jueves, 31 de agosto de 2017

Plan de acción actualizado.


Una regresión laboral largamente anunciada

 
PROCESO 
 
El 23 de enero último, apenas llegó a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para retirarse del Tratado de Asociación Transpacífico, creado para formar la zona de libre comercio más amplia del mundo. En México, gobierno, empresarios y corporativistas aprovecharon para reformar la ley laboral, pero para que nada cambie. Esta nueva reforma sería inconstitucional, comentan a Proceso tres especialistas en la materia. Los entrevistados desmontan las maniobras del Ejecutivo, justo ahora que se abrieron las rondas para la revisión del TLCAN.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El próximo mes el Ejecutivo enviará a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) con el propósito de empatarla con la reforma constitucional de justicia laboral cotidiana aprobada en 2016.

También propone crear una suprainstancia que se encargue de vigilar al Instituto de Registros de Contratos y Sindicatos que se planteó en la Constitución como un organismo autónomo.
Entrevistados al respecto, los abogados laboralistas Arturo Alcalde Justiniani y Alfonso Bouzas, así como Graciela Bensusán, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco, hablan sobre las presiones del sector empresarial y del corporativismo sindical al gobierno federal para seguir controlando el registro sindical y la contratación de protección.
Según Alcalde, la propuesta es totalmente ajena al tripartismo –gobierno, trabajadores y empresarios–. “Ahora se regresa al tripartismo, pero en peores condiciones que antes; serán tripartitos temas como el registro sindical, que antes no lo era”.
Bouzas lo secunda: “En esta reforma a la ley van a hacer maravillas. Si nos dijeran que hay un director del Instituto de Registros de Contratos y Sindicatos y para que actúe con apego a los intereses de los sectores productivos para vigilar, eso sería violatorio de la ley.”
Bensusán, por su parte, sostiene: “Lo que hemos podido saber es que los empleadores no están de acuerdo en que el organismo que se va a encargar del registro de sindicatos y contratos colectivos sea autónomo…
“Es autónomo porque lo señala la Constitución, no lo pueden cambiar, pero creo que van a tratar de poner una especie de cuerpo de vigilancia, como en el Instituto Nacional Electoral, donde los partidos están presentes, pero sólo tienen voz, no voto. No sé qué esquemas se inventaron, pero creemos que es un retroceso.”
El miércoles 2, durante la sesión de la Comisión Permanente, se repartió una copia de la propuesta con punto de acuerdo urgente y de obvia resolución para que el Congreso se pronuncie respecto a estos cambios a la LFT y garantice que cumplan con los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia que les dieron origen.
En las consideraciones de esa propuesta elaborada por los diputados Vidal Llerenas Morales y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), refieren que les han dado a conocer un proyecto de reforma laboral promovido por la Secretaría del trabajo y Previsión Social (STPS) “con el apoyo del sector empresarial y que va en contra de los buenos propósitos que. se supondría, vendrían con la reforma constitucional en materia de justicia laboral” y se aplicarían a partir de febrero de 2018.
“Con esta propuesta –añaden– se vuelve a revivir la discusión, supuestamente ya salvada, de reformas que trataron de imponer cuando se analizó la iniciativa de Felipe Calderón”, como la promoción “de nueva cuenta” de los contratos colectivos de protección patronal, “al hacer una reglamentación inequitativa entre los sindicatos que emplacen a huelga y los que no”.
Además, indica el documento, se impide a los trabajadores cambiar del sindicato impuesto por la empresa, “por todos los obstáculos que les están imponiendo en la práctica e incluso se les impone un doble recuento”. También se les niega la contratación colectiva en las pequeñas y medianas empresas, que son la mayoría en el país y donde los trabajadores sufren más violaciones a sus derechos laborales, al incluir condiciones que no se pueden cumplir para depositar un contrato colectivo.
“De nuevo se protege a las empresas de subcontratación (outsourcing) cuando se señala que deben considerarse improcedentes las solicitudes de contrato colectivo y emplazamiento a huelga en los casos en que las personas morales no tengan empleados, cuando esto no debe existir”, se indica en las consideraciones.
El estilo priista
Alcalde Justiniani afirma que incluso ya se anunció la distribución de los espacios en el futuro instituto tripartito: “Tres para las grandes centrales obreras –CTM, CROC y CROM; otras tantas para el sector empresarial –Coparmex, Concamin y Concanaco, y tres para el gobierno –Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Hacienda y Secretaría de Economía, así como un presidente con voto de calidad”.
A eso suma que el Senado continúe negándose a ratificar el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el derecho a la sindicalización y contratación colectiva, pese a que fue avalado por el gobierno federal.
Alcalde agrega: “El Convenio 98 está archivado porque el sector empresarial no lo quiere (avalar). ¡Cómo si el Senado requiriera de su autorización para la ratificación! Es la primera vez en la historia que un convenio internacional firmado por el presidente es detenido en el Senado. En este caso, desde diciembre de 2015.
“Es la crónica de una regresión anunciada. Todos los elementos indican que las intenciones que fueron plasmadas en la iniciativa de reforma constitucional no se cumplirán.
“El gobierno está atrapado en un verdadero dilema porque primero avanzaron las quejas internacionales, la exhibición del modelo laboral mexicano como corrupto –contrario a los derechos fundamentales reconocidos por la comunidad internacional–, y luego da un paso atrás, porque aparentemente con el TPP (Tratado de Asociación Transpacífico) se alejaba la ratificación y ahora está en la renegociación del Tratado de Libre Comercio y en la mesa está el tema de los salarios mexicanos que son insultantes.”
También critica a los gobiernos priistas porque, dice, siempre han estado dispuestos a sacrificar la calidad de vida de la población porque tienen una idea equivocada del manejo de la economía del país. Piensan que lo único que México le puede ofrecer al mercado internacional es mano de obra barata.
“Es el mundo al revés. La posición del gobierno mexicano es: ‘Déjame explotar a los trabajadores como yo quiera; ese es mi derecho’. Esta posición se explica porque el grupo gobernante está obteniendo ventajas al repartirse las ganancias; en este momento, el de los contratos del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México”, señala.
Bouzas explica que la nueva ley debe empezar a operar en febrero del año entrante, pues las juntas ya no deberán operar y el Poder Judicial debe encargarse de los juicios laborales.
“¿A poco de aquí a septiembre van a reformar?, se pregunta. A no ser que ya tengan el proyecto armado y lo quieran pasar fast track como iniciativa preferente y mantengan el tripartismo; es decir, que pongan una instancia superior al director del instituto, de carácter tripartito, y con ese esquema mantengan el corporativismo en las relaciones laborales”, sostiene el entrevistado, quien, junto con Alcalde, participa en el Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, que el jueves 17 pidió tiempo para debatir los cambios a la ley en la materia.
Bouzas añade: “Para que la reforma a la ley laboral sea compatible con la constitucional los pasos deben ser planeados, programados. Eso no se hará en mes y medio, tardará años. Y para que esto sea así, el secretario del Trabajo debe informar a la sociedad qué se está haciendo en este sentido”.
En estos momentos, dice, el gobierno tiene que empatar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con la promulgación de la ley reglamentaria y a nivel internacional es sumamente censurada la política laboral mexicana por este esquema tripartito que crea los contratos de protección patronal.
“¿Qué va a pasar con el TLCAN?, se pregunta. Es una incógnita. El señor Trump dice que no va a haber, pero los funcionarios mexicanos dicen que están avanzando. ¿A quién le creemos?
“Si hay TLCAN, seguramente va a presionar mucho en México para que haya un proceso de nivelación salarial. Los trabajadores estadunidenses tienen razón cuando dicen que la mano de obra barata mexicana les está afectando, por la fragmentación de los procesos productivos.
“El sector obrero oficial no quiere una reforma democratizadora porque se harían el harakiri; por el otro lado, el gobierno mexicano no sabe cómo convencer a los cabilderos de Estados Unidos de que no se metan en el aspecto laboral en México, que nos dejen como estamos.”
Bouzas acepta que ya no se puede ocultar la situación laboral en México. “Es escándalo internacional la cuestión de los salarios, la simulación contractual, las direcciones sindicales. Estamos en un momento muy difícil”, expresa.
Detalla que cualquier cambio a la ley en este sentido implicaría más flexibilización laboral, aumentaría el control del corporativismo –es decir, el tripartismo–, pero no saben cómo mantenerlo si la Constitución ya lo desconoció.
Para Bensusán, es un retroceso porque el sentido de la reforma constitucional era garantizar que este organismo fuera imparcial para garantizar que los trabajadores tuvieran la posibilidad de votar antes de que se celebre un contrato colectivo, ponerle fin a los sindicatos que no son representativos, así como a los contratos de protección.
“Y, otra vez, volvemos a dejar entrar a los interesados en que no cambie nada, que serían los empleadores y los sindicatos que ya están registrados; es decir, las grandes centrales sindicales. Y les volvemos a dar presencia. Entonces el objetivo que tenía la reforma se irá para atrás”.
El problema, dice, es que el organismo se integrará conforme a la ley secundaria de la LFT “y ahí es donde ellos, seguramente, van a querer justificar que la ley reglamentaria va a volver a determinar que, de una u otra manera, los empleadores y los sindicatos estén presentes. No conozco ningún lugar del mundo donde los empleadores o los sindicatos puedan tener algo que decir acerca de si se pueden o no formar los sindicatos”.
Mucho de lo que está pasando en el país desde la firma del TPP es que desde el extranjero le están diciendo al gobierno qué debe hacer en materia laboral para garantizar la libertad sindical y la negociación colectiva. No hay contrapesos, las empresas no están pagando salarios remuneradores; tampoco capacitan a sus empleados, hay altas tasas de rotación laboral.
“Tenemos un gran problema no sólo de justicia, sino de hacer una verdadera revolución laboral. Pero como no tenemos contrapeso, nos hemos seguido 30 años con la política de los bajos salarios y ahora viene Trump y nos dice desde afuera: ‘¿Sabes qué? Aquí no juego más’.”
Bensusán considera que debe aprovecharse la coyuntura para cambiar el modelo laboral mexicano.
Secrecía gubernamental
El jueves 17, miembros del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral propusieron ampliar el plazo establecido para la reglamentación del artículo 123 constitucional que entrará en vigor en febrero de 2018, ante el riesgo de que los patrones intervengan en la contratación colectiva y que el gobierno quiera controlar los registros sindicales, pero las autoridades siguen en silencio.
Esta actitud gubernamental ha prevalecido desde 2015. En febrero de 2016 se supo que, durante casi un año, el gobierno federal preparó sigilosamente la reforma de justicia laboral cotidiana, necesaria para que México se ajustara al TPP, firmado el 4 de febrero de ese año en Nueva Zelanda. Nunca se supo el contenido de ese acuerdo signado junto con 11 naciones (Proceso 2050).
El 28 de abril del año pasado, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado dos iniciativas para reformar y adicionar algunos artículos de la LFT y de la Constitución con demandas que sindicatos independientes habían exigido desde hace más de 30 años y que fueron conquistadas gracias a la presión del gobierno de Barack Obama, y el apoyo de sindicatos de Estados Unidos y Canadá, con el fin de acabar con dos grandes injusticias hacia la clase trabajadora: la parcialidad de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los contratos de protección patronal, que son un escándalo a nivel internacional (Proceso 2064).
Los sindicatos nacionales y extranjeros denominados independientes le dieron un voto de confianza, pero los sindicatos cercanos al poder respingaron. Por primera vez en este sexenio hubo manifestaciones contra el gobierno, pero no para defender a los trabajadores, sino para no perder sus privilegios con los llamados “contratos de protección” –negociados a espaldas de los trabajadores–, el tripartismo en los juicios laborales, que le daba mucho poder a los corporativos en las pugnas contractuales, y porque desaparecen las Juntas de Conciliación y Arbitraje, donde han tejido una red de corrupción (Proceso 2083).
Sin embargo, el 23 de enero último, el presidente Trump, recién elegido, firmó una orden ejecutiva para retirarse del TPP, creado para conformar la zona de libre comercio más amplia del mundo. Aquí, el gobierno, los empresarios y los corporativistas vieron la oportunidad para reformar la ley laboral para que nada cambie. Esta nueva reforma sería inconstitucional, consideran Alcalde, Bouzas y Bensusán.
Este reportaje se publicó el 27 de agosto de 2017 en la edición 2130 de la revista Proceso.

