viernes, 1 de diciembre de 2017

Alista CFE borrón de deuda a 70 mil usuarios


Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Viernes 1º de diciembre de 2017, p. 16
 
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) se comprometió con la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (Anuee) a entregar el próximo 4 de diciembre un dictamen sobre un listado de más de 70 mil ciudadanos afectados por cobros excesivos, a los que se les aplicaría el borrón y cuenta nueva a sus deudas. Es decir, que se irían a cartera vencida.

Este compromiso es parte de los acuerdos que logró esta asociación con la empresa el pasado 23 de noviembre; también convinieron que el próximo lunes esta organización ingresará un segundo listado de afectados que se sumarán a la cartera vencida.

Ambos temas fueron tratados ayer en la mesa de trabajo que sostuvieron representantes de la Anuee en la Secretaría de Gobernación, con funcionarios de la misma y de la CFE. Previamente los usuarios realizaron un mitin afuera de la sede de la comisión en Paseo de la Reforma, de donde salieron en marcha a la Secretaría de Gobernación.

En la movilización, la Asamblea demandó que se cumpla la cancelación de los adeudos impagables a la empresa, que padecen miles de usuarios.

Anunciaron que la mesa de negociación podría continuar este viernes y que seguirán las movilizaciones semanales en los centros de trabajo y cobro de la empresa, lo que forma parte de la línea definida por la organización para que este año se resuelva el conflicto con los usuarios.

La asamblea detalló que además de la respuesta final que tendrá que dar la empresa sobre la constitución de la cartera vencida, la Secretaría de Energía aportará los criterios jurídicos que habrán de darle forma a este planteamiento del borrón y cuenta nueva, y como la Procuraduría Federal del Consumidor habrá de emitir lo pertinente para acabar el conflicto, además de revisar las vías para agilizar los procesos legales que los usuarios llevaron ante dicha instancia.

Incluso la SG se comprometió a iniciar las gestiones necesarias para que la Anuee sea recibida en la Cámara de Diputados con el fin de dar seguimiento a la entrega de casi 200 mil firmas y solicitar la elevación a rango constitucional de la energía eléctrica como derecho humano.

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¿Qué depara 2018?

