lunes, 11 de diciembre de 2017

Exigen revisión de tarifas a la CFE


De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Sábado 9 de diciembre de 2017, p. 14
La Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) realizó un mitín en las inmediaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en Paseo de la Reforma, para protestar por lo que consideraron oídos sordos en esa empresa.
Ricardo Arenas Rodríguez , vocero de esa agrupación dijo que esta acción forma parte de una jornada de actividades en protesta porque firmamos una minuta donde se tomaron acuerdos para revisar adeudos de 70 mil familias para buscar la condonación, porque afecta nuestra economía.
Hasta el momento la CFE no ha cumplido con entregar la revisión de estos servicios para saber en qué momento habremos de definir qué es posible pagar y qué es condonable.
Reiteró que su exigencia es revisar la facturación especulativa para identificar cuál es la verdadera cantidad de consumo de energía e identificar el verdadero costo del kilowatt hora.
La ANUEE también exigió que se establezcan tarifas sociales adecuadas a sus ingresos .

Fuente

Ola de Protestas de ONGs y Sindicatos Independientes VISOS DE DICTADURA EN LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

*México es una República representativa, democrática, laica y federal, no dictatorial ni militar: art. 40 constitucional.
*Art. 40: El Poder de la Federación se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, no en una sola persona o corporación.
*Art. 39 constitucional: El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de modificar la forma de su gobierno.
*La Ley de Seguridad Interior le otorga poderes plenipotenciarios al presidente de la República.
*El presidente podrá desplegar las fuerzas armadas sólo porque sospecha que hay una amenaza y sin consultar a nadie.
*No tiene que existir una amenaza real a la seguridad interior para que las fuerzas armadas actúen...basta una sospecha.
*Quién dirigirá las acciones de seguridad interior, será un comandante militar y no habrá presunción de inocencia.
*La Ley de Seguridad Interior, tiene parecido con la ley que se frenó para suspender derechos humanos y sus garantías
.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y sindicatos independientes anunciaron la realización de manifestaciones de protesta afuera de la Cámara de Senadores a partir del martes 05 de diciembre de 2017, para reclamar que se cancelen las intenciones de ratificar la Ley de Seguridad Interior que aprobaron diputados federales el 30 de noviembre del mismo año, con la que pretenden la militarización del país y depositar el poder de decisión para desplegar a las fuerzas armadas en una sola persona, el presidente de la República, sin consultar a nadie, con lo que violentan los principios constitucionales, republicanos y democráticos.
De acuerdo al artículo 39 de la constitución política en México todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. En la Ley de Seguridad Interior, sin embargo, se elimina la consulta al pueblo y hasta la consulta a sus representantes en el Congreso de la Unión.
Prohibido olvidar, que de acuerdo a los artículos 40 y 41 de la misma constitución México es una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos, que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión y que los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática.
El artículo 49 señala que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo.
Estos principios constitucionales los mencionamos porque el jueves 30 de noviembre de 2017 los diputados federales del PRI-partido verde, nueva alianza (que dejó de abreviarse PANAL y ahora se abrevia PNA), 1 de Encuentro Social, 2 del PRD y 5 del PAN, aprobaron la Ley de Seguridad Interior en la que le otorgan poderes plenipotenciarios a una sola persona, al presidente de la República.
: El artículo 11 de la Ley de Seguridad Interior que aprobaron los diputados federales señala textualmente que: “ El Presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de las Entidades Federativas, o de su Ejecutivo en caso de receso de aquellas, la Intervención de la Federación para la realización e implementación de Acciones de Seguridad Interior en el territorio de una Entidad Federativa o zona geográfica del país, previa emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando se actualice alguna de las Amenazas a la Seguridad Interior”.
Es decir sólo porque el presidente sospeche o le hagan suponer que hay una supuesta amenaza a la seguridad interior, sin comprobarlo, podrá desplegar a las fuerzar armadas, sin consultar a nadie y unicamente deberá informar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación.
El problema mayor es que el artículo 4 autoriza a las fuerzas armadas a intervenir no sólo en la seguridad nacional, sino como policía en la seguridad interior, es decir militarizan al país, bajo el argumento de que hay una amenaza real o potencial –es decir sólo por la posibilidad de una amenaza, ni siquiera tiene que existir-. O sea que nos pueden aplicar el estado de sitio sólo por la posibilidad de una amenaza, pero la Ley de Seguridad Interior no define claramente qué es una amenaza, por lo que a criterio del presidente se decidirá qué es y qué no es una amenaza.
Esta ley deja a una sola persona o a un solo poder decidir qué es una amenaza, para usar las fuerzas armadas, impidiendo la participación del pueblo representado por el poder legislativo, con lo que trastoca el principio de República democrática que marca el artículo 40 de la constitución.
La Ley de Seguridad Interior también es violatoria del artículo 20 constitucional que habla de los derechos humanos de toda persona imputada como supuesto criminal, quien puede resultar inocente. Quién dirigirá las acciones de seguridad interior, según esa ley, será un comandante militar.
Cabe señalar que esta es la segunda ocasión que intentan depositar todos los poderes en la figura del presidente de la República y militarizar al país con una ley, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la primera ocurrió el 09 de diciembre de 2015 cuando el Senado de la República aprobó Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para suspender los derechos humanos y sus garantías, misma que se frenó en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, en 2016, pero se aprobó en la Comisión de Gobernación de esa instancia, por lo cual sólo faltan unos pasos para que se avale. (Leer Noticia Relacionada: ¿Estamos al Borde del Estado de Sitio? LA SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS NO PODRÁ DEROGARSE)
Igual que la Ley de Seguridad Interior, esa ley para suspender derechos humanos y sus garantías y avalar la militarización del país, otorga al titular del poder ejecutivo la facultad exclusiva de emitir el decreto de suspensión de garantías o derechos humanos inscritos en la constitución mexicana, deja ambiguo qué es grave peligro o conflicto, igual que la Ley de Seguridad Interior no deja fehacientemente claro qué es una amenaza. También es en su artículo 7 donde señala que respetará los acuerdos y pactos internacionales, pero en realidad los violenta. Otra coincidencia, ambas leyes se aprobaron en diciembre.

