jueves, 19 de octubre de 2017

Organizaciones adherentes a la OPT apoyarán candidatura de “Marichuy”

Los dirigentes de la OPT, durante la conferencia

*  Movimientos sociales del país dicen no sentirse representados por los partidos y se sumarán a la campaña de la vocera del Consejo Indígena, en 2018

Por La Redacción
Especial de Expediente Ultra
Al no sentirse representados en sus intereses por los partidos, movimientos sociales y sindicales agrupados en la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT), dieron a conocer su apoyo a la candidatura independiente de María de Jesús Patricio , “Marichuy”, rumbo  a la presidencia de la República,  en 2018.
En conferencia de prensa José Luis Rojas, Héctor Becerra, Humberto Montes de Oca, Héctor Valadéz y Edgar Sánchez, integrante de la Dirección Política, destacaron que emprenderán toda una campaña en el país para recabar una cifra superior a las 866 mil firmas que las autoridades electorales piden como requisito para otorgar el registro a la vocera del Consejo Indígena de Gobierno.
Señalaron que a esta tarea se sumarán organizaciones como la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE), el SME así como un sinfín de trabajadores, jóvenes estudiantes y activistas sociales, convencidos de que los partidos políticos no representan las demandas sociales ni los intereses de los campesinos, obreros, indígenas y otros sectores marginados y golpeados por la imposición de las reformas estructurales como la laboral, la educativa y energética.
Añadieron que el sistema político vigente en nuestro país atraviesa por una crisis de legitimidad agudizada por el descrédito de los partidos y su Pacto por México, por lo que en 2018 hará denodados esfuerzos por legitimar sus desgastadas instituciones a través de su sistema electoral.
Comentaron que la candidatura de “Marichuy” será una alternativa de crítica y denuncia al sistema político y económico que no garantiza un verdadero cambio a favor de las mayorías y que ha cancelado los derechos laborales y el cierre de empresas públicas como “expresión de la política neoliberal”.
De igual manera, subrayaron que en la campaña de la candidata indígena se pondrá de manifiesto por todo el territorio nacional la resistencia de los pueblos originarios en la defensa de sus comunidades, sus tierras y sus riquezas naturales, contra   los proyectos de las multinacionales.
“Esto nos permitirá articular la lucha política de innumerables organizaciones y el surgimiento de otros movimientos sociales en una conjunción de fuerzas más allá del 2018”, subrayaron al tiempo de enfatizar que a los agravios cometido por el actual gobierno debe sumarse la profundización de la actual crisis en terrenos como la violación a los derechos humanos expresada en situaciones como la desaparición de los 43 normalista de Ayotzinapa.
Para finalizar, dejaron en claro que su objetivo no es ganar la elección sino construir, en el marco de la coyuntura electoral, un acuerdo para avanzar en un proceso de lucha de todos los sectores de la población, diferente a las campañas de los partidos.  “La idea –destacaron–, es crear una acumulación de fuerzas para echar abajo las reformas estructurales mediante un cambio profundo y serio, porque sabemos que el proceso electoral tiene sus limitaciones y debemos ir más allá y desterrar al neoliberalismo”, concluyeron.

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El INE aplica "medidas clasistas, racistas y excluyentes", sostiene Marichuy

