miércoles, 27 de diciembre de 2017

Misa en la Basílica por los 43 normalistas de Ayotzinapa

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Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en el municipio de Iguala, en 2014, ayer, durante la misa oficiada por el obispo Raúl Vera, en la Basílica de GuadalupeFoto Yazmín Ortega Cortés
Fernando Camacho Servín Sergio Ocampo Arista
Reportero y corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de diciembre de 2017, p. 5
Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos pidieron a la Virgen de Guadalupe que toque el corazón de piedra de los gobernantes que no les han permitido dar con el paradero de sus hijos, y anunciaron que seguirán recorriendo el país para alzar la voz hasta encontrar verdad y justicia.
Al cumplirse 39 meses de la desaparición forzada de los estudiantes, ayer se realizó una marcha de los familiares y compañeros de los 43, que partió de la Glorieta de Peralvillo rumbo a la Basílica de Guadalupe, en medio de consignas y mantas con el nombre y rostro de las víctimas.
Al llegar al templo, padres y madres de los normalistas realizaron un mitin en las afueras, tuvieron un breve forcejeo con policías que querían impedirles acercar la camioneta donde transportaban sus bocinas a las rejas de la Basílica. Poco antes de las 16 horas, se les notificó que podrían pasar a la Basílica y escuchar la misa que oficiaría el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, en el altar principal del recinto.
Durante la homilía, Vera dio la bienvenida a los padres y madres, y subrayó que su única falta ha sido no rendirse en la lucha por encontrar con vida a sus hijos, y fustigó a los servidores públicos que les han puesto obstáculos para llegar a la verdad. ¿Por qué los tratan así? Porque (los malos servidores públicos) odian el bien y la justicia, porque con ellas no acumulan dinero, enfatizó el obispo desde el púlpito.
Además de pedir a la Virgen que dé fuerza a los familiares de los jóvenes desaparecidos en la búsqueda de sus hijos, Vera rezó por que los gobernantes del país hagan su trabajo de impartir justicia en el caso de víctimas de desaparición.
A invitación del obispo, Hilda Legideño e Hilda Hernández, madres de dos estudiantes agredidos la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, subieron al altar a leer un pronunciamiento. Venimos con la esperanza de que nuestro rezo sea escuchado y nuestro clamor de justicia sea atendido. Nuestra fe en el Dios de la vida nos da la certeza de que nuestra lucha no será en vano, señalaron.
Tras la ceremonia, Vera se encontró de nuevo con los familiares de los 43, en medio de aplausos y gritos de queremos obispos al lado de los pobres. Tras saludarlos, afirmó que sus exigencias son la punta de lanza para salvar al país de más sufrimientos.
Llaman a boicotear candidatura de Ángel Aguirre en Guerrero
En Chilpancingo, Guerrero, María de Jesús Tlatempa, madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa, uno de los 43 normalistas desaparecidos, llamó a boicotear la candidatura del ex gobernador perredista Ángel Aguirre Rivero, quien inicia este miércoles su campaña en el municipio de Ayutla de los Libres como candidato a diputado federal por el distrito 8, con sede en la región Costa Chica.
Tlatempa aseguró que Aguirre “estuvo con los cómplices de los hechos de septiembre de 2014, entre ellos, el ex procurador de Guerrero Iñaki Blanco, José Luis Abarca, ex edil de Iguala y su esposa María de los Ángeles Pineda, además del entonces procurador general Jesús Murillo Karam.

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Ley de Seguridad Interior “haiga sido como haiga sido”


 
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La imposición de la Ley de Seguridad Interior equivale al “haiga sido como haiga sido” de Felipe Calderón cuando justificó que se haya quedado con la Presidencia de la República por encima de las prácticas democráticas.
Al promulgar la Ley de Seguridad Interior con el conocimiento de que es un dechado de violaciones constitucionales, el presidente Enrique Peña Nieto mostró también su desprecio al espíritu del régimen democrático.

