martes, 28 de noviembre de 2017

Recepción de MariChuy en CU, hoy a las 3 pm. No faltes.


Invitación a Torneo de Básquetbol


Morena, Marichuy y México

Periódico La Jornada
Opinión 
 
Guillermo Almeyra
 
 
Morena, con Romo y Moctezuma, acaba de dar a conocer su programa para las elecciones presidenciales de 2018. Como se preveía, el programa en cuestión consiste en una lista de propuestas que no encaran ningún cambio real en la dependencia de México del capital financiero internacional y de Estados Unidos y en la situación social en nuestro país. Para colmo, ese programa evita cuidadosamente decir quién pagará los proyectos que expone porque no piensa en hacer pagar la reconstrucción del país a quienes lo destrozaron y busca mantener intacto el sistema capitalista.
AMLO pide el voto popular pero no plantea la necesidad de un aumento general de salarios y de las jubilaciones por lo menos de 50 por ciento para elevar el nivel de vida y de consumo de los más pobres, que son la mayoría, reduciendo el posible impacto inflacionario de esta medida de choque mediante el cobro de los impuestos que los capitalistas evaden, impidiendo la fuga de capitales con un control de cambio e imponiendo un impuesto de reconstrucción a los grandes bancos extranjeros y a las mayores empresas y las grandes fortunas.
No habla tampoco de un plan masivo de creación de empleos elaborado comunidad por comunidad, con la participación popular en la definición de las necesidades, las prioridades y la búsqueda de recursos para el financiamiento de nuevos puestos de trabajo sobre todo en los sectores que más absorben mano de obra, como la vivienda, la vialidad, la artesanía. Deja de lado también la pérdida por México de una parte importante de la población joven que enfrenta peligros y hasta la muerte para emigrar donde será explotada como mano de obra barata y sumisa y discriminada porque es pobre y por su color. Además, subestima claramente los derechos indígenas, o sea, a 15 por ciento de los mexicanos.
El programa de AMLO tampoco afecta en nada la actual dependencia económica, política, diplomática, militar y cultural de Estados Unidos. No tiene planes reales para reincorporar a una actividad productiva a los mexicanos expulsados por los gobiernos racistas de Estados Unidos ni un plan eficaz para el campo para evitar los efectos del recalentamiento global que desertifica y aumenta los peligros de inundaciones y huracanes, ni hace frente a la necesidad de asegurar la autosuficiencia alimentaria para no depender de Washington.
Peor aún: adopta una política en el campo de la producción de energía eléctrica que aumenta la dependencia mexicana de Estados Unidos y pone en peligro los ecosistemas sobre todo en el sur del país, única región que posee una vasta red de ríos. Con el cambio del clima, el agua es cada vez más un recurso escaso y precioso, pero el programa retoma ideas del genial Vicente Fox y de su Plan Puebla Panamá y propone una serie de obras hidráulicas que forman parte de una cadena de represas destinadas a dar energía al sur de Estados Unidos y que, además de expulsar campesinos e inundar sus pueblos y tierras fértiles muy productivas, cambiarían irreversiblemente el clima y los aportes de las aguas a la agricultura y la fauna terrestre y marina creando un grave problema ecológico.
En el programa, elaborado entre otros por viejos y destacados priístas cuya presencia en el entorno de AMLO busca dar garantías al establishment oligárquico y al imperialismo estadunidense, no hay nada que ayude a la autonomía y la autorganización de los trabajadores y, en cambio, hay guiños y promesas a las empresas privadas, como la propuesta de conceder autonomía a las universidades privadas en vez de reforzar y depurar las alicaídas universidades públicas.
¿Por qué, sin embargo, centenares de miles de mexicanos honestos apoyan a AMLO y su programa escrito a sus espaldas y que no conocen? Porque en México jamás ha habido una experiencia democrática de masas y siempre las esperanzas se depositaron en la esperanza de un gobierno amigo y en Salvadores Providenciales y no en la organización de los oprimidos y explotados para hacer frente a los opresores y explotadores. Hay quienes temen un cambio social, creen aún en la posibilidad de reformas pacíficas y depositan sus esperanzas en un caudillo que es honesto –aunque la honestidad no es una virtud sino un deber ético– pero que ordena la ocupación del centro de la capital así como el cese de esa medida de fuerza sin consultar a nadie, según le convenga y cuando se le ocurre.
Frente a esta candidatura de Morena destinada a reforzar las instituciones capitalistas y a encauzar hacia vías institucionales la rabia popular se alza la candidatura de una mujer indígena –Marichuy Patricio– que se declara anticapitalista, incorpora a la izquierda revolucionaria y de clase y depende del apoyo de los trabajadores incluso para vencer el obstáculo de su registro. El anticapitalismo de su programa, es cierto, todavía no se concreta en medidas que se podrían adoptar inmediatamente o en llamados a crear todo tipo de organizaciones de base, desde las cooperativas de consumo o de producción hasta las policías comunitarias y las autodefensas frente al crimen y a la ofensiva reaccionaria del Estado. Pero la dinámica misma de la candidatura y la lógica de los hechos permiten esperar un progreso en la extensión del programa.
México está en una crisis muy grave y sin precedentes y los paños tibios no lo aliviarán. Necesita medidas de fondo, urgentes, y despertar con ellas a sus aliados potenciales en Estados Unidos (los antirracistas que combaten a Trump por la izquierda y los jóvenes socialistas) y en toda América Latina. Necesita una fuerza anticapitalista que proponga medidas radicales. Morena le ofrece seguir como hasta ahora sin cambiar el sistema mientras Marichuy llama a crear, a organizarse, a establecer relaciones humanas de fraternidad para luchar por un cambio social. Para mí la opción está clara.