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María de Jesús Patricia Martínez recorrió calles de Palenque, cuarto punto de su recorrido por ChiapasFoto José Carlo González
Elio Henríquez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 19 de octubre de 2017, p. 11
San Cristóbal de Las Casas, Chis.
La vocera del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, quien busca el registro como candidata presidencial independiente, afirmó que con las medidas clasistas, racistas y excluyentes impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE), el sistema electoral no está hecho para que seamos los pueblos de abajo los que gobernemos.
Agregó que las leyes e instituciones del Estado están hechas para los de arriba, para los capitalistas y su clase política corrupta, resultando una gran simulación.
En un mensaje leído en Palenque, cuarto punto de su recorrido por Chiapas en su campaña para la recolección de firmas con el fin de obtener su registro de candidata, recordó que el día 15 de octubre recibió la constancia que la acredita como aspirante a la Presidencia de la República, pero desde un principio vimos que los mecanismos y las vías que el INE diseñó no están hechos para el pueblo de México, para los pobres de este país, sino para los ricos, exigiéndonos tecnologías para recabar las firmas que en muchas de nuestras comunidades ni siquiera conocemos.
Añadió que a pesar de ello decidió seguir adelante para cumplir con la encomienda que nos confiaron el Congreso Nacional Indígena y concejales y concejalas de la mayor parte de los pueblos originarios de México.
Dijo que se organizaron y formaron una red de apoyo en los 32 estados de este país, logrando registrar en tan sólo dos días mil 480 auxiliares voluntarios y la próxima semana registrarán mil 500 más que recabarán las firmas para lograr su registro como candidata independiente a la Presidencia de México.
Manifestó que el INE hizo una lista de marcas y modelos de teléfonos; dijo que debían tener como mínimo un sistema operativo Android 5.0 en adelante y a unas cuantas horas de comenzar con la descarga de las aplicaciones en los dispositivos nos encontramos con que no es cierta esa lista; nos encontramos con marcas que no están incluidas en el listado y de las que sí están incluidas resulta que no todas funcionan; la descarga es tediosa y puede durar horas. El sistema operativo requiere versiones superiores para que realmente funcione.
Marichuy aseguró que los teléfonos que llaman de gama media cuestan más de 5 mil pesos y muchas de las marcas y modelos indicados por el INE no funcionan, los de gama alta cuestan más de 12 mil y tampoco funcionan varias de las marcas y modelos indicados por el INE.

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TLCAN incumplió la promesa de más crecimiento y desarrollo

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El premio Nobel de Economía Paul Krugman (al centro), ayer a su llegada a la conferencia organizada por The New York Times en la Ciudad de México. El profesor de Princeton consideró que el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, es más parecido al ex presidente Luis Inázio Lula da Silva, un hombre que asustaba y era un radical, pero al final fue un buen gobernanteFoto Marco Peláez
Roberto González Amador
 
Periódico La Jornada
Jueves 19 de octubre de 2017, p. 20
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no cumplió con la oferta de sus promotores de generar más crecimiento económico y desarrollo para México, aseguró este miércoles Paul Krugman, profesor en Princeton y premio Nobel de Economía 2008.
Krugman restó peso a la opinión de quienes ven en Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, a un populista peligroso que amedrenta.
La prensa estadunidense presenta a López Obrador –quien buscará la Presidencia en 2018– como un líder populista, pero en México la gente está más relajada y menos preocupada, dijo.