Las formas no bastan para la democracia. El Legislativo, en efecto, aprobó la cuestionada ley, y el Ejecutivo la promulgó. En los siguientes meses le tocará revisarla a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la máxima representación del Poder Legislativo.
Cualquiera diría que hay una efectiva división de poderes. Pero un régimen democrático es mucho más que eso. Es también la prevalencia de la autoridad civil sobre los militares, el respeto permanente a los derechos humanos y la transparencia y rendición de cuentas respecto de las prácticas del poder.
Esas son las principales carencias de la ley. Por eso, aunque sea legítima, es rechazada por un amplio sector de la sociedad y por la comunidad internacional de los derechos humanos. El fondo, lo que defienden es un régimen en el que los militares estén plenamente subordinados al poder civil.
Un presidente que publica leyes a sabiendas de que son contrarias a la Constitución es un gobernante autoritario y faccioso que perturba en lugar de tranquilizar al país.
Como continuador de las prácticas violentas de Calderón, Peña Nieto acabó siendo tan autoritario como su antecesor, apoyados sólo en la formalidad democrática.
Irónico, ofrece no promulgar ninguna Declaratoria de Protección de Seguridad Interior mientras la Suprema Corte no resuelva las impugnaciones a la ley.
Sabe que la Corte difícilmente echará abajo la ley. Se necesitan ocho de los once ministros para echarla al basurero por sus violaciones a la norma máxima del país. Sabe también que mientras se resuelve, la ley se podrá poner en marcha por ser de aplicación obligatoria. Es decir, aunque no haya una Declaratoria de Protección de Seguridad Interior, las demás disposiciones podrán aplicarse.
Entre ellas, lo que los militares puedan hacer “por sí mismos” en razón de la seguridad interior. Al margen de la Declaración, las Fuerzas Armadas llevarán a cabo “acciones de seguridad interior que sean necesarias, pertinentes y eficaces” para “identificar, prevenir y atender riesgos” detectados en la Agenda Nacional de Riesgos (ANR).
Así de amplias e imprecisas son las atribuciones de la ley, pues la ANR es un documento que desconocemos porque es reservado por ser de seguridad nacional.
Como presidente, Peña Nieto promulgó una ley a favor de una facción, la de la casta militar mexicana que históricamente ha sido ajena a la transparencia y la rendición de cuentas, sobre todo en casos de crímenes de lesa humanidad.
La ley ya es una realidad. Los militares mexicanos han ganado más que un marco jurídico. Lograron hacer más grande su bolsón autoritario.
Comentarios: @jorgecarrascoa

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Minas legales e ilegales ponen en riesgo abasto de agua en Colima