1 de Diciembre de 2017
Gilberto López y Rivas
Periódico La Jornada


En el estudio de quienes nos estudian desde los tanques pensantes del poder imperialista, esto es, los estrategas militares y organismos de inteligencia de Estados Unidos, se encuentra su permanente proyección de situaciones o escenarios futuros que pueden hacer peligrar su “seguridad nacional”, que, traducido, significa identificar los reales o potenciales riesgos a los intereses estratégicos de su país como poder hegemónico del sistema imperialista mundial. Cada cuatro años, los expertos en distintos temas y regiones del planeta se reúnen y elaboran documentos llamados Tendencias Globales ( Global Trends), en los que identifican, por ejemplo, ¨(y dentro de una larga lista de conflictos y regiones), a los movimientos autonómicos de los pueblos originarios como enemigos del mercado y las democracias tuteladas, por sus tendencias colectivistas, la defensa de sus territorios y recursos frente a las corporaciones, así como la predominancia en su organización social de la propiedad comunitaria de la tierra, causas, según los militares, de la criminalidad y la insurgencia. En la página electrónica del Consejo Nacional de Inteligencia estadunidense, sus publicistas sostienen: “En una época de confusión cuando la visibilidad en el futuro es baja, una cosa es clara: poder anticipar y planificar el cambio es más crítico que nunca.” (http://www.rebelion.org/docs/222324.pdf)
Independientemente de que la futurología del Consejo Nacional de Inteligencia en muchas ocasiones se equivoca en sus predicciones, debido en parte a la racionalidad sesgada por razones de clase de sus científicos y especialistas, obnubilados también por el etnocentrismo racista que generalmente ignora, minimiza o subestima las capacidades de los pueblos para resistir por todas las vías a la explotación capitalista y a sus formas de dominación, lo cierto es que no vendría mal, desde el pensamiento crítico, a partir de un diagnóstico lo más ajustado a la realidad actual, y tomando en cuenta las condiciones objetivas y subjetivas, así como las condicionantes históricas de las últimas décadas, intentar discurrir algunas de los eventuales proyecciones en torno a las elecciones presidenciales de 2018.
De esta manera, si hacemos un recuento de lo que han sido los últimos procesos electorales en los que la Presidencia ha estado en juego, marcados por fraudes memorables, caídas del sistema, compra de votos, coacción del electorado por el terrorismo mediático, manipulación de encuestas, uso ilegal de los recursos públicos, ratón loco, urna embarazada, carrusel, operación tamal, tarjetas de Soriana, robo de urnas, alteración cibernética de resultados y todo tipo de violaciones a las leyes en la materia por el régimen de partidos de Estado, en complicidad con las propias instituciones y tribunales electorales, lo más probable es que las elecciones de 2018 serán similares o peores a las pasadas. Sin ir más lejos, y después de la experiencia en las elecciones recientes en el estado de México, alguien medianamente informado podría pensar: ¿Qué la conducta de Enrique Peña Nieto (y la de sus allegados y cómplices) en el proceso electoral será ejemplar? ¿Qué se ceñirá a lo que la ley mandata, guste o no, como afirma el responsable de Comunicación Social de la Presidencia, Eduardo Sánchez Hernández?
Si además de este apretado recuento del modus operandi del sistema en las últimas décadas, marcado por la prevalencia del fraude electoral y la imposición de gobiernos a todas luces ilegítimos, añadimos la actual crisis económica, política y social que ha llevado al país a una situación de emergencia nacional, agravada exponencialmente por los terremotos de septiembre pasado, que pusieron al desnudo el oportunismo y el uso político de la muerte y la desgracia de centenares de víctimas y damnificados, la corrupción y la inoperancia de las instituciones de los tres niveles de gobierno, el panorama que se presenta para el próximo año resulta poco menos que aterrador. Nada apunta a que el proceso electoral se efectuará en las mínimas condiciones de normalidad y certidumbre. Que México gane todos los primeros lugares en cuanto a cualquier parámetro de desgracias e infamias, como la escalofriante nota informativa de que de cada 10 mujeres asesinadas en América Latina, siete corresponden a nuestro país, el número de homicidios dolosos, que ya sobrepasaron los 200 mil, los más de 40 mil desaparecidos forzados, cuyo caso paradigmático, los estudiantes de Ayotzinapa, siguen sin ser encontrados, mientras la red de complicidades que participó en este crimen de Estado y lesa humanidad, permanece intacta; todo este infierno cotidiano de un país inmerso en una crisis humanitaria, advierte que el proceso electoral de 2018 no será precisamente una fiesta de la democracia. Ahora, con mayor razón, se espera una elección determinada por los descomunales intereses de un Estado criminal, cuyos grupos dominantes están decididos a imponer, nuevamente, a quien les garantice la continuidad del sistema capitalista globalizado. Estos grupos están decididos a utilizar cualquier medio para continuar el estado de cosas, incluyendo el uso de todo el aparato represivo “legal” y la acción violenta de su otro brazo armado, el crimen organizado, como una forma de control social y de las resistencias ciudadanas y anticapitalistas.
La única fuerza política organizada en torno a posiciones decididamente anticapitalistas que realmente está haciendo un diagnóstico de esta catástrofe y las proyecciones posibles para las elecciones del próximo año, es la unificada en torno del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que han decidido conformar un Concejo Indígena de Gobierno, cuya vocera, sea candidata independiente a la Presidencia de la República. Esta fuerza política no pretende elaborar proyectos de nación desde arriba e integrar gabinetes de notables, que a la hora de los fraudes y las represiones sean letra muerta y abajo firmantes. Busca la reconstitución de los pueblos y el establecimiento de alianzas con todos los explotados del campo y la ciudad para organizar desde abajo y a la izquierda la resistencia frente a la catástrofe; vislumbra no una alternancia, sino una transformación del país, más allá de las simulaciones democráticas de 2018, en las que se advierte, de nueva cuenta, una elección de Estado y los poderes fácticos.

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Diputados sellan cobertura legal a militares en tareas de seguridad pública; activistas los acusan de “golpistas”

 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con la mayoría priista y sus aliados, así como la ausencia de 70 legisladores, la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley de Seguridad Interior, a través de la cual se legaliza la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
PRI, Verde, Panal y PES emitieron 248 votos a favor; Morena, PAN, PRD y MC 115 en contra y se registraron 46 abstenciones en lo general; igual se presentaron 101 reservas, las cuales serán expuestas por 40 oradores durante su presentación en lo particular.

