lunes, 4 de diciembre de 2017

AVISO URGENTE:


Se convoca a las y los compañeros de Renta Vitalicia a la audiencia de conciliación que tendrá lugar en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el día de mañana 5 de diciembre a las 10:00 hrs -JF del Asuntos Colectivos Num. 5- para exigir el pago pendiente de la compensación por antigüedad.
¡¡EXIGIMOS EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDO POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL!!
¡¡ SI NO HAY SOLUCIÓN HABRÁ MOVILIZACIÓN!!
Fraternalmente.
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
Por la Comisión Negociadora:
Martín Esparza Flores. Secretario General.
José Humberto Montés de Oca Luna. Secretario del Exterior.
Eduardo Bobadilla Zarza. Secretario del Trabajo.
SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS.
CDMX a 4 de Diciembre de 2017.

La mujer indígena que va tras la Presidencia


Revista SIEMPRE!

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María de Jesús Patricio

Martín Esparza Flores
En la escena electoral del próximo año estará presente una candidata de origen indígena que cuenta con el apoyo otorgado a su favor por mil 482 delegados de 58 pueblos originarios de todo el país, reunidos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el seno del Congreso  Nacional Indígena (CNI), con la participación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
María de Jesús Patricio Martínez, una mujer de 53 años, originaria de la comunidad nahua de Tuxpan, Jalisco, y que ha dedicado buena parte de su vida a la difusión de la medicina tradicional y herbolaria, buscará ante los órganos electorales su registro como candidata independiente  a la Presidencia de la República.
Entre sus objetivos emanados del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) que la eligió además como su vocera, está el tender vasos comunicantes para visibilizar la lucha que  libran por todo el territorio nacional 15 millones de indígenas en la defensa de sus recursos naturales y comunidades, para crear conciencia entre los  sectores de la sociedad civil, buscando  la  construcción de un gran movimiento popular que “desmonte el poder podrido”, sustentado por los partidos tradicionales y que ha establecido un rumbo donde las etnias solo ven “un horizonte de muerte y destrucción de nuestras tierras, familias y vidas”, como se estableció en los acuerdos del trascendente encuentro indígena.
Cuando en octubre pasado trascendió tal propósito, hoy en vías de concretarse, diversos miembros de la partidocracia se apresuraron a descalificarlo, mostrando más que intolerancia un fundado resquemor porque este  sector de la población tome en sus manos el derrotero de su propia lucha en el terreno electoral, luego de haber visto desfilar a lo largo de los sexenios candidatos de todas las siglas que le han prometido acceso a la justicia, al bienestar social y económico, solo  como parte de una reiterada demagogia.
Los indígenas saben que para las autoridades las agresiones y despojos que sufren a manos del crimen organizado son asuntos relegados en la agenda oficial y que nada harán tampoco para escuchar sus voces y reclamos ante el saqueo de mayor calado que se avecina con los megaproyectos energéticos, mineros o carreteros, en contra de sus recursos naturales y sus territorios. Los problemas  de los pueblos originarios forman parte de las agresiones sociales en todo el país.
Por eso, la convocatoria popular que se avecina, llevando como vocera a una mujer indígena nahua, tendrá como destinarios a los maestros, a los trabajadores, a los campesinos, pero también a quienes viven de la informalidad lo mismo que a los pequeños y medianos industriales y comerciantes, hastiados por igual de sufrir los embates de una política neoliberal que únicamente vela por los intereses de los consorcios trasnacionales y de los monopolios locales, olvidándose del desarrollo integral de la economía y del bienestar de millones de mexicanos; entregando con la complicidad de los partidos políticos los recursos naturales y la soberanía nacional mediante la imposición de las reformas estructurales.
Ahora sí podrá decirse que el pueblo tendrá una candidata legítima con la cual analizar sus  problemas en común, tendiendo los puentes para el diálogo y la unidad de todos los sectores sociales en la construcción de propuestas para luchar por los intereses de las mayorías. El  indudable rechazo social a los partidos se acrecentará conforme la candidata independiente empiece a recorrer el país con miras a la elección de 2018. 

Ola de Protestas de ONGs y Sindicatos Independientes VISOS DE DICTADURA EN LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