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La sierra de Manantlán, que abarca territorio de Colima y Jalisco, es una de las zonas de recolección de agua pluvial más importantes de la región y también una de las más ricas en minerales, principalmente hierro, que desde 1961 explota la empresa Peña ColoradaFoto Juan Carlos Flores
Juan Carlos Flores
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de diciembre de 2017, p. 23
Colima, Col.
La minería legal y la que realizan grupos del crimen organizado representan un riesgo para el suministro de agua potable en la entidad, debido a la contaminación con arsénico, de acuerdo con estudios de las universidades de Colima y de Harvard.
De acuerdo con el ex director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (Ciapacov), Óscar Valencia Montes, las actividades de la minera Peña Colorada, del Grupo Ternium (que forma parte del grupo italo-argentino Techint) y de las siderúrgicas Hylsa y Grupo Imsa ha causado severos daños al entorno y a los acuíferos, al talar alrededor de 62 mil árboles, según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en perjuicio de más de 300 mil habitantes de ambos municipios.
Valencia Montes indicó que la extracción de hierro a cielo abierto es una de las actividades más contaminantes del aire y el agua, y se intensificará porque Peña Colorada descubrió recientemente un yacimiento valuado en 20 mil millones de dólares.
El ex funcionario llamó a tener cautela y a no poner en peligro el abasto de agua para Colima y Villa de Álvarez.
De acuerdo con la Secretaría de Economía, en la entidad hay 964 concesiones mineras, de las cuales 359 están vigentes y abarcan 356 mil hectáreas, es decir, más de 60 por ciento del territorio estatal. Treinta y un concesiones son para explotación de sal y el resto para materiales pétreos: en Colima hay 43; en Manzanillo, 115; en Villa de Álvarez, 12; en Tecomán 35; en Coquimatlán, 32; en Ixtlahuacán, 34; en Minatitlán, 44; en Armería, 15, y en Comala, seis.
Algunos yacimientos de hierro no registrados son explotados por la delincuencia organizada en Chanquehahuil, municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.
Según Jesús Michel Prudencia, habitante de esa región, los criminales arrasan con caminos, mantos freáticos y ríos, así como especies protegidas de flora y fauna.
Michel Prudencia aseveró que día y noche decenas de camiones bajan hasta con 40 toneladas del mineral por caminos sinuosos hacia Manzanillo, donde les pagan 40 dólares por tonelada.
Nadie sabe exactamente quiénes son los propietarios, pero no tienen permisos ni estudios de impacto ambiental, indicó.
Adalberto Torres, vocero de la minera Peña Colorada, aseguró que ninguno de esos camiones es propiedad de la empresa, ya que el material que ésta extrae se baja por gravedad en ferroducto hasta Manzanillo. Las concesiones de esos terrenos son nuestras, pero ahí no hay trabajos de nosotros. Ni siquiera hemos hecho exploraciones, sostuvo.
En 2013 la minera Peña Colorada interpuso una denuncia por robo ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, y aunque agentes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) han clausurado en dos ocasiones dos minas, la actividad continúa debido a la falta de supervisión y a la lejanía de los yacimientos.
Como las actividades mineras de Peña Colorada y las ilegales se realizan cerca de Cerro Grande, una reserva natural protegida donde nacen los manantiales de Zacualpan y principal zona de abastecimiento de agua para consumo humano, podrían contaminarse los pozos profundos de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez.
Riesgos para la salud
De acuerdo con un estudio elaborado por las universidades de Colima y de Harvard, dado a conocer en marzo pasado, las aguas de la entidad contienen altas concentraciones de arsénico, lo que aumenta el riesgo de padecer diversos tipos de cáncer.
La investigación, realizada en 2016, se concentró en identificar riesgos para la salud en caso de ingestión crónica de arsénico en el agua potable, para lo cual se tomaron muestras de 36 pozos en 10 acuíferos de la entidad, principalmente de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez.
En el estudio se indica que las altas concentraciones de arsénico en aguas subterráneas podría ocasionar 446 casos de cáncer y otras enfermedades.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos inició una queja de oficio contra la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), que descalificó los estudios académicos con el argumento de que las muestras no se analizaron en laboratorios certificados.
El Congreso del estado exhortó en marzo pasado al gobernador priísta José Ignacio Peralta Sánchez y al gobierno federal a que instruyan a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional del Agua a realizar a la brevedad posible un estudio sobre las concentraciones de arsénico en el agua de Colima.

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El agua de Magdalena Peñasco, contaminada