Comunidad de la UNAM recibirá a Marichuy el 28 de noviembre

La Red Universitaria de Apoyo al CNI recibirá a Marichuy en la Universidad Nacional Autónoma de México el próximo 28 de noviembre


Regeneración, 17 de noviembre de 2017.- Los simpatizantes de Marichuy, vocera del Congreso Nacional Indígena (CNI) en la Universidad Nacional Autónoma de México la recibirán en las instalaciones de la institución educativa el próximo 28 de noviembre.
En un comunicado de la Red Universitaria de Apoyo al CNI los universitarios indicaron:
“Nos vemos el próximo 28 de noviembre para encontrarnos, escucharnos y caminar juntas y juntos. Nos toca como mujeres y hombres -universitarixs, trabajadoxs, niñxs, vecinxs, ciudadanxs, etc- imaginar el envés del desastre y organizarnos para vivir con dignidad. ¡Recibamos a Marichuy y al Concejo Indígena de Gobierno en la Ciudad de México”

De acuerdo con el diario La Izquierda, el CNI agrupa los siguientes pueblos indígenas: Amuzgo, Binnizá, Chichimeca, Chinanteco, Chol, Chontal de Oaxaca, Chontal de Tabasco, Coca, Comcac, Cuicateco, Cucapá, Guarijío, Ikoots, Kumiai, Lacandón, Mam, Matlazinca, Maya, Mayo, Mazahua, Mazateco, Mixe, Mixteco, Nahua, Ñahñu/Ñajtho/Ñuhu, Náyeri, Popoluca, Purépecha, Rarámuri, ,Sayulteco, Tepehua, Tepehuano, Tlapaneco, Tohono Oódham, Tojolabal, Totonaco, Triqui, Tzeltal, Tzotzil, Wixárika, Yaqui, Zoque, Afromestizo y Mestizo.

Asociación acusa al INE de discriminar a Marichuy con su app

El pasado 8 de noviembre, la asociación civil “Llegó la Hora del Florecimiento de los Pueblos”, conformada por intelectuales, artistas y luchadores sociales, acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de discriminar a María de Jesús Patricio Martínez, aspirante presidencial independiente por los pueblos indígenas del país.De acuerdo con la asociación, este acto tiene lugar al lanzar un proceso de recolección de firmas “pensando en un país que no es México”, pues la aplicación para teléfonos celulares con la que se deben recolectar las firmas es un obstáculo para “Marichuy”, ya que hay zonas donde no se puede registrar la firma de los ciudadano porque ni siquiera hay energía eléctrica.
El escritor Juan Villoro, Alicia Castellanos, Bárbara Zamora y Gilberto López Rivas, encabezaron una conferencia de prensa donde leyeron un posicionamiento firmado por otros intelectuales como Pablo González Casanova, Eduardo Matos Moctezuma, Óscar Chávez, entre otros.
En dicho documento exigen al INE cambiar de estrategia y que en lugar de la aplicación para teléfonos celulares, sean cédulas en papel el mecanismo por el cual se recolectan firmas en todo el país.

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La reforma laboral es inhumana y regresiva


Revista Siempre! 

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La vertiente internacional es, sin duda, una variable estratégica que debe tenerse muy presente en el proceso de planeación de la defensa de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos. Su importancia fue visibilizada por vez primera en noviembre del 2009, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos atribuyó al Estado mexicano responsabilidad internacional con motivo de la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, simpatizante de la guerrilla campesina de Lucio Cabañas y uno de los numerosos desaparecidos de la guerra sucia. Asimismo le impuso el deber de llevar a cabo el control de convencionalidad ex officio emergido a raíz del criterio jurisprudencial establecido al resolver el famoso caso Almonacid Arellano vs. Chile.
Un cambio de esas mismas magnitudes históricas habrá de ocurrir cuando se ponga en juego la extraordinaria jurisprudencia emitida el 31 de agosto de este año por los jueces interamericanos en el caso Lagos del Campo vs. Perú, cuyos criterios interpretativos son de observancia obligatoria para el Estado mexicano.
El asunto versó sobre el despido injustificado del trabajador de una empresa privada. En el fallo que nos ocupa se determinó lo siguiente: I) la sanción establecida en el caso fue la máxima conminada por las normas del derecho del trabajo, que es el despido, en que a título sancionatorio se le priva de un derecho fundamental; II) la lesión arbitraria a la estabilidad laboral es susceptible de afectar incluso la propia identidad subjetiva de la persona y trascender a terceros vinculados.

