martes, 19 de diciembre de 2017

La CNTE lleva a cabo nueva jornada de protesta en Morelia


 
PROCESO 
 

MORELIA, Mich. (apro).- Otra jornada de protesta se registra este martes en la capital michoacana, encabezada por agremiados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Los docentes exigen el pago de sus prestaciones pendientes y reclaman a las autoridades estatales el retraso de varios meses en pagos salariales que se suman a las prestaciones de fin de año.

La marcha inició en las oficinas de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) en la avenida Siervo de la Nación para incorporarse a la avenida Periodismo y continuar a la Madero.
Se tiene previsto que el trayecto termine en frente de Palacio de Gobierno con un mitin en el que aprovecharán para repudiar la recién aprobada Ley de Seguridad Interior.
Debido a esta protesta, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desplegó un operativo para evitar algún contratiempo y desviar el tránsito vehicular por rutas alternas.

Fuente

Por violaciones a derechos, ONG crearán Observatorio sobre México


Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Martes 19 de diciembre de 2017, p. 3
Un grupo de 10 organizaciones internacionales anunció la conformación del Observatorio Internacional sobre México, cuyo mandato será observar y documentar el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país.
Esto se da como respuesta a la aprobación por parte del Congreso de la Ley de Seguridad interior, la cual, demandaron, debe ser vetada por el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto.
Las organizaciones que conformarán el observatorio son: Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Fundación para el Debido Proceso, Latin American Working Group, la Oficina de Washington para América Latina, Open Society Justice Initiative, la Organización Mundial contra la Tortura, Peace Brigades International y el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy. Confiaron en que otras instancias a escala global se sumen a este esfuerzo.
La aprobación de la ley de seguridad interior, que se concretó la semana pasada en el Senado mexicano implica un grave retroceso para una nación que ya se enfrenta a niveles de violencia sin precedente y a una situación generalizada de violaciones a derechos humanos, manifestaron anoche en un posicionamiento en el que anunciaron la iniciativa de creación del observatorio.
Esta normativa “es parte de una tendencia peligrosa que requiere reacciones urgentes. La creación del Observatorio Internacional –una coalición permanente de organizaciones de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica– servirá para monitorear la situación en México, llamar la atención de otras naciones sobre la regresión democrática que está en curso, y apoyar a nuestros colegas de la sociedad civil mexicana frente a los crecientes ataques y amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas”.
El observatorio, señalaron, también buscará mantener el diálogo con autoridades mexicanas para recordarles sus obligaciones derivadas del derecho internacional. Mientras México se aleja de los valores democráticos, el mundo le está observando, afirmaron.
Indicaron que lejos de abordar la impunidad generalizada de crímenes atroces, incluidos los cometidos por las fuerzas armadas en el contexto de la llamada guerra contra las drogas, la ley aprobada consagra y fortalece el papel del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública reservadas para autoridades civiles.
Durante los pasados 10 años esta estrategia de militarización ha aterrorizado a la población civil mediante ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos, casos que han sido plenamente documentados y que permanecen prácticamente en absoluta impunidad. Mientras tanto, los índices de violencia continúan escalando y, de hecho, 2017 se perfila ya como el año más letal de la historia de México, señalaron.
Enfatizaron que la Ley de Seguridad Interior constituye un marco legal de amplios alcances que posibilita el ejercicio de la acción militar en todo el territorio del país y contra todos sus ciudadanos.

Veto nacional e internacional a la ley golpista

 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La aprobación de madrugada en el Senado de la República de la Ley de Seguridad Nacional, el 15 de diciembre, y la ratificación de los cambios cosméticos realizados a nueve artículos en la Cámara de Diputados, no frenó el descontento nacional e internacional que se ha generado por este nuevo ordenamiento que implica un aplastamiento a las demandas de respeto a los derechos humanos en México.
A pesar de la temporada decembrina, jóvenes activistas protagonizaron el pasado fin de semana una movilización inesperada a las puertas de Los Pinos para reclamarle a Enrique Peña Nieto que cumpliera con sus facultades presidenciales y vetara la ley. En el mismo sentido se pronunció la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la coalición de organizaciones #SeguridadSinGuerra.