Una vez avalada la ley, pasaría al Senado de la República para su discusión el próximo martes y dispensársele todos los trámites, como ocurrió en San Lázaro, y de inmediato ser firmada por el Ejecutivo federal y publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Las diversas agrupaciones defensoras de derechos humanos buscarán juntar el respaldo de 33% de los legisladores y presentar una controversia constitucional ante la Corte; lo mismo harán con la CNDH. El argumento es que la Cámara de Diputados no está facultada para legislar en materia de seguridad interior.

A pesar de ser una legislación que atañe no a un solo sector, sino a toda la población, 70 diputados federales prefirieron no asistir a la Cámara, en donde se atestiguó un debate pobre y lastimero por su bajo nivel, como el que protagonizó el diputado del PVEM por Guerrero, Arturo Álvarez, quien para callar a la oposición que portaba pancartas en contra de la ley, les respondió con un “bla, bla, bla”.
Álvarez Angli es el mismo que siendo diputado local por su entidad impidió que José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala, fuera desaforado por su presunta participación en el asesinato de dos perredistas.
El legislador del Verde subió a tribuna para hablar a favor de la ley que en noviembre de 2016 presentó el coordinador parlamentario del PRI, César Camacho Quiroz.
Antes, a las 8:30 horas, la Comisión de Gobernación que encabeza la priista tamaulipeca Paloma Guillén inició la sesión en privado para aprobar el dictamen.
La secrecía con que pretendió dar cauce a la “discusión” y aprobación del dictamen provocó malestar entre la oposición, pues además de ello se intentó que el debate y aprobación no fueran transmitidos en el Canal del Congreso y menos aún en circuito cerrado.
Diputados protestan contra la Ley de Seguridad Interior en San Lázaro. Foto: Eduardo Miranda
Diputados protestan contra la Ley de Seguridad Interior en San Lázaro. Foto: Eduardo Miranda
“¡Golpistas! ¡golpistas!”
Además, organizaciones como Cencos y el Colectivo Seguridad sin Guerra se manifestaron en contra del acto en privado; los reclamos y protestas de ciudadanía y legisladores de Morena, PAN, PRD y MC llevaron a la priista a hacer una concesión: la discusión fue trasladada al salón de plenos del edificio A de San Lázaro, el mismo donde el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, entrega cada año el informe presidencial.
Sin embargo, la sesión siguió siendo en privado, aunque se transmitió por televisión de paga. Desde afuera, una vez que se “cantaron” los 18 votos a favor (uno de la panista del Estado de México, Claudia Sánchez Juárez, y 14 en contra, activistas de diversos colectivos fustigaron a los diputados con gritos de “¡golpistas! ¡golpistas!”
Planeado todo ante cualquier posible agresión, los diputados priistas, del Verde, del Panal y PES salieron prácticamente “huyendo” por la puerta trasera del salón de protocolo, evadiendo así a la ciudadanía que es para la cual se supone trabajan y legislan.
La nueva ley establece que las Fuerzas Armadas podrán realizar actividades de seguridad pública durante un año, el cual podrá prolongarse cuando así lo considere el presidente de la República en tanto subsista la amenaza de seguridad interior, según establece el artículo 51 de la mencionada ley.
Durante la discusión en comisiones y ya en el pleno, la oposición sostuvo que antes de pensar en una Ley de Seguridad Interior se debió reglamentar el artículo 29 de la Constitución, el cual se refiere a cuándo, cómo, quiénes y bajo cuáles criterios se pueden suspender las garantías individuales.
Toda la oposición coincidió en que se debió reglamentar dicho artículo y con ello poner “candados” a cualquiera que realice acciones de seguridad pública, en especial si son elementos del Ejército o Armada de México.
El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, dijo que el artículo 26 de la nueva ley resultaba preocupante, debido a que la “acción para identificar” la amenaza a la seguridad interior “es de carácter permanente y no requiere declaratoria”.
Por ello calificó de “irresponsables” a los legisladores que votaron por la ley, pero dijo que más grave aún es que esta nueva ley generará incentivos perversos para que no se capacite ni asuman sus funciones los cuerpos policíacos, presidentes municipales y gobernadores.
“Se prolongaría un estado de excepción”, y ello sería una amenaza constante a los derechos humanos”, argumentó.
Rafael Hernández Soriano, diputado del PRD, calificó de anticonstitucional la ley, debido a que el artículo 73 de la Carta Magna no faculta al Congreso de la Unión a legislar en materia de seguridad interior.
Víctor Sánchez, de MC y diputado por Jalisco, exsubprocurador y abogado, dijo desde tribuna que la ley “era un parche a la Constitución y violatoria de la misma”, ya que el artículo1 29 subraya que, en tiempos de paz, el Ejército no puede estar en las calles, y el 73 no autoriza al Congreso a legislar en la materia.
“Ayer el PRI sepultó en la Comisión de Puntos Constitucionales”, acusó Sánchez, la posibilidad de presentar un verdadero proyecto que capacite a las policías y hacer frente a la delincuencia organizada.
Y es que el PRI votó en contra de la creación del Mando Mixto en la policía, iniciativa que PAN, MC y PRD condicionaron para dar su respaldo a la Ley de Seguridad Interior.
“Peña siguió con la guerra que Felipe Calderón inició, sólo que la siguió de manera silenciosa”, y lo que muestra el PRI es su verdadero rostro autoritario, acusó el diputado Víctor Sánchez.
Manuel Espino, quien fuera presidente nacional del PAN, subió a tribuna para defender la ley y felicitar a Enrique Peña Nieto.
“No es una ley perfecta, pero sería irresponsable dejar al país como está”, justificó para lamentar “la indecisión del PAN”, luego aseguró que le nuevo marco legal no es violatorio de los derechos humanos.
En tanto, el priista Alejandro Domínguez Domínguez defendió la ley y rechazó que sea inconstitucional. Su argumento fue que la seguridad interior y la seguridad nacional son parte de lo mismo, y al poder legislar la Cámara en materia de seguridad nacional, “por tanto el que puede lo más puede lo menos”.
Pero mientras el priismo, respaldado por PVEM, PES y Panal, votaba a favor y la oposición sabía que había perdido la batalla, en las gradas de San Lázaro y por la mañana a las afueras del salón donde se imponía el “mayoriteo”, los grupos de defensores de derechos humanos seguían gritando a los legisladores: “¡golpistas! ¡golpistas!”
Uno de los defensores de derechos humanos que más se distinguió en la movilización fue Alfredo Lecona, quien adelantó que buscarán a la CNDH y a diputados para que sumen el 33% necesario, y puedan presentar por separado una controversia de inconstitucionalidad ante la Corte, y así intentar echar atrás la Ley de Seguridad Interior, considerada no sólo violatoria de los derechos humanos, sino facilitadora para que los gobiernos locales dejen de capacitar a sus policías.

