martes, 5 de septiembre de 2017

CFEnergía firma contrato con Iberdrola México por cuatro mil mdd


 
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- CFEnergía, filial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y la eléctrica Iberdrola México suscribieron un contrato por cuatro mil millones de dólares para el suministro de gas durante 24 años destinado a la Central de Ciclo Combinado El Carmen, en Nuevo León, la primera que se construye en México para la venta de energía eléctrica al mercado eléctrico mayorista.
De acuerdo con un comunicado de la empresa productiva del Estado, CFEnergía utilizará parte de la nueva red de gasoductos impulsada por la reforma energética a través de la Secretaría de Energía (Sener).
CFE destacó que se trata del primer cliente generador eléctrico independiente para CFEnergía distinto a las empresas de generación de la CFE.
Actualmente CFEnergía suministra el gas natural para las centrales IPP de Altamira V, Tamazunchale y Baja California III.
La nueva planta de Iberdrola México, que se ubicará en el municipio de El Carmen, Nuevo León, con una potencia instalada de 866 MW y una inversión de 450 millones de dólares, iniciará su operación comercial en septiembre de 2019.
CFEnergía suministrará el gas natural con el que operará la planta. El área de construcción de la CFE estará a cargo de la obra de infraestructura eléctrica necesaria para la evacuación de la electricidad y conexión de la central al Sistema Eléctrico Nacional.
El contrato fue firmado el pasado 31 de agosto por el director general de CFEnergía, Guillermo Turrent, y el director general de Iberdrola México, Enrique Alba Carcelén, detalló el comunicado.

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Presenta Mancera el proyecto para generar energía con basura

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El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, presentó ayer al titular de la Semarnat, Rafael Pacchiano Alamán, la maqueta de la planta de termovalorización que se construirá en el Bordo PonienteFoto Luis Humberto González
Alejandro Cruz Flores0
 
Periódico La Jornada
Martes 5 de septiembre de 2017, p. 29
La planta de termovalorización de la Ciudad de México comenzará a operar a más tarde en 18 meses, señaló el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien ayer presentó de manera formal el proyecto que, aseguró, marcará un antes y después en la gestión de la basura en la ciudad.
Ante el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) federal, Rafael Pacchiano Alamán, señaló que la planta, la cual se ubicará en el Bordo Poniente, llevará el nombre de El Sarape, generará 3 mil empleos directos durante su construcción, así como 150 cuando inicie operaciones.
Recalcó que tendrá un costo 12 mil millones de pesos, que asumirá en su totalidad la empresa Veolia. No habría forma de que con recursos fiscales nosotros pudiéramos llevar a cabo la implementación de esta planta. El gobierno local cubrirá la inversión en anualidades de 2 mil millones de pesos.
En ese acto se presentó la maqueta de lo que será la planta, la cual, señaló el titula del Ejecutivo local, será la más grande del mundo, con capacidad 30 por ciento mayor a la de Los Ángeles, Estados Unidos, y contará con la última tecnología en el sector, por lo que marcará un antes y un después en materia de gestión de residuos sólidos en la ciudad y será un legado de su gobierno.
La planta de termovalorización permitirá transformar 4 mil 500 toneladas de basura en energía eléctrica limpia, 965 mil megavatios/hora, que moverán toda la red del Metro, lo que además de significar un ahorro para dicho sistema de transporte, permitirá que se dejen de emitir 700 mil toneladas de bióxido de carbono.
Esta administración comenzó con 13 mil toneladas de basura (diarias) que estaban siendo llevadas a disposiciones finales, a diferentes tiraderos para hablar claro, y va a concluir prácticamente con las mismas toneladas, pero ya con una gestión moderna y responsable, con el funcionamiento de las plantas de termovalorización, biodigestión y compactadoras que incluyen su estrategia de cero basura.
Por su parte, Pacchiano Alamán afirmó que con esta obra la Ciudad de México se convierte en ejemplo que tienen que seguir todos los estados de la República, por lo que hizo un llamado a presidentes municipales y gobernadores que vengan y que aprendan de esta gran lección que hoy el gobierno de la capital del país les está dando.
Señaló que en el país se generan 117 mil toneladas de basura al día, de las cuales 70 por ciento va a parar ríos, bosques y barrancas, mientras el resto, en su mayoría, va a parar a tiraderos a cielo abierto, lo que genera un problema ambiental y de salud importante.
Hoy el Gobierno de la Ciudad de México rompe un mito muy importante: que estos proyectos son caros, que no podrían ser accesibles a las diferentes autoridades municipales y estatales, pero hoy está demostrando que sí se puede, que no se necesita hacer una inversión por el gobierno, porque el sector privado está interesado en hacerlo.

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¿Vas a pagar tu recibo de Telmex? El martes no habrá quién te atienda

El Financiero 
Trabajadores de Teléfonos de México harán un paro de labores de 24 horas este martes 5 de septiembre, la protesta no afectará el servicio de línea telefónica ni de Internet Infinitum, pero no habrá empleados que atiendan quejas o reciban el pago de tu recibo.

Zenyazen Flores
04.09.2017 
Telmex
Trabajadores de Teléfonos de México (Telmex) harán un paro de labores de 24 horas este martes 5 de septiembre en protesta del resolutivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que ordenó la división funcional de la empresa, misma que no se ha pronunciado "con firmeza" en contra del fallo.

El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) señaló que todo está listo para que más de 40 mil trabajadores en activo falten este martes de manera colectiva a sus trabajos, lo que implicará que todos los servicios de atención al público se suspendan.

La falta colectiva iniciará a las 00:00 horas de este martes 5 de septiembre y terminará a las 23:59 horas del mismo día; los trabajadores acudirán a sus centros de trabajo pero no "checarán". En tanto, a las 13:00 horas el sindicato hará un mitin en las oficinas centrales de Telmex en la Ciudad de México.

