jueves, 14 de septiembre de 2017

Trabajadores despedidos de La Jornada protestan ante la Procuraduría capitalina


 
PROCESO
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este miércoles los trabajadores despedidos del diario La Jornada, entre ellos los dirigentes sindicales Judith Calderón y Leonardo Mondragón, llevaron a cabo un mitin frente a las oficinas del procurador capitalino Edmundo Garrido Osorio.
En la protesta realizada en las calles de Gabriel Hernández, en la colonia Doctores de esta ciudad, los inconformes repudiaron la “criminalización de la participación sindical” y la persecución penal contra líderes del Sitrajor por parte de la Procuraduría local, a la par que demandaron la reinstalación de los trabajadores cesados de ese rotativo.
También recordaron que en agosto pasado fueron despedidos la secretaria general Judith Calderón y su secretario de Organización y Propaganda, Leonardo Mondragón, del Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada (Sitrajor), a quienes además se les denunció penalmente por presunto secuestro y maltrato a trabajadores del diario opuestos a su movimiento de huelga, caso que actualmente está en manos de funcionarios de la PGJCDMX.
Apenas el lunes 4, la empresa editora del diario Desarrollo de Medios (Demos SA) anunció el despido de otros seis trabajadores simpatizantes del movimiento de huelga: Sara Juárez Butrón, Guadalupe Silva Pérez, Óscar Gómez Piña, Antonio Vera Valencia, Maricela Delgado y Teresa López, quienes tienen entre 24 y 33 años de laborar en el impreso.
Cercano un aniversario más del rotativo, este martes 19, Calderón Gómez hizo un llamado a iniciar una campaña de apoyo con el envío de cartas a la sección del Correo Ilustrado de La Jornada, planteando lo siguiente: “¿Por qué al cumplir 33 años el diario se atenta contra sus trabajadores o dilapida sus principios?, pues a la fecha están acusadas penalmente cuatro personas, entre ellas el hijo de la secretaria general del sindicato. Portando pancartas en las que se demandaba “Reinstalación” y “¡Alto al clima de hostilidad contra los huelguistas de La Jornada!”, los inconformes culminaron su protesta con el respaldo de representantes del STUNAM, sindicato de telefonistas e integrantes de la Unión Nacional de los Trabajadores (UNT).

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Opositores a plan minero exigen consulta a Semarnat

De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Jueves 14 de septiembre de 2017, p. 18
Ciudadanos pidieron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) una reunión pública sobre el plan minero La Paila, parte del proyecto Caballo Blanco, planeado cerca de la Central Nuclear de Laguna Verde, Veracruz, ante eventuales riesgos que representa para la salud, la ecología y la protección civil.
Explicaron que se trata de una reducción del proyecto Caballo Blanco, con el cual la empresa Candelaria Mining pretende explotar oro, plata y cobre.
La zona es bioculturalmente significativa, por lo que dicho proyecto representa una grave amenaza a la vegetación de selva baja caducifolia, en la cual se encuentra gran variedad de especies endémicas, como los encinos tropicales y cícadas milenarias, especie protegidas por la Norma Oficial Mexicana 059 de la Semarnat, explicaron en un comunicado Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y decenas de organizaciones más. Advirtieron que se traslapa con el Plan de Emergencia Radiológico Externo de Laguna Verde.

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Afectados por el sismo exigen a autoridades hacer a un lado el burocratismo en Chiapas


