jueves, 16 de noviembre de 2017

Hoy, gran movilización de la ANUEE.


Presupuestos castigados por la Reforma Energética




El colapso inducido que asoma en al menos cuatro de las seis refinerías en el país anuncia el principio del fin para Petróleos Mexicanos (Pemex). De enero a julio de este año la producción de gasolinas y diésel presentó una caída del 26.7 por ciento, con una disminución de 334 mil barriles diarios. Desde 2016, en que por segundo año consecutivo se recortó el gasto, el director de esa Empresa Productiva del Estado, Antonio González Anaya, aceptó no contemplar un “plan de capitalización” para las agotadas plantas.
gasolinera
Excusando la caída de los precios internacionales del petróleo y la entrada en vigor de la Reforma Energética, las autoridades dejaron naufragar a la entidad pública que por varias décadas aportó, en promedio, el 38 por ciento de los ingresos del país. Los recortes iniciados en 2015 dieron la puntilla a la empresa que en términos de ingresos era una de las más importantes del mundo, ubicada en el sitio 13, con ganancias del orden de los 120 mil  millones de dólares anuales, solamente por debajo de trasnacionales como Exxon Mobil, Wal Mart, Chevron, General Motors, Petrobras o AT&T, por mencionar  algunas.
Un ejemplo de que Pemex era altamente rentable se dio en 2011, cuando registró sus mayores ingresos en el momento que los precios internacionales de los hidrocarburos rondaban los 100 dólares por barril. La todavía paraestatal captó recursos por 124 mil 180 millones de dólares, representando  un aumento del 14 por ciento en relación a los 107 mil 290 millones de dólares recabados en 2010.
En el pasado sexenio de Felipe Calderón, Pemex contabilizó ingresos por 539 mil 300 millones de dólares. Abundancia de recursos que fueron dilapidados, en buena parte, en su fallida guerra contra el narcotráfico y asignados de manera irresponsable por el Congreso de la Unión a engordar los altos cargos burocráticos, pero no a reactivar la economía en su conjunto y menos a  generar el millón de puestos de trabajo prometidos por el mal llamado “Presidente del Empleo”.
Con el objetivo de desarticular al sector energético desde la década pasada, a Pemex nunca se le liberó de la carga impositiva que a la larga anuló inversiones en áreas como la refinación. En su momento, se dijo hasta el cansancio que la petrolera mexicana era la única empresa de su género en el mundo que destinaba el 69.43 por ciento de sus ganancias al pago de impuestos. La norteamericana Exxon tiene una carga impositiva del 31.05 por ciento, mientras que la holandesa Shell paga en su país impuestos por 23.45 y la brasileña Petrobras apenas el 3.56 por ciento.
A pesar de haber aportado por varias décadas poco más de un tercio de los recursos públicos, al iniciar la debacle en los precios internacionales del petróleo y la apertura del sector energético, los tecnócratas neoliberales no tuvieron consideraciones con Pemex y la incluyeron entre las entidades afectadas por la tijera de los recortes.
Enrique PenaNieto,En febrero de 2015, y tras el anuncio de una disminución en el presupuesto de 62 mil millones de pesos, los directivos de la empresa anunciaron que diferían “la reconfiguración de las refinerías”; no obstante que la producción anual iba a la baja.
Este franco retroceso en la refinación muestra en el actual sexenio la caída en la producción de combustibles: en 2012, las seis refinerías del país todavía producían un millón 252 mil barriles diarios, y de hecho este nivel se incrementó en 2013  a 1 millón 313 mil barriles diarios; en 2014 se mantuvo en 1 millón 254 mil barriles al día, pero en 2015 inició la debacle al bajar a 1 millón 121 mil barriles; en 2016 a 1 millón 78 mil y en 2017 a un estimado que no superará los 900 mil.
De hecho, lo antiguo de nuestras refinerías, aunado a la ausencia de reconfiguraciones, les ha impedido producir a un ciento por ciento de su capacidad; la de Ciudad Madero, Tamaulipas, se construyó en 1914; las de Minatitlán y Salamanca en 1950, y las de Cadereyta, Tula y Salinas Cruz entre los años 1977 y 1979.  Cuando en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se fragmentó a Pemex en cuatro subsidiarias, la refinación pasó a un segundo plano, que al día de hoy nos tiene importando la mitad de las gasolinas que consumimos. En 2015 el 53.8 por ciento de los combustibles que se requieren en México fueron importados.
Lo que está por venir, de acuerdo con los lineamientos de la Reforma Energética, no es nada alentador; la Secretaría de Energía (Sener) establece en uno de su estudios a futuro, que la demanda nacional de gasolinas va a crecer de 771 millones de barriles en 2016 a 1 mil 147 millones de barriles en 2029. Si nos basamos a lo proyectado en la citada reforma, nuestro país estará importando en los próximos 15 años la totalidad de los combustibles que requiere para mover su economía.
La dependencia reconoce que las refinerías no funcionan a su capacidad “por la falta de mantenimiento y recortes presupuestales”. En la escasez de recursos las autoridades han encontrado la justificación para parar a refinerías como Cadereyta, Salina Cruz, Minatitlán y Ciudad Madero, amén del argumento de los daños ocasionados por los fenómenos naturales como sismos o huracanes.
Empero, al revisar el número de permisos de importación otorgados por la Sener para  diversos combustibles, es fácil deducir que la aniquilación de las refinerías no tiene vuelta de hoja: hasta el 30 de octubre pasado la entidad pública otorgó 233 permisos para importar gasolinas, 341 para traer diésel, 117 para gas LP y 75 permisos para la importación de turbosina.
Cabe recordar que la Reforma Energética autoriza que toda la cadena de valor de la industria petrolera, integrada por refinación, transporte, almacenamiento, comercialización, distribución y expendio público, pueda ser operada por capital privado, nacional o extranjero.
Se prometió a los mexicanos que la reforma traería aparejados un sinfín de beneficios, como el abaratamiento de luz, gas, gasolina y diésel, pero hasta hoy el panorama es totalmente distinto y no se vislumbra que vaya a cambiar en beneficio de las mayorías. Un dato ilustra que lo peor está por venir: en 2015 nuestro país debió importar 571 mil 600 barriles diarios para atender su consumo interno a un costo de 12 mil 500 millones de dólares.
El paquete económico 2018 que se discute en la Cámara de Diputados contempla un presupuesto de 5 billones 236 mil 400 millones de pesos, con un incremento de 113 mil millones extras con respecto a 2017; por supuesto, los legisladores de todos los partidos se han cuidado de no ver afectados sus intereses en el año electoral por venir, evitando sacrificar recursos para sus campañas políticas y un jugoso retiro al concluir la LXIII Legislatura. Se oculta a la población que  los recursos que antes aportaba Pemex a las finanzas públicas, ahora se suplen con mayor deuda pública, que en el sexenio ha crecido anualmente a razón de 1 billón de pesos, llegando este año a la cifra record de 10 billones.
Este irresponsable endeudamiento es reflejo de la falta que Pemex le hace al país con sus abundantes recursos que ahora pasarán a manos de capital nacional y extranjero. Negocio redondo que la tecnocracia neoliberal ha puesto en manos de unos cuantos en perjuicio de las mayorías.
Martín Esparza Flores 

