miércoles, 3 de enero de 2018

Asamblea en apoyo al CIG.


Sube 42.7% precio de la gasolina Magna en lo que va del sexenio

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La Comisión Reguladora de Energía informó anoche que el precio nacional promedio de la gasolina Magna fue de 16.13 pesos; la Premium, 17.83, y el diésel, 17.41 pesos por litro. Ayer fue notable la diferencia de precios en las estaciones de servicio en la Ciudad de MéxicoFoto Jesús Villaseca
Juan Carlos Miranda
 
Periódico La Jornada
Miércoles 3 de enero de 2018, p. 13
El precio de la gasolina Magna, la de mayor consumo en el país, se ha incrementado 42.7 por ciento en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto y el de la Premium ha subido 50.8 por ciento, de acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Según cifras de Pemex, el precio promedio de la gasolina Magna en 2013, el primer año de la actual gestión, fue de 12.13 pesos, mientras que el de la Premium era de 12.69 pesos por litro.
Cinco años y una reforma energética después, una gasolinera ubicada en la carretera México-Toluca número 1355 ofrecía el litro de Magna ayer martes en 17.32 pesos por litro y en 19.14 pesos por litro de Premium, aunque las cotizaciones varían según la estación de servicio.
Variación de precios
Así, el precio que un automovilista tiene que pagar para llenar un tanque de 40 litros de gasolina Magna subió de 485.20 pesos en 2013 a 692.80 pesos en enero de 2018 (207.60 pesos más) y de 507.60 pesos a 765.60 pesos en el caso de la Premium (incremento de 258 pesos).
En un recorrido por estaciones se servicio de la capital del país se pudo constatar que los precios varían de una gasolinera a otra y de un momento a otro.
Hacia las 18 horas una estación de BP ubicada calzada Taxqueña 1744, en la colonia Paseos de Taxqueña, cotizaba el litro de gasolina verde en 16.52 pesos y el de la roja en 18.41 (según la aplicación de la CRE denominada Gasoapp), aunque sólo dos horas antes el precio exhibido en la gasolinera era de 16.61 la Magna y 18.45 la Premium.
Sobre avenida Canal de San Juan 79, colonia Tepalcates, delegación Iztapalapa, una franquicia de Pemex ofrecía la gasolina menor de 92 octanos (Magna) en 16.63 y la mayor o igual de 92 octanos (Premium) en 18.50.
En otra estación ubicada al norte de la ciudad, sobre avenida Presidente Juárez, colonia Los Reyes en Tlalnepantla, estado de México, el precio de Magna estaba en 16.56 y el de Premuim, 18.47 pesos.
Sin embargo, por la noche, la CRE, el órgano regulador del mercado energético del país, aseguró que la tendencia general de los precios es de estabilidad y que el promedio nacional este martes 2 de enero fue de 16.13 pesos el litro de Magna y de 17.83 la Premium.
Además, tanto Pemex como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), descartaron incrementos abruptos en el precio de los combustibles, debido a que durante 2018 se continuarán amortiguando las variaciones mediante el esquema de estímulos semanales por medio del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) que ha operado desde febrero de 2017.
Petróleos Mexicanos afirma que se va a mantener la política de precios graduales de combustibles que se aplica exitosamente desde hace un año en nuestro país y rechaza categóricamente cualquier comentario especulativo al respecto de supuestos incrementos en los mismos, señaló la petrolera mediante un comunicado.
A su vez, Hacienda señaló que no se observaron incrementos desordenados en los precios al consumidor ni a finales de noviembre 2017, cuando se flexibilizaron los precios en todo el país, ni el primero o 2 de enero de 2018.
El viernes pasado (29 de diciembre) la SHCP en el Diario Oficial de la Federación los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles.
Ahí, la dependencia federal estipuló que del primero al 5 de enero de este año la cuota de IEPS que el gobierno federal recibirá por la venta de cada litro de gasolina Magna será de 4.59 pesos; sin embargo, 2.33 pesos corresponderán al estímulo fiscal con cargo al propio gobierno y 2.26 a la cuota disminuida del IEPS.
En el caso de la gasolina Premium, Hacienda fijó un IEPS de 3.88 pesos por litro, de los cuales 98 centavos provienen del estímulo fiscal y 2.90 de la cuota disminuida.
De hecho, el incremento en el monto de los estímulos fiscales provocará una disminución de 9 por ciento en el monto que el gobierno espera recaudar por esa vía este año. En la Ley de Ingresos de la Federación de 2018 el gobierno federal estipuló una meta de recaudación mediante el IEPS de 258 mil 633 millones de pesos, 25 mil 798 millones menos que 284 mil 432 previstos en la Ley de Ingresos de 2017.
En su comunicado, Petróleos Mexicanos criticó la actuación de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, a la que señaló de haber realizado constantemente declaraciones sobre los precios de las gasolinas, que han resultado imprecisas o hasta malintencionadas.
 
