lunes, 21 de agosto de 2017

“Antisindical” actitud de La Jornada: organizaciones de periodistas y sindicatos

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La Federación Internacional de Periodistas (FIP) —que representa a 600 mil periodistas en 140 países—, y el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa hicieron un llamado a los directivos de la empresa Desarrollo de Medios SA de CV (Demos) para que “desistan de la actitud violatoria de los principios básicos del derecho laboral vigente”, ante el despido de los dirigentes sindicales: Judith Calderón Gómez, secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada (Sitrajor), y Leonardo Modragón Román, secretario de Organización.
Periódico La Jornada en huelga
Huelga en la Jornada
En su “accionar antisindical, la empresa ha violado el convenio 87 (“Convenio sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación”) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Estado mexicano”, manifestó la FIP en su portal de internet.
Judith Calderón y Leonardo Mondragón fueron despedidos después de que el Sitrajor llevara a cabo una huelga del 30 de junio al 4 de julio pasados, en demanda a que fuera respetado el Contrato Colectivo de Trabajo, ya que desde enero pasado la empresa ha desconocido derechos establecidos en él y ha afectado el ingreso económico de los trabajadores entre el 29 y el 45 por ciento.
Para la organización internacional ha sido un “repudiable gesto de intimidación”, el que a los despidos se sumen demandas penales en contra de los líderes sindicales. Otro de los demandados penalmente es el hijo de Calderón Gómez, Alejandro Caballero Calderón, quien “acudió a las puertas de ese diario y se solidarizó con los huelguistas”.
Sindicatos en apoyo al Sitrajor
Organizaciones sindicales, abogados laboralistas y académicos ligados al derecho del trabajo también expresaron su solidaridad con los líderes del Sitrajor, frente al “despido injustificado, arbitrario y violatorio de la libertad sindical de su Secretaria General, Judith Calderón, y de su Secretario de Organización, Leonardo Mondragón, como castigo por la huelga realizada y a pesar de haber firmado un convenio de no represalias al levantarse la misma”.
Entre las firmantes se encuentran: la Unión Nacional de Trabajadores; la Nueva Central de Trabajadores; la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de Educación Superior, Investigación y Cultura; el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Sindicato Mexicano de Electricistas, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM, Frente Auténtico del Trabajo, y más.
“Lamentamos que la administración de un periódico como La Jornada, que presume de ser democrática y progresista, que ha dado espacio tantas veces a las luchas de las y los trabajadores, actúe ahora no sólo atropellando los derechos de sus trabajadores, sino criminalizándolos y violando principios fundamentales del derecho laboral internacional, llevando al extremo lo peor de las prácticas patronales y del discurso neoliberal. Nada tiene que ver esto con defender la sobrevivencia de La Jornada, propósito que compartimos”, indicaron.
Entre los que apoyan este pronunciamiento también se encuentran los especialistas en temas laborales: Alfonso Bouzas, Manuel Fuentes, Arturo Alcalde, José Luis Contreras, Patricia Juan Pineda y Héctor de la Cueva, quienes llamaron a los directivos del diario “a corregir su rumbo, a reinstalar inmediatamente a los dirigentes sindicales, a retirar las acusaciones penales y a reabrir el diálogo con el sindicato”.

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Organizaciones exigen cancelación del capítulo agropecuario en el TLCAN