 
PROCESO
 
JIQUIPILAS, Chis. (apro).- De las más de 500 casas en esta comunidad, más de la mitad resintió daños por el sismo del jueves pasado, y por ello ahora hombres y mujeres, dedicados todos al campo, sobreviven en chozas improvisadas con lonas y plásticos en los patios de lo que alguna vez fue su hogar.
Ahora sólo esperan que el burocratismo del gobierno en sus tres niveles no crezca más, pues siguen sufriendo a la intemperie las inclemencias de los fuertes aguaceros de septiembre y el calor por arriba de los 30 grados centígrados.
La comunidad de Quintana Roo está ubicada dentro de la zona que mayor impacto tuvo con el sismo de 8.2 grados que sacudió 97 de los 122 municipios del estado de Chiapas.
Acá, la mayoría de las casas afectadas son de adobe y techo de teja de barro. Las familias que perdieron sus casas, en estos momentos se refugian debajo de los árboles o en su extenso patio trasero, donde tienen sus animales de corral, por lo que se resisten a irse a un albergue.
Hacinados, los damnificados duermen bajo chozas improvisadas con lonas y plásticos.
Este día llegaron los primeros elementos del Ejército Mexicano a terminar de tirar las casas que quedaron fracturadas y que, ladrillo a ladrillo, se desmoronan con cada réplica.
La primera partida militar de 12 elementos apenas empezaba con una de las viviendas, pero tardaron en derribarla, pues no llevaban maquinaria, sólo palas, picos y unos lazos que se reventaban en cada tirón que daban a las vigas.
Noé de Jesús Álvarez Vázquez, comisariado ejidal de esta comunidad, dijo que, de las 274 casas dañadas, entre 80 y 100 deberán ser demolidas y reconstruidas totalmente, pues no hay condiciones para repararlas.
También señaló que ya se hizo un censo y valoración de daños para especificar las afectaciones.
Por ahora, las familias damnificadas necesitan alimentos, pues en esta comunidad, que se dedica a la agricultura, a la siembra de maíz, cacahuate y sorgo, los hombres han dejado de ir al campo ante la emergencia que están padeciendo.
Pero sin duda alguna es la casa la que les urge reconstruir, pues siguen viviendo en condiciones precarias desde el viernes pasado.
La escuela primaria y la escuela preparatoria de la comunidad también resultaron afectadas por el sismo, ya que presentan cuarteaduras en su infraestructura.
Los pobladores temen que los recursos tarden en llegar, por lo que exigieron a las autoridades municipales, estatales y federales agilicen los trámites y dejen atrás el burocratismo, pues el tiempo apremia.
Este día el gobernador Manuel Velasco dio a conocer que solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP) coadyuvar con esquemas de fiscalización de los recursos que se aplicarán a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 7 de septiembre.
Velasco Coello formalizó dicha solicitud a través de la Contraloría General del gobierno estatal, la cual también hizo extensiva a los diferentes organismos fiscalizadores a nivel local.
El gobernador aseguró que la petición de sumar a la ASF y a la SFP en la fiscalización de los recursos de la reconstrucción tiene la única finalidad de abonar a la transparencia en la aplicación de los fondos públicos y privados que se usarán para tales efectos, así como para brindar certeza del destino de dichos recursos tanto a la sociedad civil como a las familias damnificadas por el terremoto.
Luego indicó que las mayores afectaciones por cubrir financieramente están concentradas en obra pública, como son viviendas, escuelas, comercios, edificios de valor histórico y caminos dañados.
Por otra parte, con el fin de continuar brindando atención a la población afectada, las autoridades estatales de Protección Civil dieron a conocer que instalaron en las oficinas de los 122 ayuntamientos del estado módulos de atención permanente, con el objetivo de dar seguimiento a las afectaciones registradas en los diversos sectores.
El secretario de Protección Civil en Chiapas, Luis Manuel García Moreno, invitó a toda la población a acercarse a estos módulos de atención e informar de sus afectaciones y los apoyos que vayan a requerir.
También se destacó que la atención a la emergencia se divide en dos etapas: la primera consiste en llevar el apoyo inmediato a la población que resultó afectada en sus viviendas, habilitando albergues, proporcionando ayuda humanitaria, realizando verificaciones visuales de los inmuebles a través del apoyo y participación social de las Unidades Internas de Protección Civil o de los encargados del inmueble.
Y que la segunda etapa entra en vigor una vez que se atienden las necesidades inmediatas de la población, y es en este momento que inicia el proceso de evaluación a todos los inmuebles de una manera más controlada, procurando llegar al resto de la población a través de la instalación de mesas de trabajo.
Protección Civil también reportó el registro de mil 706 réplicas del sismo de magnitud 8.2 y no se descarta que se continúen presentando más movimientos telúricos, los cuales son normales ante el reacomodo de las placas tectónicas.

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Critican en Oaxaca que la ayuda no se entregue en las zonas más afectadas

César Arellano García
Enviado
Periódico La Jornada
Jueves 14 de septiembre de 2017, p. 12
Ixtepec, Oax.
Personas de todos los niveles sociales y profesiones dan cobijo y esperanza a las comunidades de Oaxaca más afectadas por el sismo de 8.2 grados que sacudió a la entidad el pasado jueves. Regalan alimentos, bebidas y medicinas a la gente que perdió todo. Otros ofrecen ropa, zapatos y cobijas. Incluso algunos dentistas y doctores ofrecen consultas gratuitas.
Igualmente, grupos de damnificados lamentan que la ayuda de las autoridades no se reparta en las comunidades que más la necesitan.
En Juchitán, a iniciativa del pintor Francisco Toledo, jóvenes instalaron en la calle unas 20 cocinas comunitarias, pero la mayoría de la comida la entregan casa por casa.
Desde temprano preparan alimentos en una parrilla improvisada: utilizan un rin metálico acostado lleno de leña.
Por separado, Virginia López Canseco, profesora jubilada, recorre las calles de Ixtaltepec cargando una charola con alimentos, tortillas y agua. Los distribuye entre habitantes que duermen en la calle.
“Traemos un pedacito de corazón. Repartimos 150 platos con arroz, frijoles y agua de sabor. Ayer dimos 300 tamales de chipil con atole y bolillo. Me ayudan muchas mujeres que no tienen un sueldo base para poder sufragar los gastos, pero hacemos un esfuerzo, porque los damnificados no han recibido víveres.
Hay muchas casas derrumbadas y no vemos el apoyo de las autoridades. En momentos de tragedias siempre hay partidos que se aprovechan para prometer despensas a cambio del voto. agregó.
Este miércoles llegaron a Ixtepec, Oaxaca, 2 mil 500 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y 700 de la Secretaría de Marina (Semar) para repartir víveres a los damnificados. En las próximas horas llegarán otros mil militares.
También se informó que 280 toneladas de ayuda nacional y extranjera se distribuirá en la zona del Istmo.
El comandante de la Octava Región Militar, Alfonso Duarte Múgica, dijo que hasta el momento se han distribuido 140 mil despensas y que se incrementó la entrega de agua potable, despensas, colchonetas y cobertores, así como casas de campaña en las comunidades más alejadas, como Santa María del Mar. Casi 40 cocinas comunitarias ya fueron instaladas en diferentes puntos , añadió.
En el municipio Magdalena Tlacotepec un maestro de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sostuvo que la zona no sufrió daños considerable, por lo que la ayuda no es tan necesaria.
Hay proselitismo, porque al entregar la ayuda algunas personas del gobierno anotan los nombres de los beneficiarios y son quienes dicen a los militares quién sí y quién no puede recibir las despensas, aseguró el maestro.
Los víveres realmente se necesitan en Ixtaltepec, Juchitán, Ixhuatán, Ixtepec, Comitancillo, Espinal, así como municipios de la sierra que están alejados e incomunicados.
Elisa Sánchez López, de 64 años, pidió una despensa pero se la negaron porque no se anotó previamente, a pesar de que su casa quedó destrozada. No obstante, militares le entregaron la ayuda, ya que la despensa se entrega sin distinción.
El Instituto Politécnico Nacional también envió ayuda a la zona afectada. Ayer viajaron desde Zacatenco dos camiones y una camioneta con productos recolectados por la comunidad del Poli. Las más de 25 toneladas de víveres las recibieron miembros de la Sedena y Marina.