PGR HOSTIGA A LÍDERES DE LA ANUEE DE CHIMALHUACÁN
























TEXCOCO, Méx., 15 de noviembre del 2017.- Integrantes de la Unión Nacional de Usurarios de Energía Eléctrica (ANUEE), se manifestaron frente a las instalaciones de la delegación de la Procuraduría General de la República en Texcoco, para protestar por demanda de la Comisión Federal de Electricidad a vecinos de Chimalhuacán.
Everardo Aranda Cruz, representante de la ANUEE, explicó que la PGR, citó a comparecer a coordinadores de la ANUEE, por encabezar las protestas y movilizaciones en contra de la paraestatal.
Señaló que sus dirigentes son señalados por el supuesto paro de obras de “Modernización” de la CFE. Las cuales se tienen que notificar al Municipio y a la comunidad en la que se harán dichos trabajos y la paraestatal no lo hizo.
Calificó estas acciones de la CFE como un acto despótico y arbitrario, porque “trata de robar la infraestructura que ya hay y que es de cobre y dejarnos su cable de aluminio el cual es un pésimo conductor de Energía ya que varía el voltaje y nuestros aparatos se descomponen por esa situación”, señalaron.
Dejaron en claro que la ANUEE; es apartidista y siempre con el mejor ánimo de ayudar a los usuarios de energía eléctrica, a los cuales las llegan cobros injustificados y/o ajustes. Improcedentes, por lo que se las apoya a realizar su queja ante PROFECO y representarlos.
El grupo de 100 manifestantes que llevan lonas y vehículos con altavoces, fue atendidos por José Nicolás luna Hernández de PGR .

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Autoridad electoral de NL permitirá a aspirantes independientes el registro de firmas en papel


 
PROCESO 
 
MONTERREY, NL (apro).- La Comisión Estatal Electoral (CEE) aprobó permitir que los aspirantes a ayuntamientos por la vía independiente puedan obtener firmas de respaldo por aplicación móvil (app) y también por escrito, aunque sólo en los casos de los municipios que no excedan los 10 mil electores, ubicados en la zona rural, pues es ahí donde hay dificultades para la conectividad de internet.
De igual manera, el resto de los precandidatos municipales deberá obtener las firmas únicamente a través de la misma aplicación móvil que el Instituto Nacional Electoral (INE) asignó a los aspirantes sin partido que buscan la nominación para la Presidencia de la República.
Los aspirantes a diputados en los 26 distritos locales podrán únicamente recabar apoyos mediante la app, se acordó hoy en la sesión extraordinaria del Consejo General de la CEE, donde se establecieron los lineamientos que regularán las candidaturas independientes en el proceso electoral 2017-2018 rumbo a los comicios estatales del 1 de julio próximo, donde serán renovados el Congreso y los Ayuntamientos.
Los municipios de Nuevo León que no exceden los 10 mil electores y que podrán emplear el recurso extraordinario de las firmas en papel son 25, prácticamente la mitad de los 51 de la entidad: Abasolo, Agualeguas, Los Aldamas, Bustamente, Cerralvo, China, Doctor Coss, Doctor González y General Bravo.
También General Treviño, General Zaragoza, Los Herreras, Hualahuises, Iturbide, Lampazos de Naranjo, Marín, Melchor Ocampo, Mier y Noriega, Mina, Parás, Los Ramones, Rayones, Vallecillo y Villaldama.
A escala nacional, los aspirantes a cargos de elección federal se han quejado de las dificultades que enfrentan en el uso de la aplicación para el teléfono móvil, la única firma para colectar respaldo, pues es lenta, falla con frecuencia y no aplica para todos los teléfonos.
La autoridad electoral de Nuevo León señaló en la sesión de hoy que los interesados para participar sin partido deberán presentar su solicitud entre el 17 de noviembre y el 16 de diciembre, y a más tardar el 27 de ese mes deberán decidir sobre su aprobación.
Para las fórmulas municipales deberán presentarse planillas en forma de “cremallera electoral”, con regidurías que deberán ordenarse alternadamente por razones de género.
La Comisión Estatal Electoral emitirá los acuerdos definitivos relacionados con el registro de aspirantes a más tardar el 27 de diciembre próximo.
Los apoyos para los precandidatos en Nuevo León deberán obtenerse entre el 29 de diciembre y el 6 de febrero. En el caso de los diputados, están obligados a registrar a su favor el 1% de la lista nominal de su respectivo distrito.
Para los ayuntamientos el número de simpatías colectadas del listado deberá ser de acuerdo con la siguiente fórmula: 10%, cuando el listado sea de hasta 4 mil; 7.5%, entre 4 mil 1 y 10 mil; 5%, entre 10 mil 1 y 30 mil; 4%, entre 30 mil 1 y 100 mil; 3%, entre 100 mil 1 y 300 mil; 1.5%, cuando exceda los 300 mil 1.
El órgano deberá declarar a más tardar el 16 de febrero quiénes son los aspirantes con derecho a registrarse como candidatos.
Además, tienen derecho a obtener financiamiento privado y propio para la recolección de firmas y para sus campañas en cantidades que no rebasen el correspondiente al de un partido de reciente registro y cuando no provengan de una fuente ilícita.

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Conagua impone veda a comunidades de Oaxaca




Campesinos de los Valles Centrales de Oaxaca padecen una veda: se les ha prohibido hacer uso del agua de su región. Dieciséis comunidades en pobreza extrema han realizado trabajos para preservar el acuífero y explotarlo de manera sustentable. La Conagua no cede. La única opción es emigrar

campo
Campesinos de los Valles centrales de Oaxaca exigen se levante la veda de agua que hay en su territorio, por tiempo indefinido. A contracorriente, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pretende que continúe este mandato impuesto desde 1967, pese a las obras que hacen los lugareños para recuperar el acuífero.
Importante por la producción de alimentos para dotar a la ciudad del estado y distribuir en el país, el acuífero del Valle se recupera a manos de los labriegos, sin que la Conagua genere instrumentos en beneficio de la comunidad. Por el contrario, realiza una consulta que a decir de los pobladores tiene inconsistencias.
Sumado a ello, el organismo encargado de generar políticas públicas relacionadas con el agua en el país, ha pretendido cobrar “excedentes” por el uso del líquido en regiones donde escasea y donde decenas de ellos han tenido que abandonar sus campos de cultivo para dedicarse a otra labor y sobrevivir.
“El agua es la sangre de la madre Tierra”, dice Carmelina Santiago, coordinadora del Centro de Derechos Humanos Flor y Canto, organización encargada de acompañar a los indígenas zapotecos de esta región en el proceso de consulta.
En 1967 la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos estableció, mediante un decreto presidencial, la veda bajo el argumento de que era necesario evitar la extracción de agua de manera desordenada, prevenir la sobreexplotación del acuífero; procurar la conservación y controlar las extracciones de agua.
El mecanismo para la aplicación del decreto de veda son las concesiones que se obtienen mediante títulos que otorga la Conagua y estas concesiones son la “llave de acceso” a recursos y programas públicos dirigidos al campo, expone el Informe de la observación de la consulta en los Valles Centrales de Oaxaca, elaborado por el Colectivo Oaxaqueño en Defensa del Territorio.
Bajo este control de la Conagua, dice el documento, se ha impactado en los campesinos de la región de los valles de Ocotlán y Zimatlán debido a que no todos “han podido acceder a una concesión, además de no poder acceder a programas como Procampo y al subsidio por consumo de energía eléctrica en la tarifa CU 09, para productores del campo”.
En 2005, “la mayoría de los campesinos nos quedamos sin agua, muchos dejaron de trabajar en la agricultura, se fueron a otras partes del país o a Estados Unidos, se metieron de choferes o de conductores de mototaxis. Ahora que revertimos esa escasez de agua y la gente tiene donde trabajar en el campo, para que nuestros productos sean trasladados al estado de Oaxaca o a la ciudad, estamos impedidos por la veda”, dice Ángel Ruiz, campesino originario de Santiago Apóstol, Oaxaca.