Ley de Seguridad Interior: viene el “Guadalupanazo”

 
PROCESO 
 
Ignorando a organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; haciendo a un lado los reclamos de toda suerte de agrupaciones civiles, instancias gubernamentales y reputados juristas nacionales y extranjeros; despreciando a legisladores de la oposición, así como a ciudadanos recientemente galardonados con la Medalla Belisario Domínguez y el Premio Nacional de Derechos Humanos, el Senado se apresta a dar un “Guadalupanazo” con la aprobación de la repudiada Ley de Seguridad Interior. Las presiones para que esto ocurra antes del viernes 15 se dejaron sentir la semana pasada desde Los Pinos, la Sedena y la Semar.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La semana pasada se intensificó en el Senado el cabildeo de los gobernadores del PRI y el PAN, así como la presión directa desde la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Los Pinos para que la Ley de Seguridad Interior –aprobada el 30 de noviembre en San Lázaro– sea dictaminada sin cambios y votada a favor por el pleno de los senadores antes del viernes 15.

“Nos van dar el guadalupanazo, como con la Reforma Energética”, advirtió la senadora Dolores Padierna en alusión al 12 de diciembre de 2013, cuando sus pares aprobaron los cambios constitucionales para permitir la inversión extranjera en la producción y extracción de petróleo.
Pese a la oposición generalizada a esta ley, las comisiones unidas de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos Segunda, convocaron para el martes 12, a las 9 de la mañana, a una sesión para dictaminar.
De última hora, el viernes 8 por la tarde, el presidente Enrique Peña Nieto hizo “un llamado al propio Senado” para que “amplíe los espacios de acercamiento con las distintas organizaciones de la sociedad civil (para) poder escuchar todas las voces”.
Momentos antes, al recibir el Premio Nacional de Derechos Humanos y delante de Peña Nieto, el activista Miguel Álvarez Gándara fue muy duro con la ley porque, dijo, “representa una reafirmación de la estrategia de seguridad que no funciona”. Y sentenció, en medio del aplauso generalizado: “Esta ley no debe prosperar”.
La misma bióloga e investigadora Julia Carabias, al recibir la Medalla Belisario Domínguez el miércoles 6 en la casona de Xicoténcatl en sesión solemne, urgió a los senadores a realizar un diálogo “profundo e incluyente” con todos los sectores sociales. Peña Nieto se quedó callado ante este exhorto de quien fuera secretaria de Estado durante el sexenio de Ernesto Zedillo.
La oposición a la ley ha sido prácticamente generalizada, salvo gobernadores, alcaldes o columnistas cercanos al gobierno que la apoyan, ignorando los rasgos anticonstitucionales ampliamente expuestos en todos los documentos de especialistas en derecho.
Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2145, ya en circulación