 
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Oaxaca, daños a Salud por más de 856 MDP



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El sector salud en Oaxaca tiene severos daños financieros, reportados por la Auditoría Superior de la Federación, que rebasan los 856 millones de pesos. Las afectaciones heredadas por la administración de Gabino Cué al priísta Alejandro Murat no han sido debidamente atendidas. Desde el gobierno de José Murat [padre del actual mandatario] se ha vivido una severa crisis entre el personal de las instituciones de salud, misma que ha impactado en la atención a los pacientes

oaxaca
Un boquete financiero ocasionado por irregularidades en la administración de los recursos públicos lastima al sector salud de Oaxaca, el estado más más pobre del país. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó posibles daños por más de 856 millones de pesos en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).
En tanto, la salud de los oaxaqueños se mantiene entre las peor atendidas de toda la República. En el estado, gobernado actualmente por el priista Alejandro Murat, se registran muertes por enfermedades curables como la diarrea, complicaciones en vías respiratorias o muertes maternas. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en este estado las principales causas de defunción en 2016 fueron enfermedades del corazón, diabetes mellitus y tumores malignos.
El déficit en todos los servicios médicos responde a la opacidad con la que se maneja el presupuesto del estado. Según el documento Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, elaborado por el máximo órgano de fiscalización del país, revela que en el FASSA hay 8 rubros en los que podría haber un perjuicio a la hacienda pública. El daño: 856 millones 950 mil 280 pesos, tan sólo durante el último año de administración de Gabino Cué Monteagudo.
El dictamen de la ASF indica que la entidad “no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo”. Esto impide un manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. Así como incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FASSA.
Filiberto Cruz Vicente, integrante del Frente Oaxaqueño en Defensa de la Salud (FODS), dice que el Sistema de Salud en este estado no ha mejorado en nada durante los últimos años ni en el surtimiento de medicamentos ni insumos, materiales de curación y equipos médicos. “Hace falta de personal médico, de enfermería y camilleros. Hay un déficit desde el gobierno de José Murat [padre del actual gobernador], pasando por Ulises Ruiz y Gabino Cué. En esta administración no se ha visto mejoría. Al contrario, se ha agravado aún más la situación”, dice en entrevista.

Desabasto y negligencia

La crisis en el Sector Salud de Oaxaca ha ocasionado el paro de labores en instituciones tan importantes como el Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso. En noviembre pasado se manifestaron los médicos que atienden en esta institución y donde se otorgan 500 consultas al día. Este nosocomio cuenta con 250 médicos que se suman a la plantilla laboral de más de 1 mil trabajadores.
El abandono a este sector, también ocasionó una retahíla de quejas en contra del actual secretario Celestino Manuel Alonso Álvarez, quien estuvo ante legisladores para presentar la Glosa del Primer Informe de Actividades del gobernador Murat Hinojosa.
 “El sistema estatal de salud agoniza. De acuerdo al diagnóstico del titular de la secretaría, Celestino Manuel Alonso Álvarez, su padecimiento es un cáncer terminal, representado en un adeudo de 5 mil 487 millones de pesos que incluye actualizaciones, adeudos a terceros institucionales y no institucionales, laudos, recargas y multas por auditorías”, reportó el periodista Luis Ignacio del portal NVI Noticias.
En el Primer Informe de Gobierno de Alejandro Murat se reconoce “una profunda incapacidad institucional” en materia de salud. Ésta ha sido heredada de la anterior administración, dice el documento, en la que Germán Tenorio Vasconcelos se ostentó como secretario de Salud.
El informe presentado ante legisladores el pasado 5 de diciembre indica que los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) al 1de diciembre de 2016, tenían adeudos “históricos” que superan los 4 mil millones de pesos, “principalmente en los rubros de servicios personales, fiscales y adeudos a terceros”.
Acusa que la administración anterior “adquiría medicamentos y materiales de forma individual, lo que no permitía tener economías de escala y generaba altos precios, problemas de abasto y poca transparencia en los procesos de adquisiciones”. Y asegura que en su mandato se han tomado medidas para garantizar el abastecimiento de medicamentos.
No obstante, los servidores públicos de este sector han tenido que salir a las calles a manifestarse porque todavía no tienen lo indispensable para desarrollar su trabajo ni atender debidamente a los pacientes.

