utilizó cuatro helicópteros y cinco aviones para su uso personal.
Uno de los helicópteros fue empleado para trasladar a Lozoya, en 54 ocasiones, de o desde la Torre GAN (lugar donde se encuentran las oficinas de Alonso Ancira, de Altos Hornos de México), en Polanco, Ciudad de México.
Otros destinos frecuentes a los que llegó en ésa y otras aeronaves fueron la torre Arcos de Bosques de las Lomas, el periódico El Financiero, el Hospital Militar, el Hospital Ángeles, el Parque Bicentenario, Cuernavaca, Valle de Bravo, un Hotel Hilton, el Hotel ONE, Cancún, Huatulco, Acapulco, Zihuatanejo, Nueva York, San Antonio, Texas, Houston, Los Ángeles y Maine.
Y por si fuera poco, Pemex, la empresa que se creó después de la nacionalización del petróleo, enfrenta hoy señalamientos de que, entre 2010 y 2014, el brasileño Marcelo Odebrecht supuestamente entregó 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos para asegurar contratos que le dejaron un beneficio de más de 39 millones de dólares.
Y fue justo con Felipe Calderón –en 2010– cuando se entregó a la empresa Braskem, de Odebrecht, la licitación para construir la planta Etileno XXI, con una inversión de 4 mil millones de dólares. Apenas en febrero de 2016 el gobierno de Peña Nieto la inauguró.
Este reportaje se publicó en la edición 2107 de la revista Proceso del 19 de marzo de 2017. 

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Se reavivan en Francia las protestas contra el racismo y la violencia policial

20 de Marzo de 2017

Movimientos sociales y de derechos humanos se movilizaron por las calles de París en contra de la reiterada violencia policial y el racismo en Francia.
Miles de franceses se movilizaron este domingo por las calles de la ciudad capital de París para protestar contra el abuso de las autoridades policiales y el racismo en el país.
Las protestas que comenzaron de forma pacífica surgen luego de que “Théo”, un ciudadano afrodescendiente de 22 años fuera violado por la Policía de ese país, tras ser detenido cerca de la ciudad de París.
La movilización fue organizada por movimientos sociales y de derechos humanos, así como familiares de las víctimas de la violencia policial.
La Liga Francesa de los Derechos Humanos expresó a través de un comunicado que con esta manifestación pretenden mostrar su “enojo ante la reiterada violencia policial” en Francia.
“Théo” permaneció dos semanas en un hospital, donde fue operado a consecuencia de las múltiples heridas que sufrió. Por este caso, cuatro agentes fueron imputados y suspendidos de sus funciones. Uno de ellos fue acusado de violación y los otros tres de violencia durante la detención.
Recientemente, otro policía del sureste de ese país fue condenado a cinco años de cárcel por matar de un disparo en la espalda a un fugitivo, según informaron medios locales.
Activistas y familiares de la víctima aplaudieron la sentencia y atribuyeron la victoria a los esfuerzos de movilización colectiva. No obstante, el abogado del oficial y un sindicato policial francés expresaron su indignación ante esta decisión, que empeora la imagen ya de por sí negativa de la policía francesa.
RT | LV | Telesur 

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