viernes, 8 de diciembre de 2017

Licitarán línea eléctrica para conectar BC con el resto del país

La Secretaría de Energía conducirá por primera vez en su historia una licitación, para la primera línea de transmisión de corriente directa de alto voltaje que conectará al sistema aislado de Baja California con el sistema nacional.


Foto EE: Archivo

La Secretaría de Energía conducirá por primera vez en su historia una licitación, para la primera línea de transmisión de corriente directa de alto voltaje que, a través de 1,400 kilómetros de ida y vuelta, conectará al sistema aislado de Baja California con el Sistema Interconectado Nacional.
En enero del próximo año, publicará la convocatoria para que empresas y consorcios privados nacionales y extranjeros realicen una inversión cercana a 1,711 millones de dólares, para operar esta red que durante 30 años transmitirá hasta 1,500 megawatts desde Mexicali, Baja California, hasta Hermosillo, Sonora.
El gobierno, a través del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) realizará el pago anual del servicio al ganador de la licitación, conforme a la tarifa establecida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Según las prebases de este concurso publicadas ayer, se espera la presentación de propuestas en julio del próximo año, para que en septiembre se adjudique en proyecto, que debe entrar en operación en el primer cuatrimestre del 2021.
kgarcia@eleconomista.com.mx
erp

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Ser contratistas no quita derechos laborales a hermanos asesinados: Sindicato Minero


Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Jueves 7 de diciembre de 2017, p. 14
En el conflicto de mineros de Media Luna con la empresa canadiense Torex Gold Resources, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, y el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, por ignorancia o por mentira han señalado que Marcelino y Víctor Sahuanitla Peña, asesinados en una refriega que se cometió contra los sindicalizados, no eran trabajadores de dicha compañía.
Sin embargo, el Sindicato Nacional de Mineros asegura que de acuerdo con credenciales y documentos expedidos por dicha empresa, los hermanos que fueron ultimados el pasado 18 de noviembre por pistoleros pagados por un gremio de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), en Azcala, Guerrero, sí laboraban ahí.
El conflicto en dicho yacimiento devino luego de que los mineros empezaron un paro de labores en demanda de que se les respete su libertad sindical, ya que quieren adherirse al gremio que encabeza Napoleón Gómez Urrutia y dejar de pertenecer a la CTM. El problema escaló cuando un grupo de golpeadores arremetió contra los trabajadores en huelga y resultaron dos muertos y varios heridos.
El Sindicato Minero planteó que el hecho de que los asesinados fueran contratistas no los hace menores en sus derechos frente a cualquier otro trabajador, pues según el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, la empresa beneficiaria es solidariamente responsable de las obligaciones laborales contraídas con todos los empleados que operan en su compañía.
Por ello, advierte, negar que los hermanos Sahuanitla eran trabajadores constituye una mentira llana, que indica que hay complicidad de las autoridades guerrerenses y laborales para favorecer a la empresa y encubrir el asesinato de estos mineros, como si fuera una disputa entre sindicatos rivales, lo cual es falso.
Recordó que Navarrete Prida declaró el 5 de diciembre que la información que él tiene es que las personas que murieron durante este conflicto no eran trabajadores mineros, pero dijo que va a platicar con los miembros de los dos sindicatos, con una mente abierta para dialogar. En tanto, Astudillo habló de que le preocupaba mucho la situación de la empresa Torex Gold en la bolsa de valores de Canadá, lo que es indignante.

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Indígenas marchan por la reconciliación entre los pueblos de Chenalhó y Chalchihuitán

 
PROCESO
 
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Unos 500 indígenas tzotziles realizaron una peregrinación esta mañana para “pedir a Dios” por la paz y la reconciliación entre los pueblos hermanos de Chenalhó y Chalchihuitán.
Encabezados por Manuel Pérez Gómez, párroco de la iglesia de San Pedro Chenalhó, los indígenas se concentraron en el crucero de Las Limas, que conecta a ese municipio con Chalchihuitán y San Cristóbal de las Casas.

En una misiva que leyeron al término de la peregrinación y oración, los indígenas hicieron votos por que cese la violencia entre ambos pueblos y haya paz para todos.
También señalaron que, independientemente de la resolución del Tribunal Unitario Agrario, deben estrechar lazos para cerrar heridas y caminar juntos, “pues el enemigo es la pobreza y la marginación” de los pueblos olvidados.

