viernes, 25 de agosto de 2017

Mensaje del presidente de la cooperativa LF del Centro

Cumple sindicato minero once años de resistencia

Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Viernes 25 de agosto de 2017, p. 19
Grupo México y el principal accionista del consorcio, Germán Feliciano Larrea Mota, cumplieron 11 años de continua y sistemática agresión contra el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, intentando la destrucción de esta organización y montando falsas acusaciones contra el dirigente del gremio, Napoleón Gómez Urrutia, sin conseguirlo a la fecha, pero a pesar de que no hay ningún proceso contra el secretario general del gremio, no hay garantías para su retorno.
La campaña del consorcio contra el sindicato se inició en 2006 y no ha cesado. Sin embargo, no ha podido liquidar ninguna de las tres huelgas: la de Sombrerete, Zacatecas; la de Taxco, Guerrero, y el caso de la de Cananea, Sonora, se mantiene en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Mantener tres movimientos desde hace una década no lo ha logrado ninguna organización y menos con la mayoría de los trabajadores en resistencia.
Incluso las acusaciones contra Gómez Urrutia por el desvío de 55 millones de dólares que se iniciaron en 2005, todas se vinieron abajo, las perdió Grupo México con la resolución definitiva del cuarto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito el 28 de agosto de 2014, quedando acreditado a plenitud la falsedad de los cargos y acusaciones contra el dirigente.
Desde esa fecha se pidió al gobierno mexicano que se emitieran garantías constitucionales de seguridad para el líder minero y su familia para su retorno a México, sin que hasta hoy se hayan otorgado por escrito.
Ahora Grupo México vuelve a mentir al señalar que la empresa cuenta con un laudo que le da la razón y la absuelve en el caso de Cananea, pero no dice que el mismo no es definitivo, que el juicio continúa.
El consorcio ha planteado que desde 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió dar por terminada la huelga, iniciada en el 2007, y por tanto la relación de trabajo con el sindicado minero, que se ha liquidado a 632 ex trabajadores y no han querido cobrar su liquidación 656.
Sin embargo, el caso no está finiquitado, la verdad que oculta es que el caso de Cananea está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una autoridad internacional que revisa el caso y que, incluso, ha demandado información al gobierno de México. El litigio sigue ahora en el exterior, señaló el sindicato.
Hizo ver que incluso el subsecretario del Trabajo, Rafael Avance, ha buscado acercamientos en meses recientes con los ex trabajadores de Cananea que aún no se liquidan para ofrecerles mejorar sus finiquitos y que los acepten a fin de apurar una solución antes de que la CIDH admita la queja.
El gremio agregó que la principal agresión que ha cometido Grupo México es contra su dirigente, el cual tuvo que exiliarse en Vancouver, Canadá.

No hay riesgo en pago de pensiones, están "permanentemente garantizadas": Arriola


Andrea Becerril y Víctor Ballinas
 
Periódico La Jornada
Viernes 25 de agosto de 2017, p. 19
El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola Peñalosa, expuso que no hay riesgo alguno de que ajustes en el presupuesto de 2018 incidieran en el pago de las pensiones.
Están permanentemente garantizadas. No hay hoy un elemento que nos distraiga precisamente del esfuerzo financiero para seguir encarando el pago de las pensiones y la prestación de los servicios, respondió en entrevista, luego de reunirse con los senadores y diputados del PVEM.
Agregó que en el instituto están concentrados en una disciplina financiera, la cual permitió que el IMSS, que en 2012 sólo tenía viabilidad para 2014, ahora la tenga hasta 2020 y si seguimos con el esfuerzo en finanzas públicas sanas tendremos que llegar a 2035, que es nuestro pico en pago de pensiones al 100 por ciento.
Al participar en la reunión plenaria de los legisladores del Partido Verde, explicó que estima que el pago de pensiones y jubilaciones a cargo del IMSS, representará un gasto de más de 2 billones de pesos durante los próximos 70 años. Para este año, detalló, se estima un gasto de 79 mil 442 millones de pesos para cubrir el gasto del jubilados y pensionados.
El director del IMSS hizo notar que la generación récord de empleos en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, de 2 millones 877 mil empleos, tiene un efecto directo en las finanzas del instituto. En 2012 recaudaba 191 mil millones de pesos y el año pasado fue de 262 mil millones de pesos, 20 por ciento más en términos reales.
Eso quiere decir, dijo, que el IMSS en 2016 presentó un superávit de 6 mil 400 millones de pesos, muy relacionado con el histórico crecimiento en la tasa del empleo y también con la reducción de 7 mil 300 millones de pesos en gasto corriente ese año.
El coordinador de los diputados del PVEM, Jesús Sesma, detalló que en la sesión de preguntas –que fue a puerta cerrada– el director del Seguro Social les respondió que el programa de vales de medicina ha tenido grandes resultados en la Ciudad de México y en el estado de México, por lo que va a seguir caminando en el país, porque es un compromiso de Peña Nieto.