Desglose de daños

oaxacaLa ASF determinó que el monto más elevado en las posibles irregularidades asciende 572 millones 820 mil 835 pesos, más los intereses que se generen hasta su entero al Sistema de Administración Tributaria (SAT). Este corresponde a las retenciones del impuesto sobre la renta de salarios del personal pagado con recursos del FASSA.
Otros 181 millones 582 mil 967 pesos por no pagar las cuotas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), del Sistema de Ahorro para el Retiro y del Fondo para la Vivienda del ISSSTE retenidas al personal financiado con recursos del Fondo, en el ejercicio fiscal 2016.
La falta de documentación justificativa y comprobatoria que acredite el ejercicio y aplicación de los recursos del FASSA provocó inconsistencias en el manejo de los recursos por 83 millones 982 mil 312 pesos. Herencia de la administración de Cué, el gobierno de Murat deberá justificar el destino de los recursos.
También hubo afectaciones por 18 millones 479 mil 305 pesos por no presentar la documentación “comprobatoria y justificativa” de que 61 servidores públicos laboraron durante el pasado ejercicio fiscal. El último monto que observa la ASF en las irregularidades cometidas por Servicios de Salud de Oaxaca, es de 84 mil 860 “por la falta del contrato de un trabajador”, al segundo semestre del 2016.
El médico, integrante del FODS, comenta que tanto el gobernador Murat como el secretario Alonso Álvarez han dicho que este es un problema intergremial e intersindical. “Todos los medios saben el grado de inatención y desabasto que hay en todos los aspectos, para que vengan con esas declaraciones irresponsables”, dice.

La pobreza extrema de Oaxaca

Oaxaca es el primer estado con mayor pobreza a nivel nacional, indica el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2017, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); con una población de 3 millones 967 mil 889 habitantes; con el 66.75 por ciento (2 millones 662 mil 748 personas) en situación de pobreza y el 28.33 por ciento (1 millón 130 mil 297 personas) en pobreza extrema.
De 2000 a 2015, la entidad pasó del segundo al primer lugar en la escala nacional de rezago social, indica el informe de la Sedesol.
Entre los indicadores del Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) se revelan las carencias que hay en el acceso a los servicios de salud, en el que según se encuentra el 15.9 por ciento de la población; en tanto que la que no tiene acceso a la seguridad social representa el 77.9 por ciento.
El Índice de Desarrollo Humano Municipal en México, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, coloca a Oaxaca con una medición 0.666. En esta entidad y en Veracruz, muestra el documento, se concentran ocho de los diez municipios con menor nivel de desarrollo. Aquí vive gente que padece la misma precariedad con la que viven personas en África Subsahariana.
El Coneval indica en su más reciente informe La pobreza en los municipios de México, 2015, que de los 15 municipios que en ese año tuvieron los mayores porcentajes de población en situación de pobreza extrema, nueve se situaron en Oaxaca; otros ocho de esta misma entidad quedaron entre los que se encuentran con mayores índices de pobreza.
Según las mediciones del Coneval, hay cuatro municipios en el que se reúnen ambas condiciones de precariedad y que ocupan los primeros lugares en condiciones de miseria en todo el país. Se trata de Santa María Zaniza, San Simón Zahuatlán, Coicoyán de las Flores y Santos Reyes Yucuná.
En condiciones de pobreza extrema, dice el documento, restan: San Bartolomé Ayautla, San Martín Peras, Santiago Amoltepec, Santiago Ixtayutla, Santiago Nuyoó; en situación de pobreza también están: San Juan Ozolotepec, San Miguel Tilquiápam, Santiago Tlazoyaltepec y Santo Domingo Ozolotepec.
 “Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en los indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y si su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias”, expone el Coneval. En tanto que en la pobreza extrema no se tiene acceso ni si quiera a la alimentación básica.
Cruz Vicente, integrante del Frente Oaxaqueño en Defensa de la Salud, arguye que no sólo es uno de los más pobres y marginados, también es el que concentra la mayor cantidad de lenguas indígenas en el país; esto debería motivar un mayor apoyo. Los hospitales están parando porque hay un desabasto importante de medicamentos, hay un desvío de recursos y no se arregla el problema de fondo. El sistema de salud está cayendo en terapia intensiva.
oaxaca
Entre las principales demandas que hay en el sector se encuentran: transparencia, abasto de medicamentos e insumo de materiales de curación, así como orden en todos los programas emergentes
Se solicitó entrevista con el gobernador Alejandro Murat para hablar de la problemática por la que atraviesa el Sistema de Salud de Oaxaca; así como de la pobreza que se mantiene en el estado, a través de la Coordinación de Comunicación Social del gobierno del estado, encabezada por Alfonso Martínez Córdoba. Hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.
 Érika Ramírez