Fuente 

Empresas y líderes mineros piden garantías para que regrese Gómez Urrutia


Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Lunes 11 de diciembre de 2017, p. 16
Casi 50 empresas que tienen firmados contratos colectivos con el Sindicato Nacional de Mineros, dirigentes de secciones, fracciones y delegados de este gremio hicieron un llamado al gobierno federal para se otorguen las garantías necesarias a Napoleón Gómez Urrutia y su familia para que puedan regresar de inmediato a México.
Durante su sexta reunión anual realizada en Vancouver, Canadá, empresas y representantes de este sindicato que acudieron a la convocatoria llegaron a diversos acuerdos y analizaron el futuro de la industria nacional, la economía de nuestro país y las relaciones laborales.
Entre los resolutivos tomados destaca la solicitud de 45 empresas y 60 líderes del gremio al gobierno para el retorno de Gómez Urrutia. Además, acordaron en trabajar juntos como hasta ahora para mantener la producción, eficiencia, competitividad y empleo en el sector, así como la seguridad, los derechos y el bienestar de todos los trabajadores.
Ambas partes también señalaron que impulsarán buenas revisiones salariales, así como la educación, capacitación e integración de los trabajadores para prepararlos y que se vea reflejado en una mayor seguridad, eficiencia y productividad, que permita generar la riqueza y a ambas partes compartirla.
También se buscará que la próxima reunión sea en México ya con la presencia de Gómez Urrutia, para buscar estrategias y objetivos en común, además de encontrar el punto de equilibrio entre los factores de la producción y el trabajo.
En esta reunión se planteó que el gobierno mexicano debe ver al líder sindical como aliado, ya que la mayoría de las empresas con contratos han logrado transformaciones positivas en la seguridad, productividad y competitividad.
Otro acuerdo fue que este gremio y sus afiliados analizarán responsablemente su voto en las elecciones de 2018, por lo que exigieron una política más justa y responsable, pues creen que los políticos no deben gozar de impunidad, ni amasar riqueza personal mediante la corrupción.

Fuente

La SEP reporta alta participación en jornada de evaluación docente


 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Educación Pública (SEP) refirió por segunda ocasión una alta participación en la jornada de la Evaluación de Desempeño Docente del ciclo escolar 2017-2018 de este fin de semana, con la asistencia en 95.5% de los maestros programados en 28 entidades.
Según informó la secretaría a cargo de Otto Granados Roldán, a la segunda jornada de la aplicación del Examen de Conocimientos Didácticos y Curriculares – que es obligatorio y determina la permanencia o no de los profesores en las aulas – asistieron 34 mil 136 docentes de los 35 mil 740 programados; en su mayoría de educación primaria y sólo 56 de media superior.

De acuerdo con la información dada a conocer esta mañana, los estados que registraron una alta asistencia fueron Hidalgo con un 100%, Puebla con 99.4%, Estado de México con 99.2%, Quintana Roo con 98.8%, mientras que Aguascalientes y la Ciudad de México 98.5%.
Sin embargo, a diferencia de los resultados de la primer jornada de la semana pasada, esta vez la SEP no dio a conocer información de los estados donde los maestros desarrollan una jornada de lucha en contra de la evaluación, que es la espina dorsal de la Reforma Educativa, principalmente Michoacán Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
En el primer documento de la Secretaría de Educación Pública ya a cargo de Granados Roldán se insistió en que la aplicación de la evaluación transcurrió en un “ambiente de tranquilidad y profesionalismo”.
Cabe recordar que en su primer anuncio público luego de la renuncia de Aurelio Nuño Mayer, Granados Roldán aseguró que el objetivo de su gestión será fortalecer los “instrumentos” de la Reforma Educativa, es decir la Evaluación docente.
El próximo viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de diciembre concluirá el proceso con la Evaluación del Desempeño a docentes de Educación Especial, Preescolar, así como a docentes con funciones de Dirección y Supervisión Escolar.
“La Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas de las entidades federativas, reiteramos nuestra felicitación y aprecio por su decidido compromiso con su desarrollo profesional, a todos los docentes y técnico docentes de educación básica y media superior que acudieron a ejercer su derecho durante las dos jornadas de la Evaluación del Desempeño, y que así contribuyen a la mejora de la calidad educativa de sus estudiantes”.