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Presentan los primeros 9 contratos colectivos de trabajadoras del hogar

Jessica Xantomila
 
Periódico La Jornada
Jueves 31 de agosto de 2017, p. 37
El Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (Sinactraho) depositó los primeros nueve contratos colectivos de trabajo ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con lo cual se sienta un precedente en el avance del acceso a sus derechos y la formalización de su empleo.
De acuerdo con el gremio este documento da certeza y seguridad, tanto a empleadoras como a trabajadoras, ya que indica de manera clara y precisa los derechos y obligaciones de ambas partes, como la definición de las labores a desempeñar, horarios, prestaciones, así como garantía de contratar personas confiables, eficientes y responsables.
Este acto se realizó en el marco del segundo aniversario del sindicato. Marcelina Bautista, secretaria general colegiada del Sinactraho, calificó este día de histórico, pues a lo largo de los años este sector no ha sido reconocido ni valorado.
Indicó que tenemos un grupo empoderado que no se doblega y esa es nuestra fuerza más grande.

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CIDH urge a México acelerar la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa



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A casi 3 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, se presentó por tercera vez el Mecanismo de Seguimiento a la medida cautelar otorgada a favor de los estudiantes de esta escuela, ubicada en Guerrero. La delegación estuvo compuesta por la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para México y coordinadora del Mecanismo de Seguimiento, Esmeralda Arosemena de Troitiño, y personal técnico de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.
Ayotzinapa_PGR