Los cobros

En 2005, la Conagua solicitó a los poseedores de concesión, mediante cartas de invitación, “regularizar sus pagos por consumos de excedentes de agua, los importes fueron diferenciados y en varios casos se presentaron sumas ofensivas para la economía de los campesinos. Esta molestia se ahondó debido a que en ese año se resintió una fuerte sequía y se vieron obligados a extraer agua mediante bombeo a mayor profundidad lo que les ocasionó también un incremento en el pago del servicio eléctrico”, dice el informe.
Las comunidades se organizaron en lo que hoy se conoce como la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua (Copuda), para emprender acciones y, así, enfrentar la problemática. Se iniciaron obras de captación de agua, reuniones de capacitación y acciones jurídicas, entre otras.
La Copuda presentó peticiones a la Conagua para que se revisara una posible modificación del decreto de veda de 1967, a esta petición no hubo respuesta por lo que se procedió a presentar un amparo ante el juzgado de distrito por incumplir el derecho de petición, el proceso avanza hasta la promoción de un recurso de revisión por parte de la Copuda.
Ya en 2012, la Copuda gana un amparo directo y en abril de 2013 la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, bajo el expediente 9216/11-17-01-5, dicta sentencia a favor de los pueblos con la resolución. Ordena a la Conagua inicie un procedimiento por el cual valore la procedencia para proponer al ejecutivo federal la modificación del decreto de veda del acuífero Valles Centrales de Oaxaca, consultando a la comunidad y pueblos indígenas zapotecas del Valle de Ocotlán de Morelos y Zimatlán de Alvarez, en el estado.
campesino
Las comunidades involucradas en este proceso son: Asunción Ocotlán, San Martín Tilcajete, San Pedro Mártir, San Antonino Castillo Velasco, San Pedro Apóstol, Santa Ana Zegache, San Isidro Zegache, Santiago Apóstol, San Sebastián Ocotlán, La Barda Paso de Piedras, Tejas de Morelos, San Jacinto Ocotlán, San Felipe Apóstol, El Porvenir, Maguey Largo y San Matías Chilazoa.

La protección del acuífero

María de los Ángeles Santiago, campesina originaria de San Antonino Castillo, comenta que los agricultores de la región llevan un trabajo de captación de agua con el fin de recuperar el acuífero, desde 2010, y con el antecedente de trabajo que ya tenían sus compañeros en la Copuda, desde 2005.
Sin embargo, lamenta que las autoridades de la Conagua no estén llevando de manera viable la consulta para levantar la veda. “Desgraciadamente en todo este caminar de la consulta han habido muchos errores de Conagua, no cumplen los acuerdos que marcan en el protocolo, no se han llevado los términos, no giraban las convocatorias a tiempo, se pedía que no hubiese apoyos de parte del gobierno cuando nosotros realizábamos las reuniones y
desgraciadamente todo eso ocurrió”.
Expone que desde las comunidades se realizaron reglamentos internos, originados desde las forma de vivir en cada uno de los pueblos y que “cómo nosotros van a seguir haciendo obras de captación del agua, de cómo seguir con el trabajo sigue y darle mantenimiento”.
“Al hacer una obra de extracción tenemos que hacer una obra de infiltración, con la finalidad de no sobreexplotar el acuífero, poner sanciones desde nuestras comunidades y nuestras autoridades, ya sea a través del tequio [faena o trabajo colectivo prestado por los vecinos de una misma comunidad], mano de obra para que la gente que por un descuido haya desperdiciado el agua coopere con un tequio de limpia o una cuota en todo caso”, dice.
La coordinadora del Centro de Derechos Humanos Flor y Canto, Carmelina Santiago, agrega que en las 16 comunidades involucradas, actualmente se revisan, estructuran y fortalecen los estatutos y los reglamentos comunitarios, en donde hay ejido o tierra en común.
Entre las propuestas que se llevan ante la Conagua es que cada año, en los primeros meses del año, los campesinos y las autoridades se coordinen para el desazolve de todas y cada una de las obras de captación. “Este modo de trabajar se ha presentado ante la Conagua, pero la dependencia no ha valorado este proyecto porque dicen que las obras no tienen un impacto en el acuífero”, acusa la defensora zapoteca.
El Informe de la observación de la consulta en los Valles Centrales de Oaxaca indica que durante la fase informativa, “no se generaron las condiciones convenientes para que las comunidades pudieran hacer una valoración adecuada de la información en el tema de las concesiones, debido que a la par se continuaron con las gestiones de concesiones aunque muchas veces se pidió que se suspendieran en cuanto se desarrollaba la consulta, esto se agrava ya que en las asambleas personal de la Conagua invitaba de manera individual a que se acercaran con ellos para revisar sus casos, lo cual limita a las comunidades en su decisión y provoca divisiones innecesarias en las posiciones a favor o en contra de las concesiones.
“Otro factor que violentó el principio de consulta libre es el de los programas públicos, en algunas asambleas se programaron reuniones de información o entrega de programas y en otras las y los participantes expresaron que al incluir los temas de apoyo al campo, se inducía a gestionar las concesiones, pues es un requisito para acceder a ellos y en algunas más decidieron no incorporar ese tema en el orden del día”, apunta.

La pobreza de los Valles Centrales

En la región de los Valles Centrales habitan más de 255 mil personas que no tienen garantizados al menos uno de sus derechos para el desarrollo social: educación, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación, porque sus ingresos son menores a 1 mil 921 pesos mensuales, “insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades”, dice el documento Pobreza en el campo y la ciudad en tres regiones de Oaxaca, elaborado por el gobierno del estado
Entre las comunidades que integran la Copuda e intentan levantar la veda de la región, se encuentran los más pobres del estado. Ejemplo de ellos, Asunción Ocotlán, municipio que mantiene el 90 por ciento de población en situación de pobreza multidimensional, porcentaje alto al igual que otros municipios de los Valles Centrales. Esta situación coloca al municipio en el quinto lugar de pobreza de todo el estado, indica el análisis.
El mismo análisis muestra a San Pedro Mártir, otra de las comunidades que integran la Copuda, entre los cuales la inseguridad alimentaria se impone. El informe indica que el 86 por ciento de la población tuvo un ingreso inferior a la línea de bienestar, es decir que el ingreso que obtuvieron no les alcanzó para adquirir los alimentos necesarios. Muestra que el 57 por ciento de los hogares “estuvieron en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa, por no tener acceso a la alimentación”.
Érika Ramírez

Pemex es la empresa más emblemática y fuerte de México, asegura González Anaya

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El director de Pemex, José Antonio González Anaya, ayer con el piloto Checo Pérez y el líder de los trabajadores petroleros, Carlos Romero Deschamps, en el WTCFoto Jesús Villaseca
Juan Carlos Miranda
 