*México es una República representativa, democrática, laica y federal, no dictatorial ni militar: art. 40 constitucional.
*Art. 40: El Poder de la Federación se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, no en una sola persona o corporación.
*Art. 39 constitucional: El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de modificar la forma de su gobierno.
*La Ley de Seguridad Interior le otorga poderes plenipotenciarios al presidente de la República.
*El presidente podrá desplegar las fuerzas armadas sólo porque sospecha que hay una amenaza y sin consultar a nadie.
*No tiene que existir una amenaza real a la seguridad interior para que las fuerzas armadas actúen...basta una sospecha.
*Quién dirigirá las acciones de seguridad interior, será un comandante militar y no habrá presunción de inocencia.
*La Ley de Seguridad Interior, tiene parecido con la ley que se frenó para suspender derechos humanos y sus garantías
.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y sindicatos independientes anunciaron la realización de manifestaciones de protesta afuera de la Cámara de Senadores a partir del martes 05 de diciembre de 2017, para reclamar que se cancelen las intenciones de ratificar la Ley de Seguridad Interior que aprobaron diputados federales el 30 de noviembre del mismo año, con la que pretenden la militarización del país y depositar el poder de decisión para desplegar a las fuerzas armadas en una sola persona, el presidente de la República, sin consultlar a nadie, con lo que violentan los principios constitucionales, republicanos y democráticos.
De acuerdo al artículo 39 de la constitución política en México todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. En la Ley de Seguridad Interior, sin embargo, se elimina la consulta al pueblo y hasta la consulta a sus representantes en el Congreso de la Unión.
Prohibido olvidar, que de acuerdo a los artículos 40 y 41 de la misma constitución México es una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos, que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión y que los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática.
El artículo 49 señala que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo.
Estos principios constitucionales los mencionamos porque el jueves 30 de noviembre de 2017 los diputados federales del PRI-partido verde, nueva alianza (que dejó de abreviarse PANAL y ahora se abrevia PNA), 1 de Encuentro Social, 2 del PRD y 5 del PAN, aprobaron la Ley de Seguridad Interior en la que le otorgan poderes plenipotenciarios a una sola persona, al presidente de la República.
: El artículo 11 de la Ley de Seguridad Interior que aprobaron los diputados federales señala textualmente que: “ El Presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de las Entidades Federativas, o de su Ejecutivo en caso de receso de aquellas, la Intervención de la Federación para la realización e implementación de Acciones de Seguridad Interior en el territorio de una Entidad Federativa o zona geográfica del país, previa emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando se actualice alguna de las Amenazas a la Seguridad Interior”.
Es decir sólo porque el presidente sospeche o le hagan suponer que hay una supuesta amenaza a la seguridad interior, sin comprobarlo, podrá desplegar a las fuerzar armadas, sin consultar a nadie y unicamente deberá informar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación.
El problema mayor es que el artículo 4 autoriza a las fuerzas armadas a intervenir no sólo en la seguridad nacional, sino como policía en la seguridad interior, es decir militarizan al país, bajo el argumento de que hay una amenaza real o potencial –es decir sólo por la posibilidad de una amenaza, ni siquiera tiene que existir-. O sea que nos pueden aplicar el estado de sitio sólo por la posibilidad de una amenaza, pero la Ley de Seguridad Interior no define claramente qué es una amenaza, por lo que a criterio del presidente se decidirá qué es y qué no es una amenaza.
Esta ley deja a una sola persona o a un solo poder decidir qué es una amenaza, para usar las fuerzas armadas, impidiendo la participación del pueblo representado por el poder legislativo, con lo que trastoca el principio de República democrática que marca el artículo 40 de la constitución.
La Ley de Seguridad Interior también es violatoria del artículo 20 constitucional que habla de los derechos humanos de toda persona imputada como supuesto criminal, quien puede resultar inocente. Quién dirigirá las acciones de seguridad interior, según esa ley, será un comandante militar.
Cabe señalar que esta es la segunda ocasión que intentan depositar todos los poderes en la figura del presidente de la República y militarizar al país con una ley, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la primera ocurrió el 09 de diciembre de 2015 cuando el Senado de la República aprobó Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para suspender los derechos humanos y sus garantías, misma que se frenó en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, en 2016, pero se aprobó en la Comisión de Gobernación de esa instancia, por lo cual sólo faltan unos pasos para que se avale. (Leer Noticia Relacionada: ¿Estamos al Borde del Estado de Sitio? LA SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS NO PODRÁ DEROGARSE)
Igual que la Ley de Seguridad Interior, esa ley para suspender derechos humanos y sus garantías y avalar la militarización del país, otorga al titular del poder ejecutivo la facultad exclusiva de emitir el decreto de suspensión de garantías o derechos humanos inscritos en la constitución mexicana, deja ambiguo qué es grave peligro o conflicto, igual que la Ley de Seguridad Interior no deja fehacientemente claro qué es una amenaza. También es en su artículo 7 donde señala que respetará los acuerdos y pactos internacionales, pero en realidad los violenta. Otra coincidencia, ambas leyes se aprobaron en diciembre.

La temeraria Ley Interior de Seguridad: Más poder a los ya todopoderosos

 
PROCESO 
 
En la lógica regresiva –y represiva– del actual régimen federal, una ley repudiada por organizaciones de derechos humanos mexicanas y extranjeras, y cuestionada por organismos internacionales, como la ONU y la OEA, acabó siendo aprobada por los diputados del PRI y del PVEM, 14 del PAN e incluso algunos del PRD y uno de Encuentro Social. Esta ley temeraria da amplias prerrogativas a los militares, como la de decidir por sí mismos cuándo y dónde intervenir en casos de “urgencia” para restaurar el orden interno. Libres, pues, seguirán en las calles del país con licencia para usar o interpretar a su modo el nuevo precepto legal.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Los militares mexicanos están por conseguir lo que por tantos años buscaron: la protección legal a cambio de participar en el combate a la delincuencia. Y, de paso, consolidarse como un estamento que crece en presencia e influencia en el país, sin que informe de lo que hace y mucho menos rinda cuentas a nadie que no sea el presidente de la República en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