A través de un comunicado, el organismo internacional informó que la visita se realizó con el objetivo de supervisar el cumplimiento de la medida cautelar y de las recomendaciones del GIEI respecto del avance de la investigación, la búsqueda de los desaparecidos, la atención integral a víctimas y familiares, y la adopción de medidas estructurales de no repetición.
Ante los funcionarios de la CIDH, familiares de los desaparecidos manifestaron su frustración “por la falta de avances concretos para encontrar a sus seres queridos, y su angustia ante la inminencia del tercer aniversario de los trágicos eventos sin alcanzar verdad y justicia. La CIDH urge al Estado a acelerar los trabajos relativos a la búsqueda de los estudiantes desaparecidos”.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó a la delegación sobre las diligencias realizadas; la CIDH valoró “positivamente la asignación de un equipo de más de 90 personas de forma exclusiva para esta investigación, y confía en que esta potencialidad se traduzca en resultados que acerquen a la verdad sobre lo ocurrido el 26 y 27 de setiembre de 2014”.
En el comunicado se indica que hay certeza que los teléfonos y chips de los estudiantes fueron utilizados tiempo después de la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, “hecho que aunado a otros elementos de prueba corrobora la necesidad de descartar la versión inicial que indicaba que todos los teléfonos habían sido quemados en el basurero de Cocula. La Comisión reitera que la difusión de esta hipótesis, que ya ha sido descartada por el GIEI, provoca una distancia frente a las víctimas y sus familiares y pone en riesgo la búsqueda de verdad y justicia en este caso”.
La CIDH “urge al Estado a tomar las medidas necesarias para concretar la detención de los policías de Huitzuco que estarían involucrados en los hechos, como medida tendente a esclarecer lo ocurrido y sancionar a todas las personas responsables. Asimismo, exhorta al Estado a avanzar en la investigación de los policías federales quienes fueron individualizados como presuntos responsables de encubrimiento de los hechos”.
Y es que el organismo internacional recibió información en el marco de la asistencia jurídica solicitada al gobierno estadounidense. “La línea de investigación sobre la posible conexión de los hechos con el traslado de estupefacientes o de dinero hacía los Estados Unidos sigue siendo de suma importancia y debe profundizarse más a la luz de todos los elementos de investigación que se encuentran en el expediente. La Comisión exhorta al Estado a priorizar pruebas y diligencias en relación con la ubicación del quinto autobús”.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se celebra hoy, la CIDH expresó “su solidaridad con los familiares de personas desaparecidas que día a día viven la angustia de desconocer el paradero de sus seres queridos. La Comisión reitera su preocupación por los niveles críticos que ha alcanzado la desaparición de personas en grandes extensiones del territorio mexicano, con más de 30 mil personas no localizadas según datos oficiales. En este sentido, la Comisión urge al Estado mexicano a dar pasos decisivos para que el país pueda contar a la brevedad con una Ley General contra la Desaparición Forzada que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos, cuente con el indispensable respaldo de las familias y organizaciones que acompañan el proceso y los recursos necesarios para su implementación efectiva y eficaz”.

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México dejará mesa de negociación del TLCAN si Trump cumple amenaza: Videgaray

 
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WASHINGTON (apro).- México se levantará de la mesa de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), si el presidente estadunidense Donald Trump inicia el proceso de terminación del acuerdo tripartita, advirtió el secretario de Relaciones Exteriores (SRE) mexicano Luis Videgaray.
“No, creemos que la negociación tiene ya un proceso, ya estamos en una renegociación, es una renegociación que por supuesto nos tomamos muy en serio, es una renegociación constructiva y creemos que no sería la ruta correcta o una ruta viable dar por terminado el tratado”, respondió Videgaray Caso a la pregunta expresa que se le formuló en el Departamento de Estado, sobre si México se mantendría en la mesa si, como amenaza Trump, Estados Unidos inicia el proceso de finiquitar al compromiso comercial que incluye a Canadá.

En la víspera del arranque de la segunda fase de las renegociaciones del TLCAN a celebrarse en la Ciudad de México del 1 al 5 de septiembre, Trump en dos ocasiones, primero el lunes en Washington y luego este miércoles en el estado de Missouri, amagó con iniciar con el proceso de terminación del compromiso trilateral, debido a que asegura que México se está poniendo difícil en la mesa de conversaciones comerciales.
“La renegociación no es necesariamente un proceso sencillo, al contrario, es un proceso complejo, son 26 mesas de negociaciones simultaneas. Hay temas en los que encontraremos rápidamente acuerdos; otros que requerirán más trabajo, pero estamos profundamente comprometidos en una renegociación conforme al proceso establecido”, detalló Videgaray al terminar una reunión con Rex Tillerson, secretario de Estado del gobierno de Trump.
El titular de la SRE quien, con Idelfonso Guajardo, secretario de Economía, concluyó una visita de trabajo de dos días a Washington, estableció que, si el resultado de las renegociaciones del TLCAN no es benéfico para México, por obvias razones el país abandonará el proceso.
No obstante, aclaró que tiene confianza en que al final se llegue a un acuerdo que convenga a los tres países involucrados.
Al momento en que Guajardo y Videgaray se reunían con Robert Lighthizer, representante comercial de la Casa Blanca; con Wilbur Ross, secretario de Comercio; con Jared Kushner, asesor especial y yerno de Trump, y con el general H.R. McMaster, jefe del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el presidente estadunidense, sin la actitud constructiva de la que habla el gobierno mexicano, insistió nuevamente en poner en marcha la salida de su país del TLCAN.
“Lo que acordamos es que vamos a seguir trabajando de una manera seria, en un proceso de negociación que está en marcha y, como lo dijimos el domingo pasado, el gobierno de México no va a litigar y no va a negociar ningún aspecto de la relación bilateral, incluyendo el TLCAN, a través de los medios de comunicación, o a través de las redes sociales”, machacó el canciller mexicano.
En los días previos a las reuniones comerciales en México, Trump pareciera obsesionado con el tema de iniciar el proceso de terminación del TLCAN, lo cual puede llevar a cabo con una simple notificación al Congreso federal de su país.
“La posición del gobierno mexicano es una posición seria, una posición profesional y es una posición basada en la soberanía de México y en el interés de nuestra nación”, agregó Videgaray.
De los encuentros sostenidos en la Casa Blanca con Lighthizer, Ross, Kushner, McMaster y Tillerson, Videgaray dijo que además de hablar del proceso de fases que se vienen sobre las renegociaciones del TLCAN, abordaron asuntos relacionados con temas de seguridad nacional, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, entre otros aspectos de la agenda bilateral.
En la sesión de fotografías antes de iniciar la reunión formal a puerta cerrada con Tillerson en el Departamento de Estado, el encargado de las relaciones exteriores del gobierno de Trump agradeció la oferta del gobierno de México de ayudar en las labores de asistencia a las poblaciones en el estado de Texas y Louisiana, por las inundaciones que dejaron a su paso las tormentas tropicales generadas por el huracán “Harvey”.
Tillerson nunca aclaró si el gobierno de Trump aceptó la oferta mexicana, aunque el gobernador del estado de Texas, el republicano Gregg Abott, ya dijo que aceptaba el auxilio del gobierno de México.

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México alberga el round 2 del TLCAN en medio de las amenazas de Trump

Foto: Notimex

EL ECONOMISTA

México acoge desde este viernes la segunda ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en medio de las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de retirarse del acuerdo.
Representantes de México, Estados Unidos y Canadá se reunirán en la capital mexicana del 1 al 5 de septiembre tras una primera ronda que se llevó a cabo en Washington del 16 al 20 de agosto, en la que los tres países plantearon más de dos docenas de temas que se comprometieron a discutir rápidamente.
NOTICIA: Canadá exhorta a priorizar “números frente a comentarios" en TLCAN
México espera que las negociaciones, que los tres socios quieren concluir al cierre de este año, deriven en un acuerdo beneficioso pese a las amenazas de Trump.
"El escenario base es que encuentren puntos en común y haya pequeños cambios al acuerdo que difícilmente afecten las relaciones comerciales en el bloque", dijo a la AFP Neil Shearing, economista de la firma británica Capital Economics.
Trump, quien ha tildado al TLCAN de ser el peor acuerdo jamás firmado por su país, ha amenazado durante las últimas semanas en distintas ocasiones y en Twitter con retirarse del pacto, aludiendo a la dificultad de las conversaciones y el déficit comercial de poco más de 64,000 millones de dólares de Estados Unidos con México.
Sin embargo, estas amenazas han perdido la fuerza que tenían al inicio de la administración Trump.
NOTICIA: EU tiene visión errónea de los déficits: Guajardo
El gobierno mexicano ha dicho que no negociará el acuerdo a través de redes sociales y el canciller Luis Videgaray calificó las amenazas como un estilo "peculiar" de negociar.
"La ventaja y el poder que Estados Unidos tiene en el contexto del TLCAN es quizá un poco menos de lo que la administración Trump piensa", dijo a periodistas Jean-François Perrault, economista en jefe de Scotiabank.
Perrault resaltó la dependencia que tiene Estados Unidos con sus socios comerciales: 14 millones de empleos en el país dependen del intercambio con México y Canadá.
Además, hay una fuerte presión de parte de la iniciativa privada estadounidense para mantener el pacto.
"Ha habido señales para Trump de diversos grupos haciendo llegar su voz de que es perjudicial para Estados Unidos abandonar el acuerdo", dijo a la AFP Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA Bancomer.
NOTICIA: El TLCAN no rige todas las exportaciones a EU, señalan empresarios
Al mismo tiempo, la economía mexicana ha resistido mejor de lo esperado las amenazas de Trump y creció 3% anual en el segundo trimestre del año.
El miércoles, el Banco de México (Banxico) elevó su pronóstico de crecimiento en este año a un rango entre 2 y 2.5% ante la percepción de un menor riesgo en la relación bilateral con Estados Unidos.

