miércoles, 13 de diciembre de 2017

Es hora de abandonar el inservible TLCAN

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Si tras la aprobación de la reforma fiscal de Donald Trump en el Senado estadunidense las autoridades mexicanas no operan un cambio de timón en la economía nacional y abandonan su necedad de aferrarse a un tratado comercial que en 23 años únicamente ha abonado pobreza, estancamiento y endeudamiento al país, el futuro de las nuevas generaciones estará seriamente comprometido.
north americanComo un árbol que nació torcido en cuanto a los intereses nacionales se refiere, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) nunca enderezó sus ramas para dar sombra a nuestra economía. Desde un principio, los dados se cargaron a favor de los intereses de las grandes multinacionales estadunidenses y de un reducido grupo de empresarios nacionales que nunca visualizó al acuerdo comercial como detonante del desarrollo interno.
Cuando el presidente estadunidense anunció su intención de renegociar el Tratado quedaron al descubierto los saldos negativos acumulados por más de 2 décadas, a los que además de los cuantiosos desajustes en la paridad del peso frente al dólar y el crecimiento desmesurado de la deuda pública, se agregaron el desmantelamiento de empresas a manos del Estado –como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad– y la privatización de otras –como Teléfonos de México (Telmex) y Ferrocarriles Nacionales–, sin descontar la desaparición algunas más –como el caso de Luz y Fuerza del Centro–, hasta acumular un millar de ellas relacionadas con ramas económicas estratégicas, como los aeropuertos, puertos, aerolíneas y minería.
El pasado 21 de noviembre concluyó la quinta ronda de negociaciones del TLCAN levantándose de la mesa la comisión trinacional sin lograr avance alguno en los 30 capítulos discutidos. Hace unos días, en una votación apretada, los republicanos consiguieron en el Senado estadunidense sacar adelante la reforma fiscal propuesta por Trump para reducir el impuesto a las empresas estadunidenses de 35 a 20 por ciento, una tasa menor de la que pagan en otros países, incluido México. El objetivo es convencer a los empresarios de ese país sobre la ventaja tributaria de invertir en Estados Unidos.
Esto tiene, en lo inmediato, dos lecturas: la primera con clara dedicatoria del gobierno estadunidense a externar el réquiem al TLCAN y su inalcanzable renegociación; y la segunda, a los efectos que tal migración empresarial traería a la economía mexicana, sobre todo en el tema de la recaudación ante la imposibilidad de bajar la tasa del impuesto sobre la renta (ISR) del nivel actual de 30 a 20 por ciento, con el fin de mantener cautivos a los empresarios estadunidenses, pues esto significaría la pérdida del 2 por ciento, en promedio, del producto interno bruto (PIB).
Una salida de esta naturaleza obligaría a contratar mayor deuda—que ya ronda los 10 billones de pesos, y un pago anual por servicios de la misma equivalentes a más de 500 mil millones de pesos— y en su defecto, a sopesar la opción de aplicar el impuesto al valor agregado en alimentos y medicinas como una opción desesperada por compensar recursos vía impuestos.
Es hora de que la clase política gobernante y sus futuros candidatos a competir en 2018 se pregunten si, con este escenario adverso, es pertinente aferrarse a mantener este desfavorable acuerdo comercial. Ha llegado el momento de hablar con la verdad y anteponer el interés de las mayorías ante las ganancias de unos cuantos, para dejar en claro que sería Estados Unidos la nación más perjudicada con el fin del TLCAN.
Medios nacionales y estadunidenses han difundido un estudio auspiciado por la Cámara de Comercio del vecino país del Norte donde se señala que unos 14 millones de empleos de aquella nación dependen del flujo comercial derivado del Tratado. De tal manera que unas 100 mil pequeñas y medianas empresas se verían afectadas y orilladas a cambiar de actividad para no quebrar, en su calidad de importadoras de productos mexicanos o exportadoras exclusivas a México.
Abundantes análisis se han vertido desde el inicio de la renegociación en torno al capítulo laboral, donde los trabajadores mexicanos guardan una desproporción salarial de 10 a 1 en relación con sus homólogos de Canadá y Estados Unidos. Se ha documentado que en el agro nacional por lo menos 5 millones de trabajadores agrícolas y campesinos debieron emigrar a la Unión Americana para no morir de hambre ante la debacle que representó el TLCAN en esta rama de la economía.
Las empresas estadunidenses han tenido en México un “paraíso laboral” por los bajos salarios que pagan sus filiales asentadas en nuestro territorio, con la complicidad de sindicatos corporativos como la Confederación de Trabajadores de México. No ha habido en todos estos años beneficios tangibles al bolsillo de los trabajadores y al nivel de vida de sus familias.
Y preguntamos: ¿no son estas suficientes razones como para sacrificar un poco las ganancias en el mercado de los dólares y voltear la vista al fortalecimiento de la industria nacional y el mercado interno?
De hecho, la inversión nacional es tres veces y media más grande que la inversión extranjera directa, entonces ¿por qué no enfilar nuevos objetivos a mercados como el latinoamericano viendo por el bienestar de los trabajadores, a través del pago de mejores salarios? Son ellos, al final de cuentas, los que generan la riqueza y pueden fortalecer la economía interna si se les resarce su poder adquisitivo.
No hay por qué temer a perder algo que nunca se ha tenido de manera justa. Insistir en mantener un acuerdo disfuncional e inconveniente para México es repetir el error del pasado de no escuchar a los sectores directamente afectados. El gobierno de Carlos Salinas se abstuvo de convocar a una consulta pública que pusiera en la mesa de la agenda nacional el contenido del acuerdo comercial; hoy el grupo de renegociadores dio la espalda a la opinión y puntos de vista de los diversos sectores sociales y económicos afectados a 23 años del TLCAN. De nueva cuenta aparece la garantía de un rutilante fracaso.
Si la reforma fiscal de Trump echa por tierra TLCAN y pone a la baja la inversión externa en nuestro país, está la vía de optar por un cambio de paradigma que apunte al fortalecimiento de la industria nacional y de su capacidad productiva. La clave está en aprovechar la actual coyuntura para aplicar un cambio de rumbo que fortalezca a la maltrecha economía nacional. La desaparición del Tratado no es el fin del mundo como la tecnocracia política insisten en hacerle ver al país. Hay opciones viables y ha llegado el momento hacer un punto de quiebre en el modelo neoliberal antes de el futuro de la nación se nos escape de las manos.
Martín Esparza Flores*
[OPINIÓN]
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