Fuente

Sindicatos de universidades: habrá paro si no se cubren salarios y aguinaldos a tiempo

Arturo Sánchez Jiménez
 
Periódico La Jornada
Lunes 11 de diciembre de 2017, p. 15
Sindicatos de trabajadores universitarios del país acordaron que si no se pagan a tiempo los salarios y aguinaldos de los empleados de instituciones de educación superior públicas que están en crisis financiera realizarán un paro nacional de labores. Tomaremos medidas firmes para que los gobiernos cumplan sus compromisos, indicó en entrevista Enrique Levet Gorozpe, secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu).
La Contu está integrada por la Asociación Nacional de Asociaciones y Sindicatos de Personal Académico Universitario (Anaspau) y la Asociación Nacional de Sindicatos Administrativos Universitarios (Ansau); agrupa a empleados de más de 40 instituciones de enseñanza superior.
Levet planteó que las universidades en crisis y con un quebranto financiero brutal son: Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; Juárez Autónoma de Tabasco; Autónoma Agraria Antonio Narro, de Coahuila, y las autónomas de Zacatecas, Guerrero, Morelos y Nayarit. En éstas no hay recursos suficientes para pagar los salarios de diciembre y prestaciones de finales de año, entre ellas el aguinaldo. En algunas hay adeudos de meses anteriores.
De acuerdo con Levet, se requieren unos 8 mil 500 millones de pesos para que las universidades cierren el año. Cálculos de la Contu indican que hay entre 40 mil y 50 mil trabajadores universitarios afectados por el impago.
La situación es desesperante para los empleados, sostiene. En la Contu estamos en alerta. Hay un acuerdo, adoptado en nuestra pasada asamblea nacional celebrada en Oaxaca, que indica que si a los trabajadores no les llegan a pagar, los sindicatos estaríamos en la posibilidad de efectuar un paro nacional de actividades.
Levet indicó que los sindicatos universitarios están en espera de que avancen las negociaciones para conseguir recursos, en las que participan universidades, gobernadores de los estados donde están las instituciones en riesgo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.
La Contu consideró, sin embargo, que es grave que los políticos estén en este momento más entretenidos con sus aspiraciones electorales que en resolver la situación de quebranto de las universidades públicas.
A la Contu, planteó, como organización sindical nacional, no nos interesa la problemática que ha derivado en la falta de recursos o la mala planeación financiera en las universidades. Lo que nos interesa es ser solidarios y luchar por los intereses de los trabajadores de esas instituciones, porque ellos, tanto administrativos como académicos, ya devengaron sus salarios a lo largo de un año de trabajo productivo para las universidades.
El representante sindical consideró que parece que el gobierno federal se ha olvidado de que hay compromisos con los trabajadores y debe responderles.
No hay razón por la cual, enfatizó, no puedan pagarles a los académicos y administrativos de esas universidades, que ya hicieron su trabajo en todo el año y hoy, con justa razón, están esperando recibir los recursos suficientes para cubrir las necesidades de sus familias, adeudos y pasar una Navidad y Año Nuevo en condiciones dignas.
 