"La falta afectará el servicio en las tiendas Telmex, por lo que los usuarios no podrán pagar sus recibos, también afectará a los usuarios que se les presente alguna falla en su telefonía fija o internet, pues no habrá personas que atiendan los reportes", explicó Eduardo Torres, vocero del STRM.

Torres aclaró que el paro de labores no afectará el servicio de línea telefónica ni de Internet Infinitum, los usuarios tendrán su línea activa y servicio de datos activos, lo único que no habrá será personas para atender eventuales reportes.

El vocero dijo que todos los trabajadores que falten se les descontará el día, pero dijo que el paro de labores es un acuerdo de la asamblea al considerar que la división de Telmex afecta derechos laborales y el Contrato Colectivo de Trabajo.

El jueves 31 de agosto, Héctor Slim Seade, director general de Telmex, y Francisco Hernández Juárez, secretario general del STRM, acordaron instalar una mesa de trabajo y negociación para dar seguimiento a las demandas del sindicato. 

STPS tumba cifras alegres de Peña sobre estabilidad laboral; van 22 huelgas en su gobierno


 
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En su mensaje con motivo del Quinto Informe de Gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto habló de la mejora en el poder adquisitivo y añadió:
“Aquí destaco las buenas relaciones laborales entre empresarios y trabajadores. En 46 meses, prácticamente no ha habido huelgas de carácter federal, no obstante que se han realizado 39 mil revisiones salariales y contractuales”.
Mintió.
La afirmación que pretende informar que en lo que va del sexenio no hubo huelgas, la han repetido al menos desde finales de 2016, tanto Peña Nieto como el secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida.
Para confirmarlo de manera oficial, se realizó una solicitud de acceso a la información a la STPS, en cuya respuesta se exponen los siguientes datos:
Del 1 de diciembre de 2012, al último día de febrero pasado, han estallado 22 huelgas de jurisdicción federal, además de que 33 mil 417 emplazamientos a huelga fueron conjurados.
En diciembre de 2012, se registró una huelga, pero el año de mayor conflictividad fue 2013, cuando estallaron 18 huelgas, a las que se suman dos en 2016 y una enero de 2017, año este último en el que no se contabilizaron los meses de mayor conflictividad en la respuesta a la solicitud, o sea de marzo a mayo, cuando concluyen numerosas revisiones contractuales.
Una curiosidad del registro de huelgas es que, al revisar en qué entidades ocurrieron, resulta que ocho de las 22 fueron en el Estado de México, entidad de donde es oriundo el mandatario y gran parte de su gabinete, incluyendo a Navarrete Prida.
La cifra tendría que ser superior pues existe evidencia de huelgas que estallaron pero que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró ilegales, como es el caso de lo ocurrido en la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”, en Coahuila, apenas en febrero pasado.
Aunque se había cumplido con todas las formalidades la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) la declaró ilegal por considerar que se había incumplido con un requisito de forma en el emplazamiento pues el sindicato puso “ejido Buenavista. Domicilio conocido”, algo que es correcto pues la localidad es ocupada por la Universidad y no tiene nomenclatura. Sin embargo, eso le valió la declaratoria de ilegalidad, según denuncio Roxana Cuevas, la dirigente sindical.
Por detalles como ése, el derecho a la huelga se ha visto menoscabado, de acuerdo al laboralista Manuel Fuentes Muñiz, que ha registrado prácticas inhibitorias y extralegales de la JFCA, por forzar negociaciones entre trabajadores y empresarios.

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Acuerdos sobre renegociación del TLCAN, quizá en la tercera ronda

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El diálogo sobre reglas de origen y solución de controversias llevará más tiempo, afirmó Juan Pablo Castañón, presidente del CCEFoto Xinhua
Susana González G.
 