México tiene el potencial petrolero más alto del continente americano: CNH


Juan Carlos Miranda
 
Periódico La Jornada
Miércoles 13 de diciembre de 2017, p. 22
México tiene el potencial petrolero más alto en el continente americano, ya que el promedio de las reservas recuperables en campos marinos de aceite descubiertos en el país es ocho veces más grande que el promedio en campos de Estados Unidos y dos veces más grande que en Brasil, aseguró la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
De acuerdo con datos de la dependencia, los descubrimientos de reservas recuperables más grandes del país son: Akal (15.4 millones de barriles), Ku (3.2 millones de barriles), Maloob (2.6 millones), Abkatún (2.4) y Zaap (con 1.8 millones de barriles).
Detalla que 88 por ciento de los campos marinos descubiertos en México tienen reservas recuperables más grandes que el valor de la media de los campos en Estados Unidos y 66 por ciento son más grandes que la media de Brasil.
El reporte del órgano regulador destaca que de acuerdo con la consultora Wood Mackenzie existen 237 campos de aceite en Brasil y 548 en Estados Unidos
Los descubrimientos marinos más recientes en México son: Zama (680 millones de barriles) y la reconsideración de reservas en Amoca (400 millones de barriles).
Para Brasil y Estados Unidos: Wood Mackenzie Upstream Data Tool Considera reservas recuperables al año de descubrimiento en campos marinos.
Las reservas mencionadas se definen como el total de reservas de aceite, gas, condensados y GNL que son recuperables.
Reconfiguración
La Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó la modificación de 11 títulos de asignaciones otorgadas a Petróleos Mexicanos durante la llamada ronda cero.
Se trata de 10 asignaciones en Chicontepec y Poza Rica, dijo la comisionada Alma América Porres Luna, durante la 67 sesión extraordinaria del órgano de gobierno de la CNH, efectuada este martes.
Explicó que la modificación de las asignaciones tiene por objeto fusionar y reconfigurar 11 asignaciones de extracción a solicitud de la Secretaría de Energía.
El titular de la unidad técnica de extracción de la CNH, León Daniel Mena Velázquez, dijo que Pemex Exploración y Producción solicitó a la Secretaría que revisara las asignaciones, debido a que la configuración de los campos no corresponde a límites geológicos, sino administrativos.
La distribución y los esquemas donde están identificados los pozos no necesariamente coinciden con los yacimientos que se tienen actualmente identificados y con algunas formaciones geológicas, explicó.