Periódico La Jornada
Jueves 16 de noviembre de 2017, p. 25
Petróleos Mexicanos (Pemex) es y seguirá siendo la empresa más fuerte y emblemática de México, así como la que puede ofrecer las mejores condiciones de precio en el mercado de las gasolinas, aseguró el director general de la empresa, José Antonio González Anaya, durante el relanzamiento de la franquicia. En el mismo acto, Pablo González Córdova, presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), señaló que el próximo jueves 30 de noviembre se liberalizará el precio de las gasolinas y diésel en 20 estados del país.
Ante empresarios gasolineros de varios estados con los que Pemex ha mantenido contratos, en ocasiones desde hace décadas y varias generaciones, González Anaya dijo que la compañía quiere pasar de ser vista como un organismo regulador del mercado para convertirse en socia de los empresarios.
Anunció que partir de ahora Pemex tendrá una ventanilla única en la cual se podrán realizar todos los trámites; una nueva oficina comercial en la que se solucionarán los problemas de los concesionarios y el compromiso de autorizar los contratos de franquicia en menos de un mes, cuando antes llegaban a tardar hasta un año.
Nos interesa tener más franquicias, gasolineras, vender más y competir contra todos los demás. De nada sirve tener precio y tener atención si no tenemos el producto de manera oportuna, aseguró González Anaya.
El directivo recordó la fortaleza de la empresa, lo que le permitirá ofrecer las mejores condiciones de precio.
Lo que más les importa a todos, no sólo a ustedes, sino a los consumidores, es el precio. Yo les puedo decir que Pemex va a estar comprometido con tener los precios más competitivos y con el hecho de tener la producción y la infraestructura en México, vamos a poder comprometernos a dar las mejores condiciones de precio, aseguró.
En tanto, en breve entrevista al término del acto efectuado en el WTC de la Ciudad de México, Pablo González Córdova adelantó que existen muchas posibilidades de que en enero vuelva a haber un gasolinazo, que sitúe el costo de la Magna por encima de 20 pesos por litro y el de la Premium en tres pesos sobre los casi 18 pesos que cuesta hoy.
El dirigente explicó que lo anterior ocurrirá debido a que el precio internacional del crudo ha ido al alza, lo cual encarece el precio de la gasolina que se importa, y a que la Secretaría de Hacienda difícilmente evitará trasladar a los combustibles por lo menos el alza de la inflación, que este año será cercana a 7 por ciento.
Opinó que el precio en el país, apenas cinco centavos superior a lo que costaba en enero, refleja que el gobierno sigue subsidiando el precio, por lo que existe un precio político.
Sin embargo, recordó que el próximo jueves 30 de noviembre se liberalizará el precio de las gasolinas y diésel en 20 estados del país, los cuales concentran 65 por ciento del consumo nacional, y a partir del próximo año se extenderá a nivel nacional, cuando se liberen los precios en Campeche, Quintana Roo y Yucatán el último día del año.
Por su parte, durante su participación en el Foro de Energía de América del Norte, realizado en Houston, Texas, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, destacó la importancia del sector petrolero y gasífero en América del Norte, cuya comercialización creció dos veces más que el de cualquier otro bien o servicio en la región.
Añadió que la colaboración energética en América del Norte atraerá mayor inversión a México.

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Pemex: Ingeniería financiera para el saqueo

 
PROCESO 
 
En 10 capítulos, la reportera Ana Lilia Pérez disecciona a la emblemática empresa petrolera mexicana, la que hundieron los últimos cinco presidentes, y expone sus resultados en el libro Pemex RIP. Vida y asesinato de la principal empresa mexicana, puesto en circulación por el sello Grijalbo. Proceso ofrece fragmentos del capítulo 9, en el que la autora expone cómo las autoridades convinieron en que era más fácil mudar a Pemex hacia un paraíso fiscal que privatizarla. Hoy, expone Pérez, hay 37 sociedades offshore con membrete de Pemex, entre tenedoras de acciones, inversoras, comercializadoras o prestadoras de servicios… sin servicios por prestar.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Entre parasoles, tumbonas, veleros y yates de lujo, a las islas del Caribe que alguna vez fueron colonias europeas llegan millonarios de toda estirpe, de cualquier punto del mundo, para abrir cuentas bancarias y hacer inmensos depósitos cuyos orígenes nadie cuestiona, a nadie interesa. No importa si se trata de expresidentes prófugos, gobernadores, alcaldes, legisladores o funcionarios públicos que saquearon las arcas de su país, dictadores que amasaron riquezas con sangre, narcos que por cada dólar envenenaron niños y los engancharon a las drogas, magnates que esclavizan obreros, traficantes de armas, mercancías o carne humana, estafadores o truhanes. Su dinero es lo que vale.

