jueves, 14 de diciembre de 2017

SME Informe audiencia en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 14dic17

Cientos de personas “clausuran” el Senado en #VeladaPorLaPaz y contra la Ley de Seguridad

 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Convocada desde las redes sociales, con el hashtag #VeladaPorlaPaz y #SeguridadSinGuerra, poco más de 500 personas, entre activistas, actores y legisladores opositores a la Ley de Seguridad Interior, marcharon del Ángel de la Independencia y “clausuraron” simbólicamente el Senado.
En ese sitio colocaron veladoras y pancartas, la noche de este miércoles 13, justo cuando las comisiones unidas aprobaban el proyecto de ley que legaliza el uso de las Fuerzas Armadas en tareas policiacas.

“No queremos un México militarizado”, “Senado escucha, no queremos esta ley”, “La militarización no es la solución”, “De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha cueste lo que cueste”, fueron, entre otras, las consignas que se escucharon en esta marcha, donde también participaron integrantes de Amnistía, Serapaz, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Sindicato Mexicano de Electricistas e integrantes del colectivo #SeguridadSinGuerra.
El actor mexicano Diego Luna encabezó la marcha que partió a las 19:25 del Angel de la Independencia y recorrió la avenida Reforma.
Los representantes de los medios de comunicación rodearon al actor, quien argumentó que este ordenamiento ignora las demandas de las organizaciones defensoras de derechos humanos.
Los manifestantes llevaron veladoras que colocaron a la entrada del Senado con una consigna común: “Paz”, mientras la falta de un orden de oradores o de demandas específicas generó que la marcha se disolviera en cuanto llegó al recinto ubicado en la avenida Insurgentes y Reforma.

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No aprobar la ley de seguridad


Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Jueves 14 de diciembre de 2017, p. 3
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hicieron un llamado urgente al Estado mexicano a no aprobar la ley de seguridad interior. Advirtieron que aun cuando los senadores realizaron algunas modificaciones al proyecto, éste aún presenta aspectos altamente preocupantes para las garantías fundamentales.
Ambas instancias emitieron ayer por la mañana un posicionamiento conjunto en el que enfatizan que es necesario ampliar el tiempo de discusión para analizar la norma y no limitarse a aprobarla en lo que queda del actual periodo legislativo, que concluye este viernes.
Minutos después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se sumó a ese llamado. En su cuenta de Twitter pidió no aprobar la ley y abrir un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad que requiere México, con base en los estándares internacionales de derechos humanos.
Por la noche, tras ser avalado en comisiones del Senado, Amnistía Internacional (AI) censuró la aprobación del dictamen de la ley de seguridad interior y afirmó que era la crónica de una simulación anunciada.
Anoche la directora ejecutiva de AI en México, Tania Reneaum, afirmó en un comunicado: Es inaudita la forma en que las comisiones dictaminadoras del Senado han pasado por alto todas las observaciones y advertencias de la sociedad civil organizada, la academia y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos sobre los efectos perversos para la seguridad ciudadana del proyecto de ley de seguridad interior. Las modificaciones propuestas no resuelven de fondo la falta de controles civiles, transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de las fuerzas armadas en funciones policiales regulares.
Por la mañana, en un comunicado conjunto, se indicó: La CNDH y la ONU-DH hacen un llamado urgente al Estado mexicano para que, atendiendo a sus obligaciones constitucionales y convencionales relativas a la preservación y defensa de los derechos humanos, se abstenga de aprobar el proyecto de la ley de seguridad interior, y en su lugar, abra un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad en México bajo un esquema que, sin inhibir la actuación legítima del Estado, preserve y garantice los derechos fundamentales de las personas.
Advirtieron que pese a que se han hecho cambios a algunos artículos de la minuta original, ésta sigue presentando aspectos altamente preocupantes para la vigencia y el respeto de los derechos humanos en México. La vasta mayoría de las observaciones hechas al proyecto original se mantendrían vigentes en tanto las eventuales modificaciones no implicaran cambios sustantivos.
Añadieron que las observaciones son de tal envergadura y las voces en contra de tal diversidad, que resulta indispensable la materialización de una deliberación amplia, honesta e inclusiva que atienda de manera efectiva los múltiples señalamientos formulados, en el marco del respeto a la dignidad humana.
Indicaron que no existen condiciones para aprobar la ley durante el proceso legislativo que termina este 15 de diciembre y llamaron a ampliar el debate y la discusión, a efecto de prevenir situaciones que actualicen o propicien que se vulneren los derechos humanos al amparo de dicha legislación.
La CIDH, en tanto, señaló vía Twitter: Nos sumamos al llamado urgente de la CNDH y de la ONU-DH para que el Estado mexicano se abstenga de aprobar el proyecto de ley de seguridad interior, y en su lugar abra un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad en el país, conforme a los estándares internacionales en derechos humanos.
Órganos institucionales de 10 estados del país se sumaron al llamado de CNDH y ONU-DH: las comisiones o defensorías de Ciudad de México, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, Yucatán, Jalisco, Aguascalientes, Baja California, Campeche y Michoacán.
En un comunicado nocturno, AI agregó que el Senado perdió la oportunidad de hacer una política pública de seguridad integral y respetuosa de los derechos humanos y privilegió un enfoque de uso de la fuerza sobre el de prevención de la criminalidad y la violencia. También demandó un diálogo nacional.