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Bomberos de la CDMX suspenden vacaciones para atender reportes por el Guadalupe-Reyes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario general del Sindicato del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Ismael Figueroa Flores, anunció que sus compañeros suspenderán sus vacaciones “para estar alertas las 24 horas del día con el fin de atender cualquier eventualidad”, desde este 12 de diciembre guadalupano y hasta principios de enero.
El motivo, indicó, es que en esta temporada invernal se multiplican todos los servicios, por lo que es necesaria la presencia de todo el personal de cada estación de bomberos de la ciudad.

El objetivo de este operativo, explicó, es “acudir en el menor tiempo posible a un llamado, que debe ser, en un promedio, de no más de tres o cuatro minutos de reacción”.
En ese sentido, pidió a los automovilistas que cedan el paso al escuchar la sirena de una ambulancia o de un carro de bomberos, “ya que hay conductores que los ignoran, o bien, llevan la música a tan alto volumen que no se percatan de la emergencia que, en muchos de los casos, unos segundos para llegar al lugar de los hechos son la diferencia entre la vida y la muerte”, añadió.
También solicitó a la ciudadanía en general no hacer mal uso del número telefónico para emergencias, el 911, o realizar llamadas de broma o falsas, “pues cada salida a una emergencia equivale a un costo de 17 mil pesos, y los bomberos atiende anualmente alrededor de 20 mil llamadas”.
Las llamadas más comunes son por fugas de gas, personas lesionadas al utilizar juegos pirotécnicos, incendios y percances vehiculares derivados del abuso del alcohol o conducir alcoholizados.
Por ello, añadió, “es necesario redoblar personal para atender emergencias, pues tan sólo en la Central de Bomberos, en días normales, hay 350 elementos. En esta temporada, con la suspensión de vacaciones, se pretende contar con al menos 500 elementos”.

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Obtienen jubilación 300 maestros de Baja California