Periódico La Jornada
Martes 5 de septiembre de 2017, p. 19
Los primeros acuerdos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se darán probablemente en la tercera ronda, que se llevará a cabo en Ottawa, Canadá, en la última semana de septiembre, porque en la segunda, que se inició el viernes pasado en la capital mexicana y concluye hoy, sólo se han logrado algunos avances en los rubros agropecuario, telecomunicaciones, medidas de facilitación comercial, inversiones y pequeñas y medianas empresas, aseguró Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Los trabajos marcharon con más lentitud en los capítulos laboral, medio ambiente, reglas de origen y solución de controversias, mientras en el tema energético los equipos negociadores de México, Estados Unidos y Canadá aún no deciden si tratarlo en una mesa o abordarlo de manera transversal en varias, expresó Castañón, quien también preside el Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales, creado para coordinador las posturas y propuestas del empresariado mexicano durante la renegociación del TLCAN.
Incluso dijo que hay temas en los que no se han presentado las posturas de cada país. Pese a ello, el dirigente del organismo cúpula del sector privado calificó de exitosa la segunda ronda.
No hay ningún indicio de que Estados Unidos se pueda parar de la mesa y no hay ningún motivo para que México lo haga, puntualizó.
Después del hermetismo que ha prevalecido sobre la negociación trilateral, Castañón acudió ayer por la tarde al hotel Hyatt, sede de la renegociación, para hablar con la prensa e incluso ofreció disculpas por no proporcionar mayor información sobre el procedimiento.
Afirmó que no se instalaron las 25 mesas anunciadas por la Secretaría de Economía, y explicó que en algunas de ellas ni siquiera se presentaron las posturas de los tres países. La discusión de los temas comienza hasta que se tiene un documento único entre las naciones, a partir de sus propuestas, para después analizarlo con cuidado y encorchetar los puntos que pudieran tener impacto en determinados sectores. Es entonces cuando, aclaró, se intensifican la colaboración y las consultas con los empresarios agrupados en el llamado cuarto de al lado.
Sobre las mesas instaladas, detalló que la de reglas de origen y solución de controversias llevará más tiempo. Sobre medio ambiente no se han terminado de unificar textos, los capítulos de facilitación comercial y agropecuario van bien. En pymes se van acercando, y sobre telecomunicaciones consideró que podría alcanzarse un acuerdo al final de la tercera ronda. En transparencia y anticorrupción, así como en competencia económica, están trabajando lo mismo que en empresas del Estado, mientras en el rubro de textiles apenas se iniciaron las conversaciones. Respecto de entradas temporales de personas por cuestiones de negocios a los tres países va despacio, señaló.
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Chrystia Freeland, ministra de Economía de Canadá, al término de la reunión en un hotel de Ciudad de MéxicoFoto Cuartoscuro
Aparte de Castañón y Enrique Solana Sentíes, dirigente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, así como dos dirigentes de productores de leche y de la industria de autopartes de Canadá, nadie más hizo declaraciones sobre los trabajos. Reporteros, camarógrafos y fotógrafos corrieron incesantemente de una puerta a otra del hotel tras los funcionarios que encabezan el equipo negociador mexicano, Keneth Smith y Salvador Béjar, sin lograr declaración alguna, así como de la ministra de Canadá, Chrystia Freeland, quien llegó puntualmente, a las dos de la tarde, pero escabulléndose de la prensa. Sólo dijo: Estoy muy contenta de estar en México. Hablamos mañana.
La fase final de la segunda ronda incluyó el tema de reglas de origen, referidas al porcentaje de contenido regional o nacional que deben contener las manufacturas y que el gobierno del presidente Donald Trump pugna por que se eleve, sobre todo en insumos de su país.
Yves Leduc, del Dairy Farmes of Canada, que aglutina a productores de lácteos, aseveró que para ellos es preferible que el TLCAN quede como está, porque Estados Unidos y México son muy proteccionistas.
Flavio Volpe, dirigente de la Asociación de Fabricantes de Autopartes, dijo estar de acuerdo con la modernización de las reglas de origen, pero subrayó que aún no se sabe cuál es la propuesta concreta de Estados Unidos.
Los trabajos de la segunda ronda concluirán esta tarde, con una reunión ministerial entre el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo; la ministra Chrystia Freeland, y Robert Ligthizer, representante de Estados Unidos, quienes ofrecerán una breve conferencia de prensa.
 
 
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Se disipa riesgo de que EU se levante de la mesa de renegociación del TLCAN: CCE


 
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, el riesgo de que Estados Unidos se levante de la mesa de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América (TLCAN) ya se disipó.
En el marco de la segunda ronda de negociación del Tratado, que se lleva a cabo en esta capital, el líder empresarial y miembro del llamado “cuarto de junto”, aseguró:
“El discurso de Trump no ha mermado el ánimo porque estamos en la negociación, estamos muy seguros de que vamos en el camino de la negociación y, si terminan los ministros adecuadamente, harán un comunicado de la segunda ronda… Ya se disiparon los temores de que Estados Unidos se levante de la mesa. No hay ningún indicio de que se levante de la mesa o cualquier otro país lo haga”, aseguró.
Castañón dejó en claro que México continuará insistiendo en que se conserve el Capítulo 19 del TLCAN, el cual hace referencia a la resolución de controversias a través de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
“Las reglas de origen, igual conflictos comerciales, es un tema en el que cada país está poniendo su posición. Nosotros también estamos ratificando en esta ronda que México requiere de un mecanismo de resolución de controversias específico para el TLCAN. Nosotros necesitamos un mecanismo similar o un Capítulo 19”.
También reveló que los temas automotriz y laboral están a la espera de ser abordados en esta renegociación.
“Nos interesa que cada país tenga su propia agenda laboral, nosotros vamos avanzando en la justicia laboral, las leyes secundarias, estamos trabajando en ello, nosotros tenemos una relación trilateral importante con los sectores y en el tema de los ingresos cada una de las economías tiene su dimensión diferente, la que tiene que ir mejorando con productividad y competitividad”, acotó.
El presidente del CCE señaló que a estas alturas ninguna mesa de negociación tiene listos sus textos finales, lo cual podría ocurrir hasta el próximo domingo 24, cuando dé inicio la ronda en Ottawa, Canadá.
Luego precisó: “Hay que recordar que llevamos cinco días en Washington y cuatro días en México. Los equipos tienen que ir poniendo sobre la mesa lo que cada uno desea y hay temas que van más despacio, pero tienen que terminar y tener un solo texto para discutir, es normal que no los hayan concluido, probablemente al cierre de la tercera ronda ya tengan algunos textos”, ofreció.
Por lo pronto, sostuvo, los temas con mayores avances son pequeñas y medianas empresas, facilitación comercial y telecomunicaciones.

