viernes, 24 de noviembre de 2017

Tradicional Peregrinación SMEita

Mañana Sábado a las 4 de la tarde en la Ex Glorieta de Peralvillo.

2017 11 25 Invitación al Foro ¡ALERTA NACIONAL!, Foro de Reflexión y Análisis.

Hoy luchamos, hoy avanzamos

Este 22 de noviembre las y los usuarios que nos organizamos en la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE) nos movilizamos en la capital de nuestro país.
La marcha partió en punto de las tres de la tarde de las instalaciones de la CFE en el cruce de Insurgentes y Reforma hacia la Secretaría de Gobernación. Por Paseo de la Reforma se extendió una columna de unas veinte mil personas.
Durante la actividad los cientos de comités que nos manifestamos, lo hicimos de manera pacífica en todo momento, a pesar de la severa presencia policial que buscaba intimidarnos. Ya en Gobernación nos mantuvimos durante más de cinco horas con la firme determinación de que no nos moveríamos hasta no ver resultados positivos en la negociación. Incluso si esto significaba instalar un nuevo plantón indefinido para alcanzar nuestros objetivos.
Hoy tuvimos una intensa jornada de lucha que convirtió el profundo esfuerzo y compromiso de los usuarios en avances significativos en la negociación con el Gobierno Federal. Los usuarios conseguimos el proceso de negociación por la intensa movilización que mantuvimos, con movilización es como hemos defendido los acuerdos y con movilización los extenderemos.
Hoy los usuarios le arrancamos al gobierno federal una minuta en donde se comprometen a que la CFE entregrá un dictamen sobre el primer listado (de más de 70,000 usuarios) que la ANUEE ingresó para el borrón y cuenta nueva en la forma de cartera vencida, sobre el mismo listado, la Secretaría de Energía aportará los criterios jurídicos que habrán de darle forma a esta cartera vencida, y con los cuales la Procuraduría Federal del Consumidor habrá de emitir lo pertinente, además de revisar las vías para agilizar los procesos que los usuarios llevamos ante dicha instancia.
Además, se estableció el próximo 4 de diciembre como la fecha límite para que la CFE entregue una respuesta final sobre la constitución de la cartera vencida. Día último también para que desde la ANUEE ingresemos un segundo listado de usuarios que se sumarán al primero en la cartera vencida. Al mismo tiempo, la SEGOB se comprometió a iniciar las gestiones necesarias para que durante la primera semana de diciembre, a más tardar, seamos recibidos en la Cámara de Diputados para dar seguimiento a la entrega de casi 200,000 firmas ingresadas el pasado 24 de octubre para la elevación a rango constitucional de la energía eléctrica como un derecho humano.
Para revisar los avances de este proceso, tendremos una siguiente mesa en la SEGOB el viernes 1 de diciembre, a las 15:00 horas, para lo cual realizaremos una nueva movilización. Esta próxima jornada, junto con las movilizaciones semanales que realizamos en los centros de trabajo y cobro de la CFE, forma parte de la línea establecida por nuestra organización para que el 2017 sea el año del desenlace del conflicto de los usuarios.Hoy luchamos, hoy avanzamos
Este 22 de noviembre las y los usuarios que nos organizamos en la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE) nos movilizamos en la capital de nuestro país.
La marcha partió en punto de las tres de la tarde de las instalaciones de la CFE en el cruce de Insurgentes y Reforma hacia la Secretaría de Gobernación. Por Paseo de la Reforma se extendió una columna de unas veinte mil personas.
Durante la actividad los cientos de comités que nos manifestamos, lo hicimos de manera pacífica en todo momento, a pesar de la severa presencia policial que buscaba intimidarnos. Ya en Gobernación nos mantuvimos durante más de cinco horas con la firme determinación de que no nos moveríamos hasta no ver resultados positivos en la negociación. Incluso si esto significaba instalar un nuevo plantón indefinido para alcanzar nuestros objetivos.
Hoy tuvimos una intensa jornada de lucha que convirtió el profundo esfuerzo y compromiso de los usuarios en avances significativos en la negociación con el Gobierno Federal. Los usuarios conseguimos el proceso de negociación por la intensa movilización que mantuvimos, con movilización es como hemos defendido los acuerdos y con movilización los extenderemos.
Hoy los usuarios le arrancamos al gobierno federal una minuta en donde se comprometen a que la CFE entregrá un dictamen sobre el primer listado (de más de 70,000 usuarios) que la ANUEE ingresó para el borrón y cuenta nueva en la forma de cartera vencida, sobre el mismo listado, la Secretaría de Energía aportará los criterios jurídicos que habrán de darle forma a esta cartera vencida, y con los cuales la Procuraduría Federal del Consumidor habrá de emitir lo pertinente, además de revisar las vías para agilizar los procesos que los usuarios llevamos ante dicha instancia.
Además, se estableció el próximo 4 de diciembre como la fecha límite para que la CFE entregue una respuesta final sobre la constitución de la cartera vencida. Día último también para que desde la ANUEE ingresemos un segundo listado de usuarios que se sumarán al primero en la cartera vencida. Al mismo tiempo, la SEGOB se comprometió a iniciar las gestiones necesarias para que durante la primera semana de diciembre, a más tardar, seamos recibidos en la Cámara de Diputados para dar seguimiento a la entrega de casi 200,000 firmas ingresadas el pasado 24 de octubre para la elevación a rango constitucional de la energía eléctrica como un derecho humano.
Para revisar los avances de este proceso, tendremos una siguiente mesa en la SEGOB el viernes 1 de diciembre, a las 15:00 horas, para lo cual realizaremos una nueva movilización. Esta próxima jornada, junto con las movilizaciones semanales que realizamos en los centros de trabajo y cobro de la CFE, forma parte de la línea establecida por nuestra organización para que el 2017 sea el año del desenlace del conflicto de los usuarios.