El padre Manuel Pérez Gómez llamó a sus feligreses a permanecer apartados de la violencia y orar siempre por la paz, con el fin de que una situación como la de Acteal, en 1997, no vuelva a ocurrir.
Mientras tanto, en la capital del estado, el gobierno estatal y la Federación se declararon listos para dar cumplimiento a los compromisos derivados del convenio de civilidad y respeto a la resolución del Tribunal Unitario Agrario sobre el diferendo que persiste desde hace más de 40 años entre los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán.
En seguimiento a la reunión celebrada el martes en la Segob, en la que estuvo presente el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, y funcionarios federales, encabezados por el subsecretario de Gobierno, René Juárez Cisneros, iniciaron los preparativos al fallo del Tribunal Agrario, que incluyen acciones conjuntas para que la situación que prevalece entre ambos municipios se conduzca por una ruta que lleve a una solución de fondo.
Respecto del fallo, Gómez Aranda explicó que quienes no sean beneficiados con la decisión del Tribunal, recibirán apoyos económicos directos, además de contar con vivienda digna y proyectos productivos que permitan el autoempleo, y que cada familia pueda contar con un ingreso seguro.
Tras concluir la reunión de trabajo con delegados federales, Gómez Aranda aseguró que ambos municipios seguirán recibiendo toda la ayuda necesaria para que las familias de esta región puedan salir adelante con el respaldo de las instituciones del Estado.

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Desaparecerán JCA hasta que cierren miles de juicios: STPS


Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Jueves 7 de diciembre de 2017, p. 14
Las juntas de Conciliación y Arbitraje no desaparecerán hasta que se resuelvan todos los juicios que están en proceso en estas instancias, entre ellos cerca de 50 mil amparos, y hasta que se aprueben y pongan en vigor las leyes secundarias de la reforma en materia de justicia laboral, sostuvo el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida.
Dijo que aunque estaba previsto que en febrero de 2018 desaparecerían estas instancias, tanto a nivel federal como locales, no será posible hasta que se dé salida a los miles de juicios que están en curso.
En la presentación del Informe de Labores 2017 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), Navarrete sostuvo que en primera instancia, el Poder Legislativo tiene que aprobar las leyes secundarias de la reforma, y lo que se observa es que el periodo de sesiones se está acortando y no dará tiempo de sacar adelante estos ordenamientos.
Tribunales laborales partirán de cero
El Senado tiene mucho qué discutir, y en este momento no hay la certeza de que se pueda sacar adelante este tema, por lo que las juntas seguirán trabajando normal hasta que se aprueben las nuevas leyes en la materia.
Destacó que los tribunales laborales del Poder Judicial, que se crearán para sustituir dichas instancias, partirán de cero, empezarán con nuevos sistemas, es decir, no heredarán el cúmulo de expedientes laborales.
Por otra parte, aseguró que están garantizados los derechos de los trabajadores que interpusieron juicios, querellas y demandas ante estas instancias, y que habrá certeza y seguridad jurídica en la resolución de estos conflictos.
En el proceso de transición hacia las nuevas instituciones que se concreten a partir de la aplicación de la reforma en materia de justicia laboral, se salvaguardarán los derechos de los trabajadores de la Junta Federal, apuntó.
Por su parte, la presidenta de la JFCA, Aurora Cervantes Martínez, señaló que hay inquietud entre los trabajadores del organismo respecto de su situación laboral, por lo que se reitera que están garantizados sus derechos. Además, apuntó que como hay cerca de 400 mil juicios por desahogar, ¡hay junta para rato, pues en cinco años se logró concluir medio millón de querellas y rescatar 135 mil millones de pesos en favor de los trabajadores.