Néstor Jiménez
 
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de diciembre de 2017, p. 24
Expertos de la Universidad Autónoma Chapingo advirtieron que poco más de 3 mil 500 habitantes del municipio de Magdalena Peñasco, Oaxaca, corren riesgo debido a que el agua de la localidad está contaminada con metales pesados, lo cual también afecta la producción de alimentos.
En el agua de esta localidad ubicada en la Sierra Alta del estado también se detectaron altas concentraciones de hierro, alertaron el subdirector de extensión y servicios de esa casa de estudios, Pedro Ponce Javana, y Rafael Sánchez Bravo, investigador especializado en recursos hídricos.
Tanto niños como adultos de la zona han presentado problemas dentales y otras afectaciones a la salud. Los investigadores de Chapingo agregaron que se ha multiplicado el gasto en agua embotellada en ese municipio marginado y de alta dispersión poblacional.
La universidad instaló en la comunidad siete módulos de captación de agua de lluvia en planteles de educación preescolar, básica y media superior, así como lavaderos especiales para comedores escolares e infantiles. Con ello buscan beneficiar a unos 600 niños mixtecos. Asimismo, con el Programa de Extensión y Vinculación Universitaria se pretende ofrecer acceso a agua de mayor calidad para consumo humano.
El proyecto se realizó en las zonas rurales, consideradas prioritarias porque ahí no se asoman los servicios básicos, y se protegerá la salud pública, pues el suelo es arcilloso y contiene materiales pesados.
Con cada uno de estos módulos se espera captar 72 mil litros y en los planteles beneficiados se prevé un ahorro de 32 mil 850 pesos por año en garrafones de agua purificada.
El séptimo módulo de captación y purificación de agua se instaló en la casa de una de las familias damnificadas por los sismos del pasado septiembre.

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Pobladores de Ayutla escarban en el lecho de un río para conseguir agua

Aseguran que la Conagua entregó un proyecto hidráulico hace dos años y ya fue autorizado, pero no hay recursos para llevarlo a cabo
Los afectados huyeron de la violencia en Coyuca
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Niños de la comunidad La Libertad de la Unión, municipio de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica de Guerrero, llevan a sus casas cubetas con agua sucia del río de la localidadFoto Sergio Ocampo
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Niños desplazados por la violencia escarban para conseguir agua junto al río casi seco de la comunidad Libertad de la Unión, municipio de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica de GuerreroFoto Sergio Ocampo
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de diciembre de 2017, p. 22
Ayutla de los Libres, Gro.
Todos los días, al regresar de la escuela, Bernardo, de aproximadamente siete años, y vecinos de la misma edad, llevan al río cubetas para acarrear a sus hogares agua contaminada, pues el gobierno ha incumplido su promesa de introducir drenaje y agua potable en la comunidad La Libertad de la Unión, en este municipio de la Costa Chica.
Como en diciembre el río se empieza a secar, Bernardo y sus amigos tendrán que escarbar en el lecho del río.
La Libertad de la Unión es un caserío de reciente creación donde viven 11 familias (alrededor de 56 personas, 36 de ellas niños). En 2013 debieron refugiarse en esta zona a causa de la violencia en varias comunidades del municipio de Coyuca de Catalán, en la región de la Tierra Caliente.
Bernardo Díaz Pérez, policía comunitario, explicó que carecen de agua potable desde el 10 de marzo de 2013, cuando llegaron a La Libertad de la Unión. Desde entonces hemos pedido el servicio al gobierno estatal.
Indicó que les pidieron un proyecto “y un ingeniero de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) lo entregó hace dos años, pero todavía traemos agua del río. Pronto se secará y tendremos que escarbar para sobrevivir.
Nos dicen que el proyecto ya está autorizado y que sólo faltan recursos para hacerlo, pero mientras no tenemos agua. Ya vamos a cumplir cinco años así. Ellos (el gobierno) hicieron una ley (de los desplazados) para nosotros. Todo lo que dice es muy bonito, que tendremos todos los servicios, pero en la realidad no hay nada.
Junto con el proyecto para suministro de agua presentaron al gobierno del estado uno para fabricar tabicón. Podemos obtener arena y agua cuando llueve; esa sería una fuente de trabajo. Tampoco han tenido respuesta.
Refirió que resultaron afectados por el huracán Max y por los sismos recientes. Vimos mucho apoyo en otros sitios, pero aquí Protección Civil del estado ni siquiera vino a ver cómo estábamos. No saben si seguimos viviendo o nos chingó el desastre. Mandamos mensajes por diversos medios al gobierno para decirle cómo nos afectó la tragedia, pero nadie se ha presentado. Vimos cómo pasaban patrullas con ayuda, pero nada nos entregaron los del gobierno.
Escasez en aumento
A pesar de que varios ríos cruzan el estado, la escasez de agua se ha agravado en años recientes.
Uno de los compromisos de campaña del presidente Enrique Peña Nieto, firmado ante notario público, fue resolver la insuficiencia de agua en Chilpancingo. Falta un año para que termine su gestión y el desabasto sigue siendo uno de los principales problemas en la capital.
En 2013, tras el huracán Ingrid y la tormenta Manuel, Peña Nieto prometió una inversión de 37 mil millones de pesos en obras, entre ellas el suministro de agua potable en varios municipios, pero no llegaron los recursos.
En Chilpancingo, 35 por ciento de las 600 colonias, ubicadas en zonas altas, no tienen agua potable ni drenaje.
Más de 60 por ciento de la tubería de la capital está colapsada o es obsoleta, y existen al menos mil tomas clandestinas.
Tampoco hay alcantarillas marginales en las 34 barrancas de la capital, y en tiempo de lluvias las aguas negras bajan al río Huacapa, que atraviesa la capital.
El pasado 21 de octubre, pobladores del barrio de San Mateo y de toda la zona oriente denunciaron que cuatro manantiales que abastecen a una decena de colonias de Chilpancingo han sido contaminados con aguas residuales de las oficinas del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, entre otros edificios.
Las oficinas se construyeron en la gestión de Zeferino Torreblanca (2005-2011). Desde entonces han resultado afectados los manantiales de la barranca de Apatzingo, que surten a varias colonias de la ciudad.
Vecinos indicaron que se instalaron sanitarios y los desechos llegan a la barranca y atraviesan los manantiales”.
En julio de 2015 denunciaron a la Secretaría de Salud que esta contaminación se ha convertido en un problema sanitario, pues el agua es utilizada para beber y para limpieza. Ya hay cuatro manantiales contaminados. Además, aseguraron, hay un criadero de chivos y cuando algún animal muere lo arrojan a un lado de los manantiales.
El pasado 19 de octubre, después de la contingencia provocada por el huracán Max, la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero informó que se rehabilitaron los sistemas de agua potable de 60 por ciento de las localidades que resultaron afectadas.
La comisión local tiene un padrón de aproximadamente 42 mil usuarios, pero sólo 17 mil pagan. Este problema dificulta pagar nómina y prestaciones al personal y a la Comisión Federal de Electricidad.