En esas islas, abrir una cuenta o desaparecerla, constituir una empresa o extinguirla, crearle filiales o subsidiarias, convertirla en tenedora de acciones, ligarla a fondos de inversión de cualquier tipo o estructurar todo un holding son trucos similares a los de un mago que aparece y desaparece palomas y conejos. Durante un viaje relámpago, asesores bancarios, gestores, analistas y brokers abren o cierran empresas. Les queda tiempo suficiente para disfrutar del veleo, tomar cocteles mientras se asolean, relajarse en la playa y hacer shopping.
Particulares de todo el orbe esconden sus fortunas en esos paraísos fiscales. También ahí se radican consorcios y corporativos que buscan ocultar dinero, ya sea por su origen ilegal, para evadir impuestos en sus países o con el fin de recibir recursos, transferirlos, “pasearlos” y volver a tenerlos sin que nadie haga preguntas.
A finales de los años ochenta, a esos archipiélagos (o a tierras continentales donde se puede hacer lo mismo) comenzó a llegar dinero de Pemex mediante empresas abiertas en el extranjero: compañías que sólo existían en el papel y, muy importante, dadas de alta como “privadas”, aun cuando el dinero que manejaban era el patrimonio “de todos los mexicanos”.
Primero se abrió una en los Países Bajos, luego en las Antillas Neerlandesas; después en Bahamas, Islas Caimán, Aruba, Irlanda, Suiza, España, Inglaterra, Luxemburgo, Estados Unidos, Panamá y Singapur, entre otros. Durante los siguientes 25 años se fue agrandando un organigrama de empresas particulares con membrete de Pemex. A través de éstas no sólo se han transferido millones y millones del erario, también se han usado para concretar negocios que, de haberse hecho en territorio patrio, habrían sido polémicos o ilegales, por comprometer los haberes de la petrolera al favorecer la privatización o el remate de su infraestructura.
En resumen: parte del saqueo, desmantelamiento y desnacionalización de Pemex se operó desde paraísos fiscales.
A finales de los años ochenta, la economía mexicana y las finanzas de Pemex oscilaban entre el alza internacional de los precios del crudo (en parte como efecto de la “guerra de los petroleros” protagonizada entre Irán e Irak) y su desplome, que precedió al histórico crack de las bolsas de valores del 19 de octubre de 1987. Aquél fue un lunes negro: el peor en la historia reciente de los mercados financieros. El desplome se inició en la bolsa de valores de Hong Kong, cuando el índice Hang Seng se derruyó. El desastre, como letal virus, se propagó a los mercados bursátiles del Pacífico y luego a Europa, hasta llegar a Estados Unidos. El Dow Jones cayó 508 puntos (22.6% de su valor) y echó por tierra, en sólo unas horas, ganancias acumuladas durante cinco años; todo Wall Street se cimbró con los tableros en rojo parpadeante y la esquizofrenia de los corredores, que trataban, frenéticos, de vender en bloque sus acciones al grito de sálvese quien pueda.
El colapso golpeó directamente al mercado petrolero, porque además de que las compañías del sector cotizaban en bolsa, Estados Unidos estaba en pie de guerra contra Irán: la tensión entre los dos países crecía, con ofensivas mutuas en el golfo Pérsico y advertencias de Ronald Reagan a su homólogo iraní a través de la embajada suiza en Teherán –que se encargaba de los intereses estadunidenses–: le exigía que cesaran “las agresiones” contra objetivos estadunidenses.
(…) El lunes negro marcó un antes y un después en el mundo bursátil: Wall Street, por ejemplo, decidió que interrumpiría sus operaciones cuando el Dow Jones cayera más de 350 puntos.
En esos años Pemex era el cuarto exportador de crudo a escala mundial. Poco después sería cuando la política interna, guiada por la tendencia a las privatizaciones, reestructuró la paraestatal en un holding de subsidiarias… Cada una tenía su propia estructura administrativa, recursos económicos, materiales y humanos, pero todas estaban regidas por una cúpula que lideraba el director general de la compañía y un selecto grupo de ejecutivos.
Ésa fue la reestructuración de Pemex en el país, pero en el extranjero comenzó a ensamblar un armazón paralelo que violaba el artículo 27 constitucional: empresas privadas, que operan bajo el membrete de Petróleos Mexicanos, fueron fundadas en países considerados como paraísos fiscales –especialmente atractivos en tiempos de incertidumbre financiera–. Esas firmas estaban destinadas a captar millones del dinero petrolero en operaciones hormiga.
Los paraísos fiscales ofrecen un sistema financiero que no indaga el origen de los depósitos, evita la doble tributación y privilegia el secreto bancario, mucho más sólido e inquebrantable que el de confesión. Ni siquiera se abre ante solicitudes de las naciones de donde viene el dinero. El objetivo del esquema paralelo era sacar recursos de Pemex sin rendir cuentas a ninguna institución mexicana.
En esa época de neoliberalismo en que los Chicago Boys –fieles a las enseñanzas de Milton Friedman y Arnold Harberger– alcanzaron puestos de gobierno, “mudar” Petróleos Mexicanos a un paraíso fiscal era mucho mejor que privatizarla: tan simple como transferir dinero a compañías “de Pemex” pero foráneas, financiadas con el erario pero privadas, alimentadas con el patrimonio de los mexicanos pero con cuentas bancarias en el Caribe. Ahí, los dólares se movían a carretadas sin que nadie exigiera saber su destino.
Desde entonces y hasta hoy, en los “territorios laxos” operan docenas de compañías de la Pemex “privada”: carecen de personal, oficinas propias e infraestructura. En su mayoría sólo existen en el papel, pero igual triangulan millones y millones de dólares que, en esencia y según la lógica eufemística oficial, deberían ser “de todos los mexicanos”. Su esquema es el mismo de las involucradas en el escándalo mundial conocido como los Panama Papers.
El monto del dinero público enviado al extranjero mediante dicha estructura creció gradualmente. Para tener una idea: sólo un consorcio –PMI Comercio Internacional– privatizó al menos 156 mil millones de pesos en tres décadas.
En los años previos a que se aprobara la reforma energética, esas firmas fantasma manejaban más de 1 millón 200 mil millones de pesos anualmente (auditoría 12­1­18T41­02­0007, realizada por la ASF al llamado Grupo PMI, divulgada en febrero de 2014). A partir de la entrada en vigor de la reforma, las cantidades han sido mucho mayores, pues la tendencia en Pemex fue generalizar las grandes operaciones financieras en este modelo de negocios, en que la petrolera pone dinero y se asocia con compañías privadas. Son estas últimas las que invariablemente tienen el control de esas sociedades.
Desde que se creó la primera empresa privada de Pemex en paraísos fiscales y hasta inicios de 2017, habían sido abiertas 77 compañías y sociedades, 37 de las cuales son offshore, lo que significa que carecen de oficinas y empleados y se rigen por leyes extranjeras para operaciones financieras y movimientos de capital. Algunas son tenedoras de acciones; otras, inversoras o comercializadoras, y algunas más prestadoras de servicios… sin servicios por prestar. A su vez, las tenedoras de acciones son dueñas de algunas de las firmas offshore­ también con membrete de Pemex.
A través de éstas se han regenteado asimismo los ingresos por las ventas de crudo en los mercados internacionales, y las utilidades de una sociedad empresarial que desde febrero de 1993 se hizo con parte de la petrolera Shell Oil Company para operar una refinería en Deer Park, Texas, llamada Deer Park Refining Limited Partnership. Esta planta, a su vez, le vende a Pemex –es decir, a su propio socio– gasolinas a precios internacionales que, al sur del Bravo, se pagan con tarifas de las más altas del mundo.
Facilitar privatizaciones
Todavía en el gobierno de Felipe Calderón, en 2011, cuando aún no se aprobaban las reformas al artículo 27 constitucional, con dinero de Pemex se crearon nuevas firmas privadas en el extranjero, que prepararon la repartición de negocios de la paraestatal. En ese entonces el director de Petróleos Mexicanos era Juan José Suárez Coppel.
En España, el 1 de diciembre de ese año PMI Holdings, BV, creó la empresa PMI Field Management Resources, SL. El día 7 se creó la empresa Campos Maduros Sanma, SRL de CV, para “asociarse” con el “licitante ganador” de los contratos de servicios integrales para la explotación de Campos Maduros, en la Región Sur de Pemex, con una participación económica de 10%.
Durante aquel sexenio, la existencia y operación de empresas de Pemex en paraísos fiscales dejó de ser un secreto, pues la ASF difundió su existencia y asentó que eran ilegales. “Pemex no se beneficia directa o indirectamente de las utilidades generadas en las empresas del Grupo PMI, éstas se quedan acumuladas como inversión en esas empresas”, detectó la ASF en la auditoría a la cuenta pública 2007. Ese año, por ejemplo, Kot Insurance Company, ya radicada en Suiza, registró pérdidas por 190 millones de pesos.
En aquella auditoría, la ASF dijo que algunos de esos consorcios operaban con una “tesorería centralizada” en los Países Bajos, como PMI Holdings, BV, que da “servicios financieros” a PMI Norteamérica, la socia de Shell en la refinería Deer Park.
Pese a las advertencias de la ASF, ya en el sexenio de Peña Nieto y durante los años en que Emilio Lozoya dirigió Pemex, se creó una treintena de compañías privadas, algunas en sociedad con otras firmas particulares. Sirvieron para privatizar trabajos y áreas que en otros tiempos eran considerados propios del Estado. Esto, en la práctica, profundizó la desmembración de la paraestatal. Aun así, o quizá por ello, desde la dirección de Pemex se impulsó la creación de más y más. El 29 de abril de 2013 fue constituida en Madrid PPQ Cadena Productiva, SL, cuyo objeto social se estableció como “la gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de entidades residentes y no residentes en territorio español, así como la adquisición, suscripción, tenencia, disfrute, administración y enajenación de acciones en el activo de otras sociedades”. Constituida por Pemex Corporativo y Pemex Petroquímica, comenzó a recibir recursos que serían destinados a una tercera sociedad: Petroquímica Mexicana de Vinilo, SA de CV, constituida a su vez por Mexichem y Pemex, por conducto de PPQ, para “coinvertir” en parte del complejo petroquímico Pajaritos.
(…) De manera que la creación de esa empresa en España tenía otro fin: privatizar instalaciones de Petroquímica.
Algunos meses después (el 30 de julio de 2013), en las oficinas de Pemex en México se desincorporó dicho complejo petroquímico del régimen del dominio público. Y se transfirió a privados. Se estableció la cesión de 476 mil 386 metros cuadrados (de un total de 990 mil 528), que correspondían a la planta Clorados III, propiedad del complejo, a favor de la alianza Pemex Petroquímica­Mexichem, sociedad en la que la privada Mexichem es socia mayoritaria.
Petroquímica Mexicana de Vinilo, SA de CV, fue constituida el 13 de septiembre de 2013 como coinversión entre PPQ, actualmente llamada Pemex Etileno, y Mexichem, a través de su subsidiaria Mexichem Derivados, SA de CV, para la producción de cloro y sosa cáustica, entre otros productos. Se estableció que el domicilio sería el complejo industrial de Pajaritos, Coatzacoalcos, y que el control operativo y financiero de la empresa lo tuviera Mexichem. De esta sociedad se derivó la subsidiaria Mexichem Cogeneración Uno, SA de CV. El 12 de noviembre de 2013 fue creada PMI Infraestructura de Desarrollo, SA de CV, en sociedad por las filiales privadas PMI Norteamérica, SA de CV (99.9% de acciones), y PMI Holdings, BV (0.1%). Después, la recién creada empresa, en sociedad con Pminasa generaron el 18 de diciembre de 2013 otra firma a la que llamaron Pro­Agroindustria, SA de CV.
(…) El 24 de junio de 2013, en Estados Unidos, ya había sido constituida MGI Enterprises US, LLC, como parte del holding Mex Gas –Mex Gas International, Ltd., MGI Supply, MGI Trading y MGI Enterprises–, pero al año siguiente se cambió su domicilio fiscal a Madrid, España, con un capital de 2 millones 781 mil 201 euros.
Como se ha dicho, a partir del sexenio de Enrique Peña Nieto se privilegió a España como destino de las empresas de papel de Pemex. En este contexto llama la atención que también hayan sido españoles los grandes corporativos que recibieron los mayores contratos de obra pública y servicios en el gobierno del mexiquense.
Poco a poco, todo el holding Mex Gas se fue transfiriendo de las Islas Caimán a Madrid, y allí mismo se crearon también nuevas empresas privadas con membrete de Pemex.
Acerca del dinero de Petróleos Mexicanos que el holding Mex Gas ha manejado en el extranjero (incluidas cuentas en paraísos fiscales), la ASF ha dicho: “Los recursos, al ser administrados por las empresas del Grupo Mex Gas, son considerados como no públicos, por lo que no están sujetos a la legislación mexicana que regula, entre otras, la programación, formulación de presupuestos, control, financiamiento, evaluación, aprobación, planeación, ejercicio, mantenimiento, arrendamiento, responsabilidades, transparencia y rendición de cuentas de los ingresos y egresos públicos federales”.
Adiós a los auditores
El 19 de diciembre de 2014, durante una junta del Consejo de Administración de Pemex, se acordó modificar el estatus de PMI Comercio Internacional, SA de CV. Dejaría de ser “empresa de participación estatal mayoritaria” para convertirse en “empresa filial” de Pemex. A simple vista no parece algo trascendente, pero la modificación fue para garantizar la secrecía en su manejo, varias veces criticado por la ASF en sus informes.
El cambio implicó la extinción del Órgano Interno de Control (OIC) y librarse también de las molestas auditorías internas, las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación y del deber de rendir cuentas a través de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos a partir del 1 de enero de 2015: la Ley de Petróleos Mexicanos, en su artículo 61, dice que “las empresas filiales no serán entidades paraestatales y tendrán la naturaleza jurídica y se organizarán conforme al derecho privado del lugar de su constitución o creación”.
Este adelanto se publicó el 12 de noviembre de 2017 en la edición 2141 de la revista Proceso.