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Empresas eólicas se involucran en remoción de escombros en Oaxaca




JUCHITÁN, Oax. (apro).- Pese al rechazo que han enfrentado en varias comunidades del Istmo de Tehuantepec por ventajosas, las empresas eólicas realizan trabajos de limpieza y remoción de escombros en la zona de desastre.
El presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee), Leopoldo Rodríguez, informó que, “en coordinación con los gobiernos federal, estatal y local, se han unido para hacer frente a la situación de emergencia en la entidad que alberga más del 60% de la capacidad eólica del país”.
Luego de reconocer que las empresas eólicas no estuvieron exentas de daños, pues si bien los parques, sus operaciones y sitios no reportan caídas de aerogeneradores, sí se afectó infraestructura eléctrica y se realiza una revisión exhaustiva para restablecer la generación de energía lo más pronto posible.
También detalló que el sismo registrado el jueves 7 afectó las operaciones de las empresas eólicas asentadas en esta región y que forman parte de la Amdee, lo que no ha impedido que se sumen a las labores de ayuda y atención a los damnificados.
En coincidencia con el Ejecutivo federal y estatal, establecieron como prioridad contribuir con la transportación de agua, víveres y medicamentos de primera necesidad, además de que han facilitado personal y maquinaria para la remoción de escombros y las primeras labores de reconstrucción, incluyendo el apoyo para recobrar la normalidad en el suministro de agua y electricidad.
Asimismo, el personal de los parques eólicos trabaja de manera extraordinaria para restablecer las condiciones de normalidad y esperan las instrucciones de la CFE y del Centro de Control de Energía (Cenace) para reiniciar la “inyección” de energía eléctrica a través de la red nacional.
“Nos solidarizamos con nuestros colaboradores y con el pueblo oaxaqueño porque este terremoto ha significado grandes pérdidas para muchos en lo personal y en lo material”, señaló el presidente de la Amdee, Leopoldo Rodríguez.
En la maquinaria de las empresas fueron colocadas cartulinas con colores fosforescentes y la leyenda “Eólica del Sur”, y “estamos atentos a las necesidades de la población conforme a lo que nos expresan las autoridades, nuestros colaboradores y las comunidades, buscando responder a lo que requiere el Istmo”.
Por lo pronto, para “acercarse a la población iniciaron la instauración de centros de acopio, entrega de despensas y brindando atención médica o psicológica, ya que cada uno de los asociados que aquí operamos tenemos el firme compromiso de contribuir significativamente a reconstruir la región del viento”, puntualizó.
Cabe mencionar que en varias comunidades de la región del Istmo persisten conflictos legales contra las empresas eólicas y en algunos lugares han logrado la cancelación de esos proyectos.
Respecto de los conflictos en rechazo a los seis proyectos eólicos, éstos se localizan en las comunidades zapotecas y huaves como en San Dionisio del Mar (huaves) y de la comunidad Álvaro Obregón (zapotecos), en la región del Istmo de Tehuantepec, donde se organizaron en defensa de su tierra, territorio y costumbres, ante la amenaza representada por la imposición del megaproyecto eólico de Mareñas Renovables, el cual no les fue consultado. Esta oposición generó enfrentamientos y agresiones contra los pobladores y las organizaciones que los apoyaban, por lo que interpusieron recursos legales, ganando un amparo para suspender la obra.
Finalmente, la empresa tomó la decisión de cancelar el proyecto en San Dionisio del Mar y trasladarlo a otro lugar.
Además, los zapotecas del municipio de Unión Hidalgo demandan la remoción de aerogeneradores que se han instalado en el casco urbano por la empresa Demex y su asociada consumidora Bimbo.
En asamblea general, convocada por el presidente municipal, el representante de los bienes comunales y el presidente del Comité Pro-obras, se manifestaron contra las repercusiones que han tenido para la población los parques eólicos Piedra Larga I y II de la empresa Demex, filial de la transnacional española Renovalia Energy.
A su vez, la Asamblea de los Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio denuncian que el gobierno pretende crear seis nuevos parques eólicos en la región con inversión de compañías españolas y francesas, firmas que venderían la energía a la CFE.
Igual señalan que estas concesiones generarían el despojo de tierras indígenas, así como impactos al medio ambiente, según activistas de la región y académicos.
Derivado de la oposición de los pobladores indígenas a los proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec, el gobierno municipal de Juchitán solicitó que para la instalación del parque eólico de la empresa Eólica del Sur, en 5 mil hectáreas en los municipios de Juchitán de Zaragoza y El Espinal, era necesario realizar una consulta indígena. Por lo que solicitó la intervención del gobierno federal y estatal para llevar a cabo este proceso.
Se instaló una comisión para elaborar el protocolo de consulta indígena, mismo que fue consensuado y aprobado con los representantes de las comunidades indígenas de la zona, con lo que dio inició el proceso de consulta previa, libre e informada, fundamentado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
A su vez, la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) rechaza la construcción del parque eólico Bii Hioxhoo, de la empresa Gas Natural Fenosa, por lo que han bloqueado las obras, lo que les ha generado amenazas y violencia por parte de la empresa. Mencionaron que la obra no les fue consultada y que afecta su actividad pesquera.
De igual forma, comuneros del municipio de San Blas Atempa y el Frente Unido de Comunidades Oaxaqueñas advirtieron que no permitirán la invasión de sus tierras y han realizado diversas acciones para impedir la construcción de una central de almacenamiento de energía (subestación eléctrica) para el parque eólico que Sedena construyó en las instalaciones de la Base Aérea Militar número 2 del municipio de Ixtepec y que no fue consultada a los pobladores.
Igual han llevado a cabo bloqueos carreteros y cerrado simbólicamente las obras.
Mientras que pescadores zapotecas de Juchitán, conformados en tres cooperativas: Laguna Santa Cruz, Guse’ Stinu y Chinchorreros de la séptima sección, denunciaron que la empresa Eólica Zapoteca utilizó firmas falsas para anunciar la validez de un proyecto que pretende ubicarse en 604 mil hectáreas de zona lagunar.
En tanto los zapotecos de Unión Hidalgo manifestaron en marzo pasado su rechazo para que las empresas Eléctrica del Valle de México (propiedad de la paraestatal francesa EDF), GAMESA (eléctrica española) y Eólica Unión (oaxaqueña) instalen tres proyectos eólicos y una subestación de almacenamiento de energía en su territorio, y sin que antes hayan sido consultados.
Para prevenir violaciones a sus derechos humanos, casi 800 firmantes entre comuneros y habitantes presentaron un amparo en los juzgados de distrito de Salina Cruz, ante la posibilidad de que las autoridades federales, estatales y municipales les otorguen concesiones a esas firmas sin su consentimiento.