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Priistas rechazan en comisiones suspender Ley de Seguridad; los acusan de “golpistas”


 
PROCESO 
 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “¡Golpistas, golpistas! ¡Esto no es diálogo!”, gritó el activista Alfredo Lecona a los senadores del PRI y de Acción Nacional que apoyan la Ley de Seguridad Interior en el momento más bochornoso de la sesión de comisiones unidas para dictaminar este proyecto, rechazado por las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.
La senadora Cristina Díaz, del PRI, presidenta de la Comisión de Gobernación, perdió la compostura, regañó al asistente y sometió a votación, después de más de una hora de discusión, las propuestas de moción suspensiva, presentada por el senador Benjamín Robles Montoya, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, así como la propuesta de ampliar las audiencias públicas, argumentada por el senador panista Juan Carlos Romero Hicks.

La “aplanadora” de los priistas y sus aliados del PAN, con Roberto Gil Zuarth a la cabeza, desecharon ambas propuestas por 15 votos contra 8, y por 15 contra 9, en el caso de las audiencias de Romero Hicks.
La correlación de fuerzas estaba clara desde las 15:30 horas de este miércoles 13, en que el Senado pretende aprobar la minuta procedente de la Cámara de Diputados con cambios a nueve artículos, considerados como insuficientes tanto por la CNDH como por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“Ustedes podrán tener mayoría aquí, en el Senado, adentro, pero afuera, en las calles, tienen una ínfima minoría ante la población. Hasta los obispos se han expresado en contra. No podemos aprobar una ley así, de espaldas a la población”, sostuvo la senadora Dolores Padierna, quien remató señalando que “es la ley más grave que he visto en 18 años de legisladora”.
Durante todo el debate de dos horas para argumentar una consulta real y pública ante los sectores involucrados, los priistas guardaron silencio. Sólo dejaron a los opositores que se desahogaran.
El senador Alejandro Encinas calificó como “deleznables” las audiencias del lunes 11, donde únicamente asistieron siete gobernadores y seis alcaldes, en sesión cerrada, sin posibilidad de participación.
En el mismo sentido, el senador Romero Hicks reprochó a la mayoría: “Este Senado debe tener dignidad. No ha habido audiencias públicas”.
La denuncia fue respaldada por la senadora Pilar Ortega, así como varios legisladores de Acción Nacional y del PT-Morena y del PRD.
El coordinador de la bancada del PRD, Luis Sánchez, desde el principio reforzó la posición de la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, quien afirmó que hubo “oídos sordos” del Senado a las organizaciones civiles, y también les reprochó que hasta el presidente Enrique Peña Nieto había convocado a un “diálogo” el pasado viernes 8.
Sánchez leyó los dos párrafos principales del comunicado conjunto de la CNDH y del Alto Comisionado de la ONU, donde advierten que, pese a los nueve artículos modificados, el proyecto de Ley de Seguridad Interior “sigue presentando aspectos altamente preocupantes para la vigencia y respeto a los derechos humanos en México, y por ello la vasta mayoría de las observaciones hechas al proyecto original se mantienen vigentes”.