Mireya Cuéllar
La Jornada Baja California
Periódico La Jornada
Miércoles 13 de diciembre de 2017, p. 30
Mexicali, BC.
Unos 300 maestros afiliados a la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) lograron su jubilación, luego de una larga negociación con el gobierno del estado, que incluyó paros escalonados durante 64 días.
Al inicio de las protestas, el año pasado, había unos 3 mil profesores en espera de jubilarse (se les denominó liberados, porque ya no estaban frente a grupo, pero tampoco jubilados), a quienes el gobierno dijo no tener recursos para pagarles el fondo de retiro.
En una minuta que la secretaria general de la sección 37, María Luisa Gutiérrez Santoyo, firmó con el gobierno estatal el 3 de julio, se acordó un cronograma para jubilar maestros por grupos.
Según el convenio, que también suscribieron la sección 2 del SNTE y un representante del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato, para 2018 se fijó un mínimo de 600 jubilaciones y otro tanto para 2019, con lo cual se busca abatir el rezago acumulado durante años.
Otro acuerdo que se incluyó en la minuta –firmada por los secretarios general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez; de Educación, Miguel Ángel Mendoza, y de Planeación y Finanzas, Bladimiro Hernández Díaz– fue destrabar el pago para maestros interinos, algunos de los cuales trabajaron hasta cuatro años sin sueldo, según destacó en su momento el dirigente de la sección 2 del SNTE, Mario Aispuro Beltrán.
El día de la firma, Gutiérrez Santoyo indicó que el gobierno estatal se comprometió a pagar nóminas a los interinos el 19 y el 30 de julio. Hernández Díaz destacó que deberá recurrirse a un crédito, que ya había autorizado el Congreso local, de mil 150 millones de pesos, que fue parte de los recursos que sobraron del saneamiento de las finanzas del Issstecali (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California).
También esperaban recibir mil 650 millones de pesos de recursos federales que el gobierno estatal solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El titular de Finanzas del estado dijo que para cumplir con los compromisos de pagos en 2018 y 2019 se pediría apoyo presupuestal al Poder Legislativo.
Los agremiados a la sección 37 del SNTE son los únicos en Baja California que cuentan con jubilaciones dinámicas, es decir, el pago a los maestros retirados se incrementa como el de aquellos que están en activo.

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En el Senado, PRI y PAN alistan cambios “cosméticos” a la Ley de Seguridad Interior


 
PROCESO
 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De los 34 artículos que contiene la Ley de Seguridad Interior, el grupo de senadores de PRI y PAN que trabaja en comisiones unidas propone al menos ocho cambios “cosméticos” a la minuta ya aprobada por los diputados.
Las modificaciones serían al artículo primero para eliminar la referencia a las disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional; en los artículos 7 y 8 para expresar que la aplicación de la nueva norma se hará conforme a la Constitución y los tratados internacionales.

En el artículo 9 para evitar contraponerse a la Ley de Acceso a la Información Pública, y en el artículo 16 para delimitar las facultades del Ejecutivo.
Además, en el artículo 21 harían cambios para la coordinación interinstitucional, así como un agregado al artículo 26 para remitir a la autoridad civil.

Las modificaciones, producto de las múltiples críticas de especialistas en derecho, de organizaciones civiles, empresarios e instancias internacionales, pretenden hacer “menos anticonstitucional” la nueva Ley de Seguridad Interior, aunque los senadores consultados consideran que se trata de cambios “cosméticos” y “mínimos” que no alteran el riesgo de militarización de la seguridad pública.
Uno de los párrafos que se suprimen por completo es el segundo del artículo 7, donde se señalaba que “en los casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro de conflicto, y cuya atención requiera la suspensión de derechos, se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución y leyes respectivas”.
Sin embargo, no se incorpora una de las demandas de los colectivos ciudadanos agrupados en #SeguridadSinGuerra, que reclamaron el reconocimiento explícito a los derechos humanos y la presencia del sistema de ombudsman.
En el artículo 9, criticado por el pleno de comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (Inai), se eliminó el carácter de “información clasificada” a toda la información que se genere con la aplicación de la Ley de Seguridad Interior.
En el artículo 16 pretenden eliminar “la discrecionalidad” del Ejecutivo federal en las acciones inmediatas ordenadas a las dependencias. Se le agrega la frase “de acuerdo a sus facultades”.
En el artículo 21 se establece “claramente” que los grupos interinstitucionales que coordinen las Fuerzas Armadas corresponderán a la autoridad civil.
En el artículo 22 se agrega la frase de que “cuando la amenaza no requiera la intervención de las Fuerzas Armadas, el presidente designará a la autoridad civil que corresponde a propuesta del secretario de Gobernación”.