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Chocan normalistas de Ayotzinapa y policías estatales: hay 12 estudiantes detenidos y 4 agentes “rehenes”


 
PROCESO
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Normalistas de Ayotzinapa sostuvieron una confrontación con policías estatales esta mañana sobre el libramiento de cuota Chilpancingo-Tixtla, cuyo saldo es de 12 estudiantes detenidos.
En respuesta, los normalistas privaron de su libertad a cuatro policías municipales de Tixtla, a quienes mantienen retenidos en las instalaciones de la normal “Raúl Isidro Burgos”, en espera de negociar el intercambio de rehenes con el gobierno de Héctor Astudillo Flores.
La confrontación entre estudiantes y agentes estatales se originó luego de que los normalistas arribaron en varios autobuses al punto conocido como Tierras Prietas, al norte de la capital de la entidad, donde secuestraron una pipa de combustible de Pemex, así como ocho unidades de empresas refresqueras y productos comestibles, según reportes oficiales.
En su huida sobre el libramiento, los estudiantes fueron alcanzados por un camión que trasportaba decenas de policías estatales con equipo antimotín y enseguida se desató el enfrentamiento.
De acuerdo con informes oficiales, los estudiantes atravesaron en la carretera el autobús 1503 de la empresa Estrella de Oro para impedir que los uniformados los siguieran. En ese lugar fueron detenidos ocho normalistas.
El convoy de estudiantes que llevaba la pipa de combustible y las ocho unidades de empresas particulares se detuvo en el módulo de Seguridad Pública de Tixtla. Fue ahí donde los jóvenes retuvieron a cuatro agentes municipales identificados como: Florencio Iglesias Flores, Gabino Castro Andrés, José Guadalupe Reyes y Marco Antonio Centella Gabriel.
Además de la pipa de Pemex, los estudiantes ingresaron a la Normal de Ayotzinapa dos camionetas de la empresa Sabritas; una más de Lala; tres unidades de Bimbo, un vehículo de Coca Cola y un camión tipo Torton con abarrotes, agregó el reporte de las autoridades.
Los normalistas justificaron el rapto de la unidad de combustible y las de productos chatarra al decir que se trataba de actividades enfocadas a generar condiciones de logística y en demanda de justicia a tres años de la masacre y desaparición de 43 de sus compañeros.
Padres de los 43 condenan agresión
Mediante un comunicado, informaron que cerca de las 08:00 horas de este miércoles, aproximadamente 60 normalistas se dirigieron a bordo de autobuses a la ciudad de Chilpancingo para “realizar actividades de boteo”.
Y aunque no mencionaron la retención de los vehículos, aseguraron que, al regresar a Tixtla fueron atacados a tiros por agentes estatales en el punto conocido como los túneles del libramiento de cuota Chilpacingo-Tixtla.
Los disparos, agregaron, afectaron los neumáticos del autobús 1512 de la línea Estrella de Oro y en ese lugar, uniformados detuvieron con violencia a 12 estudiantes porque el resto de los normalistas escaparon.
Padres de los 43 normalistas desaparecidos condenaron el uso excesivo de la fuerza de la policía estatal y exigieron la liberación de los jóvenes detenidos.
También demandaron un alto a la represión y la criminalización de Ayotzinapa, así como el uso de fuerza extrema y armas en manifestaciones públicas. Además, exhortaron al gobierno estatal a investigar para esclarecer el hecho violento y procesar a los uniformados que accionaron sus armas contra la unidad donde viajaban los normalistas detenidos.
Por último, denunciaron que un grupo de estudiantes y padres de los 43 que se encuentran en la Ciudad de México fue hostigado la madrugada de este miércoles por sujetos armados que preguntaban y vigilaban a la comisión de víctimas y activistas.