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La Ley de Seguridad “abre la puerta para que militares espíen a la ciudadanía”: R3D

 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al aprobar la Ley de Seguridad Interior, los diputados abrieron la puerta a que los militares espíen a los ciudadanos, “sin que existan límites claros ni se establezcan de manera explícita controles democráticos o mecanismos de rendición de cuentas”, alertó hoy la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
La organización subrayó algunas ambigüedades del texto de la ley, mismo que proporciona facultades a las secretarías de Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena) para “desarrollar actividades de inteligencia”, incluyendo la “recolección, procesamiento, diseminación y explotación de información”, y ello a través de “cualquier método lícito de recolección de información”.

Estas facultades, abundó R3D, representan un “serio riesgo de abuso, una situación que no resultaría extraña en el contexto actual de vigilancia sistemática del Estado mexicano y el historial de abusos a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas”.
A lo largo de los últimos años se sumaron las evidencias de que los militares intervienen las comunicaciones de los mexicanos de manera ilegal.

Durante el sexenio de Felipe Calderón, por ejemplo, la Sedena adquirió un centro de espionaje por 5 mil millones de pesos a la empresa Security Tracking Devices, propiedad del contratista mexicano José Susumo Azano Mitsura.
En 2015, la empresa italiana Hacking Team, que desarrolla el software espía llamado Galileo, estableció contactos en la Sedena y la Semar para venderles su programa.
Los documentos internos de la empresa, publicados por Wikileaks, indicaron que la Sedena había adquirido el programa Pegasus, desarrollado por la empresa de origen israelí NSO Group, y que fue utilizado para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos.
En su informe “Estado de vigilancia: fuera de control”, publicado hace un año, R3D recordó que ni la Sedena ni los gobiernos estatales que contrataron a Hacking Team tenían facultades legales o constitucionales para intervenir comunicaciones privadas.