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Comunidades indígenas de Puebla logran suspensión de gasoducto Tuxpan-Tula

 
PROCESO
 
PUEBLA, Pue. (apro).- Las poblaciones indígenas de Cuatepec, en el municipio de Tlacuilotepec, y San Pablito, en Pahuatlán, lograron triunfos legales contra la construcción del gasoducto Tuxpan-Tula que erige la empresa TransCanada y que impactará a 459 localidades de Hidalgo, Estado de México, Veracruz y Puebla.
El Juzgado Tercero Distrito en Materia Civil con sede en Puebla ordenó la suspensión de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y de la Evaluación de Impacto Social de dicha obra, así como del proceso de consulta que supuestamente había iniciado la Secretaría de Energía entre los pobladores de la localidad de San Pablito para respaldar el paso del gasoducto por esa comunidad.

Por su parte, el Juzgado Segundo de Distrito concedió la suspensión a favor de pobladores de Coatepec, en la zona norte de Puebla, por lo cual la empresa canadiense, a través de su filial mexicana Transportadora de Gas Natural de la Huasteca y la subcontratista italiana Bonatti, no podrán continuar con la construcción del ducto en el lugar.
El abogado Raymundo Espinoza Hernández dijo que el juzgador determinó que, en el caso de la MIA, no se tomaron en cuenta afectaciones a manantiales, flora y fauna endémica y otros impactos que tendrá el gasoducto en todo su trayecto.
Respecto a la Evaluación de Impacto Social, quedó en suspenso porque en el estudio realizado no se tomó en cuenta el desplazamiento de familias que conlleva esta obra, sobre todo, porque en el trazo propuesto el gasoducto atraviesa casas y patios o pasa por lugares cercanos a los manantiales de los que depende el abasto de las poblaciones.
En el caso de las consultas a las poblaciones, el litigante explicó que estas se han querido hacer a base de presiones, engaños, manipulaciones, sin la información suficiente sobre el proyecto y hasta agresiones contra los pobladores opositores a la obra.
Espinoza Hernández indicó que están en trámite varios juicios de amparo contra este gasoducto. Incluso, uno pide la cancelación definitiva de la obra, pues su misma planeación “está llena de irregularidades y no todas pueden ser subsanadas”.
Para el caso de Puebla, explicó están en proceso tres juicios de amparo interpuestos por pobladores de Chila de Juárez, municipio de Honey; San Pablito, en Pahuatlán y Cuautepec, en Tlacuilotepec, todos ubicados en la Sierra Norte de esta entidad.
“En muchas de estas comunidades hay casos donde el gasoducto atraviesa por las salas o baños de las casas, lo cual significa que se van a tener que destruir, porque el ducto mide un metro de diámetro, pero debe tener 50 metros de protección a cada lado, por lo que esas casas serán destruidas y no aparecen en la evaluación de impacto que presentaron”, explicó el abogado.
Confirman suspensión
Respecto al juicio interpuesto por pobladores de Cuautepec, el Juez Segundo de Distrito concedió desde un principio la suspensión provisional, tanto en el procedimiento de consulta a los pobladores, como de la construcción del gasoducto. La medida fue confirmada esta semana y hasta que concluya el juicio.
En cuanto a la demanda interpuesta por pobladores de San Pablito, a mediados de noviembre el Tribunal Colegiado de Circuito ordenó al Juzgado Tercero de Distrito otorgar la suspensión provisional y la semana pasada se confirmó la resolución.
“En este momento, la empresa no puede construir el gasoducto en estas dos localidades porque violaría el ordenamiento judicial. Y si en un momento dado, la empresa busca otro trazo que no sea pasar por ahí, lo podría hacer, pero eso implica volver a tramitar todos los permisos, lo cual le retrasaría varios meses”, según el abogado Raymundo Espinoza.