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Egresados de la normal rural son ahora estudiantes de excelencia de la Ibero

Laura Poy Solano
 
Periódico La Jornada
Jueves 14 de septiembre de 2017, p. 14
Originarios de la Montaña Alta de Guerrero y egresados de la generación 2015 de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa –a la que también pertenecen los 43 estudiantes normalistas desaparecidos desde 2014–, Luis Ángel y Aquilino son hoy alumnos destacados de una de las universidades privadas de mayor demanda en el país, donde cursan estudios de sicología y sociología.
En entrevista con La Jornada, Aquilino Florencio, normalista rural y hablante de náhuatl, asegura que asistir a la Universidad Iberoamericana (Uia) ha sido una experiencia muy enriquecedora, porque venimos de una normal rural donde se nos tacha de vándalos y rateros, pero estamos demostrando que no es así. Podemos llegar a las mejores universidades del país si nos dan la oportunidad.
Junto a él, Luis Ángel y Onésimo Navarrete, originarios del municipio de Cualác (Lugar de Agua Buena, en náhuatl), donde existe, aseguran, una de las policías comunitarias y ciudadanas mejor organizadas del país, también se siente satisfecho de lograr una meta que, para quienes vienen del campo, es como subir una montaña, el lograr tener una licenciatura.
Sin embargo, Aquilino y Luis Ángel explican que su primera y más importante elección ha sido la docencia. Quisimos ser maestros no sólo para que los niños aprendan a leer y escribir, sino para ayudar a la comunidad y enseñarla a luchar. Eso fue lo que aprendimos en Ayotzinapa, aseguran.
Los tres reconocen los desafíos académicos que enfrentan en una de las instituciones de educación superior privadas de mayor exigencia, pues destacan que en Guerrero estamos muy mal en cuestión académica. No siempre hay escuelas, no tenemos bibliotecas actualizadas ni espacios donde convivir con los profesores y la comunidad. En muchos lugares ni siquiera hay señal de teléfono celular.
Pese a ello, afirman, lograron concluir su educación básica y media superior, gracias al apoyo de sus familias, pues al ser muchos hijos sabes que no todos van a poder estudiar, porque unos tienen que trabajar para que otros vayan a la escuela. Y nuestros padres hacen un esfuerzo enorme, porque alguno de nosotros no tenga como único destino el trabajo en el campo.
En contraste, narran, cuando llegaron a la Uia gracias al programa Si quieres, puedes, que les permite estudiar con una beca si se mantienen como alumnos de excelencia, conocimos a personas que prácticamente lo han tenido todo, pero que desconocen que afuera hay otro mundo, el nuestro, donde trabajamos para comer.
Onésimo Navarrete, quien cursa estudios de sicología y no es egresado de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, destaca que ha sido una experiencia muy bonita, aunque a veces muy difícil, porque llega la maestra y dice, ustedes ya vieron esto o lo otro, pero en mi caso no es así. Además, tenemos compañeros que se interesan por saber de dónde venimos, y cuando les decimos que del campo, te pregunta y ¿eso cómo es?, porque no saben ni de dónde viene la leche o el maíz.
Luis Ángel y Aquilino recuerdan que como estudiantes normalistas nos ha tocado vivir los dos grandes movimientos de Ayotzinapa. En el año 2011, cuando perdimos a nuestros compañeros Jorge Alexis y Gabriel, y luego la desaparición de nuestros 43 compañeros. Son hechos que nunca vamos a olvidar y por los que no vamos a quedarnos callados.

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FeTERA: La energía, un derecho que construye soberanía