López Obrador es más parecido al ex presidente brasileño Luis Ináazio Lula da Silva, un hombre que asustaba y era un radical, pero al final fue un buen gobernante.
Una salida de Estados Unidos del TLCAN, a la que Krugman sólo concedió 25 por ciento de probabilidad que ocurra, reduciría el producto interno bruto (PIB) de México en 2 puntos porcentuales, un efecto de magnitud similar a la que provocó el retiro de Reino Unido de la Unión Europea, previó Krugman en una conferencia organizada por The New York Times, del que es columnista.
El TLCAN lo que ofrece sobre todo es certidumbre y no sólo tarifas bajas para realizar comercio entre tres países, dijo el académico. Consideró que el acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos, que está vigente desde enero de 1994, está a punto de romperse por una reacción de ira del presidente estadunidense Donald Trump
De cualquier manera, México va a sobrevivir sin el TLCAN, en caso de que el acuerdo terminara. El país tiene una economía robusta y ha adquirido una gran habilidad en el sector manufacturero. Pero sí va a quedar más pobre de lo que sería con el tratado, añadió.
El Tratado de Libre Comercio, dijo Krugman, sí es un acuerdo consolidado, pero ahora en Estados Unidos domina una presidencia imperial. En Estados Unidos las reglas funcionan, pero nuestro sistema dependía de que el presidente no iba a estar loco. Así que estamos en problemas.
Krugman se refirió a las expectativas no cumplidas cuando el TLCAN era negociado por los tres países y que fueron las que la parte mexicana más esgrimió, de que la liberalización comercial traería crecimiento económico, desarrollo y una disminución de la desigualdad.
La promesa general de acelerar el crecimiento con el tratado es una promesa que jamás se debió hacer, dijo el premio Nobel.
En la teoría económica jamás hay garantía para la noción de que la liberalización comercial va a llevar a un crecimiento prominente, apuntó.
El Banco Mundial y su teoría ortodoxa, cuando dijo que iba a haber un crecimiento económico de México a una tasa de 2 a 3 por ciento adicional, fue una mezcla de teoría con mala estadística, pero no era realidad, apuntó.
Mejor nación
Desde la perspectiva de Estados Unidos, comentó, el TLCAN debió hacer tres cosas: se suponía, apuntó, que el acuerdo comercial iba a convertirse en un tema de política exterior; dos, se iba a hacer un esfuerzo reformista en México para que el país se tornara más democrático, abierto y más cercano a valores de Estados Unidos, y en eso tuvo éxito, hoy México es un mejor lugar en términos políticos y democráticos, y a pesar de todo lo que se puedan quejar es mejor que en el pasado.
Y, un tercer objetivo del TLCAN, desde la perspectiva estadunidense, era diversificar la economía mexicana, convertir a México en algo más que venta de petróleo y playas. Sí tuvo éxito en este punto, pero el tratado también tenía que producir más desarrollo. Había ejemplos de países de Asia y Chile que sí tuvieron crecimientos milagrosos después de la liberalización de sus economías. Tratamos de convencernos que iba a ser así aquí, pero no sucedió.
En la misma charla, Gerardo Esquivel, académico de El Colegio de México y coordinador de investigación del Instituto Belisario Domínguez del Senado, dijo que el TLCAN logró un aumento en el volumen de comercio a partir de su entrada en vigor. Desde antes del tratado, agregó, México ya enviaba 80 por ciento de sus exportaciones a Estados Unidos.
Desde la entrada en vigor del tratado, México dejó de hacer políticas y reformas que propiciaran que el TLCAN generara un crecimiento económico más acelerado.
“La idea de Carlos Salinas de Gortari –quien, como presidente, promovió y firmó el TLCAN– era reducir la brecha de desarrollo de México respecto de Estados Unidos y Canadá, y eso no ha ocurrido”, afirmó.