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¿Se justifica la existencia del INEE?



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El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación debe desaparecer, pues ni siquiera tiene la facultad de definir las evaluaciones que aplica a docentes y alumnos: sólo administra los lineamientos ordenados por entidades internacionales, como la OCDE

Los desarrollados nos venden la idea de que los males creados por ellos serán curados con las medicinas que nos venden ellos
La reportera Laura Poy Solano hizo una interesante entrevista al nuevo presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Eduardo Backhoff Escudero (La Jornada, 30 de julio de 2017, página 5), de la que destaca su afirmación de que la corrupción es un freno para la puesta en práctica de la reforma educativa. Interesado en el tema, analicé con cuidado el contenido de la publicación.
Informó el funcionario que lo que busca la citada reforma es “mejorar las condiciones para que los estudiantes aprendan”, por lo que se están realizando cambios que tienen como ejemplo lo que se hace en otros sectores: “[…] hay que ver cómo lo hacen otras profesiones, como los médicos. En el sector salud, primero para que tú entres a la escuela de medicina tienes que ubicarte entre los mejores estudiantes del país o de tu universidad. Estás en el percentil 95 o más arriba, es decir, el 5 por ciento más capaz, el mejor educando es el que entra”.
Al referirse al magisterio que es objeto de la reforma educativa, aseguró que los que ingresan “son los que tienen una preparación más baja”. Además, casi todos los que ingresan egresan, lo que indicó –según Backhoff– “que hay muy poco control de calidad, es decir que, independientemente de que los alumnos estudien o no, de cualquier forma obtienen su certificado. Ha sido un descuido terrible”. Y eso, sostuvo, ha ocurrido durante 70 años.
En cambio, con la reforma educativa, “se coloca al maestro como un componente central en la transformación del sistema educativo”, pero hay inercias que impiden que se aplique a plenitud, porque sus autores “no anticiparon la gran resistencia ni todos los problemas que se iban a encontrar”. Sobre todo, la corrupción de “grupos sindicales y del gobierno”.
No es cualquier cosa lo que dijo el presidente del INEE: una reforma que permitirá a México “salir de la pobreza” está siendo frenada por la corrupción –muy vieja, por cierto– de grupos sindicales y del gobierno que no entienden que esa reforma nos hará tener “un mejor país, un mejor sistema educativo”. Viniendo del directivo mayor del aparato evaluador del gobierno, es una imputación muy seria.