Plan B

Sin embargo, el gobierno mexicano considera que la posibilidad de un TLCAN sin Estados Unidos es real, por lo que desde el inicio consideró un plan B.
Parte de ese plan alternativo incluye la diversificación comercial para disminuir la fuerte dependencia de México con Estados Unidos, destino del 80% de sus exportaciones.
Los especialistas están también conscientes del riesgo. "Nos puede sorprender, Trump sí tiene esa facultad ejecutiva" de abandonar el acuerdo), dijo a la AFP Alejandro Luna, socio del despacho Santamarina & Steta.
NOTICIA: Moody’s espera desenlace del TLCAN para calificar deuda
Si Trump decide abandonar el TLCAN, entrarían en vigor los aranceles de cada país bajo las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Scotiabank señala que en ese caso los bienes estadounidenses enfrentarían mayores aranceles en México que los bienes mexicanos en Estados Unidos.
Luna espera que haya una ronda complicada de negociaciones, que continuarán a finales de septiembre en Ottawa para regresar a Washington en octubre.
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Entre los temas más espinosos están la propuesta estadounidense de eliminar el mecanismo para la solución de controversias del tratado y endurecer las reglas de origen, requiriendo por ejemplo que cierto porcentaje de las auto-partes se fabrique en Estados Unidos para que no tengan aranceles.
También preocupa la insistencia en reducir el déficit comercial, pues para los expertos, este saldo rojo obedece a factores estructurales de la economía estadounidense que no se pueden resolver en una negociación comercial.
Los tres países firmaron también un acuerdo de confidencialidad para el manejo de la información sobre la negociación, que el gobierno mexicano aseguró no compromete sus prioridades en el proceso.
erp

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El TLCAN y la colisión automotriz

 
PROCESO 
 
La administración de Donald Trump desarrolla una estrategia paralela a la renegociación del TLCAN, que consiste en presionar con distintas medidas al gobierno mexicano para debilitar sus posiciones. Sin embargo, sus propósitos de modificar el tratado no han cambiado: no sólo tratarán de establecer su propia regla de origen en la industria automotriz, sino que insistirán en la homologación de salarios, temas en que los equipos negociadores han adoptado posiciones supuestamente inamovibles.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Con los peores augurios se iniciará, este 1 de septiembre en la Ciudad de México, la segunda ronda de negociaciones para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que culminará el día 5.