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Hay "pasos importantes" para resolver el caso Ayotzinapa, asegura la CIDH

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El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, encabezó el inicio del 164 periodo de sesiones extraordinarias de la CIDH, en la Ciudad de MéxicoFoto Cristina Rodríguez
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Martes 5 de septiembre de 2017, p. 12
El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco José Eguiguren Praeli, indicó que si bien hay avances importantes en las investigaciones del caso Ayotzinapa, faltan dos tareas fundamentales: que muy pronto se tengan noticias del paradero de los 43 normalistas desaparecidos y la sanción ejemplar a los responsables de ese crimen.
Al inaugurar los trabajos del 164 periodo de sesiones extraordinarias de ese organismo internacional, que se realizarán esta semana en la Ciudad de México, el presidente de la CIDH confío en que los pasos que se han dado para las indagatorias del caso tengan resultados en breve, a unos días de que se cumplan tres años de los ataques contra los normalistas.
Se reconocen avances importantes en la tarea de investigación. Pero la gran tarea, lo que da sentido al mecanismo de seguimiento (de la CIDH) para el caso, es que muy pronto tengamos noticias del paradero de estos estudiantes desaparecidos, de ellos o de sus cuerpos.
Ante el titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Miguel Ángel Osorio Chong, quien también encabezó el inicio de los trabajos de la CIDH, Eguiguren Praeli subrayó que otro elemento relevante es la identificación, investigación y sanción ejemplar a todos aquellos que sean responsables, de ser el caso, de estas desapariciones o crímenes. Ese es el resultado que esperamos se concrete, culmine muy pronto. Creo que se vienen dando pasos importantes para ello.
Destacó que el mecanismo de seguimiento no sólo ha acompañado las indagatorias y el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH para el caso, sino que también ha sido el puente para el diálogo entre el Estado mexicano y sus autoridades con los familiares de las víctimas y sus representantes.
Ponderó la importancia de que se haya aprobado en México una ley para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos crueles y degradantes, como recomendó el organismo en su informe de 2016 sobre el país. Asimismo, agradeció el liderazgo que la representación mexicana jugó en la pasada asamblea general de la Organización de Estados Americanos, que se celebró en Cancún en junio, para que los países de la región aprobaran duplicar el presupuesto al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en un periodo de tres años.
Osorio Chong aseveró que para México los derechos humanos no son una opción, sino la ruta para el desarrollo y el bienestar duradero de toda nación.
Entrevistado al término de ese acto, el secretario se refirió a los normalistas de Ayotzinapa: Escucharon al presidente de la CIDH: hemos venido acatando todos los señalamientos, las recomendaciones. Hemos mostrado toda la disposición; queremos que quede completamente satisfecha por todos, me refiero al Estado mexicano en su conjunto, a lo que se defina respecto de estas investigaciones.
Previamente, al intervenir en la inauguración, indicó que la posición del gobierno de la República es y seguirá siendo la de apoyar al Sistema (Interamericano de Derechos Humanos) y, sobre todo, trabajar junto a ustedes, con apertura y ánimo constructivo, para hacer frente a los retos de nuestra región y, por supuesto, a los que enfrenta nuestro país.

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A través de universidades, 11 dependencias federales operaron mega estafa millonaria: MCCI



 
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con la ayuda de universidades estatales y mediante un complejo esquema fraudulento, 11 dependencias del gobierno federal desviaron tres mil 433 millones de pesos entre 2013 y 2014, reveló una investigación periodística publicada esta tarde por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Tres dependencias destacaron en aquella “estafa maestra”: la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), entonces a cargo de Rosario Robles Berlanga; Banobras, durante la administración de Alfredo del Mazo Maza –gobernador electo del Estado de México–, y Pemex, en plena gestión de Emilio Ricardo Lozoya Austin.
En 2013 y 2014, las dependencias firmaron “convenios” con universidades estatales por siete mil 670 millones de pesos. Estas instituciones educativas, a su vez, tomaron comisiones –por mil millones de pesos, según la investigación– y posteriormente contrataron una cadena de empresas –muchas de ellas “fantasmas”– para supuestamente realizar los servicios.
Sin embargo, de los siete mil 670 millones de pesos erogados en convenios con las universidades, no se sabe dónde quedaron tres mil 433 millones de pesos.
Y, según la investigación mencionada, 128 de las 186 empresas que fueron contratadas “no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratados, o simplemente porque no existen”.
Si bien la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó y denunció estos esquemas fraudulentos desde hace años –en febrero de 2015, Apro documentó cómo la Sedesol de Rosario Robles desvió 845 millones de pesos con esta maniobra–, el trabajo publicado hoy permite entender la magnitud de la estafa operada desde el gobierno federal.
De acuerdo con el reportaje, además de la Sedesol, de Banobras y de Pemex, participaron en el fraude el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste), las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT), de Educación Pública (SEP), de Agricultura (Sagarpa) y de Economía (SE), así como el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), el Registro Agrario Nacional (RAN) y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).
Por parte de las instituciones educativas, fueron involucradas la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la Universidad Autónoma del Carmen, la Autónoma de Morelos (UAEMOR), la Universidad Popular de La Chontalpa, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Politécnica del Golfo de México y la Universidad Tecnológica de Tabasco, así como el Instituto Técnico Superior de Comacalco.

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Piden al sindicato ferrocarrilero rendir cuentas sobre el fideicomiso 2000-2014

De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Martes 5 de septiembre de 2017, p. 16
El Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana deberá entregar los estados financieros del Fideicomiso STRMJUB 1181-7 correspondientes al periodo 2000 a 2014, el cual se constituyó con la finalidad de pagar las prestaciones a los familiares de ferrocarrileros jubilados fallecidos, ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Proteccion de Datos Personales (Inai).
Al refutar la respuesta de la organización sindical, la cual argumentó no estar obligada a generar o conservar los estados financieros del fideicomiso referido, el Inai estimó que es deber del sindicato contar con esa información, y por lo tanto no puede aducir que no los encontró o que no tiene por qué hacerlo.
“Estos documentos son constitutivos de la operación ordinaria de una institución, como en este caso el sindicato, y entonces no cabe decir ‘a ver si los encuentro’, no, por supuesto que tienen que estar”, afirmó Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Inai.
Durante el desahogo del procedimiento para resolver el recurso interpuesto por un particular que se inconformó con la respuesta, el sindicato aseveró que se trata de un fideicomiso privado que es administrado por Nacional Financiera (Nafin), en calidad de institución fiduciaria, por lo cual no le eran aplicables las obligaciones de transparencia.
Al revisar el caso, se determinó que del fideicomiso salieron recursos para el pago de las prestaciones y se detectó que durante 13 años, Nafin hizo los depósitos correspondientes a 35 mil 753 beneficiarios de 20 mil 682 ferrocarrileros jubilados fallecidos, cuyos montos ascienden a la cantidad de 761 millones 309 mil 221 pesos, por lo que se ordenó al sindicato entregar la información.
Así, se concluyó que el fideicomiso STFRMJUB 1181-7 fue receptor y ejecutor de recursos públicos, por lo que la información relacionada con la gestión de los mismos, en este caso, los estados financieros, deben ser de escrutinio público.