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A 23 años de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los impactos que ha dejado el acuerdo comercial con Canadá  y Estados Unidos al campo mexicano se traducen en: incremento de la pobreza, marginación y despojo, dijo José Narro Céspedes, dirigente de la organización Coordinadora Plan de Ayala.
 Campesinos en tractor
A dos días de que inicien las rondas de negociación del TLCAN, organizaciones que conforman el movimiento Convergencia México mejor sin TLC´s —entre las que participan la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas , la Central Campesina Cardenista, la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, la Unión Nacional de Trabajadores, la Alianza Mexicana contra el Fracking y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras  —, expusieron su rechazo a que el capítulo agropecuario continúe en esta negociación comercial con los socios del norte.
En conferencia de prensa, Héctor de la Cueva, coordinador general del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas), acusó que el gobierno mexicano no ha tomado en cuenta al sector social para este proceso  [campesinos, sindicatos y organizaciones sociales], “no hay transparencia ni el contrapeso del Poder Legislativo”.
El coordinador del Cilas también dijo que en el “cuarto de al lado” de las negociaciones se tiene contemplado incluir a los representantes de las cámaras empresariales del país, principalmente de la Confederación Patronal de la República Mexicana.
Expositores
En el encuentro con los medios de comunicación, se anunció que el 16 de agosto próximo entregarán un documento “consensuado” entre cientos de organizaciones de todos los sectores, para expresar las líneas y objetivos que se debe buscar en la negociación.
Con esta estrategia, las organizaciones también buscan un diálogo con trabajadores, campesinos, indígenas, pequeños y medianos empresarios, mujeres, ambientalistas, organizaciones de las comunidades indígenas y campesinas que defienden su territorio, para enriquecerlo “y a sumarse a la lucha por evitar que el modernizado TLCAN sea la venta definitiva de nuestro país y nuestro futuro”.

México, EU y Canadá acuerdan acelerar renegociación del TLCAN; segunda mesa será en la CDMX


 
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CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- En un comunicado trilateral de prensa, los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá informaron que a finales de agosto se tendrán listos los textos de negociación sobre los que avanzará la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Los negociadores comerciales de los tres países concluyeron este domingo en Washington la primera ronda de modernización del TLCAN con el intercambio de propuestas que serán analizadas de manera trilateral.
La ronda, que inició el pasado miércoles, será seguida por una segunda mesa de discusiones en la primera semana de septiembre próximo en la Ciudad de México y una tercera el mismo mes en Canadá.
En un comunicado, la Secretaría de Economía (SE) informó que en los cinco días de reuniones, los equipos técnicos abarcaron múltiples temas de negociación.

Agrega que México, Canadá y Estados Unidos hicieron presentaciones conceptuales en el ámbito del acuerdo y los grupos de negociación iniciaron los trabajos para avanzar en la elaboración de textos y acordaron proporcionar textos adicionales, comentarios o propuestas alternativas durante las próximas dos semanas.
“El alcance y volumen de las propuestas durante la primera ronda de negociación refleja el compromiso de los tres países hacia un resultado ambicioso y reafirma la importancia de actualizar las reglas aplicables al área de libre comercio más grande del mundo”, precisa el comunicado de la SE.
Indicó que, en paralelo a las negociaciones, los funcionarios de los tres países interactuaron con un gran número de actores relevantes, incluidos representantes del sector privado, asociaciones industriales, representantes de la sociedad civil incluyendo grupos laborales, legisladores y funcionarios estatales y provinciales.
Detalló que los negociadores de cada país seguirán haciendo consultas en sus respectivos países y trabajarán para avanzar en la elaboración de textos de negociación hasta finales de agosto, y se reunirán de nuevo en México para una segunda ronda de negociación del 1 al 5 de septiembre.
La SE adelantó que las negociaciones seguirán a un ritmo acelerado, continuarán en Canadá a finales de septiembre y regresarán a Estados Unidos en octubre, con rondas adicionales planeadas para el resto del año.
La dependencia afirmó que los próximos meses requerirán de un gran esfuerzo y compromiso.
“México, Canadá y Estados Unidos están comprometidos con un proceso amplio y acelerado de negociación que actualizará nuestro acuerdo y establecerá estándares del siglo XXI en beneficio de nuestros ciudadanos”.
La agenda de negociaciones del TLCAN incluyó a grupos de trabajo de reglas de origen, soluciones comerciales para antidumping y subsidios, transparencia y anticorrupción, protección de la propiedad intelectual, servicios financieros e inversión.
Asimismo, abordó comercio transfronterizo de personas, comercio digital, telecomunicaciones, textiles, manipulación cambiaria, empresas propiedad del Estado, buenas prácticas regulatorias, textiles, bienes, telecomunicaciones y entrada temporal de personas.
Las negociaciones fueron encabezadas por el estadunidense John Melle, el canadiense Steve Verheul y el mexicano Kenneth Smith Ramos.
La primera ronda de renegociación del TLC inició con el intercambio de propuestas formales entre los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, y en ella se discutieron diversos temas en materia de manufactura automotriz.