Gracias al apoyo de los partidos Revolucionario Institucional y del Verde, de una fracción de diputados de Acción Nacional y el respaldo de algunos legisladores del PRD y uno del Partido Encuentro Social, el Ejército y la Marina tendrán un mayor peso en la de por sí ya militarizada seguridad del país.
El jueves 30 de noviembre, en una sola jornada en la Cámara de Diputados y con la mayoría priista echada a andar, se aprobó primero el dictamen en la Comisión de Gobernación, en una sesión cerrada, y horas después se votó en el pleno la Ley de Seguridad Interior que tanto exigieron los militares desde el sexenio pasado para legitimar su presencia en las calles.
La ley da amplias prerrogativas a los militares, como la de decidir por sí mismos cuándo y dónde intervenir en casos de urgencia para restaurar el orden interno. Además, los faculta para recolectar información de inteligencia de seguridad interior y obliga a las autoridades civiles a darles la información que pidan.
Todos los datos que obtengan serán considerados de seguridad nacional, por lo que podrán reservarse hasta 20 años. Además, el Congreso se ató las manos porque se conformó con ser notificado de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior y con que los militares y la autoridad federal en tal caso le entreguen un informe a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.
La justificación
La Ley de Seguridad Interior se aprobó en nombre de la crisis de seguridad que padece el país desde hace más de una década. Pero la paradoja es que el Congreso y el gobierno de Peña Nieto dejaron pendientes las reformas que tienen que ver con el desarrollo policial. Es más, de acuerdo con Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la propia Cámara, en la segunda mitad del gobierno peñanietista se redujo en 8 mil millones de pesos el presupuesto para la seguridad pública.
Fuera de la propuesta de Mando Único Policial, para la que se necesitan tres cuartas partes del Congreso por tratarse de reformas a la Constitución, no hay ahora en éste ninguna otra iniciativa gubernamental para fortalecer a las policías del país. El Mando Único, como la ley ahora aprobada, fueron retomadas por el gobierno de Peña Nieto luego de que su antecesor, Felipe Calderón, no lograra sacarlas.
La crisis policial ha sido el argumento para justificar la participación de los militares en tareas de seguridad pública, aunque a partir de que la Ley de Seguridad Interior entre en vigor, la presencia de los militares será considerada como una necesidad de seguridad interior.
Es más, de acuerdo con la Ley, los operativos y acciones que emprendan los militares “en ningún caso… se considerarán o tendrán la condición de seguridad pública”, sino de seguridad interior. A decir de sus promotores, los militares ya no sólo verán por la seguridad e integridad de las personas, sino por la permanencia de las instituciones y la gobernabilidad democrática en todo el territorio, por lo que varias de sus disposiciones quedaron sujetas a la Ley de Seguridad Nacional.
El propósito de la ley es establecer el procedimiento para emitir una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior cuando sea necesario “prestar auxilio y protección” a los estados y municipios frente a riesgos y amenazas a la seguridad nacional, siempre y cuando se trate de causas internas. Es el caso de los desastres naturales, epidemias o de afectaciones a las instituciones que causen daños graves a la población.
Cuando se trate de “perturbación grave de la paz pública” o en casos en que la sociedad esté “en grave peligro o conflicto” y se requiera la suspensión de derechos, se aplicará el artículo 29 de la Constitución, el mismo que el Congreso no ha regulado a pesar de las iniciativas presentadas desde hace años.
Las protestas sociales, según la ley, no serán consideradas como amenaza a la seguridad interior, y asegura que los encargados de operarla lo harán “respetando los derechos humanos.”
Sin embargo, da a las autoridades federales, incluidas las Fuerzas Armadas (Ejército, Fuerza Aérea y Marina), la facultad para que emprendan acciones “necesarias, pertinentes y eficaces para identificar, prevenir y atender riesgos” en determinadas zonas o áreas geográficas, vías generales de comunicación e instalaciones estratégicas. Esas acciones serán “de carácter permanente y no requieren de la emisión de una Declaratoria”.
En el procedimiento dice que el presidente de la República podrá ordenar, por sí o a petición de las legislaturas de los estados o del gobernador en caso de receso legislativo, la intervención de la Federación en un territorio determinado una vez que haya emitido la declaratoria.
Para ello deberá intervenir también el Consejo de Seguridad Nacional, integrado por miembros del gabinete presidencial, incluidos los jefes del Ejército y la Marina. En las 72 horas siguientes, el Consejo deberá hacer la declaratoria, la cual será sólo notificada a la Cámara de Diputados y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La declaratoria deberá indicar cuál será la autoridad federal responsable y las que participan, incluidas las fuerzas federales (Policía Federal) o las Fuerzas Armadas, las amenazas, el área geográfica a atender, las obligaciones de los gobiernos locales, las acciones y la temporalidad. La intervención federal no podrá durar más de un año, aunque el presidente podrá modificar o prorrogar la vigencia si se mantiene la amenaza.
Sin embargo, la ley pone una excepción: que tanto las autoridades federales como las Fuerzas Armadas podrán poner en marcha “políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente” los riesgos a la seguridad interior.
Señala que en los casos en que las amenazas pongan en riesgo grave la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones, el presidente de la República, bajo su estricta responsabilidad, “podrá ordenar acciones inmediatas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incluidas las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas”.
Cuando las Fuerzas Federales “resulten insuficientes”, entonces intervendrán las Fuerzas Armadas. En ese caso, el presidente, a propuesta de los secretarios de la Defensa Nacional y Marina, designará a un comandante de las Fuerzas Armadas participantes, quien será el encargado de los grupos interinstitucionales que se integren. Ese jefe militar coordinará a las autoridades civiles y militares y fijará las responsabilidades de quienes participen.
En lo que llama “control” de esas acciones indica que la autoridad coordinadora informará al presidente a través del secretario de Gobernación. Además, éste “remitirá un informe” a la Comisión Bicamaral.