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La Cámara de Diputados está al borde de la parálisis legislativa

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Protesta de legisladores del Partido Acción Nacional en San Lázaro, el pasado primero de septiembreFoto Carlos Ramos Mamahua
Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Martes 5 de septiembre de 2017, p. 4
La Cámara de Diputados se colocó, por primera vez desde 1997 –cuando el PRI perdió la mayoría absoluta y los órganos de dirección se aprobaron de última hora– al borde de la parálisis legislativa, después de que el bloque PAN-PRD-MC insiste en no avalar la integración de la mesa directiva y de que, al concluir hoy la que está en funciones, la Ley Orgánica del Congreso General no prevé un mecanismo que permita designarla sin el voto de las dos terceras partes de los legisladores.
Esta crisis, que derivó de la advertencia de ‘‘guerra’’ del presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, contra el gobierno y el PRI, y que se avivó con la designación de Ernesto Cordero, colaborador de Felipe Calderón, ha impedido que desde el jueves se vote la nueva mesa.
A partir de ello, la cámara aplicó lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica, donde se define que si en la sesión preparatoria al inicio del año legislativo –esto es, en la del 31 de agosto– ‘‘no se alcanza la mayoría calificada requerida, la mesa continuará en funciones hasta el día 5 del siguiente mes, con el fin de que se logren los entendimientos necesarios’’.
Sin embargo, ni la Constitución ni la Ley Orgánica definen una salida en caso de que prevalezca un desacuerdo y la Junta de Coordinación Política está citada para hoy a las nueve de la mañana, con objeto de obtener un arreglo.
Para el PRI, en la sesión ordinaria de hoy –cuando se someta a votación la integración de la mesa, que incluye a Jorge Carlos Ramírez Marín como presidente– podría aplicarse lo que dispone el mismo artículo 17, respecto de que la Mesa de Decanos podría citar a la instalación del Congreso, pero no tiene atribuciones más allá del 5 de septiembre.
Esto es, sólo podría citar a una nueva sesión para que ahí se someta a votación la mesa directiva, pero tampoco cuenta con atribuciones para citar a la siguiente sesión ordinaria.
Si se mantiene la cámara sin ese órgano, los diputados no podrían recibir –a más tardar el viernes– el Paquete Económico 2018, aun cuando se prevé que la iniciativa de Ley de Ingresos, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y los Criterios de Política Económica puedan ser recibidos, como ocurrió con el quinto Informe presidencial, por el secretario general, Mauricio Farah. No obstante, el funcionario no cuenta con facultades para turnar a las comisiones de Hacienda y de Presupuesto los documentos, porque se trata de una obligación del presidente de la cámara.
Para resaltar el dilema, el PRI recordó que desde el inicio de la 57 Legislatura (1997-2000), cuando el llamado Grupo de los Cuatro, formado por PAN, PRD, PT y PVEM, obligó al tricolor a aceptar a Porfirio Muñoz Ledo como presidente, no se había dado una crisis igual.
Una llamada de Los Pinos el 31 de agosto de ese año, que puso fin a la indignación de un priísmo que, encabezado en San Lázaro por Arturo Núñez –ahora gobernador de Tabasco– se negaba a admitir que Muñoz Ledo respondiera el tercer Informe de Ernesto Zedillo.
Aquel capítulo terminó con la postura expresada en tribuna por Ricardo Monreal, a la sazón vicecoordinador priísta, que reconocía la presidencia de la cámara en manos del PRD.
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Ruptura entre las élites de México


 
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante décadas, la familia de los Claudios fue indisoluble con el poder político. El padre, Claudio X. González Laporte ha sido pilar en la consolidación del modelo de liberalización económica acelerado por Carlos Salinas, de quien fue asesor para asuntos empresariales.
Su influencia como presidente de lo que fue el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, la élite de la élite empresarial ahora llamado Consejo Mexicano de Negocios, lo ha convertido a pulso en un ideólogo de los empresarios.
Ha sido un entusiasta promotor de la alternancia entre el PRI y el PAN en la Presidencia de la República, y del grupo de altos funcionarios que lo mismo han servido a los gobiernos de un partido que del otro.
Hasta ahí nada nuevo en la relación entre el gran empresariado y el poder político. Desde el régimen autoritario del PRI del siglo pasado, los empresarios se amoldaron al viejo sistema y su economía cerrada aun cuando tuvieran enfrentamientos con Los Pinos, como en la época de Luis Echeverría y José López Portillo, en los años setenta y principios de los ochenta.
Pero nada como la confrontación de fondo que ahora tiene la familia del presidente de Kimberly Clark en México, exconsejero de Televisa y asesor de múltiples empresas e iniciativas con la presidencia de Enrique Peña Nieto.
Esta vez, la batalla es más que coyuntural. Claudio X. González Guajardo, quien durante dos décadas se ha dedicado a promover agendas específicas a través de fundaciones, que han gozado de beneficios fiscales, ha logrado dar el salto de la élite económica heredada de su padre al terreno de la sociedad civil.
Su graduación como activista social se la otorgó hace unos días el diario The New York Times, cuando publicó una alegada persecución a la que estaría sujeto por parte del presidente Enrique Peña Nieto.
Después de impulsar desde los gobiernos del PAN la reforma educativa, desde el año pasado González Guajardo encabeza un sólido proyecto de agenda pública que va más allá del gobierno de Peña, cuya marca de por sí ha sido la de la corrupción.
A través de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el empresario ha logrado establecer la agenda pública ante las demandas de transparencia y rendición de cuentas, sin las cuales es imposible la existencia de un Estado democrático moderno.
Auténticas, tales exigencias parecen ser ahora un ariete de un proyecto empresarial que le ha causado graves daños a la imagen del gobierno y sus colaboradores, incluida la excandidata presidencial del PAN y al gobierno del Estado de México, Josefina Vázquez Mota.
De ahí los escándalos que ha documentado sobre la corrupción, principalmente del gobierno federal. El más reciente, el Ferrari hasta ahora desconocido del aspirante a fiscal general de la República, Raúl Cervantes.
Todo lo que abone a la transparencia y a un esperado castigo de la cleptocracia en México es bienvenido periodística y socialmente. Pero una pregunta válida es hasta dónde quiere llegar la familia de Claudio X. González con la gran cantidad de información que posee sobre las élites políticas y económicas del país.
Comentarios: @jorgecarrascoa