Acusan a la minera canadiense Torex de contaminar ríos

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Camiones trasladan minerales por las rampas de la mina a cielo abierto PeñasquitoFoto Alfredo Valadez Rodríguez
Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Miércoles 3 de enero de 2018, p. 8
La empresa canadiense Torex Gold Resources, ubicada en Cocula, Guerrero, está generando una grave, riesgosa e inhumana contaminación por las descargas de desechos químicos que utiliza para la explotación de oro y plata, los cuales son vertidos en el río Mezcala y la presa hidroeléctrica El Caracol, que llega al Balsas.
Trabajadores de la mina la Media Luna –que pertenece a esta empresa–, la cual se encuentra en paro, y comisarios ejidales de la zona del Nuevo Balsas indicaron que es altamente peligrosa para pobladores y ecosistemas la saturación de desechos en la presa y otros afluentes.
Esta situación se suma al conflicto laboral de Torex Gold Resources con mineros, porque el consorcio no respeta la libertad sindical de los empleados. Quiere imponer un sindicato de protección de la Confederación de Trabajadores de México, pese a que la mayoría determinó afiliarse al sindicato nacional minero.
En entrevista en Ciudad de México, señalaron que la comunidad de Cocula está conformada por cerca de 700 habitantes, de los cuales 80 por ciento se dedica a la pesca de mojarra y tilapia, actividad que se verá aniquilada si Torex Gold continúa arrojando sus desechos a la hidroeléctrica. Además, está poniendo en riesgo la salud de la población, el abasto de agua y la sustentabilidad de los sistemas ecológicos de la región.
Aseguraron que tienen pruebas de la contaminación que está provocando el consorcio, el cual está comprando a las autoridades, ya que mensualmente entrega entre 150 mil y 200 mil pesos al ayuntamiento para poder operar. Por ello demandan que se realicen estudios independientes sobre el impacto ambiental que está generando Torex Gold.
Según afirmaron, el agua de la hidroeléctrica presenta contaminantes químicos 200 por ciento arriba de los límites permisibles. Ello, por los desechos que la compañía arroja a los cuerpos de agua, lo que está provocando graves enfermedades a los habitantes, sobre todo en aparato digestivo, piel y vías respiratorias.
Adicionalmente, se ha documentado un descenso de la población de peces y se están muriendo flora y fauna de la zona.
Puntualizaron que gran parte de los trabajadores vienen de otros estados, como Sonora, Sinaloa y Chihuahua. Algunos son de Nuevo Balsas y El Limón, los cuales se mantienen en paro en demanda de libertad sindical.
Denunciaron que, para extraer minerales, la empresa utiliza el procedimiento de lixiviación por cianuro, cuyos remanentes son descargados directamente y de manera impune en el Balsas. Además lleva a cabo explosiones para extraer de la montaña el mineral, y las piedras que caen sobre los cuerpos de agua están desviando cauces importantes.
La empresa, lejos de ser un detonante económico para la región, ha incumplido compromisos con las comunidades. Aplica un tratamiento de aguas residuales que está afectando irreversiblemente el ecosistema.

