lunes, 20 de noviembre de 2017

Initación para el día de hoy... PROHIBIDO OLVIDAR


EL SME SIGUE AVANZANDO

FRECUENCIA LABORAL

Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas
y Conductor de Frecuencia Laboral,
Participación en el Programa del 18 noviembre del 2017,
Transcripción de Andrea Luna Hernández, colaboradora voluntaria.
 
“Las demandas de la Comisión Federal de Electricidad contra el comité central del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) son una táctica del propio gobierno para dilatar el cumplimiento de todos los acuerdos para regresarle a los trabajadores los bienes de Luz y Fuerza del Centro que les pertenecen y que servirán para desarrollar su cooperativa LF del Centro.
Afortunadamente vamos avanzando ya se están incorporando las unidades productivas de nuestra cooperativa a cada uno de los centros de trabajo recuperados y eso nos permite avanzar. También queremos informar que ya se formalizaron las reuniones ayer en la Secretaría de Energía para lo de la firma del contrato de compraventa de electricidad en bloque a largo plazo, que es lo que le da garantía a la construcción del primer ciclo combinado que en la termoeléctrica Jorge Luque
La termoeléctrica Jorge Luque será reabierta por el Sindicato Mexicano de Electricistas. La primera piedra se colocará a las 11 de la mañana el 22 de noviembre del 2017. En este momento está todo el trabajo de logística. Están mis compañeros del comité central con las comisiones de trabajo. Están viendo todo el escenario para realizar ese acto.
Se ubica sobre la carretera México-Querétaro en lo que le llama la colonia lechería del municipio de Tultitlán, Estado de México. Donde le llaman la quebrada hay que salir a la lateral para llegar ahí.
El lunes pasado acudimos nuevamente a la Procuraduría General de la República (PGR) en la agencia de investigación de la Colonia Doctores, en la Ciudad de México, porque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desde siempre usado a la PGR para que le haga la tarea sucia.
Tenemos tres carpetas de investigación en contra del comité central, porque la CFE nos acusó de despojo de los bienes inmuebles que ya nos han entregado por convenio, firmados con el Gobierno Federal. Por un supuesto robo de equipo y materiales que estaban ahí.
Tuvimos una audiencia y una carpeta ya quedó prácticamente anulada, que es por el caso del centro de trabajo de Xochinahuac. Sin embargo, quedan dos abiertas una de Aragón donde está el taller automotriz y la otra de Verónica Anzures.
Mostramos e hicimos valer los documentos firmados donde el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), que es el encargado de desincorporar estos bienes inmuebles de Luz y Fuerza del Centro, para entregarlos en propiedad del sindicato para nuestra cooperativa. Prácticamente está firmado, ya se mandó a certificar esos documentos al notario público.
Hicimos un mitin el miércoles pasado en frente de las oficinas del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), porque lo que falta que les paguen a nuestros compañeros de renta vitalicia es el 50% de su compensación.
Hoy el subsecretario de trabajo nos firma un documento donde dice que le ha informado al SAE que ya cuenta con la disponibilidad de esos recursos económicos. Solamente queda en manos del SAE hacer el mecanismo para que se puedan pagar. El mecanismo va a ser el mismo que se ha venido utilizando, que es a través de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Ahí hay un expediente, es el 549, dónde están incorporados todos los compañeros de renta vitalicia. Sin embargo si no les presionas a estos funcionarios no dan respuesta. Reconocemos la presencia de compañeros jubilados, trabajadores, compañeros de renta de vitalicia ahí.
Esta semana que viene estaremos en gobernación para que ya le indiquen al SAE que el mecanismo es a través de la junta y tienen que establecer un convenio entre el sindicato, el SAE y que sea ratificado ante la junta Federal.
La siguiente audiencia en la junta es el 29 de noviembre del 2017. Lo que acordamos en este mitin es que antes del 29 de este mes tenemos que tener ya el convenio para que se deposite y se ratifique ante la junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Son las actividades que hicimos.
El jueves 9 de noviembre del 2017 hubo una audiencia en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en la junta especial número 5 por la demanda que interpuso el Sindicato Mexicano de Electricistas contra el Sindicato Único de Trabajadores del Electricistas de la República Mexicana (Suterm) por las zonas de concurrencia de los convenios de delimitación de zonas.
El jurídico del Suterm presentó una serie de pruebas, sin embargo, la junta se reservó acuerdo, como siempre lo han venido haciendo, para ver cómo lo resuelven.
Creemos nosotros que tenemos la razón porque es un convenio entre dos sindicatos. La información que tenemos es que las pruebas que presentó el Suterm es que presentaron el decreto de extinción, dicen que como se extinguió Luz y Fuerza entonces el sindicato ya no existe, pero están en un error. Los sindicatos se disuelven solamente por voluntad propia de los trabajadores.
El Sindicato Mexicano de Electricistas tiene un nuevo contrato colectivo de trabajo, conserva su Registro Nacional de Industria, el convenio que estamos haciendo referencia es un convenio firmado entre las dos organizaciones sindicales porque había conflictos inter gremiales. Hoy en ninguna parte del decreto habla del convenio de delimitación de zonas. Las resoluciones de la corte en ninguna parte se refirieron a los convenios de delimitación de zonas.
Sabemos que es una lucha política. Porque en este país la impartición de justicia desde la tremenda corte, donde están los ministros que ganan muchísimo dinero y son parte de los responsables de esta tragedia nacional donde hay violaciones, desapariciones forzadas, secuestros, asesinatos, todo este tema de corrupción que vemos de los gobernantes y los ministros de la corte tranquilamente avalando toda esta impunidad y esta violación sistemática de los derechos de los trabajadores.
Sabemos que los órganos de impartición de justicia los tiene secuestrados esta clase política gobernante. Sin embargo, es una lucha que tenemos que dar los trabajadores por recuperar zonas, materias de trabajo y poder reinsertar laboralmente a todos los trabajadores del SME.
Los ministros de la Suprema Corte están para el equilibrio entre los dos poderes entre el ejecutivo y el legislativo, para que cada uno de estos dos poderes cumplan con su mandato constitucional.
Por ejemplo, en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas de aquella noche de octubre del 2009, admitieron o se quedaron callados sobre un escenario en el que por la noche estaban tomando las instalaciones con elementos del ejército, vestidos de policías federales. Eso solamente pasa donde hay dictaduras, no donde hay un país democrático con leyes. Los responsables son los ministros de la corte.
Al final en todo el proceso de defensa de los trabajadores logramos un amparo con la resolución de tres magistrados a favor. La corte lo atrajo y lo revocó. Ese es el grado de impunidad que existe en nuestro país.
Otro ministro de la corte Alberto Pérez Dayán era trabajador de Luz y Fuerza miembro del SME, su papá es jubilado, y él trabajó por ahí de 17 años en el área comercial. Después como terminó su carrera se fue al poder judicial, incursionó ahí, hoy es ministro.
Antes de la sentencia del 30 de enero del 2013 yo personalmente hablé con él. Le dije tú conoces perfectamente cómo se creó Luz y Fuerza del Centro. Me respondió: no me tienes que decir más, mi voto va a ser razonado en apego a estricto derecho constitucional, pero votó a favor de sepultar los derechos de los trabajadores electricistas.
Imagínate cómo llegan estos ministros, quién los elige. A propuesta del presidente, los ratifica el senado y son cuotas de los partidos políticos”. 