El Estado peruano fue declarado responsable de la violación al derecho humano al debido proceso y al derecho humano a la estabilidad laboral reconocido en el artículo 26 de la Convención Americana. También fue condenado a cubrir los siguientes conceptos: daños materiales causados por el desamparo laboral, la pérdida del derecho a una pensión digna y el trastocamiento de sus condiciones de vida; daños inmateriales ocasionados por  las alteraciones clínicas derivadas de la experiencia traumática y/o catastrófica derivada del despido injustificado.
Las lecciones de la Corte hemisférica no tienen desperdicio alguno: I) la estabilidad laboral es un derecho humano protegido por el derecho internacional y goza de los atributos de indivisibilidad e interdependencia inherente a las prerrogativas fundamentales; II) dados esos atributos excepcionales, el despido arbitrario no sólo tiene consecuencias laborales, también afecta otros derechos humanos, como la vida, la dignidad, la integridad, la salud, la alimentación, la educación, la seguridad social; III) todas esas violaciones deben objeto de las correspondientes reparaciones integrales.
Este nuevo y grandioso hito interamericano indiscutiblemente honra la memoria del gran jurista mexicano Mario de la Cueva y pone en evidencia el carácter absolutamente inhumano, regresivo e inconvencional de la reforma laboral.

Escalan violencia y desplazados por conflicto agrario en Chiapas

 
PROCESO 
 
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El director del Centro Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Pedro Faro, alertó que otra masacre como la de Acteal podría ocurrir en la región Altos de Chiapas si el gobierno federal no desarma a los grupos civiles armados o paramilitares que han dejado ya cientos de desplazados de Chenalhó y Chalchihuitán.
En entrevista, Faro dijo hoy que este conflicto entre Chenalhó y Chalchihuitán, que data de hace más de 40 años, se ha agudizado por las omisiones del gobierno estatal y federal para solucionar de forma definitiva esta disputa agraria y territorial.

Luego expuso que este conflicto fue propiciado por el mismo gobierno estatal y el gobierno federal a través de sus instancias agrarias, al emitir resoluciones “desde el escritorio”.
También señaló que, desde el sexenio de Pablo Salazar (2000-2006), en el de Juan Sabines (2006-2012) y el actual de Manuel Velasco (2012-2018), supuestamente se ha dado solución al conflicto, pero hasta ahora son sólo acuerdos que se han quedado en el discurso.
“El problema que vimos ahorita, desde las elecciones municipales de julio de 2015, es que ya se volvieron a crear grupos civiles armados. Como nunca se investigó a los grupos paramilitares y como nunca se desarmó a los paramilitares de la región, ahora se ve claramente que fácilmente se pueden rearmar, o reagrupar para, como en este caso, agredir a los indígenas de Chalchihuitán”, advirtió Faro.
Y agregó que “en esta disputa también se han visto afectadas poblaciones del propio municipio de Chenalhó que nada tienen que ver con este conflicto”.
Lo que ha documentado el Frayba es que, el año pasado, hubo un grupo o comisión interinstitucional que propuso al gobierno estatal la solución de este conflicto, pero el gobierno ha incumplido con los acuerdos, como lo son la reparación del daño, indemnizar a las personas afectadas, el deslinde del límite territorial y otras acciones.
En este conflicto, aclaró, no hay nada nuevo u oscuro, “lo oscuro acá es que de nueva cuenta se han reactivado los grupos armados que están agrediendo, desplazando y matando personas”.
“No se sabe qué intereses puede haber ahí para que esa zona se vuelva una zona de guerra, nuestra explicación, hasta donde podemos lograr ver, es que desde la masacre de Acteal se ha dejado crear un clima de impunidad, donde los actores que están ligados al gobierno actúan de manera impune y hacen lo que quieren en la zona. No hay pues un Estado de Derecho en esta región”, denunció.
“La información que nos llega es que están comprando armas, que se están reorganizando, que están asediando y generando terror a las comunidades, y esa situación ha dejado ahora miles de desplazados, y no sólo de Chalchihuitán, sino también de Chenalhó, por este mismo conflicto.
El riesgo ahora, abundó, es que empiecen a recrudecerse los asesinatos y se perpetre otra masacre. “Porque el gobierno lo único que ha anunciado es la creación de una Base de Operaciones Mixtas conformada por cuerpos policiacos y militares del gobierno estatal y federal, similar a la que estaba cerca de la masacre de Acteal en 1997, y nunca previno para evitar el multihomicidio”.
Faro pidió que, para finiquitar el conflicto, se restablezcan los acuerdos comunitarios que ya tienen las autoridades tradicionales de ambos municipios, que se investiguen los asesinatos que han quedado impunes, que se investigue, desarme y desarticule a los grupos armados paramilitares que operan en la zona.
En un comunicado, el Frayba sostuvo que está en riesgo la vida, seguridad e integridad de comunidades enteras en la región.
Luego destacó que en octubre se registró la muerte de Samuel Pérez Luna, poblador de Chalchihuitán, originario de la comunidad de Kanalumtik, y se profundizó la violencia el lunes 13, ocasionada por grupos armados de la región.
Por esa razón, cientos de familias han dejado la región, refugiándose en el monte. Incluso, resaltó, grupos armados cortaron la carretera y bloquearon todos los accesos a las comunidades del municipio de Chalchihuitán, quedando incomunicada la población.
“Hasta el día de hoy siguen los disparos de bala, la población está viviendo en terror, hay rumores de que va a entrar gente armada para agredir a las personas que están en la cabecera de Chalchihuitán. No hay nada de comer, ni frijol ni tortilla. El gobierno del estado no escucha porque no se ha hecho nada, estamos solos y abandonados a nuestra suerte. Todos los negocios están cerrados, ya no maíz, no hay fruta, no hay gasolina. El municipio está sitiado, no hay manera de pasar despensa; hay mucho miedo, hay balacera en la comunidad de Pom, y por lo menos nueve casas quemadas. Y hay amenazas de que cortarán la energía eléctrica”, se destaca en el informe del Frayba.
Según información con la que cuenta el Frayba, las comunidades en mayor riesgo son Tzacucum, Codo de Río, Balumpi, Chacotom, Chimcruz, Zacatón, Tzeleltic, Tzantechen, Pajalton, Xaltom, Ceranichimtic, Zanajo, Shcumun, Naptic, Nuctsu, Maxilo, Nichkacanam, Tzomolton, Cruz Kakalnam, Bololchojon, Tulantik, Pom, Chenmut, Kanalumtik, Canech, Cotolchij, Lobolaltik, Pacanam, Pat Canteal, Tzununil, Chiquinshulum y Joltelal. Aproximadamente 7 mil personas afectadas por la violencia.
Por ello, el Frayba urgió al Estado mexicano a atender de manera pronta y expedita esta situación que se ha tornado en hechos de violencia generalizada y puede llevar a mayores violaciones a derechos humanos, “ya que tenemos información precisa de que las acciones implementadas por funcionarios del gobierno de Manuel Velasco han sido ineficaces y han generado mayor situación de riesgo a la población”.
Enseguida, la ONG pidió que se implementen de manera urgente las medidas cautelares necesarias y pertinentes a fin de respetar, garantizar y proteger la vida e integridad de las familias de Chalchihuitán y Chenalhó.
Igual que se apliquen los “Principios rectores de los desplazamientos internos” de la ONU, con el fin de proteger a los cientos de familias que han huido de la violencia generalizada y que están en total vulnerabilidad.
También que investigue el asesinato de Samuel Pérez Luna, se castigue a los responsables y se desarme a los grupos que actúan de manera impune bajo la permisividad del gobierno de Chiapas.
Pero, sobre todo, que se garantice el libre tránsito y la paz social en las comunidades de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, priorizando el diálogo entre las partes bajo el respeto esencial de los derechos humanos.