No abona a una negociación serena el más reciente y enésimo amago del presidente estadunidense Donald Trump, el martes 22, de terminar con el tratado y construir a toda costa el ya célebre muro en la frontera con México, aun si tiene que confrontarse con el Congreso de su país y cerrar parcialmente su gobierno si no le dan los fondos necesarios para dicha construcción. Eso ha dicho.
Pero más allá del vociferante discurso de Trump y sus amagos, lo que está enrareciendo más el entorno para el reinicio de las pláticas entre los negociadores de los tres países, son las acciones de presión, el juego rudo y los golpes soterrados contra México que está empleando el gobierno de Trump para tratar de debilitar la postura negociadora de nuestro país.
Hasta ahora van tres golpes bajos y ruines del gobierno estadunidense para dañar la imagen internacional de México.
El primero fue el miércoles 9, cuando, sin una investigación concluyente, el Departamento del Tesoro dio a conocer que, en una lista de 21 mexicanos, dos personajes famosos y muy populares del país –el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julio César Álvarez Montelongo, Julión Álvarez– estaban involucrados en actividades de lavado de dinero y de narcotráfico, pues los acusa de ser prestanombres del capo Raúl Flores Hernández, quien según el Departamento del Tesoro opera de manera independiente desde los ochenta pero mantiene “alianzas estratégicas” con los líderes de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
La intención de hacer daño al país y al gobierno mexicano quedó en claro, pues las revelaciones del Departamento del Tesoro fueron un día después de una visita del presidente Peña Nieto a Chiapas, de la cual se difundió una gran cantidad de fotografías y videos del mandatario, acompañado del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco y… de Julión Álvarez, en franca y divertida convivencia.
El segundo agravio vino el martes 22. El gobierno de Trump lanzó una nueva alerta a sus ciudadanos para que restrinjan sus viajes a ciertas ciudades y entidades del país o de plano los eviten, por los altos índices de violencia provocados por el crimen organizado.
El corresponsal de Proceso en Washington, Jesús Esquivel, escribió para la agencia Apro y la página web proceso.com.mx lo
siguiente:
“La advertencia se enfoca de manera especial a los estados de Aguascalientes, Coahuila, Colima, Durango, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Aunque también destaca la inclusión de los destinos turísticos de Quintana Roo, como lo son Cancún, Cozumel, Playa de Carmen, Riviera Maya y Tulum.
“En las entidades señaladas, el Departamento de Estado aconseja a los ciudadanos estadunidenses evitar los clubes para adultos y los establecimientos de juegos de azar.
También, que “los ciudadanos de Estados Unidos han sido víctimas de crímenes violentos, incluyendo homicidios, secuestros, robo de autos y robos en varios estados de México”, subraya el comunicado del Departamento de Estado.
“La nueva advertencia reemplaza a la que divulgó el 8 de diciembre de 2016”, escribe el corresponsal, e informa que entre las razones para pedirle a sus ciudadanos que eviten viajar a México y enfáticamente a los 10 estados subrayados, el gobierno de Trump apunta que “en esas entidades a pleno día se llevan a cabo batallas a tiros entre las organizaciones criminales que tienen rivalidad”.
Dice el corresponsal: “La notificación a los ciudadanos estadunidenses explica las diferentes formas de crímenes a los que pueden estar sujetos en México, tales como el secuestro, robos a mano armada y robo de automóviles, entre otros.
La advertencia del gobierno de Trump añade que “los ciudadanos de Estados Unidos deben usar carreteras de cuota cuando les sea posible y en áreas remotas la cobertura telefónica es limitada o no existe”.
El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, no dudó en señalar que Estados Unidos esté utilizando este tipo de alertas para presionar a México durante las negociaciones del TLC. Públicamente, el secretario manifestó su preocupación, pues 60% de los viajeros internacionales que ingresan al país por avión son de Estados Unidos.
El tercer golpe bajo fue el miércoles 23. Estados Unidos le canceló la visa al gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, quien ya tenía reservaciones de hotel para él y quienes lo acompañarían a la Feria del Caballo Español en Los Ángeles, del 15 al 17 de septiembre.
El gobernador se enteró de que tenía cancelada la visa cuando le negaron la compra de boletos en la agencia de viajes. Dicha cancelación estaría relacionada con una probable investigación en contra suya por parte del gobierno estadunidense, pues Sandoval es acusado de proteger a su compadre, Édgar Veytia, quien tenía bajo su control tanto la procuración de la justicia como la seguridad pública en Nayarit.
Pero se descubrió que Veytia era toda una fichita, pues resultó ser traficante de drogas a gran escala, principalmente de heroína, cocaína, mariguana y metanfetaminas.
Conocido como El Diablo, Veytia fue detenido en San Diego, California, el 27 de marzo pasado, acusado de presuntos delitos contra la salud.
Déficit y competitividad 
En ese entorno se iniciarán las pláticas de la segunda ronda de negociaciones el viernes próximo. Pero el asunto se agrava porque los negociadores estadunidenses, encabezados por el representante comercial de ese país, Robert E. Lighthizer, vienen con todo para sacar adelante los caprichos de su presidente y sus obsesiones, ya patológicas, contra México, al que acusa de abusivo y de robarle millones de empleos a su país.
Desde la primera ronda, en Washington, los estadunidenses dejaron claro que su principal objetivo es abatir el déficit comercial que tiene Estados Unidos en su comercio con México, que supera los 63 mil millones de dólares. Y la mayor parte de ese déficit viene de la ahora poderosa industria automotriz instalada en México, que ha multiplicado por poco más de 3.5 sus exportaciones desde 1994, año de inicio del TLCAN.
De hecho, la balanza comercial automotriz arroja un superávit cercano a los 55 mil millones de dólares. Y eso es lo que no le gusta a Trump. Por eso, los negociadores estadunidenses tienen entre sus principales objetivos atacar a la industria automotriz en México.
Para ello está proponiendo cambiar las llamadas “reglas de origen”, que determinan el porcentaje de contenido local y regional de los bienes producidos por los tres países.
La norma vigente establece, en el caso de la industria automotriz, que cada vehículo o automotor, “para que se pueda considerar un ‘auto Nafta’ o ‘auto TLCAN’, debe tener un contenido por lo menos de 62.5% de cualquiera de los tres países o de los tres países juntos, o de dos, pero debe tener ese contenido regional para estar en esta zona de libre comercio”, explica en entrevista Guillermo Prieto Treviño, presidente ejecutivo de la Asociación de Distribuidores de Automóviles.
Según Prieto Treviño, “ese 62.5% de contenido regional es uno de los más altos que hay dentro del TLCAN. Y en promedio, todos los coches que se van de México a Estados Unidos, traen un componente de Estados Unidos y de piezas que se trajeron de ese país, de entre 40% y 45%”.
Pero ellos quieren más: pelearán para que haya reglas de origen para cada país y, por supuesto, que la de Estados Unidos prevea un mayor contenido de ese país en cada automóvil producido regionalmente.
O sea, quieren sacar de la jugada a México.
Eduardo Solís, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz –quien participó en las negociaciones del TLC original, como lo hace ahora, en el llamado “cuarto de junto”, desde donde el sector empresarial del país apoya las negociaciones–, coincide con Prieto Treviño en que la regla del 62.5% “ha permitido que las autopartes de América del Norte tengan una porción privilegiada frente a otras que vienen de otros países.
“Entonces, mover esa regla de origen en este momento nos parece ocioso, cuando es, sin duda, como dije, la regla de origen más estricta del tratado.”
Agrega: “Sabemos que Estados Unidos, en las negociaciones se va a abocar a lo que llama los déficit comerciales. El sector automotriz, cuando uno lo ve desde afuera, hay un déficit comercial a favor de México. Pero 40% de cada vehículo que nosotros enviamos a Estados Unidos tiene partes y componentes de ese país, de manera que en nuestro éxito en el comercio de vehículos está el éxito también de las autopartes de Estados Unidos”.
Según el dirigente empresarial, de manera muy probada “México ha podido mostrar sus credenciales de por qué es atractivo en la generación de nuevas inversiones en este sector. Tenemos una red de acuerdos comerciales grande, sólida; tenemos una muy importante cadena de suministro. Así como hoy somos el séptimo fabricante de vehículos y el cuarto exportador a nivel mundial, también en autopartes somos el sexto fabricante y el quinto exportador mundial.
“Me parece que una cadena de suministro fuerte ha permitido tener un sector muy sólido, también una mano de obra altamente calificada”, afirma Solís.
–Sí, pero Estados Unidos, y un poco menos Canadá, se quejan de que México se ha visto favorecido por las inversiones de armadoras internacionales gracias a los bajos salarios de los mexicanos, que a ellos los deja fuera de competencia –se le plantea.
–Cuando me dicen que el tema es el costo de mano de obra, mano de obra barata, les digo: si eso fuera, tendríamos plantas automotrices en Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua, países que tienen mejor perfil de costo de mano de obra que México.
“Yo creo que el tema no es el costo de la mano de obra, sino la competitividad, donde la productividad de la mano de obra mexicana ha probado ser de las mejores del mundo. Hay empresas cuyas plantas en México están entre las primeras tres a nivel mundial en productividad, y yo creo que esa mano de obra, tanto de ingenieros como de técnicos, es sin duda un diferenciador.”
–Pero, la verdad, no se comparan los salarios en la industria automotriz de aquí con los de Estados Unidos y Canadá…
–Tampoco los salarios de los periodistas ni de los fotógrafos; no somos Estados Unidos.
La guerra por los salarios 
Los negociadores de Estados Unidos se van a ir en contra de la industria automotriz en México por la vía de cambios en las reglas de origen –que los negociadores mexicanos han dicho que no moverán un ápice–, pero también por los salarios, que en México son abismalmente bajos en comparación de los de sus socios comerciales.
Así lo demuestra un documento de trabajo de la Red de Estudios sobre Desigualdades, de El Colegio de México, fechado en marzo pasado. La investigación “El futuro del trabajo automotriz en México”, elaborada por Mauricio Rodríguez Abreu y Landy Sánchez Peña para la serie “Apuntes para la equidad”, del seminario sobre Trabajo y Desigualdades, ofrece información brutal:
“El empleo en la industria automotriz en México hoy en día es siete veces mayor que en 1994. De los puestos generados, 93%, fueron en la industria de partes automotrices.
“Sin embargo, la diferencia salarial entre los países de la región del TLCAN persiste. En 2016, por cada dólar por hora que un trabajador mexicano ganó en las empresas armadoras automotrices, un estadunidense ganó 9.1 dólares y un canadiense 8.4. En la industria de partes automotrices la brecha fue mayor, de 11.8 y 12.8 dólares, respectivamente.
“A partir de la firma del TLCAN, el empleo en la industria automotriz mexicana incrementó más de siete veces su tamaño al pasar de 112 mil a 767 mil empleos. Por el contrario, el empleo en esta industria en los Estados Unidos y Canadá presentó tendencias a la baja, de 1 millón a 940 mil y de 128 mil a 126 mil empleos, respectivamente.
“Como consecuencia de esta dinámica, la distribución de los empleos en la industria en la región sufrió cambios considerables que resultaron en una redistribución de la mano de obra, principalmente hacia México. Estados Unidos redujo su importancia relativa al disminuir su porcentaje de empleos, de 82.5% en 1994 a 51.3% en 2016; Canadá pasó de 9.9% a 6.9%, y México ganó terreno al incrementar de 7.6% a 41.8%.
“Los Estados Unidos mantienen la mayor proporción de los empleos automotrices en la región y se aprecia un repunte importante en los mismos desde la reestructuración financiera impulsada en 2008. En el caso mexicano, la mayor generación de empleos ocurrió en la industria de partes automotrices, que incrementó su importancia de 51.7% en 1994 a 87.9% en 2016, mientras que la industria terminal disminuyó su importancia relativa, al pasar de 41.6% a 10.4% en el mismo periodo.
“Por el contrario, la composición del empleo en la industria en Estados Unidos y Canadá presentó cambios menores. Gran parte de este auge en el empleo automotriz en México se debe a los menores costos de producción asociados a los bajos salarios en el país en comparación con los de Estados Unidos y Canadá. Por ejemplo, en 2016, un trabajador mexicano en la industria terminal percibió un sueldo de 3.14 dólares por hora, mientras que un trabajador en los Estados Unidos ganaba más de 28.60 dólares, y uno en Canadá 26.40 dólares.
“La brecha salarial entre los países no sólo se ha mantenido, sino que se ha incrementado. Por ejemplo, en 1994, los salarios en la industria automotriz terminal en Estados Unidos y Canadá eran 5.4 y 5.1 veces los salarios en México; en 2016, dicha razón de salarios se incrementó a 9.1 y 8.4. De igual manera, la brecha salarial se conservó en la industria de partes automotrices, donde un trabajador mexicano ganó 7.8% de lo que gana un trabajador canadiense y sólo 8.4% de un trabajador estadunidense. En los tres países, pero sobre todo en México, las condiciones laborales difieren notoriamente entre las armadoras y las que fabrican partes automotrices, así como también entre empresas. Además de las diferencias productivas, un elemento explicativo es la ausencia de una efectiva participación de los trabajadores y sus sindicatos en el proceso de reestructuración de la industria y en el reparto de los beneficios.”
Viene, pues, la guerra en las negociaciones del TLCAN.
Este reportaje se publicó el 27 de agosto de 2017 en la edición 2130 de la revista Proceso. 