En un artículo transitorio que le da retroactividad a la ley, señala que las acciones que al momento de la entrada en vigor de la ley estén realizando las autoridades federales, “incluyendo las Fuerzas Armadas”, y que requieran declaratoria de protección, tendrán 90 días para cumplir con el procedimiento.
La ley no es exclusiva para para las Fuerzas Armadas. También involucra a las Fuerzas Federales y a los gobiernos federal, estatales y municipales. En el caso de los gobiernos locales, los obliga a colaborar para enfrentar la amenaza y entregar la información que les pida la autoridad federal.
Los derechos humanos, en riesgo
Desde el sexenio pasado, los comandantes de las Fuerzas Armadas han demandado una legislación bajo la cual encuadrar sus operaciones contra la delincuencia, que han ido de la mano de violaciones a los derechos humanos. La Cámara de Diputados respondió a esa exigencia y aprobó la Ley de Seguridad Interior al gusto de los militares y con el aval del gobierno de Enrique Peña Nieto, su partido y diputados de otros partidos, incluidos dos del Partido de la Revolución Democrática.
La Cámara procesó las iniciativas de ley presentadas en noviembre del año pasado por el coordinador de los diputados del PRI, César Camacho, y la diputada Martha Sofía Tamayo, y en febrero de este año por la dipu­tada Sofía González Torres, del Verde.
En la sesión de la Comisión de Gobernación con la que comenzó la aprobación de la ley estuvieron dos diputados: los militares en retiro Daniel Méndez Bazán y Carlos Federico Quinto Guillén, ambos del PRI.
El primero fue subsecretario de la Defensa Nacional, y el segundo, subsecretario de Marina. El general en retiro es el presidente de la Comisión de Defensa Nacional y el almirante retirado es secretario de la Comisión de Marina e integrante de la Comisión de la Defensa.
Aprobada la ley en la Cámara de Diputados, lo que sigue es su aprobación en el Senado, donde se espera que pase con la mayoría de votos priistas y el apoyo de senadores panistas. Superado ese trámite, Peña Nieto estaría en condiciones de promulgar la ley incluso antes de que termine este año.
En el Legislativo, la minoría busca impugnar la ley ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para lo cual se necesitará una tercera parte de los legisladores. El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, adelantó que el organismo revisará la constitucionalidad de varios artículos de la ley.
La Ley de Seguridad Interior fue aprobada en nombre de la crisis de seguridad que padece el país desde hace más de una década, cuando el entonces presidente Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico. Con el apoyo del PRI, de 14 diputados del PAN, dos del PRD y dos del Partido Encuentro Social, Peña sacó en el Congreso lo que Calderón no pudo, a pesar de la oposición de un gran sector de la sociedad civil.
Los legisladores escucharon a representantes de organizaciones no gubernamentales, pero no les hicieron caso. Tampoco a las reservas de organismos internacionales, como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, que han pedido retirar a los miliares de las tareas de seguridad pública.
Waldo Fernández, uno de los diputados del PRD que votó a favor de la ley, dice a Proceso que su apoyo se debió a que la presencia de los militares en Nuevo León redujo los niveles y la percepción de la violencia en el estado que representa. Explicó que, de facto, los militares coordinaron a las autoridades locales, a la sociedad civil y a los empresarios, “que invirtieron 20 millones de dólares para la seguridad en Nuevo León”.
El legislador considera que eso es mejor que nada, porque después de 11 años de intervención de los militares en labores de seguridad pública “la ley les da certeza a los ciudadanos y a las Fuerzas Armadas”. Añade: “No teníamos nada. El Ejecutivo federal era discrecional con el uso del Ejército y la Marina, y los Ejecutivos locales sólo se ponían de acuerdo con el presidente en turno para enviar militares a su estado. Si era de su propio partido le mandaba más fuerza que a uno de oposición. Estamos creando mayor rigidez para que esa discreción no siga en el Ejecutivo federal”.
Integrante de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, Fernández menciona que cuando Francisco Javier Cabeza de Vaca asumió el cargo de gobernador de Tamaulipas, pidió que las Fuerzas Armadas dejaran de hacer labores de seguridad en el estado, pero después tuvo que pedir que regresaran ante el riesgo en el que habían quedado los habitantes.
Le atribuye un valor político a la legislación: “Quiero ver al gobernante que solicite la ayuda, porque estará demostrando su ineficiencia. Y si el Congreso local o el Ejecutivo federal le manda una intervención en seguridad interior, la ineptitud será más evidente”.
Para el diputado, la ley va a generar un sistema de consecuencias, no sólo para los gobernantes, sino para los propios militares, pues si en una acción muere un inocente, se identificará a todos los que participaron y ordenaron la intervención.
Ante las impugnaciones a la ley, dice que el mejor escenario era que junto a la Ley de Seguridad Interior se aprobaran también la reforma al artículo 123 para darle certeza laboral a los policías, legislar el Mando Único Policial y regular el artículo 29 de la Constitución respecto a los estados de excepción.
Jorge Ramos Hernández, diputado de Baja California por el PAN y presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados, se abstuvo en la votación por considerar que con esa ley se eludió el tema de fondo: el de la seguridad pública.
“El gran ausente en las reformas de seguridad es justamente la seguridad pública. Es una legislación aislada. Ahora va a haber un marco que genere mayores obligaciones para las Fuerzas Armadas, cuando queremos lo contrario.”
Presidente municipal de Tijuana de 2007 a 2010, en medio de la disputa entre el cártel de los hermanos Arellano Félix y el de Sinaloa, Hernández asegura que la Ley de Seguridad Interior atendió más la exigencia de una dependencia importante y no la de todos de los mexicanos de transformar las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
Señala que en el momento en que la seguridad está en su peor momento en la historia reciente, ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado hay alguna ley que toque el tema de la seguridad.
“A pesar de que la ley que se aprobó, tiene 80% de contenido nuestro; preferí abstenerme porque no quiero que, al paso de cinco o seis años, sin reforma policial, se frustre el país porque ni los militares pudieron. Me abstuve a pesar de la total simpatía con ellos, porque como alcalde no hubiera podido limpiar Tijuana.”
E ironiza: “La reforma a la seguridad quedó sepultada. Es un muerto más para la estadística de la inseguridad”.
Este reportaje se publicó el 3 de diciembre de 2017 en la edición 2144 de la revista Proceso.