Por las elecciones, alzas selectivas a la electricidad




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Para variar, las autoridades  justifican  el nuevo incremento a las tarifas eléctricas  en el  aumento al precio de los combustibles, de tal manera que el ramo industrial pagará entre un 2.6 y un 3.5 por ciento más por la luz que consuma en sus plantas mientras que el sector comercial verá incrementados sus recibos en un rango del 1.5 y al  2.4  por ciento, en tanto  que los hogares de alto consumo, regidos por la tarifa DAC,  pagarán un 1.5 por ciento extra a partir de este mes de noviembre.
En el ánimo y opinión de millones de mexicanos resulta irrebatible que la reforma energética no cumplió con ninguna de sus expectativas anunciadas y ha terminado encareciendo los precios tanto de la electricidad como del gas doméstico, las gasolinas y el diesel.
A principios de año cuando el gasolinazo impactó de manera directa en la economía de las clases menos favorecidas, los analistas de la tecnocracia insistieron en hacer creer al país que la medida no sería inflacionaria. Tal argucia no convenció a nadie y menos otro de sus sofismas sacados de la manga en el sentido de que en México se estaba subsidiando la gasolina de manera exclusiva para los propietarios de vehículos.
Trataron de ocultar que el incremento a los combustibles como la gasolina y el diesel tendría un impacto inmediato en el transporte público y de carga, y en actividades agrícolas e incluso la pesca. De nada  sirvió  maquillar las cifras macroeconómicas, la población resintió en sus bolsillos el alza en productos de la canasta básica y otros servicios. La desaprobación llegó al grado de generar disturbios  y se generalizó  al preguntarse la  gente  dónde quedaron las promesas oficiales de bajar el costo de las gasolinas.

Con los incesantes aumentos a las tarifas eléctricas ha sucedido lo mismo porque la reforma energética escondió en su ley secundaria el trasfondo de la privatización en las áreas antes reservadas al control del Estado como la generación y la comercialización, ahora abiertas a las leyes del libres mercado junto a los servicios de transmisión y distribución por los que los consumidores deberán pagar un costo adicional.
De manera silenciosa, las autoridades han ocultado la cruda realidad por venir, pues en el nuevo marco regulatorio de la reforma está indexado el retiro de los subsidios bajo el esquema de implantar “tarifas reales”. No es casual que en los últimos años los consumidores de todos los sectores, incluidos los de bajo consumo, han enfrentando incrementado de un 300 por ciento en sus recibos. Las consecuencias negativas a los sectores productivos y a la población en general son innegables.
En este laberinto de falsas promesas los estrategas del partido en el poder han tenido el cuidado de no aumentar el costo de la electricidad a los clientes domésticos de bajo consumo que equivalen a unos 36.7 millones de usuarios. Se aproxima el año electoral y saben los riesgos que implicaría el exacerbar el descontento entre  los votantes mayoritarios, quienes deben estar conscientes que una vez pasadas las elecciones deberán prepararse a un golpe similar al gasolinazo pero en sus recibos de luz al desaparecer los subsidios. La población debe exigir que la infraestructura eléctrica construida por todo el país sea en beneficio de las mayorías para negar su voto a aquellos que desmantelaron el sector energético sin tomar parecer a nadie.

Una Edición de Frecuencia Laboral PROHIBIDO OLVIDAR

*Testimonios de luchas laborales del viejo y nuevo milenio
Este 20 de noviembre del 2017 presentaremos el libro Prohibido Olvidar, en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas a las 12 horas. Con ese motivo publicamos aquí textualmente la introducción de esta edición de Frecuencia Laboral: El Espacio donde los Trabajadores son la Noticia:

Introducción
La historia que conocemos es en realidad la versión de quien la cuenta o de quien la escribe, por eso es muy importante que los trabajadores aportemos nuestros propios testimonios de lo que nos ha tocado vivir en la lucha por la defensa o la conquista de nuestros derechos humanos laborales y hacer nuestra propia narración de los hechos, para que quede en la memoria.
En el noticiario Frecuencia Laboral: el Espacio Donde los Trabajadores son la Noticia y en el portal www.frecuencialaboral.com nos propusimos  que fueran los obreros, los empleados públicos, subempleados, desempleados, jornaleros, estudiantes, amas de casa, investigadores, abogados laboristas, el pueblo en general, quienes brindaran la versión de sus experiencias en el mundo del trabajo.
Lo que hemos relatado en nuestros espacios periodísticos a lo largo de 12 años de transmisión, es una historia diametralmente distinta a la que cuentan los representantes de grupos de poder o quienes le sirven al poder.
Es la versión de quienes han vivido en carne propia las consecuencia de las políticas implementadas por el gobierno federal mexicano -dictadas desde el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico- que han sumido al país  en la más profunda crisis económica, política, social y de derechos humanos de los últimos 70 años.
Más que victimizar a los trabajadores hemos querido dar cuenta de sus movimientos de resistencia, de sus batallas para contener los actos de las autoridades mexicanas que se sometieron a los organismos internacionales y adaptaron al país a un modelo de libre mercado (neoliberalismo) dependiente de las potencias imperialistas.
Aquí se imponen los intereses transnacionales por encima de los derechos políticos, civiles, económicos, sociales, culturales, ambientales de las personas y se imposibilita el derecho al propio desarrollo.
Hoy nos encontramos en condiciones muy parecidas a las que dieron origen a la revolución mexicana de 1910, por lo que es vital dejar testimonios que sean lecciones de resistencia y de lucha para los trabajadores del futuro inmediato.
El objetivo es brindar detalles sobre cómo estamos afrontando los trabajadores y trabajadoras, de antes y de ahora, esta nueva etapa del capitalismo imperialista que se impuso desde principios de los años 1970 y, más crudamente, desde 1989 conocida como neoliberal y globalizada.
Los grupos financieros internacionales, en alianza con empresarios y funcionarios públicos nacionales, en su afán por acumular riqueza han legalizado formas de explotación de mano de obra semejantes al esclavismo, con bajos salarios, con incremento de las horas de trabajo y la eliminación del derecho a la vivienda, las prestaciones y la seguridad social.
Con la nueva revolución tecnológica y la denominada globalización, que se caracteriza por el desarrollo de la comunicación digital y la robótica, la agilidad para la producción de mercancías y el libre comercio, paradójicamente, se impuso la contratación de mano de obra mediante terceros (outsourcing), que practican la trata de personas simulada y la neo esclavitud.
Es un tema con el que abrimos este libro para dar marco a lo que está ocurriendo en el mundo del trabajo en México, en donde la mayor parte de la población asalariada sobrevive con uno o dos salarios mínimos, ingreso que cobran 22 millones de mexicanos tras jornadas laborales extenuantes de 10, 12,14 y hasta 16 horas.
Esa situación se facilita por los despidos masivos y arbitrarios, que colocó al 60 por ciento de los mexicanos en edad de trabajar, en condición de subempleados y desempleados, facilitando a las empresas la contratación de mano de obra barata, anulando los derechos más elementales.
Conocer cuáles son algunas de las historias exitosas de resistencia de los trabajadores contra estas formas arcaicas de sobre explotación laboral, justifica la elaboración de este libro.
También hay narraciones de derrotas por debilidad o por errores que se cometieron y que se repiten una y otra vez, con el propósito de identificarlos y tratar de erradicarlos, como es el miedo, el divisionismo, la ambición por el micro poder y la seducción fácil, deficiencias provocadas por la falta de unidad y conciencia de clase como trabajadores, tal como lo marca el testimonio del Centro Nacional de Promoción Social (CENPROS)
Prohibido Olvidar es el título que decidimos ponerle a la compilación de testimonios de estas luchas laborales del viejo y del nuevo milenio, para que queden en nuestra memoria.
Las luchas de trabajadores en defensa de sus derechos han ocurrido y son más frecuentes de lo que pensamos, pero no se notan porque nadie las cuenta, nadie las registra a pesar de que están llenas de ejemplos a seguir.
El objetivo es exponer las vivencias de quienes han dado la batalla en defensa y promoción de los derechos humanos laborales constitucionales, ya sea como parte de la dirigencia o como integrantes de alguna organización de trabajadores, como investigadores, abogados o periodistas, quienes nos hemos negado a ser víctimas silenciosas de estas políticas de despojo.
Con ese objetivo en Prohibido Olvidar publicamos luchas laborales emblemáticas como la del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), por el rescate de la dignidad de los trabajadores y de su fuente de empleo y el resurgimiento de sus cenizas con la empresa Ave Fénix y la cooperativa LF del Centro.
También publicamos testimonios de quienes protagonizaron parte de la lucha magisterial que puso al país al borde de la ingobernabilidad, por la terquedad del gobierno federal de eliminar la plaza de trabajo estable y con prestaciones sociales. Los profesores de educación básica tuvieron que enfrentar a los cuerpos armados policíacos y militares, sufrir represiones, con un saldo aún no preciso de maestros muertos de educación básica muertos, detenidos y desaparecidos, pero se calcula que fueron más de 100 encarcelamientos y decenas de asesinatos.
También damos cuenta de la ucha que dieron los bomberos del otrora Distrito Federal, hoy Ciudad de México, para que se les reconociera como trabajadores sujetos del derecho a organizarse y a la libre asociación sindical.
Así como los técnicos y profesionistas de Petróleos Mexicanos por su derecho a organizarse sindicalmente y su rechazo a la privatización de esa empresa del estado que se remató durante la actual gestión presidencial de Enrique Peña Nieto, tras la reforma energética que se consumó entre diciembre de 2013 a julio de 2015 y comenzaron a adjudicarle los bienes petroleros a empresas privadas transnacionales.
Narramos luchas actuales que tienen muchas semejanzas con otras que ocurrieron en los últimos años del milenio pasado (entre 1960 o 1975), como la de los trabajadores de la industria textil para hacer efectiva la media hora de descanso, que ya estaba plasmada en la ley y no se respetaba.
Historias que sorprenden por desconocidas o por su contenido, como el despliegue de estudiantes comunistas en las fábricas para elevar la conciencia de los trabajadores, algunos de cuyos dirigentes fueron coptados por el sistema, controlados con el pago de un cargo público.
Para la realización de Prohibido Olvidar, acogimos como propio el criterio del ilustre estudioso de la realidad indígena mexicana, Miguel León Portilla, quien propuso en su investigación La Visión de los Vencidos incluir los testimonios de quienes están sufriendo en carne propia la invasión de los poderosos, el despojo, el autoritarismo, las masacres, la pobreza laboral, la indefensión y el estado de terror, de injusticia e  ilegalidad en que se ha sumido a México.
Queremos brindar a nuestros lectores la visión de aquellos que en el terreno laboral pueden dar detalles de “pasajes tan dramáticos…(y) riqueza de información”, para abrir el camino a “numerosos temas de investigación”, como dijo el doctor León Portilla. (1)
Algunos autores se dejaron seducir por la tentacion de dar lineamientos políticos a seguir y otros que hicieron arengas promocionales de las corrientes políticas a las que pertenecen. Decidimos dejar esos planteamientos, porque, finalmente, fueron y son parte de la historia de las luchas laborales en México. Sobra decir que se trata de posturas de cada creador y no de Frecuencia laboral: El Espacio donde los Trabajadores son la Noticia ni de www.frecuencialaboral.com ni del libro Prohibido Olvidar.
Por todo lo anterior nos propusimos  escribir un libro  con testimonios, narraciones, crónicas de vida, pero la falta del hábito de contar nuestras historias, frecuentemente nos llevaron al monte de la teorización.
Algunas de estos hechos los hemos difundido en  Frecuencia Laboral: El Espacio Donde los Trabajadores son la Noticia y en www.frecuencialaboral.com. Otros, la mayoría, son historias inéditas de quienes han vivido directamente las lucha por los derechos de los trabajadores en México, en un período que va de 1966 al 2017.
La idea de hacer este libro se alimentó escuchando las anécdotas de nuestros colaboradores voluntarios, como Martín Esparza, el licenciado Jesús Luna, Carlos Guillén, el amigo "bombero" Peregrino, Antonio Peregrino Rojo, antes, durante y después del programa Frecuencia Laboral, sobre detalles de su participación en la organización y realización de manifestaciones, en asambleas, en negociaciones con los patrones y el gobierno, experiencias que podrían servir a otros trabajadores que están emprendiendo sus propias batallas.
Los criterios para presentar los relatos del libro Prohibido Olvidar fueron:
1) referir una lucha por la conquista o defensa de un derecho humano laboral en México.
2) que se tratara de un conocimiento adquirido por experiencia personal o a través de una investigación.
3) que ofreciera una orientación a las actuales o futuras generaciones de trabajadores y trabajadoras, sobre cuáles son algunos de sus derechos humanos laborales, cómo defenderlos y los riesgos a los que se exponen cuando se deciden a emprenden la resistencia contra la marginación, la represión, la sobre explotación y la precariedad laboral.
Para la creación de esta obra fueron vitales la disposición a colaborar voluntariamente de todos quienes escribieron y brindaron su apoyo en la edición y formación del presente volúmen. Les damos nuestro infinito agradecimiento.
Esperamos que quienes lean las siguientes páginas, encuentren en los testimonios que aquí se presentan una clave que les impulse en su camino.
María de Lourdes Martínez González
Directora y Conductora de
Frecuencia Laboral: El Espacio donde los Trabajadores son la Noticia
y de
www.frecuencialaboral.com
Referencia:
(1) LEON PORTILLA, M. (1961). VISIÓN DE LOS VENCIDOS. Relaciones Indígenas de la Conquista. México, Universidad Nacional Autónoma de México. P. XXVI