Publicado el 14 Septiembre 2017
Por Felipe Gutiérrez Ríos
El surgimiento y desarrollo de la FeTERA está lleno de simbolismos clasistas que la constituyen. En su declaración de principios establece que la clase obrera es un elemento básico de la generación del capitalismo y que el movimiento obrero es una “necesidad ineludible” para transformar este sistema. Por esto, promueve instancias como la solidaridad y la creación de una fuerza propia para construir “un país que merezca ser vivido por todos”. ¿Cómo se construye ese país?, es la respuesta que buscamos desde la perspectiva de los y las trabajadoras de la energía.
La Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA), que agrupa a espacios de base de distintas ramas del sector, es probablemente la organización más dinámica en la demanda por el derecho a la energía en el país.
Maduró su debate político en el contexto de la pérdida de ese derecho, durante la cruda década neoliberal con Carlos Menem en la presidencia del país. Desde entonces, año tras año, forma parte de la discusión pública en torno a los precios y el control de la energía, desarrollando propuestas como la tarifa social. Por eso su demanda se transformó en bandera: hoy levantan, en el país y la región, la discusión por una soberanía energética que parta desde la perspectiva de los Derechos Humanos.
Aquí su historia y sus debates, en la voz de dos de sus principales referentes, José Rigane, secretario general, y Gabriel Martínez, secretario de Organización.
Un nuevo modelo sindical
El nacimiento de la FeTERA está íntimamente ligado al quiebre producido en el sindicalismo durante el primer gobierno de Carlos Menem. En ese marco un sector, principalmente de trabajadoras y trabajadores estatales y de la educación, forman la CTA, que nace en 1991 como Congreso de Trabajadores Argentinos, y se transforma en Central de Trabajadores Argentinos, después. En dicho quiebre hacen explícita la búsqueda de un nuevo modelo sindical, que confronte el apoyo que la Confederación General del Trabajo (CGT) le entregaba, por entonces, a las políticas neoliberales, y que pudiera constituirse como un movimiento político y social.
La cientista política María Silvana Gurrera, que estudió la constitución de la Central, sostiene que la idea de este nuevo modelo sindical se basaba en cuatro prácticas fundamentales: autonomía respecto del Estado, patrones y partidos; democracia sindical expresada a través de la elección directa de las autoridades; apertura a nuevos sectores de la sociedad por fuera de los gremios; y revalorización de la ética gremial en contraposición con el “viejo sindicalismo” (Gurrera 2012: 212).
Recordando ese período Gabriel Martínez se­ñala que “el sindicato único había facilitado el desarrollo de las políticas neoliberales y buena parte de las organizaciones sindicales más grandes se habían asociado a los procesos de privatización y extranjerización”. “Los trabajadores que entendíamos distinto la cosa, comenzamos a organizarnos de una manera independiente de los que estaban claudicando, creando una conceptualidad nueva que viera al sindicalismo como parte integrante de la sociedad y no como una herramienta a utilizar dentro del mundo del trabajo”, subraya.
“Es decir que la clase, ya no los trabajadores en relación de dependencia, la clase, tenía que buscar una articulación con todos los sectores para enfrentar a un enemigo que era mucho más grande que un patrón”. Martínez enfatiza en que en el surgimiento de la CTA se juntan conceptos traí­dos de la experiencia de la CGT de los Argentinos (1968-1973) con elementos nuevos, propios de la crisis neoliberal.
En el marco de ese proceso, y en el esquema de crecimiento de CTA en nuevos sectores, es que nace la FeTERA, formalmente en noviembre de 1995. Creada por una diversidad de sindicatos como Luz y Fuerza Mar del Plata, Santa Cruz, Zárate y La Pampa; trabajadoras y trabajadores estatales (ATE) de sectores como el carbón (Río Turbio) y nuclear; Gas del Estado de Capital Federal, de la represa de Salto Grande y ex ypefianos (desocupados y desocupadas de YPF).
Las y los trabajadores de la energía como sujetos políticos
Las políticas neoliberales de Menem golpearon con especial fuerza a los y las trabajadoras de la energía cuyas principales empresas fueron desguazadas, divididas y finalmente privatizadas. Este proceso ocurrió en los distintos segmentos del sector, tanto en generación como transmisión y distribución, dejando a miles de personas en la calle. Mientras una porción mayoritaria de estos se transformaron en desocupados, otros puestos de trabajo fueron reconvertidos a la subcontratación, con la consiguiente pérdida de derechos laborales1.
“Nuestro objetivo entonces era nuclear a sectores que salieron a enfrentar la pérdida de patrimonio público y la privatización de las empresas del Estado”, señala Martínez. “Pero también nos dimos la estrategia de representar trabajadores activos, jubilados y desocupados. Esto llevó a organizarnos dentro del ámbito de las organizaciones de trabajadores, con una política diseñada para articular con todos los sectores de la sociedad, reconociendo a nuestros compañeros que habían quedado sin trabajo como parte de la organización sindical, cosa que a algunos aún les cuesta”.
La FeTERA se caracteriza, entonces, por ser una organización de segundo grado que reúne no solo a sindicatos, sino también a otras figuras, como agrupaciones y a la afiliación individual. Además, los orígenes de estos espacios son de diversas ramas del sector. Se busca así la construcción de una nueva figura sindical: las y los trabajadores de la energía. Martínez considera que a través de la Federación lograron crear este nuevo modelo de representación sindical, no sin complejidades, “cuando un trabajador de Luz y Fuerza se integra con otros trabajadores de Luz y Fuerza en usinas o empresas que transmiten alta tensión o distribuidoras, tienen un lenguaje común o un convenio colectivo común que hace que se sientan pares, aunque no se conozcan desde antes”. “Ahora, cuando encontrás en un mismo lugar a trabajadores del gas, de la electricidad, química, carbón, nuclear; no hay pasado común, no hay una historia que los entrelace. Entonces tenés que empezar a crear una nueva historia, la historia de la convivencia en un ámbito de construcción nueva.
Desde ese punto de vista, la FeTERA es un experimento sindical que ha sobrevivido ya veinte y pico de años”, comenta.
Un dato no menor es la baja afiliación de gente del sector petrolero en la Federación. Al respecto, su secretario de Organización, explica que se debe a que esos trabajadores y trabajadoras están empleados prioritariamente en empresas privadas, que ven con temor la lucha contra la privatización que lleva adelante la FeTERA.
La energía entendida como derecho
Hay un proceso en particular liderado por Luz y Fuerza de Mar del Plata que determinó y constituyó el ADN de la lucha de la Federación. Hacia finales de la década de 1990, a los masivos despidos en el sector, en esa ciudad se sumaron los cortes de luz y agua, así como la quita de los medidores, lo que generó una alta conflictividad en algunos barrios, que incluía piquetes y barricadas para impedir los cortes del suministro. Ante esto, los gremios promovieron la creación de multisectoriales que levantan una propuesta de reconexión de los hogares sancionados y la creación de una tarifa social. Después de años de negociación, esta fue aprobada en la provincia de Buenos Aires, estableciendo rebajas de tarifas de un 40% (llegaba hasta un 50% con la quita de impuestos) en las casas con consumo menor a 150 kwh mensuales2.
“Nosotros empezamos a dar este debate cuando comenzamos a sentir la pérdida del derecho a la energía, a finales de los ‘80. En ese ámbito surge el concepto de la tarifa social. Comenzamos a buscar las relaciones institucionales y sociales que llevaran a contar con un cuadro tarifario que incluyera una tarifa especial de carácter social”, sostiene Martínez. Un volante de la época valora así la importancia de la ley. “La Tarifa Social es un avance surgido de la conciencia social de los hombres y mujeres que sufrimos la derrota económico-ideológica de la privatización. Sobre la base de reconocer la energía como un derecho humano es que se comienza a recorrer el camino de construcción de la Tarifa Social.”