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La canadiense Torex Gold, tirana de trabajadores, acusan mineros


Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Viernes 1º de diciembre de 2017, p. 15
Los trabajadores de la mina la Media Luna, del municipio de Cocula, Guerrero, no van a levantar el paro que mantienen en la empresa Torex Gold Resources desde el pasado 3 de noviembre, hasta que la compañía respete su derecho a pertenecer al Sindicato Nacional de Mineros, termine las violaciones laborales, se desista de imponerles un gremio de protección y haga justicia a sus compañeros asesinados en esta lucha.
En conferencia de prensa realizada en Ciudad de México, señalaron que rechazan totalmente al sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) que les impuso la empresa y que ya no quieren que se lleve a cabo el recuento que habían pedido, sino que directamente se reconozca la titularidad de su contrato colectivo de trabajo al gremio que encabeza Napoleón Gómez Urrutia.
Acompañados por dirigentes y abogados del Sindicato Nacional de Mineros y líderes obreros de América Latina, sostuvieron que Torex Gold, de capital canadiense, se ha convertido en México en una verdadera tirana de trabajadores, ya que junto con el sindicato de la CTM ejerció tal represión sobre ellos que incluso resultaron muertos dos de sus compañeros.
Además, les paga salarios de miseria, no tienen los mínimos de seguridad, se cometen acciones humillantes y violatorias de los derechos humanos contra ellos y, por si fuera poco, la firma ha incumplido con los acuerdos que hizo con los ejidatarios en materia de empleo, uso de agua y medio ambiente, plantearon los mineros, quienes omitieron su nombre por temor.
En tanto, el tesorero del Sindicato Minero, José Ángel Hernández Puente, y el líder de este gremio en Guerrero, Indalecio Pérez, dieron cuenta de la crítica situación del conflicto, de las violaciones perpetradas contra los trabajadores, de que toda la comunidad se han sumado a los mineros ante tanto atropello y de que la firma ha contratado personal externo para desplazar a los locales, y a estos últimos les paga tres veces menos por su trabajo.
El abogado Óscar Alzaga indicó que las autoridades de la Secretaría del Trabajo y otras instancias, a escalas nacional y estatal, dejaron escalar el conflicto, no han llamado a las partes a la conciliación y han hecho caso omiso de las violaciones laborales y a los derechos humanos que se han cometido contra los trabajadores.
Informó que desde el 17 de octubre se presentó la demanda de titularidad del contrato colectivo ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, sin que a la fecha haya dado respuesta alguna, lo que obedece a consignas políticas. Incluso, señaló, la denuncia penal que se presentó por el asesinato de los hermanos Víctor y Marcelino Sahuanitla Peña no ha prosperado, la tienen detenida y no están investigando.
Los mineros se mostraron indignados por las mentiras que ha dicho la empresa, ya que no son una minoría los que están descontentos, sino que de 600 trabajadores contratados, 550 firmaron que quieren salirse del sindicato de la CTM, a cuyo dirigente ni conocen. Además, Torex Gold Resources señaló que el asesinato y represión de los trabajadores fue un pleito entre autodefensas, lo que los indignó, porque eso es falso; además, no respeta las leyes ni la libertad gremial en este país.
Les dieron su apoyo y solidaridad dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Argentina y la Central Única de Trabajadores de Brasil (CUT), entre otros gremios.

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Despiden a integrante del sindicato de pilotos tras el paro de labores del martes


Patricia Muñoz y César Arellano
 
Periódico La Jornada
Viernes 1º de diciembre de 2017, p. 16
Debido al paro de labores que llevaron a cabo trabajadores de la empresa Aeroméxico en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el pasado martes, trascendió ayer que realizaron el primer despido de uno de los integrantes del comité ejecutivo de la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación (ASPA), el capitán José Manuel Fernández Aguirre, secretario del trabajo de este gremio.
El piloto ingresó a Aeroméxico hace 15 años y según las versiones difundidas su separación podría obedecer a que fue uno de los convocantes al paro de actividades, que provocó la cancelación de más de 60 vuelos y la afectación a más de 10 mil pasajeros.
La dirigencia de ASPA dio a conocer que son siete los pilotos que están sujetos a investigación por estos hechos, tres de los cuales son integrantes del comité ejecutivo y ya renunciaron a sus cargos, como el propio Fernández Aguirre.
Hay una investigación contra el mismo piloto por amenazas a uno de sus compañeros, ya que trascendió que lo increpó con una pistola de gotcha para amedrentarlo.
Las investigaciones de los siete señalados las llevará a cabo la Comisión de Honor y Justicia que antes del 15 de diciembre tendrá que entregar un dictamen para ver si son expulsados de ASPA, ello independientemente de las acciones que pudiera tomar Aeroméxico.
El miércoles, el secretario general de ASPA, Mario Alberto González Aguilera, sostuvo que el paro de labores efectuado el pasado martes, no fue un hecho consensuado con el sindicato, sino aislado.