Fuente

Busco la candidatura para visibilizar la represión de gobiernos, dice Marichuy


Mónica Camacho y Elio Henríquez
La Jornada de oriente y corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 19 de noviembre de 2017, p. 5
María de Jesús Patricio Marichuy aseguró que decidió buscar la candidatura independiente a la Presidencia de la República para visibilizar las desapariciones, asesinatos y represión que han dejado los gobiernos emanados de los partidos políticos.
De gira por Puebla, adonde acudió para colectar firmas de apoyo para su postulación, explicó que el movimiento que encabeza con el respaldo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) no terminará en los comicios del año próximo.
Nuestra lucha no es de aquí a 2018, sino después; es visitar las diferentes comunidades, las diferentes regiones para defendernos, manifestó en Cuanalá, cabecera del municipio de Juan C. Bonilla, donde congregó a defensores de derechos humanos y activistas que se oponen a la instalación de mineras, hidroeléctricas y gasoductos. El recorrido de Marichuy por Puebla empezó el viernes y concluirá este domingo, para visitar seis comunidades con presencia indígena a fin de avanzar en la colecta de las 866 mil 593 firmas que le exige la ley.
De acuerdo con el último corte del Instituto Nacional Electoral (INE), del 17 de noviembre, la aspirante ha logrado el respaldo de 42 mil 166 personas, lo que representa un avance de 4 por ciento.
El viernes visitó los municipios de Huehuetla y Cuetzalan de la Sierra Norte de Puebla; este sábado estuvo en Juan C. Bonilla, en el Valle de Cholula.
En Cuanalá, señaló que los partidos enfrentan a los pobladores en las comunidades principalmente en elecciones, las dejan indefensas en los despojos de tierras y recursos naturales que realizan los gobiernos de la mano de grandes empresas privadas.
No les importa que en haya muertos, reprimidos o encarcelados con tal de alcanzar sus objetivos económicos, porque las estructuras neoliberales tienen otros intereses, expresó.
Mientras, los asistentes al foro Por la defensa del territorio y nuestra madre tierra, efectuado en Huitiupán, Chiapas, concluyeron que es necesario articular la lucha entre todas las resistencias y los sectores para hacer nuestras propias leyes y gobiernos del pueblo y defender la vida y nuestra madre tierra.
En un documento, manifestaron que es necesario entender que no somos enemigos, que la resistencia civil, el proyecto de la vo­cera del Concejo Indígena de Gobierno, María de Jesús Patricio, y el de la Nueva Constituyente Ciudadana y Popular, son luchas complementarias.
Aseguraron que la lucha por la defensa de la madre tierra se está dando en Chiapas y en todo el país, por lo que es necesaria una alianza de comunidades y barrios para la defensa del pueblo, tomando en cuenta que las resistencias no pueden darse ni crecer si no es con la participación de las mujeres”.
Expresaron que la tierra nos reclama porque la están atacando desde sus entrañas con la minería en sus distintas modalidades, extracción de petróleo, represas hidráulicas y otros proyectos.

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Hay Propuestas para Unificar las Agendas de Lucha UN PASO HACIA LA UNIDAD DE ORGANIZACIONES