Ambos organismos advirtieron al Senado que “no existen las condiciones propicias para aprobar el proyecto de ley” en un proceso legislativo que termina este viernes 15.
La senadora panista Laura Rojas, en tono sarcástico, se burló de algunos legisladores priistas que consideraron que este comunicado sólo representa a “dos organizaciones”:
“Les recuerdo que la ONU es un organismo de Estados nacionales, en la cual México participa y ninguna de sus posiciones es personal, sino consensada”, fustigó.
Rojas también mencionó a otro gobernador panista, cuyo nombre no mencionó, que ni siquiera fue convocado a la reunión del lunes pasado.
El senador Fidel Demédicis, del PT-Morena, citó las palabras de Peña Nieto del viernes 8, donde hizo un llamado a “un acercamiento con las distintas organizaciones de la sociedad civil”, opositoras a la Ley de Seguridad Interior.
“¿Cuál es la prisa en aprobar fast track una ley que sabemos va a generar una ola de desestabilización en el país, producto de las protestas de los mexicanos y las mexicanas que están en contra de que se militarice el país?”, alertó el legislador morelense.
Tras la votación en contra de la moción suspensiva y de que se abriera a audiencias públicas el análisis de la ley que faculta a efectivos militares a realizar una serie de tareas propias de autoridades civiles, los senadores continuaron la dictaminación para tener listo el dictamen esta noche o mañana jueves 14 y sea aprobado por el pleno.

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Rectores de tres universidades piden al Senado convocar a diálogo nacional


De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Jueves 14 de diciembre de 2017, p. 4
Los rectores de las universidades Nacional Autónoma de México, Enrique Graue; de Guadalajara, Tonatiuh Bravo, e Iberoamericana, David Fernández, pidieron al Senado no aprobar la ley de seguridad interior y convocar a un diálogo nacional incluyente.
En un pronunciamiento conjunto, los rectores advirtieron que la aprobación de la ley, en términos de la minuta remitida por la Cámara de Diputados, corre el riesgo de repetir un patrón fallido de seguridad, sin que los legisladores y nadie más puedan prever las consecuencias en favor o en contra de la seguridad, en particular, y de los derechos humanos, en general.
Señalaron que ese amplio diálogo nacional, que solicitan convoque el Senado, debe incluir la voz de las víctimas y privilegiar los argumentos basados en la evidencia, el conocimiento científico y las lecciones aprendidas en los ámbitos nacional e internacional.
Esta ley debe discutirse en un contexto más amplio que permita revisar la política de seguridad del Estado mexicano en su conjunto, evaluando el desempeño tanto de las autoridades civiles, las cuales por mandato constitucional son responsables de la seguridad pública, como de las fuerzas armadas, manifestaron.