Rechazan en Ecatepec los nuevos medidores de CFE

Foto
Cables, tubos e interruptores que la CFE instaló en calles de al menos 20 colonias de Ecatepec, estado de México, fueron arrojados por usuarios frente a oficinas de la empresa en repudio al nuevo sistema de medición de consumo, que ha incrementado los cobrosFoto Javier Salinas Cesáreo
Javier Salinas Cesáreo
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 24 de noviembre de 2017, p. 37
Ecatepec, Méx.
Unos 500 vecinos de al menos 20 comunidades se manifestaron ayer frente a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en este municipio, donde tiraron toneladas de cables, tubos e interruptores, entre otros materiales que la paraestatal instaló en sus calles para reemplazar los medidores de consumo, lo que rechazan. Asimismo, protestaron por los altos cobros que les aplican en sus recibos, hasta 400 por ciento mayores a su consumo normal.
Los manifestantes aseguraron que a los colonos que no han aceptado el remplazo del sistema de medición de la CFE, uniformados y particulares los han amenazado e incluso golpeado.
Temprano, vecinos de las colonias Luis Donaldo Colosio, Potrero del Rey, Del Carmen, San Francisco de Asís, Paseos de Ecatepec, Granjas, Guadalupe Victoria y Rancho 1 y 2, entre otras, afiliados a la Coordinadora de Comités de Usuarios en Defensa de la Enegía Eléctrica de la Zona Oriente Ecatepec (Cocudeezo), marcharon hasta las oficinas de la CFE y se apostaron en la entrada principal.
Hugo Esteban Ortega, dirigente de la Cocudeezo, aseguró que desde hace un año la CFE comenzó a instalar sistemas eléctricos tipo AMI (siglas en inglés de infraestructura avanzada de medición), que permiten lectura, corte y reconexión remotos, para remplazar los medidores digitales, lo que ha hecho sin consultar con los colonos, quienes están en desacuerdo porque aquellos que ya los tienen instalados pagan hasta 400 por ciento más.
Hay vecinos que pagaban 300 pesos cada dos meses y ahora sus recibos llegan de 2 mil, 3 mil y hasta 5 mil pesos. Cambiaron los medidores digitales y pusieron nuevos sistemas con medidores en los postes e interruptores. Estamos en contra de esta nueva red en unas 20 colonias de Coacalco, Jaltenco y Ecatepec, y a la fecha llevamos 11 mil quejas, dijo.
CFE ha estado reprimiendo el movimiento. Desde hace meses ha llegado con golpeadores y (efectivos) del Ejército a fin de intimidar a los vecinos para que acepten los nuevos medidores. No dudamos que sigan amenazándonos con la fuerza pública, agregó.
Los vecinos solicitaron a personal de la CFE recibir el material que quitaron y transportaron en seis camionetas, pero los empleados se negaron. Los colonos tiraron cables, tubos, interruptores y medidores a la puerta principal de la subestación, dentro de la cual se atrincheraron personal y elementos de seguridad de la CFE.
Tras varias horas de protesta, los inconformes se retiraron sin recibir respuesta favorable y advirtieron que continuarán con sus movilizaciones.