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Mineros eluden impuestos y gobierno los premia con estímulos fiscales



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Uno de los aspectos más importantes de la llamada economía verde tiene que ver con la imposición de cuantiosas cargas fiscales a las actividades más contaminantes o que mayor daño causan al medio ambiente, como las extractivas.
minas
Pero en México, muy lejos estamos de que ese tipo de industrias altamente nocivas sufran siquiera por los impuestos: aquí, las autoridades entregan en bandeja de plata permisos, concesiones y demás autorizaciones para que las empresas mexicanas y extranjeras hagan y deshagan a su antojo.
Ejemplo de ello es la minería que, con la clara anuencia del gobierno, despoja territorios a pueblos originarios y a personas de escasos recursos; en total impunidad, contamina aire, suelo y agua; y por si esto no le bastara, paga una ridícula suma por extraer recursos tan valiosos, como el oro y la plata. Y, al final, el gobierno la premia con millonarios estímulos fiscales.

Impuestos verdes

Los impuestos relacionados con el medio ambiente tienen una base imponible aplicada en una unidad física de algún material que tiene un impacto negativo comprobado y específico sobre el medio ambiente, explica el análisis La economía verde: beneficios e impactos, elaborado por Roberto Candelas Ramírez para el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).
Agrega que éstos incluyen los impuestos sobre la energía, el transporte, y se excluyen los impuestos del tipo valor agregado. En el caso de la extracción minera y el uso de agua, indica que se aplican regalías, es decir, cobros específicos por el uso del recurso natural explotado.
El estudio apunta que, “desafortunadamente, en México no existe en el régimen tributario federal un solo gravamen tributario destinado a resarcir los daños ambientales que las empresas mineras ocasionan a los ecosistemas y los vertimientos de contaminantes a las fuentes de agua”.

Industria abusiva

Pero el problema con esta industria va más allá del hecho de que no exista ese gravamen; pues los que sí existen no se respetan. “Los ingresos fiscales percibidos por concepto de impuestos que pagan las empresas mineras en México ascienden al 1 por ciento del total de ingresos, convirtiéndose en el segundo país que menos impuestos recibe en América Latina”, refiere el análisis del CESOP.
Agrega que esta situación se da a pesar de que aquí operan dos de los cinco grupos mineros más importantes, por su valor en ventas (Grupo México e Industrias Peñoles), y de que aplican varias cargas tributarias que establece la Ley Minera y su reglamento.
Entre ellas: la compensación abonada por quienes realizan exploración minera; la prima por descubrimiento; los derechos sobre minería, aplicables a los concesionario o quienes desarrollen trabajos relacionados con la exploración o explotación de sustancias o minerales (aunque sólo por el área que abarca la concesión y su duración).
En este punto, refiere que la cuota por hectárea se ubica en el rango de 17.62 a 124.74 pesos, según el año de vigencia de las concesiones y asignaciones mineras. Algo a todas luces ridículo.
El estudio destaca que en el país “no existen impuestos específicos que graven las actividades mineras: pagan los mismos impuestos federales (ISR, IETU, IVA) que cualquier otra actividad económica. También pagan los mismos impuestos estatales y, salvo el caso excepcional de Baja California, ninguna entidad federativa paga un impuesto ambiental sobre la extracción y aprovechamiento de materiales y minerales mineros”.
En este contexto de abusos pareciera que lo peor no es eso, sino que además reciben estímulos fiscales. “La industria minera tiene un estímulo fiscal en la Ley del Impuesto sobre la Renta consistente en la deducción inmediata de las inversiones que realice el empresario minero, hasta por 77 por ciento del valor del capital invertido”, indica el análisis.