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Pilotos de aviación protestan contra posible aumento de horas de vuelo

Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Martes 28 de noviembre de 2017, p. 17
Pilotos de aviación protestaron ayer en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) contra una iniciativa de senadores del PRI para que se les aumente de 90 a 100 horas su jornada de vuelo mensual y de 180 a 200 las horas de servicio.
Vestidos con uniforme y portando pancartas que decían La fatiga de vuelo mata, como parte de la movilización, decenas de integrantes de la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación (Aspa) se acostaron en el piso de la terminal durante varios minutos, a fin de llamar la atención sobre los riesgos que conlleva para la salud física y mental de quienes operan los aviones el incrementar las jornadas laborales.
El secretario general de Aspa, Mario González Aguilera, señaló que las investigaciones de los accidentes de vuelos plantean que la fatiga es coadyuvante de los mismos, por lo que es inverosímil que legisladores del PRI hayan presentado una iniciativa para ampliar sus horas de vuelo, a sabiendas de los riesgos que esto implica para los pilotos y para la seguridad aérea del país.
Hizo ver que la iniciativa se contrapone a los lineamientos de la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci), ya que elevar la cifra de horas de vuelo y servicio al mes, puede llevar a la fatiga y muerte de los pilotos y, por tanto, pone tam-bién en riesgo la seguridad de los pasajeros.
Los usuarios de la terminal quedaron impactados al ver a aproximadamente 150 pilotos de todas las edades y categorías acostados en el piso, simulando haber desfallecido de fatiga, totalmente en silencio. Varias personas tomaron fotos y video con sus celulares del inusual hecho.
González Aguilera dijo que la Oaci actualmente está recomendando a todos los países instrumentar un Sistema de Gestión de la Fatiga (FMRS, por sus siglas en inglés), y la Dirección General de Aeronáutica Civil había iniciado trabajos para establecer una norma en este sentido.
Pancartas que llevaron los pilotos al mitin señalaban: Mayores riesgos, mismo precio en los boletos, y puntualizaron que la iniciativa de la senadora priísta Cristina Díaz, además de aumentar las jornadas de vuelo para los pilotos, plantea modificar el artículo 32 de la Constitución de nuestro país, a fin de permitir que pilotos extranjeros vuelen aeronaves mexicanas.
Ambos planteamientos son insostenibles y buscan afectar al gremio de pilotos, indicó el dirigente y dijo que Aspa pide la intervención del presidente Enrique Peña, para que frene esta propuesta, la cual no tiene suficiente sustento y es improvisada. Expuso que a los senadores ya les enviaron más de 3 mil hojas de información sobre los efectos de fatiga en los pilotos, realizadas por universidades de Europa, Estados Unidos y de Australia.