 
Fuente 

Exigen resarcir daños a indígenas que perdieron la vista tras cirugías promovidas por Fundación Cinépolis

 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El presidente de la la Fundación No Más Negligencias Médicas, Fernando Avilez Tostado, pidió la mediación del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González y del Congreso del Estado de esa entidad para atender a los indígenas que perdieron la vista a consecuencia de una mala praxis médica realizada por una clínica privada contratada por la Fundación Cinépolis para su programa “Del Amor Nace la Vista” en 2015.
El viernes pasado, la Fundación No Más Negligencias Médicas entregó en el Palacio de Gobierno y al Congreso, sendos oficios dirigidos al gobernador Carlos Joaquín González y al presidente de la Mesa Directiva, diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza, para solicitarles su intervención a fin de mediar frente al Poder Judicial de Quintana Roo los daños a las víctimas.

Recordó que en ese año, dicha fundación inició su campaña en esta entidad con el propósito de devolver la vista a personas de sectores más vulnerables de la sociedad (en este caso indígenas mayas) que padecen ceguera por catarata, para ello contrató los servicios de la clínica denominada Instituto de Salud Visual (ISVI) para realizar operaciones oftalmológicas.
Precisó que después de las cirugías practicadas, los pacientes –todos ellos adultos mayores– padecieron graves infecciones intraoculares, producto de mala asepsia en quirófanos e instrumental médico que derivó en dos casos en la pérdida de los globos oculares y el resto con la ceguera en uno de sus ojos, además de graves consecuencias para su salud.
A partir de esa fecha, agregó el ombudsman de la salud, se inició una serie de demandas legales contra la Fundación Cinépolis, la Secretaría de Salud Estatal y el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Quintana Roo –durante el gobierno de Roberto Borge Angulo (hoy preso)– que tenían la responsabilidad y obligación de verificar que el Instituto de Salud Visual (ISVI) contara con la certificación, capacidad técnica y profesional para llevar dichas cirugías.
A consecuencia de estos acontecimientos, acotó, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) instruyó a la Dirección de Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud quintanarroense suspender en su totalidad las actividades realizadas en esta clínica y brindar atención médica a los afectados.
Además, como parte de las acciones que tomó la Cofepris, determinó colocar sellos de suspensión de actividades e inició una investigación para deslindar responsabilidades por las presuntas malas prácticas en las cirugías de cataratas. Finalmente, clausuró e impuso una multa –que pudo superar un millón de pesos– a dicho establecimiento.
A dos años de estos hechos, lamentó, los afectados han sido olvidados tanto por la Fundación Cinépolis y las autoridades de Quintana Roo, encabezadas en ese año (2015) por el exgobernador Roberto Borge Angulo.
La Fundación No Más Negligencias Médicas hizo un llamado al director general de Cinépolis, Alejandro Ramírez Magaña, así como al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, para que las víctimas sean atendidas, ya que muchas de ellas se encuentran con un grave deterioro en su salud y económico.
El ombudsman de la salud recordó que existe una demanda legal en tribunales administrativos, pero la saturación de expedientes y la falta de administradores de justicia especializados en Derecho a la Salud, han empantanado la aplicación de la justicia.
“Estos hombres y mujeres podrían perder la vida antes de obtener justicia y una justa indemnización para resarcir los daños sufridos a su salud”, lamentó Avilez Tostado.