Fuente

Exige sindicato retirar la concesión a la minera Media Luna por negarse a dialogar

Sergio Ocampo y Héctor Briseño
Corresponsales
Periódico La Jornada
Viernes 24 de noviembre de 2017, p. 15
Indalecio Pérez Morones, delegado del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), anunció que solicitará al gobierno federal el retiro de la concesión a la empresa minera Media Luna, subsidiaria de Torex Gold Resources, porque a 20 días de iniciado un paro laboral en el venero, se ha negado a dialogar con los empleados, quienes pretenden unirse a esa agrupación gremial y abandonar a su actual organización, que es integrante de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
En entrevista, Pérez Morones advirtió ayer que “si la empresa no se sienta a dialogar, que se cierre y diga que no hay negociación, entonces que le retiren la concesión y que se vaya, no faltarán empresarios que quieran invertir.
Hay firmas interesadas, como la Goldcorp, con la que tienen relación en la mina Peñasquito, Zacatecas, en la sección 304 y que cuenta con mil 500 trabajadores. La Leagold, la cual es nueva y con la que tenemos vínculos obrero-patronales en las delegaciones 269 y 270 en Carrizalillo y Mezcala, Guerrero, resaltó el dirigente.
Indicó que además de que los trabajadores de Media Luna desconocieron a la CTM y se sumaron al SNTMMSSRM, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, la empresa no ha cumplido acuerdos pactados con los pueblos de Nuevo Balsas, La Fundición, Real de Limón y Atzcala, y también la empresa dividió a los trabajadores locales en dos ramas, los foráneos y los locales. Los primeros (procedentes de Zacatecas, Chihuahua, Sonora y Durango) tienen los mejores puestos y salarios, mientras los segundos reciben los sueldos más bajos y las labores más pesadas.
Implican a gendarmes en doble homicidio
Una ejidataria del poblado Atzcala, municipio de Cocula, quien solicitó el anonimato, aseguró que elementos de la Gendarmería escoltaron y protegieron a pistoleros de la CTM que asesinaron el sábado pasado a los hermanos Marcelino y Víctor Sahuantitla, trabajadores de la Media Luna y que se encontraban en el plantón instalado en esa comunidad en apoyo al paro en la mina.
Sostuvo que los cetemistas “eran como unas 60 personas, y estábamos un igual número de personas apoyando el paro. Ellos (los gendarmes y los golpeadores) llegaron cubiertos de la cara. Empezaron a tirar al aire y a gritarnos: ‘no corran, hijos de la chingada’. No es cierto que hubo un enfrentamiento” que derivó en las muertes de los hermanos Sahuantitla.
De su lado, integrantes de la Asociación Pro-AMLO del estado de Guerrero visitaron ayer Atzcala con el fin de solidarizarse con los trabajadores de Media Luna.
Mientras, en Acapulco, Guerrero, el delegado de la Secretaría del Trabajo federal, Felipe de Jesús Delgadillo Blanno, dijo que el conflicto en Media Luna es resultado de una disputa entre sindicatos por el contrato colectivo de trabajo.
Aseguró que el paro en la mina no tiene sustento legal y que la empresa cuenta con 600 trabajadores sindicalizados, pero solamente 22 cesaron labores.

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En abril, una nueva revisión a los salarios mínimos, anticipa secretario del Trabajo


De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Viernes 24 de noviembre de 2017, p. 18
El secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, confirmó que habrá otra revisión a los salarios mínimos en abril de 2018, mes en el que los representantes de los sectores patronal, obrero y gubernamental se sentarán de nuevo a negociar otro aumento para los trabajadores que menos ganan en el país.
El funcionario sostuvo ayer que el incremento –de 80.04 a 88.36 pesos diarios– que dio a conocer la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), aunque podría ser insuficiente, si va en la línea de que todos los empleados alcancen la línea de bienestar económico.
Al ser entrevistado durante la presentación del libro Seguridad y salud en el trabajo, elaborado por la dependencia que encabeza, indicó que una de las condiciones para que se pueda llevar a cabo la revisión en abril próximo es que haya estabilidad macroeconómica y que se termine de definir la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sólo de esta manera y si se logra mantener las finanzas sanas, los sectores se podrán sentar a negociar este tema y que haya consensos para avanzar, subrayó.
Mientras, el presidente de El Barzón, Alfonso Ramírez Cuéllar, resaltó que el aumento del minisalario es insignificante para cubrir las necesidades mínimas de alimentación, salud y educación.
Ejemplificó que servicios básicos como electricidad, gasolina y gas LP, han tenido incrementos de más de 30 por ciento, lo que genera una fuerte caída en el poder adquisitivo de millones de familias.
Por su lado, el PRD en la Cámara de Diputados acusó que al presidente (Enrique Peña Nieto) se le fue la última oportunidad para reivindicarse con la clase trabajadora de este país.
Arturo Santana, vicepresidente del órgano cameral, expuso que la Conasami aún tiene tiempo de reivindicarse y rectificar en torno a este incremento salarial, repito, oprobioso para la clase trabajadora.