El contenido formal de la reforma educativa

Para saber si la apodada reforma educativa es tan maravillosa como nos la presenta el presidente del INEE, es necesario precisar en qué consiste: en 2013, el gobierno de Enrique Peña Nieto inició un proceso de reforma que consistió en modificar el contenido de los Artículos 3 y 73, fracción XXV, de la Constitución Mexicana (ver recuadro).
Para reformar la Constitución se necesitó un acuerdo político entre “las principales fuerzas del país”: los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y otros que forman parte del sistema. Estaba en auge el gobierno peñista, alentado por el retorno del tricolor a la Presidencia de la República, y los demás entraban a una complicidad que con el tiempo se ha ampliado. Entonces se puso en marcha el denominado Pacto por México, que benefició a todos los integrantes de la casta hegemónica.
Vinieron más tarde tres leyes secundarias que reglamentaron esos preceptos y que dieron sustento a la puesta en acción de la reforma educativa. A diferencia de lo que ocurrió con las otras “reformas estructurales”, en este caso sí hubo una respuesta organizada por parte de los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y del normalismo sobreviviente. Y la respuesta fue brutal.
En síntesis, lo que contiene explícitamente la que apodan reforma educativa es lo siguiente:
  1. Se incluye el concepto “calidad” entre los fines que debe perseguir la educación.
  2. Se formaliza el concepto “profesional docente” para aplicarlo a las personas que prestan servicios en el ámbito educativo a cargo del Estado (enseñanza básica y de nivel medio superior).
  3. Se estatuye la evaluación obligatoria para todos los profesionales docentes para su ingreso al servicio, su promoción y su permanencia. A este requisito se le otorga carácter constitucional.
  4. Se crea un inmenso aparato evaluador nombrado Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), al que se dota de autonomía. Se asegura de ese modo que la evaluación sea siempre externa.
  5. Se legaliza la práctica de exámenes periódicos a todos los profesionales docentes y a sus alumnos. Éstos sirven para decidir el ingreso, la promoción y la permanencia de los evaluados en el servicio.
Así, sencillito, parece un cambio positivo o, cuando menos, de proporciones menores.
Pero la reforma tiene un currículum oculto. Lo primero que resalta es que no estamos ante una reforma educativa: el cambio constitucional y las leyes que emanaron de él no tienen relación con la mejora de la educación. El optimismo del presidente del INEE carece entonces de sustento. La reforma es, claramente, de contenido laboral y administrativo, ya que crea una categoría nueva para los prestadores del servicio docente e instala un enorme aparato para aplicar la evaluación. Así, es válido entrecomillar la expresión cada vez que la utilicemos.
Además, le vemos estos efectos no explicitados:
  1. Saca del ámbito de aplicación del Artículo 123 constitucional a 1 millón y medio de personas que actualmente son trabajadores de la educación y pertenecen al sindicato más grande de América Latina. Ya son “profesionales docentes”, de modo que carece de sentido que estén afiliados a un sindicato cuya finalidad es proteger a personas que prestan su fuerza de trabajo a cambio de un salario.
  2. En consecuencia, los prestadores de servicios pierden los derechos de los que han sido titulares, especialmente el de estabilidad en el empleo. Y las nuevas reglas se les aplican retroactivamente, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que por encima de sus derechos está “el interés superior del niño” a recibir una educación de calidad. Una monstruosa violación de sus derechos humanos que acaba con el estado de derecho. Y se patentiza la falsedad de lo expresado por Backhoff cuando afirmó que esa “reforma educativa” coloca al maestro como su componente central.
  3. La evaluación que se aplica a los profesionales docentes es diseñada por los organismos internacionales de crédito –en particular por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)–, conocidos como “el gobierno que gobierna todos los gobiernos” porque imponen decisiones a los países endeudados.