Fuente

De frío y hambre, fallecen 4 niños y 2 adultos desplazados de Chalchihuitán

Blanche Petrich
 
Periódico La Jornada
Lunes 11 de diciembre de 2017, p. 14
De frío y de hambre, cuatro niños desplazados han muerto la última semana en los helados parajes de Chalchihuitán, Altos de Chiapas. También fallecieron dos adultos, según reportó el presidente municipal de ese municipio, Martín Gómez Pérez. Más de mil personas permanecen en el monte, pernoctando en cuevas o bajo los árboles, fuera de sus localidades, por temor a las amenazas de muerte de grupos paramilitares que, según denunció el edil, fueron armados por la presidenta municipal de Chenalhó, Rosa Pérez.
Uno de los pequeños fallecidos tenía tres días de nacido. Su madre lo parió a la intemperie. Los otros eran menores de cuatro años. También han muerto dos adultos los últimos días. En esa zona montañosa las temperaturas bajan a cerca de cero grados durante la noche y al amanecer.
El sábado llegaron a la parroquia de Simojovel los ex presidentes y agentes municipales de Chalchihuitán para hablar con el presbítero Marcelo Pérez y para hacer la denuncia. No tenemos ni con qué atender a la gente. No hay medicina ni alimentos, y hay muchos enfermos porque llevan ya casi dos meses viviendo fuera de sus casas. Ni siquiera tenemos medios para trasladar a los más graves, porque los caminos siguen bloqueados, informó a este diario el presidente municipal en entrevista telefónica.
Los niños fallecidos eran de las localidades de Pom, Canaluntik y Telmut. A la fecha, los pobladores de esos sitios siguen desplazados, igual que de Bolonchojón, Cruztón y tres parajes más. Es bastante triste e injusto lo que está pasando. Ya no sé ni qué hacer. No tenemos ayuda, nadie nos escucha, expresó Gómez Pérez.
La semana pasada el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y el presbítero de Simojovel, Marcelo Pérez, denunciaron que a raíz del asesinato de un tzotzil de Chalchihuitán, Samuel Pérez Luna, el 18 de octubre, miles de personas huyeron de sus casas. Hasta hace pocos días sumaban ya cerca de 5 mil personas desplazadas.
Medios locales han asegurado en días recientes que los desplazados ya habían retornado y que las carreteras que comunican a los pueblos de Chalchihuitán con San Cristóbal de las Casas ya están despejadas. Eso es mentira. Seguimos secuestrados en nuestras comunidades. En estos momentos desde Panajó y Nichcacanam se escuchan disparos de alto calibre, aseguró el presidente municipal.
El pasado 4 de diciembre pobladores y autoridades de las comunidades sitiadas de Chalchihuitán se trasladaron a Tuxtla Gutiérrez para denunciar la situación y pedir audiencia con el gobernador de la entidad, Manuel Velasco Coello. Pero no nos recibió. Perdone lo que voy a decir, pero el señor gobernador me trata como a un perro. Sólo hemos podido hablar con unos licenciados y unos ingenieros que únicamente dicen, pero no le dan atención a la gente.
Un viejo conflicto limítrofe entre los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó ha generado durante años conflictos en la zona. El próximo 15 de diciembre el tribunal agrario deberá resolver sobre el control de cerca de 900 hectáreas en disputa. Según dicen los de Chenalhó, si el fallo no les favorece nos van a ir a matar. Vivimos con esa amenaza.
El 16 de noviembre pasado, en una mesa de negociaciones, la alcaldesa de Chenalhó, Rosa Pérez, del Partido Verde y allegada al gobernador, se comprometió a ordenar el desbloqueo de las carreteras, que se mantienen bajo control de cerca de 200 hombres armados. Sostiene el alcalde: Pero nada de eso se cumplió. Al contrario, cada vez son más las balaceras y luego nos dicen que no hay desplazados. Nosotros no estamos inventando nada.
El 10 de diciembre, en la reunión realizada en Simojovel, los ex presidentes municipales, agentes y autoridades de Chalchihuitán acordaron exigir al gobierno de Chiapas que a más tardar pasado mañana, 12 de diciembre, se abra el paso de las carreteras a San Cristóbal.

Ronda 5.5 del TLCAN concentrará negociación en reglas de origen

Más de 400 funcionarios de los tres países discutirán capítulos como servicios financieros; el tema automotriz se analizará desde mañana.