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Por protesta, frenan en ALDF ley hídrica; reanudan hoy discusión

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En días anteriores, colonos de la colonia Campamento 2 de Octubre, delegación Iztacalco, bloquearon la calzada de La Viga en su cruce con Apatlaco, para exigir la reanudación del suministro de agua potableFoto Alfredo Domínguez
Ángel Bolaños Sánchez y Rocío González Alvarado
 
Periódico La Jornada
Viernes 24 de noviembre de 2017, p. 38
La Asamblea Legislativa (ALDF) discutirá este viernes en el pleno la discusión del dictamen sobre la ley de sustentabilidad hídrica, tras la protesta de colectivos de defensa del agua y vecinos de Iztapalapa afuera del recinto, quienes en sus reclamos advertían que convertir al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) en empresa paraestatal le permitirá realizar convenios para proporcionar el servicio con empresas como Veolia, Suez y Gutsa, en una estrategia privatizadora a largo plazo.
La sesión, convocada para las nueve de la mañana de ayer, se fue aplazando por las negociaciones para destrabar desacuerdos en otra iniciativa de ley, la del programa de reconstrucción, y pasadas las cuatro de la tarde la mesa directiva llamó al pleno sólo para dar por cancelada la sesión y reanudarla a las 11 horas de este viernes.
El presidente de la mesa directiva, Fernando Zárate, dijo que en el caso de la ley de sustentabilidad hídrica hay observaciones de diputados, particularmente de la delegación Iztapalapa, por los efectos que tendrá en el funcionamiento de establecimientos mercantiles y para verificar que se garantice el derecho humano al agua en los términos que establece la Organización Mundial de la Salud.
Entre estos citó a la secretaria de la Comisión de Gestión Integral del Agua, Janet Hernández, del PRD, aun cuando votó en favor en comisiones. Agregó que también la presidenta de la comisión, Wendy González, del PAN, presentará una reserva a fin de añadir a la ley que cualquier acto de autoridad que pudiera afectar los derechos de los pueblos originarios tiene que ser consultado antes a las mismas poblaciones.
Para Elena Burns Stuck, de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, que participó en la protesta frente al órgano legislativo, esto no es suficiente, ya que la iniciativa en su conjunto debió someterse a consulta de los pueblos y barrios. Dijo que algunas comunidades tienen amparos preparados en caso de que se apruebe.
Ayer mismo, la coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco y autoridades tradicionales del pueblo de San Mateo Xalpa interpusieron un amparo contra el proyecto de dictamen que se pretende aprobar en la ALDF, al advertir que los diputados violan el derecho a la consulta y al consentimiento previo, ya que es una obligación constitucional de la autoridad legislativa antes de aprobar nuevas normas que afecten a los pueblos originarios.
El recurso interpuesto en el juzgado decimoprimero de distrito en materia administrativa advierte que la ley afecta de manera especial a los ejidos y comunidades, porque interfiere arbitrariamente en tierras y aguas de los sujetos agrarios al permitir que el gobierno asuma la propiedad de terrenos donde se ubican corrientes, lagos o lagunas.

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El TLCAN, un instrumento de política interna

PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- México se encuentra en un momento crítico y de enorme debilidad. Por una parte enfrenta una compleja renegociación del instrumento medular del funcionamiento de la economía del país; por otra, a lo largo del casi cuarto de siglo desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) no se llevaron a cabo reformas políticas congruentes con la consolidación de un estado de derecho que es, en su esencia, la razón de ser del TLC.
La debilidad es doble: primero que nada, el TLC es el principal motor de la economía mexicana; en segundo lugar, no existen sustitutos naturales. Los abruptos movimientos en el tipo de cambio de los últimos meses no son producto de la casualidad.