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Luz verde en comisiones a la repudiada Ley de Seguridad; dan primera lectura en el pleno del Senado



CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con una clara mayoría de 15 senadores del PRI, del Verde y los legisladores panistas Roberto Gil Zuarth, Jorge Luis Preciado y Fernando Torres Graciano, los integrantes de las comisiones unidas de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron el dictamen de la Ley de Seguridad Interior, tras incorporar modificaciones a nueve de los 43 artículos de este ordenamiento que fue condenado por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales y por la oposición del PT-Morena, PRD y senadores independientes.
En cuanto se aprobó el dictamen, se volvió a reunir el pleno del Senado para darle la primera lectura al proyecto de ley. Este jueves 14 pretenden darle la segunda lectura, votarla en lo general y en lo particular, y enviarla a la Cámara de Diputados para que, antes del término de sesiones, quede aprobada esta nueva norma que legaliza las acciones de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, seguridad nacional y seguridad interior.

En el debate en comisiones, el senador panista Fernando Torres Graciano, presidente de la Comisión de Defensa, negó que se haya dado un procedimiento “atropellado” o que se aprobara fast track, mientras que el presidente de la comisión de Estudios Legislativos Segunda, Benjamín Robles Montoya, aseguró que los cambios introducidos son insuficientes porque no generan “ningún tipo de control adicional y extraordinario” ni se supervisa el cumplimiento de derechos humanos.
“Sólo trata de cubrir la inconstitucionalidad de la ley, se fomenta la opacidad y se incumplen con las expectativas de los organismos internacionales y de especialistas”, acusó Robles Montoya, cuya solicitud de moción suspensiva fue desechada por 15 votos contra ocho.

El legislador Ricardo Barroso Agramont, titular de la Comisión de Marina, aseguró que las Fuerzas Armadas “no están regateando” el apoyo de los senadores, sino que solicitaron un marco jurídico adecuado porque “no creo que estas intenciones sean para afectar a los mexicanos”.
Uno de los defensores más vehementes de la minuta procedente de la Cámara de Diputados fue el senador Roberto Gil Zuarth, del PAN, quien admitió que no existía acto jurídico alguno ni de autoridad que fundamentara la orden del Ejecutivo para sacar a los militares de sus cuarteles.
“De eso se trata esta Ley de Seguridad Interior. De darle certeza jurídica. Tratamos de poner orden al desorden”, sentenció el exsecretario privado de Felipe Calderón, el mandatario que ordenó desde el 2007 los operativos militares para combatir al crimen organizado.
“Esta ley no va a cambiar el problema de seguridad pública porque no está pensada para eso”, exclamó Gil Zuarth, mientras el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, escuchaba de pie y con interés la alocución de uno de los “rebeldes” del PAN.
El vicecoordinador de la bancada del PT-Morena, Miguel Barbosa, afirmó que esta ley es un “error histórico” del gobierno de Peña Nieto.
“El gobierno federal no ignora el rechazo a la ley, pero no le importa”, sentenció el senador poblano.
Barbosa argumentó que el gobierno federal y sus aliados “están desesperados y quieren esta ley porque saben que van a perder el poder” en las elecciones del 2018. “La mano dura, la militarización del país, es un largo anhelo de la oligarquía”, alertó Barbosa.
Otros senadores del PRD, PT-Morena y del PAN argumentaron también en contra, al señalar que esta ley busca encubrir el fracaso de la estrategia de seguridad pública, no garantiza la paz ni da certeza jurídica a los ciudadanos.
El senador Fernando Torres Graciano informó que se presentarán propuestas de modificación para su discusión en el pleno de los artículos primero, 7, 8, 9, 10, 16, 21, 22 y 26 y la adición de un transitorio del proyecto de decreto.
En la sesión de este jueves 14 se realizará la segunda lectura, el debate y la previsible aprobación en el pleno de 128 senadores, donde el PRI, el Verde y los siete legisladores del PAN que apoyan la controvertida ley tienen mayoría simple.