Ronda 5.5 del TLCAN concentrará negociación en reglas de origen

Washington, DC. Las reglas de origen, especialmente las relacionadas con el sector automotriz, serán uno de los temas de mayor confrontación en la reunión técnica (Ronda 5.5) que se celebra en esta ciudad para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Las reuniones se adelantaron dos días, comenzaron el sábado 9 de diciembre y concluirán el 22 de diciembre, con la participación de más de 400 funcionarios de los tres países, informó Kenneth Smith, jefe técnico de Negociaciones del TLCAN del gobierno mexicano.
Estos negociadores, sin embargo, han dejado fuera del calendario las discusiones sobre los capítulos de solución de controversias, las compras gubernamentales, la agricultura y la inversión, que forman parte también de los temas más controvertidos. Los funcionarios discutirán las reglas de origen el martes, miércoles y jueves.
En noviembre, el gobierno de México comunicó que hará una contrapropuesta en reglas de origen en la industria automotriz, una vez que la Casa Blanca explique a detalle su propuesta de que los automóviles importados por Estados Unidos desde México y Canadá tengan 50% de contenido estadounidense y 85% de contenido de los tres países, además de que se obligue al rastreo del origen de 100% de las piezas.
En la quinta ronda, Estados Unidos sugirió además un plazo de entre dos y tres años para la entrada en vigor de los cambios que pide a las reglas de origen automotrices.
Un aspecto en el que México, Estados Unidos y Canadá coinciden es en establecer mecanismos más eficientes para supervisar el cumplimiento correcto de las reglas de origen que se acuerden.
En esta arista de la negociación, hay tres opiniones: la del gobierno estadounidense; la de la industria automotriz de México, Estados Unidos y Canadá, con el consenso de que no deben modificarse en ningún modo las reglas de origen actuales del sector, y una posición neutra del gobierno mexicano de escuchar planteamientos de la Casa Blanca sobre cómo reindustrializar América del Norte o, incluso, a Estados Unidos en particular.
México se ha interesado en que el contenido regional en la industria automotriz pueda aumentarse con el traslado de algunas líneas de producción de Asia a América del Norte, sobre todo en cuanto a productos electrónicos y otros componentes de mayor valor agregado.
La iniciativa de reindustrializar América del Norte de una manera forzada a través de las reglas de origen implicaría plazos para la entrada en vigor de las mismas por varios años, para poder realizar las inversiones requeridas.
Por no invertir en ciertos sectores en investigación y desarrollo, gran parte de las cadenas de valor de la industria electrónica de Estados Unidos migró a Asia desde la década de 1980, lo que ha obligado a los países de América del Norte a flexibilizar las reglas de origen. Un televisor, por ejemplo, poder ser exportado de México a Estados Unidos con menos de 30% de contenido regional.
De acuerdo con el calendario de los negociadores, los temas de los servicios financieros, las prácticas regulatorias y los anexos sectoriales serán tratados también durante tres días cada uno. Los negociadores se reunirán durante dos días, en cada uno de los casos y en forma separada, para analizar los capítulos de las empresas estatales, las telecomunicaciones, las aduanas, el medio ambiente, el comercio digital, los bienes y las barreras técnicas al comercio. Ocuparán un día para las discusiones sobre los textiles, anticorrupción, energía y competitividad. Estos encuentros no contarán con la presencia de Chrystia Freeland, ministra de Relaciones Exteriores de Canadá; Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, e Ildefonso Guajardo, secretario de Economía de México.

¿cómo va la discusión en reglas de origen?

Al cierre de la quinta ronda de la renegociación del TLCAN (celebrada en México en noviembre), el gobierno mexicano refirió que elaboraría una contrapropuesta a Estados Unidos cuando la parte estadounidense detalle su propuesta de que los automóviles importados por Estados Unidos desde México y Canadá tengan 50% de contenido estadounidense y 85% de contenido de los tres países, además de que se obligue al rastreo del origen de 100% de las piezas. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) ha reiterado que tanto la industria nacional como sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá se oponen a cambiar las reglas de origen automotrices en el TLCAN. Las reglas de origen se refieren al criterio pactado en un tratado de libre comercio para definir cuándo un bien es considerado originario (por su nivel de contenido regional) para gozar de las preferencias arancelarias.
rmorales@eleconomista.com.mx

Fuente

REALIZARÁN EN ARGENTINA LA CUMBRE DE LOS PUEBLOS EN RECHAZO A LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES DE EMPOBRECIMIENTO

DECLARACION
LOS PUEBLOS NOS PONEMOS DE PIE FRENTE A LA REUNION DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC) EN BUENOS AIRES
 