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Tepoztlán, frente al ecocidio del gobierno de Morelos



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En los últimos años, a lo largo de todo el país hemos visto el incremento de los conflictos causados por la imposición de megaproyectos de todo tipo: mineros, turísticos, inmobiliarios, energéticos, monocultivos y de construcción de autopistas. Estos megaproyectos, a cargo de grandes empresas, se ven impulsados por la complicidad de los diversos niveles y órdenes del gobierno mexicano, y por las intenciones del Estado de fortalecer cada vez más al sistema neoliberal por medio de las reformas estructurales y de los tratados de libre comercio. Asimismo, ante el avance de estos proyectos violatorios de los derechos humanos y contrarios al buen vivir de las personas y de los pueblos, la gente afectada por ellos se ha organizado para defender sus territorios y la vida que de éstos depende.
Cerro del Tepozteco
Éste es el caso del pueblo de Tepoztlán, Morelos, que ha luchado contra el gobierno de Graco Ramírez y contra el Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Morelos (Centro SCT Morelos) desde 2013, por la construcción de la ampliación de la carretera La Pera-Cuautla. Las y los habitantes de Tepoztlán denuncian que esta obra se inició sin contar con los permisos necesarios: la Asamblea de Comuneros no ha autorizado la construcción sobre 16 de los 21 kilómetros correspondientes al megaproyecto, los cuales son de propiedad comunal; y el resto, de carácter ejidal, fueron entregados al Centro SCT Morelos por el Comisariado Ejidal a cambio de 12 millones de pesos, de modo que las tepoztecas y los tepoztecos hablan de que tal permiso fue “amañado”.
La construcción de dicha autopista representa el ecocidio de más de 121 hectáreas de bosque, el equivalente a más de 3 mil árboles de los cuales depende el ecosistema tepozteco, sin contar las hectáreas afectadas por la construcción de casetas y otras obras aledañas; además de violar dos decretos presidenciales que protegen el territorio (el decreto que declara Parque Nacional El Tepozteco, los terrenos que rodean el pueblo de Tepoztlán, y el decreto por el que se declara el área de protección de la flora y fauna silvestres, ubicada en los municipios de Huitzilac, Cuernavaca, Tepoztlán, Jiutepec, Tlalnepantla, Yautepec, Tlayacapan y Totolapan, Morelos), así como el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de Morelos.
Por otro lado, la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla ha traído a Tepoztlán el desabasto del agua, pues la empresa constructora utiliza grandes cantidades del vital líquido para la obra, despojando a las y los tepoztecos de un derecho humano consagrado en el Artículo 4 constitucional. Aunado a esto, se prevé que agravaría el desabasto del agua y la contaminación del aire en la región, toda vez que existe una ampliación parte del Plan Integral Morelos (PIM) que busca industrializar la región oriente del estado, centrándose en la construcción de dos plantas termoeléctricas.
En suma: despojo del territorio de los pueblos originarios y del agua, ecocidio del bosque y la polarización entre la población de Tepoztlán es, todo ello, consecuencia de la imposición del megaproyecto que contempla la ampliación de la carretera La Pera-Cuautla, violando los derechos a la autonomía de los pueblos, a la consulta previa, libre e informada, a un medio ambiente sano y al agua, amén de la descomposición del tejido social que se sustenta en una cultura diversa en tradiciones, y de las cuales las y los habitantes de Tepoztlán están orgullosas y orgullosos.
Contra toda esta serie de amenazas a la dignidad y al buen vivir, los Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán se han organizado para evitar que este megaproyecto, perjudicial para la vida de este pueblo, siga avanzando; ejerciendo presión política, social y jurídica para mostrar la arbitrariedad con la que han actuado las autoridades de Morelos para imponer la ampliación de la autopista ya mencionada.
En las últimas semanas, las y los integrantes de los Frentes impulsaban sostener una reunión de trabajo, tanto con el gobierno del estado como con el Centro STC Morelos, mas dicha reunión fue cancelada debido a que no había nadie para recibirlos. A raíz de ello, personas de los Frentes se instalaron en plantón dentro del Palacio de Gobierno de Morelos hasta que alguien los recibiera; durante este acto de protesta, se les negó el acceso a los baños, a agua y a alimentos para quienes se encontraban dentro de la sede gubernamental.
Ahora los Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán se encuentran a la espera de que se reagende la reunión de trabajo con las instancias estatales ya mencionadas, en conformidad con los acuerdos a los que se llegaron tras el plantón, en la cual se permita conocer íntegros los supuestos permisos de la ampliación de la autopista, y se priorice la protección del corredor ecológico del Tepozteco y la vida digna y plena para el pueblo de Tepoztlán.
Es deber del gobierno de Morelos atender de manera integral y urgente las demandas de estas comunidades, casi 4 años, desde iniciado el conflicto, no le parecen suficientes a las autoridades para entender que la razón asiste a los pueblos, y que su imposición autoritaria de megaproyectos no hace sino violentar sistemáticamente derechos de pueblos y comunidades en Morelos.
Layla Ahlam Vázquez Flandes/Carlos A Ventura Callejas*
*Colaboradores del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC
[OPINIÓN]