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Aprueban 28 dictámanes y reformas a varias leyes

Víctor Ballinas y Andrea Becerril
 
Periódico La Jornada
Jueves 14 de diciembre de 2017, p. 15
En el pleno del Senado quedó de primera lectura la reforma al artículo 102 constitucional, que elimina el pase automático del titular de la PGR a fiscal general.
Asimismo, se aprobaron 28 dictámenes, se autorizó licencia por tiempo indefinido al perredista Fernando Mayans, quien buscará ser candidato a la gubernatura de Tabasco, y rindieron protesta tres consejeros consultivos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El pleno aprobó reformas a la Ley General de Disciplina Financiera para fortalecer las finanzas públicas estatales y municipales, y generar mejores condiciones al momento de contratar nuevos empréstitos, para que sean transparentes y competitivos.
Asimismo, subrayó el presidente de la Comisión de Hacienda, se generan condiciones para que en los ingresos excedentes se establezcan usos diferenciados, según la entidad y su comportamiento y desempeño en materia de deuda.
El panista Jorge Luis Lavalle refirió en el pleno que se hace una diferenciación de los estados bien portados, es decir, que las entidades que tienen un nivel de endeudameinto elevado, por lo menos 50 por ciento de sus excedentes deberán destinarse al pago de sus deudas.
Sin embargo, en el caso de los que sus pasivos están en nivel de observación, tendrán que destinar 30 por ciento, y aquellos con endeudamiento saludable podrán usar 5 por ciento de sus excedentes para gasto corriente.
Además, el pleno aprobó delimitar las funciones investigadora, sustanciadora y resolutoria de los procedimientos administrativos sancionadores en la estructura del Consejo de la Judicatura Federal y de la Comisión de Administración del Tribunal Electoral, en lo relativo a la regulación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.
Lo anterior fue resultado de una iniciativa que presentó el senador Luis Humberto Fernández (PT), quien señaló que aún hay varios pendientes en dicho sistema.
De igual forma, el pleno aprobó un dictamen que reforma el artículo 78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y los artículos 131 y 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con el objetivo de incluir como faltas administrativas graves el hostigamiento y acoso laboral y sexual, cuya propuesta fue presentada por el presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales.

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Especialistas discuten en foro sobre la privatización del agua

 
PROCESO 
 
GUADALAJARA, Jal. (apro.) Durante el foro “Agua, Privatización y Corrupción”, especialistas en el tema analizaron y alertaron sobre los avances de la privatización del agua en el país.
María González Valencia, integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) advirtió que los Consejos Consultivos de Agua son espacios “de simulación, ahí no están las comunidades, no está la gente que padece problemas de contaminación del agua, o de desabasto”, sino empresarios que sólo buscan privatizar el servicio y proteger los intereses de sus negocios.