Caso Nochixtlán, ejemplo “de lo que no debe ser”, dice la CNDH y emite Recomendación


 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A 16 meses de la represión policiaca en Nochixtlán, Oaxaca, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, sostuvo que los hechos ocurridos el 19 de junio del 2016, en el que murieron siete personas, son “un ejemplo de lo que no debe ser” en materia de desalojos de vialidades.
Y es que –dijo– no se observaron coordinación ni protocolos de actuación entre las corporaciones estatales y federales, además de que se registró un uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales y tratos crueles inhumanos y degradantes.
Al presentar la Recomendación 7VG/2017, el ombudsman nacional señaló que las violaciones a derechos humanos ocurridas en el operativo policiaco en el que participaron miembros de la Policía Federal, la Gendarmería y policías estatales y ministeriales fueron “graves”, al registrarse entre ellas siete fallecidos, 174 civiles lesionados, 45 de ellos por arma de fuego, así como 106 policías heridos, cuatro por arma de fuego.
Acompañado del segundo visitador Enrique Guadarrama, González Pérez acusó a autoridades estatales y federales de obstaculizar el trabajo del organismo, lo que atribuyó a “falta de voluntad a que se conozca la verdad, para que se pueda llegar al fincamiento de responsabilidades, que esto limite la reparación del daño, y sobre todo el que se esté invisibilizando hechos como éstos, se evite generar garantías de no repetición”.
En una exposición detallada de la investigación –realizada durante siete meses por personal del organismo– que se desplegó a Nochixtlán, así como a las comunidades de San Pablo Huitzo, Hacienda Blanca y Trinidad de Viguera, hasta donde se expandió el operativo, el ombudsman exigió fincar responsabilidades a todos los servidores públicos responsables de los abusos cometidos, en un operativo dirigido a desalojar a agremiados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). “Estamos pidiendo que todos los que tuvieron que ver con la planeación, diseño, ejecución de este operativo se investigue precisamente su participación en ese mal diseño y, desde luego, quienes más tuvieron conocimiento de esos sucesos”, sostuvo.
El presidente de la CNDH señaló que, en una revisión de la indagatoria penal, personal del organismo detectó “la existencia de diversas omisiones en las diligencias de investigación e inobservancia de la normatividad aplicable por el personal ministerial de la Fiscalía estatal, las cuales no han sido subsanadas en su totalidad por la PGR, que atrajo la carpeta de investigación y en más de un año no se han realizado diversas diligencias necesarias para conocer la verdad y determinar responsabilidades”, pues ni siquiera se ha realizado la reconstrucción de los hechos ni se han tomado declaraciones de testigos ni víctimas.
Recomendaciones
La CNDH emitió 26 puntos recomendatorios dirigidos al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat; el comisionado nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia; el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, y al fiscal General de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez.
Entre ellos se cuenta que las autoridades estatales y federales tendrán que ofrecer una disculpa pública a las víctimas y a los habitantes de los pueblos afectados, además de proceder a la reparación de daños e iniciar investigaciones penales y administrativas.
González Pérez señaló que en las investigaciones de personal del organismo se determinaron violaciones graves al derecho a la vida, a la libertad, a la integridad, a la seguridad, al interés superior de niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia, así como al derecho a la verdad y al recurso jurídico efectivo.
Al señalar que la recomendación considera como sujetos de reparación a víctimas individuales y colectivas, entre ellas 20 personas que fueron detenidas sin haber participado de los hechos, el funcionario puntualizó que, debido a la mala planeación del operativo, atribuido a integrantes del Grupo de Coordinación Oaxaca, no sólo civiles resultaron afectados, sino también personal policial.
El ombudsman explicó que entre los afectados destacan unos 30 elementos de la banda de guerra y personal administrativo de la Policía estatal que fueron enviados al evento y que “no tenían la capacitación última para contender con ese tipo de operativos, eso muestra la desorganización del operativo”.
El segundo visitador Enrique Guadarrama agregó que el operativo fue monitoreado desde un hotel ubicado en la ciudad de Oaxaca, precisamente por el Grupo de Coordinación Oaxaca, integrado por el secretario general de Gobierno, el secretario de Seguridad Pública, el subsecretario de Operación Regional de la Secretaría General de Gobierno, el delegado estatal de la Segob, el coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, el comisionado de la Policía Estatal, el delegado estatal del CISEN, el coordinador Estatal de la Policía Federal en Oaxaca, División de Seguridad Regional y el encargado del Sexto Agrupamiento de Gendarmería.
Al insistir en la urgencia de investigar a policías y a integrantes del Grupo de Coordinación Oaxaca para el deslinde de responsabilidades, el ombudsman advirtió que las autoridades señaladas tienen un plazo de 15 días hábiles para aceptar la Recomendación.