“Esto quiere decir que, si bien la empresa tenía el compromiso de entregar la obra el 1 de enero de 2018, esto ya no lo van a poder cumplir por las suspensiones que ya tenemos, pero además, porque no lograron tener los permisos de todos los propietarios de terrenos, ni hacer todos los cambios de uso de suelo que requerían”, agregó.
Luego, adelantó que presentarán otras cuatro demandas antes de que concluya el año a nombre de pobladores de otras localidades. La estrategia, dijo, será sumar más demandas, al menos cinco por mes, para detener la obra.
El gasoducto Tuxpan-Tula, de más de 270 kilómetros de longitud, atravesaría las sierras Norte de Puebla y Otomí-Tepehua en Hidalgo, dos de los últimos reductos de bosque mesófilo de montaña del país.
Según la resolución emitida por el Juez Tercero de Distrito con sede en Puebla, la suspensión del proceso de consulta a la población de San Pablito es para que los afectados reciban información “completa y pertinente” respecto al proyecto, así como del impacto socio-ambiental derivado de su construcción y operación.
El juez aclaró que, de no ordenarse la suspensión de la obra, se violaría de manera irreparable los derechos a la “libre autodeterminación, autonomía, biodiversidad, agua, identidad cultural, información, participación en asuntos públicos, consulta y consentimiento” de los pobladores otomíes de San Pablito, dedicados principalmente a la elaboración del papel amate y de artesanías con chaquira.
Desplazamiento
Habitantes de las localidades afectadas denunciaron que en los últimos meses han sido objeto de múltiples presiones de autoridades de todos los niveles, en especial de la Secretaría de Energía, para que no se opongan al proyecto del gasoducto.
Lorenzo Vargas Donaciano, habitante de Cuautepec, denunció que ha recibido amenazas e intentos de agresiones por manifestar su defensa al territorio.
Refirió que el trazo que ha seguido hasta ahora el ducto está en razón de otros posibles megaproyectos en la Sierra Norte de Puebla, pues se acerca a lugares donde se sabe que han detectado yacimientos de minerales y otros recursos.
“Por eso no viene derechito la línea, han hecho unas curvas, ya no tanto por la tubería, sino por lo que tiene el subsuelo”, aseguró.
Oliveria Montes Lazcano, del Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio, precisó:
“El gasoducto nosotros lo consideramos sólo la puerta de entrada, porque sabemos que después viene la minería, la fractura hidráulica y demás proyectos que tienen planeados para esa zona. Lo que buscan a fuerza es el desplazamiento, al pasar por las casas y dejarnos sin nuestras fuentes de agua. Buscan el desplazamiento de las comunidades para que se puedan llevar todo lo que hay”.
También denunció que hay múltiples casos de pobladores que entregaron sus escrituras a representantes de la empresa o del gobierno que fueron a sus casas y les ofrecieron comprarles, pero a la fecha no han vuelto a presentarse ni les han pagado nada. Ahora esas familias viven en la incertidumbre.
Salvador Aparicio, habitante de Chila de Juárez, dijo que hay versiones de que representantes de la empresa TransCanada han ofrecido un millón de pesos a habitantes de la localidad para convencer al mayor número de gente para votar en la consulta a favor de la construcción del ducto y a la venta de sus propiedades.
“Al grado que ya hay gente que tratan de agredir a los que no quieren aceptar”, reveló.
Por último, mencionó que los representantes de la empresa se han llevado a grupos de pobladores para mostrarles las zonas donde ya está instalado el gasoducto y, supuestamente, probarles que no habrá afectaciones. Pero en lugar de eso, los llevan a comer y a ingerir bebidas alcohólicas para convencerlos.