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La viabilidad del IMSS, garantizada hasta 2020, sostiene Mikel Arriola


Ángeles Cruz y Rosa Elvira Vargas
Enviadas
Periódico La Jornada
Jueves 16 de noviembre de 2017, p. 6
Jesús María, Ags.
Por primera vez en 35 años, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) trabaja en números negros y su viabilidad financiera está garantizada hasta el año 2020, afirmó el director del organismo, Mikel Arriola.
Al presentar su informe de labores y el plan de trabajo para el próximo año, en la 108 asamblea general del IMSS, ante el presidente Enrique Peña Nieto, el funcionario resaltó que por la cantidad de empleos creados en los cinco años recientes, 3 millones 133 mil 980 nuevas plazas, este es el sexenio del empleo.
Dijo que la cifra representa un incremento de 77 por ciento respecto de lo generado en cualquiera de los gobiernos anteriores. Para el IMSS se ha traducido en mayor recaudación. Sólo este año, el monto asciende a 290.8 millones de pesos, 26 por ciento más en términos reales respecto de 2012.
Así empezó Mikel Arriola su intervención ante los representantes de los sectores obrero y patronal, quienes aprobaron y respaldaron la gestión del titular del IMSS. También asistieron funcionarios del gobierno federal que forman parte de la asamblea del instituto, que por primera vez se celebró fuera de la Ciudad de México.
Un instituto más eficiente
El director del instituto recordó que en 2012, debido al agotamiento de las reservas financieras, se preveía que el IMSS no podría seguir funcionando más allá de 2014. Incluso, en el periodo de 2009 a 2012 se provocó un déficit en las reservas de mil 659 millones de pesos.
A partir de las medidas adoptadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos económicos y de contención del gasto, se han ahorrado casi 7 mil millones de pesos y se han podido colocar más de 27 mil millones de pesos en las reservas financieras del Seguro Social, indicó.
De esta manera, además de recuperar su viabilidad, el instituto ha podido invertir 33 mil 447 millones de pesos en la construcción de infraestructura, en particular para 12 nuevos hospitales y 40 unidades de Medicina Familiar planeados para edificarse e inaugurar en el último trienio de la presente administración.
El segundo de esos nosocomios se inauguró en esta ciudad, el Hospital General de Zona número 3, que cuenta con 144 camas, lo que se traducirá en un incremento de la capacidad de atención: 44 por ciento en cirugías y 64 por ciento de urgencias atendidas. Se duplicará la cantidad de consultas médicas y las de especialidades subirán 36 por ciento.
Cuando se hayan entregado los nuevos hospitales y las unidades de Medicina Familiar, el instituto tendrá 8 por ciento más camas censables, otorgará 33 por ciento más consultas de especialidades y la cantidad de cirugías diarias crecerá 33 por ciento.
Mikel Arriola informó que el próximo hospital a inaugurar (en diciembre) se ubica en Nogales, Sonora, que tiene también 144 camas.
Otra inversión que ha podido hacer el IMSS es en equipos médicos. En el periodo de 2017 a 2018 se ejercerán 3 mil 823 millones de pesos, el doble de lo invertido en 2016, para adquirir mil 612 equipos de alta tecnología, entre ellos siete resonadores magnéticos, 12 aceleradores lineales y 56 mastógrafos.
Después, el director del IMSS enumeró los principales resultados de la estrategia para mejorar la calidad de los servicios, como la digitalización y simplificación de trámites. La novedad es que están en proceso los cambios para obtener una pensión. El propósito es reducir a la mitad el tiempo para su conclusión y pasar de cien a 50 días.
Arriola destacó que la aplicación IMSS Digital ha sido descargada más de 2 millones de veces, es la número uno en el área de salud a escala nacional y está en el lugar 15 entre las aplicaciones más descargadas.
Recordó que recientemente se le agregó la calculadora de riesgo para el desarrollo de diabetes e hipertensión. Los usuarios contestan nueve preguntas para conocer su condición de salud en relación con esos padecimientos.
 
 
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El peso hila cuatro jornadas adversas; se oferta en 19.50 por dólar


 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El peso acumuló su cuarto día consecutivo con pérdidas frente al dólar ante la tensión entre los inversionistas de cara a la quinta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que se iniciará formalmente el viernes 17 en esta ciudad.
El billete verde se cotizó en 19.50 unidades en sucursales bancarias, mientras que a nivel interbancario se ubicó en 19.32 pesos, es decir, 0.91% más caro que el cierre del martes 14, de acuerdo con información del Banco de México (Banxico).
De acuerdo con el análisis del Banco Base, la depreciación del peso se moderó por la tarde, luego de que el Secretario de Economía (SE), Ildefonso Guajardo, declarara que la probabilidad de que el TLCAN llegue a su término este año es baja, reiterando que el comercio entre México y Estados Unidos seguirá en el caso de que el tratado desaparezca.
El peso también recuperó terreno ante el comentario de que México está dispuesto a evaluar cada cinco años la continuidad del TLCAN, aunque sin pautar una muerte súbita como lo ha planteado Estados Unidos a través de una cláusula de terminación o Sunset Clause.
Cabe señalar que este día se llevó a cabo la subasta de coberturas cambiarias por parte del Banxico correspondiente a esta semana, por un monto de 500 millones de dólares.
Hoy, la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos emitió un comunicado para informar que los ministros de los tres países no asistirán a la quinta ronda, aunque mantendrán contacto permanente con los negociadores en jefe, quienes estarán reunidos hasta el martes 21.
Según el comunicado, los ministros decidieron ausentarse para permitir a sus negociadores agilizar loa avances en la quinta ronda; trascendió también que este miércoles 15 se iniciaron algunas reuniones.