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Abengoa renuncia al acueducto El Zapotillo-León

Juan Carlos G. Partida
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 31 de agosto de 2017, p. 29
Guadalajara, Jal.
La constructora española Abengoa renunció a la concesión para edificar y operar el acueducto de 139 kilómetros entre la presa El Zapotillo, en los Altos de Jalisco, a la ciudad de León, Guanajuato, lo que ayer polarizó la comparecencia de funcionarios estatales ante la comisión especial del Congreso local para la gestión integral del agua.
Abengoa, que en octubre de 2011 obtuvo la licitación para el acueducto, informó el lunes pasado a la Bolsa Mexicana de Valores que el 25 de agosto Concesionaria del Acueducto el Zapotillo SA de CV, sociedad afiliada de Abengoa México, presentó su renuncia a la concesión.
El proyecto originalmente costaría 6 mil 867 millones de pesos, pero en junio pasado, a pesar que no se había avanzado en la construcción ni en la obtención del derecho de vía, ya estaba tasado en 8 mil 400 millones de pesos.
Diputados de la comisión especial del Congreso estatal cuestionaron a los funcionarios por qué el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) entregó hace tres años 604 millones de pesos para refinanciar a Abengoa, pese a que entonces ya se conocían los problemas financieros de la empresa, y por qué el dinero –que a la fecha no ha dado rendimientos financieros– fue tomado de forma discrecional del fondo de retiro de los burócratas.
El desfile de funcionarios incluyó al director de la Comisión Estatal del Agua, así como a los secretarios de Gobierno, Infraestructura, Finanzas, Desarrollo Económico, Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Ante lo rígido del formato, diputados de los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, así como el independiente Pedro Kumamoto, se retiraron después de que no se aclararon dudas sobre la decisión de aumentar el tamaño de la cortina de 80 a 105 metros de altura, lo que inundará las comunidades Temacapulín, Acasico y Palmarejo.
El secretario general de la Federación General de Trabajadores del Estado y Municipios, Cuauhtémoc Peña, exigió al Ipejal la devolución de los 604 millones de pesos.

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Se requiere una gran reforma social: Narro


Andrea Becerril y Víctor Ballinas
 
Periódico La Jornada
Jueves 31 de agosto de 2017, p. 6
El secretario de Salud, José Narro, dijo ante senadores del PRI que se requiere una segunda generación de reformas estructurales, sobre todo ‘‘una gran reforma social que permita avanzar a un Estado con derechos exigibles para todos’’, y advirtió que se deben consolidar los logros de la actual administración para que el próximo gobierno, ‘‘que será del Revolucionario Institucional, pueda darle continuidad’’.
Resaltó que no hay duda de que el PRI mantendrá la Presidencia de la República en 2018. El partido, agregó, está preparado para ello, y advirtió: ‘‘Tenemos que actuar con institucionalidad y con absoluto compromiso y lealtad con quien es el líder de nuestro partido, que es Enrique Peña Nieto’’.
Interrogado sobre la posibilidad de que sea el candidato del PRI a la Presidencia, Narro Robles respondió que los tiempos todavía no han llegado. ‘‘Ya se aproximan, están más cerca, pero todavía falta. No hay quien esté convocando, no hay definiciones y hay que esperar’’.
–¿Le interesa la candidatura?
–Me interesa cumplir con la tarea a la que me comprometí; nunca he llegado a un lugar pensando en lo siguiente.
Al participar en la reunión plenaria de los senadores del PRI, Narro recibió aplausos y gritos de ‘‘¡bravo, bravo!’’ del coordinador Emilio Gamboa Patrón y los demás legisladores.
La senadora Itzel Ríos aclaró: ‘‘Nadie vino a armar porras, todo fue espontáneo y producto del cariño. Muchos aquí le van a otros equipos, pero si usted nos invita a ver un partido de Pumas…’’
Narro se manifestó luego por una segunda generación de reformas estructurales. ‘‘Una que mire ahora a lo social, que aproveche los cambios estructurales en la economía, en la productividad y en el empleo para generar más riqueza y mejores mecanismos de redistribución de la misma. Esa es, en mi opinión, una de las grandes tareas’’.
Resaltó que se tienen que consolidar los logros alcanzados en esta administración ‘‘para que el próximo gobierno, que será nuestro, pueda darles continuidad. ¿O tienen alguna duda?’’, preguntó.
El titular de Salud agregó: ‘‘Claro que vamos a ganar. Cómo creen que no. Queremos ganar porque queremos seguir gobernando’’.

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Peña Nieto culpa del rezago en seguridad a los estados y pide atención al Congreso