En medio del escándalo Lozoya, Peña inauguró obras de empresas implicadas en corrupción

 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para conmemorar los 80 años de creación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el presidente Enrique Peña Nieto eligió iniciar las pruebas de operación de la central eléctrica Empalme I que, edificada por las constructoras española OHL y Senermex, será alimentada a través de un gasoducto construido por IEnova, ambas empresas vinculadas a los escándalos de corrupción que pesan sobre el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin.
En su edición 2128, Proceso publicó un reportaje de Quinto Elemento Lab, en el que se consigna que directivos de Odebrecht confesaron en tribunales brasileños haber dado a Lozoya Austin “propinas” que sumaban 10 millones de dólares, con lo que éste se vio en medio del segundo escándalo de presunta corrupción, pues entre 2015 y 2016 la difusión de conversaciones telefónicas entre directivos de OHL y el hoy exfuncionario devinieron en su dimisión del cargo.

En medio de las revelaciones del caso Odebrecht y sus ramificaciones en México, el miércoles 16 Peña Nieto viajó a Sonora para visitar la comunidad de Empalme, cuyo nombre fue impuesto al megaproyecto energético que ahí es nodal, pues consta de dos centrales eléctricas y un gasoducto que, se supone, operarán a plenitud a principios de 2018.
El mandatario fue cuidadoso de no mencionar a las españolas OHL y Senermex, contratistas de Empalme I, pero aprovechó para felicitar a IEnova, empresa de capital estadunidense que en México dirige el también exdirector de Pemex (1994), Carlos Ruiz Sacristán, contratada para construir el gasoducto Ramal Empalme, que alimentará a la nueva central.