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El cambio climático podría causar la sexta extinción, dice el lingüista


Blanche Petrich
 
Periódico La Jornada
Jueves 16 de noviembre de 2017, p. 9
Noam Chomsky, uno de los mayores referentes en la vida intelectual de Estados Unidos, dibujó la catástrofe que se aproxima en el mundo si continúa la evolución del cambio climático como hasta ahora. Estamos construyendo el asteroide que va a provocar la sexta extinción, como hace 650 millones de años otro asteroide provocó la quinta extinción de la vida en el planeta.
En seguida se refirió a cómo los gobiernos de México y Estados Unidos están poniendo su granito de arena para que esto ocurra. Y se refería a la forma en que el gobierno de Enrique Peña Nieto reaccionó inmediatamente después de dar a conocer el hallazgo de un yacimiento con 350 millones de barriles de petróleo en el Golfo de México, hace algunas semana. Se anticipó que traerían al país nuevas tecnologías para explotar esa riqueza. Y acercarnos un poco más al desastre.
Ayer, en la sala Nezahualcoyotl de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), seis de los estudiosos más autorizados sobre temas de medio ambiente, calentamiento global, y economía debatieron ante un auditorio repleto el tema del simposio Los acosos a la civilización: de muro a muro.
El acto, una propuesta original del Proyecto Orígenes, de la Universidad Estatal de Arizona, reunió en un escenario a Lawrence Krauss, director del proyecto; Daniel Schrag, geólogo de la Universidad de Harvard; Mario Molina, Premio Nobel de Química 1996, quien fue de los primeros en advertir sobre el adelgazamiento de la capa de ozono; Richard Somerville, oceanógrafo de la Universidad de California, en San Diego, y Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Las intervenciones giraron en torno del riesgo del planeta frente al calentamiento global y al desafío que representa que la primera potencia del mundo Estados Unidos, esté gobernada en sus tres niveles por políticos que sostienen que este problema es un mito y que las sociedades puedes seguir utilizando sin medida los combustibles fósiles, desacatando la meta que hace dos años se planteó la Conferencia de París de limitar el aumento de la temperatura promedio del mundo a dos grados celsius.
Krauss, moderador del panel, preguntó a Chomsky si consideraba que la crisis del calentamiento global es un tema relacionado con la crisis del capitalismo. Chomsky respondió que lo que rige en el mundo actualmente no es ya un sistema capitalista clásico sino un sistema en el que sólo prevalece la llamada máxima vil, que definiera Adam Smith hace dos siglos y que es la prevalencia de la ganancia de unos cuantos por encima del interés del común de la gente.
Lo ilustró con otra información reciente revelada por el propio gobierno estadunidense anticipando que incrementará a niveles récord la producción del petróleo.
Por su parte, Lawrence Krauss destacó el papel que puede tener México, como sociedad, para presionar a Estados Unidos a que cambie su política de autodestrucción. Los que quieren construir el mundo en Estados Unidos son los mismos que niegan el cambio climático. Son los mismos que cierran los ojos ante la realidad de que, empujados por las sequías, en 2050 habrá 200 millones de personas desplazadas. En 2080, 12 de estos millones serán mexicanos pugnando por entrar a Estados Unidos y la única respuesta de Estados Unidos es fortificar su frontera. México tiene que hablar sobre esto con su vecino del norte.

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Estados Unidos: una sociedad enferma y armada




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Las tragedias por la venta y uso de armas en Estados Unidos siguen sin control y los fabricantes y vendedores obtienen grandes beneficios con esta industria al amparo de la segunda enmienda de la Constitución de ese país