*El Objetivo es Actuar Contra las Consecuancias Sociales de Catástrofe Económica por el Sometimiento Transnacional.
Secretario de Prensa del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear,
Las semanas recientes se ha empezado a consolidar un proceso unitario que podría conjuntar los esfuerzos de los principales referentes del movimiento democrático. Se trata de diseñar juntos un proyecto que sea capaz de articular las agendas y luchas de amplios sectores que hasta ahora, han luchado de manera aislada contra los resultados de las reformas neoliberales y que, ante la coyuntura actual, han coincidido en la necesidad de trabajar conjuntamente.
Participan en este esfuerzo la Unión Nacional de Trabajadores, la Nueva Central de Trabajadores, el Frente Amplio Social y Unitario varias secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de Educación Superior, Investigación y Cultura, el Sindicato Minero, organizaciones campesinas e indígenas como el bloque de organizaciones campesinas “El Campo es de Todos” y el Frente Indígena y Campesino de México, los Padres de familia de Ayotzinapa, y organismos civiles como el Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano y organizaciones defensoras de derechos humanos. Una gama muy amplia de experiencias, formas de organización y de lucha.
Se trata de dar continuidad a acciones unitarias que se han realizado en momentos como el primero de mayo, las jornadas de lucha que se realizan a fines de enero o en los aniversarios de la expropiación petrolera o de la muerte de Emiliano Zapata. Se pretende superar la acción solidaria que suele darse en torno al conflicto de alguna organización en especial, como ha ocurrido en los conflictos que en diferentes momentos han enfrentado electricistas, telefonistas o mineros.
Se considera que la nación enfrenta una urgencia por la caída crónica de una economía subordinada a los grandes centros económicos y financieros de poder e incapaz de crecer al ritmo que se necesita para satisfacer las necesidades de empleo y salarios dignos para la mayoría de la población, lo que ha sido agravado por la llegada al gobierno de Estados Unidos de un gobierno ultra conservador y de una renegociación del TLCAN realizada bajo condiciones de exclusión, opacidad y explotación irracional de los recursos naturales.
Otros elementos son la crisis de derechos humanos que se profundiza en el país desde hace varios años, con expresiones tan graves como la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y las decenas de miles de casos de desapariciones forzadas, el uso de la tortura y ejecuciones extrajudiciales, así como la criminalización de la lucha y la protesta social.
En estas condiciones y ante los efectos negativos de las reformas neoliberales, resulta urgente la construcción de un proyecto de nación que recupere preceptos fundamentales como la defensa de los pueblos originarios, la tierra, la educación y cultura; que fortalezca la inclusión, la equidad y la justicia y diseñe un modelo de desarrollo distinto al que ha prevalecido en la etapa neoliberal.
Para lograrlo, se cuenta ya con un documento elaborado colectivamente, que tiene los siguientes ejes temáticos:
  • Recuperación de la autodeterminación económica
  • Propuesta para resolver la crisis del campo
  • Plataforma para la restitución de los derechos sociales reducidos o eliminados por las políticas neoliberales y para erradicar el corporativismo y el clientelismo
  • Agenda para resolver la crisis de derechos humanos y avanzar en el ejercicio pleno de los mismos.
  • Por una reforma social y democrática del estado
  • De la nueva política exterior que necesitamos.
Estos y otros temas se abordarán en un encuentro nacional de dirigentes sindicales, campesinos y de la sociedad civil para articular agendas y luchas unitarias, que tendrá lugar el 5 de diciembre en la Ciudad de México, con el que se busca no culminar un proceso, sino iniciar uno más profundo que lleve a los trabajadores del campo y de la ciudad, a la sociedad, no a apoyar alguna propuesta electoral, sino a trabajar unidos por un país diferente. Se trata de un gran reto, lograrlo será responsabilidad y tarea de todos.
* El presente texto toma elementos de los documentos preparatorios de la reunión nacional de dirigentes que se realizará en diciembre.

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Se inicia hoy tercera jornada nacional de protesta por los 43 normalistas

Foto
Durante la marcha por los tres años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, del Ángel de la Independencia al Antimonumento, el pasado 26 de septiembreFoto Yazmín Ortega Cortés
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 19 de noviembre de 2017, p. 12
Tixtla, Gro.
Padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa anunciaron que la Tercera Jornada Nacional Romper el Muro de la Impunidad se iniciará hoy con la toma de casetas de cobro en Guerrero y concluirá con un plantón ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a partir del 20 de noviembre en la Ciudad de México.
En conferencia de prensa en las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa, situada en Tixtla, Guerrero, una madre de familia dio lectura a un boletín en el que anunció que este domingo levantarán las plumas de las tres casetas de cobro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ubicadas en el estado.
Del 20 al 26 de noviembre, explicó, se instalarán en plantón en la SRE en la Ciudad de México, con la exigencia de que se agilicen las pesquisas de las cuatro líneas de investigación y sean detenidos los elementos de las policías municipal de Huitzuco y la Federal, así como del Ejército Mexicano, quienes presuntamente hicieron desaparecer a los 43 jóvenes.
Si los poderosos piensan que por el paso del tiempo nos vamos a doblegar, les decimos que se equivocan: aquí seguimos exigiendo la presentación con vida de los 43 (estudiantes normalistas), advirtió la madre.
Insistió en que México no puede ir al festín electoral sin transitar hacia el desarrollo económico; si no tenemos verdad y justicia para los 43 padres y los miles que buscan desesperadamente a sus hijos y claman por justicia.
Denunció que el gobierno federal se ha encargado de encubrir a los responsables al realizar una indagatoria deficiente y al presentar una tesis de investigación basada en su conclusión del basurero de Cocula, que carece de sustento científico.
“La Procuraduría General de la República, desde el inicio de este año, propuso un cronograma que va de junio a octubre, mediante el cual terminaría de esclarecer las cuatro líneas de investigación. En cada reunión nos van dando resultados a cuentagotas.
Algunas veces nos informan la identificación de determinados responsables; otras más, el hallazgo de indicios menores, pero ningún responsable ha sido detenido y procesado. La estrategia del gobierno es ir administrando nuestro caso, mantenerlo en este estatus para que no genere costos al grupo gobernante en 2018, reclamó.
Rechazan posible candidatura de Aguirre Rivero
Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, advirtió al Instituto Nacional Electoral (INE) que si el asesino ex gobernador Ángel Aguirre Rivero se registra como candidato del distrito 8 por la Costa Chica, protestaremos ante dicha instancia.
Agregó que lo tomaremos en cuenta en las próximas actividades para evitar que este asesino nuevamente forme parte de este poder y tome decisiones en el estado y el país, cuando él forma parte del crimen cometido en Iguala.

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Las mujeres de Atenco cimbran a la Corte Interamericana

 
PROCESO 
 
Duros y descarnados fueron los testimonios presentados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el jueves 16 y el viernes 17 por varias de las mujeres de San Salvador Atenco violentadas hace 11 años en ese poblado mexiquense por uniformados estatales y federales. Ahora, el organismo regional tiene información de primera mano, así como los peritajes de activistas sociales sobre los abusos cometidos el 3 y 4 de mayo de 2006 contra mujeres indefensas, para emitir su sentencia. Por lo pronto, las agredidas se sienten satisfechas de haber llevado al banquillo de los acusados al Estado mexicano.
SAN JOSÉ (Proceso).– La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene en sus manos la oportunidad para ordenar al Estado mexicano identificar y sancionar a los responsables del diseño y ejecución de las agresiones policiacas del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco en los que 11 mujeres fueron agredidas sexualmente por uniformados mexiquenses y de la extinta Policía Federal Preventiva.