Pero sobre todo, IEnova es la empresa que en tiempos de Lozoya se asoció a mitades con Pemex en la razón social TAG Pipelines, misma que otorgó a Odebrecht uno de sus contratos más grandes en México: el gasoducto Los Ramones II.
“Hoy hay importantes inversiones del sector privado, como empresas como IEnova, a quien felicito por participar en los proyectos que hoy estamos inaugurando, particularmente, en este de Empalme I, por participar dentro de esta gran apertura que se está dando dentro sector eléctrico (sic)”, dijo Peña Nieto en su discurso alusivo a los nuevos negocios de la Reforma Energética.
Además de inaugurar Empalme I, Peña Nieto inauguró a distancia la Termoeléctrica Agua Prieta II, también en Sonora, una obra que debió estar lista en 2013 pero que por diferentes negligencias y omisiones observadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desde su revisión del ejercicio fiscal 2012, se retrasó hasta ahora.
Agua Prieta II fue construida por Senermex, en asociación con Elecnor, empresa también de capital español. Son éstas las que construyen Empalme II, otra central adjunta a la inaugurada por Peña Nieto y cuyo director, César Quevedo, ha participado en los grandes proyectos de infraestructura, algunos también escandalosos, del peñanietismo:
De acuerdo con el perfil que de Quevedo hizo el corporativo Senermex en su página de internet al designarlo director general en México, “ha impulsado y desarrollado proyectos relevantes como el tren interurbano México-Toluca, la línea 3 del metro de Guadalajara, la autopista Atizapán-Atlacomulco, la supervisión de los túneles de la carretera Durango-Mazatlán, la normativa mexicana en ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte, por sus siglas en inglés), la reestructuración del telepeaje de Banobras o el plan maestro del Aeropuerto de la Ciudad de México”.
Las fechas de Empalme
En 2015, las constructoras españolas Senermex y OHL ganaron la licitación para construir la central eléctrica de ciclo combinado Empalme I, en Sonora, cuyo inicio de pruebas puso en marcha Enrique Peña Nieto el pasado miércoles 16.
Listada como uno de los “Proyectos Principales” de la CFE, Empalme I es una de las cuatro centrales de generación eléctrica que el peñismo se propuso construir en el sexenio. La obra fue presupuestada en 476 millones de dólares.
El fallo de la licitación ocurrió el 31 de marzo de 2015, esto es, en la quincena en la que se ha fechado una serie de conversaciones telefónicas filtradas a través de YouTube el 28 de julio del mismo año, en las que aparece el entonces presidente de OHL México, José Andrés de Oteyza, sus colaboradores, así como Lozoya Austin.
La primera llamada filtrada tiene fecha del 27 de marzo de 2015, esto es, cuatro días antes de la licitación de Empalme I. De Oteyza plantea a un subalterno (aparentemente su sobrino) que está por llegar a México el español Juan Villar Mir, presidente del Grupo OHL, sobre quien dice:
“Pero me estaba diciendo que quería… que a ver si veíamos a Peña Nieto, y al otro y al otro y la puta madre”.
La molestia de De Oteyza es que debía viajar a ver a su jefe español a la Riviera Maya, pero reitera numerosas veces que debe hacerlo porque le dieron un bono por 40 millones de pesos (mdp) por las obras que ha conseguido en México, mismo que valían hacer el viaje.
La siguiente llamada da cuenta del regreso de De Oteyza de Cancún, quien habla con su subalterno Pablo Wallentin, aparentemente el 29 de marzo, a quien le que dice que Enrique Ochoa Reza, entonces director de la CFE, ya lo invitó a cenar a su casa y que hay que invitarlo a la Riviera Maya. Añade Wallentin: “Ese es el camino precioso”, para conseguir contratos con CFE.
La siguiente llamada habría ocurrido entre De Oteyza y Lozoya, quienes acuerdan verse en el estacionamiento de la CFE, y la fecha atribuida a esa conversación es el 10 de abril siguiente, es decir, 10 días después del fallo de la licitación por la central Empalme I.
Esas y otras conversaciones, filtradas en el contexto de la investigación por corrupción que se sigue en España a OHL y a  su accionista mayoritario, Juan Villar Mir, marcaron la salida de Lozoya Austin de Pemex en febrero de 2016 y, un mes más tarde la de José Andrés de Oteyza, de OHL México.
Ampliamente documentado el contratismo durante el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México, apenas iniciado su periodo presidencial OHL se extendió en el negocio energético. Sólo en 2013, la española consiguió con Pemex Refinación un contrato por un Turbogenerador TG-8 en la refinería Ciudad Madero: mil 16 mdp; una planta de hidrógeno en la refinería de Cadereyta, así como un ramal de ahí al Gasoducto Los Ramones, por 927 mdp (asociada con Senermex), y una planta de rebombeo en el poliducto de Salamanca-Guadalajara por 453 mdp.
Eso es todo lo que aparece en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), donde no hay rastro del contrato con Empalme I.
La conexión Lozoya