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Desconfío de los partidos, pero es muy pronto para acabar con ellos: Salgado

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No me voy a retirar de la lucha, asegura Nestora Salgado en entrevista con La JornadaFoto Carlos Ramos Mamahua
Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Jueves 19 de octubre de 2017, p. 14
Al caminar por las calles de México, Nestora Salgado tiene sentimientos encontrados: por una parte, está feliz de volver a su tierra, pero al mismo tiempo no puede evitar un sensación de tristeza por descubrir que la gente no es libre y se ha acostumbrado a no serlo.
Las rejas que muchas personas colocan en sus casas debido a la inseguridad le recuerdan las que la retuvieron a ella durante los casi tres años que estuvo en prisión, como parte de un proceso legal donde nunca pudieron probar ninguno de los cargos que le imputaron, pero que sigue activo, pendiendo sobre su cabeza como una espada de Damocles.
Durante la visita relámpago que hace Nestora a México, luego de un prolongado autoexilio en Estados Unidos, La Jornada aprovechó la oportunidad para platicar con la fundadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, en el estado de Guerrero.
En la charla, Salgado deplora el aumento de la violencia en el país y de la criminalización de activistas, pero también adelanta que sigue en la labor de tejer redes entre colectivos de México y Estados Unidos y subraya: no me voy a retirar de la lucha.
Se han robado mi vida
–Después de todo lo que ha pasado, ¿cómo se siente, cómo encuentra al país?
–Es bonito por el regreso, pero a la vez no tienes libertad. Sigo custodiada, con (guardias de) seguridad. Se han robado mi vida, mi privacidad. No me gusta este México que veo; en Estados Unidos al menos puedo caminar sola, sin cuidarme de nadie, pero esta realidad existe y veo que la gente se está acostumbrando a vivirla.
–Siguen vigentes algunos procesos judiciales en contra de usted, a pesar de que fue liberada el año pasado por falta de pruebas…
–Son seis procesos por secuestro y homicidio, por eso no tengo total libertad. Fui absuelta por falta de elementos, porque nunca se presentaron testigos ni me han podido probar nada. Aun ahorita, después de salir de prisión, no he podido regresar a mi casa. Mi rancho y mi negocio quedaron abandonados y mi cuenta bancaria está desaparecida.
Salí libre (el 18 de marzo de 2016), pero al tercer día (la Fiscalía de Guerrero) apela la resolución. Me están criminalizando por organizar a mi pueblo, por haber sido parte de la Policía Comunitaria y, más aún, por ser mujer. Violentaron mis derechos con acusaciones gravísimas y me robaron 2 años y 8 meses de mi vida.
–¿Por qué cree que usted moleste tanto a algunas autoridades?
–Porque pusimos en evidencia su colusión con la delincuencia organizada. No sé quién es jefe de quién: si la delincuencia de los políticos, o los políticos de la delincuencia.
“Cuando denuncié las violaciones a niños, la trata de blancas, los asesinatos, los secuestros y las desapariciones, me encerraron a mí en vez de investigar. ¿Cómo lo explicas? Obviamente alguien de esa esfera política de alto nivel estaba detrás.
Lo que hice yo fue organizar a mi pueblo, defender a las mujeres, a los campesinos. Yo no me voy a callar, no quiero ser parte de este crimen, y si por eso me van a matar estoy dispuesta a dar mi vida. No quiero ser parte de esa corrupción y podredumbre.
Unir el norte con el sur
–¿Nada ha cambiado en México desde que organizó la Policía Comunitaria?
–Sí, ahora las cifras de asesinatos son más altas. La única forma de parar esto es unirse y luchar juntos por lo que queremos. A un pueblo organizado no hay nadie que se le meta, pero ellos (las autoridades) saben cómo dividirlo y someterlo.
–Mucha gente la conoce y estaría dispuesta a escucharla, ¿usted qué propondría?
–Estoy trabajando desde Estados Unidos en la organización, visitando diferentes colectivos y organizaciones. Hay una gran cantidad de luchas aisladas que queremos construir, como hormiguitas, y estamos haciendo esa labor de enlace, porque sólo unificados nos podremos defender de este sistema que nos ha atacado tanto.
“Aunque no coincidamos en muchas cosas, en otras podemos trabajar juntos y unirnos. Yo ofrezco mis brazos solidarios para decidir qué hacemos juntos y llegar a otros niveles de organización. Hemos andado en eso, tratando de unir el norte con el sur, intercambiando ideas.
“Mi aprehensión fue un mensaje bien fuerte para la gente que se organiza. Muchos dijeron ‘caray, lo que nos puede pasar’, pero el gobierno tampoco esperó el mensaje que íbamos a mandar nosotros. Es como un espejo para que vean lo que podemos lograr organizados.”
–En este escenario tan complejo, ¿qué cree que vaya a pasar en el 2018?
–Lo veo bien difícil, pero también como una buena coyuntura para hacer un cambio si sabemos utilizar nuestra fuerza y canalizarla. Siempre he dicho que no confío en los partidos políticos, pero también veo que es muy pronto para acabar con ellos. Si queremos mandar a un presidente, tenemos que empoderarlo, porque somos una fuerza endiablada.
–¿Hay condiciones para que regrese definitivamente a México?
–No, ahorita no puedo quedarme en el país, porque ahorita ellos siguen con la espada desenfundada y corro el riesgo de que me abran otro proceso. Quiero hacer las cosas con mucho cuidado, pero no me retiro de la lucha. Hay mucha necesidad de seguir.
 
 
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Caso Lesvy: Ordenan reclasificar delito por feminicidio; evidencian omisiones de la PGJ-CDMX

 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX) evidenció las omisiones de la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ-CDMX) para investigar con perspectiva de género las muertes violentas de mujeres de la capital.
Y es que, en el caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio -la joven cuyo cuerpo fue encontrado atado a una cabina telefónica en Ciudad Universitaria- resolvió que existen los elementos para determinar que fue un feminicidio y no un suicidio.