El presidente del INEE sólo admite como verdad divina que la evaluación es muy benéfica para México, pero no aporta una sola idea en ese sentido. Llevamos al menos cuatro reformas neoliberales y siempre nos dicen que las cosas van peor. Así que la evaluación gubernamental –en realidad trasnacional– carece de credibilidad.
  1. La evaluación tiene principio pero no tiene fin: dura toda la vida del profesional docente. Es el sueño de cualquier patrón del universo: permite echar a cualquier trabajador (al que ya ni siquiera se le considera como tal), con plena justificación, pues no supera las pruebas que le pone y cuyo contenido él define. El anhelado despido discrecional.
  2. La evaluación se practica a los profesionales docentes y a los alumnos. Y la permanencia de aquél depende no sólo de sus aciertos, sino de terceras personas. Puede ser separado si los estudiantes no contestan lo que los evaluadores quieren. Un acto de otros lesiona los derechos humanos de quienes prestan servicios educativos. Y se trata de más de 1 millón de personas que, por añadidura, recibieron una formación profesional (que, por cierto, no es del agrado de Backhoff).
  3. El INEE no merece el nombre que lleva ni las prerrogativas legales que se le otorgaron. No es un Instituto que defina lo fundamental de la evaluación, sino un mero departamento que aplica las directrices (órdenes) de la OCDE. Tiene entonces razón Backhoff cuando habla de corrupción, pero debiera referirse a la creación de un gran instrumento burocrático sin razón de ser. Desde su surgimiento, no hemos visto que sea mejor la educación que reciben nuestros niños; por el contrario, sólo presenciamos la agudización de conflictos sociales por la falta de una verdadera reforma educativa que comience sacudiendo a la educación de las plagas que hoy la dirigen. Y que revise la corrupción del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
  4. Y de remate, la calidad de que se habla en las esferas oficiales es la que se usa en la producción. Así lo revela la declaración de Backhoff cuando se queja de que en las normales “hay muy poco control de calidad”. Como si la formación educativa fuera cuestión de producir más piezas o más artículos de consumo; y los estudiantes se pudieran equiparar a una máquina salida del proceso de fabricación.
  5. La verdad es que los maestros desaparecen del escenario de quienes propenden la “reforma educativa” neoliberal. Considerarlos prestadores de servicios es equipararlos con un dentista que tiene clientes: se le paga por lo que hace y no adquiere derechos respecto de la persona a quien atiende. O un abogado que defiende en un caso, pero que no necesariamente laborará en otra circunstancia para la persona defendida.
  6. El Estado se sacude de responsabilidades sociales, pues las grandes tareas como la educación y la salud adquieren el carácter de simples negocios entre particulares. Si el ciudadano común las puede adquirir, qué bueno; si no, ni modo; es por su falta de competitividad.
  7. La predicción de Orwell se hace realidad: el “Gran Hermano” nos vigila y nos castiga por medio de la evaluación. Nada se escapa a su control y a sus determinaciones. La educación se convierte en un medio de mediatización de la sociedad, que debe aprender a ser feliz en la forma como el sistema lo autoriza.
Como puede verse, el diablo es peor de cómo lo pintan. ¿Maestros con iniciativa educadora? Para qué, si el sistema únicamente requiere facilitadores que transmitan las verdades de los países imperiales.
Aun en la hipótesis no deseada de que se mantenga la apodada “reforma educativa”, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación resulta innecesario. Nada define acerca de la evaluación, pues todo viene empaquetado de la OCDE. Debiera ser un departamento de aplicación de la evaluación, con personal meramente de ejecución de instrucciones.
O, mejor todavía. Como forma parte de un paquete que nos impuso el gobierno de Enrique Peña Nieto, que desaparezca cuando éste renuncie con todo y la “reforma educativa”. Ésta no nos hará un mejor país ni hará que nuestros niños reciban una mejor educación, porque fue hecha para domesticar y controlar (y en su caso reprimir) a los maestros y no para resolver problemas educacionales.