La anterior es una de las demandas expuestas por las agredidas por medio de sus representantes legales en las audiencias públicas realizadas el jueves 16 y el viernes 17 en la sede de la Corte –paso previo a la sentencia que dictará el tribunal regional–, instancia en la que se radicó el caso Atenco.
Las 11 mujeres, quienes por diversos motivos estaban en ese poblado mexiquense el 4 de mayo de 2006, fueron detenidas de manera arbitraria y procesadas por presuntos ataques a las vías de comunicación, asociación delictuosa y secuestro.
En 2008 las víctimas acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que en septiembre del año pasado turnó el caso a la Corte, ante el incumplimiento de las recomendaciones formuladas un año antes.
En el Informe de Fondo 74/2015, la CIDH urgió al Estado mexicano “identificar y sancionar los distintos grados de responsabilidad, incluyendo aquellas derivadas de la cadena de mando, de las distintas formas de participación, así como posibles actos de encubrimiento u omisión” (Proceso 2116).
En voz de la abogada Araceli Olivos Portugal, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), las 11 mujeres pidieron a la Corte, presidida por el brasileño Roberto F. Caldas, “ordene al Estado realizar una investigación efectiva que incluya todos los hechos y considere su gravedad, así como todos los niveles de responsabilidad, sin descartar de antemano pruebas y líneas de investigación relevantes con el solo fin de garantizar impunidad para funcionarios percibidos como personas poderosas”.
Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2142, ya en circulación

Fuente 

LA CONSAR DESCONOCE CUÁNDO SE CREO EL SAR

LA CONSAR DESCONOCE CUÁNDO SE CREO EL SAR

*El organismo especializado en el Sistema de Ahorro para el Retiro se equivocó en el año de su creación.
*Los Ahorros para el Retiro de los trabajadores Alcanzaron la cifra de 3 Billones de Pesos.
*Hay 59 Millones de Cuentas Individuales...Pero Sólo 20 Millones Están Activas.
 
Con retraso de un mes la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) dio a conocer el Informe Trimestral al H. Congreso de la Unión sobre la Situación del Sistema de Ahorro para el Retiro, de los meses de julio-agosto-septiembre 2017, en el que llaman la atención las verdades a medias y mentiras flagrantes que contiene, como la afirmación de que el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) cumplió 20 años, así como la creación de las cuentas individuales.
El informe inicia con una mentira flagrantes porque que señala que el 1 de julio de 2017, el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) lo cual es falso. Hay más falsedades en el informe que iremos analizando punto por punto en las semanas siguientes, pero en esta ocasión nos enfocaremos en la falacia de que el SAR cumplió 20 años.
La verdad es que el Sistema de Ahorro para el Retiro fue creado en 1992 por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, para depositar en 18 bancos el equivalente al 2 por ciento del salario de los trabajadores. Se le conoció y conoce como SAR-92. Eran bancos que acababan de ser reprivatizados por Carlos Salinas y no tenían suficiente capital propio.
A los dueños de las instituciones financieras les dieron el derecho de especular entre 4 y 6 días para su beneficio propio, con el 2 por ciento que era del salario de los trabajadores y que el patrón no les pagaba, sino que los depositaba directamente en esos bancos que no le daban ningún beneficio a los dueños del dinero que son los trabajadores.
Fue una ley que crearon Carlos Salinas de Gortari y Pedro Aspe Armella, entonces Secretario de Hacienda -hoy empresario aéreo-que se aprobó de fast-track, aceleradamente en 7 días y entró en vigor el primero de mayo de 1992 y por eso se le conoce como SAR-92 que en realidad fue una forma de ahorro forzoso de los trabajadores, en beneficio de los banqueros.
De ese dinero los trabajadores no podían disponer sino hasta 35 años después y en 10 años podían pedirse un auto préstamo para casos de emergencia. Sólo se benefició a la banca que casualmente estaba recién reprivatizada.
La propuesta de reforma que hizo Salinas de Gortari llegó a la Cámara de Diputados el 10 de febrero de 1992 e incluyó la creación de las cuentas individuales de ahorro para el retiro, desde entonces se crearon. Los legisladores hicieron un periodo extraordinario de sesiones que inició el 12 de febrero de ese mismo año, el día 17 fue presentada ante el pleno camaral y el 18 de febrero, en un sólo día fue discutida y aprobada, sin consultar a los trabajadores.
Lo que ocurrió el 1 de julio de 1997 fue que se reformó la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro para introducir la figura de las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afores) y de las Siefores
El gobierno de Salinas de Gortari le hizo creer a los trabajadores con campañas desinformativas en medios de comunicación, que se trataba de un “ahorrito extra” del que gozarían los trabajadores al final de su vida laboral activa, pero en realidad fue un cochinito con el que sólo ganaron los banqueros y el gobierno, porque transcurridos los 4 o 6 días en que tenían derecho a especular para su beneficio exclusivo, no le pagaban nada de ese dinero a los trabajadores y enviaban todo el capital acumulado al Banco de México.
Entre la información nueva que contiene el informe está que el ahorro de los trabajadores con el que ganan las Afores propiedad de los banqueros aumentó a 3.08 billones de pesos.
También señala que al 59 millones de cuentas, pero sólo 20 millones están activas y el resto o están duplicadas o son de trabajadores que ya no cotizan. 