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El dólar se cotiza hasta en 20.22 pesos en bancos

 
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El dólar continúa en ascenso y este miércoles se vende hasta en 20.22 pesos en sucursales bancarias.
En en casas de cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) el billete verde promedia en 19.74 pesos por unidad.

Ayer, la Comisión de Cambios –integrada por el secretario y el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, el gobernador del Banco de México y dos miembros de su junta de gobierno– decidió subastar 500 millones de dólares en coberturas cambiarias divididas en dos bloques de 250 millones cada una, ante la alta volatilidad que ha registrado el mercado cambiario en los últimos días.
Sin embargo, la medida no atenuó la caída del peso mexicano, que suma hoy su sexto día consecutivo con pérdidas ante el dólar.
De hecho, el peso fue la divisa más depreciada ante el dólar, pues varias de ellas consiguieron avances considerables ante la moneda estadunidense, en particular las monedas de economías emergentes, a consecuencia de un fortalecimiento de los precios del petróleo en el mercado de materias primas, de acuerdo con el análisis del Banco Base.
Según dicha fuente, el desempeño del tipo de cambio está relacionado con un incremento de las apuestas a favor del dólar estadunidense y en contra del peso, pues se prevé que el inicio de 2018 sea de alta incertidumbre por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), las elecciones presidenciales en México y los posibles efectos de la reforma tributaria de Estados Unidos sobre los flujos de capitales del país.
En tanto, el euro se valora a la compra en 23.30 pesos y a la venta en 23.99 pesos.
La libra se cotiza en 24.00 pesos para su adquisición y 27.49 pesos para su expedición; el yen se compra en 0.15 pesos y se vende en 0.23 pesos.