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Ley de Seguridad Interior, la disputa por el botín


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La politización de la Ley de Seguridad Interior y los intereses de los gobernadores por el botín de los recursos frenan su aprobación en el Congreso. Mientras, continúa la militarización de la seguridad pública y aumentan las violaciones a los derechos humanos

Emilio Enrique Salazar Farías del Partido Verde
La discusión en el Congreso de la Unión de la Ley de Seguridad Interior no es más que la lucha por el botín de los recursos que reclaman los gobernadores, cuyos legisladores no trabajan para el interés nacional sino para los intereses partidistas. En tanto, se profundiza la inseguridad pública del país.
Es la conclusión de especialistas, académicos y expertos en seguridad pública, seguridad nacional e inteligencia. Coinciden en que la aprobación de una ley que regule la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado está cada vez más lejos de los intereses de los partidos políticos y de los gobernadores.
La iniciativa de Ley de Seguridad Interior se partidizó en función de los intereses de los gobernadores, quienes controlan a sus legisladores. El epicentro de la discordia es el mando único por la subsidiaridad de las Fuerzas Armadas, ante la incapacidad de las policías estatales y municipales frente a los azotes del crimen organizado, señala el doctor Emilio Vizarrretea Rosales.
Para los gobernadores, agrega, si no se resuelve el mando único donde ellos intervengan, vinculado a la seguridad interior, no va a haber mando único ni Ley de Seguridad Interior. “Por eso surge el tema del mando mixto como salida, pero ni siquiera este es el fondo, sino el botín, los recursos de seguridad pública que quieren seguir administrando y ahí es donde se entrampa la discusión de la ley”.
Y es que el rubro de la seguridad es el que más ha crecido en el presupuesto federal año con año. Hoy se ejercen, en total, 264 mil millones de pesos, como revela el estudio Panorama del gasto federal en seguridad, 2006-2016. Temas estratégicos 47, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
En entrevista, Vizarretea Rosales considera que las cinco iniciativas congeladas en el Congreso no chocan entre sí. Sólo hay dos posiciones, dice: la que les daría todo tipo de legitimidad para la intervención a las fuerzas armadas o que regresen a sus cuarteles, en la condición de crecimiento de la violencia, inseguridad e impunidad que vive el país.
Martín Barrón Cruz, maestro por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), alerta sobre la militarización de la seguridad pública que aumentaría la violación a los derechos humanos en agravio de la población civil.
Subraya que mientras los legisladores medran con la Ley de Seguridad Interior y la subordinan a intereses partidistas en vísperas de la elecciones d 2018, “a la sordina” la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) está creando nuevos cuarteles para la seguridad pública.
En entrevista, advierte que anticipándose a que no va a ser aprobada la Ley de  Seguridad Interior, la Sedena está creando cuarteles destinados a la seguridad pública en las 12 regiones militares. “Se trata de la militarización de la seguridad pública, de seguir principios de doctrina militar en funciones militares”, advierte.
Tomás Martínez Sánchez, coordinador de la maestría en Seguridad e Inteligencia Estratégica del Instituto Ortega Vasconcelos de México, plantea reconsiderar que la seguridad interior sea motivo de una ley específica.
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Propone, por el contrario, incluir la seguridad interior en la Ley de Seguridad Nacional, que contemple la defensa exterior “en un contexto nacional de mayor complejidad de riesgos y amenazas que deberá enfrentar el Estado mexicano”.
Por ejemplo, dice, el ascenso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos “debería replantear la agenda legislativa, colocando como prioridad la defensa exterior y la seguridad nacional en un contexto de mayor complejidad de riesgos y amenazas al que deberá enfrentarse el Estado mexicano”.
México no necesita una ley de seguridad interior, enfatiza Martínez Sánchez, quien cuestiona a los legisladores sobre el tema.
En nuestro país –dice–, sin tradición de expansión imperial o colonial, que ha desarrollado una seguridad nacional defensiva que tiende a fundirse con su seguridad interior, ¿tiene sentido una legislación especializada? ¿Está nuestro país ante la necesidad de crear un aparato gubernamental semejante al Departamento de Seguridad Interior (Homeland Security, en inglés) de los Estados Unidos?
“Si ese es el problema –continua el académico– el enfoque de la discusión legislativa ¿no debía centrarse en el concepto de seguridad interior considerando como prioridad el mantenimiento del orden interno por efecto de conflictos, manifestaciones, protestas sociales y actos que derivan en violencia y alteración de la paz social, principalmente, y no sólo para justificar el combate a la delincuencia organizada?”