Esta tarde, los tres magistrados de la Quinta Sala Penal del TSJ-CDMX, Celia Marín Sasaki, Salvador Ávalos Sandoval y Arturo Eduardo García Salcedo, determinaron que Jorge Luis González Hernández, expareja sentimental de Lesvy y principal sospechoso, debe ser vinculado a proceso por feminicidio agravado y no por homicidio simple.
Éste último fue el dictamen que emitió el Juez de Control Christian Ricardo Franco Reyes, el pasado 10 de julio, quien determinó que no existían los elementos suficientes para responsabilizar a González Hernández del asesinato de la joven de 22 años. El juez sólo le acusó de comisión de omisión por, presuntamente, no impedir que Lesvy se quitara la vida luego de una discusión.
Contrario a estas aseveraciones, la resolución de hoy del juicio de apelación confirma la hipótesis del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria -represente legal de la familia Rivera Osorio-: Lesvy no se suicidó.
Desde el inicio de las diligencias, el Centro documentó al menos tres características para clasificar la muerte de la joven como parte de la ola de violencia contra las mujeres que vive la capital: la exposición pública del cuerpo, rastros evidentes de violencia física, así como testimoniales de al menos dos amigos cercanos a la pareja de la violencia previa que vivía la víctima.
Incluso, ya se habla de un feminicidio agravado por la relación sentimental que mantenía Lesvy Berlín con Jorge Luis, pues al mantener un noviazgo se habla de una condición más de vulnerabilidad.
Impacto en el proceso
En entrevista con Apro, Alejandro Martínez Martínez, integrante del Centro de Derechos Humanos, refirió que la resolución “básicamente corrige todo el actuar de la Procuraduría” que dirige Edmundo Garrido Osorio, desde la muerte de Lesvy el pasado 3 de mayo, cuando aún era procurador Rodolfo Ríos.
“Se confirma lo que se ha venido peleando: le corrige la plana al Ministerio Público, a la Procuraduría local e incluso, al mismo juez de control, en el sentido de que los datos de prueba son suficientes para hablar de feminicidio”.
No sólo eso. La resolución tendrá un impacto en el resto del proceso, al menos en tres ámbitos, explicó Martínez Martínez.
El primero es que, de ahora en adelante, todas las actuaciones de la PGJ-CDMX deben ser con perspectiva de género y de derechos humanos, e incluso deberá corregir parte de sus diligencias. Por ello, es seguro que se pida una ampliación del plazo de la audiencia de cierre de investigación complementaria que se llevaría a cabo el 10 de noviembre.
En segunda instancia, el amparo que presentaron los abogados de Jorge Luis podría sobreseerse, en virtud de que ya no hay materia para hablar de homicidio.
Según dijo, el caso de Lesvy representa un asunto paradigmático, pues significa una llamada de atención para evidenciar que la Procuraduría y el sistema de impartición de justicia local no están actuando con perspectiva de género.
“Aunque todavía no llegamos al grado de que se emita una jurisprudencia por parte de la Corte, como en el caso de Mariana Lima, a nivel local sí tendría esa trascendencia al probar que la PGJ-CDMX no está investigando los casos de agresión contra las mujeres con perspectiva de género”, comentó.
Con la resolución el Centro de Derechos Humanos pedirá una ampliación de plazo para la entrega de los peritajes independientes en la audiencia de cierre.

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Olvidan a la mayoría de los afectados en Jojutla