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Uno de cada 5 jóvenes que busca trabajo en América Latina no lo encuentra: OIT

La tasa de desempleo en el sector supera 20% en Brasil y Argentina; en México no llega a 10
Laura Poy Solano
 
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de diciembre de 2017, p. 28
En América Latina y el Caribe al menos uno de cada cinco jóvenes que busca empleo no puede encontrarlo, lo cual afecta a 10.2 millones de personas, alerta la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
A ello se suma que el desempleo en el caso de las mujeres alcanzó, más de dos dígitos, por primera vez en lo que va de la década, al llegar a 10.4 por ciento de esta fuerza laboral.
En el Panorama Laboral de América Latina y el Caribe 2017, presentado recientemente por el organismo multinacional, se revela que en la región 26.4 millones de personas buscan trabajo sin lograr acceder a una fuente de empleo, lo cual representa un incremento de 2 millones de desempleados, en comparación con la estadística registrada en el año anterior.
En el documento se agrega que si bien se presenta un repunte económico en la región y se estima un crecimiento promedio de 2 por ciento para las economías latinoamericanas en el año 2018, esta cifra todavía se mantiene muy por debajo del nivel de 5 o 6 por ciento que requieren estos países para hacer una diferencia contundente en cuanto a la informalidad y la calidad del empleo que se ofrece.
Uno de los sectores más afectados por la falta de oportunidades laborales, se destaca en el informe, son los jóvenes, quienes enfrentan tasas de desempleo que triplican la desocupación de los adultos; por primera ocasión en lo que va de la década la tasa de jóvenes desocupados estuvo muy cerca de 20 por ciento, pues se situó en 19.5.
Se detalla que a escala regional, la tasa de desocupación juvenil varía por país, desde 6.6 a 29.8 por ciento en años recientes, aunque únicamente en seis de 16 naciones de la región la media del desempleo de los jóvenes superó en 2017 la tasa de 20 por ciento. Entre ellos se ubicaron Brasil, Jamaica, Uruguay, Argentina, Costa Rica y Paraguay, mientras que Guatemala, México y Ecuador presentan tasas inferiores a 10 por ciento.
El organismo multinacional señala que el hecho de que uno de cada cinco jóvenes en la región busque trabajo y no lo encuentre es preocupante, porque significa una amenaza al presente y a las expectativas de más de 10 millones de jóvenes que no ven materializarse oportunidades de empleo, educación ni movilidad social.
Agrega que en el caso de las mujeres jóvenes la situación es peor: están aún más en riesgo, porque sus tasas de ocupación son menores, frente a mayores niveles de desempleo, mientras que la prevalencia de empleos precarios las afecta de manera desproporcionada.
Por ello, se considera esencial mejorar las oportunidades para este sector de la población a través de políticas sociales y de empleo apropiadas, con el propósito de garantizar sociedades que sean más inclusivas y sostenibles.
En cuanto a la calidad del empleo que se ha creado en la región, la OIT destaca que si bien este año se incrementó en 0.3 por ciento el empleo asalariado, el trabajo por cuenta propia aumentó 0.7 por ciento, lo cual representa un indicador que preocupa, porque el deterioro de la calidad del empleo se ha mantenido en 2017, pues los nuevos puestos de trabajo en este año se han caracterizado por su baja calidad.

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Argentina: Ante el “despojo legal”, días de furia

 
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La capital argentina vivió dos días de intensa violencia desatada contra miles de ciudadanos que se manifestaban en las calles en protesta por la “reforma previsional” llevada adelante por el presidente Mauricio Macri. Tal reforma, ya aprobada, es un golpe letal contra los jubilados, a quienes se les recortan drásticamente los haberes; aún más, es un “despojo legal” incluso para quienes se pensionarán a partir de ahora. Y las imágenes de los uniformados gaseando y golpeando a civiles indefensos ya le dieron la vuelta al mundo.
BUENOS AIRES (Proceso).- Pese a la ola de protestas –manifestaciones multitudinarias, disturbios con cientos de heridos, actos de represión oficial– el gobierno de Mauricio Macri aprobó la “reforma previsional”.