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Preocupa a la CIDH falta de celeridad de autoridades para concluir el caso de los 43


Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Miércoles 13 de diciembre de 2017, p. 12
El Mecanismo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa manifestó preocupación ante la falta de celeridad de las autoridades mexicanas para alcanzar conclusiones, tanto en las actividades de búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación planteadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Ayer, la CIDH dio a conocer las conclusiones de dicho mecanismo tras su cuarta visita de verificación al país (27 y 28 de noviembre), en las que lamenta que tres años y dos meses después de los hechos, el paradero de los 43 estudiantes continúe siendo desconocido.
La comisión observa que hasta hoy no hay ningún proceso iniciado por el delito de desaparición forzada y que persiste la fragmentación en algunos aspectos de la investigación, destaca el organismo internacional.
La meta de la visita fue continuar la supervisión del cumplimiento de la medida cautelar y de las recomendaciones del GIEI en el avance de la investigación, la búsqueda de los desaparecidos, la atención integral a víctimas y familiares, y las medidas estructurales de no repetición, así como definir el trabajo del mecanismo, al culminar su plan de trabajo presentado en noviembre de 2016. La delegación estuvo integrada por la relatora para México y coordinadora del Mecanismo Especial de Seguimiento, Esmeralda Arosemena de Troitiño; el secretario ejecutivo, Paulo Abrão, y personal técnico de la CIDH.
Al pronunciarse sobre los avances presentados por el Estado mexicano, el organismo interamericano dijo valorar positivamente la aplicación de la tecnología Lidar (dispositivo que permite determinar la distancia desde un emisor láser a un objeto o superficie utilizando un haz pulsado) en la búsqueda de los estudiantes, así como el inicio de rastreos en campo de las áreas marcadas a través del uso de dicha tecnología. También reconoció los esfuerzos para hacer una base de datos de fosas en el estado de Guerrero, "cuya consolidación aún queda pendiente".
En torno a la investigación, reconoció que se hayan recabado en el expediente indicios claros de que existieron varias rutas de desaparición y al menos dos grupos diferentes de estudiantes, tras su detención, lo que impone la profundización de determinadas líneas de investigación.
Valoró también el trabajo realizado en telefonía y balística, que posibilitó concluir la participación de una nueva corporación policial en los hechos. “La CIDH insta al Estado a ubicar a varios actores, cuya detención es fundamental para el esclarecimiento de los hechos, y señala la importancia de consignar policías de diferentes instituciones involucrados.
Según la información recibida, está pendiente por esclarecer cómo nueve teléfonos de los jóvenes que tuvieron actividad tras los hechos pasaron de las manos de los estudiantes a las de quienes los detentaron en último término. Como señaló la CIDH anteriormente, estos hechos, aunados a otros elementos de prueba, corroboran la necesidad de descartar la versión inicial que indicaba que todos los teléfonos habían sido quemados en el basurero de Cocula. Adicionalmente, aún no se define plenamente la identidad de actores claves al momento de los acontecimientos.

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El PRI prevé aprobar Ley de Seguridad Interior con “cambios” el jueves 14 en el Senado

 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada del PRI en el Senado de la República, Emilio Gamboa Patrón, afirmó que esta semana deberán aprobar con modificaciones la minuta de Ley de Seguridad Interior procedente de la Cámara de Diputados y que existe un equipo que trabaja para incorporar estos cambios.
“Vamos a tener en consideración las inquietudes que trajeron las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil”, advirtió al ser entrevistado al término de la sesión ordinaria de este martes 12 de diciembre.

El líder priista en el Senado no detalló cuáles cambios serían, pero pronosticó que el próximo jueves 14 de diciembre la Cámara alta estaría aprobando la ley y el mismo viernes 15, último día de sesiones del Congreso de la Unión de este año, se enviará a la Cámara de Diputados.
El PAN propone algunos cambios, igual que el Partido Verde, pero “Morena-PT en definitiva no van a querer. Vamos a ver si el PRD quiere insertar o cambiar algo”, advirtió Gamboa Patrón.