 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Réplica de sus primeros discursos como presidente de México –e inclusive de los de su antecesor, Felipe Calderón–, Enrique Peña Nieto elogió sus acciones en materia de seguridad y reclamó a los estados y municipios, su rezago.
“Para el gobierno de la República, la política de seguridad ha sido una política de la mayor prioridad. Así lo ha sido porque los retos que enfrentamos en materia de seguridad requieren una respuesta firme y decidida”, dijo.
Momentos después, añadió: “Hay que reconocer que el diseño institucional vigente de descentralización en las labores de seguridad ha sido rebasado por los desafíos del siglo XXI. Mientras que las organizaciones criminales han adoptado avances tecnológicos y se han vuelto sumamente complejas, muchas instituciones locales de seguridad no han evolucionado”.
En el acto de clausura de una sesión más del Consejo Nacional de Seguridad, Peña Nieto expuso que desde el primer día de su gobierno impulsó una política de coordinación en tareas de seguridad, privilegiando la prevención del delito y las tareas de inteligencia.
Sin embargo, destacó, hay entidades que “no cuentan con cuerpos policiacos suficientemente sólidos y confiables, y en el caso de los municipios, muchos ni siquiera han desarrollado sus propias corporaciones”.
Según él, la presencia de Fuerzas Federales “por sí misma” genera tranquilidad en la población en las entidades federativas pero “también sabemos que por definición este respaldo no puede ni debe ser permanente”.
A punto de rendir su Quinto Informe de Gobierno y sin poder remontar el fenómeno de violencia como comprometió el primer día de mandato con su eje México en Paz, consideró que “la solución de fondo requiere que los gobiernos locales cumplan cabalmente con la responsabilidad de fortalecer sus instituciones de seguridad y de procuración de justicia”.
Añadió que fortalecer a las corporaciones de seguridad estatales y municipales es hoy más importante que hace unos años pues, sostuvo, el fenómeno delictivo se está transformando y aseguró que al combatir al crimen organizado logró debilitar la estructura operativa y financiera de los grandes cárteles, pero eso implicó que existan nuevos retos en el ámbito local.
Luego de mencionar las cifras de inversión pública federal en la materia, Peña Nieto ejemplificó que, en 2011, tres de cada 10 homicidios no tenían relación con el crimen organizado, mientras que ahora son cinco de cada 10, esto es que, el 50% de los homicidios son responsabilidad del fuero común.
“Es decir, 50% de los homicidios registrados en el país son por fenómenos delictivos locales relacionados con el robo, el secuestro, el pandillerismo, la violencia intrafamiliar o la violencia contra la mujer”, agregó aludiendo a la incidencia que compete a los gobiernos estatales.
Centrado en esa idea, Peña Nieto se refirió al Congreso:
“Y por eso también la importancia de la iniciativa de Mando Único Policial que envié al Poder Legislativo. Su objetivo es transformar mil 800 cuerpos policiacos que hoy tenemos, en 32 policías estatales únicas, profesionales, más confiables y capaces para hacer frente a la delincuencia.
“En cambio, la propuesta de mando mixto que se discute en el Congreso podría, desde la perspectiva del gobierno de la república, generar incertidumbre, falta de claridad y procesos administrativos que distraerían de las tareas de seguridad”.
Independientemente del modelo que se escoja, expuso, “es urgente alcanzar una definición en esta materia y actuar en consecuencia”.
Fue entonces cuando llamó al Congreso de la Unión, a “analizar y determinar si las herramientas que tenemos como Estado mexicano son o no suficientes y adecuadas para asegurar la tranquilidad y el imperio de la ley en todo el territorio nacional”.
Luego, agregó:
“Garantizar las condiciones de seguridad no sólo está en la responsabilidad y el ámbito del ejecutivo en los diferentes órdenes de gobierno, sino también en la activa y comprometida participación que deban de tener los legisladores y los jueces en los distintos ámbitos de actuación”.
En el acto, realizado en Palacio Nacional, Peña Nieto se mantuvo ajeno a los reclamos internos y externos por el estado de los derechos humanos, e insistió en su reconocimiento a las Fuerzas Armadas que suele realizar a cada oportunidad, al considerar que “han apoyado, respaldado, a todos los órdenes de gobierno en las tareas de seguridad, sin importar el origen partidario de gobierno alguno, teniendo por delante la única misión de velar por la seguridad de las familias mexicanas”.

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Ramírez Marín será el presidente de la mesa directiva en San Lázaro


Enrique Méndez y Roberto Garduño
 
Periódico La Jornada
Jueves 31 de agosto de 2017, p. 6
Jorge Carlos Ramírez Marín, político de amplia experiencia en el servicio público, será presidente de la Cámara de Diputados a partir de hoy. Sus compañeros de la bancada del PRI, el coordinador César Camacho, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, y el dirigente priísta, Enrique Ochoa Reza, ponderaron al yucateco por ser ‘‘garantía de estabilidad para el país’’.
En un proceso terso, sin obstáculo enfrente, Ramírez Marín será electo presidente camaral (por segunda vez) con el respaldo de sus compañeros de bancada, y será aceptado por todas las fuerzas parlamentarias.
Ayer los príistas recibieron a Ramírez Marín con una ovación y un coro uniforme: ¡presidente!, ¡presidente! Tal respuesta fue agradecida por el nuevo presidente de la mesa directiva, quien se comprometió a ‘‘garantizar la unidad de la cámara, el cumplimiento del reglamento, que se realicen los trabajos del órgano legislativo. Por supuesto, con un altísimo sentido de responsabilidad, y si mis compañeros finalmente así lo deciden, pienso honrarlo’’.
El reconocimiento al yucateco también lo extendió el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, pues ‘‘está con nosotros quien habrá de presidir los trabajos de la cámara. Nos ha tocado hacer trabajo juntos en el pasado, y eso debería darle una gran tranquilidad al país: la conducción serena, talentosa del prócer Jorge Carlos Ramírez Marín’’.

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Combustibles sintéticos a un paso de ser realidad: Bosch

El Economista 
Los combustibles sintéticos pueden hacer que los vehículos de gasolina y diésel sean neutros en carbono y, por lo tanto, que contribuyan significativamente a limitar el calentamiento global, según la empresa Robert Bosch GmbH.
Diario Expansión / España
Ago 31, 2017 |
9:19
Foto EE: Gabriela Esquivel

¿Te imaginas un motor de combustión libre de emisiones de carbono? Pues lo que antes parecía inimaginable pronto puede convertirse en realidad gracias a la ayuda de Bosch. El secreto, los combustibles sintéticos o neutros en carbono en cuyo proceso de fabricación capturan CO2. De esta manera, este gas de efecto invernadero se convierte en materia prima pudiendo producir gasolina, diésel y un sustituto del gas natural con la ayuda de electricidad generada por energías renovables.
Según asegura Volkmar Denner, presidente del Consejo de Administración de Robert Bosch GmbH: "Los combustibles sintéticos pueden hacer que los vehículos de gasolina y diésel sean neutros en carbono y, por lo tanto, que contribuyan significativamente a limitar el calentamiento global".
NOTICIA: Piden normas de combustibles de la EPA para México
Según el estudio de la compañía, en 2050 el uso de este combustible podría ahorrar hasta 2.8 gigatoneladas de CO2, o lo que es lo mismo, el triple de las emisiones de dióxido de carbono que produjo Alemania el año pasado.
Para la fabricación de estos combustibles, se extraen del agua las partículas de hidrógeno y se combinan con el CO2 reciclado de otros procesos industriales y de las partículas de dióxido de carbono que han capturado los filtros del aire. Este proceso se lleva a cabo en unas plantas especiales donde se emplea la electricidad generadas por energías renovables.
El resultado que se obtiene es un combustible completamente sintético que hace funcionar tanto a motores diésel como de gasolina sin necesidad de modificar sus componentes internos. Otra ventaja sería la de poder suministrarse en cualquier estación de servicio, evitando tener que instalar una nueva red.
NOTICIA: Ven potencial de biocombustibles en el área alimentaria
Aunque en la actualidad la fabricación de estos combustibles es algo complejo y costoso, con el tiempo, e incrementando su producción su precio rondaría el 1 o 1.40 euros por litro, según los estudios de Bosch.
A pesar de que la emisión de CO2 por parte de los coches seguiría siendo igual, en la fabricación de este combustible sintético se retirará el mismo número de partículas de la atmósfera.
erp

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Ecuador: las izquierdas contra sí mismas