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Niños de jornaleros agrícolas aportan 41% del ingreso familiar

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La violación de derechos fundamentales es la constante que sufren muchos menores jornaleros, aquí en Navolato, Sinaloa, que se ven obligados a trabajar en condiciones lamentablesFoto Leo Espinoza
Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Lunes 4 de diciembre de 2017, p. 35
Los hijos de los jornaleros agrícolas conforman un grupo especialmente vulnerable. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) calcula que 44 por ciento de los hogares de estos trabajadores cuenta con al menos una niña o un niño que labora en esta actividad y sus ingresos representan alrededor de 41 por ciento del total familiar.
La Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas señaló que el trabajo infantil agrícola es una realidad en México, pese a las reformas legislativas que se han emprendido para evitarlo.
Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el trabajo infantil agrícola pasó a tener 3 millones 832 mil niñas y niños en esas labores en 2007 y a 319 mil 45 en 2015. Las cifras indican que hay 3 millones de jornaleros agrícolas en el país, que sumado a su familia alcanzan los 12 millones de personas asociadas al trabajo asalariado en la agricultura, entre ellos los menores.
La red documentó una serie de casos de abusos contra jornaleros agrícolas y sus hijos en distintos puntos del país. Entre ellos destaca el caso de la pequeña Abigail Guadalupe: sus padres, originarios de Nahum de Chiepetepec, en Tlapa de Comonfort, Guerrero, dejaron su comunidad para incorporarse al trabajo agrícola en el campo Serrucho, en Navolato, Sinaloa.
Abigail nació a los siete meses de gestación, el 4 de marzo de 2017, en las galeras del Serrucho. Las condiciones complicaron el traslado de su madre al hospital cuando empezó la labor de parto, y tuvo que esperar horas para ser atendida. A pesar de eso la recién nacida fue enviada al Hospital General de Culiacán, donde estuvo internada y en incubadora por dos meses.
El 22 de mayo obtuvo su alta porque aparentemente estaba sana, pero la madrugada del 6 de junio, en las galeras del campo, la niña presentó complicaciones para respirar. Cuando pudieron llegar a un servicio médico la pequeña había fallecido por bronconeumonía. Los padres no recibieron apoyo de la empresa agrícola para trasladar el cuerpo hasta su comunidad de origen; por el contrario, sugirieron que la enterraran en Sinaloa. Al negarse la familia tuvo que conseguir recursos por cuenta propia.
El Unicef alertó que 44.9 por ciento de las familias jornaleras en las que está presente el trabajo infantil son indígenas. La migración supone para ellos un cambio radical en sus costumbres, cultura e idioma.
Subrayó que el problema estructural de trabajo infantil agrícola no se resuelve con la prohibición del ingreso de los menores a los campos. Mientras no se dignifiquen las condiciones laborales y el salario de sus padres, y en la medida en que las autoridades no se ocupen de entender y atender los problemas que enfrenta este sector, la prohibición es insuficiente y sólo ha agudizado la situación precaria de las familias jornaleras y las expone a recurrir a otro tipo de mecanismos para asegurar la subsistencia en sus lugares de origen y destino.
Una de las recomendaciones de la red es que se elaboren políticas públicas, junto con las organizaciones civiles y los jornaleros, para que prevengan la explotación laboral, la trata de personas y el trabajo o servicios forzados, con especial atención en los grupos más vulnerables, como son menores y mujeres.
 
 
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CNDH emite recomendación por condiciones precarias de jornaleros agrícolas en Coahuila

 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La queja de un jornalero por las condiciones de trabajo y de seguridad e higiene de las habitaciones donde pernoctaba en un campo agrícola en Coahuila, derivó en una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al gobierno de la entidad, ahora a cardo de Miguel Riquelme.
La recomendación 60/2017, también alcanzó a los secretarios de Desarrollo Social (Sedesol), Luis Miranda; del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, así como al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Mikel Andoni Arriola Peñalosa.

Tras una investigación, la CNDH comprobó omisión de autoridades federales y estatales de inspeccionar y adoptar medidas legislativas, administrativas, económicas, educacionales y sociales lo que dio lugar a la violación de los derechos humanos al trabajo, a la seguridad social, a un nivel de vida adecuado y al interés superior de la niñez de personas jornaleras agrícolas.
Y es que el organismo nacional advirtió que la Secretaría del Trabajo de Coahuila identificó a una persona de 12 años de edad que laboraba como jornalero agrícola, lo retiró de sus labores y le garantizó una liquidación.
Sin embargo, la CNDH señaló que con ello confirmó que la autoridad local omitió adoptar acciones para prevenir el trabajo infantil en condiciones contrarias a la ley e implementar aquellas correctivas, respecto de los patrones y empresas agrícolas, ya que el trabajo agrícola “es considerado una labor ardua que puede tener repercusiones en el desarrollo integral de la niñez y, por ello, resulta contraria al interés superior de la misma”.
Luego de analizar las evidencias del expediente, la CNDH advirtió falta de coordinación interinstitucional que favorezca la implementación de acciones “puntuales, eficaces y eficientes” para atender la problemática de las personas jornaleras agrícolas, residentes o migrantes, en un determinado territorio.
Además, omitió realizar un diagnóstico para identificar causas, problemas y áreas de oportunidad para canalizar estratégicamente los apoyos individuales y colectivos, así como los programas sociales y de infraestructura, para lo cual es importante integrar sistemas de información que permitan tener padrones específicos.
“Las omisiones detectadas confirmaron el incumplimiento de las obligaciones que le son atribuidas a autoridades del orden federal y del estado de Coahuila para garantizar de manera efectiva los derechos humanos de esa población, lo cual refleja una violación directa respecto de las personas jornaleras agrícolas en general y de las personas indígenas, mujeres y niñez en particular en los ámbitos estructural y cultural”, subrayó la CNDH.
Por ello, la CNDH recomendó al gobernador de Coahuila integrar un padrón de empresas y patrones agrícolas en la entidad; conformar un grupo de trabajo interdisciplinario que incorpore autoridades federales competentes para elaborar un diagnóstico de la situación socioeconómica y laboral de las personas jornaleras agrícolas, para iniciar un programa emergente de trabajo.
Asimismo, instruir a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado para que incremente las inspecciones anuales, fortalezca la vinculación con autoridades federales e inicie los procedimientos administrativos respecto de los patrones o empresas agrícolas que incumplan con sus obligaciones laborales.
Además, le recomendó fortalecer las campañas de sensibilización e implementación de distintivos relacionados con la erradicación del trabajo infantil entre los patrones y las empresas agrícolas.
Al titular de la Sedesol, Luis Miranda, le requirió celebrar convenios en beneficio de la población jornalera agrícola en la entidad, o actualizar los existentes; vigilar las instancias ejecutoras del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) y supervisar el otorgamiento de apoyos para la instalación y/o mejora de albergues, para el arribo, alimentación y/o educación de personas jornaleras y sus familias, así como ver nuevos casos susceptibles de incorporarse a esos beneficios.
Al titular de la STPS le recomendó instruir a su Delegación Federal para que, en coordinación con el gobierno de Coahuila, coadyuve en la elaboración de un padrón de empresas y patrones agrícolas en la entidad; impulse un Programa de Movilidad Laboral; fortalezca las acciones para prevenir y erradicar el trabajo infantil, y colaborar con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria para que todas las empresas agrícolas se incorporen de manera obligatoria a los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación en la Producción Primaria de Vegetales y el Buen Uso y manejo de Agroquímicos.
Finalmente, al director general del IMSS le pidió instruir a su delegado en Coahuila para que colabore en la elaboración de un padrón de empresas y patrones agrícolas; establezca un programa anual de visitas y, en su caso, inicie los procedimientos administrativos por incumplimiento de la normatividad en materia de seguridad social.
También le solicitó participar con las autoridades federales y locales en las visitas e inspecciones que realicen en materia laboral, y en el intercambio de información, así como instruir programas continuos de difusión multiculturales para que los trabajadores agrícolas se afilien e incremente el número de personas aseguradas. Finalmente le solicitó hacer la difusión entre los trabajadores de sus derechos laborales y de seguridad social, y habilitar mecanismos de recepción de denuncias.