Con consignas como “Veto a la ley golpista” o “Alto a la guerra, no a la Ley de Seguridad Interior”, los cientos de jóvenes que marcharon de la Estela de Luz de la avenida Reforma hasta las rejas de la residencia oficial de Los Pinos para protestar por la polémica ley, dejaron claro que no habrá amnistía cívica frente a esta imposición de la coalición oficialista del PRI, Verde y sus aliados del PAN y otros partidos.
Los contingentes marcharon con banderas de la comunidad lésbico-gay, de los distintos colectivos urbanos de jóvenes anarquistas o de activistas de derechos humanos que durante la última semana se han expresado en contra de la Ley de Seguridad Interior.
La entrada a Los Pinos estuvo herméticamente protegida por elementos del Estado Mayor, decenas de granaderos, camiones y toletes listos para usarse ante algún brote de violencia, como si se cumpliera uno de los supuestos de la Ley de Seguridad Interior.
Uno de los incidentes reportados por los medios fue cuando un joven encapuchado amenazó con lanzar objetos a los granaderos. Lo despojaron de un aerosol y de un encendedor. Surgió el reclamo: “esa ley no da seguridad, lo único que quiere es permiso para matar”.
El reclamo de los manifestantes fue claro: “Así nos recibe Peña Nieto, como si fuéramos los peores delincuentes”. “¿Este es el diálogo que ofreció?”, preguntaron, en clara referencia a la promesa del 8 de diciembre de hacer un “diálogo incluyente” a través del Senado antes de aprobar la ley.
La movilización internacional contra la ley también inició. El lunes 18 de diciembre, un grupo de 10 organizaciones internacionales anunció la conformación de un Observatorio sobre México para “observar y documentar el deterioro de la situación de los derechos humanos” en nuestro país.
La coalición está formada por organizaciones como Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Fundación por el Debido Proceso, Latin American Working Group, la Open Society Justice Initiative, la Organización Mundial contra la Tortura, Brigadas Internacionales de Paz y el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy.
Nunca antes se había formado una coalición de este tipo para colocar a México en el banquillo de la observación, elevando la imagen internacional de nuestro país a la situación similar en Venezuela, Siria o Corea del Norte. Golpe frontal a la “cancillería activa” de Luis Videgaray.
En paralelo, el Alto Comisionado de las Naciones Humanas para los Derechos Humanos, más la CNDH y Amnistía Internacional exhortaron en comunicado conjunto al presidente Enrique Peña Nieto a vetar esta ley.
Advirtieron que si Peña Nieto no atiende estos llamados, los actores involucrados en la aprobación y aplicación de esta ley deben interponer acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia “a efecto de que sea sometida a revisión judicial”.
El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, advirtió que este organismo analiza la posibilidad de interponer la controversia constitucional si el Ejecutivo federal ignora los llamados. El bloque de senadores del PT-Morena, más los legisladores del PRD y del PAN que votaron en contra también contemplan interponer una acción de inconstitucionalidad.
En otras palabras, la Ley de Seguridad Interior está en el banquillo de los acusados y ni el intenso cabildeo del alto mando de las Fuerzas Armadas y la deliberada intención de silenciar el tema en los medios masivos va frenar esta oleada de impugnación.
www.homozapping.com.mx

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Marchas, represión y cacerolazos sacuden Buenos Aires; 58 heridos