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El Bronco utiliza recursos del gobierno de NL para juntar firmas de apoyo a sus aspiraciones


Alonso Urrutia
 
Periódico La Jornada
Viernes 1º de diciembre de 2017, p. 6
El crecimiento exponencial que ha tenido la captación de firmas de apoyo en favor de la candidatura presidencial independiente del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, ha tenido como uno de sus soportes el involucramientos directo de las estructuras de gobierno en la recolección de apoyos. Desde diversas oficinas de la administración de Nuevo León se ha diseñado una estrategia que incorpora a servidores públicos de cada dependencia para obtener los apoyos al mandatario estatal.
De acuerdo con un audio en poder de La Jornada, obtenido de una de reuniones realizadas en oficinas administrativas de Nuevo León, Carlos Pacheco –hombre muy cercano al mandatario estatal, que se le ubica como asesor especial, aunque no forma parte de su gobierno– destaca como estratégico el incremento sustancial del apoyo para descarrilar a los otros aspirantes, entre ellos a Margarita Zavala, y potenciar la idea de que el único independiente que llegará a disputar la Presidencia será Rodríguez Calderón, lo que acarrearía mayores firmas en su favor.
En el diseño, cada una de las dependencias debería tener asignados gestores de firmas en Nuevo León –donde el mandatario se acerca ya a las 100 mil firmas, que representan más de 200 por ciento de lo necesario para la entidad– para obtener el mayor número de apoyos y se pretende también explotar el respaldo que poco a poco se ha incrementado entre el personal sindicalizado.
En la proyección, una vez alcanzada en solitario la candidatura independiente, Rodríguez Calderón sería el único que podría disputar entre los electores reacios a la clase política que se han decantado, no muy convencidos por Andrés Manuel López Obrador, a favor del gobernador de Nuevo León.
De acuerdo con el mismo audio en poder de La Jornada, en una de las reuniones efectuadas en oficinas de gobierno Pacheco instruye:
–¿Tú, dónde estas?
–En Obra Pública.
–Entonces todos los que trabajan con él ya saben que van a tener este número (un ID) para que se vayan metiendo. Y la idea es que Obra Pública, así como ¿tu?
–Dirección Jurídica
–Dirección Jurídica, digan cuántos gestores tienen, porque vamos a tratar de que saquen las firmas, pero lo más importante es brincar al siguiente nivel. A ver, ya lo convenciste, te da la firma, pues ahora sácale más. ¿Qué tanto compromiso tienes? ¿Quieres que cambie México? Por qué no me ayudas también con las firmas entre tus familiares.
En la explicación se añade que existe un sitio que tendrá el control del flujo de firmas que se captan por cada dependencia y de igual forma, al validarse los teléfonos celulares que se utilizan para el apoyo, contar con el reporte que el Instituto Nacional Electoral reenvíe a quienes captaron las firmas.
Conforme a la explicación de la estrategia ofrecida a los funcionarios del gobierno de Nuevo León reconvertidos en gestores de firmas de apoyo a Rodríguez Calderón, la pretensión es que el crecimiento del respaldo al gobernador sea tan apabullante que comience a cambiar la mala penetración que tienen en los medios de comunicación.
A partir de ello, que la gente perciba el crecimiento del apoyo al gobernador, de tal forma que se imponga la percepción que sólo va a llegar un candidato independiente y que, por las tendencias crecientes, se asuma que la única opción es Rodríguez Calderón.
De acuerdo con las cifras oficiales más recientes del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la recolección de firmas para candidatos presidenciales, Rodríguez Calderón lleva ya 520 mil.