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México e India encabezan la lista de países que se abren al trabajo flexible


Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Lunes 4 de diciembre de 2017, p. 12
Para las generaciones de jóvenes mexicanos que se están incorporando a algún empleo privarán los trabajos flexibles, catalogados como nextgen work, es decir, freelance, de medio tiempo, temporales, por contrato, por honorarios, que podrán realizar desde sus domicilios por horas y sin contratación colectiva, prestaciones y plazas fijas.
México e India están liderando el camino hacia una mayor apertura al empleo freelance, revela una encuesta realizada por Manpower Group en 12 países.
Se trata de una nueva era laboral, en la que las personas ya no estarán en una oficina de por vida, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, ni tendrán contratos colectivos y prestaciones. Es decir, la seguridad de los empleos fijos para los nuevos trabajadores se acabó. Tendrán contrataciones temporales y con la única perspectiva de lograr un buen sueldo, pero sólo eso, sin pago de beneficios, como vacaciones, aguinaldos y esquemas de ahorro.
Señala que dichos esquemas no sólo son para los millennials, sino incluso para trabajadores de más de 50 años que ahora están abiertos a esa posibilidad, la cual es un fenómeno global.
La investigación El crecimiento del trabajo Nextgen plantea que actualmente los empleados más jóvenes han tenido el mismo número de trabajos que sus padres en toda su vida, lo cual identifica un cambio hacia nuevas maneras de incorporarse al mundo laboral, lo que les funciona tanto a las personas como a las empresas.
Indica que gran parte de los empleos generados durante los pasados 15 años se han dado de manera alternativa, no tradicional. No todos desean comprometerse únicamente como trabajadores de tiempo completo y las organizaciones tampoco lo quieren, porque significa menos responsabilidad laboral.
Los millennials más jóvenes, de 18 a 24 años, lo que valoran es la remuneración, el aprendizaje para irse a otro empleo y luego otro. De esa manera consideran que avanzan en sus carreras profesionales.
Los boomers, de 50 a 65 años, están tomando un segundo aire y se encuentran abiertos a los empleos freelance. Los trabajadores en general, tanto hombres como mujeres, buscan flexibilidad de horarios y entornos de menor estrés.
México es una de las naciones que están a la cabeza del empleo flexible, como establece la pasada reforma laboral de 2012, en la cual se abrieron las puertas para que los trabajadores laboraran bajo esquemas de contratos por horas, temporada, a prueba, por capacitación y demás.
De acuerdo con el informe de Manpower Group, de las casi 10 mil personas que fueron encuestadas, 38 por ciento estaba motivado a tener un empleo NextGen por el ingreso, 33 puntos porcentuales por desarrollar nuevas habilidades y 32 por ciento por tener mayor control de su tiempo.

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Multan a yaquis por no terminar consulta sobre acueducto


Cristina Gómez Lima
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 4 de diciembre de 2017, p. 30
Cajeme, Son.
Yaquis del municipio de Cajeme informaron que el juzgado décimo federal les impuso una multa equivalente a mil salarios mínimos por no concluir la consulta a la etnia sobre la construcción del acueducto Independencia, como ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En conferencia de prensa, los líderes indígenas Mario Luna Romero, Tomás Rojo Valencia y César Cota Tórtola expresaron su descontento y amenazaron con protestar por las presiones de la SCJN. Rojo agregó que en un oficio exigieron no hacer efectiva la sanción.
Añadió que las propias autoridades han presionado para que la consulta no se lleve a cabo, lo que permitiría realizar la obra para llevar agua del sur de Sonora a Hermosillo, la capital.
Esta coacción, consideró, viola los protocolos y principios de la consulta, que debe ser libre e informada. Sostuvo además que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha tergiversado documentos para descartar el peritaje del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el cual demostró que la operación del acueducto ocasiona daños irreparables a la tribu.
Como la consulta no ha concluido, no se expide la manifestación de impacto ambiental de la obra, que sigue siendo ilegal. La consulta es sólo un trámite administrativo para poder otorgar la manifestación de impacto, dijo Tomás Rojo.
Por otra parte, los yaquis consideraron inadmisible que un juez federal absolviera al ex gobernador Guillermo Padrés Elías de las acusaciones de delincuencia organizada. ¿Cómo es posible que se libere a alguien que ha hecho tanto daño a la tribu y al estado?, preguntó César Cota, capitán de la comunidad Loma de Guamúchil.