Artículos reformados en materia educativa

 “Artículo 3. […] Párrafo tercero. El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.
 “[…] IX. Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Para ello deberá: a) Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema; b) Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, y c) Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social. La Junta de Gobierno será el órgano de dirección del Instituto y estará compuesta por cinco integrantes. El Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, la cual, con previa comparecencia de las personas propuestas, designará al integrante que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes o, durante los recesos de esta, de la Comisión Permanente, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si la Cámara de Senadores no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de integrante de la Junta de Gobierno aquel que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal. En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Ejecutivo Federal someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal. Los integrantes de la Junta de Gobierno deberán ser personas con capacidad y experiencia en las materias de la competencia del Instituto y cumplir los requisitos que establezca la ley, desempeñarán su encargo por períodos de siete años en forma escalonada y podrán ser reelectos por una sola ocasión. Los integrantes no podrán durar en su encargo más de catorce años. En caso de falta absoluta de alguno de ellos, el sustituto será nombrado para concluir el periodo respectivo. Sólo podrán ser removidos por causa grave en los términos del Título IV de esta Constitución y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en representación del Instituto y de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia. La Junta de Gobierno de manera colegiada nombrará a quien la presida, con voto mayoritario de tres de sus integrantes quien desempeñará dicho cargo por el tiempo que establezca la ley. La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del Instituto, el cual regirá sus actividades con apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión. La ley establecerá los mecanismos y acciones necesarios que permitan al Instituto y a las autoridades educativas federal y locales una eficaz colaboración y coordinación para el mejor cumplimiento de sus respectivas funciones.
“[…] Artículo 73. El Congreso tiene Facultad […] XXV. Para establecer el Servicio Profesional docente en términos del Artículo 3 de esta Constitución; establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la federación, las entidades federativas y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Los títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma.”
José Enrique González Ruiz**Doctor en ciencia política y en derecho constitucional; exrector de la Universidad Autónoma de Guerrero
[ANÁLISIS EDUCATIVO] 

Acuerdan que renegociación de TLCAN sea confidencial


Susana González G. y Notimex
 
Periódico La Jornada
Viernes 25 de agosto de 2017, p. 30
Los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá firmaron un Acuerdo de Confidencialidad antes de comenzar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), informó la Secretaría de Economía (SE).
Aclaró la secretaría que dicho acuerdo no compromete las prioridades de México en las negociación, ni limita la información que la Federación puede compartir con el Poder Legislativo, gobiernos locales, sectores productivos y la sociedad para informar oportunamente sobre el proceso.
Los acuerdos de confidencialidad son una práctica regular en los procesos de negociación comercial. Éstos sirven para imponer lineamientos comunes para el manejo e intercambio de información, y abonan a la confianza entre los participantes, indicó.
Medios de comunicación canadienses reportaron que el acuerdo de confidencialidad es para que ningún país difunda las propuestas de sus contrapartes para modificar el tratado. El pacto incluye una lista de reglas para prevenir que sean distribuidos textos, correos electrónicos, propuestas y presentaciones de cada uno de los equipos negociadores.
De acuerdo con la información difundida por la cadena pública de noticias CBC en Canadá, el acuerdo tiene dos excepciones: el material puede ser compartido internamente con los funcionarios comerciales y externamente con los especialistas que consulta cada una de las partes en las rondas de negociación.
Máxima seguridad
Los materiales serán estampados con la leyenda Confidencial y cuando no se utilicen serán resguardados en estantes seguros y con claves de acceso.
El acuerdo de confidencialidad indica que expirará cuatro años después de que concluyan las negociaciones.
Asimismo, el convenio señala que las delegaciones pueden compartir sus materiales con quienes deseen, pero no así los de sus contrapartes.
El objetivo es mantener la confidencialidad de los documentos, al mismo tiempo que permite a las partes negociadoras desarrollar sus posiciones (...), comunicarse internamente (...) y comprometerse con su público cuando lo consideren apropiado para desarrollar y comunicar sus propias posiciones, indica el documento.
A propuesta de la administración del presidente Donald Trump, los países miembros del TLCAN comenzaron la semana pasada siete rondas de renegociación del acuerdo comercial.

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Corte revira a Telmex: Ley de Telecomunicaciones respeta derechos humanos

 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que, pese a lo expuesto por Telmex, la Ley Federal de Telecomunicaciones no es contraria a los derechos humanos, al debido proceso ni a la seguridad jurídica.
La Segunda Sala de la SCJN detalló que el legislador no estableció las formalidades que deben observar las autoridades competentes al notificar los requerimientos de la entrega de datos de tráfico, pero dichos requisitos están en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de aplicación supletoria.