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Reglas sobre telecomunicaciones frenaron un capítulo del TLCAN

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Carlos Slim, dueño de América Móvil, durante un acto en el museo Soumaya en junio de 2016Foto Guillermo Sologuren
Reuters y Notimex
 
Periódico La Jornada
Martes 28 de noviembre de 2017, p. 20
La propuesta de Estados Unidos de agregar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) reglas que afectan a América Móvil, firma del millonario mexicano Carlos Slim, impidió a los negociadores del convenio lograr su meta de cerrar el capítulo de telecomunicaciones en su ronda más reciente, según tres fuentes que conocen la situación.
El planteamiento buscaba integrar la reforma mexicana de telecomunicaciones al TLCAN, incluyendo una medida que impedía a América Móvil cobrar a sus rivales, como la estadunidense AT&T, por terminar llamadas en su red, señalaron las fuentes.
La medida fue una parte medular en la reforma de 2014, que se enfocó en reducir el poder de Slim en las telecomunicaciones de México, sector en el que posee casi dos tercios de las suscripciones de líneas para celulares.
Pero México abandonó la medida luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió en agosto pasado que las tarifas de interconexión de América Móvil deben ser fijadas por el regulador y no por el Congreso.
Estados Unidos hizo la propuesta durante la cuarta ronda de negociaciones y siguió en la mesa más reciente, en Ciudad de México. Pero fue el mayor escollo para dejar atrás el capítulo de las telecomunicaciones. Es visto como una de las pocas áreas de coincidencias en las charlas, subrayaron las fuentes.
Las portavoces de AT&T y América Móvil se negaron a hacer comentarios. Una vocera de la oficina del representante de comercio de Estados Unidos tampoco quiso hablar.
Los negociadores mexicanos no están dispuestos a revisar un tema que ya ha sido resuelto por la Corte, expresó el senador Gerardo Flores, quien fue informado sobre la propuesta.
Lo que México estaría dispuesto a plasmar (en el TLCAN) es todo lo que está vigente de la reforma, declaró Flores.
La decisión de la Corte de respaldar a Slim cambió el escenario para AT&T, que llegó a México tras la reforma.
Funcionarios mexicanos consideraron la propuesta de Washington como un intento por restituir condiciones más favorables para AT&T.
Fue un regalo de Santa Claus para AT&T, manifestó un funcionario mexicano cercano a las negociaciones.
A México también le preocupaba que la propuesta pudiera atar de manos al regulador local, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), aseveraron las fuentes.
En respuesta a la decisión de la Corte, el IFT fijó nuevas tarifas de interconexión, lo cual permitirá a América Móvil facturar alrededor de una cuarta parte de lo que sus competidores cobran. Las tarifas entrarán en vigor en 2018.
Además, los negociadores mexicanos objetaron la forma de la propuesta, estructurada como anexo al capítulo de telecomunicaciones, que sólo se aplicaría a México.
El gobierno mexicano quiere que los principios clave de la reforma queden plasmados en el capítulo de telecomunicaciones, que aplicaría en los tres países, declaró Flores.
Próximas pláticas, en Washington
El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, informó ayer que la próxima reunión de funcionarios estadunidenses, mexicanos y canadienses para revisar el TLCAN tendrá lugar a partir del 11 de diciembre en Washington, y en ella podrían cerrarse algunos capítulos importantes.
Guajardo aseguró que en esa ronda, en la que los ministros no participarán, debe haber más avances en temas como telecomunicaciones, comercio electrónico, barreras técnicas al comercio y prácticas regulatorias.
Hay cosas que pueden avanzar, afirmó.
Guajardo dijo que las conversaciones podrían extenderse una semana. Otros dos funcionarios del TLCAN, quienes hablaron con la condición del anonimato, aseguraron que las negociaciones estaban programadas para realizarse entre el 11 y el 15 de diciembre; sin embargo, uno comentó que incluso podría haber reuniones previas y posteriores a esas fechas.
Las conversaciones siguen a la ronda en México, que se hizo este mes, en la cual las tres partes no lograron grandes avances en los temas más polémicos en discusión, lo que provocó que el gobierno de Donald Trump se quejara de la falta de progreso.
Trump ha amenazado con retirarse del TLCAN, a menos que pueda reformarlo en favor de Estados Unidos.
México tiene reservas importantes sobre varias propuestas estadunidenses, aunque ninguna como un plan para elevar el contenido estadunidense en autos a 85 por ciento desde 62.5 por ciento y garantizar que la mitad del contenido total provenga de Estados Unidos.
Guajardo dijo tras las conversaciones que México haría una contrapropuesta sobre el planteamiento de autos, una vez que Estados Unidos explicara la viabilidad de sus planes.
México hizo una contrapropuesta ojo por ojo a un esquema de Estados Unidos para limitar el acceso mexicano y canadiense a las licitaciones públicas. Sin embargo, Guajardo afirmó que la estrategia no funcionaría en todos los asuntos difíciles.
Analizan afectaciones en Estados Unidos
En Washington, el vicepresidente estadunidense, Mike Pence, y el principal funcionario comercial del gobierno se reunieron ayer con los presidente ejecutivos de General Motors y Fiat Chrysler, así como con un ejecutivo de alto rango de Ford, para discutir la renegociación del TLCAN.
La reunión se efectuó para cubrir industria, comercio y política de manufactura, y cómo esto afecta sus negocios. Estaba previsto que incluyera al director del Consejo Económico Nacional, Gary Cohn, y al representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, informó la oficina de Pence.
Las automotrices están en el centro de una disputa por la renegociación del TLCAN, ya que el gobierno de Trump busca normas adicionales a las importaciones de vehículos, a las que los fabricantes de su país se oponen.
Vemos la modernización del TLCAN como una oportunidad importante para actualizar el acuerdo de 23 años y preparar el escenario para una expansión de las exportaciones de automóviles de Estados Unidos, dijo Matt Blunt, presidente del American Automotive Policy Council, tras la reunión.
Duro golpe
En Toronto, el Banco de Montreal planteó que el eventual fin del TLCAN daría un duro golpe a la integrada cadena productiva del sector automotriz de la región y los estados más afectados serían Alabama, Tennessee, Kentucky y la provincia de Ontario.
El reporte del banco The day after NAFTA, dado a conocer ayer, advierte que ello provocaría un 0.2 por ciento de reducción neta en el producto interno bruto (PIB) estadunidense en los próximos cinco años y una disminución de uno por ciento en el crecimiento económico canadiense.
Tras cinco rondas de negociación con mínimos avances y la permanente amenaza de Trump de sacar a Estados Unidos del tratado, los economistas canadienses siguen publicando estudios respecto del grave, aunque no fatal, efecto que tendría en la economía de los tres países.
El informe indica que el sector automotriz sería el más afectado, debido a la naturaleza integrada de esta industria.