Al inicio del sexenio, Emilio Lozoya Austin era considerado uno de los más cercanos colaboradores de Peña Nieto. Antes de involucrarse en la candidatura presidencial y el equipo de transición, se había desempeñado como miembro del Consejo de Administración de OHL México, donde compartía asiento con Carlos Ruiz Sacristán y José Andrés de Oteyza.
Los otrora llamados “tecnócratas” de los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, ahora son directivos de las trasnacionales involucradas en negocios de energía e infraestructura (Proceso 2063). Pero OHL es emblema de eso y con representación transexenal:
De Oteyza fue secretario de Patrimonio y Fomento Industrial (antecedente de la Secretaría de Economía) con José López Portillo y embajador en Canadá con Miguel de la Madrid; Emilio Lozoya, hijo del secretario de Energía y amigo de juventud de Salinas; Ruiz Sacristán, director de Pemex con Salinas y titular de Comunicaciones y Transportes con Zedillo; además, Jesús Reyes Heroles González Garza, quien fue director de Pemex en el sexenio de Felipe Calderón.
Así que, por el mismo consejo de administración de OHL, pasaron Lozoya Austin y Ruiz Sacristán, el presidente y director de IEnova.
Desde su posición como director de Pemex, Emilio Lozoya Austin llevó como director de Finanzas a  Mario Beauregard, quien hasta hacía poco ocupó el mismo cargo en OHL. Ahí, operaron otro negocio estratégico y uno de los más costosos del sexenio:
Poco después de aprobada la Reforma Energética, Pemex se asoció con IEnova a partes iguales para constituir Tag Pippelines, una razón social que, por tener inversión privada escapa a los controles de transparencia, y que fue la que adjudicó en absoluta opacidad el gasoducto Los Ramones II a Odebrecht.
De hecho, fue la trasnacional brasileña y no Pemex la que difundió, el 2 de julio de 2014, la operación que implicaba un monto cercano a mil millones de dólares.
Tag Pippelines fue creada antes de que se aprobara la Reforma Energética, e inclusive, antes de que entrara en vigor, ya había presentado a la Comisión Reguladora de Energía, el proyecto de Los Ramones II que terminaría asignando a Odebrecht.
Empalme de conocidos
Durante el acto de la central Empalme I, el presidente Enrique Peña Nieto, aprovechó para destacar otras obras energéticas y de infraestructura que su gobierno ha desarrollado en el noroeste de México y, particularmente, en Sonora.
Por ejemplo, entre las obras que presumió el jefe del Ejecutivo como producto de la Reforma Energética, inaugurada ese mismo día, está la ya mencionada termoeléctrica Agua Prieta II, realizada por Senermex, y respecto a la que subsisten observaciones de la ASF por el retraso. La central debió entrar en operación en marzo de 2013 y no el pasado miércoles 16.
Otra obra mencionada en el discurso de ese día por Peña Nieto, “entregada” en el mismo acto, fue la reconfiguración de la central de Puerto Libertad que de combustóleo pasó a combustión dual, merced a un contrato por 28 millones de dólares adjudicado a Cerrey, una de las empresas del mexiquense Carlos Hank Rohn.
Aunque la ASF no ha publicado información respecto a esa obra, Transparencia Mexicana, en su calidad de testigo social, documentó un aspecto llamativo de la licitación: sólo se presentó la empresa de Hank Rohn, a pesar de que habían manifestado su interés en participar Double V Hollding y Babcox & Wilcox, esta última también propiedad de Hank. Así, el magnate mexiquense, heredero del líder del Grupo Atlacomulco con el que se identifica a Peña Nieto, llegó solo a la competencia y la ganó, como ya había ocurrido en otra ocasión y otra obra, según el mismo testigo social.
Es decir, las otras obras que Peña Nieto “entregó” ese día, también están relacionadas con la élite política y empresarial priista, lo mismo que aquellas de infraestructura carretera y de salud que presumió en su mensaje.
Entre dichas obras destaca el Libramiento Ciudad Obregón, una obra por 60 millones de pesos adjudicada a Constructora y Edificadora GIA+A, empresa propiedad de Hipólito Gerard, cuñado de Carlos Salinas de Gortari y también de José Antonio González Anaya, actual director de Pemex que sustituyó a Lozoya Austin.
Además, Peña Nieto en ese mensaje presumió la edificación de tres hospitales, uno de éstos ubicado en Nogales, Sonora. Se trata de un hospital construido con 232 millones de pesos, adjudicado a Acciona, empresa también española de la que el otro cuñado, Jerónimo Gerard, es miembro del Consejo de Administración.
Aunque en su auditoría 243 de 2016, la ASF no identificó la relación de Gerard con González Anaya, entonces director del IMSS, sí pidió que se iniciaran procedimientos de responsabilidad administrativa por la negligencia en el retraso de la obra, además de una recuperación de 20 millones de pesos, es decir, casi el 10% del monto adjudicado por pagos de obras que no se realizaron, trabajos de mala calidad y entrega de equipos distintos a los comprometidos en el contrato, entre otras irregularidades.
Es decir, como en las anteriores, la marca del sexenio: amiguismo y corrupción, presumidos por el mandatario como obras que están movimiendo a México.