En su origen y en su esencia el TLC fue concebido con objetivos políticos, no económicos, aunque su manifestación fuese de ese carácter. El mexicano fue un planteamiento atrevido que buscaba lograr certidumbre en el ámbito interno y garantías legales para inversionistas del exterior, requisitos ambos para echar a andar la economía mexicana luego de una década (los ochenta) en que el crecimiento había sido sumamente bajo y el país había estado a punto de caer en la hiperinflación. La crisis de 1982 había dejado a la nación al borde de la bancarrota y, a pesar de numerosas reformas financieras y estructurales, la economía no recuperaba su capacidad de crecimiento.
En este contexto, la mera noción de buscar a Estados Unidos –el enemigo histórico del régimen priista– como parte de la solución a los problemas mexicanos constituía una verdadera herejía.
Así, la decisión del gobierno mexicano en 1990 de proponerle a Estados Unidos la negociación de un acuerdo comercial general, tuvo una naturaleza profundamente política. Para ese momento, el gobierno mexicano llevaba varios años incorporando cambios drásticos en su política económica, dejando atrás las políticas industriales y comerciales de corte autárquico de las décadas anteriores. La nueva política económica entrañaba un cambio radical, una redefinición de la función del gobierno en la economía y en la sociedad, abandonando su propensión a controlarlo todo, para colocarse como el generador de condiciones para que el crecimiento económico fuese posible, un cambio dramático en términos filosóficos.
La pregunta que se hacía el gobierno era cómo elevar la tasa de crecimiento en un contexto de enorme incertidumbre e incredulidad, no sólo entre la población en general, sino especialmente en el sector privado y en el exterior, de cuyas inversiones dependía la capacidad de crecer, elevar la productividad y resolver los problemas de balanza de pagos que, durante décadas, habían sido el talón de Aquiles de la economía mexicana. Luego de múltiples reformas sin crecimiento en la inversión, comenzó a ser evidente que la liberalización por sí sola no aseguraría la confianza del sector privado.
Herminio Blanco, principal negociador del Tratado de Libre Comercio (TLC) en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Foto: Benjamin Flores
Herminio Blanco, principal negociador del Tratado de Libre Comercio (TLC) en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Foto: Benjamin Flores
El objetivo: preservar el statu quo
Para los inversionistas, igual nacionales que extranjeros, invertir en México era sumamente atractivo, siempre y cuando existiera un marco de certidumbre tanto legal como regulatorio, que permitiera tener confianza en la permanencia de las condiciones existentes en el momento de invertir. Es decir, luego de décadas de crisis, políticas económicas cambiantes, expropiaciones y actos gubernamentales negativos a la inversión, era imperativo generar condiciones que aseguraran que la estrategia económica general permanecería, independientemente de quien estuviera en el gobierno.
El propósito inmediato de las reformas había sido el de resolver la problemática económica para evitar el colapso de toda la estructura política tradicional: calculaban, o percibían, que al colapso económico le seguiría otro en el sistema político. Mantener el statu quo político implicaba, por tanto, una reestructuración profunda de la economía.
Desde este punto de vista, las reformas económicas fueron profundamente políticas en su naturaleza. Esta circunstancia también explica por qué no se lanzó una reforma política de manera paralela y por qué siguen existiendo tantas contradicciones en la forma como el gobierno protege diversos intereses del sector paraestatal y de otros más, que han impedido una franca recuperación económica.
En una palabra, el gobierno mexicano nunca se propuso una transformación integral del país; su propósito era modificar la política económica para preservar el statu quo político. La combinación de diversas reformas con el TLC permitió justamente lograr ese objetivo hasta que ahora, en los últimos dos años, Trump puso en entredicho todo el esquema.
Tan fuerte es el statu quo que el orden político no varió con las dos administraciones panistas (2000-2012); es decir, no hubo un cambio de régimen ni bajo la Presidencia de un partido que nació en reacción al viejo sistema nacido de la Revolución. Este hecho sugiere la enorme complejidad que enfrentamos para llevar a cabo una transformación institucional, llegue quien llegue a la Presidencia el próximo año. Es también una de las razones clave que explican la enorme debilidad con que llega el país a este proceso, no anticipado, de renegociación del TLC.
Reformas en perspectiva