Las “leyes” en conflicto

La Ley de Seguridad Interior no pretende ni logrará resolver el grave problema de la seguridad en México. Sus preceptos establecen las bases en el recurso de las Fuerzas Armadas, por lo que es insuficiente pero necesaria, considera el maestro en seguridad nacional del Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav), Francisco González Ayerdi.
En su análisis Consideraciones para una ley necesaria, publicado en julio de 2017 por el Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México (IIEAM), el especialista compara las iniciativas de ley, las cuales –indica– se diferencian en temas como la suspensión de garantías tipificadas en la Constitución y la desaparición de poderes en los estados, y coincide en la restricción a la intervención de Fuerzas Armadas en asuntos de competencia del ministerio público.
Explica que las diferencias mayores entre las iniciativas se refieren a las formas de construir la declaratoria de afectación de la seguridad interior, las estructuras de autoridad y comando, y los mecanismos y límites en las acciones que restauren la seguridad en cuestiones estratégicas, operacionales y de legitimidad, así como bajo qué tipo de mando, civil o militar estarían las Fuerzas Armadas para enfrentar el crimen organizado.
Por ejemplo, dice González Ayerdi, la propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) plantea operaciones de inteligencia en recolección de información para restaurar la seguridad interior. Es decir, se trata de operaciones de carácter preventivo, en las que las autoridades podrán hacer uso de cualquier método de recolección de información, sin recurrir a medios ilegales o de abuso coactivo.
Sin embargo, el proyecto de ley del Partido de la Revolución Democrática (PRD) destaca, con mayor notoriedad que el resto de iniciativas, no considerar, bajo ninguna circunstancia, como amenazas a la seguridad interior las acciones relacionadas con movimientos o conflictos sociales, políticos o electorales.
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El maestro Rodolfo Aceves Jiménez, en su análisis La seguridad interior vista desde las iniciativas en el Congreso, publicado por el IIEAM, señala inconsistencias jurídicas de la iniciativa del Partido Acción Nacional (PAN), al comparar la Ley de Seguridad Interior con la Ley de Seguridad Nacional, por lo que considera que sería inviable su aprobación en el Congreso.
Argumenta que hay un desfase y una confusión entre los conceptos de seguridad interior del Programa de Seguridad Nacional y los de la iniciativa del PAN. El programa señala que es condición del Estado para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos y la propuesta panista sostiene que es una función de seguridad nacional a cargo de la Federación.
“No son funciones iguales, porque la seguridad nacional persigue objetivos de Estado, como su permanencia, sus instituciones y su forma de gobierno; mientras que la seguridad interior es una condición para aspirar a la seguridad pública”, subraya.
Además, sostiene que la propuesta panista no contiene análisis o estudios académicos, de donde resulte la necesidad política, económica, social o de seguridad, por lo que carece de sustento y razonamientos por los cuales sea factible su aprobación.
“Si el espíritu del legislador consiste en crear una norma específica, tendría que ajustar y armonizar sus disposiciones a las de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de Seguridad Nacional, para evitar duplicidad de atribuciones y sincronizar su coordinación operativa en la función de seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional”, argumenta.
Es decir, añade, la seguridad interior es una atribución del gobierno federal, mientras que la seguridad pública se instituye como la prestación de un servicio público a cargo de la Federación, los estados y municipios.
Por ningún motivo los elementos que conforman el concepto de defensa (Estado, instituciones, soberanía o independencia) involucran o comparten elementos de  seguridad interior o seguridad pública, sino que son totalmente distintos en esencia y contenido, el uno de los otros, subraya el especialista.
Al respecto, el catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Emilio Vizarretea, señala que la seguridad nacional tiene la doble vertiente de la defensa externa y la seguridad interior, pero ésta y la seguridad pública tienen que ver con las formas de convivencia social, en un escenario donde el enemigo es distinto: para las Fuerzas Armadas, el crimen organizado, y para las policías, la delincuencia común.
“Estos dos modelos no están chocando, sino los intereses partidistas que frenaron la discusión de la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, para abordar sólo sus agendas legislativas de las elecciones de junio pasado”, acota.
Considera que la seguridad interior no ha salido de los partidos ni de los gobernadores, no logró transparentarse en la academia, ni se echó a andar la maquinaria de la discusión social y política de un tema tan relevante para la sociedad.
Diferencias del concepto de seguridad interior
¿Se necesita una Ley de Seguridad Interior?
?La necesitamos en la medida en que queramos transparentar algunas acciones de las Fuerzas Armadas. Ninguna fuerza militante puede intervenir per sé, sino a petición de facto de gobernadores, congresos o presidentes municipales de que intervengan las Fuerzas Armadas para enfrentar el crimen organizado.
Y aquí es donde entra el tema de la Agenda Nacional de Riesgos, para definir si son riesgos o amenazas a la seguridad nacional la escalada de violencia en los estados que pone en riesgo la gobernabilidad, por lo que se requiere normar la intervención de las Fuerzas Armadas.
El académico estima que la seguridad interior no sólo es asunto de México, tiene que ver con Estados Unidos, el tráfico de armas, las aduanas, los puertos, es otra dimensión de la que nadie sabe cuál va ser su futuro, sus alcances y consecuencias, y el país necesita mayores controles.
“El punto es que haya tranquilidad social, porque la población asume que hay una especie de toque de queda en el país por la inseguridad pública que afecta la economía y los derechos humanos.”