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A la vieja usanza, los sectores obrero y campesino del PRI arropan a Meade

 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En apenas unas cuantas horas, José Antonio Meade fue acogido como su candidato a la Presidencia de la República por los tres sectores más importantes del PRI: el obrero, el campesino y el popular.
Luego de recibir una constancia de apoyo de esas organizaciones, la propuesta será llevada más noche ante la Comisión Política Permanente, encargada de aprobar al ungido para la contienda del 2018.

Meade Kuribreña recorrió las sedes de los sectores obrero, campesino y popular. En cada uno de ellos pidió a todos los priistas unidad para enfrentar la contienda presidencial el año entrante.
A diferencia de los procesos de elección del candidato presidencial, esta vez la famosa “cargada” priista fue improvisada y los militantes de los tres sectores fueron llamados esta misma mañana para arropar al elegido.
Sin la costumbre de acudir a eventos populares, el exsecretario de Hacienda y Crédito Público improvisó sus discursos destacando la necesidad de la unidad en cada uno de ellos.
En la sede la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), a donde llegó con más de dos horas de retraso pues antes estuvo en la Confederación Nacional Campesina (CNC), su improvisación llegó al punto de que se equivocó del nombre del PRI al decir que era el “Partido de la Revolución Institucional” (sic).
“Les pido que me acompañen en este proyecto de seguir transformando México”, dijo Meade Kuribreña en los tres actos a los que acudió desde el mediodía hasta la tarde, antes de llegar a la sede nacional del PRI para asistir a la sesión del Consejo Político Permanente.
“¡Pepe popular, candidato de la esperanza, Pepe Pepe Pepe!”, fueron los coros de priistas que le lanzaron apenas unas horas después de renunciar a la Secretaría de Hacienda y manifestar su deseo de competir por la candidatura presidencial.
Los actos eran improvisados, pues a los militantes les avisaron apenas este lunes por la mañana que tenían que acudir a dar su apoyo al aspirante a suceder a Enrique Peña Nieto.
José Antonio Meade no había pisado las sedes de los tres sectores del PRI encabezando un acto político. De hecho, las instalaciones de algunos de estos sectores como el de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) no fueron usadas para recibir a Meade, sino que el acto de recepción se hizo en las oficinas del líder del sector obrero, Carlos Aceves del Olmo.
Tras su primera visita a la CTM, el aspirante presidencial se dirigió al CNC, donde realizó el evento más largo, de casi dos horas. Tardó unos 30 minutos en salir para dirigirse a la CNOP, donde en apenas 20 minutos recibió el apoyo de los 32 representantes de todo el país de esta agrupación.
“Le expresamos nuestro apoyo, seguros de que conoce, escucha y abandera las causas populares de trabajadores, profesionistas, movimientos, mujeres y jóvenes a los que representa nuestro sector”, manifestó el representante de las Organizaciones Populares, Arturo Zamora.
De la CNOP, José Antonio Meade se dirigió a la sede nacional del PRI, donde tuvo una reunión con los diputados federales priistas, así como con las organizaciones de jóvenes y mujeres.
Más noche, el exfuncionario en los gobiernos de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, y del priista Peña Nieto, entregará su solicitud a la Comisión Política Permanente del PRI, integrada por 114 miembros del Consejo Político Nacional y tiene la atribución de aceptar la solicitud y turnarla a su Comisión Nacional de Procesos Internos, la cual deberá recibirla a más tardar el domingo 3 de diciembre.