Las organizaciones y redes sociales, sindicales, de derechos humanos, territoriales, estudiantiles, de mujeres, políticas, campesinas y anti-extractivistas reunidas el 24 de junio en Buenos Aires en el  Encuentro Nacional contra la Organización Mundial de Comercio,  llamamos a los pueblos del mundo a movilizarse en el marco de la XI° Reunión Ministerial de la OMC, que tendrá lugar en Argentina entre los días 10 y 13 de diciembre de 2017.
Para ello, convocamos a realizar una  Cumbre de los Pueblos  en la ciudad de Buenos Aires que colabore en la articulación de la resistencia contra el llamado “libre comercio” que sólo genera políticas de explotación y expoliación de nuestros pueblos y de la naturaleza, y que avance en visibilizar y discutir las alternativas a este sistema productivo y comercial. 
Entendemos que  la lucha contra la OMC es global y lleva una rica historia de movilizaciones y articulaciones , ya que esta institución representa los intereses de las empresas transnacionales y no los derechos ni las necesidades de los pueblos. Un hito en el proceso de descrédito ha sido la movilización de las organizaciones sociales que en 1999 pusieron en evidencia los impactos negativos del proyecto de liberalización comercial durante la reunión de la OMC en Seattle, EEUU, y que inspiró a un amplio movimiento de resistencias anticapitalistas en todo el planeta. Cuatro años después, la gran movilización popular durante la Reunión Ministerial de la OMC en Cancún también significó un avance en la resistencia contra la agenda del gran capital transnacional.
Pretendemos, asimismo,  que la lucha contra la OMC adopte un fuerte carácter regional , sumándose en la recuperación de nuestra valiosa historia de organización social y política contra las múltiples formas de dominio que fue adquiriendo el capital en los últimos años.  La lucha contra el ALCA fue un proceso destacado de articulación continental , y la Cumbre de los Pueblos de Mar del Plata en 2005 habilitó avances importantes en la discusión de alternativas de integración. Más de diez años después,  es necesario que volvamos a juntar nuestras luchas para movilizarnos contra la libertad corporativa y los privilegios de los inversionistas en la región . La libertad debe ser para las personas: la libertad de movilidad para los trabajadores, y no para los empresarios e inversionistas que especulan con nuestras riquezas sociales y naturales.  En este contexto debemos discutir nuevamente la cuestión de las alternativas populares y la urgente necesidad de avanzar en proyectos que construyan nuevas formas de relaciones entre nuestros pueblos, que sean solidarias y complementarias.
Comprendemos también que  veinte años de tratados de  libre ”  comercio (TLC) en la región muestran los efectos nefastos de la desregulación y del avance de los privilegios corporativos sobre nuestros pueblos y el medio ambiente .  Frente a esto, es hora de avanzar en las alternativas  sociales, políticas,  económicas, feministas y ambientalistas que pongan fin a la impunidad corporativa, den primacía a los derechos humanos y garanticen la armonía con el medio ambiente. También es necesario revertir el desguace de las políticas e instituciones, como el ALBA-TCP, el CELAC, la UNASUR, que de diversos modos intentaron favorecer una mayor integración y complementariedad regional.  Rechazamos la agenda de “libre” comercio y protección de inversiones en todas sus formas , sea mediante acuerdos bilaterales o inter-regionales (como el tratado entre la UE y el Mercosur, que se intenta cerrar para diciembre de este año) por medio del ámbito multilateral como la OMC o por decisión de grupos como el G-20. 
Proponemos avanzar en la re-articulación de las agendas y las campañas de las organizaciones sociales y políticas, tanto en nuestro país como en la región y a nivel global.  Es por esto que,  desde este Encuentro Nacional, realizamos un llamamiento  a todas las organizaciones y pueblos de Argentina y del mundo,  a participar activamente en la organización y desarrollo de la Cumbre de los Pueblos en Buenos Aires entre los días 10 y 13 de diciembre de 2017 , para oponernos al régimen que la OMC impulsa a nivel global y pensar y discutir alternativas al capitalismo desde nuestros pueblos. Juntos/as, podemos construir esos otros mundos posibles.
¡La lucha es global!
¡Abajo los tratados de libre comercio que someten a los pueblos!
¡Exigimos acuerdos solidarios para el comercio entre los pueblos!
En 2017, ¡hagamos un nuevo Seattle en Buenos Aires!
 
 
Adhesiones: 48 organizaciones sociales, 73 organizaciones de las Américas, 52 organizaciones argentinas, 38 organizaciones de otros continentes, 5 instituciones académicas y 56 particulares.

Fuente