Ley Frankenstein

Para el doctor Martín Barrón Cruz en un escenario de indefiniciones, donde nadie se hace responsable de lo que pasa en México, es grave que ninguna de las iniciativas explique qué es seguridad interior, ni que los legisladores entiendan su significado.
“Todas las iniciativas establecen que las Fuerzas Armadas intervendrán de manera subsidiaria a las policías incapaces de garantizar la seguridad interior. Es decir, el mismo discurso de hace 20 años, de una policía incapaz y corrupta que sigue vigente.”
Sin embargo, ¿qué ha pasado con la policía que sigue siendo corrupta, pero a poco no hay militares, marinos ni policías federales corruptos? Se parte de un principio erróneo en el que los legisladores hacen una interpretación sui géneris del Artículo 29 Constitucional, para argumentar la seguridad interior, por lo que las propuestas caen por su propio peso.
En caso de aprobarse –añade el experto del Inacipe–, será una ley Frankenstein del PAN, PRI y PRD, porque así funciona el Poder Legislativo en el país.
Barrón Cruz señala que la Constitución establece que los ciudadanos pueden tomar las armas y ser convocados para formar la guardia nacional, pero el Congreso lleva 100 años en que no ha podido emitir la Ley Orgánica de la Guardia Nacional.
Lo que no entienden los legisladores es que tenemos un sistema federalista, como lo establece la Constitución, y 17 constituciones estatales establecen que quien debe ordenar la Guardia Nacional son los gobernadores, pero no funciona en el ámbito federal, ni en el local.
“Discutir si es Ley de Seguridad Interior o no, no tiene sentido, cumplamos lo que dice la Constitución. Si los legisladores se basan en el Artículo 29 Constitucional y en 17 constituciones estatales, entonces por qué no lo hacen. Porque tenemos un desastre público brutal provocado por los legisladores a 100 años de la Constitución, que no le han podido hacer una ley orgánica”.
Advierte que si los legisladores continúan dando bandazos en seguridad interior, tendrían que diferenciar qué es seguridad nacional y seguridad interior, “porque ésta puede estar subsumida en aquélla”, y también diferenciar qué se entiende por orden público, porque para ellos seguridad nacional es seguridad pública.
Destaca que se pretende cambiar una realidad y resulta que de un sinfín de propuestas del decálogo del 2014 resurge el mando único, retomado del 2010 del proyecto de sistema policial que hizo el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey  (ITESM) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) para la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), la cual avaló la creación de la policía única estatal.
Se trataba de un modelo que privilegiara el mando único, que los estados asumieran y se privilegiara el análisis, la inteligencia, una policía científica. Al fin, una propuesta del entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. “¿Y qué cambió? Nada”, recuerda el especialista.

Las cinco iniciativas congeladas

En el Congreso de la Unión se encuentran congeladas cinco iniciativas de Ley que pretenden regular la seguridad interior, tres en Cámara de Diputados (del PRI, PAN y PVEM), y dos en la de Senadores (PAN y PRD).
La iniciativa presentada por el PAN en noviembre de 2015, incorpora un procedimiento para declarar la existencia de una afectación a la seguridad interior, que no implica la suspensión de derechos humanos y sus garantías y plantea que la prevención, investigación y persecución del delito siguen estando bajo la función de la seguridad pública.
Puntualiza que la Fuerza Armada Permanente que coadyuve con las autoridades locales o federales, no sustituye en la investigación y persecución del delito al ministerio público ni a las policías preventivas, sino que intervienen en los términos de la ley cuando se realizan actos con el propósito de obstaculizar o impedir que esas autoridades ejerzan sus funciones.
La segunda iniciativa, también del PAN, presentada en septiembre de 2016, propone insertar en el marco del derecho positivo mexicano la seguridad interior, por la cual regula la integración, organización, funcionamiento y control de las instituciones encargadas de la seguridad interior; crea un Comité de Seguridad Interior que auxiliaría al Ejecutivo Federal en conducir la política en la materia.
Crea las Fuerzas Especiales de Apoyo, cuya figura está contemplada en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y en la Ley Orgánica de la Armada de México y prestar el auxilio a las policías locales y municipales.
La propuesta del PRI, de octubre de 2016, indica que la aplicación de la ley le corresponderá al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, a las Fuerzas Armadas y a las instituciones de seguridad pública federal.
Cesar Camacho Quiroz, coodinador del PRI
Establece que acciones de orden interno y de seguridad interior se apoyarán en unidades de inteligencia del Sistema de Seguridad Nacional y que la Secretaría de Gobernación informará de dichas acciones a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso.
Mientras que la iniciativa presentada por el PRD en enero de 2017, subraya  no considerar como actos que pueden provocar afectaciones a la seguridad interior las movilizaciones de protesta social o que tengan un motivo político-electoral.
Menciona que los tres órdenes de gobierno estarán obligados a atender los casos de afectación a la seguridad interior y a proteger a las personas, sus bienes, planta productiva y servicios públicos. Crea el Consejo de Seguridad Interior, el cual sesionará cuando se presente un evento que a su juicio constituya una afectación a la seguridad interior o para dar seguimiento a la ejecución de planes, programas y acciones en la materia.
Por último, el Partido Verde, en febrero de 2017, presentó su iniciativa, cuya finalidad es superar, neutralizar y reducir presiones y antagonismos que tengan origen al interior del país. Señala que su aplicación y conducción será responsabilidad del Ejecutivo federal y la Secretaría de Gobernación fungirá como enlace entre dependencias de los tres órdenes de gobierno, Fuerzas Armadas y federales.
Considera como amenazas a la seguridad interior: acciones de grupos delincuenciales que rebasan la capacidad de control del Estado que ponen en riesgo la vida y bienestar de la población; y  aquellas que ponen en peligro la estabilidad de las instituciones, menoscaben el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática; y que pretendan vulnerar la paz social, la seguridad nacional y el orden interno.
José Réyez