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Nuevo titular de Hacienda, salinista por convicción y por lazos familiares

 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Salinista por convicción y por lazos familiares con el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari; José Antonio González Anaya se encargará de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tras la renuncia de José Antonio Meade Kuribreña, quien comenzó oficialmente su camino a la Presidencia de la República.
González Anaya es concuño de Salinas, pues está casado con Gabriela Gerard, hermana de la segunda esposa del exmandatario priista, Ana Paula Gerard.

La relación se remonta a 1991, cuando el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) trabajó bajo la dirección de Ana Paula Gerard, en la jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República, entonces a cargo de José Córdoba Montoya.
El ahora secretario de Hacienda era el responsable de escribir las minutas de las reuniones del gabinete económico y redactar las propuestas del mismo.
De hecho, en el libro titulado “México, un paso difícil a la modernidad”, editado por Plaza y Janés y que vio luz en el año 2000, el autor, Salinas de Gortari, agradece en el prólogo a González Anaya por su contribución a dicha obra.
Para el también exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las funciones en la SHCP no son desconocidas, ya que tan sólo en agosto del 2010 fue designado subsecretario de Ingresos por el entonces presidente panista, Felipe Calderón. En ese año, Ernesto Cordero era titular de la SHCP.
De hecho, años antes, cuando Agustín Carstens se encargaba de dicha dependencia, González Anaya se desempeñó como coordinador de asesores y titular de la Coordinación con Entidades Federativas. Desde esa posición tuvo una intensa interlocución con los mandatarios estatales priistas para la distribución del presupuesto.
En otras palabras, José Antonio González Anaya tuvo una participación dentro del ramo hacendario en los gobiernos panistas, principalmente con Felipe Calderón. Sin embargo, fue hasta que el PRI retomó la silla presidencial, cuando el concuño de Salinas tuvo a su cargo instituciones de mayor peso como el IMSS y Pemex.
En las dos debió enfocar el objetivo en resanar las finanzas y crear un plan de acción para levantar a dos “monstruos” a punto de desplomarse por crisis financieras.
En el IMSS realizó diferentes reformas enfocadas al sistema de pensiones, las cuales absorbían enormes recursos al instituto. Mientras que, en Pemex, mellada por la caída del precio del petróleo, se vio en la necesidad de rehacer los números de cara a la reforma energética y a la apertura de dicho mercado. Eso sí, no tocó al sindicato de la petrolera.
Así llegó José Antonio González Anaya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como el tercer secretario en el sexenio de Peña Nieto, después de que desfilaron por las oficinas de Palacio Nacional Luis Videgaray y José Antonio Meade.
De entrada, el recién nombrado secretario aseguró que no habrá nuevos impuestos ni alzas tributarias, además de que continuará conservando la estabilidad macroeconómica y dará certidumbre a los mercados financieros.

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Avanza en EU la imposición de la agenda neopopulista de Trump