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Destrucción y saqueo de comunidades ha generado la construcción del aeropuerto

Enrique Méndez y Roberto Garduño
 
Periódico La Jornada
Jueves 7 de diciembre de 2017, p. 17
Pobladores de Atenco, Texcoco y municipios de esa región del estado de México, aledaños a las obras del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, denunciaron ante la Cámara de Diputados que la construcción no sólo ha derivado en la expropiación de sus tierras, sino también en la destrucción y saqueo de los cerros en los que se extrae tezontle, material que sirve como basamento.
Durante la reunión de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que da seguimiento a la obra, representantes de esas comunidades entregaron un documento en el cual señalan el saqueo realizado por empresas subcontratadas por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) y que han causado un daño irreversible a los habitantes de Tepetlaoxtoc, Texcoco, Tezoyuca, San Martín de las Pirámides, Nopaltepec, Temaxcalapa, Otumba, San Vicente Chicoloapan, Chimalhuacán, Tecámac, Acolman y Axapusco.
La comisión exigió que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) exhiba cuanto antes los permisos y estudios de impacto ambiental relacionados con el proyecto aeroportuario y exhortó al GACM no minimizar los daños que se ha ocasionado a la población.
El presidente de esa instancia legislativa, Rafael Hernández Soriano (PRD), consideró necesario que para ventilar este tipo de casos se constituya una mesa de trabajo permanente que incluya a los desarrolladores de la obra, ciudadanos afectados, autoridades, legisladores, especialistas y académicos, con objeto de atender y desahogar cualquier tema relacionado.
También criticó que el secretario de Comunicaciones Gerardo Ruiz Esparza no haya respondido a la solicitud de los diputados para realizar un recorrido conjunto por las comunidades que resultan afectadas por la intensa explotación de las minas de tezontle, e incluso por los vertidos de lodo contaminado extraídos de las excavaciones en el lugar de la obra, y constatar los daños al medio ambiente y al patrimonio arqueológico de la zona.
Consideró que en esa mesa de trabajo se podría revisar toda la documentación aportada para confirmar la legalidad de las expropiaciones y de la propia obra, así como atender las quejas de la población y también permitir a la comisión el cumplimiento de su objetivo de dar seguimiento al proyecto más costoso del actual gobierno federal.
Ante las críticas y quejas de las comunidades el responsable de medio ambiente del GACM, Alejandro Vilches, reconoció que ante diversas anomalías se tuvo que clausurar más de un centenar de minas de tezontle, pero negó que el lodo depositado fuera del polígono de construcción sea tóxico, incluso atribuyó a un ingrediente emocional las quejas de los afectados.
Esa postura generó críticas de los legisladores, que rechazaron el tono del funcionario federal. Hernández Soriano exigió respeto hacia los comuneros, en especial a quienes exigieron el fin de la expropiación de sus terrenos, además del daño al patrimonio histórico y económico.
El diputado exigió respeto hacia los comuneros, en especial a quienes exigieron el fin de la expropiación de sus terrenos, además del daño al patrimonio histórico y económico.

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Las petroleras se infiltran en la lucha por el cambio climático

Las petroleras se infiltran en la lucha por el cambio climático

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Petróleos Mexicanos (Pemex) y las mayores petroleras mundiales se han coaligado en una asociación que defiende sus intereses bajo la imagen de la promoción de temas ambientales y sociales en sus operaciones.
Conservación Ambiental de la Industria Petrolera Internacional (IPIECA, por sus siglas en inglés) es la asociación global de la industria del petróleo y el gas, fundada en 1974, y cuya membresía incluye compañías petroleras, privadas y paraestatales, así como productores independientes y asociaciones regionales y nacionales.