“No vamos a militarizar a México. Eso es una mentira completamente. Vamos a darle más certidumbre al Ejército”, sentenció el senador yucateco, un día después de que asistieron 12 gobernadores y varios alcaldes, la mayoría para respaldar la aprobación de esta ley.
Mientras, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, el panista Ernesto Cordero, afirmó que “hay una mayoría clara a favor de la Ley de Seguridad Interior” y que dependerá del trabajo de los presidentes de las cuatro comisiones dictaminadoras.
Dichas comisiones citaron a reunión para este miércoles a las 11 de la mañana. Se plantean ocho reservas con cambios a los 34 artículos de esta ley, aprobada el 30 de noviembre pasado en San Lázaro.

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Jubilados que intentaban ingresar al Congreso fueron frenados a golpes


Stella Calloni
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 13 de diciembre de 2017, p. 25
Buenos Aires.
Ejerciendo una violencia inusitada, miembros de la seguridad del Congreso intentaron impedir a golpes y empujones el ingreso de jubilados para asistir al debate sobre la reforma previsional que reducirá gravemente sus haberes, afectará las asignaciones universales por hijos, las pensiones de discapacitados, a los ex combatientes de Malvinas y a otros sectores vulnerables, en momentos en que encuestas determinan que la pobreza alcanza a más de 13 millones 500 mil personas y la indigencia a más de 2 millones 300 mil, lo que evidencia que se agravó la crisis social, superando todas las cifras anteriores.
A la tensión en el Congreso se añadió la provocación durante una marcha contra la reunión de la Organización Mundial de Comercio en esta capital. La manifestación no pudo avanzar porque la zona estaba sitiada por centenares de policías. Cuando los contingentes se retiraban unos 10 encapuchados arrojaron piedras a los reporteros de televisión en la zona céntrica cercana al Obelisco.
Esto fue seguido de un operativo con una cantidad nunca vista de camionetas y camiones hidrantes. Decenas de moticicletas con policías ocuparon en menos de media hora la tradicional calle Corrientes, desde el Obelisco hasta casi llegar al Congreso. Una militarización como nunca habíamos visto antes, más de 10 cuadras de la calle Corrientes, dijeron los dirigentes de la movilización.
Inevitablemente se recordó a la dictadura militar (1976-1983). La policía realizó una especie de cacería de personas, hiriendo con balas de goma y gases a manifestantes que actuaron pacíficamente, y abogados intentaban la liberación de detenidos que no tuvieron nada que ver con la agresión del grupo provocador, señalado por los manifestantes como policías infiltrados.
Desde los años 90 en que comenzaron las marchas ante las medidas por la privatización de las jubilaciones y las rebajas que llevaron a la crisis de diciembre de 2001, no se había visto una manifestación como la de este martes.
Agentes de seguridad del Congreso intentaron impedir a los jubilados, a empujones y golpes, el ingreso a la Comisión de Presupuesto y de Previsión de la Cámara de Diputados, donde se debatía el tema de las pensiones. La situación provocó momentos de tensión, y fue el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, quien logró detener el ataque de los elementos de seguridad del Congreso.
Luego se permitieron intervenciones de representantes gremiales que criticaron el proyecto de reforma previsional, señalando que se trata de un saqueo y una estafa a los trabajadores y futuros jubilados.
El secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, advirtió que en Argentina se roba a los más pobres para que los más ricos tengan más plata, y explicó la grave incidencia que tendría esta reforma, que el gobierno del presidente Mauricio Macri quiere que salga antes de fin de año y sin modificaciones.
A todo esto se añadió la decisión del ministro de Defensa, Óscar Aguad, de suspender a dos jefes de la Armada, el comandante de Adiestramiento y Alistamiento, contralmirante Luis López Mazzeo, y el comandante de la Fuerza de Submarinos, capitán de navío Claudio Villamide, por el asunto del submarino ARA San Juan desaparecido el 15 de noviembre con 44 tripulantes, cuando aún prosigue la búsqueda sin ningún resultado.
López Mazzeo es el tercero en la cadena de mandos de la Armada. Las suspensiones provocaron una seria crisis y colegas y subordinados solicitan su retiro en protesta. El malestar alcanza a la Fuerza Aérea de la Armada y la inquietud se nota en la Fuerza Aérea y en el ejército.

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