Ejemplificó que el Consejo Consultivo del Agua, A.C. está integrado por presidentes y directores de grandes compañías que necesitan del agua para sus procesos, como el ejecutivo de Nestlé México, Marcelo Mechior; de Asuntos Corporativos Femsa, Genero Borrego Estrada; de Grupo Carso, Carlos Slim; de Relaciones Institucionales de Cemex, Juan Pablo García, entre otros.
Mencionó que los actos de corrupción se ven reflejados en la infraestructura que se construye para abastecer de agua. Recordó que el extitular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Raúl Antonio Iglesias, quien estuvo en el cargo durante 11 años, pero dimitió en 2013 tras ser acusado de firmar contratos que suman 91 millones de pesos con una empresa cuyos socios eran sus familiares.
Otro caso que citó es la presa El Zapotillo, que se levanta desde 2004, pues inundaría a tres municipios: Temacapulín, Acasico y Palmarejo, y a la fecha cuesta tres veces más de lo presupuestado, al pasar de 10 mil millones de pesos a 27 mil millones.
Indicó que las empresas involucradas en el proyecto de El Zapotillo – FCC, La Peninsular, Hermés y Abengoa- a pesar de que desde hace cuatro años que está parada la obra, han recibido 19 millones de pesos mensuales.
Desglosó que por adjudicaciones e indemnizaciones Abengoa recibió mil 600 millones de pesos, mientas que a La Peninsular y a Hermes les dieron mil 436 millones de pesos. Además, se le entregó a Abengoa los fondos de las pensiones de los trabajadores del estado, que suman 604 millones de pesos y el gobierno federal le dio 200 millones de pesos, y el de Guanajuato 100 millones de pesos. “Pero hay otros costos que tienen que ver con estudios, los nuevos centros de población, etcétera (…) la presa podría costar 50 mil millones de pesos, sin incluir la operación”, señaló María González.
Recordó que en el presupuesto federal del 2018 se contempla una partida por mil 500 millones de pesos para la presa El Zapotillo, y que en los últimos tres años ha recibido la obra 3 mil 814 millones de pesos. “Con esa cantidad de dinero pudiéramos haber invertido en el saneamiento integral del río Santiago, se pudiera haber invertido en acceso al agua de muchas zonas y colonias de la zona metropolitana de Guadalajara que carecen de agua”, comentó.
Por su parte, Miguel Ángel Montoya, asesor parlamentario especialista en agua, advirtió que se busca legislar para privatizar el vital líquido en el país. Tal es el caso de la Ley General de Aguas que es “la culminación de la reforma energética porque se trata de poner en las grandes empresas petroleras prácticamente todos los recursos de agua. No podemos desconocer que quien tiene interés en petróleo, en energía, también lo tiene en agua”.
El especialista nombró a la ley general de Aguas “ley Pichardo”, por el legislador priista que la impulsa- mencionó que en este momento el régimen concesional permite mediante un contrato transferir el agua y cambiar su uso por un periodo máximo de 30 años, pero si se llega a reformar la legislación, tendrían a perpetuidad la concesión de la infraestructura del agua y la operación.
Alertó que existen otros avances para la privatización como la ley de Sustentabilidad Hídrica de la Ciudad de México, que no está promulgada, pero fue aprobada por la Asamblea Legislativa, así como la ley de Agua de Oaxaca.
En tanto, Félix Hernández Gamundi, especialista en Agua, Medio Ambiente y Energía, enfatizó que la disponibilidad del agua en México no es homogénea. “Más de dos terceras partes de nuestra disponibilidad de agua en la República se ubica en el sureste del país, pero ahí habita solo el 30% de la población, donde está el resto de la población tenemos solamente un tercio de la disponibilidad, y ahí se genera la mayor parte de la actividad industrial, y del Producto Interno Bruto Nacional está del centro hacia el norte”, informó.
Comparó que mientras en Jalisco se dispone de 1,900 metros cúbicos de agua por habitante al año, la zona del Valle de México recibe 180 metros cúbicos, y en tiempos críticos solo 130 per cápita.
Apuntó que en la entidad jalisciense no es problema la disponibilidad del agua que proviene del río Lerma-Santiago-Chapala, sino que la recibe muy contaminada – principalmente por las descargas de la industria en Toluca- , por estar al final de los mil kilómetros de la cuenca.
Consideró que las plantas de tratamientos no son funcionales para descontaminar el agua proveniente del río Santiago, pues su función es limpiar las aguas domésticas, no industriales. Otro dato que aportó es que los 99 acuíferos del país, están sobrexplotados, contaminados o ambos.
“El problema de todo esto que les estoy diciendo, el gobierno lo sabe, es información oficial (…) mi critica es que sabiéndolo no resuelven el problema, (…) porque tienen intereses que son ajenos al bien común”, lamentó.
Propuso que se implante un modelo distinto para la gestión del agua en el país, comenzando por modernizar los métodos de riego de la agricultura, y dar un pretratamiento a las aguas industriales para eliminar metales pesados.
“El manejo del agua no es un asunto de dinero, es un asunto de políticas, la lógica del gobierno es que nos dicen que es escasa, pero no es cierto, y la única solución que encuentran es privatizando (…) pero en ninguna parte del mundo la privatización ha resuelto el problema del agua”, insistió.