Entre sus asociados figuran la inglesa BP, Chevron, Corporación Nacional de China de Petróleo Offshore (CNOOC, por sus siglas en inglés), la italiana Eni, la estadunidense ExxonMobil, la brasileña Petrobras, la española Repsol, la Saudita Aramco, la holandesa Shell, la noruega Statoil y la francesa Total.
Aglutina también a empresas de servicios y asociaciones de corporaciones petroleras, como el Instituto Estadunidense del Petróleo y la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi).
La asociación, basada en Londres, se enfoca en “desarrollar, compartir y promover buenas prácticas y soluciones, fortalecer y comunicar conocimiento y comprensión, el involucramiento de sus miembros y otros en la industria y el trabajo en alianza con actores clave”, según indica su portal en internet.
El “elefante en la habitación”
Los tentáculos de IPIECA llegan a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 17 metas globales sobre agua, salud, ambiente, educación y energía, a alcanzar en 2030; y el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, auspiciado por la ONU e integrado por científicos para estudiar el impacto del fenómeno y sus posibles soluciones.
Pero sus socios se encuentran bajo fuerte presión social ante la necesidad de un retiro progresivo de los combustibles fósiles para mantener el aumento de la temperatura planetaria por debajo de dos grados centígrados para 2050. La extracción y quema de petróleo y gas carga con la mayor responsabilidad en el desarrollo del cambio climático, al contribuir con la mayor porción de gases de efecto invernadero (GEI).
Para Jesse Bragg, vocero de la organización estadunidense Corporate Accountability (CA), es inaceptable el lobby petrolero en instancias como la UNFCCC.
“Es necesario sacar a esas empresas de la Convención. Sus modelos de negocios se basan en lo que debe dejar de hacerse. Si el elefante sale de la habitación, puede haber una conversación honesta sobre lo que es necesario. Si no nivelamos el terreno, difícilmente tendremos mejores políticas”, dice Bragg a Apro.
El reporte Contaminando París: Cómo los grandes contaminadores (Big Polluters) están socavando la política climática global, lanzado durante la Conferencia de las Partes de la UNFCCC (COP, por sus siglas en inglés) desarrollada del 6 al 17 de noviembre en la occidental ciudad alemana de Bonn, cuestiona duramente la injerencia corporativa en las discusiones climáticas.
“Por ejemplo, la industria de combustibles fósiles ha sabido por décadas que sus productos y prácticas eran un peligro para el planeta. Sólo 25 productores fósiles son responsables de más de la mitad de las emisiones globales, incluyendo muchas empresas que se han esforzado mucho en obstruir el avance”, cita el documento, elaborado por cinco organizaciones, entre ellas CA.
La interferencia en la política climática de ExxonMobil, BP y Chevron, recuerda el informe, se sitúa entre las mayores 10 obstrucciones en el mundo.
De hecho, ExxonMobil es uno de los nominados al salón corporativo de la vergüenza de 2017, concedido por CA.
En la COP 23, IPIECA apareció en el pabellón de negocios, patrocinado por la Asociación Internacional de Comercio de Emisiones (IETA, por sus siglas inglés), con sede en Ginebra.
IETA, según indica su página de internet, es una organización empresarial no lucrativa, instituida en 1999, para atender a las compañías participantes en los mercados de carbono y cuyo objetivo es “construir una política internacional y marcos de mercado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al costo más bajo”.
En la COP 23, IPIECA fue uno de los socios de IETA, junto a Chevron, la italiana Enel y la noruega Statoil.
Simone Lovera, directora ejecutiva de la Coalición Global de los Bosques, también cuestionó duramente los vínculos entre los Estados y las petroleras y su influencia en esferas internacionales. “Las corporaciones entregan financiamiento a proyectos climáticos y crean alianzas público-privadas. Invierten y quieren su dinero de vuelta. Antes le llamaban corrupción, ahora le llaman alianzas”, dice a Apro.
En sus documentos, IPIECA ignora el vínculo entre los combustibles fósiles y el cambio climático y la necesidad de alejarse de su explotación si el planeta quiere evitar efectos irreversibles.
Esos materiales, revisados por esta agencia, también exhiben su interés por evitar regulaciones climáticas y la importancia de tomar en cuenta las posibles consecuencias sobre la industria.
Un reporte de noviembre de 1996 sobre el simposio “Temas críticos de la economía del cambio climático”, organizado por IPIECA y realizado en París del 8 al 11 de octubre pasado, resume que las propuestas para reducciones de mediano plazo (10-20 años) en los países desarrollados, que implican límites en el uso de energía de combustibles fósiles, resultarían en “costos sustanciales” que inhibirían el crecimiento económico y afectarían negativamente el comercio, la inversión, la competitividad, el empleo y el estilo de vida en países y regiones. Más de una década después, ese argumento que aún perdura.
“Los beneficios de estas propuestas son altamente inciertos y no serían realizables durante muchos años”, señala el documento, de dos páginas y que resume las conclusiones del encuentro.