“Esa ley se ganó, está vigente y garantizó la energía eléctrica para muchísimos que no podían pagar. Donde el valor subsidiado de la energía no lo paga el Estado, sino que son las mismas empresas que resignan ganancia para garantizar el servicio público. Así, el concepto de que la energía es un derecho, es un bien social, nació en medio de la crisis que va desde el ´99 hasta previo el 2001, a medida que iban creciendo las condiciones sociales para el crack que se dio después”, valora Martínez.
Por su parte José Rigane sostiene que ese proceso fue un hito para entender la desmercantilización de la energía. “La energía resulta insustituible. Se puede sustituir un paquete de fideos, podes comprar un kilo de papas o arroz; pero la electricidad, el agua y el gas no lo podes sustituir, es imprescindible para la vida. Y sin esa energía no hay vida digna y, como se trata de un bien social, de la misma manera tenemos que es un derecho humano. Pero este modelo contempla a la energía como un instrumento para tener ganancia por parte de las empresas multinacionales de la manera más rápida. Tiene como objetivo sustancial tratar la energía como un commodity, como una mercancía, a la que no reconoce como un derecho o bien social”.
Un sistema en crisis
La FeTERA coincide con el diagnóstico común de que el sistema energético está en crisis. Esta es una afirmación que aparece transversalmente a todos los sectores políticos del país, sin embargo cada uno pone el acento en causas distintas.
Por ejemplo, el relato oficial del gobierno kirchnerista establecía que la responsabilidad estuvo en el proceso neoliberalizador de los ‘90, mientras que el macrismo culpa a la pesada herencia kirchnerista. Por su parte Rigane sostiene que “ha fracasado y está en una profunda crisis el modelo energético basado en la privatización y, fundamentalmente en la extranjerización, que responde a los intereses del sistema capitalista”.
¿De dónde proviene esta crisis? Para Martínez, “la pérdida de soberanía energética no se da en 1989, sino que viene de todo el proceso anterior, de decadencia, que termina privatizando, arrebatando la energía de la administración social”. Rigane complementa, “la entrega comenzó con la dictadura militar, pero luego tiene continuidad en la democracia, que es lo peor que nos sucede. Esto termina demostrando que esa democracia es profundamente formal, es profundamente burguesa y que además, al ser una democracia no participativa, no está convocado a la gente a decidir sobre los problemas más importantes y significativos.
Es una demostración de que los argentinos perdimos soberanía y somos incapaces de poder decidir precisamente sobre los temas más importantes”.
El secretario general de la Federación considera que la clave en esta crisis está en la pérdida del control social de la energía. Esto se ve, por ejemplo, en la extrema dependencia de los hidrocarburos en la matriz energética, lo que no sólo la hace muy contaminante sino también altamente dependiente, debido a la necesidad de importar gas. “Lo cierto y lo lógico es que tenemos que tender hacia una matriz diversificada, pero eso solamente lo puede hacer un pueblo que recupere la soberanía, para después discutir qué es lo que nos conviene desarrollar. Este es un debate que no se termina de entender en la gran urbe capitalina, donde no se ve ni se siente lo que es capaz de provocar el extractivismo y sus consecuencias nefastas para el pueblo argentino. Entonces está muy claro que la diversificación de la matriz energética viene de la mano de recuperar la soberanía popular.
Y si recuperamos la soberanía energética, seguramente los argentinos nos vamos a dar una matriz en la que tengamos una compensación de energías alternativas”, sostiene Rigane.
¿Cómo entiende, entonces, FeTERA la soberanía energética? Martínez responde: “para nosotros está relacionada directamente con la apropiación social de los recursos energéticos y de la capacidad de transformación para su conversión en servicio pú­blico. La soberanía tiene que ver con la aparición de un actor colectivo permanente, no asociado a las coyunturas políticas, que tiene que laburar un proyecto de utilización y desarrollo. Y que tiene que garantizar a las generaciones que vienen su disfrute”.
Yendo a la propuesta concreta de FeTERA para pensar una transición a la soberanía energética, Rigane sostiene una agenda de cuatro puntos: “la primera decisión tendría que ser suspender todo tipo de exportación de petróleo: no tenemos petróleo para abastecer el mercado interno, no tenemos por qué exportar. Segundo, declarar servicio público todo lo que es servicio público y que hoy no está declarado: la transmisión, generación y la distribución de energía. Tercero, una intervención del Estado con poder de decisión para la planeación y ejecución de la política energética que tenga como objetivo resolver el problema del acceso de todos los ciudadanos argentinos a la energía. En esa línea, comenzar a planificar algo que no se resuelve de un día para otro, que es el tema de la diversificación
de la matriz energética. Y luego una integración de carácter regional en función de los intereses y la necesidad de los pueblos, no de los gobiernos, y menos aún de los grupos multinacionales. En términos energéticos esto resulta imprescindible”.
Martínez, por su parte, hace hincapié en el control de los servicios públicos. “Nuestra propuesta no es volver al tipo de administración de servicios públicos que teníamos antes de 1989, cuando se pensaba que era del Estado, y por lo tanto lo administraba el gobierno. Ni tampoco a lo que se pensó después, cuando era de los concesionarios, y por lo tanto lo administraban las empresas. No hay un punto donde se piense que el control de la energía es de la sociedad, que va más allá de los gobiernos y de los intereses privados. Ahí el Estado tiene un rol, pero la sociedad tiene que ser garante de que las futuras generaciones no se van a encontrar con Repsol administrando”.
Una vuelta al comienzo
El panorama político es hoy mucho más parecido al de la fundación de la FeTERA. Si la discusión energía como derecho o como mercancía no estuvo saldada durante el kirchnerismo, el gobierno empresarial de Mauricio Macri inclinó toda la balanza en favor de la mercantilización. Su mayor expresión fue el tarifazo: un brutal aumento de los servicios para sostener los altos márgenes de rentabilidad de las compañías del sector, bajo un discurso antisubsidios. Para Martínez lo que se terminó implantando mediáticamente fue un falso debate, “este gobierno te hace discutir entre tarifazo y aumento gradual y nosotros decimos ‘ni una cosa ni la otra’”. “Para nosotros el tarifazo es una consecuencia. La causa es el modelo energético. Y si nosotros no cambiamos la causa, los efectos van a continuar”, agrega Rigane.
Martínez sostiene que esa modificación del modelo tiene que ir en función del aprovechamiento social de la energía. “¿Para qué quiero empezar a exportar energía? No me interesa. Yo quiero la energía para desarrollar puestos de
trabajo, tecnología propia, proyectos de desarrollo, una democracia fuerte y participativa, universidades que desarrollen centros de ciencia y tecnología, etc. Lo que tenemos que hacer es plantearnos qué tipos de desarrollos industriales hacen falta para que mi sociedad viva mejor y qué nuevas formas de participación democrática nos podemos dar en camino hacia estadios superiores, donde el socialismo esté contemplado”.
1. Hernán Palermo (2012) cifra en 35.689 los despidos sólo en YPF. Esto provocó una alta conflictividad social, cuyo punto máximo fueron las puebladas de Cutral-Co y Plaza Huincul que vieron nacer a un/a nuevo/a sujeto/a: las y los piqueteros, que lograron frenar el intento de atomización de las y los desocupados por la vía de los despidos.
2. Más información sobre la historia de la Ley 12698 de la Provincia de Buenos Aires, está desarrollada en el artículo La Historia de la Tarifa Social, disponible en la página de FeTERA.
Artículos consultados
Gurrera, M. S. (2002). Protesta, conflicto sindical e identidades políticas: la Central de los Trabajadores Argentinos en los años noventa.
Informe final del concurso: Movimientos sociales y nuevos conflictos en América Latina y el Caribe. Buenos Aires. Palermo, H. M. (2012).
Cadenas de oro negro en el esplendor y ocaso de YPF. Grupo Antropología del Trabajo. Buenos Aires.