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Pifias y despilfarros en Pemex

 
PROCESO 
 
Emilio Lozoya Austin ha guardado prudente silencio en torno a una serie de gastos ilógicos y absurdos durante su gestión como director de Pemex; nada dijo, por ejemplo, ni cuando la Auditoría Superior de la Federación documentó las pifias de un contrato multianual para la compra de 700 carros tanque a una empresa texana en mayo de 2013. El funcionario se mostró generoso y pagó un anticipo de 30% a la firma, que finalmente no entregó las unidades. Y aun cuando todo eso está documentado, nadie le ha pedido cuentas.
CIUDAD DER MÉXICO (Proceso).- El escándalo que envuelve al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin –quien presuntamente recibió más de 10 millones de dólares en sobornos de parte de la empresa brasileña Odebrecht–, representa sólo 36.5% de los millones de dólares que él le entregó a una empresa asentada en Texas para la construcción de 700 carros tanque, de los cuales sólo 15 se incluyen en el inventario de la petrolera.

Lozoya hizo esa inexplicable operación cuando estuvo en la dirección de Pemex. Y, a diferencia del caso Odebrecht –que se basa en señalamientos de tres exfuncionarios de la empresa brasileña–, estas irregularidades están documentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Pese a ello, el talentoso operador y favorito de Enrique Peña Nieto continúa intocable.
El 30 de mayo de 2013 –Lozoya tenía sólo cinco meses en el gabinete de Peña Nieto–, la petrolera autorizó un contrato multianual por 91 millones 295 mil 500 dólares para que Pemex Refinación comprara 700 carros tanque para transportar hidrocarburos destilados (gasolina) de las refinerías de Tula y Salamanca, así como para el desalojo de metales pesados.
Para realizar todos sus proyectos, así como para licitar y firmar contratos, Pemex requiere de la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Cuando la petrolera pidió esa autorización, el secretario de Hacienda era Luis Videgaray, quien avaló el proyecto bajo el número 1218T4M0036.
La empresa contratista se comprometió a entregar el 30 de septiembre y el 31 de octubre de 2015 los 700 carros tanque. Hasta ahora, según corroboró la ASF al realizar su auditoría financiera y de recepción de los bienes, sólo hay 15 de esos vehículos en la refinería de Tula, que ni siquiera están a nombre de Pemex, pues se mantienen bajo la tutela de la contratista.
El problema no es sólo la inexistencia de los carros tanque, sino que el entonces director de Pemex dio a la empresa 27 millones 359 mil 100 dólares como anticipo. Esa suma se perdió, según la ASF.
Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2129, ya en circulación


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Gas Land - La Tierra del Gas , las consecuencias del Fracking