Al resolver el amparo en revisión 345/2017, la Corte expuso que por datos de tráfico se entiende aquella información que se deriva del proceso comunicativo y que permite identificar, entre otros, los datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de telefonía móvil.
También añadió, de acuerdo con Notimex, que la entrega de tales datos al procurador general de la República o procuradores generales de Justicia de las entidades federativas tiene como finalidad coadyuvar en la investigación de delitos.
Entre ellos se encuentran el de extorsión, de amenazas, de secuestro, en cualquiera de sus modalidades; o de algún delito grave o relacionado con la delincuencia organizada.
Al respecto, la SCJN determinó que tratándose de los requerimientos de entrega de datos de tráfico dirigidos a las concesionarias de las redes públicas de telecomunicaciones, la notificación respectiva se debe realizar de manera personal y sujetarse a las formalidades de tales notificaciones.
Es así pues, por una parte, la referida diligencia puede deparar efectos jurídicos significativos para las concesionarias de las redes públicas de telecomunicaciones.
De ahí que éstas tienen el deber de atender a la solicitud de entrega de datos de tráfico “dentro del plazo máximo de las 72 horas siguientes contados a partir de la notificación”.
Además, la inobservancia de tal mandato actualiza una infracción punible con una multa de 10 mil a 100 mil salarios mínimos, conforme al precepto 71, inciso a, fracción VI, de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Por ende, toda notificación de requerimiento de entrega de datos de tráfico debe realizarse en el domicilio de los interesados, resultando necesario que se asienten datos y elementos suficientes.
Más aún, en ellos se debe advertir que la notificación se efectuó en tal domicilio, y circunstanciando esos datos y hechos en forma objetiva, tales como la dirección donde se practicó.
Además, se debe indicar el número exterior, el interior, con quién se entendió la diligencia y, en su caso, a quién se dejó el citatorio respectivo; máxime que tales formalidades son comunes a la notificación de los actos administrativos en general.

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Exige Pemex que no haya comisionados sindicales

Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Viernes 25 de agosto de 2017, p. 20
Trabajadores de Pemex de Coatzacoalcos exigieron la desaparición de los comisionados sindicales, porque representan una sangría millonaria para el gremio y significan transferencias sin freno de parte de la empresa al sindicato que encabeza Carlos Romero Deschamps.
La Coordinadora por la Defensa de Pemex informó que la empresa se encuentra secuestrada por las prácticas de corrupción, tráfico de influencias y abuso e impunidad, por parte del Sindicato de Trabajadores Petrolero de la República Mexicana (STPRM).
Estas prácticas no le permiten el sano desarrollo a Pemex, ya que el gremio le cobra caro a la administración en turno su respaldo incondicional a la reforma energética y sus políticas privatizadoras, así como avalar el desmantelamiento de la misma, todo lo que influye en su detrimento.
Esta organización indicó que la reforma energética ha demostrado ser sinónimo de corrupción, legaliza las corruptelas que el gobierno federal ha llevado a cabo desde hace más de 5 años, con la privatización de los recursos e infraestructura petrolera, y su traspaso a manos de trasnacionales y de empresas nacionales, amigas del régimen.
En tanto, el STPRM ha cobrado su silencio, aval y ayuda a las administraciones de Pemex para que opere la reforma energética a su antojo, con la anuencia para obtener beneficios para el comité ejecutivo de Romero Deschamps y las decenas de cientos de representantes y comisionados del gremio, sostuvo esta coordinadora.