Por Felipe Gutiérrez Ríos. Observatorio Petróleo Sur.
Publicado en la Revista Fractura Expuesta Nº5: http://www.opsur.org.ar/blog/wp-content/uploads/2017/08/f-expuesta02Adigital.pdf

 Fuente

Gobierno de Francia, firme con la reforma laboral

Afp
 
Periódico La Jornada
Jueves 14 de septiembre de 2017, p. 28
París.
El gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron, prometió este miércoles firmeza en su proyecto de reforma laboral, a pesar de las manifestaciones de rechazo de cientos de miles de personas.
Vamos a aplicar lo que los franceses nos piden, no vamos a retroceder, dijo la ministra del Trabajo, Muriel Pénicaud, quien aseguró que la reforma contribuirá a la reducción del desempleo.
Las manifestaciones del martes reunieron a 220 mil personas en todo el país, según la policía, aunque según la Confederación General del Trabajo fueron cerca de 500 mil.
El primer ministro Edouard Philippe dijo entender las manifestaciones, pero se preguntó dónde quedaría la democracia si protestamos sistemáticamente contra la mayoría parlamentaria.
La reforma laboral de Macron incluye medidas para limitar el máximo de compensaciones para los trabajadores en caso de conflicto laboral o la posibilidad de llegar a acuerdos en las empresas de menos de 50 empleados sin necesidad de que haya representantes sindicales.
El objetivo del gobierno es dar mayor flexibilidad a las empresas y alentarlas a contratar más para luchar contra el desempleo, que afecta a 9.5 por ciento de la PEA en Francia, más que la media europea de 7.8 por ciento.

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