Mineras se burlan del régimen tributario

Y esta permisividad sólo da lugar a más abusos: abiertamente los mineros se burlan del sistema de tributación. Ejemplo de ello es lo que descubrió la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su más reciente informe de fiscalización: 14 concesionarios habrían eludido impuestos.
Por ello, la ASF solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) ejercer sus facultades de comprobación fiscal respecto de las empresas Besmer, SA de CV; Compañía Minera Autlán, SAP de CV; Comercializadora Sago Import Export, SA de CV; Exmin, SA de CV; Minera Planet Exploration, SA de CV; Minera Río Tinto, SA de CV; SGL Minera, SA de CV; y Succeshill & Co, SAPI de CV.
También, de los concesionarios Héctor Alfonso Hernández Vega, Armando Javier Gamboa Alanís y Federico García Félix; así como de quienes ostentan los registros federales de contribuyentes DGX030220LU7, MUSJ7009031T5 y SOLE601107I88.
Según la auditoría financiera y de cumplimiento 16-5-06E00-02-0075, “Derechos sobre minería”, estos 14 contribuyentes “se identificaron como beneficiados de los créditos otorgados por el Fideicomiso de Fomento Minero”. Sin embargo, “no se acreditó el pago de los derechos especial, adicional o extraordinario sobre minería previstos en los artículos 268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos”.
La Auditoría también revela que, “si bien los tres derechos mineros reflejaron mayor recaudación respecto del ejercicio 2015, se disminuyó la cantidad de contribuyentes que realizaron el pago de los derechos especial y extraordinario, que va del 1.3 al 70.7 por ciento”.
Según el resultado de la fiscalización, 61 contribuyentes que presentaron el pago del derecho especial en 2015 no presentaron declaración del derecho en 2016; 48 contribuyentes adicionales realizaron el pago en 2016 de por lo menos un derecho, que representa el 3.5 por ciento del total recaudado.
Además, la recaudación realizada en 37 Administraciones Desconcentradas de Recaudación del SAT en el país se “integró por los pagos de 161 contribuyentes, de los cuales: un contribuyente realizó pagos por dos derechos; un contribuyente realizó pagos por los tres derechos; 147 contribuyentes realizaron el pago de un derecho; y 12 contribuyentes presentaron la declaración en cero.
Al comparar el padrón de concesiones de la Secretaría de Economía con la base de datos de pagos del sistema del SAT, los auditores identificaron que de los 161 contribuyentes que realizaron el pago de por lo menos uno de los tres derechos, 113 (70.2 por ciento), con un total de 6 mil 422 concesiones, realizaron el pago de los tres derechos, y los 48 contribuyentes restantes, el 29.8 por ciento, no se identificaron con alguna concesión en el padrón que Economía proporcionó.
La auditoría concluyó que en 2016, la Cuenta Pública reportó ingresos por 2 mil 740 millones 796.4 mil pesos correspondientes a la recaudación de los artículos 268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos.
Así, la “eficiencia” del fisco con los grandes contribuyentes mineros.
Nancy Flores
[AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]