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La familia Tinoco García instaló una casa de campaña donde se encontraba su vivienda, en la colonia Emiliano Zapata del municipio de Jojutla, Morelos, derrumbada a causa del sismo del pasado 19 de septiembreFoto Rubicela Morelos
Rubicela Morelos Cruz
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 19 de octubre de 2017, p. 27
Jojutla, Mor.
Al cumplirse este jueves un mes del sismo del 19 de septiembre, la mayoría de las familias damnificadas de este municipio no han recibido el apoyo económico o material que autoridades de los tres niveles de gobierno les han prometido para la reconstrucción de sus hogares, de acuerdo con testimonios de pobladores que pernoctan en sus casas derruidas o bajo plásticos y tiendas de campaña.
En entrevistas, los que se quedaron sin vivienda agradecen a la sociedad civil, que los ha alimentado y ayudado para sobrevivir. Pero cuando se les pregunta qué han hecho las autoridades, responden como Silvestre Tinoco: Del gobierno, puras promesas, la verdad.
Algunos ya iniciaron por su cuenta la demolición de sus casas, conscientes de que tendrán que reconstruirlas con sus propios recursos, como José Luis Reynoso Delgado, quien dijo que esperar que el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el gobernador Graco Ramírez o el gobierno municipal hagan algo sería estar atenidos a nada.
El sismo de magnitud 7.1 con epicentro entre Morelos y Puebla, que causó la muerte de 17 personas en este municipio y de 74 en toda la entidad, cambió drásticamente la existencia de quienes perdieron sus hogares y ahora viven en la calle, entre escombros, sin servicios básicos ni seguridad.
Silvestre Tinoco, vecino de la colonia Emiliano Zapata, aceptó platicar mientras almorzaba con su familia en una de las tiendas de campaña que donó el gobierno de China.
En un plato de plástico se sirvió leche y hojuelas de maíz, Tiene ojeras por cuidar a su familia por las noches. La ayuda ha sido de puros particulares, suelta de entrada.
Vea: por ejemplo, las tiendas de campaña nos las dieron los chinos. Comida hemos tenido gracias a Dios porque la gente de los alrededores nos trae, agregó.
Cuando han preguntado a funcionarios si recibirán apoyo para reconstruir, los del gobierno estatal dicen que no hay dinero; los del gobierno federal, que esperemos el mentado Fonden, pero no dicen cuándo, a lo mejor en cuatro o cinco meses. Algunos vecinos dicen que nos darán de ese fondo 120 mil pesos. ¡Imagínese! ¡La varilla está bien cara! Un carro de grava cuesta 400 pesos, el de arena, 300 pesos. ¿Cree que van a alcanzar 120 mil pesos? Si acaso para los cimientos. ¿Y lo demás, qué?, dice enojado.
Su esposa y su nuera retaron al gobernador Graco Ramírez, al presidente Enrique Peña Nieto y al presidente municipal de Jojutla, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, a vivir un día con sus familias en esos refugios, para que vean y sientan las inclemencias y agilicen la ayuda, dijo su cónyuge, Yesenia Soriano.
Jose Luis Reynoso Delgado y unos peones que contrató derrumbaban a golpe de marro parte de su casa. Él asegura que aunque ya les dieron folio del Fonden no se atiene a ese dinero, porque será una bicoca comparado con los daños en su casa, valuada antes del temblor en un millón 200 mil pesos.
José Luis preguntó: ¿Dónde está el dinero que donaron muchos artistas y fundaciones para los damnificados? Porque a nosotros, los más afectados por el sismo, no nos han dado nada. Ahora el gobierno del estado y el federal ofrecen préstamos. ¿Con qué vamos pagar?
En una tienda de campaña tres niños juegan mientras su padre está recostado en un catre, en la calle 18 de Marzo de la colonia Emiliano Zapata. Perdimos casi todo. No tenemos nada de dinero, ni siquiera para comprar una lámina. Todo esto nos lo han regalado, dice Sergio Fuentes Hernández.
Perla Hoyos Flores, madre de dos niños, uno de ellos discapacitado, demandó al Presidente y al gobernador que digan si los van ayudar o de una vez aclaren que no contarán con ellos, para rascarnos con nuestras propias uñas y no estar esperando como tontos. Así no se puede vivir, mucho calor en el día y frío en la noche. Los niños son los que más sufren, dice Perla mientras ella y su hijo comen un tamal y un atole regalados.
Todos los entrevistados mencionaron que estaban allí, en sus improvisados refugios, cuidando que nos les roben las pocas pertenencias que conservan, porque los ladrones han llegado a hurtar catres y hasta las despensas que les regalan.
La mayoría comía en las ruinas de sus casas y no en los albergues oficiales porque la comida es muy mala y les imponen horarios para desayuno, comida y cena, y ellos ni reloj tienen.
Hoy, un mes después del sismo, no ha llegado el apoyo del Fonden ni del fondo estatal Unidos por Morelos, a cargo de Sergio Beltrán Toto, supuesto operador de Rodrigo Gayosso Cepeda, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática e hijo de Elena Cepeda, esposa del gobernador Graco Ramírez.
 
 
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Peña Nieto es más impopular que Maduro; sólo 7% de los mexicanos confía en su gobierno: Centro Pew

 
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De acuerdo con una encuesta realizada el mes pasado por el Pew Research Center –un think tank con sede en Washington–, en México 93% de los mexicanos no confía en el presidente Enrique Peña Nieto, lo que coloca al país en el fondo del ranking de las 38 naciones incluidas en el sondeo.
Es decir, Peña Nieto es más impopular que el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, quien es rechazado por 73% de sus representados, según esa encuesta que incluyó a 42 mil personas.