En la práctica, prosigue, las políticas gubernamentales no pueden ser ejecutadas “eficientemente como se asume en los modelos económicos idealizados” y plantea que, antes de su aplicación, deben ser evaluadas para comprobar si tienen “por lo menos alguna oportunidad de ser técnica y políticamente viable en escalas de tiempo relevantes” para el combate al cambio climático.
Por ello, los asistentes al taller, entre ejecutivos de la industria, académicos y ONG, sugieren a los hacedores de política “ser sensibles” a las implicaciones de crear nuevas instituciones internacionales o expandir las existentes encargadas de establecer, monitorear y hacer cumplir acuerdos legalmente vinculantes sobre las emisiones de los países.
“Este es un tema difícil que probablemente no sea resuelto rápidamente, pues vulnera derechos fiscales nacionales y soberanos”, concluye el sumario.
Tic-tac aterrador
IEPA pertenece desde 2003 al Pacto Global de la ONU, un conjunto de 10 principios de cumplimiento voluntario sobre derechos humanos, estándares laborales, ambiente y anticorrupción paras las empresas.
En su comunicación de cinco páginas al Pacto Global de enero de 2016, IPIECA enumera unas 30 actividades que, a su juicio, respaldan el cometido de los principios en áreas como clima y energía, ambiente y responsabilidad social.
La asociación ha desarrollado lineamientos para derrames petroleros, reporte de gases de efecto invernadero, incorporación de la biodiversidad a sus operaciones, gestión del agua, mecanismo de quejas y un programa de diligencia debida sobre derechos humanos, entre otros. Pero no incluye una medición de sus resultados.
En la medida en que el mundo considera críticamente la dependencia de los fósiles, grupos como IPIECA prestan atención a esas tendencias y buscar formas de contrarrestar cualquier política en esa dirección. En 2014, IPIECA publicó la cartilla informativa “Explorando el concepto de ‘carbono incombustible”.
En ese documento, la asociación subraya que “el petróleo y el gas son necesarios para atender la creciente demanda energética”, por lo cual se requiere de nuevos proyectos fósiles. La justificación del folleto coloca los conceptos de “carbono incombustible, “activos abandonados” y “burbuja de carbono” en “una perspectiva más amplia del sistema energético, reconociendo la importancia que el petróleo y el gas incorporan a los estándares de vida modernos, el crecimiento económico y el avance social”.
Pero tiempo después, la Iniciativa de Monitoreo del Carbono (CAT, por sus siglas en inglés) cuestionó la óptica de IPIECA, al calificarla de “complaciente” sobre el futuro del petróleo y el gas, pues subestimaba los riesgos de su modelo de negocios.
Las reservas probadas podrían ser de “bajo riesgo”, pero CAT indicó que “cada dólar derivado de dichas reservas que es reinvertido en nuevos recursos sólo traslada el valor, generalmente a 10-20 años, transfiriéndolo a proyectos futuros que se encuentran ante un riesgo mayor” por cambios en el mercado, las políticas y de tecnología. Por ello, planteó que los impactos para los modelos de negocios de las empresas de combustibles fósiles deben ser “considerados seriamente”.
Mientras el reloj climático avanza con su tic-tac aterrador, crecen los llamados para un abandono progresivo de los combustibles fósiles.
“Hay una brecha de producción, porque los países siguen planeando extracción petrolera que es inconsistente con la meta de 1.5º C”, analiza Peter Erickson, investigador del Instituto Estocolmo para el Ambiente, durante una entrevista con Apro.
El reporte Cómo abordar la producción de combustibles fósiles bajo la UNFCCC, lanzado durante la COP 23 y del cual Erickson es coautor, concluye en que el acuerdo para limitar el calentamiento global ofrece fuertes razonamientos para buscar una baja en la producción de combustibles fósiles, y no sólo en el consumo.
El Acuerdo de París, firmado por los Estados parte de la UNFCCC en 2015 y que implica metas nacionales voluntarias de reducción de emisiones, “provee de una cantidad de oportunidades” para abordar la extracción de fósiles y que incluyen la adopción de metas relacionadas con obtención de fósiles y estrategias de largo plazo, así como quitar compromisos financieros con esa industria.
Dicho informe sugiere que todos los actores involucrados en la UNFCCC deben considerar cómo integrar medidas hacia una disminución global de producción de fósiles, diseñar un plan de contracción en su extracción para 2050 y considerar un monitoreo de avance hacia esa baja.
Para mantener el calentamiento global por debajo de 2º C, 80% de las reservas probadas de petróleo deben quedar en el suelo o subsuelo
Tzeporah Berman, profesora adjunta en la Facultad de Estudios Ambientales de la Universidad de York de Canadá, afirma que llegó la hora de hablar de una reducción de la oferta de combustibles fósiles.
“No podemos depender de un mercado. Tenemos que regular la oferta y eso es lo que las empresas quieren evitar”, afirma a Apro.
Pero la industria prefiere promover mercados de carbono y tecnologías como la captura y secuestro de carbono para disminuir emisiones, como atestiguó la COP 23.