En el entorno de enorme polarización que caracteriza a la política mexicana en la actualidad es fácil ignorar u olvidar la relevancia y trascendencia de las reformas que desde finales de los ochenta comenzaron a emprenderse. Luego de décadas en que la política económica había servido a los intereses de un grupo de industriales y políticos relativamente pequeño, la reforma económica representó un rompimiento trascendental con el pasado y una nueva definición de las alianzas políticas. Al liberalizar la economía, el gobierno perdió control del sector privado y, con eso, de los sindicatos de empresas sujetas a la competencia. Así, cambió la esencia del viejo régimen.
Por su parte, la liberalización de la economía constituyó una apuesta implícita de que se generarían nuevos apoyos por parte de los consumidores, la clase media que de ello emergería y de una porción importante de los trabajadores, empresarios y exportadores. Para todos estos grupos, el TLC constituía una garantía de la permanencia de la reforma económica y consecuentemente, de la viabilidad política del régimen.
El TLC logró convertirse en una garantía para los sectores empresariales (tanto domésticos como extranjeros), a los que se asignaba la enorme responsabilidad de hacer posible la recuperación económica, y a los mexicanos en general, de que a cualquier gobierno futuro no le quedaría más remedio que continuar con el proceso de reforma para alcanzar una etapa de desarrollo más elevada. No es que el TLC no pudiera cancelarse, sino que los costos de hacerlo serían tan elevados que nadie intentaría hacerlo.
Trump en la ONU. Foto: AP / Richard Drew
Trump en la ONU. Foto: AP / Richard Drew
Y ahora Trump…
Desde su campaña era evidente que Trump constituiría un enorme desafío para México.
Su inflamante retórica anticipaba una nueva relación política y un severo riesgo para las fuentes de sustento de la economía mexicana. Independientemente de las causas y motivaciones de su retórica antimexicana, el efecto sobre México no se hizo esperar. De hecho, tan pronto asumió la Presidencia lanzó una serie de iniciativas por demás perniciosas para el país, incluyendo una renegociación del TLC, sin que existieran objetivos comunes o un acuerdo sobre el propósito de tal renegociación.
Estas circunstancias han llevado al entorno de enorme incertidumbre que hoy vivimos. Todo mundo percibe los riesgos, pero la discusión se reduce a si México debería levantarse de la mesa de negociaciones o amenazar con cesar otras formas de cooperación con el gobierno estadunidense. Estas posturas ignoran la función política del TLC dentro de México, esas que lo han hecho tan popular que nadie se atreve a atacarlo de manera directa.
El hecho de que Trump haya puesto en entredicho la viabilidad del TLC le quita parte de sus virtudes, ese “certificado” de buena conducta que el tratado representaba por parte del gobierno estadunidense. Esto implica que si bien la potencial terminación del TLC con Estados Unidos (porque presumiblemente seguiría con Canadá) no reduciría la dinámica exportadora que hoy existe (y que constituye el principal motor de crecimiento de la economía), lo que sí pondría en riesgo sería la capacidad de atraer nuevas inversiones. De hecho, la inversión se ha reducido drásticamente desde que comenzó la retórica de Trump, en 2016.
La debilidad de la postura mexicana en las negociaciones se deriva no del TLC mismo, sino del hecho de que durante todos estos años no se llevaron a cabo reformas políticas e institucionales que afianzaran un estado de derecho, la única forma en que el país puede reemplazar la función política del TLC; o sea, el riesgo no es, en sentido estricto, de carácter económico: el riesgo radica en que desaparezca la única fuente de confianza y certidumbre que hoy existe en el país y que, de manera consciente o inconsciente, es la fuente de estabilidad para la clase media, los empresarios y los inversionistas. Y ese riesgo crece dramáticamente cada que un candidato, sobre todo AMLO, propone cambios radicales a la política económica, algo que era menos amenazante antes de que llegara Trump.
El gobierno mexicano está jugando una débil baraja con gran habilidad. Ha desarrollado una estrategia integral para la relación bilateral y aunque la amenaza de suspender la cooperación que hoy existe en terrenos como el de la seguridad es contraproducente (y ambas partes lo saben), los estadunidenses reconocen de facto la importancia de un México estable y exitoso. Esto desde luego no resuelve los planteamientos agresivos que han puesto en la mesa de negociaciones porque, a final de cuentas hoy, como en 1994, el problema de México es interno y ese no se va a resolver hasta que, por medio de reformas, sobre todo políticas e institucionales, deje de requerirse una garantía internacional.
*Luis Rubio es presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi) y de México Evalúa-CIDAC. Su libro más reciente es Un mundo de oportunidades, publicado por el Woodrow Wilson Center.
Este ensayo se publicó el 19 de noviembre de 2017 en la edición 2142 de la revista Proceso.

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