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Brutal represión a manifestantes en Argentina; varios diputados lesionados

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Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, y Nora Cortiñas, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora (ambos al centro), en la movilización del martes en Buenos Aires en rechazo al encuentro de la Organización Mundial del Comercio que se celebra en la capital argentinaFoto Afp
Stella Calloni
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 14 de diciembre de 2017, p. 26
Buenos Aires.
Diputados heridos y otros golpeados por gendarmes fue el saldo de una brutal represión con camiones hidrantes y balas de goma contra una manifestación que congregó a unas 250 mil personas, que después de un acto en la zona del Obelisco marcharon hacia el Congreso y encontraron una muralla de fuerzas de gendarmería, prefectura, infantería de Policía Federal y de la ciudad que sitiaron el edificio, como si estuvieran en guerra, lo que llevó a la Confederación General del Trabajo (CGT) a convocar a movilizaciones para este jueves y un paro nacional este viernes.
Los diputados heridos son Victoria Donda (hija de desaparecidos), Juan Manuel Huss y Leonardo Grosso, por intentar frenar el accionar de las fuerzas de seguridad.
La brutal imagen de este día hizo retroceder a los tiempos de las dictaduras militares, y sucedió a muy poca distancia de una inmensa zona restringida donde sesionaba la Organización Mundial del Comercio (OMC), ante cuyos representantes el presidente Mauricio Macri calificó de extraordinarios los dos años de su gobierno.
Miles de manifestantes marcharon pacíficamente el pasado martes; muchos de ellos también fueron reprimidos en las movilizaciones contra la OMC y la reforma previsional que el mandatario ordenó votar sí o sí este jueves, y que es rechazada por 87 por ciento de la población, era el escenario detrás de la imagen de una ciudad militarizada.
El término estado de excepción en el lenguaje más cuidado se convertía en un: Macri, basura, vos sos la dictadura en algunas voces de la multitud, que marchaba con la consigna sin techo y sin trabajo la reforma es contra los de abajo, y que integran desempleados, indigentes, piqueteros de Barrios de Pie, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) el Movimiento Evita, la Corriente Federal que agrupa a importantes gremios de la CGT y otros.
Además de abrazar al Congreso se pensaba organizar una vigilia y permanecer en la plaza para estar este jueves, cuando se reúnan los diputados citados por el oficialismo para votar la rechazada reforma previsional que recorta haberes de jubilados, pensionados, discapacitados, la Asignación Universal por Hijo, las pensiones de los ex combatientes de las Malvinas, el dinero para los comedores populares y otros beneficios sociales.
Los dirigentes de la marcha que pedían la emergencia alimentaria en forma urgente tenían anotadas las cifras de aumento de medio millón de pobres y un nuevo millón de indigentes (dos tercios de la población) sólo en este último año y de 48 por ciento de niños desnutridos que publicó la Universidad Católica Argentina (UCA), realidad que el gobierno se empeña en no ver.
Denunciaron, asimismo, que mientras el gobierno perdonó los impuestos a los más fuertes exportadores de soya, granos y carne, a las mineras, a los especuladores financieros que están enviando millones de dólares fuera del país, bajó las cargas sociales a los empresarios y el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, advirtió que en las próximas negociaciones salariales (paritarias) los aumentos no podrán exceder 16.6 por ciento, cuando la inflación de este mes suma casi 3 por ciento, y los salarios mínimos no cubren la canasta básica.
Lo más grave son las denuncias de cómo Macri y sus funcionarios han extorsionado a los gobernadores, amenazándolos con no enviarles los fondos de coparticipación para que sus diputados voten este jueves la reforma, porque necesita que esto suceda antes de que se retiren los representantes de la OMC.
Para eso el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, militarizó las calles que rodean el Parlamento; la misma ministra que decidió desde los graves sucesos en el sur contra los mapuches que las fuerzas de seguridad debían actuar sin pedir autorización a la justicia.

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