La nueva ley implica una quita en los haberes (pensiones) de 17 millones de beneficiarios de jubilaciones y de prestaciones sociales y una baja muy significativa para quienes se jubilen en el futuro. La quita se concreta con un cambio en la fórmula de aumento de los haberes. Para 65% de los jubilados, que cobra un haber mínimo mensual de 7 mil 300 pesos (400 dólares), este cambio implicará en 2018 una pérdida estimada en ese mismo monto. Quien se jubile a partir de ahora ya no cobrará un haber inicial equivalente a 60% de su sueldo, sino a 40%.
Inmune ante cualquier reparo, el gobierno no abrió el debate a la sociedad, aprobó la ley –el lunes 18– en un trámite exprés a puerta cerrada y amenazó con avanzar con la reforma por decreto, si hubiera sufrido un traspié en el Congreso.
De este modo consiguió, por primera vez en dos años, unir en su contra a toda la oposición parlamentaria y a 75% de la opinión pública. La ley provocó indignación incluso en muchos de sus votantes.
El gobierno se valió del apoyo de 23 de los 24 gobernadores, que tuvieron que elegir –según admitieron diputados– entre ver limitado el acceso a fondos federales o sumarse a los beneficios de la quita en los haberes de los jubilados.
La porción sustancial de esta quita se destinará a auxiliar a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, para la realización de obras en el Gran Buenos Aires, un bastión histórico del peronismo, mejorando al mismo tiempo las posibilidades de reelección tanto del presidente como de ella misma en 2019.
La sesión parlamentaria del jueves 14, primer intento para aprobar la reforma, tuvo que ser suspendida. En las inmediaciones del Congreso la Gendarmería llevó a cabo durante nueve horas una represión digna de un país en estado de sitio.
En la siguiente sesión, el lunes 18, el gobierno ofreció como señuelo un bono de entre 20 y 40 dólares para los afectados, a pagarse por única vez el próximo marzo. El ofrecimiento de esta compensación –que en conjunto representa unos 4 mil millones de pesos sobre los 100 mil que el gobierno obtiene de la caja de la seguridad social– puso todavía más en evidencia la naturaleza del despojo. El gobierno y los grandes medios fracasaron en sus intentos de minimizar los daños.
El gobierno justificó la “reforma previsional” en la necesidad de reducir el déficit fiscal. La oposición sostiene que el gobierno amplió el déficit fiscal que recibió hace dos años y que, al reducir las contribuciones patronales que se destinan al sistema previsional, lo desfinancia a propósito, con el objetivo de volver a introducir el sistema privado de jubilaciones.
De hecho algunos de los funcionarios del actual gobierno fueron ejecutivos de las empresas que administraron los fondos previsionales (los fondos de retiro) en los noventa, experiencia que terminó en un fracaso estrepitoso y forzó el regreso del sistema a manos del gobierno.
Lo que pocos dudan es que la reforma descarga el peso del ajuste sobre el sector más vulnerable de la sociedad: jubilados, beneficiarios de asignaciones familiares, discapacitados y excombatientes de las Malvinas. Como si se empeñara en corroborar el discurso opositor más panfletario, el gobierno impone una reforma previsional nacida de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, al tiempo que reduce las cargas fiscales a los grandes empresas agropecuarias y mineras y recorta el impuesto a los bienes personales, es decir, a la riqueza.
Represión
En las inmediaciones del Congreso se vivieron dos jornadas de furia.
El jueves 14 el Congreso estaba resguardado por unos mil gendarmes y lo rodeaban cientos de miles de manifestantes, un centenar de los cuales le arrojaba piedras a los uniformados.
La represión desatada fue de una magnitud sorprendente: uniformados dispararon balas de goma contra la población civil durante varias horas, hubo detenciones arbitrarias –capturadas en video– y el centro de la ciudad parecía flotar en una nube de gas lacrimógeno.