Enfrentan indígenas un modelo económico basado en el despojo


Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Domingo 19 de noviembre de 2017, p. 10
Los pueblos originarios en México y en otras partes del mundo enfrentan un modelo económico basado en el despojo y la ocupación forzosa de sus territorios, con el objetivo de que sus recursos naturales sirvan como base para un desarrollo que no los beneficia, lo cual no es muy diferente del sistema colonial que existió hace dos o tres siglos.
Así lo afirmó la relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, quien subrayó que aunque el esquema es prácticamente el mismo a escala global, las comunidades autóctonas de México enfrentan un clima de violencia e impunidad aún mayor del que existe en otras regiones.
Luego de concluir su visita a México, del 8 al 17 de noviembre, en la cual recorrió los estados de Chiapas, Guerrero y Chihuahua, la consultora y activista de origen filipino platicó con La Jornada sobre sus hallazgos y preocupaciones, así como sobre la forma en que ella cree que los gobiernos pueden cubrir la deuda histórica que tienen con las comunidades originarias.
–¿Cómo afectan los megaproyectos a los pueblos indígenas?
–Las comunidades son ricas en recursos naturales, como bosques, minerales o biodiversidad, y los gobiernos ven esos recursos como la base del desarrollo nacional. Así que van a las comunidades y extraen lo que hay ahí, pero no le ayudan a la gente a vivir de la forma que a ella le parece bien. Sólo dejan la destrucción ambiental que generan las minas y la extracción de gas y petróleo, pero sin rehabilitar sus tierras y aguas.
“Por supuesto, los pueblos indígenas desean que al menos sean consultados y haya una negociación. Cuando se resisten, ahí es donde ocurre la violencia, porque los militares o los guardias de seguridad de las empresas los tratan de la peor forma e incluso los desplazan de sus tierras sin recibir una compensación o un lugar decente donde puedan ser reubicados.
Si las autoridades escucharan, sabrían que los pueblos indígenas no están contra el desarrollo; sólo quieren asegurarse de que ese desarrollo les traiga beneficios, que puedan proteger sus tierras y territorios, y sigan practicando sus culturas tradicionales.
–¿Cómo describiría lo que pasa en México, en comparación con lo que ocurre en otros países?
–En muchos sentidos lo que sucede aquí es similar a lo que pasa en muchos países que he visitado, en términos de la situación de los pueblos indígenas. Lo que es bastante singular son los altos niveles de impunidad, como en los casos de masacres de las que he escuchado y que ocurren de manera muy frecuente. Eso es algo que no he visto en otros países.
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Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenasFoto María Luisa Severiano
El gobierno admite que hay entre 98 y 99 por ciento de impunidad, eso me indica que afecta desproporcionadamente a los pueblos indígenas, porque son ellos los que defienden sus tierras y van contra los proyectos que el gobierno considera prioritarios; así que es lógico concluir que son ellos los que están siendo encarcelados y criminalizados.
–¿Los pueblos indígenas siguen enfrentando esquemas de colonialismo?
–¡Claro! Aún enfrentan mucho del sistema colonial porque el pensamiento de la gente que tiene el poder sólo es extraer, ocupar sus tierras y sacar todo lo que puedan de ellas, y ese es un tipo de colonialismo no externo, sino interno.
–¿Entonces es básicamente igual a lo que ocurría hace dos o tres siglos?
–Sí, básicamente creo que sí, porque los colonizadores que querían extraer todo y enriquecerse son la misma cosa que las élites, los ricos que hacen negocios en el sector privado, extraen lo que pueden de las comunidades sin su consentimiento y no dan nada.
–¿Qué opina de la diferencia entre lo que dicen las leyes en México y su aplicación en la realidad?
–México fue líder a nivel internacional para que se aprobara la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y eso es muy bueno, pero el hecho de que no se refleje eso en el país es preocupante. Debería haber una ley especial que reconozca a los indígenas como sujetos de derecho público.
–¿Cómo se debe cubrir la deuda histórica con los pueblos indígenas?
–Primero que nada se debe aceptar que hay realmente una deuda histórica, y esa aceptación puede venir en la forma de una disculpa, un reconocimiento de que las cosas se han hecho mal, para que después haya un diálogo con los pueblos indígenas. Tiene que aceptarse que el actual modelo de desarrollo es la raíz de los conflictos, porque la inequidad de recursos, poder y riqueza es lo que prevalece en muchos países y tiene que enfrentarse, aunque eso signifique menos riqueza y poder para los que siempre los han tenido.

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El “show punitivo” del gobierno de Macri

 
PROCESO 
 
La mañana del viernes 3 Amado Boudou –vicepresidente durante la administración de Cristina Fernández– fue aprehendido. Los canales de televisión difundieron las escenas de su captura y las mismas fueron divulgadas por el Ministerio de Seguridad y luego replicadas hasta la saciedad en las redes sociales. Así, la detención del exfuncionario acusado de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito se convirtió en lo que muchos calificaron de “show punitivo”. El problema es que tal espectáculo mostró que la justicia argentina tiene un doble rasero, pues el propio mandatario actual y algunos miembros de su gabinete están bajo sospecha de haber cometido los mismos ilícitos… y nadie los ha arrestado.
BUENOS AIRES (Proceso).- Con el pelo revuelto, ropa de dormir, descalzo, a primera hora de la mañana en su departamento en esta capital, Amado Boudou escuchó, el pasado viernes 3, la orden de detención que le leyó un oficial.