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ayer durante un homenaje a militares veteranos de la nación indígena navajo, en el Salón Oval de la Casa Blanca, y en la que se le ocurrió hacer una broma sobre la senadora demócrata Elizabeth Warren, a quien llamó Pocahontas, comentario que en vez de risas provocó silencio entre los asistentes a la ceremoniaFoto Ap
David Brooks
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 28 de noviembre de 2017, p. 23
Nueva York.
El día comenzó con la usual muestra estratosférica de vanidad presidencial y descalificación de los medios, distrayendo como siempre de la ofensiva republicana para desmantelar lo que queda del estado de bienestar social y trasladar cada vez más el tesoro del país a la cúpula económica.
Donald Trump tuiteó esta mañana: deberíamos realizar un concurso sobre cuáles de las cadenas, además de CNN y sin incluir a Fox, es la más deshonesta, corrupta y/o más distorsionada en su cobertura política de tu Presidente favorito (Yo).
A la vez, Trump y el liderazgo republicano están enfocados en promover y aprobar la propuesta legislativa para reducir los impuestos a los más ricos y a las empresas, y reponer esos ingresos mediante recortes a programas sociales; aunque por supuesto lo venden como si esto fuera lo mejor para todos. Al anunciar que el proyecto de ley está avanzando con gran apoyo, Trump tuiteó que con algunos cambios la clase media y los generadores de empleo tendrán más dinero en sus bolsillos. No mencionó que se espera que casi ningún demócrata apoye la versión actual, y que no tiene garantizados los votos republicanos necesarios en el Senado.
Todos los informes y análisis del propio Congreso respecto de las propuestas coinciden en afirmar que el más beneficiado será el sector más rico del país.
Varios observadores críticos señalan que la cúpula republicana, junto con Trump, esencialmente están llevando a cabo lo que el corresponsal económico del Financial Times, Martin Wolf, ha bautizado pluto-populismo, doctrina que promueve políticas que benefician a plutócratas, justificadas con retórica populista. Wolf advierte que si las propuestas actuales sobre impuestos son aprobadas, las tensiones dentro de Estados Unidos seguramente empeorarán, porque promueven mayor desigualdad económica. Concluye que el Estados Unidos que el mundo conocía, hoy se está ahogando en una marea de avaricia desmesurada y aparentemente ilimitada. Ahora todos estamos condenados a vivir con las infelices consecuencias.
Mientras tanto, Trump continuó mostrando su gran capacidad para ofender e insultar, aun cuando esa no sea su intención. Este lunes, en una ceremonia en la Casa Blanca para honrar a veteranos militares de la nación indígena navajo, comentó: “yo nada más les quiero agradecer porque son gente muy, muy especial. Ustedes estaban aquí mucho antes de que cualquiera de nosotros estuviera, aunque tenemos a una representante en el Congreso que ha estado aquí durante mucho tiempo, más que ustedes (…) la llaman Pocahontas”. Su broma provocó silencio entre los invitados.
Trump, quien suele poner apodos a sus enemigos, se ha referido a su feroz crítica demócrata, la senadora Elizabeth Warren, con ese nombre de la famosa figura indígena del siglo XVII. La congresista respondió poco después: es profundamente desafortunado que el presidente de Estados Unidos no pueda encabezar una ceremonia para honrar a estos héroes sin tener que sacar una ofensa racial.
Por otro lado, Trump también ha insistido en respaldar al juez Roy Moore, candidato republicano al Senado federal por Alabama, quien ha sido acusado de abuso sexual por cuatro mujeres, una de las cuales tenía 14 años cuando fue hostigada por el entonces fiscal. Aunque este lunes la Casa Blanca anunció que Trump no acompañaría a Moore en actos de campaña, el presidente afirmó el domingo que era inaceptable un triunfo del contrincante demócrata, quien tendría posiciones débiles sobre el crimen y la frontera, entre otros; o sea, apoyó implícitamente a Moore. Sin embargo, líderes republicanos en el Congreso han afirmado que se trata de un asunto moral, y no político, y prefieren que Moore sea sustituido de último momento por otro candidato.
Pero mientras los disparates de Trump continúan captando la atención nacional casi todos los días, y a pesar de que aún no ha podido obtener un triunfo legislativo mayor desde que llegó a la Casa Blanca, su gobierno está realizando cambios dramáticos, algunos de ellos con consecuencias que perdurarán mucho después del fin de la era Trump.
Tal vez el de mayor impacto y menos visibilidad es el ritmo acelerado para nominar y ratificar a jueces federales con la intención de transformar a largo plazo la rama judicial del gobierno, misma que hasta ahora ha frenado parte de la agenda del presidente. Algunos consideran que podría llegar a instalar a 30 por ciento de los jueces federales antes del fin de su primer periodo en la Casa Blanca, reporta The Guardian.
En el Departamento de Justicia, el procurador general Jeff Sessions continúa impulsando las medidas antimigrantes, mientras sus modificaciones a políticas judiciales están alarmando a defensores de derechos y libertades civiles, de la comunidad gay y otras minorías.
En el Departamento de Estado hay un éxodo espectacular del cuerpo diplomático veterano, entre ellos algunos de los de más alto rango, dejando lagunas de experiencia e incluso ausencia de los máximos encargados de manejar la política exterior para varias regiones del mundo.
Mientras tanto, junto con el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Interna continúa la persecución de inmigrantes en las calles y mediante la anulación de medidas que otorgan protección temporal a cientos de miles, entre ellos los jóvenes conocidos como dreamers. Por ahora, el futuro de los aproximadamente 800 mil jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo niños se mantiene en el limbo después de que Trump decidió suspender el programa ejecutivo conocido como DACA y le pasó la bolita al Congreso, pero ahí se ha quedado estancado el asunto y ahora pocos esperan avances hasta 2018.
A la vez, con toda esta ofensiva antimigrante, el culto a la xenofobia y el incremento en los crímenes de odio por motivos raciales y étnicos, es curioso que Coco, una película de animación ubicada en Mexico y cuyo trasfondo es el Día de Muertos, con música mexicana y voces latinas, sea la cuarta más taquillera en la historia en Estados Unidos durante el puente del Día de Acción de Gracias.
En medio de todo esto, sigue el suspenso sobre la investigación del fiscal especial Robert Mueller a Trump y su entorno, con noticias extraoficiales de que su ex asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn está en negociaciones para cooperar en la indagatoria contra su ex jefe.

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