Los federales apalearon y rociaron con gas pimienta a varios diputados opositores y agredieron a 16 periodistas, incluso a sabiendas de que estaban haciendo su trabajo. El fotógrafo Pablo Piovano recibió 13 impactos de proyectil de goma a menos de un metro del arma de un uniformado.
Una vez levantada la sesión dentro del recinto, las fuerzas de seguridad continuaron persiguiendo en motocicleta a los manifestantes, convirtiendo las redadas en verdaderas “cacerías policiales, con el único objetivo de intimidar a los manifestantes y limitar el derecho a protesta”, refiere un documento del Centro de Estudios Legales y Sociales.
El lunes 18, durante el segundo intento de aprobar la ley, una multitud de manifestantes se congregó una vez más alrededor del Congreso. Un centenar de ellos lanzó durante dos horas una lluvia de piedras contra las fuerzas de seguridad. Cuando éstas consiguieron dispersarlos, se inició una nueva cacería de manifestantes.
En los dos días de furia, al igual que en otras grandes manifestaciones contra el gobierno, se denunció la presencia de infiltrados.
“Cualquiera sea el origen de los grupos que tiran piedras, su actitud es completamente funcional a las políticas de ajuste. La violencia, sea infiltrada o de un vanguardismo marginal, desplaza la confrontación social y política y genera el repudio de la mayoría de la sociedad”, sostuvo el sociólogo Alejandro Grimson en un artículo para la revista Anfibia.
Por lo pronto, las fuerzas de seguridad terminaron disolviendo por la fuerza las dos grandes manifestaciones y anularon, de facto, el derecho a la protesta.
A tono con el gobierno, los grandes medios calificaron a los manifestantes como “los violentos” y exculparon al Estado, que utilizó medios represivos a gran escala contra la población, los diputados y los representantes de la prensa.
Dentro del recinto, varios dipu­tados oficialistas citaron el artículo 22 de la Constitución argentina, que sostiene que “el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes”. La movilización popular expresa sin embargo un reclamo contra la alianza Cambiemos, que ganó hace dos meses las elecciones legislativas, que había negado que fuera a tomar las medidas que ahora impulsa y que no quiere llamar a un referéndum, tal como le exigió la oposición.
Reformismo
La reforma previsional está íntimamente ligada a las reformas laboral y tributaria que también impulsa el gobierno. La tributaria apunta a disminuir los costos de las empresas mediante una reducción del impuesto a las ganancias y de los aportes patronales al sistema de seguridad social.
La laboral se propone reducir costos empresariales mediante la flexibilización de las condiciones de trabajo. La jornada laboral se desdibuja, de manera que el trabajador esté constantemente disponible. Se plantean formas de contratación más laxas y una reducción de las indemnizaciones.­
El gobierno postula que mediante las reformas llegarán nuevas inversiones, que a su vez elevarán el nivel de empleo. De hecho, los gobiernos de Carlos Menem (1989-99) y Fernando de la Rúa (1999-2001), quienes también echaron mano de los fondos de las jubilaciones y la seguridad social, aplicaron medidas de índole similar.
Entre 1991 y 2001 el desempleo se incrementó de 6.5 a 17.4%.
“Si un pueblo no respeta a los ancianos, pierde su memoria y carece de futuro”, advirtió hace unos días el Papa Francisco, quien no recibió a los líderes de la Confederación General del Trabajo, que pactaron el ajuste con el gobierno.
Asociaciones de juristas y de beneficiarios de la seguridad social ya han presentado recursos de amparo ante la justicia, para que declare la inconstitucionalidad de la reforma previsional.
Este reportaje se publicó el 24 de diciembre de 2017 en la edición 2147 de la revista Proceso.

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