arma
El control de armas en Estados Unidos es un debate que escapa a la racionalidad y al sentido común, reflexiona el maestro Virgilio Muñoz Alberich, quien advierte que ante hechos como el ocurrido en Las Vegas (y otro más ocurrido el domingo pasado en una iglesia de Texas), los focos de atención dan cuenta de la inacción del Congreso y la influencia política de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés).
La masacre del domingo 1 de octubre en Las Vegas registró la mayor matanza a tiros en la historia de Estados Unidos, cuando el millonario Stephen Paddock de 64 años disparó una lluvia de balas contra 22 mil personas que asistían al festival de música country Route 91 Harvest, con saldo de 58 personas muertas y 487 heridas.
El último acto de violencia masiva en Estados Unidos ocurrió apenas el pasado domingo 5 de noviembre, cuando un joven de 26 años disparó en contra de una multitud de fieles en una iglesia de Texas y mató a por lo menos 26 personas.
Al respecto, el académico subraya que la respuesta institucional a los más de mil 500 tiroteos masivos ocurridos en ese país desde finales de 2012, ha sido la inercia en las disposiciones que regulan la compra, portación y restricción de armamento de asalto.
En su análisis El control de armas y los dilemas de la opinión pública publicado en septiembre de 2017 por el Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav), advierte que existe un elemento que suele pasar de lado en el debate y explica los obstáculos en la construcción de acuerdos políticos sobre el control de armas en Estados Unidos: el perfil de la opinión pública norteamericana.
Muñoz Alberich refiere el estudio de opinión pública “America’s Complex Relationship With Guns”, del Pew Research Center, que retrata la percepción de los estadounidenses y el mercado de armas e ilustra del porqué una sociedad que le resulta natural la posesión y uso de armamento, es en sí misma un obstáculo a vencer en la construcción de acuerdos políticos sobre el control de armas.
“Más aún –destaca el catedrático-, en un sistema de representación donde los legisladores tienen fuertes incentivos para estar alineados con el parecer de sus votantes”.
El estudio revela que 72 por ciento de los adultos estadounidenses está a favor de que casi toda persona posea un arma legal, 61 por ciento de garantizar la disponibilidad de casi todos los tipos de armamento y 56 por ciento de que pueda ser portado en la mayoría de los lugares.
Asimismo, señala que el 70 por ciento de los mayores de edad ha disparado con arma de fuego por lo menos una vez en su vida; el 74 por ciento de poseedores de armas y 35 por ciento de los adultos sin armas, afirman que el derecho a poseerlas es esencial para su libertad.
El 73 por ciento de los dueños de armamento no se conciben en el futuro sin armas en su poder y una leve mayoría de adultos estadounidenses (52 por ciento) se pronuncia a favor de leyes de control de armas más estrictas.
El documento del Pew Research Center indica que poco menos de la mitad de los adultos señala que hacer más difícil el acceso legal a armamento tendrá como consecuencia menos tiroteos masivos y 13 por ciento que cualquier restricción adicional llevará a mayores tiroteos masivos.
Muñoz Alberich, experto en seguridad nacional, explica que el Congreso de Estados Unidos ha fallado por años en un liderazgo político para endurecer el control de armas, “así derive de la construcción de una estrecha mayoría bipartidista, lo cierto también es que su falta de voluntad está alineada con la voz de sus votantes.
“Al tiempo que los electores republicanos son reacios a medidas que dificulten el acceso y portación de armamento –muchos de ellos inclusive ven positivo que maestros se armen en las escuelas y una mayor cantidad de personas adquieran armamento, como vía para incrementar la seguridad de sus espacios públicos–, del lado de los simpatizantes del partido demócrata los consensos a favor de mayores controles tampoco se encuentran bien definidos”, subraya.
En ese sentido, apunta que por el perfil de la opinión pública descrito es más entendible que Paul Ryan, líder de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, enfatice la matanza de Las Vegas como un problema de salud mental y no de control de armas.
Asunto público la salud mental -dice el experto– que por cierto es uno de los escasos puntos de acuerdo entre demócratas y republicanos, como causal para restringir el acceso a armamento según el mismo estudio del Pew Research Center. Factor que no garantiza por sí mismo una solución integral a los tiroteos masivos.
Para el doctor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ernesto Villanueva, la matanza de las Vegas sí es un caso de problemas de carácter mental de quienes llevan a cabo este tipo de actos, por lo que plantea que debe haber examen médico para minimizar este tipo de eventos.
“Creo que en Estados Unidos debería haber controles de carácter psiquiátrico para la venta de armas, pues ha generado tragedias como la de Las Vegas (y ahora Texas), a las que sin embargo ya están acostumbrados en ese país.
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Explica que la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos ha generado que la adquisición de armas de cualquier calibre se haga sin mayores revisiones de antecedentes, sin controles, lo cual hace que cualquier persona pueda tener el armamento que quiera sin límite de calibres, como un asunto aparentemente normal
Autor del libro El Derecho de armarse, Villanueva explica que la industria de las armas en Estados Unidos, con una producción anual de más de 100 millones de artefactos para defensa personal y militar, deja cada año ganancias superiores a los 1 mil millones de dólares.
Actualmente, dice el investigador de la UNAM, en EU hay aproximadamente 310 millones de armas en manos de civiles, lo que hace que cada día se incremente la posibilidad de que haya más homicidios, matanzas masivas o suicidios al tener a la mano estos artefactos.
Sin embargo, acota que en ese país hay estados con más restricciones que otros en el uso de armas, como Nueva York y Nueva Jersey, que registran más delitos que Texas donde hay mayor número de armas en manos de ciudadanos.
Virgilio Muñoz Alberich señala que a pesar de que el círculo rojo y los medios de comunicación condenan la amplia red de cabildeo construida por la Asociación Nacional del Rifle en el Congreso de Estados Unidos, a las horas de la matanza en Las Vegas el Washington Post publicó una relación de legisladores en funciones que han sido beneficiarios con la distribución de 3.5 millones de dólares.
El especialista estima que es difícil restringir la capacidad del cabildeo que pone una sombra de duda sobre la labor legislativa, “cuando 40 por ciento de los adultos consideran que la Asociación Nacional del Rifle tiene el nivel correcto de influencia sobre el Congreso y un 15 por ciento adicional opina que su injerencia es menor”.
Además, subraya que a lo anterior se suma que el presidente Donald Trump tiene pocos incentivos para disponer de capital político en el ánimo de endurecer el control de armas, dado que ello no le garantiza un mayor respaldo de votantes y le arriesga a perder su propia base electoral –de ahí su énfasis en la acción reactiva de la policía para inhabilitar al tirador solitario de Las Vegas y no en la regulación preventiva necesaria–.
“Así como el conjunto de legisladores que por el perfil de sus votantes ni siquiera se vieron motivados a promover una reforma en la materia después de que, en junio pasado, una veintena de representantes republicanos fueran baleados en una práctica de béisbol”, agrega.
En Estados Unidos las muertes por armas de fuego son tantas como las defunciones a causa de accidentes automovilísticos. Según datos de la principal fuerza policiaca en Estados Unidos, el Federal Bureau of Investigation (FBI), en 2014 se registraron 11 mil 961 muertes vinculadas al uso de armas, explica Muñoz Alberich.
El especialista concluye que todo ello hace previsible que no se verá en el mediano plazo una legislación que endurezca la compra y posesión de armas. “Este es un caso que muestra con total claridad la importancia del perfil de la opinión pública en la definición de las políticas de seguridad”.
El doctor Ernesto Villanueva señala que en Méxic el uso de armas es un asunto controversial, pues mientras el Artículo 10° constitucional sostiene el derecho a poseer armas para la legitima defensa, “habitualmente se entiende ilícita dicha práctica por las restricciones que establece la ley reglamentaria; pese a lo anterior, en México mueren 122 personas por cada millón de habitantes a causa del tráfico ilegal de armas”, apunta.
En México opera exactamente lo contrario de la  Segunda Enmienda de Estados Unidos, que se vio reflejada en el artículo décimo de la Constitución de 1857, incluso más protegido, porque expresa el derecho de los habitantes a poseer y eventualmente a portar armas para su legítima defensa, lo cual también se contempla en la Constitución de 1917.
Sin embargo, la ley reglamentaria del 10 constitucional, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos es contradictoria, porque establece restricciones como el calibre menor a .9 milímetros, cuando la idea de tener un arma de fuego, pues es que tenga capacidad de contención frente a un eventual agresor.
Otro obstáculo en México, dice el catedrático de la UNAM, es que una vez obtenido el permiso de portación, se tiene que estar sometiendo cada año a revisión, es una ley muy estricta que contradice el 10 constitucional y prácticamente no permite el uso de amas por los ciudadanos y los deja a disposición de policías vinculados con el crimen organizado, que se nutre de armamento de exagentes de las fuerzas del orden, lo cual coloca en un estado de indefensión a la sociedad.
Aclara que eso no significa que la posesión de armas sea la solución al problema de la violencia en México, pero sí vulnera el derecho humano de los ciudadanos a poseer armas para su legítima defensa.
En México hay 350 mil armas en posesión de igual número de habitantes y en portación hay no más de 20 mil permisos, lo cual considera que es muy poco comparado con Estados Unidos. Mientras que la cifra negra es de una proporción de 3 a 4, porque la mayor parte de la gente que tiene arma en su casa desconfía en las autoridades y por tanto no la registra.
Sin embargo, sostiene que si bien en México estamos diametralmente al lado opuesto al del vecino país, el tener tantas restricciones en el uso de armas ha generado que entre la sociedad, incluyendo el crimen organizado, no haya control alguno y la Sedena, como no sabe si ya está registrada una arma, no tiene un mecanismo de comparabilidad ni sabría si una arma determinada se usó o no en un delito.
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Ernesto Villanueva reivindica el derecho de los mexicanos a poseer armas. “En México el derecho de posesión y portación de armas de fuego es un derecho humano protegido por el artículo 10 de la Constitución. Sin embargo, este derecho fundamental es el hermano incómodo de los derechos humanos  por su incomprensión, por prejuicios y por conveniencias políticas”.
Refiere que con un proceso de inseguridad en crecimiento, con más de 150 mil muertos en una guerra que el gobierno ha convertido en una espiral de violencia, no se debe omitir la discusión de cómo las personas de a pie pueden hacer algo para defender su vida, la de los suyos y su patrimonio en el marco de la Constitución.
Mario D. Camarillo Cortés, catedrático de la UNAM, señala que de acuerdo con cifras del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) y de organizaciones de salud estadunidenses, de los 33 mil decesos anuales registrados con armas de fuego en Estados Unidos, más de 20 mil son suicidios, de los cuales 16 mil involucran a varones y 4 mil a mujeres.
Reportes publicados cada año para evaluar las tendencias sobre muertes por armas de fuego, refieren que el primer dato sorprendente es que, aunque los medios de comunicación se centran siempre en los casos de tiroteos, terrorismo o violencia policial, lo cierto es que la mayor parte de los fallecimientos no son otra cosa que suicidios.
El articulista de La Crónica indica que los periódicos The New York Times y The Washington Post refieren que de acuerdo con un estudio de 2016 de la CDC, el suicidio en EU se ubicó como la décima causa de muerte en el país, con más de medio millón de decesos durante los años 2001 y 2015.
José Réyez