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Diputados de SLP se autorizan casi $500 mil de aguinaldo… ¡y piden un adelanto!

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. (apro).- Además de que diputados del Congreso del estado, pertenecientes a distintos partidos políticos, se asignaron aguinaldo de casi 500 mil pesos cada uno, 10 de ellos solicitaron anticipos por un monto total de 1.4 millones, que les fueron entregados sin problema alguno en septiembre y octubre.
De acuerdo con los datos de la organización ciudadana por la transparencia Ciudadanos Observando, cada uno de los integrantes de la actual legislatura local potosina recibirá de aguinaldo lo equivalente a 90 días de dieta; un mes y medio de ingresos ‘extras’.

La organización desplegó una campaña en protesta por este elevado monto, que además diez de ellos han cobrado de manera parcial anticipadamente.
Por lo menos dos diputadas, Josefina Salazar Báez, del PAN, y Lucina Nava, de Movimiento Ciudadano, pidieron anticipo en los dos meses por distintos montos y lo obtuvieron.
El diario digital Astrolabio exhibió la lista de cheques correspondientes a los egresos del Congreso del estado en esos dos meses, en las que se incluyen los “anticipos del aguinaldo” para los legisladores.
Esto a pesar de que diputadas y diputados tienen una dieta neta superior a los 84 mil pesos mensuales, otros 36 mil pesos para gastos médicos menores y este año recibieron vehículos nuevos –rubro al que se destinaron 6 millones de pesos-, reportó Ciudadanos Observando, cuyos integrantes han documentado también el uso de facturas apócrifas por varios de los legisladores que solicitaron este anticipo, para la comprobación de la supuesta ayuda social que otorgan con recursos públicos.
En septiembre, se entregaron anticipos por concepto de aguinaldo por un monto total de 930 mil pesos.
La lista la integran la diputada Dulcelina Sánchez de Lira del PRD (20 mil pesos); Jesús Cardona Mireles, de Morena (200 mil pesos); Ricardo García Melo, de Nueva Alianza (220 mil pesos); Sergio Desfassiux Cabello, también del PRD (200 mil pesos en dos exhibiciones ese mismo mes).
Otro perredista, Juan Alejandro Méndez Zavala, suplente del diputado Guadalupe Torres, quien pidió licencia tras aparecer como involucrado en la denominada “Ecuación de la corrupción” por el cobro de moches a alcaldes, solicitó también un anticipo de 100 mil pesos, y la diputada del PAN Josefina Salazar Báez recibió 60 mil pesos.
Ese mes, los panistas Josefina Salazar y Héctor Mendizábal pidieron además anticipos de sus dietas, por 29 mil y 30 mil pesos, respectivamente.
Para octubre, se presentaron nuevas solicitudes y resultaron favorecidos con anticipos seis diputados, que en total requirieron de 474 mil pesos:
De nuevo la diputada Dulcelina Sánchez de Lira, (20 mil pesos); Oscar Vera Fabregat, del Partido Conciencia Ciudadana (50 mil pesos); Lucila Nava (74 mil pesos); el diputado del PRI Gerardo Limón Montelongo (150 mil pesos); y los panistas Josefina Salazar Báez y Héctor Mendizábal Pérez (150 mil y 30 mil pesos, respectivamente).

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REALIZARÁN EN ARGENTINA LA CUMBRE DE LOS PUEBLOS EN RECHAZO A LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES DE EMPOBRECIMIENTO

DECLARACION
LOS PUEBLOS NOS PONEMOS DE PIE FRENTE A LA REUNION DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC) EN BUENOS AIRES
 