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Diputados del Edomex aprueban nuevo impuesto de 4.5% en consumo final de alcohol

 
PROCESO 
 
TOLUCA, Edomex. (apro).- La implementación de un impuesto de 4.5% a la compra de alcohol permitió aprobar un Paquete Fiscal Estatal 2018 superior en 284 millones de pesos al proyectado por el Ejecutivo, al pasar de 280 mil 422 millones a 280 mil 706 millones.
Ese porcentaje será cubierto por el consumidor final que adquiera bebidas embriagantes en bares, restaurantes, tiendas o centros comerciales.

El panista Raymundo Guzmán aseguró que el gravamen -promovido por el Partido del Trabajo (PT)- permitió que no se afectaran recursos destinados a la “democracia”, como los del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM). A éste le asignaron dos mil 701 millones de pesos para la organización de los comicios de ayuntamientos y diputados locales, casi 600 millones más que los dos mil 133 millones autorizados en 2017.
El presupuesto del Tribunal local en la materia (TEEM) implicará 194 millones 446 mil 417 pesos; en 2017 fueron 149 millones.
En sólo 34 minutos -durante los cuales se planteó la exposición de motivos de los dictámenes, a pesar de que el término legal vencía el 15 de diciembre-), sin debate ni posicionamientos de los grupos parlamentarios, el pleno cameral avaló por mayoría las iniciativas de Ley de Ingresos del Estado, de los Municipios, Presupuesto de Egresos Estatal, Código Financiero, Código Administrativo, Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, y las tarifas de agua potable para el año próximo.
Debido a la gestión de legisladores panistas y perredistas, el presupuesto para la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) -inmersa en varios escándalos y promotora de un amparo para impedir que la Legislatura local le designe contralor interno- tendrá un incremento de 850 millones de pesos con relación a lo aprobado para 2017.
El rubro Seguridad tendrá un incremento de 23.39% con relación a este año, para superar los 12 millones 650 mil pesos. A la propuesta planteada por el Ejecutivo se agregaron 100 millones más -50 para readaptación social y una cantidad equivalente para la Policía Estatal-.
El Fondo de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) creció de dos mil 100 a dos mil 300 millones de pesos.
La Comisión de Derechos Humanos (Codhem) también tuvo un ajuste de 50 millones -que se agregarán a los 197 millones ya asignados-, por gestión de los diputados perredistas, igual que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario por 55 millones de pesos.
A propuesta del PAN, se asignaron ocho millones de pesos a los Centros de Adicciones para la capacitación del personal médico y 26.6 millones para los Centros de Integración Juvenil. Para la preservación de la mariposa monarca se etiquetaron tres millones; dos millones para la preservación del Nevado de Toluca.
Además, crecieron los recursos para el sistema anticorrupción y el Instituto de Transparencia (Infoem).
En contraste, la propuesta original de presupuesto para la Secretaría de Finanzas se recortó en 200 millones de pesos.

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Renegociación del TLCAN avanza con normalidad: Luis Videgaray


De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Viernes 1º de diciembre de 2017, p. 19
El titular de Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray, dijo ayer que la renegociación del Tratado de Libre Comercio está avanzando con la gradualidad normal de un proceso de negociación comercial.
De visita en Washington, anunció que en dos semanas se llevará a cabo en esa ciudad una segunda reunión del Diálogo estratégico para combatir las organizaciones criminales trasnacionales.
Videgaray se reunió con el general John Kelly, jefe de gabinete; H. R. McMaster, consejero de Seguridad Nacional, y Jared Kushner, asesor especial de la Casa Blanca.
Con las autoridades estadunidenses hablamos de los diferentes esfuerzos que estamos haciendo para incrementar la efectividad de nuestra cooperación en materia de seguridad. Vamos a tener una reunión aquí en Washington, a nivel de gabinetes, como continuación de la que tuvimos en mayo sobre organizaciones criminales transnacionales. Parte de la conversación fue en preparación de esa reunión, afirmó en un comunicado.
Por lo que hace a la renegociación del acuerdo comercial trilateral, el funcionario confió junto, con sus contrapartes, en que el proceso continúe conforme a los tiempos y el método que han pactado los negociadores de México, Estados Unidos y Canadá.
Sobre la situación en Venezuela, Videgaray reiteró la disposición del gobierno mexicano de no escatimar ningún esfuerzo diplomático para contribuir a que los venezolanos sean quienes encuentren una solución a la crisis institucional y democrática en la que se encuentran.

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