Según los datos de ese organismo, México está por debajo de naciones como Líbano, donde un 8% aprueba la forma de gobernar, así como de los africanos incluidos en este ejercicio de popularidad de los mandatarios.
En la pregunta sobre la conveniencia de que un grupo de expertos gobiernen el país, en el caso de México 53% de los consultados lo consideraron como bueno, mientras que 41% se manifestó en contra.
Sobre la pregunta de cómo consideran un gobierno en el que un líder fuerte tome las decisiones sin pedir autorización o consultar a un parlamento, a escala mundial, 26% lo consideró correcto, mientras que 71% dijo que sería un tipo malo de gobernanza.
En México, 27% lo cree totalmente bueno, 34% malo y 33% totalmente malo.
En el caso de la población que estaría a favor de un régimen militar, México encabeza la lista de países en América Latina. El 42% dijo que es buena idea, mientras que 29% lo considera malo y 23% totalmente malo.
El pasado 14 de septiembre, el Pew Research Center dio a conocer los resultados sobre el índice de popularidad del presidente Peña Nieto.
De acuerdo con los resultados de esa encuesta, sólo 28% de los mexicanos tenía una opinión favorable al mandatario, una caída de más de 50% con respecto al apoyo que tenía en 2011.

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Tomateros de Florida piden “mano dura”

El Economista 

 

Los productores de tomate de Florida, respaldan la idea de que en el TLCAN 2.0 se facilite la imposición de cuotas antidumping y se proteja estacionalmente a los cultivos, planteamientos que han sido perfilados por el equipo negociador de Donald Trump, de acuerdo con The Washington Post.


Tomateros de Florida piden “mano dura”

Los productores de tomate de Florida, Estados Unidos, respaldan la idea de que en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte renegociado (TLCAN 2.0) se facilite la imposición de cuotas antidumping y se proteja estacionalmente a los cultivos, planteamientos que han sido perfilados por el equipo negociador de Donald Trump, de acuerdo con el rotativo The Washington Post (TWP).
El miércoles pasado concluyó la cuarta de siete rondas de negociación en Washington, y fuentes al tanto del tema aseguran que, hasta la fecha, el equipo negociador estadounidense comandado por el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, no ha hecho la propuesta formal de facilitar las cuotas antidumping, pero se sabe que en la tercera ronda sí se perfiló el tema de la protección estacional de cultivos.
Bajo las reglas actuales, los granjeros pueden solicitar investigaciones antidumping sólo después de demostrar que el dumping ha dañado a un sector completo a lo largo de varias temporadas, pero la propuesta del equipo de Lighthizer haría posible que pequeños grupos de productores interpongan quejas y que éstas puedan derivar en cuotas antidumping.
“Estamos a favor del libre comercio, pero éste tiene que ser justo”, dijo a TWP Tony DiMare, un agricultor de tomate de tercera generación del estado de Florida, quien denunció que los productores mexicanos cuentan con mejores condiciones de cultivo y además reciben subsidios gubernamentales, lo cual abarata su producto de exportación. DiMare listó algunas circunstancias que, dijo, otorgan ventajas a sus competidores mexicanos, como el cultivo en invernaderos, menores costos laborales y regulatorios y los subsidios del gobierno.
Como resultado, dijo, docenas de granjas han cerrado en Florida.

“Debe protegerse cadena productiva”

Granjeros de EU y México reiteran alianza

Al concluir la cuarta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), productores agropecuarios de Estados Unidos y México hicieron una declaración conjunta para reiterar su fuerte compromiso con “la relación comercial bajo este acuerdo comercial”.
Los líderes del Consejo de Granos de Estados Unidos (USGC), el Consejo de Exportación de Soya de Estados Unidos (USSEC), los Productores Nacionales de Sorgo (NSP), la Asociación Nacional de Procesadores (NRA), la Asociación Nacional de Cultivadores de Maíz (NCGA) y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) confirmaron que el TLCAN ha proporcionado la base de la política comercial para la cadena interregional de valor de cereales y ganado más eficiente en el mundo.
Tras una reunión la semana pasada en Washington para discutir las prioridades de la cadena de producción pecuaria, establecieron un compromiso para trabajar juntos, “como lo hemos hecho durante más de 30 años, para asegurar el éxito de las industrias en ambos lados de la frontera”. Destacaron que el comercio de granos y soya entre México y Estados Unidos en el 2016 representó más de 6,600 millones de dólares, con más de 90% de estos ingredientes consumidos por la industria ganadera mexicana. Por ello pidieron a los negociadores mantenerse en la mesa de negociaciones y verse como una cadena de suministro integrada para la producción ganadera. (Redacción)

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