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Flexibilización laboral, el futuro de Francia


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Los franceses están descubriendo con inquietud que en realidad no conocían a Emmanuel Macron, a quien eligieron como nuevo presidente de la República. La reformas que persigue el político buscarán flexibilizar las relaciones laborales a tal punto que los nuevos contratos podrían violar la ley; y en materia política, no sólo se despedirán legisladores, también se suprimirán las comunas y departamentos

Macron, francia
Desde que el presidente Jacques Chirac sufrió su accidente cerebro-vascular, en 2005, Francia no ha tenido un verdadero jefe de Estado. Debilitado por la enfermedad, Chirac permitió la lucha interna entre sus ministros Dominique de Villepin y Nicolas Sarkozy. Y después, los franceses llevaron sucesivamente a la presidencia de la República a dos personajes –Sarkozy y Francois Hollande– que nunca llegaron a cumplir realmente con lo que debería ser un presidente de Francia. Ahora acaban de elegir para ese cargo a Emmanuel Macron, creyendo que se trataba de un joven impetuoso y capaz de recuperar la dirección del país.
La campaña que antecedió la elección presidencial de 2017, al contrario de las anteriores, no dejó espacio a un debate de fondo. Fue cuando más la ocasión de comprobar que todos los candidatos de menor importancia –es decir, los que no contaban con el respaldo de las grandes formaciones políticas– ponían en tela de juicio a la Unión Europea, institución que todos los candidatos importantes consideraban la panacea. Esta campaña presidencial fue fundamentalmente una especie de serie de televisión que denunciaba la supuesta corrupción de la clase política en general y en particular la del candidato favorito, Francois Fillon –narrativa típica de las “revoluciones de colores”. Y como en todos los modelos anteriores de revoluciones de colores, sin excepción alguna, la opinión pública reaccionó a favor de lo que podríamos llamar la “política de la escoba”, o sea todo lo anterior es corrupto y hay que liquidarlo, mientras que todo lo nuevo es justo y bueno. Pero no se ha comprobado ninguno de los delitos mencionados.
En las revoluciones de colores anteriores, la opinión pública demoraba entre 3 meses –como en la “revolución del cedro” libanesa– y –como en la “revolución de las rosas” de Georgia– 2 años en despertar y darse cuenta de que había sido manipulada. Y esa opinión pública volvía entonces a lo que quedaba del anterior equipo gobernante. La habilidad de los organizadores de las revoluciones de colores consiste, por tanto, en realizar de inmediato los cambios que sus padrinos quieren imponer en las instituciones.
Emmanuel Macron anunció desde el principio que reformaría urgentemente el Código Laboral, recurriendo para ello a un procedimiento que le permitiría hacerlo por decreto. También anunció importantes reformas institucionales: modificación del Consejo Económico y Social, eliminación –en términos empresariales podría hablarse más bien de “despido”– de la mitad de los diputados y senadores y “moralización” de la vida política. Todos esos proyectos corresponden punto por punto al contenido del informe de la Comisión para la Liberación del Crecimiento Francés elaborado en 2008, comisión que tuvo como presidente a Jacques Attali y cuyo secretario general adjunto fue precisamente Emmanuel Macron.
El informe de la Comisión Attali, creada por el presidente Sarkozy, comienza con las siguientes palabras: “Esto no es un informe ni un estudio sino una serie de instrucciones para reformas urgentes y fundadoras. No tiene carácter partidista ni bipartidista. Es no partidista.”

El Código Laboral

En lo tocante al Código Laboral existe, efectivamente, un amplio consenso a favor de adaptarlo a las situaciones económicas contemporáneas. Sin embargo, el análisis de los documentos preparatorios disponibles, muestra que el gobierno no es parte de ese consenso. La intención del actual gobierno francés es abandonar el sistema jurídico latino para adoptar el que se encuentra en vigor en Estados Unidos. Eso implica que un empleado y su patrón podrían negociar entre ellos un contrato que viole la ley. Y, para que no queden dudas sobre la amplitud y la importancia de esta reforma, el sistema educativo francés tendrá que “producir” niños bilingües, que sean capaces de hablar francés e inglés al terminar le enseñanza primaria.
Pero no ha existido en Francia ningún tipo de debate sobre este cambio de paradigma. Como máximo, se mencionó en debates parlamentarios sobre la ley El-Khomri-Macron, en 2016. Algunos observadores señalaron en aquel momento que el predominio de las negociaciones en el seno de la empresa sobre los acuerdos por sectores de actividad abría el camino a una posible caída de Francia en el derecho estadunidense en materia laboral.
Esta opción resulta particularmente sorprendente dado que, si bien Estados Unidos es la primera potencia financiera mundial, en el plano económico ese país se ha quedado detrás de naciones tan diferentes como China y Alemania. Además, si el Reino Unido respeta el voto de sus electores y sigue adelante con el proceso de salida de la Unión Europea, el modelo dominante en el seno de la Unión ya no será el modelo anglosajón –de carácter financiero– sino el modelo económico de Alemania.