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El pasado proceso electoral en Ecuador profundizó la división entre las izquierdas en el país. Ganó el correísmo pero terminó por aislarse de las fuerzas de izquierda. La disputa es tal que grupos marxistas llamaron a votar por un exbanquero y no por el candidato del “pueblo”. Urgente las lecturas del pensador Agustín Cueva
Juan J Paz y Miño Cepeda*/Prensa Latina



Quito, Ecuador. En 1976, en pleno auge de las ciencias sociales de la región, se publicó el libro Teoría, acción social y desarrollo en América Latina, de Aldo E Solari, Rolando Franco y Joel Jutkowitz, un balance crítico del pensamiento sociológico latinoamericano desde una perspectiva historicista. Igualmente quedó en claro que, para entonces, los ejes intelectuales pasaban por la afinidad u oposición a la teoría marxista.
Alrededor de la década de 1980 también la ciencia social ecuatoriana alcanzó su mayor desarrollo e influencia. Entre la nueva generación de pensadores igualmente hegemonizó el marxismo, y se produjeron los más importantes estudios sobre el país, que tienen determinante influencia hasta el presente.
Anticipándose a esta generación, Agustín Cueva (1937-1992) fue pionero en replantear los estudios sobre Ecuador desde la perspectiva del marxismo crítico. Si bien en su obra Entre la ira y la esperanza (1967), Agustín –con quien guardé una buena amistad–, trazó una interesante visión de la literatura ecuatoriana como expresión de los diversos momentos históricos del país; y fue su libro El proceso de dominación política en el Ecuador (1972) el que marcó el inicio de la sociología marxista contemporánea, con un estudio que acudió a la historia como fundamento para la comprensión no sólo de la trayectoria republicana del país, sino también para resaltar la naturaleza del “velasquismo”; es decir, de los gobiernos del “populista” José María Velasco Ibarra.

Agustín Cueva se alejó del Ecuador y residió en México, donde pasó a ser profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Continuaron allí sus investigaciones, entre las que cabe destacar El desarrollo del capitalismo en América Latina (1977), un libro ajustado al estudio concreto de la historia. En 1987, cuando galopaba la perestroika en la unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), fue publicada otra obra fundamental: La teoría marxista. Categorías de base y problemas actuales (1987), en la que Cueva precisó el pensamiento de Marx, criticó sus dogmatizaciones e incluso se anticipó a cuestionar las concepciones de Antonio Gramsci, a quien ya para entonces, tanto en Europa occidental como en América Latina, se tenía, según el mismo Agustín, como el novísimo anti-Lenin, “dotado de incalculables proyecciones teóricas y aun políticas”.
Ahora bien, al despegue de la ciencia social latinoamericana en general y ecuatoriana, en particular, siguió, en pocos años, el derrumbe del socialismo en la URSS y los países del Este, que trajo como consecuencia una verdadera catástrofe para el marxismo como teoría otrora hegemónica y, con todo ello, el impresionante reflujo del partidismo de izquierda y de los movimientos sociales, sobre cuya base pudo erigirse como campeón el mundo del capital transnacional globalizado, el neoliberalismo en América Latina, y en Ecuador el modelo empresarial/neoliberal.
Pero así como el proceso de la independencia latinoamericana marcó el rompimiento con el colonialismo a inicios del siglo XIX y en los albores del régimen capitalista (eso otorga a las revoluciones independentistas un valor histórico que tratan de negarlo quienes sólo las ven como un hecho de la clase criolla), la ruptura contra la victoria del capital transnacional provino de los gobiernos democráticos, progresistas y de nueva izquierda nacidos en América Latina a inicios del siglo XXI, e inaugurados por el presidente Hugo Chávez (1999-2013).
Contrariando ciertas creencias, la reivindicación del socialismo del siglo XXI, el surgimiento de una nueva izquierda y la gestión de los gobiernos progresistas y democráticos, no sólo marcaron el inicio de un “ciclo” histórico distinto en América Latina, sino que crearon el espacio político para el resurgir de las antiguas izquierdas y para que el marxismo recobrara importancia teórica en la región.
En Ecuador, los sectores de izquierda, los marxistas de todas las vertientes, y los debilitados movimientos sociales como el indígena o el de los trabajadores, que habían sido seriamente golpeados y marginados por la consolidación del modelo empresarial/neoliberal, convergieron en el triunfo presidencial de Rafael Correa (2007-2017), en el proceso constituyente (2008) y en el ascenso inicial de la Revolución Ciudadana. Bien pronto el izquierdismo rompió con el gobierno, al que, desde entonces, consideraron como “traidor”.
En esas circunstancias, desde la oposición y el visceral anticorreísmo, también surgió un marxismo que ha adquirido vida propia. De allí ha provenido una gama central de conceptos que se han repetido en entrevistas, libros, artículos y páginas de internet: el “correísmo” no tiene ideología, porque es la expresión práctica del autoritarismo, la represión, la criminalización de la protesta social, la dictadura; el “correísmo” controla todos los poderes del Estado; simplemente ha apuntalado un capitalismo extractivista (y transgénico); es una nueva forma de dominación a favor de nuevas elites y burguesías, así como del capital transnacional sobre todo chino; se trata de un populismo tecnocrático; un hiperpresidencialismo. Son conceptos que incluso han servido a las derechas que durante una década han combatido a la Revolución Ciudadana.
En la campaña presidencial de 2017, las izquierdas anticorreístas, aunque no de manera unánime, adoptaron tres posiciones: una fue el llamado a votar por Guillermo Lasso, e incluso hubo dirigentes políticos, indígenas y de trabajadores que estuvieron en campaña personal con el mismo exbanquero; otra fue la convocatoria a derrotar al correísmo, para salir de la “dictadura”; y finalmente, aquella que sostuvo que electoralmente se presentaban “dos derechas” y que el pueblo debía mantener su “independencia de clase”, para seguir construyendo, hacia futuro, la “verdadera” opción popular.
Si en la última década (el fenómeno es aún más antiguo) esas izquierdas no pudieron crear la alternativa auténticamente revolucionaria frente al correísmo tan vehementemente combatido, ahora se presentó una situación sui géneris, porque las posiciones anotadas apuntaron a lo mismo; es decir, a preferir e inducir al voto por Lasso, pero no por Lenín Moreno, de modo que en Ecuador y en América Latina, por primera vez en su historia se definió una izquierda y un marxismo probancario, sostenidos en los mismos conceptos formulados por sus intelectuales orgánicos, y que hoy adquirieron su real dimensión.
La corriente del marxismo anticorreísta se ha basado en posicionamientos meramente conceptuales, a los cuales se respalda con el uso selectivo de aquellos datos de la realidad que pueden calzar a los propósitos teóricos prefijados, con la unión de frases de Marx que supuestamente respaldan lo analizado, o con mayor “actualidad” acudiendo a lo que dijo Gramsci.
Salvando cualquier excepción, suele ser evidente la ausencia de fundamentos históricos, las insuficiencias para buscar respaldo en el conjunto de los hechos, la nula referencia a fuentes primarias o, por lo menos, la revisión de la literatura más significativa sobre cada tema abordado. Ese marxismo, así construido, tiene adeptos y aplausos sólo en sus propias filas.
Al conmemorarse en Ecuador los 25 años del fallecimiento del célebre Agustín Cueva, se vuelve necesario resaltar los fundamentos historicistas que él supo emplear para desarrollar sus investigaciones, porque a su fuerte formación teórica supo unir la práctica específica de la investigación “empírica” más rigurosa, sobre la base del examen de fuentes y datos, para la solidez de las ideas, y no para suplantar la realidad con meros conceptos y peor aún con la ideologización dogmática del marxismo.
*Analista ecuatoriano; doctor en historia y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador

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