Boudou, vicepresidente del gobierno de Cristina Kirchner hasta diciembre de 2015, fue fotografiado esposado y rodeado de agentes de la Prefectura Naval Argentina, la fuerza de seguridad que fue por él. Y más tarde, ya vestido y con el chaleco antibalas propio del protocolo de estos operativos, fue escoltado hasta el vehículo policial que lo llevó al Juzgado Federal número 4, a cargo de Ariel Lijo.
Las escenas pudieron verse en los canales de noticias. Las fotos y los videos también se difundieron desde chats del Ministerio de Seguridad, del que depende la Prefectura.
El espectáculo ofrecido por la justicia federal, el gobierno y los grandes medios, multiplicado hasta el infinito por las redes sociales, tuvo impacto. El escarnio a Boudou en la plaza virtual del pueblo cosechó una espontánea aprobación de los sectores que se adhieren a la premisa sintetizada el 7 de julio por el presidente Mauricio Macri: “En Argentina se acabó la etapa de la impunidad, la discrecionalidad y la corrupción”.
El exvicepresidente Boudou fue conducido esa misma noche al penal de Ezeiza. Horas antes, la diputada Elisa Carrió, portavoz oficiosa del gobierno, había tuiteado a modo de brindis: “Viva la república”.
Boudou enfrenta varias causas ante la justicia, en su mayor parte vinculadas con su desempeño como ministro de Economía (2009-2011).
Lo juzgan por su presunta participación en la compra irregular de una empresa productora de papel moneda y se le investiga por irregularidades en la reestructuración de la deuda de la provincia de Formosa y en la compra de vehículos para el Ministerio de Economía.
Que la orden de arresto haya llegado por otra causa, iniciada en 2012, sin que mediara juicio, sentencia, procesamiento, llamado a prestar declaración indagatoria ni tampoco pedido alguno de parte del fiscal, generó la sensación de estar una vez más de cara a un fallo judicial en consonancia con los intereses del poder de turno.
La medida ordenada por el juez Lijo se dio sobre el final de una semana en la que tres organizaciones judiciales vinculadas con el gobierno lo habían denunciado, frente al Consejo de la Magistratura, por las presuntas demoras de su juzgado en el tratamiento de causas de corrupción.
Ya en el Juzgado Federal, Lijo acusó a Boudou de “ser el jefe de una asociación ilícita, incurrir en tres hechos de lavado de dinero y cometer el delito de enriquecimiento ilícito”.
El juez cree que los aproximadamente 2 millones de dólares con los que en 2009 José María Núñez Carmona, entonces socio de Boudou, se acogió a un blanqueo, eran en realidad de Boudou. Un préstamo de 80 mil dólares que Boudou hizo a su expareja y otros 80 mil que aparecen en la declaración impositiva de 2009 están también bajo sospecha.
Finalmente, a la hora de dictar la prisión preventiva, Lijo se valió de una reciente decisión de la Cámara Federal, que prevé que en causas de corrupción que implican a funcionarios o exfuncionarios, aunque el investigado se someta a derecho y no haya peligro de fuga, se le puede encarcelar si se considera que dispone de relaciones y recursos para entorpecer la investigación.
“Mucho más allá del caso de Boudou es claro que la Constitución y los tratados de derechos humanos exigen que se escuche al imputado antes de detenerlo preventivamente”, dice a Proceso Lucas Arrimada, profesor de estudios críticos del derecho de la Universidad de Buenos Aires.
“Además, el pedido de detención se da en medio de tensiones públicas entre el gobierno y diferentes sectores en conflicto dentro del Poder Judicial. La resolución judicial se puede leer, sin mucha dificultad, después de tanto tiempo con el expediente frenado, en el contexto de esas pujas poselectorales”, sostiene.
Doble vara
El funcionamiento de los Tribunales Federales, su discrecionalidad para acelerar o “cajonear” causas sensibles, ha quedado una vez más en el centro de la polémica. La prisión preventiva es un recurso que debería ser excepcional en una sociedad democrática, ya que ignora el derecho de toda persona a la presunción de inocencia. En Argentina, sin embargo, la prisión preventiva incluye hoy a 60% de la población carcelaria.
Una semana antes que contra Boudou, el mismo criterio se había aplicado contra el exministro de Planificación Julio de Vido, a cargo del manejo de las licitaciones de obra pública durante el kirchnerismo. Como en otras ocasiones, el oficialismo en un primer momento celebró, pero después, al percibir algunas reacciones en los sectores afines, intentó distanciarse de la orden del juez y de la difusión de las imágenes del operativo.
Desde el diario La Nación hubo críticas contra el espectáculo punitivo y la advertencia de que el criterio aplicado podría aplicarse también a varios funcionarios actuales, cuya posibilidad de entorpecer las investigaciones es elevada. El presidente Mauricio Macri está imputado bajo la sospecha de haber querido favorecer a su empresa familiar, Correo Argentino, en la liquidación de una deuda multimillonaria con el Estado.
El ministro de Finanzas, Luis Caputo, está imputado por haber pagado una comisión a un fondo común de inversión –del que había sido presidente– para que administre recursos de la seguridad social. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está imputada por presunto encubrimiento de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Y la lista sigue.
La doble vara rige, sin embargo, como un tranquilizante natural. Mientras exfuncionarios y empresarios kirchneristas van a la cárcel, los actuales son sobreseídos de manera sumaria o ni siquiera son citados a declarar. La sospecha de un doble rasero a la hora de aplicar la ley flota en el ambiente. Sin ir más lejos, la causa de Correo Argentino, por la que se investiga a Macri, está a cargo del mismo juez que encarceló a Boudou.
“Hay una correlación de fuerzas del gobierno que inclina la cancha judicial a su favor, pero es cierto que esas dos son causas diferentes, de años diferentes, con complejidades y tiempos distintos”, dice Arrimada. “Sin embargo, más allá de la diferencia, veremos si en ésta última el poder judicial avanza con estos golpes de efecto como ante exfuncionarios ya sin poder.
“En el largo plazo, los estudios sugieren que las causas de corrupción terminan en impunidad judicial y en el olvido popular”, continúa. “En el corto plazo, mientras tanto, ayer y hoy, se oculta la doble moral y otros problemas urgentes con el show de la corrupción. Ese goce republicano frente a la corrupción en una sociedad hipócrita opera como un sedante, como un obstáculo para ver la corrupción como un problema estructural que cruza, con diferentes niveles, su clase política y toda la sociedad”.
Distintas corrupciones
Las encuestas muestran que la sociedad argentina se indigna ante la corrupción, pero la practica y la tolera. La culpa se deposita en los políticos pero no en los empresarios, que son quienes más se benefician de un trato perjudicial para el Estado.
Al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se le critica la corrupción clásica: cobro de comisiones para la adjudicación de contratos públicos. El núcleo del actual gobierno argentino está compuesto por ejecutivos de corporaciones.
“Cuando los empresarios asumen directamente la conducción del Estado, la figura de la coima (soborno) a veces se vuelve simplemente irrelevante”, escribió Ezequiel Adamovsky, doctor en historia, en un artículo reciente de la revista virtual Anfibia.
“Nadie necesita coimearse a sí mismo como incentivo para hacer lo que más le conviene. El Estado puso todo su aparato para que la letra de la ley coincida con el interés privado”, explicó.
Frente a los conflictos de interés que afectan a los más altos funcionarios, la justicia se mantiene expectante.
Varios jueces federales –que actúan una y otra vez en las causas con graves implicaciones políticas– son conocidos por la opinión pública argentina como las estrellas del espectáculo. El gobierno actual, como los anteriores, ejerce una fuerte presión sobre ellos. El avance es también notorio contra los fiscales.
“Dócil”, “amedrentado”, “tiempista” o “hiperactivo” son algunos de los calificativos que los jueces reciben de la prensa. Una encuesta de Managment & Fit, de septiembre de este año, revela que 75.6% de los argentinos tienen poca o ninguna confianza en el Poder Judicial.
“El Poder Judicial no es ‘La Justicia’ –aclara Arrimada–. Hay muchos jueces trabajadores y honestos, pero hay serios problemas estructurales que no permiten decir que estamos ante ‘La Justicia’.
“Ahora, los jueces de los tribunales federales de Buenos Aires son un tipo de animal político e institucional muy diferente al resto del ya muy imperfecto Poder Judicial en Argentina”, explica el jurista. “Buena parte de su función política actual tiene que ver con esa función legitimadora, de herramienta política y electoral”.
La modalidad del escarnio virtual ha cobrado nuevas dimensiones en Argentina. Para la detención de opositores bajo sospecha de corrupción se montan escenografías que remedan operativos contra narcotraficantes. A Arrimada se le pregunta si este tipo de espectáculos deslegitima lo que se entiende como administración de justicia.
“La deslegitimación del Poder Judicial existe y es muy fuerte, pero el show punitivo es productivo electoral y políticamente para el gobierno”, responde.
“Afecta la calidad institucional y viola garantías constitucionales, pero políticamente lo que genera es un populismo de la política contra la corrupción para tapar ese mismo problema en las propias filas del gobierno.
“El problema es que estos abusos judiciales no sólo deslegitiman los procesos, sino que pueden generar vicios procesales que anulen el proceso en etapas superiores”, abunda. “Los jueces firman cosas que pueden tener problemas técnicos en términos legales en el largo plazo, pero que en el corto son de alto impacto en términos políticos”.
Este reportaje se publicó el 12 de noviembre de 2017 en la edición 2141 de la revista Proceso.

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