Las instituciones

En cuanto a la reforma de las instituciones, llama la atención ver que, aún en caso de que resultaran excelentes las reformas que el presidente Macron pretende imponer, ninguna responde a lo que esperan los franceses. Nadie había denunciado hasta ahora una cantidad excesiva de parlamentarios ni de concejales. Sí existen, por el contrario, muchos informes que denuncian la acumulación de estratos administrativos (comunas, comunidades de comunas, departamentos, regiones y Estado) y la proliferación de comités o comisiones considerados inútiles.
La realidad es que el presidente Macron esconde sus verdaderas intenciones. Su objetivo a mediano plazo, ampliamente anunciado desde 2008, es suprimir las comunas y departamentos. Se trata de homogeneizar las colectividades locales francesas según el modelo que la Unión Europea ya impuso en todas partes fuera de Francia. Rechazando la experiencia histórica francesa, en la presidencia de la República se considera que los franceses pueden ser administrados como todos los demás europeos.
La reforma del Consejo Económico y Social sigue siendo nebulosa. Sólo se sabe que se trataría simultáneamente de disolver los innumerables comités o comisiones clasificados como inútiles y dejar el diálogo social en manos del Consejo. El fracaso del presidente De Gaulle en ese tema, en 1969, hace pensar que si se realizara esa reforma no sería en aras de resolver un problema sino de enterrarlo definitivamente. En efecto, aunque el diálogo social se efectúa actualmente a nivel sectorial, la reforma del Código Laboral dejará ese diálogo sin objetivo concreto.
En 1969, el presidente De Gaulle se resignó a abandonar nuevamente su viejo proyecto de “participación”, o sea de redistribución del incremento del capital de las empresas entre los propietarios y sus empleados. De Gaulle propuso, en cambio, hacer que el mundo del trabajo participara en el proceso legislativo. Y para eso se le ocurrió organizar la fusión del Consejo Económico y Social con el Senado, de manera que la cámara alta reuniese simultáneamente a representantes de las regiones y del mundo profesional. Lo más importante es que propuso que esa cámara no pudiera seguir redactando leyes por sí misma sino que emitiese una opinión sobre todos los textos antes de la presentación de estos en la Asamblea Nacional. Se trataba, por tanto, de otorgar un poder de opinión legislativa a las organizaciones campesinas y liberales, a los sindicatos obreros y patronales, a las universidades y a las asociaciones familiares, sociales y culturales.
Las dos prioridades que el presidente Macron pretende llevar adelante antes del “despertar” de sus electores pueden entonces resumirse de la siguiente manera:
-Regular el mercado laboral francés según los principios del derecho estadunidense.
-Adaptar las colectividades locales a las normas europeas y enquistar las organizaciones representativas del mundo laboral en una asamblea puramente honorífica.
Además de borrar, sólo en beneficio de los capitalistas, toda huella de varias siglos de luchas sociales, Emmanuel Macron tendría entonces que lograr alejar a los parlamentarios de los electores que votaron por ellos y que esos parlamentarios renuncien a implicarse en los asuntos públicos.
Thierry Meyssan/Red Voltaire
[ANÁLISIS INTERNACIONAL]

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