Las organizaciones y redes sociales, sindicales, de derechos humanos, territoriales, estudiantiles, de mujeres, políticas, campesinas y anti-extractivistas reunidas el 24 de junio en Buenos Aires en el  Encuentro Nacional contra la Organización Mundial de Comercio,  llamamos a los pueblos del mundo a movilizarse en el marco de la XI° Reunión Ministerial de la OMC, que tendrá lugar en Argentina entre los días 10 y 13 de diciembre de 2017.
Para ello, convocamos a realizar una  Cumbre de los Pueblos  en la ciudad de Buenos Aires que colabore en la articulación de la resistencia contra el llamado “libre comercio” que sólo genera políticas de explotación y expoliación de nuestros pueblos y de la naturaleza, y que avance en visibilizar y discutir las alternativas a este sistema productivo y comercial. 
Entendemos que  la lucha contra la OMC es global y lleva una rica historia de movilizaciones y articulaciones , ya que esta institución representa los intereses de las empresas transnacionales y no los derechos ni las necesidades de los pueblos. Un hito en el proceso de descrédito ha sido la movilización de las organizaciones sociales que en 1999 pusieron en evidencia los impactos negativos del proyecto de liberalización comercial durante la reunión de la OMC en Seattle, EEUU, y que inspiró a un amplio movimiento de resistencias anticapitalistas en todo el planeta. Cuatro años después, la gran movilización popular durante la Reunión Ministerial de la OMC en Cancún también significó un avance en la resistencia contra la agenda del gran capital transnacional.
Pretendemos, asimismo,  que la lucha contra la OMC adopte un fuerte carácter regional , sumándose en la recuperación de nuestra valiosa historia de organización social y política contra las múltiples formas de dominio que fue adquiriendo el capital en los últimos años.  La lucha contra el ALCA fue un proceso destacado de articulación continental , y la Cumbre de los Pueblos de Mar del Plata en 2005 habilitó avances importantes en la discusión de alternativas de integración. Más de diez años después,  es necesario que volvamos a juntar nuestras luchas para movilizarnos contra la libertad corporativa y los privilegios de los inversionistas en la región . La libertad debe ser para las personas: la libertad de movilidad para los trabajadores, y no para los empresarios e inversionistas que especulan con nuestras riquezas sociales y naturales.  En este contexto debemos discutir nuevamente la cuestión de las alternativas populares y la urgente necesidad de avanzar en proyectos que construyan nuevas formas de relaciones entre nuestros pueblos, que sean solidarias y complementarias.
Comprendemos también que  veinte años de tratados de  libre ”  comercio (TLC) en la región muestran los efectos nefastos de la desregulación y del avance de los privilegios corporativos sobre nuestros pueblos y el medio ambiente .  Frente a esto, es hora de avanzar en las alternativas  sociales, políticas,  económicas, feministas y ambientalistas que pongan fin a la impunidad corporativa, den primacía a los derechos humanos y garanticen la armonía con el medio ambiente. También es necesario revertir el desguace de las políticas e instituciones, como el ALBA-TCP, el CELAC, la UNASUR, que de diversos modos intentaron favorecer una mayor integración y complementariedad regional.  Rechazamos la agenda de “libre” comercio y protección de inversiones en todas sus formas , sea mediante acuerdos bilaterales o inter-regionales (como el tratado entre la UE y el Mercosur, que se intenta cerrar para diciembre de este año) por medio del ámbito multilateral como la OMC o por decisión de grupos como el G-20. 
Proponemos avanzar en la re-articulación de las agendas y las campañas de las organizaciones sociales y políticas, tanto en nuestro país como en la región y a nivel global.  Es por esto que,  desde este Encuentro Nacional, realizamos un llamamiento  a todas las organizaciones y pueblos de Argentina y del mundo,  a participar activamente en la organización y desarrollo de la Cumbre de los Pueblos en Buenos Aires entre los días 10 y 13 de diciembre de 2017 , para oponernos al régimen que la OMC impulsa a nivel global y pensar y discutir alternativas al capitalismo desde nuestros pueblos. Juntos/as, podemos construir esos otros mundos posibles.
¡La lucha es global!
¡Abajo los tratados de libre comercio que someten a los pueblos!
¡Exigimos acuerdos solidarios para el comercio entre los pueblos!
En 2017, ¡hagamos un nuevo Seattle en Buenos Aires!
 
 
Adhesiones: 48 organizaciones sociales, 73 organizaciones de las Américas, 52 organizaciones argentinas, 38 organizaciones de otros continentes, 5 instituciones académicas y 56 particulares.

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Maduro enfrentará el bloqueo de EU con el "petro", nueva moneda virtual

Afp y Reuters
 
Periódico La Jornada
Lunes 4 de diciembre de 2017, p. 26
Caracas.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció este domingo la creación del petro, una moneda virtual respaldada por la riqueza petrolera del país sudamericano para enfrentar el bloqueo financiero de Estados Unidos impuesto en agosto.
“Quiero anunciar que Venezuela va a implementar un nuevo sistema de criptomoneda a partir de las reservas petroleras. Vamos a crear el petro para avanzar en materia de soberanía monetaria, para hacer transacciones financieras, para vencer el bloqueo”, anunció Maduro en su programa dominical de televisión.
Venezuela incursionará en el mercado de las monedas virtuales con el petro, ante la devaluación de 95.5 por ciento del bolívar (su moneda), y sus graves problemas de liquidez provocados por la crisis política y económica que atraviesa el país petrolero, aunado al bloqueo multinacional que le cerró el acceso a los mercados financieros internacionales, hecho que le impide mitigar su déficit fiscal, estimado en unos 12 mil millones de dólares para 2018.
Las sanciones internacionales contra Caracas también complicaron sus operaciones de comercio exterior y los planes de Maduro para renegociar la deuda externa soberana de Venezuela, de unos 150 mil millones de dólares y de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la inflación en Venezuela superará 2 mil 300 por ciento en 2018.
Ante esta crisis, el petro estará vinculado a la riqueza gasífera y a las existencias de oro y diamantes, además del petróleo, del cual Venezuela posee las mayores reservas del mundo, indicó Maduro.
Esto nos va a permitir avanzar hacia nuevas formas de financiamiento internacional para el desarrollo económico y social, subrayó el mandatario, quien revisará todos los contratos de petróleo y cargos directivos en medio de la purga en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) tras los escándalos de corrupción que llevaron a la cárcel a un ex presidente de la firma estatal y a un ex ministro de Petróleo: Nelson Martínez y Eulogio Del Pino, respectivamente.
Maduro también anunció la creación del observatorio del blockchain, que es la plataforma más segura de software para para comprar y vender monedas virtuales.
Lo anterior, en momentos en que el país y PDVSA fueron declarados en default parcial por un grupo de acreedores y agencias calificadoras por pagos atrasados de capital e intereses de bonos por 90 mil millones de dólares.
El tema de las monedas virtuales no es nuevo para Venezuela, considerado por especialistas como un paraíso para producir la principal moneda virtual, el bitcoin (11 mil 300 dólares por unidad) por los ínfimos costos de la energía.
Los analistas estiman que decenas de miles de personas realizan esta actividad en el país para protegerse de la inflación, pues pueden cambiar sus ganancias por dólares o más bitcoins.
 
 
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