Mil indígenas se resisten a dejar el campamento de Kanalumtik

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Muchos regresan, pero el conflicto no se resuelve aúnFoto Cuartoscuro
Hermann Bellinghausen
Enviado
Periódico La Jornada
Miércoles 3 de enero de 2018, p. 9
San Cristóbal de Las Casas, Chis.
A pesar del regreso de desplazados anunciado ayer por el alcalde de Chalchihuitán e iniciado esta mañana en la cabecera, alrededor de mil indígenas afectados por la violencia paramilitar se negaron a hacerlo. El campamento de Kanalumtik determinó permanecer lejos de sus casas.
Apenas la tarde y la noche del primero de enero se escucharon disparos desde Majumpepentik (Chenalhó). Elementos de Ejército federal, acompañados por un regidor del ayuntamiento, levantaron cartuchos percutidos en una barricada hecha con costales de arena en Tseleltetik, un paraje de Kanalumtik. Los militares no acudieron a los otros tres sitios donde hubo tiros: Zacatonal, Ch'en Mut y Tsamtech'en.
El campamento de desplazados de Kanalumtik se cambió de ubicación hace una semana, pero en el mismo poblado.
Juan Gabriel Girón Gómez, nuevo agente municipal de Kanalumtik, declara: El presidente municipal a su conveniencia ya quiere que toda la gente desplazada se regrese, pero aquí tomamos la decisión en sentido opuesto, pues no hay seguridad. Ayer se presentaron militares y levantaron muchos casquillos en Tseleltetik. El joven agente añade: No hay seguridad por parte del gobierno; nosotros esperamos que se instalen los soldados para volver. Nadie les ha ofrecido reubicarse, apunta.
En cuanto a la ayuda que reciben de Protección Civil de Chiapas, Girón Gómez asegura que son donativos de la sociedad civil, no del gobierno; lo podemos leer en las cajas. Asimismo, negó haberse reunido con el comisionado gubernamental, Fortino Vázquez, a quien ni siquiera conoce.
Maura Gómez Pérez, de la misma comunidad, expresa: los de Chenalhó nos están disparando. Ayer lo hicieron de las 17 a las 21 horas y tenemos miedo.
En la cabecera municipal una buena parte de los desplazados aceptó regresar. Son quienes no viven en los límites con Chenalhó, pero su retorno será riesgoso, pues van a las mismas tierras de donde los echaron violentamente, y el conflicto dista de haberse resuelto. Un argumento para volver es que de no hacerlo perderán su cosecha de café.
Permanecen en San Pablo Chalchihuitan familias de todos los poblados; se trata de quienes viven cerca de donde les disparan.
David Pérez Gómez, del consejo de vigilancia del Comité de Bienes Comunales de Chalchihuitán, detalló que hasta la mañana de hoy habrían regresado 3 mil 858 personas y según sus cuentas, mil 116 no lo harán. Sin embargo, nadie está seguro, pues los paramilitares siguen armados y provocando en la franja (en disputa), añade.
Los agresores de Majumpepentik se ubican cerca de la capilla de ese poblado pedrano, y en algún momento se puede provocar un nuevo ataque; de Pom y Kanalumtik quedan todos desplazados, confirmó.
Pérez Gómez declaró que Chalchihuitán demanda el desarme de los paramilitares, la instalación de puestos de seguridad en los puntos donde siguen disparando y el respeto a la propiedad de sus comunidades. Sobre el asesinato de Samuel Pérez Girón, el 18 de octubre, refiere: sabemos que fueron los paramilitares. También lo saben el Ministerio Público y la Procuraduría Indígena.
Los pableros están en posesión de las tierras que reclama San Pedro Chenalhó. La presidenta municipal pedrana, Rosa Pérez Pérez mintió, (según el comisariado pablero), al asegurar que el Tribunal Unitario Agrario había fallado en su favor sobre las 365 hectáreas; eso no es lo que asienta el dictamen (expediente 781/2005) del 6 de noviembre de 2017, del cual La Jornada tiene una copia. Sólo describe al detalle la situación del conflicto agrario y anula los dictámenes previos. Bajo el título Nulidad de ejecución de resolución presidencial, declara improcedentes los acuerdos anteriores entre las partes e indica que se deberá realizar nuevamente el deslinde. Ello alargaría el proceso y daría un respiro al gobierno para las elecciones, eludiendo problemas con los grupos oficialistas de Chenalhó.
En Pom se desplazaron 394 familias y mil 691 personas que en su mayor parte permanecen refugiadas. En Kanamultik son 154 y 598, respectivamente, que no retornaron, al igual que algunos de otras comunidades, como Bolonchojón.

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Ámbitos laboral y de servicios, donde más se discrimina a los indígenas


Jéssica Xantomila
 
Periódico La Jornada
Miércoles 3 de enero de 2018, p. 10
Los ámbitos con más quejas por discriminación a indígenas son el laboral y el de servicios al público, según cifras del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
Entre 2011 y septiembre de 2017 registró 80 expedientes de presuntos actos de discriminación contra indígenas, 43 por ciento dirigidos a particulares y el resto a servidores públicos. Los derechos que más se vulneraron fueron al trato digno, trabajo y acceso a una vida libre de violencia, y la principal causa de actos de discriminación fue por el origen étnico.
Los programas que atienden en forma exclusiva a ese sector poblacional excluyen, en promedio, a alrededor de 90 por ciento y además son opacos, refiere en un estudio publicado en 2015 junto con el Centro de Investigación y Docencia Económicas.
El Conapred refiere que el acceso a la justicia, a servicios de salud y a información sobre derechos sexuales y reproductivos, entre otros, está sujeto a que exista personal que hable alguna lengua indígena. Mencionó que sólo 12 entidades reportan contar con al menos dos intérpretes capacitados para proveer información sobre métodos anticonceptivos.

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