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Policías lanzan chorros de agua y balas de goma en las cercanías del Congreso, donde se debate la reforma previsional que significa un recorte a las pensionesFoto Ap
Stella Calloni
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 19 de diciembre de 2017, p. 21
Buenos Aires.
Fin de año salvaje; licencia para la barbarie, tituló su información Minuto Uno del canal C5N la noche de este lunes, cuando los cacerolazos sacuden la capital argentina, y ante uno de los vallados policiales frente al Congreso, mientras miles de manifestantes llegaron a rodear la quinta presidencial de Olivos, lo que indica que se expande el descontento de amplios sectores, después de una jornada de furia y represión brutal que dejó 58 heridos, más de 80 detenidos, y que comenzó con bloqueos en distintos puntos de la ciudad y una marcha multitudinaria en rechazo a la ley de reforma previsional, que intenta imponer el gobierno.
El oficialismo logró el quórum para debatir el tema, pero a un costo político muy fuerte, ya que al menos dos diputadas provinciales confesaron que lo hacían porque el gobierno nacional amenazó a sus mandatarios estatales con no enviarles el dinero para los pagos de salarios y aguinaldos. También en el interior en ciudades importantes como Rosario hubo movilizaciones y cacerolazos.
Mucho antes de comenzar la sesión en la Cámara de Diputados, y después de que la Confederación General del Trabajo dispuso un paro nacional por 24 horas a partir del mediodía, mientras comenzaban a llegar los manifestantes por un lado de la Plaza del Congreso, la policía rodeó el edificio remplazando a la Gendarmería, entonces unas 20 personas muy organizadas comenzaron a lanzar piedras a los policías, que no respondieron aunque hubieran podido detener a los agresores.
Dirigentes de la marcha, que a la hora de comenzar la sesión de los diputados (dos de la tarde, hora local) sumaban más de 300 mil personas, advirtieron que ese enfrentamiento parecía un escenario armado por sectores de inteligencia del gobierno para desprestigiar la movilización encabezada por centenares de jubilados y trabajadores.
El periodista Gustavo Silvestre, quien dirige el programa Minuto Uno, preguntó por qué la policía no actuó contra ese grupo plenamente identificado que inició los disturbios, y en cambio salieron directamente las motocicletas en una cacería indiscriminada, y desde ese momento hasta las 19 horas (local) la represión se extendió por varias calles. Entre los heridos figuran más de seis periodistas de medios importantes y alternativos.
Un jubilado fue embestido por una camioneta policial, que siguió su camino. Un policía embistió con su motocicleta a una persona que está gravemente herida. Dos jóvenes fueron llevados al hospital por disparos de balas de goma en el rostro y lamentablemente cada uno perdió un ojo. Hay más de 58 heridos.
Los policías disparaban a ambos lados de las calles a quien estuviera caminando. Un anciano fue acorralado, le tiraron gas pimienta en la cara y lo golpearon. La violencia del pasado jueves regresó este día y como denunció el ex diputado Claudio Lozano, el enfrentamiento del inicio fue claramente armado para justificar la represión y para que la prensa no enfocara a la marcha que quedaba opacada por la violencia. Eran infiltrados, aseguró. Uno de ellos fue descubierto por los manifestantes, que lo golpearon y lo sacaron de la marcha luego de mostrar que llevaba esposas y un arma en sus bolsillos.
En el Congreso el debate continuaba al cierre de esta edición, después que los diputados opositores pidieron al presidente de la cámara, Emilio Monzó, que se suspendiera la sesión ante los enfrentamientos en la calle, y poner otra fecha para discutir a fondo la reforma previsional, que ni siquiera fue bien defendida por los oficialistas. La diputada Elisa Carrió acusó a los manifestantes de intentar un golpe de Estado, olvidando que ella estuvo al frente de protestas en marzo de 2008, cuando agrupaciones patronales del campo mantuvieron cuatro meses de paro, buscaban la destitución de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por la ley de impuestos a la exportación de soya.
El presidente Mauricio Macri le perdonó impuestos a los terratenientes, a las mineras y a otras empresas. Sólo con volver a esos impuestos cuando en estos dos años esos sectores han ganado millones de dólares e incluso los han sacado del país, se lograría triplicar lo que quiere sacarle a los jubilados.
Por la noche había cacerolazos también frente al Congreso, adonde continuaban llegando manifestantes. Las calles aledañas muestran las huellas de batallas campales. Los miles que salieron esta noche con las cacerolas eran vecinos de barrios donde se votó a Macri y a los que comenzaron a llegar los nuevos tarifazos, que no podrán pagar.