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Por el TLCAN han desaparecido 600 mil productores de leche: Álvaro González


Néstor Jiménez
 
Periódico La Jornada
Jueves 7 de diciembre de 2017, p. 18
Desde que empezó del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) 80 por ciento de productores de leche en el país han dejado esta actividad, ya que el ingreso de fórmulas lácteas ha traído una competencia desleal, además de ofrecer un producto de baja calidad, sostuvo el presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, Álvaro González.
Después de estos años podemos decir a qué sectores les ha ido bien o mal. Es indudable que al sector lechero le ha ido exageradamente mal. México renunció a aplicar aranceles y eso causa un quebranto a las arcas nacionales por más de mil millones de dólares, pero además se inventan las fórmulas lácteas, un producto que no existía y que se vende como leche.
Éstas llegaron por el TLCAN, lo que ha generado que cada año se produzca menos leche. Incluso algunos importadores compraron marcas comerciales para tener fórmulas lácteas y venderla en territorio nacional.
Explicó que en México se producen 31 millones de litros diarios, pero sólo 11 millones se comercializan como producto final. De ese total, 5 millones son fórmulas lácteas que en su mayoría llegan del extranjero. Han desaparecido más de 600 mil productores de leche y ahora quedan 150 mil por esta situación, sostuvo González.
De ellos sólo 11 mil venden a grandes empresas nacionales que ofrecen su producto en tiendas de conveniencia, mientras el resto son pequeños productores.
Recalcó que cada día se les dificulta encontrar mercado para su producto; además desde hace cuatro años tienen que vender leche a seis pesos el litro, mientras los costos ya superaron los siete, por lo que la mayoría tiene pérdidas que solventan con la venta de cabezas de ganado.
Hay quienes cuestionan esta realidad porque dudan que un negocio se pueda mantener con pérdidas tanto tiempo, pero hemos aguantado, han desaparecido alrededor de 30 mil productores por año, la actividad lechera no desaparece de un día al otro.
Agregó que actualmente se vive un mercado simulado de productos lácteos que no son leche y con los que se elaboran también sus derivados, como quesos y cremas.

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México negocia el TLC como si fuera un país pobre: Friedman


Néstor Jiménez
 
Periódico La Jornada
Viernes 8 de diciembre de 2017, p. 16
México no puede depender sólo del comercio para tener una relación a la par con otro país, sostuvo el analista geopolítico George Friedman, quien afirmó que en México no hay una real política exterior, pues sólo hay una estretegia de comercio muy general.
Durante su ponencia en la México Alimentaria Food Show, el fundador de Geopolitical Futures y de la compañía de inteligencia Stratfor dijo ayer que uno de los problemas que presenta el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), así como la mayoría de los tratados comerciales, es que no evolucionan y no se analizan metas y cambios a 10 o 30 años.
Advirtió que México ha emprendido una negociación bajo la premisa de ser un país pobre frente a dos potencias, lo que consideró perjudicial, ya que México debe plantear un escenario en el mismo nivel que los vecinos del norte y asumirse como potencia también.
Hay un consenso político en Estados Unidos y creen que el TLCAN debe existir, pero también debe evolucionar, y es ahí donde deben preguntarse ¿dónde están ustedes? (México); están en el mismo rango de Italia y Francia, pero negocian como si fueran El Salvador. Si los estadunidenses los ven como El Salvador piensan que los pueden manipular y ustedes piensan que están en un escenario desesperado, y no lo están, pero necesitan un negociador, indicó el analista internacional.
Friedman recomendó que México analice qué busca a futuro dentro del tratado y no ofrecer sólo productos agrícolas, sino posicionarse como una fuerza militar y política; sin embargo, el principal obstáculo es que ni siquiera ha planteado una política exterior con esos tres elementos ni la posición que busca tener frente a Estados Unidos.
Es importante que ustedes reconozcan cómo han evolucionado y en qué se han convertido. México no tiene una política exterior, todo lo que tienen... es cuántas bananas puedo vender a Estados Unidos y eso los deja muy vulnerables. No tienen una política exterior, sólo tienen una comercial y de lo más general. Ya no son un país pequeño pero se comportan así, y eso hace las negociaciones sean más difíciles. Esta vez el TLCAN será salvado por el Congreso de Estados Unidos, que no quiere que desaparezca, pero para dentro de cinco años México debe pensar en una estrategia política, militar y económica.
La verdad es que los gobiernos de México y Estados Unidos necesitan el TLCAN, pero no de las misma manera que hace 20 años, explicó.

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